lunes, 31 de agosto de 2015

Tema polémico: la tecnología no espera.

Recientemente la compañía Tesla anunció la producción de “Powerwall”, una batería capaz de almacenar energía renovable para un hogar durante varios días, recargando su energía con paneles solares.

Powerwall no solo se trata de un dispositivo de almacenamiento de energía. Esta tecnología podría abolir la dependencia de los hogares de las compañías eléctricas tradicionales, eliminando la necesidad de estar atados a las propias compañías eléctricas. Suena ambicioso, pero en palabras del CEO de Tesla, Elon Musk, la batería podría desempeñar "un papel similar a la forma en que teléfonos móviles han sustituido a teléfonos fijos".

Los sistemas de almacenamiento de energía es una de las doce tecnologías “económicamente disruptivas”, con la capacidad de cambiar radicalmente  el status quo, transformando la forma de trabajar y vivir, señaladas por el McKinsey Global Institute.

Otra de las doce tecnologías del índice creado por Instituto McKinsey es la impresora 3D, con las que es posible crear cualquier objeto desde casa, a través de una fabricación directa de archivos digitales. Cuando esta tecnología de fabricación aditiva se popularice  y su precio sea accesible para nuestra economía, cualquier hogar será una potencial fábrica de todo tipo de dispositivos.


Estas disrupciones, como otras en el mercado de trabajo, en las empresas y en la economía en general no están reinventando las estructuras tradicionales, sino que están marcando su fin. Con ellas no se están rescribiendo las reglas del juego: el jugo mismo está cambiando.

La naturaleza de quien opera con el poder es tratar de obtener más poder, regulando tantas actividades humanas como le sea posible. En El Leviatán, Hobbes veía “como una inclinación general de toda la humanidad un deseo perpetuo e incansable de adquirir poder tras poder”. 

Así, la primera reacción de nuestros políticos y las estructuras clientelistas a su amparo cuando enfrentan una tecnología con el potencial de restar poder a las instituciones que han creado, es prohibir su diseminación y sancionar  su uso.


Al igual que hoy sucede con UBER, quienes se sienten afectados por el avance tecnológico intentan regular o prohibir su avance. Recientemente Jaime Ordoñez se refirió a esta actitud, a partir del tema de UBER, señalando que en el país: “Hay una enfermedad que atosiga a muchos: el reglamentismo. Creer que la tutela del Estado y sus permisos debe cubrir todo el ámbito de lo social.”

Sin embargo, estas tecnologías exponenciales con características están desbordando de manera cada vez más constante y evidente, las estructuras normativas que pretenden regularlas. La velocidad de reacción de nuestras instituciones políticas nunca ha sido uno de los puntos fuertes.

En “El Fin del Poder” Moisés Naín advierte que: “las innovaciones disruptivas no han llegado aún a la política, el gobierno y la participación ciudadana. Pero llegarán. Por todo esto no es descabellado pronosticar que veremos transformaciones inevitables en la forma en que la humanidad se organiza para sobrevivir y progresar”.

Estamos viendo sólo la punta del iceberg, pero para los políticos tradicionales no entender lo que está sucediendo puede tener un precio muy alto. Los desarrollos tecnológicos no se detendrán, esperando a que las instituciones se reinventen. Estos simplemente avanzan hacia sistemas cada vez más auto-organizados.

viernes, 28 de agosto de 2015

Viernes de recomendación


Para esta ocasión queremos compartir con ustedes un vídeo sobre la aplicación Uber, que sirve para que conductores y usuarios se pongan de acuerdo libremente y hagan intercambio de sus derechos de propiedad, a fin de lograr contratar un servicio de transporte seguro, eficiente, oportuno y accesible.

Este Gobierno, en lugar de atender cosas verdaderamente importantes, ha decidido declararle la guerra a Uber, demostrando no sólo que defenderá a capa y espada a los taxis rojos (pese a sus abusos en perjuicio del usuario) sino que también le da la espalda al consumidor, el cual cada vez queda más claro, está fuera de las prioridades del Presidente Solís. 

martes, 25 de agosto de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: emprendedores y economía subterránea

Inicialmente el tema en particular me interesó, cuando leí en La Nación del 29 de julio un comentario bajo el nombre de “Cuarta parte de los hogares tiene pequeños negocios: INEC presentó resultados de encuesta hecha en el 2014.” Empecé a buscar la información correspondiente y pude leer tanto lo que al respecto publicó el gobierno de la República, como el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El hecho es que me encuentro confundido, pues la información periodística que divulgó el INEC habla de que, “Según datos de (la) Encuesta Nacional de Hogares Productores, en el país existen cerca de 340 mil emprendedores. El INEC ofrece (los) primeros resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Productores, un nuevo proyecto estadístico que recolectó información sobre los emprendimientos o actividades productivas que realizan las personas que trabajan en forma independiente.”

Igualmente, el gobierno de la República encabezó su publicación oficial acerca del tema con un contundente “En el país existen cerca de 340 mil emprendedores.” Pero, en ambos casos, la información se refiere a “trabajadores independientes (o emprendedores) en la producción nacional.”  De ninguna manera considero que sea lo mismo un trabajador independiente que un emprendedor, en los términos en que se hace la equivalencia en esas dos referencias.  Un emprendedor puede ser cualquier persona, ya sea de manera individual o por medio de una empresa, en conjunto con otras, la cual monta una actividad económica.  Como bien lo dice el diccionario de la Real Academia, emprendedor es el “Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas.” Así, tan emprendedor es Bill Gates, como Microsoft o un grupo de amigos que montan un negocio de cualquier tipo.  No entiendo, entonces, ¿por qué se considera tanto en la oficialidad del INEC como en el gobierno de la República, que “emprendedor” es tan sólo un pequeño negocio que no está formalmente constituido? Emprendedor es el empresario de INTEL que decidió invertir en Costa Rica, al menos por un rato, como lo es un paisa que sale a vender chayotes en la avenida segunda o como, imaginémonos, cuando mi apreciado amigo, don Juan Diego Trejos, investigador connotado del Instituto de Investigaciones Económicos de la UCR, decide montar una empresa de investigaciones económicas. Todos estos son emprendedores, aunque posiblemente INTEL, así como don Juan Diego, probablemente organicen sus negocios dentro de la formalidad jurídica del país, en tanto que aquel paisa (como tantos otros ticos) lo hace fuera de la formalidad jurídica, que cubre a las empresas en el país. 

Cuando uno lee en La Nación que en el país, en el 2014, hay “unos 340.000 emprendedores”, en realidad a lo que posiblemente se refieren, no es a que haya 340.000 ciudadanos (individualmente o por medio de alguna forma de empresa: sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, etcétera), los que están emprendiendo “con resolución acciones dificultosas o azarosas,” sino a personas, empresarios independientes o pequeños empresarios, que no están formalmente constituidos. Esto es, que operan en lo que se suele llamar la economía subterránea; la informalidad.

¿Por qué es importante hacer esta aclaración?  Porque se debe entender claramente la dimensión de la economía informal en nuestro país, pues, si bien son emprendedores, no son los únicos que existen en nuestra economía como tales.  La diferencia es que hay emprendedores que lo hacen en el marco de la formalidad, cumpliendo con todos los registros legales o formales, tales como estar inscritos en instancias públicas, tener contabilidad formal y salarios definidos contractualmente, (entre otras cosas, como pagar impuestos o estar sujetos a regulaciones y controles estatales), en tanto que hay otros que también lo son, a pesar de que lo hacen dentro de lo que suele llamarse la informalidad (como puede ser la ausencia de cumplimiento con aquellas tres características citadas, por ejemplo).
Esos 340.000 son los emprendedores que trabajan en la informalidad y, como bien lo señala el economista Trejos de la UCR, “constituyen un sector productivo importante”, en lo cual concuerdo plenamente.  Es más, aparentemente esta estimación del INEC en el 2013-2014 es la primera vez que se efectúa y se publica recientemente en el 2015, lo cual nos impide comparar la evolución de ese empresariado informal.  Lástima, porque me temo que se está dando un crecimiento de la economía informal a la luz de la seria situación de desempleo (de alrededor de un 10%) y de subempleo (de un 13.5% en el segundo trimestre del 2015) que azotan a nuestro país.

Es crucial entender ¿por qué surgen esos negocios subterráneos?, pues, como bien lo indica el periódico, “estas actividades se desarrollan en establecimientos, negocios, fincas, en la calle o dentro de las mismas viviendas”. Todos muestran las características -de ahí su informalidad- de que “no están inscritos en las instancias públicas, no tienen contabilidad formal o no tienen salario fijo por el trabajo que cumplen en el negocio, sino que el ingreso es la ganancia por la actividad que realizan (como) explicó Annia Chaves, coordinadora de la encuesta” del INEC. Observen que no cumplen con esas características, porque, de hacerlo, les implica tener altos costos (por ejemplo, patentes, abogados, escrituras, contadores, llevar libros, pagar impuestos al salario, cargas sociales, o a la renta personal, permisos, controles, regulaciones, etcétera), por lo cual prefieren evitarlos, escogiendo la economía subterránea.  El costo de la formalidad es muy alto para esos “emprendedores” y escogen eludirlos al operar como empresarios de la economía informal.

Uno podría inclinarse a pensar que, al evitar todos esos costos de la formalidad, el empresario de la economía subterránea viviría en el mejor de los mundos. Pero ciertamente la cuestión no es tal: la informalidad implica una serie de costos que son, al menos algunos, reseñados por el mismo estudio del INEC.  Debe tenerse presente que dicho estudio no busca explicar las razones por las cuales ese empresariado escogió operar desde la informalidad, como sí se hace en análisis realizados en otros países, como en el Perú. Pero, al menos lo que expresan los entrevistados en la encuesta del INEC, nos dan alguna idea, cuando señalan las mayores dificultades que enfrentan para mantenerse en el mercado o para poder crecer económicamente

Es así como el 41.2% de los encuestados empresarios de la economía subterránea, señaló dificultades para tener acceso a préstamos (el 79.5% indicó que no solicitan préstamos); un 19.5% indicó dificultades para diversificar productos o servicios; un 16% señaló la falta de acceso a capacitación y un 14.6% dijo tener problemas con los difíciles trámites en instituciones gubernamentales, entre los principales factores expuestos.

Es esencial darse cuenta de la importancia que tiene ese sector informal en nuestra economía (se ha señalado que esos “empresarios informales” generan empleo para 540.000 personas, que podría aproximarse a un 30% del empleo nacional, como apuntó el economista Trejos), aunque son “actividades de baja productividad”, como suele ser lo propio de ese tipo de empresas. Lo importante del estudio del INEC es que se empieza a valorar lo que está sucediendo en el importante sector de nuestra economía que opera en la subterraneidad.  Desde ya se vislumbra que es un sector significativo y que la solución no va a estar en que el gobierno tome medidas para obligar a los emprendedores que están en la informalidad, a que formalicen sus operaciones, sino más bien en disminuir costos que ahora constituyen el obstáculo económico que las impulsa a sumirse en la economía subterránea.  Precisamente bajar costos que son impuestos por ese mismo estado ineficiente.

 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 24 de agosto de 2015

Tema Polémico: UBER, Estado y Sociedad Costarricense



Sin lugar a dudas el tema de estos últimos días ha sido la entrada al país de UBER, así como las medidas tomadas por el Gobierno. En ASOJOD queremos compartir un par de reflexiones e interrogantes un tanto desordenadas, las cuales hacemos evidentemente desde de nuestra particular forma de entender el mundo (para bien o para mal), mismas que no se limitan propiamente a UBER, sino que pretenden ser un diagnóstico mucho más “macro”:

1. Ironía: el Gobierno del cambio defendiendo el status quo, en contra de los avances tecnológicos y las nuevas formas de economía.

2. Sharing economy y evolución social: El “sharing Economy” llegó para quedarse, adaptémonos y saquémosle provecho o perezcamos.

3. Siguen las ironías: los niños malos del Gobierno pese a su juventud son los que más relinchan en contra de UBER.

4. Más ironías: los “progresistas” en contra de aquello que genera progreso…

5. Revolución: Los gringos por mucho menos que esto hicieron una revolución en el siglo XVIII.

6. Del like a la acción social: Están muy bien los memes, críticas, likes y shares de Facebook, pero eso no es suficiente, debemos pasar de la acción en el mundo cibernético a la acción en el mundo material, solo así se darán los cambios necesarios.

7. Lección: los políticos y el Estado deben de tener el menor poder posible, eso disminuye las posibilidades de que se paseen en la vida y propiedad ajena.

8. Pregunta: ¿conoce el Gobierno los conceptos de escasez y costos de oportunidad? Es increíble que con la cantidad de problemas económicos y de infraestructura que pesan sobre el país, la administración se dedique a darle “guerra” a UBER.

9. Objetivo de la ley: La ley en la mejor tradición liberal está diseñada para proteger los derechos individuales, para ser un límite frente a los poderes del soberano. Cuando este noble fin se pervierte y la ley se convierte en instrumento de privilegios y prebendas políticas para la obtención de votos, pasa precisamente lo que hemos visto en estos últimos días.

10. Acción privada: La Constitución Política en su artículo 28 indica: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” ¿Nos puede explicar alguien de que manera UBER afecta el orden público, la moral o interfiere con los terceros para que tenga que estar dentro del marco de acción de la ley?

11. ¿Regulaciones videntes? Algunos afirman que el servicio de UBER se encuentra previsto en la normativa actual, y que en ese sentido debe regirse por la misma. Esa es una aseveración bastante extraña y peligrosa, ya que cuando nuestras leyes que rigen los servicios públicos de transporte se crearon, no existía ni por asomo algo remotamente parecido a UBER, por lo que no se puede sostener que nuestro legislador pretendía que algo de esta naturaleza se encontrara cubierto por dicho manto legal. Lo anterior es fundamental par proteger la innovación y el cambio tecnológico, es la ley la que debe adecuarse a las novedades sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc y no a la inversa. 

Bajo esta línea de pensamiento imaginemos que en el futro se invente una batería o sistema de autoabastecimiento eléctrico, que haga totalmente innecesario e intrascendente al ICE, ¿en ese caso también vamos a prohibirlo o regularlo? 

12. Interpretación pro libertad: ¿Si existe duda de si este es o no un servicio público no deberíamos resolver dichas controversias teniendo como piedra angular el favorecimiento de la autonomía privada y la libertad individual?

13. Encuentre las diferencias: Mussolini dijo: “para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe fuera del Estado.” El Presi dice: “Toda actividad que no está regulada por el Estado es ilegal”.

14. Devuelta a la época oscura del Siglo XX: Las acciones de la administración rayan en la “mejor” tradición fascista y autoritarita del siglo XX.

15. Sociedad abierta vrs Sociedad Cerrada: La Sociedad Abierta y la civilización es la recuperación de los espacios privados para la sociedad civil, implica dejar de ser una especie de tribu en donde todos los temas de la vida de los individuos son un problema de la polis. 

16. Valentía: Bien por la empresa UBER por atreverse a hacer lo que rara vez ocurre en nuestro país con el sector privado: retar la arbitrariedad y sed de poder de los Gobernantes.

17. Responsabilidad empresarial: Todavía mejor por parte de la empresa UBER en ponerse detrás de sus afiliados colaborando con las multas y daños a la propiedad de los vehículos. Empresa 2-0 Gobierno.

18. Ciudadanos en contra de si mismos: El Estado con sus regulaciones estúpidas es el único que tiene la capacidad de poner a los propios ciudadanos en contra de si mismos, logrando establecer un clima de confrontación social en virtud del sistema de castas sociales que establece a través de leyes perversas. El Estatismo politiza todos los ámbitos de nuestra vida, convirtiendo simples interacciones individuales, en todo una problemática social y política.

19. Lo que está detrás de UBER: Lo que está en juego con UBER es algo más grande que el sistema de UBER, es el “alma” de nuestra sociedad. El Gobierno ha entendido bien esto, por ello ha actuado de la forma desproporcional y temeraria en que lo ha hecho. Sabe de que sistemas como UBER y actitudes como las que ha asumido la empresa ponen en jaque su cuota de poder político, además de que desnuda la verdadera cara de la acción estatal. Evidentemente no pueden permitir que el castillo de naipes sobre el que se encuentran montados se les venga al piso.

20. Mamar tetita estatal: Es mejor UBER que la UBRE del Estado.

21. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntémonos: ¿qué intereses defiende el Gobierno con estas medidas y a cuáles sectores? Los más afectados con estas medidas son los ciudadanos de pie: aquellos que quieren ganarse una extrita a través de UBER, así como aquellos que quieren ahorrarse una platita con un servicio más eficiente y a menor costo. UBER no pierde, UBER no nos necesita, nosotros necesitamos a UBER.

22. Sino puedes con ellos úneteles: ¿Si a los taxistas les molesta tanto UBER por qué mejor no cambian de equipo?

23. Pregunta para el lector: ¿en las próximas elecciones seguirá votando usted por los mismos de siempre, con sus ideas retrógradas de siempre, aquellos que no pueden mirar más allá de la nariz Estatal?

24. Indiferencia: no son momentos para ser indiferentes, a todos nos toca escoger de que lado queremos estar.

25. Reforma del Estado: todos estos eventos no hacen más que mostrar la necesidad de plantearlos nuestro actual modelo Estatal en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Para finalizar queremos dejarlos con una frase de la filósofa Ayn Rand la cual describe a la perfección el entorno socio-político en el que se encuentra atascado nuestro país, y sobre todo que nos mantiene sumergidos en el total y absoluto subdesarrollo:

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.”

martes, 18 de agosto de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: más impuestos, menor crecimiento, menor empleo y mayor probreza

A mí me llama la atención la facilidad con que alguna gente dice que se debe poner mayores impuestos a quienes ganan más.  Uno entiende la razón para que muchos consideren deseable tal posición, cual es “forzar solidariamente” que los de mayores ingresos ayuden a los de menores ingresos. Lo entiendo así, aunque me parece que, cuando se obliga a la gente a hacer ciertas cosas, se está muy lejos de ser solidario y más bien lo que eso refleja es pura y plena coerción. Se obliga a unos a darles a otros, no con base en la buena disposición o libre voluntad de quien puede considerar deseable destinar sus ingresos, a apoyar a quienes pueden tener dificultades económicas en su vida. En tanto esto último sí sería un comportamiento voluntario de las partes, la coerción del estado no lo es.  Surge porque hay personas que desean y pueden usar el poder coactivo del estado, para obligar a algunos a destinar parte de lo que se han ganado, para que se lo entreguen a personas que no los han obtenido por su propio esfuerzo. (Esto no significa que no destaque el ejercicio virtuoso de la caridad).

Este afán redistributivo obligatorio me incomoda, no tanto porque muchas veces lo que permite es que haya quienes simplemente viven a costas de otros, sino porque no suele resultar en una disminución de la pobreza, sino más bien en el empobrecimiento de algunos que podrían llegar a ser ricos. Me explico: Son muchas las personas que no empiezan su vida siendo ricos. Uno conoce infinidad de casos de personas que han logrado superar condiciones de pobreza por medio de su trabajo, ahorro, esfuerzo, capacidad de innovar, de crear nuevos bienes y servicios para satisfacer a los miembros de una sociedad, asumiendo riesgos.  Sé que de inmediato se me señalará el caso de aquellos que heredan. Pero olvidan que esa es la voluntad de heredar de los padres y de los antepasados, para que se usen en tal forma los ingresos que ellos mismos han generado como fruto de su esfuerzo y que han decidido voluntariamente entregar a sus descendientes. Además, es obvio que si quienes recibieron la herencia no la cuidan, pronto ésta se disipa. ¡Cuántas personas no ve uno cuyos sus antepasados tenían riqueza, la heredaron y luego no tuvieron la capacidad o la suerte de conservarla!   

La virtud de una sociedad liberal es que haya personas quienes, con su esfuerzo, pueden llegar a percibir ingresos muy altos, sin que para ello se haya tenido que coaccionar a nadie para que les den ingresos a aquellos. Los perciben gracias a la voluntad de un mercado, al cual se ha servido eficientemente de una u otra manera: no hay coacción alguna, sino es el resultado de un libre intercambio que favorece a las partes que lo practican.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando en una sociedad se le dice a la persona, que pretende salir de situaciones de bajos ingresos y ascender a niveles más altos, que el estado le quitará, mediante impuestos, una parte sustancial de los resultados de su esfuerzo o suerte? Lo que simplemente el estado hace es castigar los resultados exitosos de sus acciones; en otras palabras, está diciéndole que mejor no trabaje con el énfasis que le pone para salir de su pobreza relativa y para ascender y progresar lo más que pueda. Eso es precisamente lo que hace un impuesto sobre la renta.  Para explicar la idea, imaginemos que hay una piscina, con un tubo en un extremo de donde le entra el agua y con otro tubo en el otro extremo, del cual sale el agua. Esa piscina aumentará o disminuirá su nivel, dependiendo del resultado neto de lo que le entra y de lo que sale. 

Pues bien, esta piscina equivale a la riqueza de la persona.  En el caso de la gente que he comentado, que empieza su vida siendo relativamente pobre, posiblemente ese nivel de riqueza de que dispone al inicio es relativamente bajo, en comparación con otras personas quienes ya han tenido un éxito relativo. El individuo de menores ingresos querrá ir llenando su piscina y sabe que lo logra si es que ahorra, si trabaja arduamente, si se esfuerza, si asume riesgos y si lucha contra monopolios establecidos, introduciendo innovaciones que desplazan a estos en los mercados. Pero, de pronto, el estado entra en la película y hace que el chorro de agua que entraba a la piscina para ir incrementando el nivel del agua, ya no sea tan grande, sino que lo carga de impuestos, de forma que el chorro se convierte en un chorrito. El estado hará que el agua de la piscina no se acumule tanto como podría, al quitarle a ese chorro parte del agua que antes caía en la piscina. 

Es así como el impuesto sobre la renta hace más difícil que los pobres se puedan enriquecer y alcanzar a los que ya están en las cumbres de la riqueza. Cuando hay políticos, prestos a la demagogia y a complacer a quienes piden que el estado “redistribuya” la riqueza de otros para su beneficio, lo que se les está diciendo a quienes están allá abajo, pulseándola para mejorar sus ingresos y su riqueza, es que se queden tranquilos: que no hagan nada, porque el estado reemplazará con recursos el esfuerzo que no se hace.  De esta manera se castiga al éxito y se promueve la dependencia. 

A quien se le cobra el impuesto sobre los ingresos no es el único al que se le perjudica.  Incluso si así fuera el caso, uno no podría pensar que no se trata de una “injusticia flagrante”. La verdad es que usualmente esos impuestos afectan también a quienes les venden los servicios al que genera ingresos y a quienes les compran los productos de ese generador de ingresos. Usualmente tanto quienes venden esos servicios, como el trabajo, así como los que adquieren los bienes que se producen, los consumidores, no suelen ser precisamente los grupos más ricos, sino lo contrario: los asalariados y los consumidores, en promedio, no son de grupos que poseen la mayor riqueza.

¿De qué estoy hablando? De que cuando, por ejemplo, se propone que aumente el impuesto a la renta de las empresas, presuntamente por estar ella en manos de ricos, frecuentemente se olvida que posiblemente afectará más a otros, que lo único que tienen en relación con esos ricos es un vínculo laboral o bien un ligamen de consumidor con un vendedor.

Veamos esto con mayor detalle. Si por ejemplo a una empresa se le aumentan los impuestos, buscará como reducir sus costos a fin de conservar el rendimiento de su inversión, de su esfuerzo, de su competitividad, de su innovación, de su riesgo al invertir. Esto es, la empresa no permanecerá inmóvil, sino que buscará siempre mantener una situación que considera como deseable, tal como por hipótesis era la de antes de que se introdujeran esos nuevos impuestos.

El hecho es que habrá algunos costos que pueden reducirse más rápidamente que otros. Por ejemplo, es difícil que la empresa pueda vender una máquina especializada, que tal vez no haya muchos otros buscando comprar, aunque sea más barata, como parte del proceso de liquidación de costos de la empresa, o bien vender un derecho de autor o de un sistema de producción, entre otros activos. Tampoco buscará cambiar a aquellos empleados especializados y cuyo rendimiento es crucial en el éxito de la empresa.  [Ejemplos, si usted tiene una empresa de servicios de microbiología, no va a deshacerse de microbiólogos que son básicos en su proceso de producción o, si tiene una empresa de transporte de carga especializada, no querrá perder sus choferes más capacitados].

Lo que la empresa buscará es deshacerse de aquellos trabajadores que posiblemente agregan menos valor a la empresa, como suelen ser los casos de trabajadores no calificados, de jóvenes recién contratados, de trabajadoras que suelen acceder a la maternidad interrumpiendo naturalmente su proceso de aprendizaje continuo, para citar algunos casos. Noten que posiblemente sean trabajadores que obtienen ingresos relativamente bajos, quienes ahora enfrentarán el desempleo, no sólo porque la baja productividad suele ser lo propio de inexpertos y novatos, entre otros, sino también porque es usual que se puedan encontrar otros sustitutos que aceptarían un salario menor a fin de obtener un empleo. Muchas veces el resultado final de aquel impuesto es dar lugar a un descenso en el empleo dentro de la firma.

Este tipo de efecto del aumento de los impuestos a las empresas sobre el factor trabajo es conocido como retro-traslación; esto es, que el efecto se traslada hacia atrás, hacia el interior de las empresas, hacia la fuerza laboral empleada. ¿Ha visto usted alguna vez a un proponente de mayores impuestos a las empresas, aceptar que tal propuesta va a afectar a trabajadores de ingresos relativamente menores? Nunca, me imagino.  No se lo dicen.

También una empresa a la cual se le aumentan los gravámenes tiene otra alternativa posible para evitar una pérdida de su posición, de su rendimiento. Me refiero a aquellas que están en capacidad de trasladar esos mayores costos, debido a los mayores impuestos, a los consumidores. Particularmente cuando tienen algún grado de poder monopolístico, que les permite tomar tales medidas, sin que ellas afecten significativamente la demanda de su producción. Los monopolios son el caso clásico: si a RECOPE, por ejemplo, o tal vez a la Dos Pinos, se les aumenta el impuesto sobre la renta, tratarán de pasárselo a los consumidores y, tendrán éxito en ello, si es que no hay competidores que estén dispuestos a aumentar los precios de manera similar. Si un competidor no aumentara el precio ante el aumento de los impuestos, el monopolio perdería mercado.  Si a la gasolina se le pone un impuesto, RECOPE lo traslada al consumidor, pues éste se verá obligado a seguir comprándola y no tiene sustitutos a los cuales acudir (no sólo empresas alternativas que brinden ese producto, sino también productos que podrían sustituir al combustible así encarecido).

El cínico socialista dirá: “al diablo con que la empresa mantenga su posición, su rendimiento: que simplemente se le prohíba despedir gente y a que aumente los precios a causa de los mayores impuestos sobre la renta.” La realidad es que si se impide que la empresa recobre lo que considera su posición más eficiente, habrá un nivel de producción menor y, por ende, un descenso en los ingresos familiares, tanto por el precio más elevado, así como de servicios de trabajadores, que ya no se demandarían tantos como antes.

Volviendo al caso de cómo los impuestos provocan un aumento en los impuestos, en el caso concreto de los combustibles, es posible así explicar por qué Costa Rica tiene uno de los impuestos a los combustibles más altos de América Latina: el consumidor no tiene opciones; la empresa simplemente aumenta los precios y que el consumidor se ponga a ver cómo le hace para sobrellevar el golpe.  Este fenómeno se conoce como pro-traslación de los impuestos. ¿Verdad que quienes proponen mayores impuestos a las empresas, no les dicen a los consumidores que con tal política ellos posiblemente se verán afectados con precios más altos, particularmente si la empresa tiene poderes monopólicos o cuasi-monopólicos? Nunca se lo dicen. 

Es interesante profundizar un poco en la extraña idea que algunos de los proponentes de mayores impuestos para las empresas mantienen: cuando se impone ese tipo de gravámenes le quita a la sociedad la posibilidad de crecer, producto del desarrollo de nuevas ideas que permiten el enriquecimiento de algunas personas cuando las llevan a cabo. Los recursos que el estado toma de las personas físicas o jurídicas significan que habrá menos recursos disponibles para que esas mismas personas puedan realizar inversiones productivas, que generarán, además de empleo directo, en muchas ocasiones mayor empleo en actividades que se benefician vendiéndole recursos productivos a aquella empresa.

Asimismo, esa nueva inversión siempre significa un riesgo para el emprendedor, pues nunca estará seguro de que, lo que produzca al final de cuentas, será de la satisfacción de los consumidores. Pero en ese proceso de maduración de un producto, desde que una idea innovadora aparece en su mente, hasta que logra recuperar lo que le ha costado producir el bien y recuperar lo invertido, les ha adelantado dinero en efectivo como pago a los trabajadores y a los proveedores de insumos para su producto.

Todo este esfuerzo empresarial queda sujeto a una regla definida al final de la jornada: o tiene ganancias o tiene pérdidas. Si tiene ganancias, el estado pretenderá tomar una parte de ellas, lo cual, a la hora de las cuentas, significa un costo adicional al empresario y una disminución de capital que podría invertir en su rentable empresa o en una nueva idea. Si tiene pérdidas, pues ha de suceder lo que significan en la realidad: se debe a que a la gente no les gusta o no puede adquirir ese producto o que tienen mejores opciones que esa para satisfacer sus deseos o necesidades. En otras palabras, que la sociedad considera que aquel uso de recursos no satisface el objetivo de los consumidores y que estaría mejor si se empleara en otra actividad diferente.

Si queremos que la economía crezca, que se generen empleos, tanto directa como indirectamente, que haya innovación que desplace bienes o servicios que ya no sirven tan bien a los intereses de los consumidores, que aumente el ingreso real de los consumidores al poder conseguir bienes y servicios relativamente más baratos y eficientes, es bueno que se les permita a las empresas disponer del mayor ingreso disponible, a fin de que lo inviertan en nuevos proyectos y en nuevas ideas valoradas por la sociedad.  Este ha sido el camino demostrado de crecimiento en las economías modernas. Y de paso, esa acumulación y reinversión constituye la demanda mayor de empleo productivo en la economía: algo que tomar en cuenta en nuestra economía actual, con un desempleo del 10% de la fuerza de trabajo y una subocupación del 12,5% por ciento de ella.  Eso ni siquiera se lo mencionan cuando proponen mayores impuestos.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 17 de agosto de 2015

Tema polémico: con Costa Rica no se juega ¿o sí?

Luis Guillermo Solís acuñó un lema durante la pasada campaña electoral: "con Costa Rica no se juega". Pretendía convencer a los votantes que su propuesta se separaba de los escándalos de presunta corrupción que enlodaron las administraciones anteriores. Buscaba garantizarle a los ciudadanos que los grandes problemas del país, ahora sí serían resueltos, gracias al trabajo del "mejor equipo", un equipo de técnicos altamente preparados, académicos de carrera y planificadores con experiencia. 

Sin embargo, la realidad tiene una mala costumbre: dar un golpe de narices a los ilusos que pretenden torcerla para autoengañarse. Y eso fue lo que le pasó a más de 1.300.000 de costarricenses que se embarcaron votando por el "Presi" y a poco más de 700 mil que si bien no se tragaron el cuento, les tocó ser víctimas del desastre por el principio de mayoría democrática. 

El "mejor equipo" resultó ser un completo fiasco. Un Presidente que prometió muchas cosas en campaña, como no impulsar impuestos en los primeros dos años de su mandato o no retirar el veto sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, para luego hacer ambas cosas antes de tiempo, y para colmo de males, hacerlas mal. La Sala Constitucional declaró improcedente el retiro de ese veto y los proyectos para aumentar impuestos ingresaron recientemente a la corriente legislativa sin apoyo de Diputados -incluyendo los de la propia fracción oficialista-, sectores productivos, movimientos sindicales, estudiantes y demás organizaciones sociales.

Un Ministro de la Presidencia que durante el primer año se encargó de complicar de más el trabajo del nuevo gobierno, con sus yerros, ofrecimientos y cabezonadas. Una fracción legislativa inoperante, incapaz de acuerpar a Solís en su gestión. Un Presidente Legislativo, elegido por una alianza entre el PAC y el Frente Amplio, que dejó de lado la negociación y el diálogo para privilegiar un manejo vertical de la agenda parlamentaria. Y la lista de funcionarios sigue creciendo.

Las nuevas "joyas de la Corona" han sido el grupo de la Juventud Progresista y la Viceministra Carmen Muñoz. Los primeros, en una reunión de trabajo, recomendaron valorar la posibilidad de que el PAC utilizara fondos públicos para su propio beneficio electoral, idea que generó un gran malestar entre difeentes sectores de la sociedad. La segunda se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica provocada por el pago de un 65% del salario base por concepto de prohibición durante un año sin tener los requisitos académicos exigidos para ello. 

Se trata de más de 11 millones de colones pagados de más a una funcionaria que no tiene título académico que la respalde. Incluso, se ha dicho que solamente tiene título de 9° año, pues en 1978, cuando cursaba ese nivel, abandonó sus estudios para unirse a la Revolución Sandinista y posteriormente regresó. Lo curioso es que con ese currículum hoy sea Viceministra de Gobernación, con más de 1.200 funcionarios a su cargo y miles de millones de Presupuesto bajo su control, al tiempo que preside importantes juntas directivas como las de la Imprenta Nacional y DINADECO.

Mencionamos estos dos casos porque, frente a sendos escándalos, el Presidente ha reaccionado de manera muy diferente. Cuando trascendió lo de la Juventud Progresista, Luis Guillermo Solís tomó la decisión de despedir a los que trabajaban en Casa Presidencia -contrario a lo realizado por la fracción legislativa del PAC que los mantuvo en su cargo e incluso, hace pocos días, un Diputado contrató a uno de los destituidos- pero con Carmen Muñoz ha sido más tolerante. 

No sólo le perdonó una indiscreción publicada en Facebook a raíz precisamente de la remosión de los miembros de Juventud Progresista sino que también ha estado enterado del cobro de esos 11 millones desde mayo de 2015 y no la ha removido de su cargo. ¿Por qué tanta tolerancia? ¿Qué más pruebas necesita si las órdenes de personal del Ministerio de Gobernación prueban que recibió el dinero y ella misma, en diferentes instancias, lo ha reconocido?

La sensación que nos queda a los costarricenses es que no sólo no era el mejor equipo ni que iba a generarse un cambio, sino que con Costa Rica sigue el vacilón que tanto ha deslegitimado a la política y a lo político en las últimas décadas. El daño que está haciendo, no solo este Gobierno sino muchos anteriores, podría ser irreparable en cuanto aumenta la desidia de la gente y alimenta el caldo de cultivo para la aparición de "hombres fuertes" que atropellen libertades y derechos para construir sus fantasías de poder.

martes, 11 de agosto de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: la concesión de la Ruta 27

El tema de la concesión de la ruta 27 -vía San José-Cadera- ha sido objeto de todo tipo de opiniones en nuestros medios y particularmente en Facebook. Es cierto que hay razones para que dicha concesión genere desaprobaciones.  Eso sí, debemos ser claros que algunos se oponen a ella por simples razones ideológicas, pues consideran que llevar a cabo obras como esas es atribución exclusiva del estado. La izquierda nacional en mucho es motivada por este tipo de críticas, lo cual no lo suele hacer, por ejemplo, la izquierda chilena. Probablemente lo que este hecho nos permite entender es la existencia de un grado de ignorancia relativa de parte de nuestra izquierda, acerca de cómo el sistema de concesión puede ser un instrumento útil para un país, tal como, entre otros, lo ha sido en el caso de Chile, en donde este concepto ha gozado del apoyo de gobiernos de clara orientación izquierdista.
Mi análisis aún no me permite explicar cierto comportamiento observado en torno a la concesión de la vía a Caldera. Uno entendería como justificable el malestar con dicha concesión, a causa de los derrumbes en los taludes que se han experimentado en diversas ocasiones. Pueden atribuirse a una construcción defectuosa (me refiero a los llamados kilómetros 38, 40, 44 y 45 de esa vía), cosa discutible porque también entran en juego fallos en la adquisición estatal de tierras en los espaldones. Pero, al mismo tiempo, uno no observa manifestaciones similares ante un fenómeno que igualmente se presenta en otra importante carretera (y tal vez hasta más), cual es la ruta 32; o sea, la vía San José-Limón. Los derrumbes en ella son hasta más frecuentes que en la 27. Se dirá que es a causa de las lluvias, pero, en promedio, la diferencia no parece ser radicalmente diferente. En todo caso, a veces pienso si no es que la fuerte crítica ante las interrupciones en la ruta 27 por dichos derrumbes -también a pesar de que se tienen alternativas viales mejores que las de la 32- se debe a que la primera es construida por el sector privado, en tanto que la segunda ha sido edificada directamente por el estado. O, tal vez, porque en la 27 se cobra más a quienes la usan que en la obviamente subsidiada carretera a Limón. Pero ahí se las dejo.

También hay una serie de críticas que exponen argumentaciones más razonables.  Por ejemplo, que la vía tenga cinco años de operar sin siquiera haber sido recibida formalmente por el estado costarricense (se ha anunciado que eso se hará en los próximos días). Asimismo, han existido muy diversas apreciaciones negativas por el presunto incumplimiento de una serie de obras, que se supone la concesionaria debería de haber realizado desde hace mucho tiempo atrás. 

Personalmente creo que hay razones válidas para que ciudadanos, conscientes de que es un proyecto conveniente desde otros puntos de vista, con sana intención critiquen lo que considero es causa primordial del problema con la concesión de la ruta 32. A la fecha en que escribo esto, posiblemente ya se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la concesionaria acerca de incumplimientos de ambas partes en el contrato. De llegarse a tal solución -y asumiendo que al acuerdo se llegó adecuada y correctamente- es importante referirse a una serie de circunstancias alrededor de esta vía, que uno esperaría sirvan para evitar errores hoy costosos, no tanto en lo financiero, como en la comprensión ciudadana de lo que puede ser visto como un sistema conveniente de provisión de infraestructura. No ahondaré en comparaciones internaciones de países en cuanto a la existencia de una infraestructura adecuada, pues ya sabemos que entramos “quedando”, tal es su grado de penuria, en una economía que en otras cosas se le considera como de avanzada.

En La Nación del 6 de julio, aparece un artículo titulado “MOPT pretende sancionar a Globalvía por fallas en ruta 27: Abrió cinco procedimientos por la condición de los taludes y atraso con estados financieros,” el cual sirve de base para parte de este comentario. 

La esencia de dicho artículo es que “El MOPT pretende que dicha compañía, de capital español [Globalvía], pague una multa por las interrupciones que ha sufrido el flujo vehicular entre diciembre del 2014 y la fecha, debido a fallas en los taludes de los kilómetros 38, 40, 44 y 45 de la vía.” En realidad, estas interrupciones de las vías son tan sólo uno de los incumplimientos que uno ha observado en dicha carretera. Un apartado del comentario principal de La Nación antes citado, el cual se titula “Vía a Caldera cumple cinco años sin superar defectos”, señala algunos otros importantes problemas con el cumplimiento contractual de dicha concesión, tanto en lo administrativo, como en lo referente a obras. Un estudio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANNAME) de la Universidad de Costa Rica “señaló que las radiales de Turrúcares, El Coyol y Atenas requieren de una rehabilitación inmediata”.  Esto es, que las obras existentes ya están en mal estado o son insuficientes. Es de imaginar que aquí puede haber incumplimiento de cualquiera de las dos partes -estado y Globalvía- y lo cual debe de estar establecido en el contrato. El informe de LANNAME señala que “el asfalto ofrece poca capacidad de agarre de los vehículos, lo cual incrementa el riesgo de accidentes,” que uno podría pensar está definido en el contrato entre las partes, ya sea como obra nueva o porque lo hecho no cumple con lo legalmente establecido.

Un tema objeto de comentarios muy diversos es el de la debilidad de las paredes de los taludes, que se refleja en derrumbes. Según LANNAME, “el fenómeno podría estar ocasionando daño al medio ambiente”… al desfogarse metales pesados “en cauces naturales cercanos.” Recuerdo que una empresa contratada para vigilar el cumplimiento de obras, en lo particular en lo medioambiental, había señalado tal problema desde hace ya mucho tiempo. Aquí, o el estado no cumplió con el deber de obligar a la empresa a cumplir en tal sentido, o bien que la empresa concesionaria no cumplió con lo que se le habría exigido. En ambos casos eso sería indicativo de un mal manejo administrativo de la concesión por parte del estado.

Roy Barrantes del LANNAME atina al señalar que “los problemas de la ruta han sido atendidos de manera reactiva, pese a que debería atenderse de forma preventiva.” Pregunto: ¿y que dice el contrato de concesión con respecto a este tipo de cosas? Incluso el actual ministro del MOPT, señor Carlos Segnini, es más concreto al afirmar que en el gobierno anterior “prácticamente no se hicieron sanciones… Desde el 2011 hasta el 2014 no se hizo nada. Eso, nosotros nos lo encontramos y lo que estamos pidiendo es una investigación para sentar responsabilidades.” En buena hora, porque supuestamente hay un contrato claro, en el cual se definen las responsabilidades de cumplimiento, tanto de la concesionaria, como del estado, y en el cual es de esperar que, si surge algún problema inesperado y previamente no definido, se señalarían los mecanismos para resolverlo.  Pero, en la maraña e ineptitud burocrática no se señala responsabilidades a nadie en concreto: ni al estado ni a la concesionaria.

De todo este sainete, surge una preocupación personal mayor.  Son muy claras las limitaciones del fisco para realizar obra pública, casi que para hacer alguna obra pública indispensable, sólo se puede hacer mediante mayor endeudamiento del estado con organismos multinacionales o con gobiernos extranjeros. Todo esto implica un endeudamiento del sector público mayor al ya elevado que tenemos, como proporción del Producto Interno Bruto, además de que uno a veces no sabe con certeza si ese tipo de proyectos tiene la rentabilidad en el monto y plazo necesarios. Recuérdese que, si el endeudamiento del estado aumenta a proporciones inconvenientes, eso, para empezar, se reflejará en un aumento en los costos del país para endeudarse. Pero esencialmente, que una deuda del gobierno tendrá que ser pagada por todos los ciudadanos.

Una de las ventajas del mecanismo de concesión de obra pública es que no requiere de un endeudamiento del estado, sino de la empresa que realiza la obra, la cual se endeuda o aporta el capital necesario, para recuperarlo mediante una operación presuntamente eficiente y bajo vigilancia del concesionario. (Un problema con la concesión de la ruta 32 es que la empresa no ha presentado los estados financieros auditados del 2013 y no sé si también los del 2014: otro fracaso de la gestión obligada del estado por obtenerlos). 

La ineficiencia con que el estado ha llevado a cabo sus obligaciones de vigilancia, de administración de la parte estatal, se ha reflejado en situaciones que el ciudadano percibe como inadecuadas. No sólo le han significado costos en que el usuario no debería de haber incurrido (por ejemplo, ante derrumbes en la carretera), sino que también percibe un descuido y dejazón indebida, impropia de un órgano de control estatal.

Dicho mal manejo, puede muy bien hacer que los ciudadanos consideren que el concepto de concesión de obra pública es naturalmente fallido e inútil para resolver los serios problemas presupuestarios: indispensable para asegurar una infraestructura moderna. La verdad parece estar en otro lado: el mal manejo de los administradores gubernamentales es el responsable primordial de las situaciones expuestas. La falta de acción de control de parte del estado, permite que los incumplimientos privados surjan; la verdadera obligación del estado es lograr que el proyecto se cumpla debidamente, según el contrato pactado.  Por eso países con gran experiencia en este sentido, como Chile, en donde gobiernos de la derecha (primeros en aprobar esquemas de concesiones) así como de la izquierda (que han continuado con dicho sistema), han utilizado a la concesión de obra pública como un modelo exitoso que bien haríamos replicándolo en nuestro país. Eso así, con la certeza regulatoria habida en Chile. Se trata, no de botar el agua sucia de la bañera del bebé, con todo y la criatura, sino tan sólo de echar el agua sucia, y que así la criatura pueda sonreír satisfecha.

Quiero plantear una duda en torno al presunto acuerdo logrado entre esta administración y la concesionaria Globalvía, por el cual el gobierno de Costa Rica reconoce el pago a la segunda por la suma de $43 millones.  Que no se nos induzca al error de que, de alguna manera u otra, los ciudadanos no tendremos que pagar ese monto, aunque se nos diga que la alternativa era ir a un juicio que nos podría haber costado $90 y hasta $120 millones. Si se reconoce hasta un cinco por la disputa es porque el estado costarricense no cumplió con lo contratado y eran fondos debidos.  De lo contrario, no habría razón para pagar monto alguno. El que esos mayores costos no implicarán, en el corto plazo, un incremento en las tarifas, es factible, pero que tendrán que salir del bolsillo ciudadano no tiene escapatoria: ya sea gradualmente o bien ampliando el período de concesión. Por eso pido: ¿en dónde están los responsables de esa mala gestión administrativa? 

Que los responsables del mal manejo de la concesión han contribuido al desprestigio de esa figura, lo hace patente el propio ministro del MOPT, quien en un artículo de La Nación del 9 de julio, titulado “Gobierno deja de lado las concesiones de obra pública,” dice que “Se ha afectado la imagen de la concesión; puede ser que la estructura para llevar a cabo las concesiones no era la idónea, pero la figura de la concesión no es mala.” Lamentablemente, un principio esencial del buen gobernante es el de educar a los ciudadanos en asuntos de políticas públicas. No dejándolo tirado, al abogar por el uso de “fideicomisos o intermediación de organismos internacionales para ejecutar proyectos,” lo cual no es nada fácil, como ya el ministro puede haberlo comprobado en carne propia con el lentísimo avance de ese tipo de propuestas en el primer caso y, en el segundo, uno no entiende la ocurrencia de acudir a organismos internacionales, de cuya imparcialidad y honestidad a priori no es posible dudar, para cambiar la forma en que la Contraloría utiliza las apelaciones, que se traduce en obstáculos para la obra pública. Eso debe arreglarse a lo interno y no en el ámbito externo.  La rendición pregonada del ministro de Obras Públicas, equivale a tirar el agua sucia de la tina en que baña al bebé, con todo y la criatura.  Lástima que no se mediten las verdaderas soluciones a los problemas y que se pretenda arreglarlos mediante vías cuyo éxito no es posible asegurar.

Sorprendente en todo esto el anuncio reciente que se hace en un artículo de La Nación del 5 de agosto, bajo el encabezado “MOPT negocia asumir la carretera hacia Caldera: Plantea indemnizar a concesionaria Globalvía para ampliar ruta a cuatro carriles," lo cual confirma que aquí las cosas, en esta administración, se van sabiendo gota a gota.  Esta parece ser una práctica que parece irse haciendo costumbre. Ya ha provocado que previas decisiones se hayan tenido que echar para atrás, al conocerse detalles de lo que verdaderamente está detrás de una propuesta inicial.

Como lo leyeron antes, no es nueva la intención de usar los fondos de pensiones de los ciudadanos para invertirlos en carreteras de peaje.  Tal fue el propósito inicial, hace ya bastantes meses, de este gobierno, en el caso de la fallida concesión de la carretera a San Ramón.  Sólo que a veces salta la inexperiencia, como cuando se propone tal idea sin darse cuenta de las dificultades que implica. De la carretera a San Ramón no hay nada, absolutamente nada, en tal sentido, pues no se ha podido montar un negocio que resulte razonable y con riesgos plenamente cubiertos a los inversionistas nacionales que manejan fondos de los costarricenses. El proyecto está varado tanto en la Asamblea Legislativa, como entre los cuerpos debidamente establecidos en las entidades financieras que eventualmente participarían y que bien saben y entienden que lo primordial es conservar el patrimonio de los verdaderos dueños de esos fondos: los ciudadanos de este país.

Se ha dicho que la posible compra gubernamental de la concesión es para “apurar” la ampliación de la ruta 32 de dos a cuatro carriles. Pero uno entiende por qué eso no se puede negociar con los actuales concesionarios, ya familiarizados con el proyecto y que incluso muy posiblemente tengan consideraciones empresariales claras ante tal eventualidad. No se entiende por qué esa ampliación se tenga que hacer por medio del estado. Me pregunto si no es que hay razones ideológicas en este gobierno para que no haya concesiones privadas y que ahora se acuda a una nueva manera de financiar obra pública, que en resumidas cuentas queda su obra y administración en manos del estado.
Si, por la víspera se saca el día, posiblemente lo que observaremos, con el paso del tiempo, es un rezago mayor en la ruta 27, que quién sabe cuándo se empezará la carretera a San Ramón y una enorme satisfacción de ciertos políticos al mostrar que el estado puede hacer tal obra de ampliar el número de vías, aunque ya sabemos los ineficiente que es y cómo se facilitan ciertos negocios cuando se trata de recursos públicos. Aquella intención gubernamental  significa que se dejen de hacer otras cosas más o iguales de urgentes en nuestra infraestructura, como podría ser la vía a Limón en su paso por el Zurquí. Ya es mucho lo que se nos ha querido rodar.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de agosto de 2015

Tema Polémico: Sindicatos y su desconocimiento absoluto de economía

El tema del salario público se ha vuelto muy de moda en estos días. Colocar estos temas en el debate público nos parece muy bien y un ejercicio muy sano en un país democrático como el nuestro. La evidencia de los abusos en salarios en el sector público (gobierno central, empresas e instituciones autónomas del Estado) hay que agradecérselo al diputado Otto Guevara y luego al diario la Nación. Nos parece muy bien que un diputado finalmente haya tenido la valentía de poner esto en evidencia.
Uno de los aspectos que más nos ha impresionado en ASOJOD de la defensa de los sindicatos a estas acusaciones es el casi total desconocimiento de estas personas sobre conceptos básicos de economía y también sobre el ejercicio del emprendedurismo y el trabajo privado en competencia. Algunos de ellos realmente no saben lo que están hablando pero otros estamos seguros están muy conscientes de su equivocación pero deciden ignorar los hechos.

Un ejemplo muy claro es el tema del salario mínimo. Los sindicatos consideran que la mejor forma de disminuir el desempleo en el país es aumentando el salario mínimo. Sucede que esto no solo no sucedería sino que está más que demostrado que hay una relación inversa entre salario mínimo y empleo. Es muy fácil desear que los empleados ganaran más y en ASOJOD también opinamos lo mismo pero definitivamente subiendo el salario mínimo no es la forma. Que fácil imaginarse que de un día para otro todos las personas ganen por lo menos tres millones de colones al mes. Imagínense, todos seríamos millonarios, que alegría. Suena bien pero los efectos negativos son casi evidentes (aunque algunos no quieren verlos). 

Al empresario le dicen tal atrocidad y su reacción inmediata sería una de las siguientes (o una combinación de estas): despedir a cuanta gente sea necesaria hasta que su gasto total en salarios vuelva a su nivel original de modo que su rentabilidad no se vea afectada y esto provocaría un aumento precipitado en el desempleo; irse de inmediato a otro país con condiciones laborales más atractivas y esto nuevamente incrementaría el desempleo; o incrementar los precios de venta para recuperar la rentabilidad por medio del ingreso y esto provocaría una diminución en competitividad y eventual cierre de la empresa que finalmente daría como resultado un incremento en el desempleo. Con cualquiera de las tres consecuencias el resultado es el mismo, un aumento del desempleo. Esto aplica para cualquier aumento en el salario mínimo y su efecto sería más nefasto dependiendo del nivel del aumento. 

La única forma de aumentar salarios sin aumentar desempleo es por los medios naturales del mercado e implica mejorar la calidad del empleo e incrementado la inversión privada en el país generando de esta manera un aumento de la demanda de empleo y, por lo tanto, un aumento de los salaros. Esto solo se puede lograr por medio de más libertades. Es la única forma.

Otro ejemplo clarísimo del total desconocimiento de economía de los sindicatos sobre economía es su oposición  a sistemas de jornadas laborales más flexibles como la famosa jornada cuatro tres que permitiría a los empresarios laborar doce horas cuatro días a la semana en lugar de ocho horas cinco días a la semana. Esto permitiría disminuir costos fijos mejorando la rentabilidad de la empresa, les daría un día libre más a la semana a los trabajadores, se incrementaría la eficiencia energética en las empresas intensivas en maquinaria y otros. 

Es poco creíble que alguien o algún grupo se pongan en contra de esto pues no disminuye de ninguna forma las garantías laborales del trabajador pero los sindicatos están en contra pues alegan que implicaría una disminución en las horas extra. Qué cosa más extraña, los mismos grupos que alegan que los empresarios son explotadores ahora están en contra de leyes que implicarían que el trabajador pueda limitarse a las horas establecidas originalmente en su contrato. Sistemas de jornada de trabajo más flexibles como este permitiría incrementar la rentabilidad de las empresas e incrementaría el ambiente de inversión en el país generando más empleo pero estos grupos retrógrados simple y sencillamente no lo comprenden.

Finalmente, otro ejemplo claro de desconocimiento en economía es el tema de los sobre sueldos y pluses salariales del sector público. El efecto de estos abusos en el déficit fiscal, tasas de interés, competitividad en servicios públicos es más que evidente y lo hemos analizado en muchas ocasiones en nuestro blog así que no entraremos en detalle pero es lamentable que estos grupos sociales no comprendan el daño que le hacen al país con estos abusos. Un nueva ley de empleo público que ponga en el tema de los salarios públicos en niveles más apegados a la realidad es más que necesario.

martes, 4 de agosto de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el aporte de Milton Friedman a la política económica costarricense

Conferencia en la Universidad Autónoma de Centro América, en ocasión del seminario “El Legado de Milton Friedman 2015”.



Muy buenas noches.  Agradezco en primer lugar a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Asimismo lo extiendo a dos muy apreciadas instituciones que organizaron esta actividad: La Universidad Autónoma de Centro América, representada por mi apreciado amigo Federico Malavassi y el Instituto Libertad, que la representa mi también amigo, José Joaquín Fernández.

Aunque parezca fácil darles una charla acerca de la influencia del pensamiento de Milton Friedman en Costa Rica, debo formular de antemano varias consideraciones.  La primera, es que, a lo que sé, Milton Friedman nunca visitó Costa Rica, por lo menos como conferencista de temas que le eran familiares, y no tengo conocimiento acerca de si lo hizo como turista.  Siendo la clase de figura notable que siempre fue, es muy poco posible que hubiera venido a Costa Rica sin notarse. La segunda consideración se deriva de la anterior: lo que expondré es mi opinión acerca de cuáles aspectos del pensamiento Friedmaniano pueden haber influido en los costarricenses. El tercer aspecto es que el proyecto intelectual de Friedman es tan amplio, que una charla como ésta es ínfima en comparación con aquél, por lo cual he decidido tomar como base sólo algunas de sus más importantes ideas de política y de economía. Esto me lleva a un último punto: que trataré con poca  profundidad mucho del pensamiento de Friedman en su área técnica profesional, y que, dada la limitación de tiempo, seré algo más amplio en el análisis de sus planeamientos de política, sin dejar de señalar en cierto momento el trasfondo académico de ellos.

Hace poco leí lo siguiente acerca de Milton Friedman, en un libro de dos escritores destacados de la revista The Economist, John Micklethwait y Adrian Woolridge, titulado (mi traducción) La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar el Estado. Me sirve como introducción al tema, pero, antes de transcribir la cita exacta, debo decirles que esas cuatro revoluciones mencionadas por ellos son en torno al papel del estado en una sociedad. Así, la primera revolución, la de Hobbes con su estado centralizado -el monstruoso Leviatán- respondía a “la maldad, brutalidad y brevedad de la vida humana”, observada a mediados del siglo XVII. La segunda fue la del estado liberal de John Stuart Mill, quien definía a un estado más pequeño y competente, enfatizando la libertad y la eficiencia: un estado al cual se limitó en sus posibilidades de quitar la libertad a los ciudadanos y cuya función esencial más bien era la de resguardar la libertad de los personas. La tercera, la mencionan los autores como la de Beatrice Webb, quien reaccionó en contra de aquel estado pequeño y expuso los fundamentos de lo que luego se llamaría el estado de bienestar, que en mucho es lo que caracteriza a los estados del mundo actual.  La cuarta revolución es la que esos autores consideran que habrá de surgir ante los serios problemas que hoy encara el mundo.  Es aquí en donde entra Friedman.
En un capítulo de aquel libro, que es con todo propósito titularon “El Paraíso Perdido de Milton Friedman”, aquellos autores señalan lo siguiente:

“[Friedman] propuso un programa de recorte del gobierno que era asombrosamente osado para los años del gobierno grande de Kennedy, desde la abolición de subsidios agrícolas y del salario mínimo a la eliminación de controles fronterizos. El estado de vigilante nocturno de los liberales había sido reinventado para la época de los Grateful Dead… La principal razón para el éxito de Friedman fue que la historia estaba crecientemente del lado de Friedman…En la década de los setenta y los ochenta la ‘fuerza bruta de los acontecimientos’ transformó a Friedman de un brillante tábano incómodo a una fuerza real.” (p. p. 86-87).

Pero la revolución que Friedman propuso del estado se quedó a medias, pues el ‘Leviatán no se desvaneció” y más bien, a partir del 2000, “el Leviatán volvió a levantarse.” Por ello, los autores a quienes nos hemos referido, concluyen con un dejo de tristeza (al menos para mí):

“En el 2004, dos años antes de su muerte, Friedman adoptó un punto de vista deprimente de su logro: ‘Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión era socialista en tanto que la práctica era a favor de los mercados libres; en la actualidad, la opinión está a favor de los mercados libres, mientras que la práctica es fuertemente socialista. En un amplio sentido hemos ganado la guerra de las ideas (aunque ninguna batalla como esa se gana permanentemente). Hemos tenido éxito en detener el avance del socialismo, pero no hemos tenido éxito en cuanto a revertir su rumbo.’ (p. 100). [La mencionada cita de Friedman es tomada de Angus Burguin, The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression (Cambridge: Harvard U. Press, 2012, p. 223.)

No dudo que el ideario de Friedman ha contribuido notoriamente en muchas de las decisiones que en nuestro país hemos tomado en el campo económico, pero ha sido menor en el político. Sobre todo, creo que ha servido como base para argüir una serie de consideraciones en el proceso de decisión acerca de políticas públicas en el país. Con plena franqueza debo señalar que, tal vez por el temor a ser encasillados como reaccionarios de la derecha o neoliberales, como despectivamente se les señala sin sentido ahora, muchos de quienes de alguna manera fueron por Friedman influidos, no lo reconocen abiertamente. Excepción de ello, me place decirlo, es el economista José Joaquín Fernández, aquí presente y quien siempre en sus charlas suele mencionar a Friedman como su sustento. Pero, qué le vamos a hacer con la generalidad silenciosa; simplemente puede deberse a que así es la naturaleza humana.

Quiero regresar a algunas de esas ideas más importantes que propuso Friedman y que han sido fuente de conocimiento para muchos en nuestro país. Lo hago refiriéndome a dos muy importantes temas en los que considero que él tuvo un impacto destacado en nuestro medio.  Uno se refiere al control del dinero y de la inflación y, el segundo, a los tipos de cambio internacionales y a la estructura del ordenamiento financiero internacional.

En cuanto al primero, fue crucial el trabajo de 1963 de Friedman y Anna Schwartz acerca de la historia monetaria de los Estados Unidos durante el período 1867-1970, en el cual esencialmente comprobó la capacidad predictiva de su modelo de una nueva teoría cuantitativa, que había desarrollado pocos años antes (concretamente, su Reafirmación de la Teoría Cuantitativa del Dinero, escrito en un libro que editó en 1956 y que fue la base para un replanteamiento de la simple teoría cuantitativa del dinero de Hume y de otros clásicos).  En este artículo Friedman postula que la teoría cuantitativa lo es acerca de la demanda de dinero, cuya estabilidad hace predecible que los cambios en la cantidad de dinero en circulación se reflejan en el ingreso monetario y principalmente en los precios. Así, presentó una  alternativa al complejo modelo keynesiano de equilibrio general para entender el comportamiento de los precios (y por ende del ingreso monetario): los cambios en la cantidad de dinero en la nueva demanda de dinero, dado ese vínculo estable entre dinero y precios que postuló Friedman, eran mejor guía que los cambios autónomos que predecía Keynes.

En Costa Rica, en los años sesentas, vivimos un debate en torno al papel del banco central en cuanto a la emisión de dinero y su efecto sobre la producción (aún el año antepasado se dio un resabio de esta vieja discusión), pues, en mucho por una tradición académica keynesiana en el país, producto del enorme peso intelectual del keynesiano Rodrigo Facio, se consideraba que el banco central debía de emitir dinero a fin de lograr un mayor crecimiento de la economía (políticamente esto se vio en el libro de José Figueres, La Pobreza de las Naciones). Sin embargo, Friedman ya había demostrado teórica y prácticamente que una política monetaria tal a lo que daba lugar -cuando se emitía más allá de cierto porcentaje de dinero- era un indeseable proceso inflacionario, que alteraba todas las señales que brinda un mercado y no a un aumento de la producción.

El último suspiro de la posición keynesiana creo que se dio en los primeros años de la década de los setentas y me parece que para ese entonces la posición básica cuantitativa Friedmaniana se había enraizado en el país. Se llegó a aceptar que la inflación era, en todo momento, un fenómeno inflacionario e incluso que en instantes cruciales de la economía occidental, allá por la década de los sesentas, cuando se pretendió disminuir el desempleo mediante la inflación, con base en la keynesiana curva de Phillips, se encontró con la alternativa planteada por Friedman -en mucho derivada de un planteamiento original de él- de que lo que se lograba con una expansión monetaria para lograr el objetivo de disminuir la desocupación, al final del camino no existía tal opción alternativa entre tener un menor desempleo a costas de mayor inflación, sino que se concluía con ambos males simultáneamente: esto es mayor inflación y mayor desempleo. Este fue el tema, que luego lo desarrollaré un poco más, que expuso en su conferencia al recibir el Premio Nobel en Economía en 1976.

Sin embargo, aún en 1982, el presidente Carazo no había logrado comprender el alcance del planteamiento friedmaniano, al expresar en su último discurso presidencial, el primero de mayo de 1982, que puesto “a escoger ante la ausencia de acción legislativa, entre la inflación y el desempleo, se escogió entre ambos males el menor, la inflación y la paz social se ha mantenido, esto indica que la decisión fue acertada.” El hecho es que “se omite la evidencia que los datos muestran: esto es, la simultaneidad de una enorme inflación y un elevado desempleo. No se optó entre dos males: se eligieron los dos conjuntamente.” (Jorge Corrales, Inflación y Control de Precios, 1984, p. 57).
En los últimos años hemos evitado este daño dual; incluso en el momento actual, en que experimentamos una elevada tasa de desocupación (de alrededor del 10%), nadie está sugiriendo que volvamos a cometer el mismo error de principios de la década de los ochenta, cual fue la emisión excesiva de la cantidad de dinero en circulación con el consecuente proceso inflacionario. Gracias al pensamiento de Friedman, ahora no cometeremos el mismo error: eso espero.

Otro tema económico en que creo nos influyó el pensamiento de Friedman, es en cuanto al abandono de los tipos de cambio fijos que se fue dando gradualmente hacia esquemas mucho más flexibles, pero no al nivel que Friedman propuso de tipos de cambio plenamente flexibles. Vigente desde la década de los años treinta, ciertamente allá por los años sesentas todo el sistema cambiario mundial se basaba en tipos de cambio fijos de las monedas de las distintas naciones, con base en un valor determinado por el dólar de los Estados Unidos en términos del oro (patrón seudo oro, lo llamó Friedman). Operaba bajo la égida del Fondo Monetario Internacional, institución inspirada en el pensamiento keynesiano, mediante el acuerdo de Bretton Woods, en 1944, que creó al dólar como moneda de referencia internacional. Fue en su libro de 1953, Ensayos sobre Economía Positiva, en donde publicó un artículo que fue leído en todo lado en donde existiera un buen economista. Me refiero a “El Caso en Favor de los Tipos de Cambio Flexibles.” Fue un tremendo caso, pues, desde que lo presentó, se dio un enorme movimiento de la profesión para disponer de una mayor flexibilidad cambiaria, en cuanto al comercio internacional.

Pensemos en Costa Rica -al igual que todas las demás naciones del mundo- allá por la década de los setentas, con un sistema financiero internacional definido por un régimen cambiario fijo, en donde las variaciones de tan importante precio relativo tan sólo se daban con cierta inusitada violencia, en contraste con el ajuste gradual de su alternativa, los tipos de cambio flexibles. Se daban fuertes devaluaciones casi siempre después de un período en que el Fondo Monetario hacía todo lo posible para evitarla, principalmente con políticas de facilidades de préstamo para evitar el ajuste en las naciones en problemas. Pero casi lo único que se lograba era posponer el ajuste por un tiempo, concluyendo usualmente en una devaluación de mayor magnitud que al inicio.

Cuando Nixon, presidente de los Estados Unidos, suspendió en 1971 la garantía de conversión del oro del dólar, se acabó formalmente con el patrón de cambio oro vigente en el ordenamiento del comercio internacional. Dicha suspensión abrió la posibilidad para que el tipo de cambio flexible hiciera avances hacia un sistema cambiario, sujeto a ajustes usualmente pequeños del valor de la moneda de un país con respecto a la del otro.

Se puede alegar que aún hoy no hay un sistema puro de fluctuación cambiaria, pero el hecho es que diariamente se dan variaciones en las cotizaciones de las monedas, y las intervenciones gubernamentales para mantener un tipo de cambio desalineado no suelen ser de gran magnitud.  No hay duda que el orden monetario internacional se ha enrumbado en el plan de Friedman y el mismo Fondo Monetario Internacional, a la fecha, se circunscribe básicamente a apoyar acuerdos con naciones, en cuanto a mantener una inflación dentro de valores “apropiados”, pero no ya para mantener valores artificiales de los tipos de cambio.

Pero Friedman creo que tuvo un impacto en el pensamiento económico que fue más allá del campo monetario como aquel del comercio internacional. Lo hizo en cuanto a la efectividad de la política fiscal, principalmente referida al enfoque keynesiano de la curva de Phillips, que suponía que era posible aumentar la inflación a fin de reducir, a cambio, el desempleo. Friedman demostró que esa política era errada. La idea del economista keynesiano Phillips de que, aumentando la oferta de dinero (inflación), se podía reducir el desempleo, no tomaba en cuenta que la gente anticipaba el crecimiento de los precios sobre sus salarios reales. Es decir, que en el mercado de trabajo, en la oferta laboral, regía aquello de que “no se puede engañar a las personas todo el tiempo.” La inflación reducía el salario real del trabajador y ellos incorporaban dicho resultado en su oferta de trabajo. La prosperidad inicial lograda por la expansión monetaria, que hacía que aumentara la actividad económica y que se absorbiera parte del desempleo inicial, con el paso del tiempo y, al tomar en cuenta los participantes en la economía las expectativas de inflación, provocaba un regreso a la situación inicial de desempleo, pero con una mayor inflación.  Por ello, si se decide como política económica aumentar la emisión monetaria para reducir el desempleo, sólo logrará acelerar la inflación y se volverá al mismo desempleo inicial, una vez incorporadas las expectativas de una inflación mayor en el mercado laboral.

Si además, por su parte, el estado introduce medidas para controlar los precios y con ello pretender “reducir” la presión inflacionaria, lo que hace es crear distorsiones adicionales que reducen la producción en la economía. Con ello se logra al final de cuentas una mayor inflación y un mayor desempleo en comparación en comparación con la situación inicial (tal como sucedió en Costa Rica a principios de la década de los ochenta). Creo que en la actualidad -siempre habrá excepciones- pocos economistas en el país propondrían una política fiscal para reducir la desocupación, como la que bien criticó Friedman. Creo que la lección ha sido bien aprendida… hasta este momento, principalmente gracias a Friedman.

Finalmente, aún en el campo de la teoría económica, Friedman se destaca por su desarrollo de la teoría de la función consumo, en su obra Una Teoría de la Función Consumo, escrita en 1957, en donde postula que el determinante del consumo no lo es el ingreso corriente, como lo había planteado Keynes y que fue base para su teoría del multiplicador, utilizando la política fiscal para estabilizar el ciclo económico.  Por el contrario, Friedman señala que el determinante del consumo individual es el ingreso permanente, pues las personas esencialmente gastan de acuerdo con los ingresos futuros esperados y no con el ingreso actual, el del momento. Este concepto de la función consumo de Friedman fue esencial para que se le otorgara el Premio Nobel.

Además, la incorporación del concepto del ingreso permanente a la teoría de la demanda de dinero, le permitió a Friedman reforzar su idea de la estabilidad en la demanda de dinero. Keynes, por el contrario, había señalado que la demanda de dinero era muy inestable ante cambios en el ingreso, lo cual reafirmaba la supuesta incapacidad de la política monetaria para lograr el equilibrio general de la economía, lo cual no era el caso con la política fiscal de ingresos y gastos estatales, para estabilizar el ciclo económico que Keynes proponía.

Friedman fue una persona muy rica en cuanto a generar ideas acerca de distintos temas en los cuales los aspectos económicos eran cruciales, esencialmente en el marco de un estado pequeño y sujeto a frenos y contrapesos. Estimuló, en palabras de Micklethwait y Woolridge, “una revolución contra el siempre creciente estado occidental –una revolución que ‘pensaría lo impensable’, sin embargo, a lo más que se pudo, exitosa sólo a medias”.  ¡Como que nos toca a nosotros llevar esa lucha a plenitud, edificando sobre el ideario de Friedman!

El libro que creo partió aguas en cuanto a popularizar el pensamiento liberal, fue su Capitalismo y Libertad, escrito en 1962, y reforzado luego con columnas en la revista Newsweek, que después aparecieron como libros en La Protesta de un Economista y No Hay Tal Cosa como un Almuerzo Gratis. Estos libros fueron seguidos por Libre para Elegir en 1980 y la Tiranía del Status Quo, también escrito en 1984. Ambos, como muchos otros, con la colaboración de su colega y esposa, Rose, en 1980.

Me concentraré en algunos de los principales temas desarrollados por Friedman, en que considero que éste influyó en muchas mentes en nuestro país, al igual que como lo hizo con las obras técnicas citadas antes, principalmente la necesidad de disponer de un banco central independiente, que se controlara la inflación, una mayor aceptación de flexibilidad en el tipo de cambio y un rechazo a la llamada curva de Phillips.

Fue un pensador liberal, John Burton, quien una vez escribió que “captar la esencia de un pensador tan prolífico como Milton Friedman es como tratar de atrapar las Cataratas del Niágara con un balde”. Escogeré algunas de las ideas, principalmente del libro, Capitalismo y Libertad, para evaluar el posible impacto que han tenido en el pensamiento liberal costarricense y obviamente en círculos socialistas y estatistas, en donde ha sido visto casi como la encarnación del demonio.

No dudo que el planteamiento general de Friedman acerca del papel del estado (así como el de Hayek y su obra Los Fundamentos de la Libertad) tuvo fuerte influencia entre un grupo de gente, que allá por los años sesentas surgió deseosa de brindarle al país un camino distinto a un socialismo rampante en todo el país. Era el camino de la libertad y la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) fue su cuna.  También permeó medios de comunicación y aulas universitarias, principalmente en escuelas de economía, negocios y derecho. Antes de Friedman (y Hayek), la idea de la libertad no se encontraba tan bien desarrollada en textos modernos y sólo se podía conocer por la lectura de  clásicos primordiales de muchos años atrás.  Eso le dio a sus ideas un carácter de modernidad, adaptadas al mundo actual, que a la vez tenían sustento en el pensamiento liberal clásico conocido de siglos previos.

El marco general del pensamiento friedmaniano lo constituye su apreciación de que, en palabras de su biógrafo Eamonn Butler, “el sistema de intercambio voluntario, por su misma descentralización, amplitud y diversidad, evitaba la concentración masiva del poder y representaba por tanto una amenaza menor para la libertad individual, que la alternativa colectivista. El poder de un capitalista es limitado: sus competidores pueden socavar rápidamente el control que tenga de cualquier mercado, si es que sirven mejor al cliente. El poder de un gobierno, en cambio, sólo está limitado por su posibilidad para usar la fuerza.” (Eamonn Butler, Milton Friedman: Su pensamiento económico, México, D.F.: Editorial Limusa, 1989, p.p. 29-30).

Desde tal perspectiva, uno puede entender sus propuestas concretas como, por ejemplo, la reforma para instaurar vales (vouchers) para la educación.  Se trata de que “los gobiernos requieran un nivel mínimo de clases que será financiado dándoles a los padres unos ‘vouchers’, que serían canjeables por una suma anual máxima especificada por cada niño, a fin de que sea gastada en la compra de servicios educacionales en instituciones ‘aprobadas’. Los padres podrán gastar esa suma, además de lo propio que deseen, escogiendo entre aquéllas que libremente sean de su gusto.” (Capitalism and Freedom, p. 90). Estos vouchers podrán ser usados tan sólo para pagar gastos en educación, que podrá ser tanto privada como estatal.

Esta propuesta de Friedman pretende lograr varios objetivos. En primer lugar, el reconocimiento de externalidades en la educación primaria. En segundo lugar, ampliar la posibilidad de elección de los consumidores, más allá de la uniformidad estatista. Tercero, como la competencia estimula la eficiencia, se lograría así una mejora en la calidad de la educación.

Se puede alegar que en Costa Rica esta idea de Friedman no se ha convertido en una realidad, pero no hay duda de que mucha de la discusión acerca de la calidad de la educación en Costa Rica, gira cada vez más alrededor, no del porcentaje del PIB que en ella se gasta y de un gasto que un gobierno manga ancha suele promover siempre, pues eso le genera votos de un importante gremio. Se trata de lograr una educación de alta calidad en el país, que parece irse quedando corta cada vez más con respecto al crecimiento de los recursos destinados a ella. Aquí es en donde entra esta idea de Friedman, que me parece que cada vez goza de mayor consideración. (Un dato: Friedman al morir legó una parte importante de su herencia para la creación de un centro en su país, que promoviera reformas como las suyas para la educación).

Hay otras naciones en donde se han tenido valiosas experiencias, como son los casos de Estados Unidos, Suecia, Hong Kong, Colombia, Puerto Rico, Irlanda, Pakistán, entre otros países.  El hecho es que este tema tan importante, que está siendo objeto serio de consideración en distintos países, en Costa Rica no es así, aunque posiblemente su hora llegará, ante el desencanto ciudadano con la calidad de la educación pública básica que hoy brindamos.

Friedman ha influido en nuestro país en cuanto a la importancia de la competencia en contraste con lo onerosos que son los monopolios.  La propuesta de Friedman en esto es muy clara: eliminar aquellas medidas que brindan un apoyo directo a la existencia del monopolio, ya sea en empresas así como en el campo laboral. La existencia de monopolios suele deberse más a la acción del estado que intenta evitar la competencia, que por una colusión de individuos privados.  Esa acción dañina del estado se observa no sólo en cuanto al comercio exterior por una imposición de aranceles proteccionistas, sino en la existencia de monopolios estatales propios, al igual que por favores políticos concedidos a empresas privadas para cerrar la entrada de otros competidores. La promoción de la competencia en una economía constituye, en mi opinión, una de las propuestas de Friedman que mayor impacto ha tenido y que lo sigue teniendo en nuestro país, pues aquí la lucha por abrir monopolios está aún muy presente.

Ubiquémonos por un momento en Costa Rica, en la década de los sesentas. El tema de la bondad de los monopolios estatales empezaba a ser cuestionado, en un marco político que todavía mayoritariamente abogaba por un estado creciente y caracterizado por la preeminencia de monopolios públicos. Ello se vio al salir a la luz un manifiesto estatista de aquella época, conocido como Patio de Agua, que dio lugar a una fuerte discusión cívica. Casi que era la moda que el estado creara alguna nueva entidad como monopolio estatal, en cada nueva administración que lograba ascender al poder. Gracias a la ANFE y sobre todo a la influencia ideológica de dos grandes titanes del pensamiento liberal, Friedman y Hayek, fue que en el país se discutió con mayor amplitud, a principios de la década de los setentas e incluso en los años ochenta, la idea de someter a la competencia privada al notorio monopolio estatal de captar recursos del público en cuentas corrientes. Algo se logró a mediados de esa última década, pero no fue sino hasta la mitad de la década de los años noventa, cuando se abrió la posibilidad de que el monopolio que la banca estatal tenía de recibir depósitos del público, fuera asequible competitivamente a la banca privada. La banca privada en el país tenía pocos años de existir formalmente -lo que hubo previamente fue en las sombras- pues había un monopolio del estado que la había excluido por casi cuatro décadas.
No hay duda que la claridad de Friedman en cuanto a señalar la inconveniencia de los monopolios, ayudó a que la opinión pública viera con buenos ojos la apertura a la plena y (casi) libre competencia del sistema bancario nacional.   

Las razones, en resumen, que Friedman expuso, entre otras, para oponerse al monopolio, fueron porque: (1) restringe la libertad de escoger de los consumidores; (2) frena la competencia que obligaría a una reducción de los precios; (3) obliga al consumidor a pagar más de lo que pagaría en competencia; (4) restringe la competencia que forzaría una mejora en la calidad del producto, pues obliga al consumidor a comprar lo que haya en el mercado (especialmente si no hay sustitutos cercanos); (5) el único productor o proveedor no tiene incentivos para innovar, sino para mantener el statu quo que tanto le beneficia; por eso se opone a que un competidor pueda entrar a competir con innovaciones; (6) al producirse menos, disminuye el empleo en la economía y el bienestar general; (7) el mayor precio que logra el monopolista equivale a un impuesto privado que pagan los consumidores; (8) la regulación gubernamental de los monopolios no siempre ha tenido éxito en la práctica, debido a la “captura” de los órganos regulatorios por parte de los regulados; (9) los monopolios del gobierno tienen la tendencia a crecer y a que lo sigan haciendo sin una buena razón para ello y (10) porque la regulación gubernamental no es gratuita y usualmente tiene un costo que es trasladado a los consumidores.

Ante esto, Friedman resume su posición en la respuesta a una pregunta formulada en una famosa entrevista que le hizo la revista Playboy, en febrero de 1973. La pregunta: “¿Cómo se siente acerca de los monopolios privados? ¿Deberán ser divididos o regulados estrechamente por el gobierno?”. La respuesta: “El problema con este tipo de discusión está en que se hace una distinción entre el mundo real y el mundo ideal. Para un mercado libre ideal, usted querría un gran número de productores. Para un gobierno ideal, querría un santo. En la ausencia de ambos, tienes tres alternativas: un monopolio privado sin regulación, un monopolio privado regulado por el gobierno y un monopolio estatal. Todas las tres alternativas son malas, pero, en mi opinión, la mejor de las malas opciones es un monopolio privado sin regulación.” Si quieren preguntarme luego por qué Friedman prefiere esta última opción, con gusto se los diré.

El tema del monopolio está vigente en nuestro país. No sólo tenemos claros monopolios en el estado, sino que ese mismo estado, al tratar de restringir la competencia proveniente del exterior, ya sea mediante aranceles o medidas no arancelarias, elimina casi el único factor que impide que surja una serie de monopolios privados en el país. Por eso hablamos de un sistema de mercado competitivo: evitar la coerción contra los consumidores, que en una economía libre son debidamente soberanos; ya sea que esa coerción provenga de un monopolio gubernamental o de uno privado, usualmente promovido por políticas estatales.

Mucho podría comentar acerca de propuestas que uno relaciona con los escritos de Friedman, pero no lo puedo hacer por limitaciones de tiempo. Así, dejaré de lado importantes temas que él desarrolló, como su propuesta de un impuesto negativo al ingreso para ayudar a los relativamente pobres, en vez de la ineficiente parafernalia estatal dedicada a la lucha contra la pobreza. Asimismo, acerca de restricciones en los mercados de trabajo, no sólo por fijaciones arbitrarias de salarios mínimos por encima del salario de equilibrio en el mercado, sino también por obstáculos que imponen los llamados colegios profesionales. También dejo de lado el análisis que hizo de muchas políticas de fijación de precios, como a los alquileres de viviendas y a los intereses, entre muchos otros casos, que afectan la esencia de la operación de los mercados, en cuanto a su papel de transmitir la información requerida en todas las transacciones de una economía.

Sin embargo, quiero referirme a una propuesta de Friedman y de su esposa Rose, que en nuestra situación actual de un alto déficit del sector público, tiene una enorme utilidad. Me refiero a la pretensión de resolver dicho problema primordialmente por un aumento de los impuestos y, de no ser así, por medio de un incremento en el endeudamiento del estado.  Esa propuesta la formulan los esposos Friedman en su famosa publicación Libre para Elegir, escrita en 1980.

El objetivo de su propuesta es introducir reformas constitucionales que corrijan un sistema como el actual, por el cual diputados democráticamente electos votan a favor de gastos gubernamentales, que exceden lo que los votantes aprobarían. La razón es que el cuerpo político tiende a favorecer a grupos que poseen intereses concentrados, diferentes de aquellos difusos que tiene toda la ciudadanía. Esto calza muy bien dentro de la lógica de maximización del poder de los políticos. Un grupo de interés aglutinado gastará recursos, con tal de obtener su objetivo. Pregunto: ¿Por qué creen ustedes que suelen dar tanta plata a los políticos para sus campañas electorales? Por el contrario, cuando los intereses de un grupo son muy dispersos, como sucede en el caso de la sociedad como un todo, el beneficio que recibe cada ciudadano de la acción legislativa de gasto posiblemente es muy pequeño, en comparación con el costo que implica lograr dicha aprobación.

De aquí surge la importante idea de limitar constitucionalmente los presupuestos de que pueden disponer los políticos para sus gastos complacientes de intereses concretos de distinta índole. Esta limitación del gasto gubernamental es independiente de la forma en que es financiado: con impuestos, imprimiendo dinero o endeudándose. Con aquella, los distintos grupos de intereses coaligados competirán entre sí por una porción de ese presupuesto, en vez de promover que crezca y crezca a expensas de la generalidad de los contribuyentes. No me referiré en detalle a la propuesta, pero me parece que allí está, esperando la evolución del ejemplo griego de la actualidad, a fin de que puedan algún día tener la opción de plasmarse en la ley constitucional.

Hablar de las múltiples propuestas y con la profundidad que se merecen, me llevaría muchísimo tiempo, el cual es escaso.  Pero quiero traer a colación un hecho que a veces se olvida en esa lucha permanente de Friedman en favor de la libertad.  Lo viví cuando estudiaba en los Estados Unidos, allá por los años sesenta y principios de la década de los setenta.  Esa nación estaba empantanada en la sangrienta guerra de Viet Nam. Era notorio el malestar con ella de los jóvenes, sobre todo entre los universitarios. Friedman abogó en un comentario en diciembre de 1966 a favor de eliminar la conscripción obligatoria del ejército de los Estados Unidos.  Lo hizo por varios años, hasta que, a principios de 1970, se vislumbró que sería una realidad y así lo fue.  En esos momentos cedió mucha de la presión en contra de la guerra de Viet Nam.  La lucha de Friedman no sólo logró eliminar una de las mayores limitaciones a la libertad en aquel entonces en los Estados Unidos, sino que también promovió la aceptación en su país de una moderna y libremente integrada fuerza militar, algo esencial para mantener la libertad en aquella nación.

Esto último, obviamente, no tuvo un impacto directo en nuestro país, sin ejército y, menos aún, sin  conscripción (aunque aún tenemos ciertos servicios obligatorios que se le imponen a estudiantes universitarios), pero es representativo del impacto que las ideas de Friedman tuvieron sobre la humanidad y de ello no escapa nuestro país.  Friedman se convirtió en una gran inspiración para muchos de nosotros -no sólo de economistas, pero sí ciertamente de muchos de ellos- sino, en general, para mucho costarricense que sistemáticamente ha defendido la libertad.

Para concluir, vuelvo al libro de Micklethwait y Woolridge, que cité al puro principio de esta charla:

“Aquél veredicto [de Friedman, que les transcribí al inicio de esta exposición] se puede decir que sería más deprimente hoy en día, especialmente cuando usted observa al gobierno no sólo en su tamaño, sino en su poder. El corazón del mensaje de Friedman, como el de Mill, fue la libertad. Hay treinta y dos cámaras de circuitos cerrados de televisión en el apartamento en donde George Orwell escribió su obra 1984. El vigilante nocturno, de pie, haciendo guardia en la entrada, se ha convertido en la niñera de adentro de la casa y de la oficina, colgada encima de nuestros hombros, en el comedor y en la sala de juntas y aún del dormitorio. Pero no es buena niñera. El estado ha acumulado, como nunca antes, más responsabilidades, así como ha impuesto muchos mayores costos ocultos sobre todos nosotros. Pero su habilidad para cumplir con esas responsabilidades ha declinado. La única esperanza es que la frustración está empezando a generar la esperanza de un cambio.” (Op. Cit., p. p. 100-101)

Esa esperanza la tuve en mis manos cuando don Alberto Di Mare me presentó a Milton Friedman, en una reunión de la Sociedad Mont Pelerin en 1975, y en donde tuve el placer de estrechar la mano de Friedman y de conversar un buen rato con él.  Es la misma esperanza que renuevo cada vez que vuelvo a leer su libro -uno de mis favoritos- Capitalismo y Libertad y en donde me encuentro con la dedicatoria del libro que Friedman escribió para sus hijos. Dice así “Para Janet y David, y a sus contemporáneos, quienes deben acarrear la antorcha de la libertad en la próxima vuelta.” Es a nosotros, a ustedes, a quienes nos corresponde acarrearla en esta historia de la humanidad, que es una historia de libertad.

Muchas gracias y muy buenas noches.

OBRAS DE FRIEDMAN CITADAS EN ESTA CONFERENCIA:
Milton Friedman, Essays in Positive Economics, [Ensayos sobre Economía Positiva], Chicago: The University of Chicago Press, 1953.
Milton Friedman, "The Quantity Theory of Money: A restatement" [Reafirmación de la Teoría Cuantitativa del Dinero], en Milton Friedman, editor, Studies in the Quantity Theory of Money, [Estudios acerca de la Teoría Cuantitativa del Dinero], Chicago: University of Chicago Press, 1956.
Milton Friedman, A Theory of the Consumption Function, [Una Teoría acerca de la Función Consumo], Princeton: Princeton University Press, 1957.
Milton Friedman, Capitalism and Freedom [Capitalismo y Libertad], Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
Milton Friedman y Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960, [Una Historia Monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960], 1963.
Milton Friedman, An Economist’s Protest, [La Protesta de un Economista], New Jersey: Thomas Horton and Company, 1972.
Milton Friedman, Interview Playboy Magazine. [Entrevista de la Revista Playboy], 1973.
Milton Friedman, There’s No Such Thing as a Free Lunch, [No Existe tal Cosa como un Almuerzo Gratuito], LaSalle, Illinois: Open Court, 1975.
Milton Friedman, "Inflation and Unemployment: Nobel lecture", [Inflación y Desempleo: Discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en Economía], Journal of Political Economy. Vol. 85, p.p. 451–72, 1977.
Milton y Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement, [Libre para Elegir: Una declaración personal], New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.
Milton y Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo, [Tiranía del Statu Quo], New York: New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

OTRAS OBRAS DISTINTAS DE LAS DE FRIEDMAN CITADAS EN ESTA CHARLA:
Figueres Ferrer, José, La Pobreza de las Naciones, San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1973.
Burton, John, “Positively Milton Friedman.” [Positivamente Milton Friedman], in J.R. Shackleton and Gareth Locksley, editors Twelve Contemporary Economists, [Doce Economistas Contemporáneos], New York: John Wiley and Sons. 1981.
Corrales Quesada, Jorge, Inflación y Control de Precios, San José, Costa Rica, Editorial Stvdivm, Universidad Autónoma de Centro América, 1984.
Butler, Eamonn, Milton Friedman: Su pensamiento económico, México, D.F.: Editorial Limusa, 1989.
Burguin, Angus, The Great Persuasion: Reinventing Free Markets Since the Depression [La Gran Persuasión: Reinventando los Mercados Libres a partir de la Gran Depresión], Cambridge: Harvard University Press, 2012.
Micklethwait, John and Woolridge, Adrian, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State, [La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar el Estado], New York: The Penguin Press, 2014.

Por Jorge Corrales Quesada