martes, 2 de febrero de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar a la fuerza

Autoridades estatales harán un tercer esfuerzo por obligar aún más a los costarricenses a que ahorren a la fuerza, algo que ya hoy también compulsivamente se ven obligados a hacer. Parece que a esos funcionarios no les parece suficiente con que el ahorro sea forzado a estar congelado por cinco años, como sucede en la actualidad, para convertirlo en un ahorro eterno, excepto cuando la persona se pensiona o pierde el trabajo. Esto es, se pretende convertir aquel ahorro en un fondo para cuando se pierda el empleo o cuando se deja de trabajar para pensionarse. ¿Verdad que suena muy bonito? Pero analicemos el tema con mayor profundidad.

Costa Rica es una nación en donde el ahorro bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, anda por allí de un 16.7%, de acuerdo con datos para el 2014 de Economy Watch, provenientes del Fondo Monetario Internacional.  Puede pensarse conveniente aumentar dicho porcentaje de ahorro  y que se dirija a la inversión. Aquella cifra contrasta con el 32.6% en lo que se denomina “economías emergentes y en desarrollo” y con el 25.2% mundial. Incluso es un porcentaje inferior al de las economías avanzadas (un 20.4%), al del grupo de naciones llamado G7 (con un 18.8%) y al de los Estados Unidos y el del Hemisferio Occidental (ambos con una tasa de 17.3%). Y no se diga con respecto a China, que ahorra un 49.5% de su Producto Interno Bruto.

Comparativamente con Centroamérica no estamos tan mal (Nicaragua, 7.7%; El Salvador, 8.3%; Guatemala, 12.2% y Honduras, 16.8%; no así comparado con el 19% de Panamá), pero a veces algunos piensan que la solución a nuestro ahorro posiblemente bajo, como porcentaje del PIB, radica en obligar a los ciudadanos del país a que ahorren, tal como ahora lo hacen con su propuesta para transformar al ahorro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)  en algo permanente. La razón que se alega para dicha proposición es que los ciudadanos retiran, muchos de ellos, sus ahorros cuando vence el plazo de ley de cinco años. Creen que se debe reforzar la naturaleza obligatoria actual del ahorro de los trabajadores. Yo me permito diferir de la propuesta por varias razones.

La primera es que me cuestiono si es una virtud que el ahorro se logre forjar compulsiva y no voluntariamente.  Tal presunción asume una sabiduría del gobernante por encima de la capacidad de la persona, en cuanto a lo que debe de hacer con sus ingresos.  La mejor prueba de la preferencia revelada de los ciudadanos es que retiran una parte significativa de esos ahorros cuando se da el vencimiento a los cinco años. Puede deberse a algo que, ridiculizando tal conducta, señala el actual director de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), señor Álvaro Ramos, cuando dice que “Digamos que la persona retira el FCL, que es su derecho, va y se compra una pantalla plana y al mes lo despiden y ya no tiene ningún ahorro. Esa es la parte que nos incomoda en la SUPEN.” Tal manifestación aparece en un comentario de La Nación del 12 de diciembre, bajo el título “SUPEN plantea anular el retiro de dinero cada 5 años del FCL: Fondo de Capitalización Laboral solo se podrá sacar cuando el trabajador renuncie o sea despedido.” 

Si la persona elige pedir sus ahorros para consumirlos y no para invertirlos, lo hace porque así lo prefiere. Pero el burócrata lo que ahora pretende es exigirle que lo ahorre, independientemente de la preferencia de los legítimos dueños de esos fondos. Ni siquiera cuando ellos piensan invertirlos en algo productivo (no ya gastarlos en la icónica “pantalla plana””, que tal vez sólo debería ser adquirida por los ricos, en criterio del señor de la SUPEN). La prohibición que busca la burocracia es que las personas ahora tampoco puedan solicitar sus ahorros para realizar una inversión propia. Lo que el estado paternalista hace es obligar a la persona usar esos recursos en caso de que pierda el empleo o que se pensione, cercenándole su libertad para escoger usarlos en otra cosa, ya sea en consumo o en inversión.

La gran paradoja es que el estado pretende exigir a la persona un ahorro forzoso casi durante toda su vida laboral, pero ejemplarmente la conducta del estado de tiempos recientes ha sido la de un exceso de gastos por encima de sus ingresos. Esto es, el estado presenta un desahorro claro: su ya bien conocido déficit. Incluso, como paradoja a la pretensión citada de obligar a los trabajadores a que por tiempo indefinido mantengan sus ahorros en el FCL, en estos momentos, ese mismo estado nos quiere sorprender con un aumento casi al doble de los actuales impuestos sobre nuestro ahorro financiero. Ello no creo que precisamente vaya a estimular el ahorro de los ciudadanos.

Tampoco quiero pensar que estamos en camino de algo parecido a lo que sucedió en Argentina, hace algunos años, cuando el estado simplemente se apropió de los ahorros de los ciudadanos, mediante el famoso corralito. Recordemos que los ahorros de las personas no pudieron ser retirados libremente a la vista -en nuestro caso de referencia hoy lo sería a los 5 años de haberse mantenidos- sino que estuvieron congelados por un año. ¡Y aquí pretenden congelarlos casi por toda la vida laboral de los trabajadores!

Mi segunda preocupación es si esta retención mayor en el tiempo de los ahorros de los ciudadanos -que han cotizado ellos y sus patronos para el FCL- no estimulará el crecimiento de contrataciones laborales subterráneas en nuestra economía informal.  Los trabajadores posiblemente preferirían que su pago del ingreso por salarios sea pleno, en vez de tener que dedicar una parte a un ahorro que sólo lo verá si queda desocupado o si se pensiona.  El punto es que, si el trabajador prefiere tal ahorro para disponer de él en caso de despido o de pensionarse, debería existir un mecanismo o instrumento que voluntariamente le permita forjar tal ahorro. No es obligarlo contra su voluntad a no disponer de esos ahorros que han provenido de su trabajo, sino cuando el estado se lo determina (pérdida de empleo o pensión). Por ello, el trabajador, con esta medida propuesta, podría preferir que su salario fuera obtenido en el marco de la informalidad, en donde no habría retención alguna, sino que sería percibido plenamente.

Era de esperar que las hoy existentes seis operadoras de pensiones complementarias (OPCs) se pusieran muy contentas, apoyando la idea de la Superintendencia: simplemente las OPCs viven de la comisión de administración que cobran a los ahorrantes por dicho fondos.  Obviamente, prefieren que, en vez de tener que devolver una parte sustancial del ahorro de los trabajadores cada 5 años, no tengan que devolverlo nunca, excepto cuando el trabajador se pensiona o cuando pierde su empleo. Así, su negocio sería aún mayor, aunque probablemente no sería tan buen  “negocio” para el ahorrante, pues parece preferir disponer de la liquidez de esos fondos cuando verdaderamente los necesita. 

La decisión de ahorrar para una pensión mayor o para cuando se queda desocupado, debe ser propia de quien pone los fondos, de su dueño real, no de quien los administra y menos de quien simplemente los obliga a ceder su salario actual por uno en un futuro indefinido y circunstancial. Si el trabajador prefiere que esos fondos sirvan para su retiro o para cuando se queda sin trabajo, pues, entonces, no retiraría esos fondos al final de los 5 años que hoy le permite la ley, sino que estaría dispuesto a dejarlos allí en el FCL (asumiendo que el rendimiento que puede obtener con tales fondos en el FCL es superior al de otras alternativas fácilmente disponibles en el mercado). 

Creo que mucho de lo que impulsa a las autoridades para formular propuestas como la de referencia, es la creencia de que la gente no sabe mejor que ellos -los gobernantes- cómo es que el trabajador, la persona, debe usar sus ingresos, su consumo y sus ahorros e inversiones propias. Para resolver esa “incapacidad” de los trabajadores, lo que entonces se requiere es que el estado los obligue a seguir una conducta específica, obligada. Este caso puede ser un buen ejemplo de lo que Friedrich Hayek denominó la arrogancia fatal: la creencia de que, por medio del cálculo racional y de la voluntad política, una sociedad puede diseñarse en formas tales que mejorarán significativamente la condición del hombre. Hayek expuso que “el problema práctico… surge precisamente porque estos hechos nunca son dados a una mente única y, en consecuencia, es necesario, para la solución del problema, que el conocimiento que debe usarse está disperso entre mucha gente.” [Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society]. El conocimiento no le es dado a nadie en su totalidad, como a veces el burócrata y sus ensalzadores lo creen, aunque no pasa de ser simple arrogancia y un grave daño a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

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