lunes, 8 de junio de 2015

Tema polémico: El ICE y nuestras carreteras

Cuando se inicia un camino sin saber a dónde se quiere llegar, la improvisación es la dirección que marca la brújula. 

La ocurrencia del presidente Solís al señalar su interés de contar con la experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la construcción de obra pública vial, ejemplifica vívidamente lo anterior.

Es ampliamente reconocida la experiencia del ICE, y sus equipos de funcionarios especializados, ingenieros y tuneleros, en la construcción infraestructura para la producción de energía eléctrica, pero esa experiencia no debe ser desvirtuada, según el antojo y las ocurrencias de los políticos de turno.

No solo se trata de las limitaciones jurídicas e institucionales que actualmente marcan las tareas, obligaciones y áreas de acción de una entidad pública regida por el principio de legalidad, establecidas claramente en la Ley de creación del ICE, Ley No. 449, donde se le encomienda “el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos”.

Se trata principalmente de preservar los recursos de los costarricenses, manteniéndolos lejos de aventuras empresariales descabelladas y riesgos indebidos que al final serían pagados por todos los costarricenses.

La construcción y conservación de las carreteras, calles y puentes del país corresponden a otras instituciones. El hecho de que el MOPT y sus órganos adscritos nos cumplan con sus obligaciones no implica que deban ser asumidas por otra institución pública. Un mal no cura otro mal.

Peor aún sería el hecho de poner al ICE a competir como una empresa constructora de obra pública vial, contra empresas privadas del ramo. Sobre este punto ya ha sido señalado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que la pesada burocracia del ICE encarecería el precio de las eventuales obras. Cabe además preguntarse ¿De qué manera financiaría el ICE estas obras? ¿Cómo pagaríamos los costarricenses por ellas? ¿Cómo afectarían estos costos, otros elementos como las tarifas eléctricas y el negocio de las telecomunicaciones?

Dentro de la discusión se debe tomar en consideración lo señalado por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario,quien ha expresado que este es un intento del Gobierno para mantener laboralmente a miles de empleados del ICE que quedarían desempleados con la finalización de los proyectos en Cachí y Reventazón.

No es difícil imaginar que esta sea la razón de fondo para un gobierno que ve como sus metas de generación de empleo y reactivación de la economía se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. Después de todo, el país ya ha visto como casi quiebra a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando esta institución fue utilizada como paliativo del desempleo como parte del Plan Escudo de la administración Arias.

Por el bien del país esperemos que este disparate no cuente con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se deberían llevar a cabo las reformas legales necesarias para que el ICE pueda emprender estos proyectos. 

Lejos de ser esta la solución, el país debería apoyar con contundencia las Alianzas Público Privadas (APP) para el desarrollo de la infraestructura vial. Asimismo, se debería centrar en la ejecución de los recursos provenientes de organismos multilaterales ya aprobados e impulsar con mayor contundencia una reestructuración institucional del MOPT orientada a su simplificación.

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