martes, 26 de enero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: un conflicto irresoluto que nos daña mucho

Desde hace ya buen rato que no hay solución a un conflicto que es particularmente relevante para las próximas elecciones de alcaldes en los primeros días de febrero.  Me refiero a que la Contraloría considera necesario castigar a alcaldes por supuestas anomalías, tal como lo ha señalado mediante diversas recomendaciones vinculantes, pero que, como quien los nombra es el Tribunal Supremo de Elecciones -ente que les entregó las credenciales a los alcaldes cuestionados- es el cuerpo facultado para ejecutar las decisiones de la Contraloría al respecto.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que es la Contraloría la que tiene los poderes del caso para ejecutar esas sanciones.

Ante el impasse obvio y por la trascendencia que tiene desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades de los cuestionados, es que la Contraloría ha sometido la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo, en torno a quién corresponde aplicar tales sanciones. Sin embargo, su resolución parece no haberse dado -pocas semanas antes de las elecciones municipales- siendo ello crucial en la lucha ciudadana contra la impunidad.

Esto lo presenta La Nación del 03 de noviembre del año pasado, en un artículo titulado “Irregularidades de Alcaldes se Quedan sin Castigo: Contraloría y TSE en pugna por quién tiene potestad para suspenderlos.” La pugna la resolverá, supuestamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero, mientras tanto, ni la Contraloría ni el TSE nos dan aliento a los ciudadanos que tenemos las esperanzas puestas en un adecentamiento de la función pública. 

Este tiempo perdido por falta de una resolución final del Contencioso Administrativo puede ser crucial, pues ya se avecina la elección de nuevas autoridades municipales y algunos de los alcaldes sancionados por la Contraloría buscan su reelección, aunque  ciertamente algunos han apelado la decisión contralora ante otros tribunales.

La Nación cita los siguientes casos: Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Bernal Vargas, alcalde de Palmares y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Néstor Mattis, alcalde de Limón y suspendido por 20 días, del partido Auténtico Limonense; Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés y sancionado con una suspensión de 20 días, del partido Liberación Nacional y Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo y sancionado con una suspensión de 30 días y del partido Liberación Nacional.

Asimismo, fueron suspendidos, pero no buscan su reelección, el alcalde de Valverde Vega, Luis Antonio Barrantes, suspendido por 15 días y del partido Movimiento Libertario y la alcaldesa de Atenas, Querima Bermúdez, suspendida por 15 días y del partido Unidad Social Cristiana. Asimismo, informa el periódico que, a esa fecha, “está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago y una vicealcaldesa de Osa.”

Por su parte, es bien sabido que Johnny Araya, quien fuera suspendido como alcalde de San José en febrero del año pasado, cuando “la Sala IV le dio el visto bueno (a la Contraloría) para emitir castigos,” aspira de nuevo a ser alcalde de San José (no conozco de otros casos, pues los citaría igualmente)

Por el mayor bienestar de la ciudadanía y los electores, es mi opinión que ya los jueces deberían de haber resuelto el impasse entre la Contraloría y el TSE. Los ciudadanos queremos justicia, transparencia y que se evite la impunidad.  Como no hay nada resuelto aún, creo que los ciudadanos ya saben qué hacer en cuanto a la reelección pretendida por los señores citados, mediante su voto en las elecciones municipales de febrero. Pero estamos ante otro ejemplo de ineficiencia -por lerdas- en lo referente a resoluciones de ciertos tribunales del estado.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de enero de 2016

Tema Polémico: Uber y sus valientes emprendedores

El día de ayer salió publicado un reportaje en el periódico La Nación sobre Uber. En el mismo cuenta como distintas personas se han animado a “lanzarse al agua” en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Los conductores de Uber, arriesgan su tiempo, capital, esfuerzos, activos, todo ello con el propósito de cultivar un mañana mejor. Simple y llanamente salen a la calle a buscar clientes y satisfacer sus necesidades. En lugar de ser “víctimas” y pretender que el Estado les financie la vida, han buscado una forma digna de obtener ingresos.


Desafortunadamente, desde que Uber llegó al país ha tenido un clima hostil por parte del gobierno. Pocas cosas asustan más a los políticos que los “ciudadanos de pie” que desean ser dueños de su destino, sin tener que besar el anillo del Rey para que les den una licencia o patente para poder trabajar honradamente. Uber rescata aquello que los founding fathers llamaron “the pursuit of happiness”. Ojalá todos los días para los costarricenses esa búsqueda dependa más de ellos mismos y de sus esfuerzos, que de la intervención divina estatal.

martes, 19 de enero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: sin temor ante un cambio indispensable

A riesgo y casi que poco me importa, de que me tilden de socialista, conservador, enemigo de la Caja, estatista, etcétera, etcétera, pero deseo plantear en esta ocasión una posibilidad que considero es conveniente para mejorar la situación actual de servicios que presta la Caja a la ciudadanía, lo cual tiene, con toda razón, a muchos muy incómodos (para ponerlo en “suavecito”). Obviamente no es una idea original, pero hay un par de acontecimientos que me llevan a plantearla y los mencionaré.

En primer lugar, que es una experiencia ya en marcha en una nación que siempre se ha considerado como ejemplo del socialismo-democrático, si bien en los últimos años sus ciudadanos han electo a partidos liberales como sus gobernantes.  Me refiero a Suecia.  Allá, en el marco de una crisis fiscal -como la nuestra actual- logró reducir su gasto gubernamental de un 67% en 1993 a un 49% en el 2014. Redujo su tasa marginal de impuestos a las empresas en un 27% a partir de 1983, para tener ahora una del 57%, además de eliminar impuestos a la propiedad, a los regalos, a la riqueza y a la herencia.  Su deuda pública se redujo de un 70 por ciento del PIB en 1993, a un 37% en el 2010 y el déficit de su presupuesto se redujo de un 11% a un superávit de 0.3 por ciento en ese mismo lapso.  Pero no me interesa este aspecto general de la economía sueca, aunque debería servir de acicate para quienes estamos proponiendo que no se aumenten los impuestos y que sí se reduzca el gasto para salir de nuestro atolladero fiscal. 

Lo que sí me interesa destacar en esta ocasión es una reforma muy interesante dentro de su aún vigente estado de bienestar.  Específicamente, en lo que podría llamarse el sistema hospitalario de su Seguridad Social. Lo que los gobernantes, con un apoyo generalizado y de múltiples partidos políticos, ante la grave situación que experimentaba la atención médica a los ciudadanos en los hospitales, decidieron hacer debe ser expuesto con toda claridad: acudieron a que el sector privado participara en su seguridad social -en la parte hospitalaria- de manera que así aplicara el instrumental propio de las empresas privadas, a fin de lograr que el sistema hospitalario de su seguridad social fuera más eficiente. Casi nada; una reforma de esta naturaleza al corazón de su estado de bienestar: la salud de la sociedad. Llama la atención, ¿verdad?

Hay un hospital privado en Estocolmo -la capital sueca- llamado St. Göran, que presta los servicios propios de los hospitales estatales del sistema de seguridad social, sólo que es administrado privadamente; es más, es una propiedad privada. Eso sí, en su acuerdo con el estado sueco, el hospital St. Göran acata los lineamientos del contrato que han definido esencialmente las autoridades gubernamentales. Así, por ejemplo, a él pueden acudir los pacientes de cierta área de la ciudad, tal como lo hacen a cualquier otro hospital del estado. Asimismo, no cobra a los pacientes por los tratamientos, aunque, a fin de evitar el abuso con los servicios médicos (algunos creen que son gratis; esto es, que no implican costos), se cobra un monto nominal (no me pregunten de cuánto, pero sí que es un monto fijo y bajo). Obviamente la seguridad social sueca le paga según el acuerdo establecido. 

Este hospital es de propiedad privada desde 1999 y su dueña es una firma llamada Capio, y que, en la actualidad, es poseída por diversos fondos privados de inversión, incluyendo a Nordic Capital y a Apax Partners.  En aquél, los médicos, las enfermeras y el personal en general tienen su jefe y a una junta directiva a los cuales les rinden cuentas, tal como se hace en una empresa privada. En St. Göran han introducido prácticas que denominan “el modelo Toyota de producción”, así como una mejora permanente del “flujo” y la “calidad” en el servicio. En él grupos de médicos se reúnen para tomar decisiones en equipo, medidas que incidan en mejorías del servicio. Como dicen John Micklethwait & Adrian Woolridge, autores del libro del 2014, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado… lo pueden conseguir en Amazon y no sé si ya se tradujo al español]: “La focalización está en reducir los tiempos de espera y en incrementar el rendimiento (en inglés: throughput), que también tiene la ventaja adicional de reducir el número de enfermedades que son objeto de contagio en hospitales.” (P. 172).

En Suecia la información estadística de los hospitales es muy abundante y pública: cosas como las tasas de operaciones exitosas, lo cual incentiva la competencia entre ellos. Al hospital St. Göran le ha ido tan bien -así como a la nación sueca- que en el 2001, el Consejo del Condado de Estocolmo decidió ampliar el contrato con Capio hasta el 2021. Se considera que el sistema de salud sueco, en donde el St. Göran es un ejemplo de las nuevas políticas estatales, "se puede decir que es el más eficiente del mundo de naciones ricas.  La duración de estadía en un hospital en Suecia es de 4.5 días, en comparación con 5.2 días en Francia y 7.5 días en Alemania.” 

En segundo lugar, en Costa Rica hemos ido logrando algo similar, cual es la existencia de una serie de EBAIS que son administrados privadamente, sujetos a los lineamientos contractuales con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que con el contrato define las políticas que deben cumplir. El mejor servicio ha sido evidente para muchos de los usuarios que los comparan con el que previamente tenían, cuando los EBAIS eran de plena propiedad y ejecución de parte de la Caja. Pero, ¡qué mejor que lo que indica un informe reciente del periódico La Nación del 11 de enero del 2016, bajo el encabezado “Costo de Ebáis de CCSS duplica el de cooperativas: Entidad admite que salarios más altos disparan gastos de operación.”! El estudio hecho por la Gerencia Médica de la Caja en agosto del año pasado, titulado, “Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas por terceros (13 empresas privadas, entre ellas, cooperativas) versus referentes institucionales (6 de la Caja),” llega conclusiones muy importantes, algunas de las cual transcribo: “Los Ebáis (sic) de la Caja tienen una cobertura promedio del 36% de la población meta, mientras que en las cooperativas (empresas privadas) es del 50%... (aquellos; los de la Caja) tienen un indicador de desempeño inferior a los Ebáis en manos de terceros… El análisis de la Caja determinó que 11 áreas de salud administradas por terceros estuvieron calificadas entre los 15 sectores de atención a pacientes más eficientes del país en el 2014….”

Creo que eso es una indicación clara y definitiva de la eficiencia con la cual la empresa privada puede relativamente manejar mejor, los recursos públicos destinados a la salud de la ciudadanía.  

Por ello, expreso mi planteamiento para que la Caja haga el siguiente experimento, con base en los ejemplos del hospital St. Göran de Suecia y de los Ebáis administrados privadamente en Costa Rica.  Que llegue a un acuerdo con algún hospital privado del país, para que a éste lleguen pacientes de la Caja; no se les cobre por los servicios, más que un monto fijo y bajo para evitar los abusos, y que los privados sean quienes lo administren, sujetos a los lineamientos y principios contractuales a que lleguen de acuerdo con hospital. Yo esperaría como resultados una mayor satisfacción de los ciudadanos que somos partícipes del servicio médico de la Caja, reducción significativas de los costos, mejores procedimientos o desempeño en factores de interés y, por supuesto, sujeto a una evaluación constante de lo que tal vez signifique una reforma sustancial positiva de los servicios de salud de la seguridad social del país. Obviamente, nuestra Caja haría bien en obtener una invitación del gobierno sueco para que vayan allá los funcionarios pertinentes y observen in situ cómo es que está funcionado el hospital St. Göran y cuáles son los arreglos institucionalmente hechos que han garantizado su éxito. Me atrevo a afirmar que ésta visita sí sería muy productiva por lo que podemos aprender al respecto.  

Jorge Corrales Quesada

lunes, 18 de enero de 2016

Tema polémico: las consecuencias inesperadas.

Tras la invasión estadounidense a Irak en 2003 y la subsecuente caída del régimen de Saddam Hussein, que provocó la destrucción de los precarios equilibrios étnicos y sectarios que mantenían unido a ese país, así como el desmantelamiento de las instituciones políticas y militares, se le prohibió el empleo público y se les negaron las pensiones a 400.000 miembros del ejército iraquí derrotado.

Como resultado, los militares veteranos y miembros de los servicios de inteligencia de Saddam que no encontraron la respuesta a sus necesidades en las nuevas autoridades políticas de Irak, pasaron a formar parte de la dirigencia de Dáesh. Paradójicamente la caída del dictador, lejos de ser la solución, ha fracturado al país generando el caldo de fermentación para el extremismo islámico.

Algo similar ocurrió en Libia. Cuatro años después del derrocamiento y asesinato de Muamar El Gadafi, el país se divide entre numerosas milicias armadas, enfrentamientos tribales y grupos terroristas que disputan el poder. La consecuencia no esperada de la Primavera Árabe es que ahora "la nueva Libia es como una incubadora, que produce nuevos Gadafis"

En ambos casos, ante la ausencia de instituciones políticas, de seguridad y justicia, así como liderazgos que permitan una transición ordenada y estable del sistema tras la caída de los dictadores, han surgido numerosos actores que buscan llenar los espacios de poder antes ocupados por los liderazgos fuertes. El mal mayor resultó en realidad, ser el mal menor. 

Un fenómeno similar ocurre con los carteles de la droga en nuestra región.  Ante la ausencia de instituciones políticas estables  e incorruptas, cada vez que un alto mando del narcotráfico sale de escena –o más bien, es sacado- explota una guerra entre los aspirantes a llenar el espacio de poder que se deja.


Nuevamente, ante la ausencia de una respuesta de las autoridades políticas y de seguridad para retomar el control, las plazas de venta de droga son dominadas por nuevos cabecillas. Así, sin distinción, cualquiera sea la organización o sistema político, a nivel micro o macro, todos siguen una misma regla: no existen vacíos en el poder.

Los mexicanos conocen bien este axioma. Cuando una pieza importante de alguna banda del narcotráfico ha caído y su entorno de influencia no ha sido ocupado por la Policía o el Ejército, pronto es llenado por otra pieza de la narcocriminalidad, no sin antes librar una cruenta batalla contra todos los grupos rivales.

No se trata de enaltecer a los tiranos, ensalzar a los criminales, ni abstraernos de toda moral, sino de pensar con gran dosis de realismo en las consecuencias no intencionadas de las políticas bien intencionadas. Si algo nos enseña la historia es que  la democracia no es el maná que cae del cielo, a la que se llega a través de utopías y buenas intenciones.

martes, 12 de enero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: en guardia desde mi corral

Desde hace cierto tiempo, ante la enorme cascada anunciada de nuevos y mayores impuestos, he venido señalando que, ante una economía como la nuestra, con problemas de crecimiento y de un desempleo de alrededor de un 10% y de un subempleo aún mayor y con un observado crecimiento de la economía informal, los gobernantes que proponen esos mayores impuestos no le explicaban al país cómo es que ese aumento de gravámenes no iba a afectar el crecimiento de la economía nacional.

Nunca nos lo han expuesto y asumen que de por sí los costarricenses vamos a aceptar pasiva e irracionalmente sus propuestas tributarias.  Pero el 5 de julio me dio gusto leer la columna semanal de don Jorge Guardia en La Nación, precisamente intentando dar una explicación de la bondad del aumento de impuestos propuesto, siendo que incluso don Jorge no forma parte del gobierno que ahora propone esos impuestos a todo el país.  Aunque en verdad, don Jorge, más en algunas ocasiones que en otras, señala la conveniencia de aumentar los impuestos ante la situación fiscal actual.

Por eso me agradó la pregunta que don Jorge hace al principio de su artículo: “La pregunta es qué pasa con la producción real al aumentar impuestos.” Y agrega que: “La respuesta convencional es que se contrae el ingreso disponible del sector privado y, por tanto, el consumo e inversión”. Y continúa: “estudios recientes aseguran que no necesariamente debe ser así. Todo depende de la composición y magnitud del ajuste fiscal.”
¡Qué bueno!, me dije a mí mismo. Ahora encontraré una respuesta a mi inquietud esbozada, de manera repetida, al inicio de mi comentario: Cómo más impuestos van a promover el crecimiento de la economía.

Veamos el análisis de don Jorge, que se sustenta en tres escenarios: el primero, el (A), que él considera “el más mejor”, basado “en menos gastos y más impuestos.” Uno segundo; el (B), que él denomina como “el más peor”, en el cual no se recorta el gasto (planillas, transferencias) y se suben los impuestos. Y un tercer escenario, el (C), que juzga como “el más probable” (me imagino que en la actualidad en el seno legislativo), en donde se mantendría el statu quo; esto es, no habría reducción del gasto ni aumento de los impuestos.
 
Hasta aquí todo parece estar bien en cuanto a esos escenarios, que pronto comentaré, pero desde ya hago notar el escenario mío, el (D, en donde se reduce el gasto y que no aumenten los impuestos.  Este escenario don Jorge no lo considera, lo cual si voy a hacerlo posteriormente.

Para este comentario es importante de entrada señalar conceptos cruciales que don Jorge no parece tomar en cuenta y que fueron expuestos por el profesor Milton Friedman (lo reitero, aunque a alguno puede desde ya no gustarle…Friedman… ufff). 

Señala Friedman lo siguiente (y si no les gusta él, pues piensen que lo digo yo, aunque tampoco les podría gustar –lo hago porque suelo reconocer al que sabe y sobre todo a quien lo explica con claridad quizá por vez primera). La fuente es de www.freetochoose.tv, Milton Friedman, Lecture 7: Is Tax Reform Possible? Y ésta es mi traducción (entre paréntesis están señalados los minutos de esa conferencia en que pronunció esas palabras):

(21:27) “…y ese es el punto de vista erróneo que mantienen los conservadores de lo fiscal: La prueba verdadera de una responsabilidad fiscal es si usted tiene un déficit o no. Ese es un punto de vista mantenido por muchos ciudadanos bien intencionados, quienes han estado buscando una reforma constitucional que requiere de un presupuesto balanceado por el gobierno federal. Ciertamente, yo no estoy en contra de una presupuesto balanceado, pero someto a su consideración que, al enfatizar primariamente el déficit, los conservadores de lo fiscal han terminado siendo el testaferro de los grandes gastadores.

El proceso típico ha sido muy claro: Los grandes gastadores han votado por tener gastos del gobierno que han producido el déficit. Los conservadores de lo fiscal se rascan sus cabezas y dicen: ‘eso es terrible no podemos tener un déficit’ y con ello se ponen a trabajar para obtener más impuestos. Tan pronto como los impuestos han sido aumentados, y el déficit ha vuelto a ser algo razonable, los grandes gastadores aparecen de nuevo. Y el resultado final es siempre más y más gasto del gobierno. 

Este punto está estrechamente relacionado con el que mencionaba hace poco: El problema real es lo que el gobierno gasta, no de lo que se apropia en forma de los llamados impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.
 
Yo prefiero tener un presupuesto gubernamental de 200 billones de dólares con un déficit de 100 billones, que un presupuesto del gobierno de 400 billones de dólares y sin déficit. Ello porque un presupuesto gubernamental de 400 billones de dólares es simplemente el doble de lo que se le quita de disponibilidad al ciudadano y que es gastado en su nombre por el gobierno. Ese es el verdadero problema.” (23:33)
 
Este es el problema que observé en la propuesta de don Jorge, obviamente dirigida a resolver un problema que él considera indispensable, pero se equivoca en su naturaleza.  El déficit se da cuando hay un exceso de gastos del gobierno por encima de sus ingresos, pero el déficit no es el problema, sino la demanda de recursos que en la sociedad hace el estado. El problema no es el déficit, sino el gasto del estado tan elevado. 

Ello porque sencillamente cada colón que obtiene el fisco para gastarlo es una demanda que el estado ejerce sobre la producción nacional, la cual ya no estará destinada al consumo o la inversión privada. Y debo señalar, por si alguien me hace la observación, que tampoco se destina a la inversión pública, la cual siempre es recortada para poder seguir la fiesta del gasto corriente. 

Lo expuesto en el párrafo previo es independiente de si otro de los efectos que señala Friedman tiene lugar: cual es que, una vez que el estado recibe los nuevos ingresos, simplemente es tan sólo una base para que, de nuevo, aumente el gasto, dando lugar a que surja un nuevo déficit y posteriormente a propuestas de nuevos incrementos en los impuestos para subsanar el renacido déficit.  Este carrusel o tiovivo tributario lo hemos vivido cíclicamente en nuestro país: en promedio cada cuatro años se nos ha planteado a los ciudadanos un nuevo incremento de impuestos para resolver el “problema” del déficit.

Es más, en torno a esto último, la verdad es que cuando se habla de una “reforma tributaria” -la cual miro con buenos ojos si efectivamente contribuye a un mayor crecimiento de la producción, del ingreso familiar y del empleo- lo que en verdad simplemente proponen, bajo ese disfraz terminológico, es un aumento en los impuestos.  Ejemplo: cuando nos dicen en estos días que el IVA es un mejor impuesto que el vigente de ventas, pues tiende a controlar mejor la recaudación y no tiene, esencialmente, exclusiones distorsionadoras. Aceptemos que esa reforma es deseable, en tales términos, pero la verdad es que la aprovechan no sólo para ampliar la base imponible, que puede ser necesaria, sino para aumentar la tasa del impuesto.  Si lo que interesara fuera la “reforma” y no simplemente una mayor recaudación, la propuesta del IVA debería de tener una concomitante reducción de la tasa del impuesto actual de ventas y no de un aumento del 13% al 15%, como pretenden lograr ahora.

Pero a don Jorge, al igual que al gobierno, lo que les preocupa es ver cómo se “cierra” el déficit y no controlar el crecimiento ni el nivel del gasto del estado, pues, de ser así, entonces, como lo pone en claro el último párrafo transcrito de Friedman, tomarían muy en cuenta de que, entre más gasta el estado con los nuevos ingresos y, si se mantienen los impuestos que generan esa mayor recaudación, de nuevo resurge el déficit y para su eliminación, otra vez, se tendría que aumentar los impuestos hasta empatar ese nuevo gasto exacerbado. Así de fácil.

Los escenarios (A), (B) y (C) están deliberadamente señalados para omitir el escenario (D), que es el que no quieren poner en práctica, simplemente porque el estado no podrá posesionarse de relativamente mayores ingresos privados; esto es, no estará en capacidad de aumentar su demanda sobre los recursos que produce el país.

Para empezar, me llama la atención el escenario (A), en donde habría una reducción del gasto y un aumento de los impuestos a fin de eliminar el déficit.  Esto es divertido: ¿En qué porcentajes? ¿Aquellos que me parecen le escuché una vez a don Oscar Arias, de aumentar los impuestos en un 60% y reducir el gasto en un 40%? O, tal vez, el “explícitamente tácito” del actual del gobierno, de tener una reducción mínima del gasto (“no hay forma de reducir significativamente el gasto” nos dicen, o de manera similar, que “el gasto público es inflexible”) ¿Estará implícito un 90% de aumento de impuestos y sólo una reducción del 10% del gasto para eliminar el déficit? Lo más probable es que alguien salga con el cuento del justo medio ─mita y mita, como dirían. Pero no creo que haya sabio en la tierra que nos compruebe que eso -del 50% y el 50%- es lo justo y necesario. Es más, me atrevo a pensar que don Jorge consideraría esta posibilidad como inconveniente, si es que ponemos a la par su propuesta (A) - que él llama el escenario “más mejor”-, en comparación con la (B), que considera como el escenario “más peor”.  Como que implícitamente le preocupa el aumento de los impuestos. ¿Qué de especial tiene el que sea un 50% de reducción del gasto y un 50% de aumento de los impuestos? Para empezar, ¿qué hacer con el que tiene un descenso en el pago que recibe del estado y a la vez un aumento del 50% en los impuestos, en comparación con alguien que no recibe un descenso en el pago que recibe del estado y no aumentan en nada los impuestos?  ¿Cómo los compara? 

Tal vez lo único destacado de una idea de mitad y mitad es la filosóficamente expuesta del justo medio, pero creo que en esto no aplica. Lo útil que debemos tomar en cuenta es el efecto que tienen las diversas propuestas sobre los ingresos, el consumo, la inversión y el empleo de la economía privada; esto es, en la economía de los ciudadanos. Me parece que una pretensión de que la solución al problema pase por una mitad de aumento de impuestos y una mitad de reducción el gasto gubernamental, no es más que un oportunismo inconveniente, al hacer equivalentes  en cuanto a su conveniencia moral a una conveniente reducción del gasto gubernamental con un oneroso aumento de los impuestos a las personas. Estoy casi seguro de que don Jorge no tiene en mente una propuesta de aumentar los impuestos y bajar el gasto en esas proporciones.  Pero tal vez alguien por allí la puede imaginar así.

Para justificar mi preferencia, voy a tratar de hacer un ejercicio simple usando los escenarios propuestos por don Jorge Guardia.  Recordemos, el (A), que llama “el más mejor”, en donde hay una reducción del gasto (-G) y un aumento de los impuestos (+I).  El (B), que denomina “el más peor”, en el cual no cambia el gasto (=G) y aumentan los impuestos (+I) y el (C), que nombra “el más probable”’, caracterizado porque no cambia el gasto (=G) y no aumentan los impuestos (=I).  Por otra parte, está mi propuesta (D), en donde se reduce el gasto (-G) y no aumentan los impuestos (=I).

Si comparamos el escenario (A) con el (B), podemos observar que, para don Jorge, la diferencia entre “el más mejor” y “el más peor” está dada en que, en tanto que el gasto se reduce en el primero (-G), en el segundo queda igual (=G), y en ambos aumentan los impuestos (+I); o sea, lo que hace la diferencia entre lo mejor y lo más malo es que en el primero (A) se reduce el gasto y no así en el segundo. Esto es, para don Jorge, su preferencia por (A) ante (B), radica en que recortar el gasto es preferible a mantenerlo como está en la actualidad.

Si comparamos el escenario (C), “el más probable”, con “el más peor” (B), podemos observar que, para don Jorge, la diferencia está en que en el escenario (B), “el más peor”, aumentan los impuestos (+I), en tanto que en “el más probable” los impuestos no aumentan (=I), si bien el gasto permanece igual en ambos casos. O sea, la diferencia entre el probable y el más malo para definir su preferencia está dada porque en el segundo los impuestos se elevan (+I), no así los gastos que permanecen iguales en ambos escenarios. Así, para don Jorge, su preferencia por (C) ante (B) yace en que los impuestos en el primer caso se mantienen, mientras que en el segundo aumentan; es preferible para él el que los impuestos se mantengan, a que se aumenten, dado que en ambos casos el gasto permanece igual.

Dado lo anterior, comparativamente el factor reducción del gasto (-G) es algo deseable, en tanto que el factor aumento del impuesto (+I) es lo que permite considerar a un escenario comparativamente indeseable.
Ya tenemos la comparación de (A) y (B), en donde, de acuerdo con las preferencias de don Jorge, (A) resulta ser preferido a (B).  A la vez, al compararse el escenario (C) con el (B), de acuerdo con don Jorge, (C) es preferido a (B).  Ahora bien, dado el calificativo de “el más mejor” de (A), uno esperaría entonces, que (A) fuera preferido a (C).

Pero ¿qué resulta de comparar el escenario (A), “el más mejor”, con el escenario (C), “el más probable”? Vamos por partes: de la comparación que hace don Jorge entre el escenario (A) y (B), su preferencia para escoger (A) se basa en que en éste el gasto se reduce en comparación con el caso (B), en el cual se mantiene el gasto previo.  A su vez, en los escenarios (A) y (B), en ambos, los impuestos aumentan en las dos alternativas. Por tanto, la preferencia de don Jorge por (A) cuando se le compara con (B) está estrictamente definida por el cambio en el gasto, dado que los impuestos son iguales.  Esto es, se prefiera a (A) porque se reduce el gasto, en tanto que en (B) este se conserva igual. En mi notación, la primera comparación entre (A) y (B) don Jorge la ha de haber escogido porque es preferible recortar el gasto que mantenerlo.

A su vez, a partir de la comparación que don Jorge hace entre el escenario (B) y (C), su preferencia para escoger (C) se basa en que en éste los impuestos se mantienen, en tanto que en (B)  los impuestos aumentan, dado que tanto en (C) como en (B), se mantiene el gasto previo.  Dado que en (B) y en (C) se mantiene el gasto, la preferencia escogida se sustenta en que es preferible mantener los impuestos, como sucede en el escenario (C), a aumentarlos, como sucede en el escenario (B). Esto es,  en mi notación, la segunda comparación entre (C) y (B) don Jorge la ha de haber escogido porque es preferible mantener los impuestos que aumentarlos.

Si llevamos estos dos resultados (esto es, primero, que es preferible recortar el gasto que mantenerlo y, segundo, que es preferible mantener los impuestos a aumentarlos), a la comparación entre la propuesta del escenario que don Jorge llama más mejor -la (A)- con la mía, la (D), en donde la diferencia está dada porque en la de don Jorge -la (A)- se reduce el gasto y se aumentan los impuestos, mientras que en la mía –la (D) se reduce el gasto y se mantienen los impuestos, se puede concluir que (D) es preferible a (A), dado que ambas opciones tienen una disminución del gasto (-G), en tanto que en (D) se tiene que los impuestos se mantienen, mientras que en (A) aumentan. Pero ya habíamos visto que, en la comparación de las opciones de don Jorge entre (A) y (B), la “más mejor” y la “más peor”, escogió (A) sobre (B) porque recortar el gasto en (A), era preferida a mantener el gasto en (B). Asimismo, que en la comparación de las opciones de don Jorge entre (C) -la de mantener el statu quo- y la (B) -la de aumentar los impuestos- él escoge como preferida a (C) ante (B), porque mantener los impuestos era una opción preferida a aumentarlos. Por lo tanto, (D) debería de ser preferida a (A), dado que en (D) se mantiene los impuestos que era preferido a (A), en donde se aumentaban los impuestos.

Don Jorge cree es que lo crucial en todo este análisis es la rebaja en el gasto, no tanto como el aumento en los impuestos. Pero extrañamente no plantea el escenario (D) entre sus opciones.  Pero, como dice él en su comentario citado, su respuesta no es la convencional, sino basado en “evidencia empírica”, esos resultados convencionales no necesariamente deben ser así, sino que depende de la composición y magnitud del ajuste fiscal, lo cual no sume en serios problemas de determinar las composiciones y magnitudes óptimas de ajuste, que creo que nos introduce en honduras no fácilmente determinables. La consideración de aumentar los impuestos, como la que hace don Jorge en su escenario (A) surge, como bien lo explicó Friedman, con la inclinación errada de evitar el déficit mediante el aumento de los impuestos y no de la limitación a la demanda de recursos que hace el estado; mejor conocida como gasto público.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de enero de 2016

Tema polémico: el 2016 no pinta bien

Inicia un nuevo año con la esperanza de que las cosas sean mejores que el anterior, que las dificultades, sobresaltos y ocurrencias sean cosas del pasado y que en su lugar se imponga la sensatez, la libertad y la seriedad. Sin embargo, estamos en Costa Rica y durante un gobierno del PAC, por lo que el panorama no es halagador. Si los primeros 12 días del mes de enero tradicionalmente reflejan las pintas climatológicas del año, también ofrecen una pincelada de lo que nos espera con la Administración Solís Rivera: más impuestos, más improvisación, más despilfarro, más protección a los privilegios sindicales y, en general, más de lo mismo.

Sin duda, la principal amenaza que se cierne sobre las cabezas -o mejor dicho, los bolsillos- de los costarricenses es la testaruda intención del Ejecutivo de continuar impulsando un paquete de impuestos. El argumento es el de siempre -que tenemos una carga impositiva muy baja y que si queremos servicios de primera debemos pagar más impuestos-, pero la evidencia, como en otras ocasiones, derriba de un palmazo el planteamiento oficialista. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo que difícilmente pueda considerarse afín al sector empresarial o a la filosofía liberal, indicó que su informe "Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe 2015" que Costa Rica tiene una carga tributaria del 22.4%, ligeramente mayor al promedio de América Latina y el Caribe (21.3%). Esto nos ubica como la quinta nación con mayor carga impositiva en la región, solo por detrás de Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay y muy por encima de naciones con crecimientos más pujantes que el nuestro, como lo son Chile, Colombia y Perú, que sí han entendido que la clave del éxito pasa por un sistema tributario más sencillo, con tasas más bajas que promuevan la generación de riqueza. 

Sin embargo, como en gobiernos anteriores, el Ejecutivo continúa poniendo todo su empeño en la reciclada propuesta de reforma fiscal: convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y subir su tasa, aumentar el impuesto sobre la renta e incrementar el impuesto selectivo de consumo, todo esto sin revisar la estructura de los gastos, que es donde realmente descansa el problema del déficit fiscal. En ASOJOD lo hemos dicho hasta la saciedad: de nada sirve subir impuestos si no se reduce el gasto, pues equivaldría a intentar llenar de agua un barril lleno de agujeros. 

A pesar que la oposición ha sido enfática en manifestar su oposición a la propuesta y ha exigido que se ponga sobre la mesa de discusión el gasto público -especialmente las remuneraciones, que crecen exponencialmente-, la respuesta de la Administración Solís Rivera es un no tajante, con lo que pone en evidencia su cercanía al sector sindical, que ha hecho durante este año y medio lo que ha querido. 

 Hay que agregar a lo anterior que para este 2016 todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible entrada del país a la Alianza del Pacífico. La postergación de la misma hace pensar que la respuesta será también negativa y con ello se esfuma la posibilidad de incursionar en un mercado que, indudablemente, traería enormes beneficios a productores y consumidores costarricenses. 

Por si fuera poco, preocupan otros temas de suma importancia para la competividad del sector productivo como lo son el pobre estado de la infraestructura pública, la nula discusión sobre la reforma energética -con la presumible sequía que sufriremos este año merced a las pocas precipitaciones del año anterior-, el ICE y la CCSS despilfarrando recursos en proyectos fracasados y comprometiendo sus finanzas, al tiempo que exigen rescate económico y, si eso no fuera suficiente, se viene un proceso para elegir alcaldes, regidores y síndicos, donde el Frente Amplio parece tener una fuerza considerable, especialmente en zonas costeras, donde, de ganar, paralizaría cualquier desarrollo en cantones que están urgidos de fuentes de empleo y generación de riqueza.


Como ven, las perspectivas no son las mejores para este nuevo año. No es que seamos pesimistas, mas no podemos negar la realidad, aunque todavía guardamos un poquito de esperanza para sobrellevar este 2016 que se nos viene encima. Por el bien de todos nosotros, ojalá fallemos en las pintas de este año.