martes, 19 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: las tribulaciones de RECOPE, JAPDEVA y CNFL

En la lucha contra el abuso, el dispendio sin freno y la depredación irresponsable de los recursos públicos, los ciudadanos hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de JAPDEVA, RECOPE y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas.  Es decir, con anterioridad los presupuestos de esos cuerpos públicos incluían las partidas para pagar las gollerías de las convenciones colectivas, lo cual se reflejaba en última instancia en los precios de los servicios de muellaje, combustibles y energía, respectivamente, que debían ser pagados por los ciudadanos.

Esto lo informa La Nación del 12 de enero, bajo el título “RECOPE, JAPDEVA y CNFL en apuros para pagar convenciones: Contraloría frena presupuestos por falta de financiamiento en esas instituciones.” La medida tomada por la Contraloría descansa en el hecho de resoluciones recientes correctas y convenientes de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) y principalmente de “la Ley No, 7592 de ARESEP, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.” Es decir, los consumidores ya no tendremos que sufrir la ignominia de que se nos obligara a pagar los abusos de los convenciones en los precios de los servicios. Era un echar sal sobre la herida. Ahora cada entidad tendrá que ver de dónde obtiene recursos -ya no de nosotros- a fin de que pueda seguir pagando el manjar que reciben sus empleados al amparo de convenciones colectivas.

Por supuesto, el gobierno se lava las manos -sanitariamente, creo yo- y deja que el asunto de cómo financiar tales privilegios sea resuelto por cada entidad y no ya por nosotros, los ciudadanos sujetos a esos monopolios. Eso sí -porque ya uno olfatea por dónde es que se van a ir esas entidades- que se tenga muy presente que tampoco es válido que nosotros los consumidores nos veamos obligados a futuro a resarcir cualquier pago derivado de esas convenciones.  Esto se daría si los entes involucrados acuden a endeudarse para pagar privilegios odiosos a ciertos trabajadores del sector público. De hacerlo así, luego, más tarde o más temprano, tendrá que repagarse el principal endeudado, así como una suma mayor por los intereses del caso.  De manera que, ¡a ponerse vivos en ARESEP y la Contraloría, por esa posible movida de sus regulados en daño de los consumidores! La regla debe ser que los servicios que brindan esas entidades sean al costo y no por los gastos totales de esas entidades, como luego pretenderá que sea así.

De hecho el gobierno ante la Sala Constitucional, al tratarse una apelación de RECOPE, dio su posición favorable a que, dentro de los presupuestos de las entidades públicas, se incorpore la parte correspondiente a las prebendas laborales a que me he referido y que no tienen nada que ver con la producción del bien o del servicio.  Por eso hay que estar ojo avizor si el gol ahora nos lo trataránn de meter por medio de la nueva autoridad recién nombrada para el puesto de regulador en la ARESEP.
 
Jorge Corrales Quesada

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