lunes, 23 de noviembre de 2015

Tema polémico: una agencia de innovación nacional.

El aparato productivo doméstico está compuesto en un gran porcentaje por microempresarios, pero muchos de estos emprendimientos no crecen lo suficiente para trascender y mueren durante sus primeros años (80% de emprendimientos dejan de existir en los primeros tres años).

Este amplio sector de nuestra industria enfrenta desafíos estructurales de competitividad, pero sin duda, uno de los lastres que arrastra tiene que ver con una burocracia dispersa de actores de apoyo a la PYME que funcionan como islas, cada uno con un diseño institucional y procesos de ejecución entrabados.

Según datos del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), hoy Costa Rica posee más 100 programas de apoyo a la PYME. Todo un entramado institucional de apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas duplicando esfuerzos y atendiendo las mismas fases del ciclo de vida de estas empresas.

Lejos de atender y centrar esfuerzos en aquellos emprendimientos innovadores y dinámicos de base tecnológica, estos programas se han enfocado en emprendimientos de subsistencia, a través de políticas asistencialistas que lejos de propulsar un motor del desarrollo y encadenar emprendimientos, han creado una clientela de microempresarios que no generan impacto en la economía.

Así, hoy el MEIC es un ministerio sin peso ni capacidad para ejecutar muchas de sus obligaciones. Lo mismo sucede con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es un elefante blanco con enorme cantidad de instituciones y programas, pero sin agilidad para ejecutarlos. Dentro de estas instituciones rectoras del ecosistema de apoyo a la PYME se encuentra COMEX, junto a PROCOMER y CINDE, quienes conforman una realidad diferente: una triada estratégica con una gobernanza distinta, recursos ligeros y mecanismos de ejecución rápida, pero además, con una población receptora de sus servicios pequeña en comparación a la que tienen las otras instituciones.

En medio de este escenario de institucionalidad complejo se ha diseñado una propuesta que está por ingresar a la corriente legislativa: el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado.

Según la propuesta que se conoce, esta Agencia plantea una nueva arquitectura institucional, con una nueva forma de operar y un nuevo modelo de atención que le dé escalamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La legislación no plantea más burocracia ni demanda nuevos recursos al erario público. La idea esbozada, al contrario, busca fusionar los programas existentes y trasladar los recursos bajo una misma sombrilla.

De esta forma, si la iniciativa llega a funcionar, entidades como el CONICIT se unirían a los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a los que se unirían los recursos  del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Aún es muy temprano para llegar a cualquier tipo de conclusión, pero una propuesta que ordene el ecosistema institucional de apoyo a la PYME, bajo un marco legal similar al de PROCOMER, con las mismas facilidades legales: no aplica la ley de contratación administrativa como tal sino sus principios, no funcionaría bajo el Régimen del Servicio Civil, tiene un régimen de contratación privado y un sistema de transparencia explícito, que además asigna un tope a su gasto administrativo de no más de un 6% del total de las fuentes de financiamiento, merece al menos el beneficio de la duda. 

Si algo se demanda de la Administración Pública es coherencia, sentido de urgencia, capacidad de gestión y conciencia de la importancia de la relación simbiótica que debe existir entre el Estado, el sector Privado y Academia en el diseño de políticas públicas.

Probablemente el mayor reto que enfrenta el proyecto de ley sea su viabilidad política, debido al traslado de recursos de diferentes instituciones como el Banco Popular, o la Unidad PYME del INA, así como el despido, reubicación o movilidad de funcionarios.

Es previsible el rechazo de estos actores a cualquier cambio de su statu quo, sin embargo, debemos saludar un debate que busque poner orden sobre un enjambre de instituciones y programas cuyo impacto actualmente es casi nulo. 

No hay comentarios.: