martes, 23 de febrero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: botando la plata escasa

Debo señalar que he apreciado la labor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en un grado relativamente alto.  No sé si ello es producto de una evaluación racional o el resultado de un amor oculto por la enseñanza liberadora del hombre, pues gran parte de mi vida la he pasado cerca del aula.

Por ello, de cierta manera me dolió lo que informa el periódico La Nación, en su edición del 12 de octubre pasado, en un comentario titulado “INA invirtió ₡400 millones en fallido plan aeroespacial: Según Auditoría, idea para capacitar en alta tecnología nunca tuvo sustento técnico.” Y me duele, tal vez no tanto por el monto, que en la danza de millones que uno observa a nuestro alrededor, 400 millones no son nada, como diría cualquier tango actual. Me duele por lo que expresa el subtítulo: “idea para capacitar en alta tecnología nunca tuvo sustento técnico.”

Leía, no hace mucho, el Informe Acerca de la Competitividad Global del 2015-2016 publicado por el Foro Económico Mundial, que en dos calificaciones en los llamados pilares “Alerta Tecnológica” e “Innovación”, el país obtenía un relativamente buen puntaje: lugar 49 entre 140 naciones en lo primero y de 39 entre 140 países en lo segundo. (Recuerde que en esa clasificación entre más bajo el lugar, es mejor).  Por ello, uno podría estar satisfecho con el adelanto competitivo que nuestro país tiene en esas áreas o pilares.

De aquí que a uno le duela que el INA haya fallado en desarrollar un plan educativo aeroespacial, del cual, tal vez, podría esperarse que derivara un impulso tecnológico y de innovación en el país. Sin embargo, la clave está en el “tal vez” de la frase inmediata anterior: el problema no era tanto el de ver si había posibilidades de elevar la calidad tecnológica del país, sino en evaluar si la nación requería -si había demanda actual insatisfecha o potencial- de trabajadores especializados en dichas áreas.  Esto es, antes de invertir tiempo, recursos, esfuerzos, para dar capacitación en tecnología aeroespacial, se debería de haber estudiado no sólo si era viable un programa en tal sentido, incluso en cuanto a la ubicación correcta, sino también acerca de si habría demanda por sus egresados, tales que entonces se ameritara llevar a cabo ese proyecto específico, a la luz de otras opciones de inversiones en educación en otras áreas de alta tecnología.

Señala el diario que el INA “pagó terreno, planos y diseños de edificio sin tener estudios.” El proyecto denominado Centro de Alta Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial (CATEAA) no dio resultado, tal como lo señala un informe de su Auditoría entregado a la Junta Directiva del INA el 28 de mayo del 2013. En él se indica que “en el caso CATEAA desde 2009 se dijo contar con amplia fundamentación técnica y jurídica… sin tener tales fundamentos, podría considerarse que eventualmente se está en presencia de despilfarro de recursos públicos.” A mediados del 2013, el INA suspendió el proyecto CATEAA, pero está pendiente una explicación de las autoridades de entonces y de ahora acerca de las responsabilidades. Hay que señalar que dicho proyecto se estimó que requeriría unos ₡22.500 millones en inversión, sobre todo de gastos de planilla de profesores, pero sólo se llegaron a gastar ₡280 millones en la adquisición de un lote en el campus La Flor de la Universidad Earth en Liberia; ₡130 millones en estudios, planos y diseños del edificio especializado en alta tecnología y ₡6 millones de una misión del INA en el 2011 a México y Estados Unidos para observar centros parecidos.

Lo que uno pregunta es ¿y ahora qué?  ¿Nos darán las explicaciones del caso las autoridades del INA de aquel entonces y de la actualidad?  Esto es relevante en estos momentos, cuando en la Asamblea Legislativa avanza -afortunadamente- el proyecto para que el país cuente con el programa llamado de Educación Dual, y en el cual en una subcomisión legislativa “se acordó que la modalidad dual sea impartida por el Instituto Nacional de Aprendizaje o instituciones para-universitarias…” y con fondos provenientes de lo que el Estado destina a la educación. Así ya no serán los colegios técnicos los que brinden esa modalidad de educación. Ojalá que no estemos creando otro pequeño monstruo estatal, con esa exigencia de que sea sólo en el INA o instituciones para-universitarias en donde se brinde el programa, porque a veces las cosas dan la impresión de que en el país no es posible hacer algo si el estado no está de por medio e incluso con prominencia. También determinaros los diputados de que ese proyecto sea parte de “la responsabilidad social de las empresas”, para que puedan participar en el programa.  O sea, ya se mete la palabra “social’ en el camino, tan sólo como para decorar el hecho de que va en el interés de las empresas, que así lo quieran, de invertir en mano de obra que muy posiblemente llegarán a utilizar. La responsabilidad de la empresa es producir competitivamente para satisfacer de la mejor manera a los consumidores y, para ello, requiere de mano de obra bien calificada y que le sea rentable y por ello está dispuesta a invertir en la formación y preparación interna de la fuerza de trabajo que requiere.

 Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de febrero de 2016

Tema Polémico: Separación de Poderes

La semana anterior, fue la muerte del Juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América Antonin Scalia, siendo su funeral justo éste sábado pasado. Scalia era el juez conservador más prominente de la Corte, por lo que el proceso de elección del nuevo miembro del alto Tribunal puede implicar un cambio radical en el balance de poder a lo interno de la Cámara. Ello, ha llevado a toda una discusión respecto a la conveniencia política o no de que tanto Obama proponga a su sucesor, como a que el Senado lo acepte o no. Dada esta situación algunos candidatos electorales como Ted Cruz han sugerido que el proceso electoral debe convertirse en un verdadero referéndum respecto al futuro de la Corte.

Un tema que nos parece interesante rescatar en este pequeño comentario, es la filosofía jurídica de Scalia. El juez creía que la Constitución no era un documento vivo, y que por lo tanto debía de ser interpretada a la luz del significado mismo del texto al momento de su creación. Lo contrario, según su visión implicaría un secuestro del proceso democrático al ser nueve jueces no electos quienes vía “interpretación” realmente estarían modificando la Constitución, con la evidente ruptura a la división de poderes que ello implicaría.


Más allá de que se esté de acuerdo o no con esta propuesta, nos parece importante rescatar la idea latente sobre la cual ella se funda: el activismo judicial de los jueces. Desafortunadamente, rara vez en nuestro país salvo ciertas resoluciones de la Sala Constitucional, este tema suele ser abordado. Creemos que es notorio que cada vez más el Poder Judicial adquiere mayor relevancia y poder como actor en la toma de decisiones, de ahí la necesidad de estar siempre atentos para que en sus resoluciones no nos metan gato político por liebre jurídica…

martes, 16 de febrero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la privatización de las vías públicas

Tal vez privatización no sea la palabra más adecuada, sino más bien “usurpación”,  pero le dejo a cada uno de ustedes que emplee el término que desee; el hecho es que se ha venido observando un fenómeno creciente de apropiación de las vías públicas para el estacionamiento de taxis. 
 
No disputo que el estado -preferiblemente el gobierno local- tiene una tarea esencial en cuanto al ordenamiento del tránsito en las vías públicas; tarea que podría incluir que haya sitios adecuados para que los taxis esperen allí a sus clientes, pero no que llegue al grado de abuso que ahora uno observa.
De aquí que considero oportuno el comentario de La Nación del 28 de setiembre, titulado “Taxistas convierten calles y aceras en paradas ilegales: Infractores justifican invasión de espacios para buscar clientes.”

Gran cosa que el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Mario Zárate, reconozca el problema y que, de inmediato, nos indique que “la escasez de oficiales de tránsito para combatir a los infractores” ha de ser la causa del contratiempo o, al menos, que su inopia impida una solución adecuada.  Incluso señala que “al día de hoy, los taxistas se parquean donde no deben si no hay presencia de policías.” Es probable que el señor sólo observa el impedimento en el “casco central”, pero el problema ya se presenta en toda la ciudad. Pero, según nos informa La Nación, tan sólo “en el centro de San José hay 47 paradas avaladas para los taxis.” ¿Y las no avaladas?  ¿Y las que no están en el centro de San José?  Sabemos que en conjunto todas llegan a una cantidad significativa, pues hemos podido observar como pululan en todo lado.

El asunto es que, sean cuantas sean las paradas autorizadas, lo que uno ve va mucho más allá de unas “paradas”.  Es cómo evolucionan; cómo crecen; cómo se desarrollan. Simplemente lo que empieza como una parada, de tal vez media cuadra o una cuadra, pronto hace metástasis hacia calles contiguas, por lo que, de hecho, los taxistas se van apoderando de una extensión significativa de calles públicas.  

Prefiero no indicar el sitio exacto de uno de ellos, pero lo narraré.  En cierta parte de Montes de Oca, se le dio primero permiso a unos cuantos taxis para que se estacionaran frente a una iglesia. Pronto coparon para sí toda la cuadra, incluso bloqueando la entrada al templo por donde trasladan a los fallecidos para sus exequias.  Por dicha, ese paso ya no lo bloquean más, no sé si por obra y gracia del espíritu santo. Pero, con el paso del tiempo, han continuado su expansión -especialmente para estacionarse durante ciertas horas cuando no andan movilizando clientes- llegando a asentarse en una cuadra y media más, a ambos lados de las calles. 

Vean algo asombroso que me consta: como en dichas calles hay casas de habitación desde hace muchos años, en donde muchas familias poseen un carro que en ocasiones lo dejan frente a sus casas (en todo su derecho), he visto como muchos taxistas practican lo que llamo la estratagema del encierro: esto es, al dueño del vehículo privado, le pegan, bien pegado, búmper contra búmper, un taxi por delante de su carro y otro taxi igualmente por detrás y, en el lado de la calle; esto es, casi llegando a media calle, le colocan otro taxi, de manera que el vehículo de la familia queda enjaulado, sin poder moverse. El carro familiar no puede salir sino hasta que no les dé la gana a los carceleros del vecindario o que, arrepentido, el dueño de la casa no vuelva a dejar al taxi al frente una vez que aprendió la lección. E incluso, si en su casas lo vecinos tienen un garaje, muchas veces simplemente le parquean el taxi frente a la salida. 

Uno entiende a los taxistas, como cuando le dicen a La Nación que “honestamente, me paro frente al centro comercial (de Desamparados) porque salen muchos servicios,” pero eso no les da el derecho para que se estacionen adonde no tienen el campo asignado. También, por ejemplo, uno observa en la Plaza del Sol, como, para estacionarse en una larga fila, toman la bahía para los buses claramente señalada (y a veces se estacionan incomodando la entrada al parqueo de ese centro comercial). Y no se diga a los alrededores de las paradas terminales de buses: cualquiera de ustedes lo puede comprobar con sus propios ojos.  Por ello, un taxista entrevistado es capaz de decirle al medio periodístico de forma conminatoria, que ¿por qué [los usuarios] no van a buscar a un montón de piratas que andan ahí en las calles haciendo loco? O sea, si no les gusta, pues ¡jalen! 

No es que no haya multas para los taxis que se estacionan en zonas no aprobadas, dado que es de alrededor de ₡51.000, sino en que ciertamente no hay autoridades que las pongan (¿por qué será?), pero un avance podría ser el que las autoridades municipales, que son las que presuntamente otorgan los permisos para estacionarse en ciertas vías de la localidad, adviertan que sus policías también están autorizados para poner tales multas. Actuando así tal vez protegerían a los vecinos de los abusos descritos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de febrero de 2016

Tema polémico: conclusiones del proceso electoral municipal 2016

Hace una semana, los costarricenses fuimos convocados para elegir a Alcaldes, Regidores, Síndicos y Consejales de Distrito para cada uno de los 81 cantones y 8 intendencias. Una vez que hemos tenido los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), podemos comenzar a sacar algunas conclusiones relevantes.

En primer lugar, el abstencionismo sigue siendo muy alto. Aunque el TSE  realizó una intensa campaña para motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, lo cierto es que el porcentaje de personas que no votó fue superior, por mucho, a cualquier opción política. Sin duda, esta es una gran herida que sufre la ya de por sí debilitada democracia costarricense, pues aunque el abstencionismo ha disminuido según datos del TSE de 77% en las elecciones municipales de 2002 a 76% en las del 2006, el mismo porcentaje en las de 2010 hasta alcansar cerca del 65% en las de esta ocasión, lo cierto es que todavía estamos en niveles preocupantes. 

Gran porción del electorado sigue prefiriendo quedarse en casa o salir a pasear en lugar de apersonarse a las urnas, sea porque está disconforme con la oferta política o porque simplemente no ha interiorizado la importancia del sufragio, lo cual se evidencia en la continua caída del apoyo a la democracia en nuestro país que, de acuerdo con el estudio Latinobarómetro, ha caído en 27 puntos en el periodo 1996-2013. Esta situación enciende las luces de alarma, pues cuando la gente deja de valorar el sistema democrático, se fortalecen opciones que, por lo general, terminan en grandes atropellos a las libertades y derechos individuales. 

En segundo lugar, es claro que el Partido Liberación Nacional (PLN) recobró fuerzas. En esta ocasión, aproximadamente el 32% de los votantes prefirió a esta agrupación sobre cual otra, pese a que en 2014 sufrió una aparatosa derrota en las elecciones nacionales, lo que podría indicarnos que consiguió reponerse del fracaso gracias a la pésima gestión del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Poder Ejecutivo, que sin duda llevó a los electores a considerar que la oferta de "cambio" que presentó Luis Guillermo Solís ha resultado peor que aquello a lo que prometía combatir. 

No obstante, aunque es claro que 68% de los sufragantes no apoya a este partido, ese repudio no ha alcanzado fuerza tal como para motivar a las personas a darle un considerable y sostenible castigo político por las pésimas administraciones y los constantes escándalos de presuntos actos de corrupción cometidos por representantes de esa agrupación política. En este esenario, también resulta posible afirmar que los números no le auguran a los verdiblancos una empresa fácil. Las elecciones nacionales del 2018 requerirán, como mínimo, un 40% de los votos válidos para obtener la Presidencia y atomización de partidos políticos y consecuentes apoyos electorales no son precisamente elementos que le faciliten la tarea. 

En tercer lugar tenemos la pérdida de apoyos para partidos que parecían, en su momento, ser opciones para un cambio del statu quo. Hablamos del Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y del Movimiento Libertario, cuyos resultados sugieren que su oportunidad para hacer las cosas diferentes comienza a esfumarse. En el caso del primero, ganar la Presidencia ha sido lo peor que le pudo pasar, pues demostró que no tenía el equipo ni la capacidad para cumplir las promesas de campaña y difícilmente logre contar con el apoyo y la confianza de los costarricenses en el futuro. Por su parte, los frenteamplistas, que pintaban como una fuerza en franco crecimiento -que le llevó a obtener 9 escaños en la Asamblea Legislativa en 2014- y tenían altas expectativas de alcanzar alcaldías en muchos cantones, terminaron siendo, por suerte, una gran decepción. A excepción de los barveños, los demás municipios sin duda celebrarán no ser víctima de la parálisis y la perversión comunista. Finalmente, el Movimiento Libertario confirmó lo que se sabía desde el pasado proceso electoral: su muerte. Los escándalos de corrupción en los que han estado ligados, en apariencia, miembros de ese partido así como el pésimo desempeño de la mayoría de los Diputados del periodo 2010-2014 y la todavía peor escogencia de candidatos para el 2014 en la mayoría de provincias, junto con la desgastada presencia de Otto Guevara, cuya credibilidad ha caído en picada, demuestran que la libertad se ha quedado sin casa definitivamente y deberá buscar otra bandera que la represente.

Como cuarta conclusión vale destacar el caso del Partido Nueva Generación. Pasó de ser una agrupación completamente desconocida, con una organización artesanal y sin recursos considerables, a convertirse en la sorpresa de este proceso. Obtuvo 4 alcaldías, decenas de regidores y parece que si sus líderes manejan bien las cosas, podría erigirse como una opción interesante a futuro. Su reto sin duda es motivar a la gente que no ha participado antes en política u ocupado puestos de poder en anteriores periodos a dejar la desidia a un lado y meterse de lleno en la política y en lo político. Asimismo, debe cuidar que en su intento de crecimiento, los valores originales no se prostituyan y evitar que figuras cuestionadas de otros partidos lo utilicen como refugio electoral, pasándole por encima a las personas que han estado desde el principio y no tienen "rabo que le majen", al tiempo que desencante a los electores al ver que son los mismos de siempre pero con otros colores. 

Finalmente queremos cerrar con el atípico caso de Johnny Araya. El político josefino, que parecía acabado después del fracaso electoral de 2014 con el PLN y con renuncia incluida, dio una gran sorpresa en el cantón central de nuestra capital. Nadie daba un centavo por él y terminó aplastando a sus competidores, lo que refleja la fuerza que mantiene su nombre entre los votantes de ese lugar, a pesar del desorden y de la basura que han infestado a la ciudad. Lamentablemente, cuando la gente no quiere cambiar, ni los desastres que caracterizan a San José los pueden hacer entrar en razón.

En fin, queda mucha tela por cortar y mucha discusión que dar, pero no pretendemos zanjar el debate acá. El tiempo nos dirá qué más se puede sacar de lo que vivimos hace una  semana.

martes, 9 de febrero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: algún día tendremos un nuevo aeropuerto

No parece que exista aprensión alguna entre los ciudadanos para que se planee la construcción de un nuevo aeropuerto que llegue a substituir al Juan Santamaría (me gusta más el viejo nombre de El Coco).  Hay dos cosas evidentes para considerarlo casi como indispensable con el transcurso de los años.  Por una parte, nuestro principal aeropuerto actual pronto estará muy rodeado de un desarrollo urbano que constituye una limitante a su expansión y, por la otra, porque la tecnología de la aviación ha evolucionado fuertemente hacia el desarrollo de aeronaves llamados de cuerpo ancho, y nuestro aeropuerto no está básicamente diseñado para ello.  De hecho, en el artículo de La Nación del 7 de setiembre, titulado “Construcción de aeropuerto en Orotina sufre nuevo traspié: Escogencia de terreno se atrasará 15 meses más,” se indica que “Actualmente, el Santamaría sólo tiene capacidad para recibir una sola aeronave de ese tamaño: el Airbus 340 de Iberia, para 250 pasajeros, que vuela a diario a Madrid.”

Es cierto que construir un aeropuerto no es cosa de un día para otro, sino que suele ser usual que pasen muchos años desde el inicio de la idea a su terminación. Por ejemplo, en el caso de aeropuerto de Orotina se estimó que estaría concluido hasta en el 2025, si bien ni siquiera me acuerdo de las fechas en que, por primera vez, se habló de la necesidad de tener dicho aeropuerto.  En todo caso, se había previsto (me imagino que por las autoridades del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)), que “en enero de 2014…se escogerían los terrenos y la apertura de la obra sería en el 2025”, de acuerdo con una pregunta que le formuló aquel diario a Eduardo Montero, actual vicepresidente del CETAC.

Lo lamentable es que ahora, en vez haberse ya elegido el terreno en enero del 2014, las nuevas autoridades de esa entidad han señalado que “la decisión no se tomará hasta finales del 2016.” Su argumento es que la responsabilidad de la decisión de posponerla fue tomada por la junta directiva administradora previa, hecho que hace que, por lo tanto, la fecha estimada del inicio de operaciones al público del nuevo aeropuerto sea el 2026, en vez del 2025. Cruzo los dedos para que no termine pasando como tantas obras que en nuestro país se han empezado en cierto momento y “nunca” se terminan, como son el caso de la ampliación de la avenida segunda en San José o la nueva carretera a San Carlos: averigüen ustedes cuándo fue que se iniciaron.

Lo triste es que, para el país, este atraso es un claro desperdicio de tiempo -36 meses- transcurrido entre la fecha en que se “anunció la intención de elegir una propiedad para el proyecto” y el momento en que ello efectivamente se hará.  Este atraso se refleja en una demora de 15 meses de aquella fecha en que estimó estaría terminado el aeropuerto en el año 2025.

Soy muy consciente de que hay cierto tipo de proyectos que requieren de un tiempo extenso desde que se concibe la idea hasta que esté a la disposición de los ciudadanos, pero esa es una fuerte razón por la cual hay que ser expeditos desde el principio, sin que se pierda un tiempo valioso.

Asimismo, en dicho artículo se indica que el análisis para escoger el terreno definitivo en que se construiría el aeropuerto costará $1 millón y que será financiado mediante una donación de la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), un organismo constituido por los diferentes países del área y que básicamente obtiene sus recursos provenientes de cobros a los clientes, por sus servicios a la aviación civil en la región.

Dicho estudio que financiaría COCESNA también “buscará espacios en Limón y San Carlos para construir aeródromos regionales”.  Esto parece ser apropiado dentro de los planes de crecimiento de la demanda de servicios, pero tengo muy presente cuando en cierto momento en nuestro cotarro se hizo mucho barullo acerca de tener un aeropuerto moderno regional en la Zona Sur, constituyéndose en el medio “indispensable” para lograr un mayor desarrollo de la región principalmente a través del turismo.  Ahora esta posibilidad no aparece para nada en esta programación de nuevos aeropuertos en el país.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 8 de febrero de 2016

Tema Polémico: hacia una cultura de la innovación

En su libro, ¡Crear o morir! Andrés Oppenheimer describe a los países latinoamericanos como enormes reservas de talento, con poblaciones con gran potencial creativo e innovador, que sin embargo, no está trascendiendo ni se traduce  con la velocidad necesaria en crecimiento de la economía ni reducción de la pobreza.

Resulta paradójico que aunque tengamos a la generación más preparada y educada de nuestra historia, esta cultura y creatividad no se transforme en muchos emprendimientos dinámicos y negocios lucrativos, al ritmo que otras economías en desarrollo lo están haciendo. Algo falta en la ecuación latinoamericana del desarrollo.

La respuesta es la pobre cultura de la innovación y el débil espíritu emprendedor de nuestra población. 

No nos debemos confundir. Aunque en América Latina, y particularmente en Costa Rica, el grueso del parque empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría de estos emprendedores han tomado el riesgo y han decidido emprender más como una vía de escape ante la falta de oportunidades laborales, que como una oportunidad de negocios basado en el deseo de innovar y crear valor.


En Costa Rica, la Encuesta Nacional de Hogares Productores (Enhopro) del 2014 señalaba que si bien en el país existen cerca de 340 mil emprendedores, 63,2% de ellos tuvo razones de necesidad para iniciar su propia empresa. 

Estamos hablando de dos paradigmas muy diferentes entre los emprendimientos dinámicos o transformadores que tienen un impacto considerable sobre la capacidad de generar empleo y aumentos en la productividad, y quienes emprenden porque no tienen otra opción para vivir.

No se trata de restar el mérito de quienes inician una empresa para encontrar una forma de vida, pero la apuesta debe ser por aquellos emprendedores creativos que generan alto valor agregado a la economía. La clave está en crear una cultura que estimule la innovación productiva, dándole significancia y un protagonismo mucho mayor al emprendedor capaz de visualizar nuevas demandas y encontrar aplicaciones de mercado a nuevas tecnologías.

Y es que para que una economía crezca se debe mejorar el clima de negocios y los factores clave de la competitividad, la calidad de la educación y exportar productos de mayor valor agregado, pero para que esto suceda, necesitamos antes mejorar la percepción que nuestras sociedades tienen sobre el emprendedurismo. Siguiendo a Oppenheimer, nuestro país debe aprender a estimular y glorificar al emprendedor y al innovador.

¿Cómo podríamos tener al próximo Steve Jobs o al siguiente Elon Musk, cuando en nuestra sociedad se glorifica al futbolista, la modelo o el cantante, mientras se desconoce al innovador?

La promoción de una cultura de la innovación y el emprendedurismo, que genere un clima colectivo a favor de la creatividad y elogie a los innovadores es el paso previo, que desafortunadamente nos hemos dado, para ascender en la escalera del desarrollo hacia una economía basada en el conocimiento.

Oppenheimer nos recuerda que “de poco sirven los estímulos gubernamentales, ni la producción masiva de ingenieros, ni mucho menos los parques tecnológicos, sin una cultura de la innovación”. Alentar una cultura que convierta al innovador en un héroe es la clave para mejorar o reafirmar las percepciones acerca de nuestras propias capacidades como sociedad.

En julio del año pasado El Financiero mostraba los datos de una encuesta según la cual la mayoría de los jóvenes costarricenses aspiran a ser empleados públicos. Nada peor para una economía que necesita de jóvenes con deseos de emprender.


Esto refleja la imperiosa necesidad de promover una cultura que no penalice el fracaso, que interiorice la capacidad de tolerar el riesgo, que promueva jóvenes motivados para enfrentar dificultades, resolver problemas y trazarse objetivos ambiciosos. Como país necesitamos dar pasos concretos para promover una cultura de la innovación.

martes, 2 de febrero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar a la fuerza

Autoridades estatales harán un tercer esfuerzo por obligar aún más a los costarricenses a que ahorren a la fuerza, algo que ya hoy también compulsivamente se ven obligados a hacer. Parece que a esos funcionarios no les parece suficiente con que el ahorro sea forzado a estar congelado por cinco años, como sucede en la actualidad, para convertirlo en un ahorro eterno, excepto cuando la persona se pensiona o pierde el trabajo. Esto es, se pretende convertir aquel ahorro en un fondo para cuando se pierda el empleo o cuando se deja de trabajar para pensionarse. ¿Verdad que suena muy bonito? Pero analicemos el tema con mayor profundidad.

Costa Rica es una nación en donde el ahorro bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, anda por allí de un 16.7%, de acuerdo con datos para el 2014 de Economy Watch, provenientes del Fondo Monetario Internacional.  Puede pensarse conveniente aumentar dicho porcentaje de ahorro  y que se dirija a la inversión. Aquella cifra contrasta con el 32.6% en lo que se denomina “economías emergentes y en desarrollo” y con el 25.2% mundial. Incluso es un porcentaje inferior al de las economías avanzadas (un 20.4%), al del grupo de naciones llamado G7 (con un 18.8%) y al de los Estados Unidos y el del Hemisferio Occidental (ambos con una tasa de 17.3%). Y no se diga con respecto a China, que ahorra un 49.5% de su Producto Interno Bruto.

Comparativamente con Centroamérica no estamos tan mal (Nicaragua, 7.7%; El Salvador, 8.3%; Guatemala, 12.2% y Honduras, 16.8%; no así comparado con el 19% de Panamá), pero a veces algunos piensan que la solución a nuestro ahorro posiblemente bajo, como porcentaje del PIB, radica en obligar a los ciudadanos del país a que ahorren, tal como ahora lo hacen con su propuesta para transformar al ahorro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)  en algo permanente. La razón que se alega para dicha proposición es que los ciudadanos retiran, muchos de ellos, sus ahorros cuando vence el plazo de ley de cinco años. Creen que se debe reforzar la naturaleza obligatoria actual del ahorro de los trabajadores. Yo me permito diferir de la propuesta por varias razones.

La primera es que me cuestiono si es una virtud que el ahorro se logre forjar compulsiva y no voluntariamente.  Tal presunción asume una sabiduría del gobernante por encima de la capacidad de la persona, en cuanto a lo que debe de hacer con sus ingresos.  La mejor prueba de la preferencia revelada de los ciudadanos es que retiran una parte significativa de esos ahorros cuando se da el vencimiento a los cinco años. Puede deberse a algo que, ridiculizando tal conducta, señala el actual director de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), señor Álvaro Ramos, cuando dice que “Digamos que la persona retira el FCL, que es su derecho, va y se compra una pantalla plana y al mes lo despiden y ya no tiene ningún ahorro. Esa es la parte que nos incomoda en la SUPEN.” Tal manifestación aparece en un comentario de La Nación del 12 de diciembre, bajo el título “SUPEN plantea anular el retiro de dinero cada 5 años del FCL: Fondo de Capitalización Laboral solo se podrá sacar cuando el trabajador renuncie o sea despedido.” 

Si la persona elige pedir sus ahorros para consumirlos y no para invertirlos, lo hace porque así lo prefiere. Pero el burócrata lo que ahora pretende es exigirle que lo ahorre, independientemente de la preferencia de los legítimos dueños de esos fondos. Ni siquiera cuando ellos piensan invertirlos en algo productivo (no ya gastarlos en la icónica “pantalla plana””, que tal vez sólo debería ser adquirida por los ricos, en criterio del señor de la SUPEN). La prohibición que busca la burocracia es que las personas ahora tampoco puedan solicitar sus ahorros para realizar una inversión propia. Lo que el estado paternalista hace es obligar a la persona usar esos recursos en caso de que pierda el empleo o que se pensione, cercenándole su libertad para escoger usarlos en otra cosa, ya sea en consumo o en inversión.

La gran paradoja es que el estado pretende exigir a la persona un ahorro forzoso casi durante toda su vida laboral, pero ejemplarmente la conducta del estado de tiempos recientes ha sido la de un exceso de gastos por encima de sus ingresos. Esto es, el estado presenta un desahorro claro: su ya bien conocido déficit. Incluso, como paradoja a la pretensión citada de obligar a los trabajadores a que por tiempo indefinido mantengan sus ahorros en el FCL, en estos momentos, ese mismo estado nos quiere sorprender con un aumento casi al doble de los actuales impuestos sobre nuestro ahorro financiero. Ello no creo que precisamente vaya a estimular el ahorro de los ciudadanos.

Tampoco quiero pensar que estamos en camino de algo parecido a lo que sucedió en Argentina, hace algunos años, cuando el estado simplemente se apropió de los ahorros de los ciudadanos, mediante el famoso corralito. Recordemos que los ahorros de las personas no pudieron ser retirados libremente a la vista -en nuestro caso de referencia hoy lo sería a los 5 años de haberse mantenidos- sino que estuvieron congelados por un año. ¡Y aquí pretenden congelarlos casi por toda la vida laboral de los trabajadores!

Mi segunda preocupación es si esta retención mayor en el tiempo de los ahorros de los ciudadanos -que han cotizado ellos y sus patronos para el FCL- no estimulará el crecimiento de contrataciones laborales subterráneas en nuestra economía informal.  Los trabajadores posiblemente preferirían que su pago del ingreso por salarios sea pleno, en vez de tener que dedicar una parte a un ahorro que sólo lo verá si queda desocupado o si se pensiona.  El punto es que, si el trabajador prefiere tal ahorro para disponer de él en caso de despido o de pensionarse, debería existir un mecanismo o instrumento que voluntariamente le permita forjar tal ahorro. No es obligarlo contra su voluntad a no disponer de esos ahorros que han provenido de su trabajo, sino cuando el estado se lo determina (pérdida de empleo o pensión). Por ello, el trabajador, con esta medida propuesta, podría preferir que su salario fuera obtenido en el marco de la informalidad, en donde no habría retención alguna, sino que sería percibido plenamente.

Era de esperar que las hoy existentes seis operadoras de pensiones complementarias (OPCs) se pusieran muy contentas, apoyando la idea de la Superintendencia: simplemente las OPCs viven de la comisión de administración que cobran a los ahorrantes por dicho fondos.  Obviamente, prefieren que, en vez de tener que devolver una parte sustancial del ahorro de los trabajadores cada 5 años, no tengan que devolverlo nunca, excepto cuando el trabajador se pensiona o cuando pierde su empleo. Así, su negocio sería aún mayor, aunque probablemente no sería tan buen  “negocio” para el ahorrante, pues parece preferir disponer de la liquidez de esos fondos cuando verdaderamente los necesita. 

La decisión de ahorrar para una pensión mayor o para cuando se queda desocupado, debe ser propia de quien pone los fondos, de su dueño real, no de quien los administra y menos de quien simplemente los obliga a ceder su salario actual por uno en un futuro indefinido y circunstancial. Si el trabajador prefiere que esos fondos sirvan para su retiro o para cuando se queda sin trabajo, pues, entonces, no retiraría esos fondos al final de los 5 años que hoy le permite la ley, sino que estaría dispuesto a dejarlos allí en el FCL (asumiendo que el rendimiento que puede obtener con tales fondos en el FCL es superior al de otras alternativas fácilmente disponibles en el mercado). 

Creo que mucho de lo que impulsa a las autoridades para formular propuestas como la de referencia, es la creencia de que la gente no sabe mejor que ellos -los gobernantes- cómo es que el trabajador, la persona, debe usar sus ingresos, su consumo y sus ahorros e inversiones propias. Para resolver esa “incapacidad” de los trabajadores, lo que entonces se requiere es que el estado los obligue a seguir una conducta específica, obligada. Este caso puede ser un buen ejemplo de lo que Friedrich Hayek denominó la arrogancia fatal: la creencia de que, por medio del cálculo racional y de la voluntad política, una sociedad puede diseñarse en formas tales que mejorarán significativamente la condición del hombre. Hayek expuso que “el problema práctico… surge precisamente porque estos hechos nunca son dados a una mente única y, en consecuencia, es necesario, para la solución del problema, que el conocimiento que debe usarse está disperso entre mucha gente.” [Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society]. El conocimiento no le es dado a nadie en su totalidad, como a veces el burócrata y sus ensalzadores lo creen, aunque no pasa de ser simple arrogancia y un grave daño a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de febrero de 2016

Tema Polémico: Uber y los cobardes pusilánimes que lo adversan

La semana pasada hicimos mención a los cientos de pequeños emprendedores que de forma valiente han aprovechado la oportunidad que les brinda la empresa Uber para ganarse la vida de forma decente. Amas de casa, personas desempleadas, antiguos taxistas; todos trabajando con la intención de brindar un buen servicio. Uber es el mejor ejemplo de como en un mercado abierto y con la facilidad de la tecnología las personas de forma libre satisfacen sus necesidades de forma recíproca, en constante mejora de la calidad y costo del servicio y sin necesidad de que ninguna entidad central lo tenga que regular. Bravo a todos esos emprendedores. 

Es más, Uber ha tenido tan buen resultado en la región que inclusive ya anunció que abrirá aquí un centro de servicios para Latinoamérica dándole empleo de esta forma a trescientas personas más. En un país adonde la tasa de desempleo está en dos dígitos, esta es una maravillosa noticia y debería ser muy bien recibida. Nos hemos vuelto especialistas en servicios, en este momento es la actividad económica más importante del país. En hora buena.

Lastimosamente, desde que Uber ingresó al país ha tenido constantes trabas de personas que se ven amenazadas por el buen servicio y precio que el mismo brinda. Gremios protegidos por el gobierno durante décadas y acostumbrados al clientelismo y al favoritismo como es el caso de los taxistas y el mismo Gobierno que sigue creyendo de manera ilusa y sin evidencias que si las actividades económicas no se regulan entonces los resultados son negativos para la mayoría. 

Estos son los cobardes pusilánimes que mantienen nuestros países en el subdesarrollo. Los taxistas fuera de amenazar con violencia y bloqueos en las calles si no se va Uber del país, en detrimento de los usuarios; deberían preocuparse por ver de qué manera mejoran la calidad del servicio que brindan y se adecúan a las nuevas tecnologías. Cobardes que con la ayuda del gobierno detienen el progreso del país y fomentan el desempleo y la desaceleración de la actividad económica. 

Más pusilánime aún son los gobernantes que fuera de alegrarse con los beneficios que ha generado Uber sobre la población en general; se han preocupado más por quedar bien con ese pequeño gremio de sinvergüenzas que viven a expensas del estado ¿Bien común? No, todo lo contrario. Finalmente, eso es lo que genera la regulación, que tan solo unos solos cercanos a los gobernantes de turno se vean beneficiados a expensas de la mayoría. Uber es tan solo un ejemplo, pero todo lo que regula el gobierno finalmente tiene resultados similares. Son trabas al desarrollo y la innovación. 

Bravo a los valientes emprendedores que han logrado salir adelante a pesar de la coerción de los cobardes pusilánimes con poder. Esperamos que puedan seguir creciendo.