martes, 31 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gasto público de los últimos tiempos

Si logramos tener alguna idea del comportamiento del gasto gubernamental de los últimos años, eso nos permitirá entender por qué es muy posible que  fines de este año el déficit del gobierno llegue a algo más de un 6% del Producto Interno (PIB).

La información la suministra La Nación del 30 de abril, en su comentario titulado “Gobierno incrementó el gasto público en ₡1 billón: Ejecutivo consumió ₡400.000 millones más de lo que quiere recaudar con nuevos impuestos.”

Ya estamos acostumbrados a que un gobierno siempre le “eche los muertos” a quien le precedió, por el mal momento actual en su gasto público. Es una cadena casi sin fin: siempre el responsable será “el otro”, el de atrás, pero nunca dirá que el actual.  Posiblemente hay algo de razón en la queja, porque muchos gobiernos actúan con la idea de que “después de nosotros, el diluvio.” Esto es, “hagamos la torta ahora y que después la pague el gobierno que nos sigue.”

Si uno junta ambos argumentos -el de echarle la culpa siempre al gobierno anterior y el de ser dispendioso en el gasto y que el gobierno siguiente pague dicha pasión- nos damos cuenta de que la verdadera carne del sándwich terminamos siempre siéndolo nosotros, los ciudadanos.

La información periodística citada analiza primordialmente el comportamiento de los gastos de la segunda administración Arias Sánchez (2006-2009), así como los de la administración Chinchilla Miranda (2010-2013) y dos años de la actual, la de Solís Rivera (2014-2015).  Los datos que, a continuación, señalo son estimaciones a partir del Infográfico del comportamiento del gasto del gobierno central, presentado por el periódico en la edición arriba citada.

En el primer año de la segunda administración Arias, el gasto total del gobierno central ascendió a, aproximadamente, ₡3 millones de millones. Aumentó luego en un 5.4% y el gasto total llegó en el 2007 a, más o menos, ₡3,2 millones de millones. Para el tercer año de esa administración (2008), habría aumentado en un 7%, elevando el gasto total a alrededor de ₡3,4 millones de millones. En el último año de dicha administración, los gastos del gobierno crecieron en un 4.7%, lo cual llevó el gasto total a un estimado de ₡3,5 millones de millones en el 2009.

En cuanto a la administración Chinchilla, en su primer año aumentó aquel gasto del gobierno central en un 21%, lo cual lo elevó a un estimado de ₡4,3 millones de millones en el 2010. En el año siguiente, el gasto descendió en un 0.5%, lo cual redujo el total a un monto aproximado de ₡4,2 millones de millones.  Luego, en su tercer año de gobierno (2012), el gasto se incrementó en un 5%, llevando la cifra estimada a un total de ₡4,5 millones de millones.  Y, en su último año de gobierno, la partida aumentó en un 9%, con lo cual su administración concluyó con un estimado de ₡4,9 millones de millones.

En lo correspondiente a la administración Solís, en su primer año el gasto total se incrementó en un 8.4%, con lo cual el total se estima que ascendió a ₡5,3 millones de millones en el 2014, en tanto que en su segundo año (2015), el incremento fue de un 9.9%, llevando la cifra a un monto estimado de ₡5,8 millones de millones.

Si bien es cierto que, para cada gobierno que empieza, siempre ese primer año está determinado por el presupuesto que le dejó la administración previa, el objetivo aquí es señalar como fueron creciendo los gastos, hasta llevarnos a la difícil situación actual. Podemos claramente deducir que en las tres administraciones citadas, con excepción del 2011 (segundo año de la administración Chinchilla, si bien en el 2010 rigió el presupuesto heredado del último año de la segunda administración Arias), el gasto gubernamental siempre creció en términos nominales. (Casi todo el análisis del periódico lo hace en términos nominales, pero, en todo caso, siempre los cambios nominales fueron superiores a la inflación del período de referencia. Para el objetivo de este análisis no parece existir un problema serio si se hace en términos nominales en vez de reales) 

El comentario periodístico analiza el aumento de gasto del gobierno central de ₡940.000 millones que se dio en los primeros dos años de la administración Solís.  Está compuesto por ₡350.000 millones en transferencias corrientes; ₡296.000 millones en remuneraciones; ₡168.000 millones en el pago de intereses y ₡125.000 millones en gastos de capital.

Aquí hay varias cosas interesantes de resaltar.  Las llamadas transferencias corrientes incluyen el pago de pensiones, así como “salarios y pluses en entidades descentralizadas.” (Un ejemplo de dichas transferencias es la que el gobierno central le hace a las universidades estatales). Las remuneraciones comprenden tanto salarios como cargas y pluses de los empleados cubiertos por el presupuesto del gobierno central. La suma del aumento en estos dos años de la administración Solís por estas dos grandes partidas (remuneraciones y transferencias), que podríamos llamar gasto corriente exceptuando el pago de intereses, sería de  ₡646.000 millones, lo cual es 5,2 veces lo que el gobierno central aumentó en inversión en obras públicas y adquisición de activos, que sería de ₡125.000 millones.

En tanto que el gasto del gobierno actual durante los primeros dos años de su administración, aumentó en aproximadamente ₡940.000 millones (casi un billón de colones, según lo dice el medio), la recaudación de impuestos en ese mismo lapso fue de ₡643.000 millones.  Esto es, hubo un déficit o faltante de aproximadamente de ₡360.000 millones en esos dos años.

El gasto total durante la administración Solís aumentó en ₡415.000 millones en el 2014 y ₡523.000 millones en el 2015, pasando de ₡4,9 billones en el 2014 a ₡5,8 billones en el 2015.

Cabe hacer notar que, en tanto que el presidente Solís pretende aumentar los impuestos en este año para recaudar ₡600.000 millones, en los dos años de su administración el gasto creció en alrededor de ₡940.000, lo cual es una suma que excede en un 63.8% a los impuestos que espera recolectar con su propuesta tributaria.

Es interesante reseñar la opinión que al respecto suministró al periódico el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, como explicación del porqué se dio ese aumento del gasto de ₡940.000 millones en la administración Solís. Indica que “el fenómeno  es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la ‘herencia’ presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.” De acuerdo con sus cálculos, “un 17% del incremento de ₡1 billón (en los gastos del 2015) corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ₡430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto… Las pensiones tienen vida propia… De cada ₡100 que se pagan por pensiones, ₡90 se financian con endeudamiento y ₡10 con cotizaciones.” Asumo que esto último se refiere a las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno central.

El punto es que las distintas administraciones -aquí analizadas- han aumentado fuertemente el gasto gubernamental.  Por ejemplo, la administración Arias no sólo inició un fuerte incremento por ajustes salariales, sino que puso en marcha dos programas, uno llamado Plan Escudo y el otro, Plan Nacional de Alimentos, para reducir los efectos de la crisis mundial iniciada a finales del 2008. El hecho es que “alimentaron” fuertemente el gasto del gobierno: casi en alrededor de ₡600.000 millones. Un problema grave de dicho aumento es que no tuvo un carácter “temporal”, en el sentido de que el estado creara empleo público para suplantar las pérdidas de empleo en el sector privado, durante la baja del ciclo económico citado. En esencia creó empleo permanente en el sector público, lo cual incuestionablemente tuvo serios efectos en el gasto de los gobiernos que le siguieron.

En los cuatro años de la administración Chinchilla, el gasto gubernamental creció aproximadamente en ₡1.200.000 millones, pues pasó del nivel del último año de la administración Arias de un estimado de ₡3,7 miles de millones a ₡4,9 miles de millones en el cierre del 2013.  No hay duda que, en mucho, heredó el problema de un gasto salarial “permanente” que había formulado la administración Arias, pero también tuvo su parte propia en tal incremento. 

Es factible argüir que la administración Solís también ha experimentado el “legado” o “herencia” de la naturaleza dispendiosa de parte de los dos gobiernos que le precedieron, pero han pasado dos años sin que se tomaran las medidas que condujeran a una reducción impostergable del gasto público, tanto en salarios como en pensiones, cosa que, al momento en que esto se escribe (mayo del 2016), aún no se hecho de manera significativa. Por ejemplo, aumentó en un 14% adicional las transferencias para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -aumento del subsidio a las universidades estatales que ascendió a ₡51.000 millones en el 2015.

Eso es preocupante, en mi opinión, más que el déficit en sí de un 5.9% del PIB en el 2015 y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, en el 2106 podría llegar a un 6.2% del PIB.  El gasto que realiza el gobierno central es una demanda que ejerce sobre los recursos que produce una economía.  De esa especie de “olla” (el PIB) sale la parte que el gobierno toma, dejándole menos para llenar las necesidades de inversión y consumo del sector privado de la economía.  Son recursos que extrae de la economía como un todo, dejándole cada vez menos a la economía no gubernamental; esto es, a la parte privada de la economía. 

Además, en tanto este gobierno argumente que necesita esos ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos, casi que sabemos que la administración actual no va a dejar de gastarlos -ahorrarlos- sino que le servirán para financiar muchos proyectos que usualmente señala como carentes de recursos frescos, para poder llevarlos a cabo.  En otras palabras, los quiere para simplemente gastarlos.  Por eso uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

martes, 24 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la confusa imaginación tributaria

La propuesta reciente de la ministra de planificación de crear un impuesto es bien clara en su alcance tributario: está contenido en el proyecto de ley “Desarrollo Regional de Costa Rica”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa como un gravamen a las movilizaciones (eufemismo por transacciones) financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Ridículamente en MIDEPLAN escriben las siglas de dicho sistema como SIMPE; con la requerida buena ortografía que exige que “antes de b y p, m pondrás”,  pero, en este caso, se trata de siglas, en donde la M no es la primera letra de la palabra Nacional.  Si es que este proyecto podría servir de algo, lo es si promueve una discusión razonada de lingüistas y filólogos acerca de si se escribe SINPE, como aparece en los documentos del Banco Central para definir el Sistema Nacional de Pagos, o bien SIMPE como lo escribe el culto redactor de MIDEPLAN.  Por lo demás, dicho proyecto asombra por su vaciedad.

La esencia tributaria de la propuesta es la creación de un nuevo impuesto de un 0,02% sobre el monto de cada transacción financiera que se lleva a cabo mediante el SINPE, que es una plataforma tecnológica creada por el Banco Central “para facilitar la transferencia y circulación de dineros entre agentes (personas e instituciones públicas y privadas) en la economía.” Esos agentes la utilizan no sólo porque permite transferir eficientemente dineros entre las partes, sino porque lo hacen de forma segura y por eso su costo ha sido aceptado por quienes la usan ante los beneficios que les suministra

Ese 0,02% -porcentaje que aparece inocentemente como algo chiquito- se aplica a cada transacción financiera mayor a ₡100.000, en el momento en que se hace la transacción por medio de SINPE. De allí provendrán los recursos para crear lo que considero constituye una multitud de JAPDEVAS que se crearían alrededor de todo el país y que la burocracia gubernamental denomina, en su proyecto de ley No. 19959, como “sistema de desarrollo regional de Costa Rica”.

Veamos algunos ejemplos sencillos de casos en que operaría dicho impuesto.  Suponga que usted recibe un salario de un millón de colones al mes.  Si es un empleado del estado o de una empresa privada o de un patrono, que depositan esos fondos por medio del hoy muy utilizado sistema de pagos SINPE, de entrada a ese patrón se le cobrará un 0,02%; esto es, ₡200. 

Similarmente si luego usted paga, digamos ₡400.000, por su tarjeta de crédito utilizando al sistema SINPE (pues así no tendría que ir con un montón de plata a la oficina de la empresa de tarjetas), pagaría ₡80 por ese nuevo impuesto.

También, si usted recibe una pensión de la Caja, de, digamos, ₡800.000 al mes, en cada depósito que se le haga en su cuenta corriente por dicho motivo, la CCSS tendría que desembolsar ₡160 para enriquecer el fondo de desarrollo regional que el gobierno piensa realizar. Igual sería con cualquier pensión diferente de la de la Caja.

Si usted paga a una universidad privada por medio de SINPE, digamos ₡200.000, pues le quitarían ₡40 de entrada.  De la misma forma, si usted es un empresario y paga en impuestos usando SINPE, digamos por un monto de 10 millones de colones, le capan ₡2000 de entrada. 

Igualmente, si usted tiene que pagar a los bancos mensualmente por el préstamo que le dio en el pasado para que pudiera adquirir una casa o un carro, que digamos asciende a ₡500.000 de principal e intereses, pues le quitarán de entrada ₡100 cada mes. ¿Estamos ya claritos de cómo es que funciona el asalto que se nos pretende infringir? 

De acuerdo con una estimación de la recaudación que hizo el ministerio de Hacienda por este impuesto -así consignada en el artículo de El Financiero del 26 de abril titulado “Impuesto a transacciones financieras generaría efectos mixtos,”- que dice que, en cuanto a dicho impuesto, “podría generarle al erario público ingresos frescos equivalentes a un 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB)”, si el  Banco Central estima que en el 2016 nuestro PIB llegaría ser de ₡27.437.498,3 millones, ese “pequeño (e inocente) gravamen” con la “bajita tasa del 0,02%”, podría ascender a la suma de ₡5.487,5 millones. Como ven, aquel pellizquito se convierte en un pellizcote.

No dudo que ese monto obtenido dará lugar a un olio grandioso: todo en nombre de un presunto desarrollo regional, que más bien huele a desarrollo de políticos y de agrupaciones sindicales que sin duda surgirán alimentadas por esas platas “frescas”.

En esencia, este no es un impuesto que vendría a reducir el déficit actual tan elevado del gobierno y que está pretendiendo cubrir con nuevos y mayores impuestos: todo eso se iría en financiar un nuevo sueño de opio de la burocracia dispendiosa; simplemente se usará para financiar un nuevo gasto gubernamental; nunca para reducir un déficit, lo cual sucedería si no se gastara y más bien se utilizara en compensar el desbalance fiscal, que se estima que el año entrante podría ascender a un 6% del PIB.

Adicionalmente, es claro que este impuesto significará una doble imposición: por una parte, a usted se le grava por los ingresos que recibe a cambio de su trabajo (por ejemplo, en un salario pagado por medio de SINPE). Pero, luego, si para sus gastos a partir de dicho ingreso, usted utiliza una tarjeta para pagar tales compras, al cancelar la obligación con la empresa de la tarjeta si lo hace por medio de SINPE, se le pone un impuesto por esa transferencia.  

Por supuesto que el burócrata proponente de impuestos, le dirá que al “ser pagado por el patrono (ya sea el estado o una empresa), usted no lo está pagando.”  Pero eso no es cierto y se le debe responder de inmediato al burócrata, que si no cree que el encarecimiento del salario que paga el patrono no se va a reflejar en una disminución de su demanda de mano de obra. Esto es, de todas maneras usted termina sufriendo el costo cuando disminuye el empleo.

En el análisis económico usual de las alternativas de diferentes impuestos indirectos, siempre se critica a un impuesto que opera “en cascada”. Esto es, que dado que el impuesto se aplica a las diversas fases, tales como productor, minorista y mayorista entre otras, que existen en un proceso productivo, en tanto que para los diversos pagos se utiliza el mecanismo de SINPE, el precio irá incorporando el mayor costo por este nuevo impuesto, conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo. Finalmente, todo ello se refleja en el precio del producto final. El impuesto se aplica conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo, pues en cada una de ellas se incorpora el costo previo mayor ocasionado por ese impuesto, por lo cual la base imponible crece conforme las etapas de producción se van dando una tras otra.

El problema no es tan sólo que se da un aumento mayor del precio final, sino que estimula una concentración de etapas en un proceso productivo, ocasionado por el impuesto, en vez de la estructura productiva por etapas previa, que resultaba de la eficiencia productiva de la especialización. Por tal razón es que los técnicos tributarios preferimos impuestos como el de ventas aplicado sólo en la etapa final o, bien, el llamado impuesto al valor agregado o IVA, el cual se aplica tan sólo al valor que se agrega en cada una de las etapas y no sobre el valor final de cada una de ellas.
  
Sin duda que un grave problema con este estulto impuesto que propone el ministerio de planificación, es que estimula, en el margen, a que haya una expansión del sector informal de la economía. Bien sabemos de la extensión amplia y creciente de nuestra economía subterránea, en donde por diversos costos regulatorios y tributarios impuestos por el estado, ocasiona que el empresario calcule el costo de la informalidad con los beneficios que obtiene de tal situación. Al aumentar dichos impuestos, aumenta la desventaja de la formalidad y, por tanto, más empresarios buscarán operar en la informalidad.

En adición, la idea tonta de un impuesto como éste, se demuestra cuando se tiene presente que una razón primordial para usar el mecanismo del SINPE es que disminuye el riesgo de las personas y las empresas y hasta del mismo estado, de ser objetos de robo cuando los pagos que hacen usando efectivo, que lo trasladamos en los bolsillos o en bolsos o paquetes y similares, en vez de poder hacerlo en la privacidad por medio de una computadora, como es mediante SINPE. Somos conscientes del avance de la delincuencia en nuestro país, la cual, no dudo, celebrará si es que se pone ese impuesto absurdo, pues ahora los ciudadanos andarán en las calles con bolsillos llenos de plata para poder realizar transacciones que hoy hacen con toda la seguridad requerida, por medio de una transferencia bancaria. El incentivo es claro para que, con ese impuesto, se use el efectivo para realizar todo tipo de transacciones, lo cual sin duda que es parte del corazón económico del lavado de dinero.

Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros.  Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por MIDEPLAN- hasta el propio viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda, señor don Fernando Rodríguez, con buen tino técnico y mayor político, manifestó que una de las razones para oponerse a ese gravamen es que “se produce un efecto de desbancarización (esto es, dejar de usar esquemas de pagos por medio de los bancos comerciales), en lugar de contribuir con la lucha contra la evasión en IVA (impuesto al valor agregado) y renta, estaríamos incentivándolo.” Bien dicho y mejor señalados los efectos esperados de ese mamotreto tributario. Dicha declaración aparece en La Nación del 17 de mayo (y una corrección vía fe de errores el 18 de mayo en dicho medio), en el artículo titulado “Viceministro contra tributo a transferencias electrónicas: Fernando Rodríguez, de Ingresos, objeta impuesto de ₡20 por giro interbancario de ₡100.000.”

Finalmente, enfatizo y reitero el grado de cinismo al cual se está llegando en nuestro país, cuando el gobierno propone como algo vital aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero, por otro lado, nos propone nuevos impuestos como el descrito, lo cual no se usará para reducir el déficit, sino para financiar un nuevo gasto, que incluso es altamente cuestionable. No habrá con dicho gravamen, ninguna reducción del déficit; lo que le interesa al gobierno es gastar más y más y por ello es que propone mayores impuestos como ese.
 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de mayo de 2016

Tema polémico: combate a la intolerancia

El pastor alemán Martin Niemöller dijo una vez: "Cuando los nazis vinieron, primero buscaron a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".

Quisimos iniciar nuestro tema polémico con esta frase porque ilustra muy bien nuestro punto. No hablaremos de nazis ni de comunistas el día de hoy, pero sí de un grupo humano cuya actuación u omisión, encuadra perfectamente en las líneas supracitadas. 

Ser trata de los musulmanes. En los últimos meses hemos presenciado la escalada a nivel internacional de violencia y terrorismo. Casos como los atentados en Siria, Túnez, Marruecos, Irak, Francia y Bélgica, a los que se unen las decapitaciones y quemas públicas contra civiles difundidas por internet, el desplazamiento y salvajismo contra todo aquel que no abraze el islam -y no cualquier rama del islam, sino la que practican los miembros de ISIS- han sido reivindicadas por la organización conocida como Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). 

El pánico y temor que se han apoderado de las personas, especialmente en el continente europeo, han llevado a la generalización de que todo musulman es terrorista y, por tanto, se debe sospechar de ellos. De inmediato, miles de musulmanes inocentes han saltado para exigir respeto y, sobre todo, para aclarar que no todos son violentos ni desalmados, que exiten muchas personas buenas, pacíficas y tolerantes que no comparten el radicalismo característico de ISIS. 

Eso es maravilloso, pero ¿resulta suficiente decirlo? Cuando mencionábamos la frase de Niemölle, lo hacíamos para señalar que muchos de esos musulmanes pacíficos y de bien que, con justa razón, han querido desmarcarse de ISIS y sus adeptos, deberían hacer más. El mal triunfa cuando las personas buenas no hacen nada y, lamentablemente, muchos de ellos han permitido y tolerado que, durante años, estos grupúsculos violentos crezcan y se expandan hasta alcanzar hoy niveles casi incontrolables. 

No basta con que los musulmanes condenen el terrorismo. Se necesita que lo combatan también, Más allá de tomar armas y desplegar tácticas, se requiere que desde los hogares se elimine cualquier forma de radicalismo violento, que se evite cualquier tipo de apoyo a grupos de esta naturaleza, que se erradique cualquier plataforma que permita el surgimiento del salvajismo.  Después de todo, ISIS se considera a sí mismo islamico, se dicen representantes del islam y matan, según ellos, por el islam. Por eso, son quienes practican el islam, los primeros llamados a detener esta aberración, esta tergiversación de su fe, esta manipulación de su pueblo. A ellos le ayudará todo el mundo, como lo debe hacer, unido contra cualquier organización que promueva la exterminación humana, independientemente del credo, la orientación política o la etnia que la respalde. 

En su célebre libro "La Sociedad Abierta y sus enemigos", Karl Popper escribía que "si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia".

Con esto, Popper no quería decir que deban impedirse concepciones e ideas filosóficas intolerantes, mientras se puedan combatir en el plano de la razón, de la argumentación crítica. Pero deben prohibirse si buscan imponerse a la fuerza, si buscan acabar con las personas en lugar de las ideas, si pretenden erigirse como ciertas a golpe de tambor y sonido de cañón. En ese caso, indica, "debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de personas". 

Pero más allá de la prohibición legal, se torna necesario combatir la intolerancia desde todos los frentes. Atacando su génesis, sus orígenes, evitando a toda costa que el odio y la violencia hacia quienes son diferentes, piensan, creen o actúan distinto se propague. No hacerlo, como bien explicó Popper, nos llevará a la desparación de los tolerantes, de los intolerantes y de todo: la desaparición del ser humano, sus derechos y sus libertades.



martes, 17 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la regla fiscal que limitaría el gasto estatal

Escribo esto -tarde del jueves 12 de mayo- porque he llegado a saber que la regla fiscal que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa ha pasado a mejor vida.  A pudrirse en el olvido por culpa del oportunismo político y no a causa de un razonamiento apropiado que la hubiera lanzado a la tumba, como sí sería aceptable.

Explico brevemente en qué consistía dicha regla fiscal, propuesta en la Asamblea Legislativa para que la aplicara el gobierno central: En la contabilidad fiscal existe lo que se llama un déficit primario, que es la diferencia entre ingresos, tanto corrientes como de capital, del gobierno central y todos sus gastos, excepto los financieros; esto es, excluye de la comparación entre gastos e ingresos, aquellos por el pago neto de intereses. La propuesta inicial que se había presentado en la Asamblea Legislativa, contenida en su artículo 7, contenía varios elementos que se deben de comentar:

1)    Que bajo condiciones normales, el resultado primario (arriba explicado) debería de ser superavitario en un 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, aunque no se sabe que son “condiciones normales” y menos quién las define, el ejercicio fiscal del gobierno central debería de generar un exceso de ingresos sobre gastos (dejando por fuera a los intereses) en el equivalente de un 2% del PIB, me imagino que del año (normal) correspondiente.

2)    Que bajo condiciones económicas excepcionales (de nuevo, no se dice quién determina tal excepcionalidad y ni siquiera qué es lo que eso significa), gobierno central no tendrá superávit ni déficit (0% del PIB).

De esta manera, la regla amarra al gobierno central para que no tenga un déficit primario; esto es, habría tan sólo un déficit al tomar en cuenta el pago neto por intereses del gobierno central.
 
Esta regla había sido aceptada por los grupos de oposición legislativa al gobierno, según los acuerdos explícitos logrados de previo a la elección del último directorio legislativo. Ahora resulta que se excluyó de la discusión, al darse una oposición del poder ejecutivo actual a la aprobación de dicha regla y al considerarse que dicha exclusión, presuntamente permitiría destrabar el debate tributario actual en torno a la aprobación de proyectos para disminuir el gasto gubernamental. Esto en aspectos tales como pensiones en el caso del gobierno y el Poder Judicial, las anualidades automáticas a empleados públicos y disminuiría la cantidad de empleados públicos que hoy disfrutan de un plus salarial por disponibilidad. 

Pero, además de que el bloque de oposición descartó la discusión de la regla fiscal descrita, también lo hizo en otras dos áreas que llaman nuestra atención.  Por una parte, se había propuesto otra restricción al gasto, que constituía en que se definiera una política para reducir el gasto del gobierno central cuando la deuda pública excediera al 40% del PIB.  De hecho, en la actualidad se acerca a un 60% por ciento del PIB. O sea, ahora tal contención sería más importante que nunca.

Por otra parte, otra regla que considerada para su aprobación, era que el gasto primario (ver definición arriba), que, recuerden, deja de lado el pago neto de intereses del gobierno central, no podrá crecer en más de un 1% en términos reales; esto es, que exceda la tasa de inflación como máximo en un 1%. Eliminar esta restricción libera al gobierno de otra limitación al crecimiento de su gasto, excluyendo intereses.

Y, en una tercera parte, también los diputados del bloque opositor se plegaron a la propuesta del gobierno de una vía rápida para luchar contra el fraude fiscal, lo cual incluye el embargo, de parte de la Tributación, de los haberes de morosos, previa aprobación de un juez (al menos eso), así como también acepta la creación de un registro de accionistas, si bien no se especifica en qué condiciones operará y si su utilización para fines fiscales estará sujeta a la decisión de un juez.

Hasta aquí no queda claro un tema fundamental.  ¿Se ha llegado a un acuerdo solapado para la aprobación rápida de impuestos, tal como lo promueve el gobierno?  Vaya a saberlo usted, pero con estos gestos de liberar restricciones a un estado gastón, a uno le queda la impresión de que ese camino se ha abierto y, lo que es peor, que una eventual mayor recaudación con los nuevos y mayores impuestos no encontrará restricción alguna, como las propuestas,  en cuanto a que simplemente se gaste.  De esta manera, veremos cómo se presentarán nuevos déficits fiscales en nuestra economía, a pesar de los impuestos que se aprobarían en la actualidad.

El acuerdo -para algunos en sí un “acuerdo”, sin ver su contenido, es algo meritorio como tal- ciertamente no va en beneficio de los ciudadanos contribuyentes, sino todo lo contrario. Es factible que la ciudadanía terminará este episodio negociado pagando mayores impuestos. Su recaudación pasará a un siempre desatado -sin reglas fiscales- gobierno gastón. Así tendremos en nuestro futuro un nuevo déficit y, una vez más, en secuencia macabra, nuevos y mayores impuestos para sufragar ese otro sobreviniente déficit.  En tanto no se le queme el hocico, el perro seguirá comiendo huevos.  Sin frenar el gasto gubernamental del gobierno actual, mediante reglas como las expuestas, tanto como al de aquellos diputados complacientes que actúan así porque esperan ganar las próximas elecciones, ahora nos aprueban esta carta blanca para el gasto sin freno. Al gobierno de hoy y a los próximos les quedará abierto el camino para el desperdicio, la dilapidación y la posibilidad de gastar nuestros recursos, en manos de políticos que creen, mejor que nosotros mismos, tener una “mejor” manera de hacerlo. 

El presidente de la República se opuso a la propuesta de la regla fiscal expuesta porque, según él, de aplicarse ocasionaría la pérdida de 55.000 empleos.  No sé si fue porque no les dio y honestamente creyeron que se presentaría tal pérdida de empleo en la economía, o bien porque cínicamente piensan que llegarán a ser gobierno y no tendrán así que tomar medidas duras, le creyeron, pero creo que hay razones para dudar de esa cifra presidencial. En primer lugar, escéptico que soy de ciertos políticos, no nos dice de dónde es que sale esa suma. No sabe, para empezar, si las personas que verán reducidos ciertos privilegios, ante la posibilidad de perder totalmente su empleo público por falta de recursos del gobierno, aceptarían la eliminación de ciertas gollerías abusivas que tanto se han mencionado y que ellos mismos conscientemente aceptan que las son. En segundo lugar, hay algo elemental de economía que el presidente parece no entender (o, sabiéndolo, le importa un comino). 

La regla limitante del gasto gubernamental significa que el estado tendrá menos recursos para gastar y, conceptualmente, supongamos, daría lugar a pérdida de empleos en el sector público, pero, al mismo tiempo, la economía privada del país tendrá más recursos a su disposición con lo cual se generaría mayor empleo en un sector privado que ahora puede invertir y consumir más. Ahora el estado no podrá demandar tantos recursos de la economía como lo hace hoy gracias a la limitante fiscal, con lo cual la ciudadanía, ante tal liberación de demanda, tendrá posibilidades de crear riqueza productiva, lo cual incluye utilizar más mano de obra y generar empleo.

Las señales son claras y a la vez confusas.  La más clara es la eliminación de restricciones -limitaciones- al exagerado gasto actual y, ante todo, potencial, lo cual impediría que se logre ese mejor manejo futuro del gasto estatal. Así habrá suficientes zorros sueltos en el gallinero.  El festín con los nuevos impuestos que consideran queda así garantizado.  La confusión de la ciudadanía, que ha esperado una conducta racional de los congresistas para evitar el camino de Grecia, es ahora mayor, pues sabemos que tener “un acuerdo” porque sí, como lo han predicado algunos, más bien nos puede ocasionar mucho daño.  Darse de besos y abrazos y palmaditas en la espalada como parece estarse viendo, si bien les podrá servir a políticos miopes que sólo ven el corto plazo, no es así para los ciudadanos, quienes terminaremos pagando los platos ratos. Mejor dicho, se nos pasa la factura del festín que hará el estado con los impuestos que piensa clavar sobre nuestros presupuestos familiares. 

Ojalá me equivoque, pero las señales ominosas en el cielo legislativo no me infunden más que inquietud, zozobra y, ante todo, una desconfianza aún mayor en cuanto al principio de que los políticos están a nuestro servicio. Con lo hecho, más bien la realidad nos dice que somos los ciudadanos quienes estamos al servicio de ellos.

Sólo parece quedarnos una posibilidad: no darle más el voto a aquellas agrupaciones políticas que nos quieren poner nuevos y mayores impuestos, al tiempo que no aceptan frenos a su gasto desenfrenado y que no está siquiera en las manos de Dios, como dice el pueblo cuando ve desatino, sino de esos políticos que tanto daño nos hacen.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de mayo de 2016

Tema polémico: Lecciones de Irlanda

Para 1987 Irlanda sufría una grave crisis económica, con la mayor inflación de Europa que crecía a un ritmo anual mayor al 20%, una tasa de paro que se aproximaba al 10%, presiones sindicales para conseguir incrementos salariales y un déficit en su balanza de pagos. Como si esto no fuera suficiente, Irlanda del Norte se debatía en uno de los conflictos político-religiosos más complejos de la mitad del siglo XX.
La suma de factores sociales y económicos sumían a la población en un clima de pesimismo nacional, que impulsó a muchos irlandeses hundidos en la pobreza a emprender una masiva migración a los Estados Unidos, como muchos otro irlandeses lo habían hecho en el pasado.
Ante los desequilibrios macroeconómicos, los irlandeses entendieron que no había más remedio que emprender una serie de reformas radicales.
Estas reformas vinieron encaminadas por el recorte del gasto público, eliminando 40.000 mil puestos de trabajo del enorme aparato estatal irlandés. Al mismo tiempo, los líderes empresariales, sindicales y el gobierno iniciaron un proceso de diálogo para propiciar un acuerdo nacional, que les permitiera librarse de la bancarrota.
En ese mismo año, las autoridades del gobierno irlandés y los principales agentes sociales emprendieron los denominados “Programa de Recuperación Nacional” y “Plan de Desarrollo Nacional”, como procesos de concertación nacional o “social partnership”, para “aplicar una estrategia pactada de política macroeconómica, con el objetivo de salir del círculo vicioso en el que se encontraba Irlanda”.
Este proceso de concertación centró la participación de los agentes empresariales, sindicales y de gobierno en el proceso de deliberación y de diseño de políticas, “sin limitarse a un simple intercambio o cesión de posiciones, adoptando todos ellos un mismo punto de partida: la necesidad de alcanzar un acuerdo como la herramienta más eficaz para la resolución de los problemas que afectan a la economía nacional.”
Como consecuencia de los ajustes económicos y el proceso de concertación, durante 87 y 88, la economía irlandesa empezó a recuperarse, controlando la inflación, reduciendo el déficit presupuestario, controlando el desempleo y logrando un crecimiento de la economía del 4%, que alcanzó el 7,5% en 1990.
En los siguientes quince años, Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a ser uno de los más ricos, amparado además por el ingreso de inversión extranjera y las políticas educativas que prepararon una mano de obra calificada para atender a esta inversión.
Como resultado de este modelo, desde 1987 y hasta la actualidad, la política económica y social ha sido gestionada por medio de la concertación entre el gobierno y los principales agentes sociales, “lo cual ha implicado un acuerdo regular sobre las principales líneas de la política económica en el largo plazo, y el diálogo y la negociación sobre su implantación y gestión en el corto plazo.”
El modelo irlandés de institucionalización del diálogo y la negociación, nos dan una enorme lección. En momentos de desasosiego social y desequilibrios macroeconómicos, no podemos suponer que las soluciones llegarán desde un solo sector de la sociedad.
Pensar de esta forma, en soluciones unilaterales para superar nuestras propias contradicciones, es desconocer que existen múltiples actores con poderes de veto formales e informales, que no cederán ante las imposiciones.
Como sociedad, estamos llegando a un punto en que el costo de no ponernos de acuerdo supera el precio que cada uno debe pagar por ceder en sus posiciones. Como Irlanda en la década de 1980, debemos pensar seriamente en concertar con una salida que nos permita encarrilarnos por el camino del desarrollo. 

Bibliografía para este artículo:

El Despegue Económico: Irlanda. Original del profesor Rafael Pampillón Olmedo del Instituto de Empresa. Versión original del 13 de Julio de 1998. Última revisión, 17 de Diciembre de 1999. Publicado por el Departamento de Investigación del Instituto de Empresa. María de Molina, 13. 28006 MADRID, España. Disponible en: http://www.ie.edu/pampillon/Articulos%20y%20Publicaciones/irlanda.pdf

Jesús Ferreiro Aparicio Profesor Titular de la Universidad. Departamento Economía Aplicada V. Universidad del País Vasco. Programa de apoyo al diálogo social en Chile. Las experiencias de diálogo social en España e Irlanda: Diciembre 2006. Disponible en: http://www.monitoreolaboral.cl/pubeinv/dialogo.pdf

Gabriel Molteni. Los pactos sociales como garantía para el desarrollo sostenido. Revista Cultura Económica Año XXV • Nº 70 • Diciembre 2007: 7-22. Disponible en: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/1-_Los_pactos_sociales_como_garant-a_para_el_desarrollo_sostenido_-_Gabriel_Molteni.pdf


martes, 10 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: competencia y consumidores

Una de las primeras cosas que me impacto al iniciar mis estudios de economía hace más de cincuenta años, fue la proposición de que el fin último de una economía era lograr satisfacer los deseos y necesidades de las personas.  Es decir, el objetivo no era la producción en sí, ni tampoco la empresa privada (o pública) como tal, o bien que una economía produjera aquello que alguna autoridad determinara como satisfactor de los deseos o necesidades humanas.  En el centro estaba el consumidor, aquella persona que tenía necesidades o deseos que buscaba satisfacerlos de alguna manera. 

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que el sistema de organización que con más eficiencia logra ese objetivo -esto es, con menores costos; menores recursos empleados en hacer algo- era el capitalismo competitivo o sistema de mercado competitivo. No brindo en esta ocasión mis ideas en torno a porqué comparativamente es una opción mejor para dicho logro, sino que aprovecho para referirme hoy cómo, en algo tan reciente en nuestro medio como es el uso de la aplicación de Über en el país, hay propuestas en contra de su operación que a quienes daña es a los consumidores -cuya satisfacción es el objetivo básico de la economía- y cómo es que los grupos que más adversan dicha aplicación se caracterizan por no ser competitivos en el sentido económico. Al contrario, suelen ser detentadores de algún privilegio estatal que impide que haya un número suficiente de oferentes, de manera que se pueda considerar que estamos en presencia de un mercado competitivo.

En la mañana del jueves 5 de mayo arrancó una marcha de protesta que salió desde el Parque de la Paz hacia la Casa Presidencial, en la cual los manifestantes que la integraban eran esencialmente taxistas rojos -el actual establishment de taxis- y autobuseros, con el objetivo de solicitarle al gobierno que prohibiera la operación del sistema denominado Über, a través del cual una parte privada se pone libremente de acuerdo con otra parte privada, para ser servida con un traslado de un lugar hacia otro.

Detrás de todo esto hay un interés supremo, que debe primar en toda economía, en todo momento: la mayor satisfacción de los consumidores, la cual lógicamente se da cuando aquellos pueden libremente escoger entre alternativas, aquella que le parece es la mejor. Esto es, cuál le sale más barata; cuál servicio es de mejor calidad; cuál se le provee en el momento oportuno en que se le requiera; cuál llega más expeditamente a donde uno le pide que vaya, en el marco del enmarañado tránsito urbano al menos de nuestra área metropolitana; así más, de cuál se recibe un mejor trato personal al brindársele el servicio. Que como consumidor seamos libre de escoger lo que mejor nos parezca, que lo podamos hacer sin imposición de nada ni de nadie, es lo que obviamente nos conviene como los consumidores.

Posiblemente si uno es propietario de su propio medio de transporte prefiera escoger usar lo que es suyo, pero incluso eso tiene el costo de la incomodidad y el estrés de manejar en caminos convulsos, así como puede ser necesario incurrir en costos de cuido del vehículo o de estacionamiento (además de los lógicos de gasolina y aceite), pero muchas veces tiene ante sí la opción de escoger entre un bus, un taxi tradicional, uno pirata o bien el servicio Über, tomando en cuenta diferenciales de precios, de rutas, de accesibilidad adónde se dirige, de trato, etcétera.

El costo total para el consumidor se refleja en el precio a que se ofrece el servicio y ese precio resulta ser mayor cuando el oferente de dicho servicio no tiene competencia que le obligue a reducirlo al consumidor. Por tal razón hay tanto esfuerzo de hombres y de empresas para, de alguna forma, lograr convertirse en monopolistas; en el caso concreto, de que no haya competencia en el servicio que ofrecen. Afortunadamente, no hay más monopolios en una economía porque hay libre entrada de competidores. La clave está la mayoría de las veces en manos del estado: en si está dispuesto a permitir la libre entrada (y salida) de oferentes en una actividad económica o si le otorga el privilegio del monopolio a alguien (o a algún grupo de ellos). Es una simple forma de protección del interés de alguien en particular, específico, al impedir que otros puedan competir con éste.

Entre los manifestantes de hoy, hay representantes de dos sectores de la economía que efectivamente están caracterizados por la falta de competencia. Ya acerca de los taxistas se ha dicho mucho: su número es restringido por decisión del estado (lo cual ha provocado la existencia subterránea y ciertamente riesgosa de los llamados piratas). Tal limitación la expresa el enorme precio (multimillonario) que hay que pagar por obtener “la placa” o permiso para poder trabajar legalmente como taxista, si es que se busca la vía de comprar el permiso en vez de esperar la gracia divina del estado (de sus políticos). Una persona, aunque reúna todas las condiciones técnicas que suele requerir el estado para quienes disponen de placas de taxis, si no tiene dichas licencias, simplemente no puede trabajar.  Esa limitación en la oferta de servicios de taxis se traslada a los consumidores, los cuales tienen que pagar precios mayores que los que tendría si cualquiera pudiera ser taxista (cumpliendo requisitos técnicos mínimos), lo cual aumentaría la oferta en el mercado.

El otro sector que se manifestó hoy en contra de la competencia que les traería Über, es el de transporte remunerado en autobuses. Aquí el caso es interesante, porque no sé hasta qué grado los autobuses son sustitutos -principalmente por los niveles de ingresos de los usuarios- del servicio que brinda Über. Pero, en todo caso, aunque me salgan con el cuento de “solidaridad” con los taxistas, no creo que tal “solidaridad” exista en la actualidad, pues ambos sistemas suelen competir fuertemente entre sí.  Por ello, la manifestación debe ser porque también los privilegiados autobuseros temen que la presencia de Über vaya a incidir negativamente sobre sus negocios.

Resulta que el servicio de buses no es competitivo: no existen dos o tres empresas que dan el servicio directamente a Desamparados o a Sabanilla de Montes de Oca o a tantos lugares del país.  Rige un régimen mediante el cual una ruta se le asigna a una empresa mediante lo que se llama una concesión.  Esto es, se supone que hay una licitación abierta para que diversos oferentes pujen por obtener la concesión para operar una ruta pre-establecida, satisfaciendo parámetros esperables, tales como calidades del servicio, frecuencia, etcétera, pero esencialmente que está sujeta a una tarifa que cubre los costos determinados por el estado. Para ello, este toma en cuenta, supuestamente, las cifras que la empresa brinda en torno al número y frecuencia de usuarios, la distancia de las rutas, entre otros.  El hecho es que hay un solo oferente para cada ruta de buses específica, a pesar de que es de esperar que haya muchos otros que desearían poder entrar a dar el servicio en condiciones similares. Asimismo, es un hecho que dichas concesiones duran períodos relativamente largos; no es algo que ni siquiera se otorga competitivamente, de forma anual, sino que dura por un tiempo significativo.

Y no, no le voy a entrar al hecho de lo apetecidas que son las contribuciones políticas a ciertas agrupaciones electorales, no sólo recibidas como aporte monetario sino en la prestación de servicios en momentos cruciales, políticamente hablando.  No tengo pruebas específicas, de casos concretos, de ello, de manera que cada uno de los lectores lo tome como le parezca, aunque la lógica de la elección pública nos dice que la maximización del poder de parte de los políticos suele a conducir al otorgamiento de tales servicios a quienes se sirvan aportar apoyo para la permanencia de esos políticos.

Así, el consumidor de servicio de buses en una ruta concreta no tiene en dónde escoger: debe usar el servicio concesionado, le guste o no (si no lo gusta, puede usar los taxis actuales o los piratas o bien Über, pero bien saben que les salen más caros que los buses). Pero no puede usar -contratar- un servicio de buses competitivo, porque tal servicio de hecho, por la decisión restrictiva del estado, no existe: el ciudadano consumidor no tiene forma de optar por otro bus que sea de igual o mejor calidad, pero de menor precio, que el que monopolísticamente enfrenta por el sistema de concesión estatal.

Por eso, estoy a favor de Über -además de creer en el progreso: no quiero que nadie me obligue a volver a las épocas de las carretas o de los caballos- porque me permite como consumidor escoger libremente un servicio que hoy no puedo obtener en las condiciones de restricción de la oferta que he comentado y las cuales le permiten al productor monopolista obtener un precio mayor que el que recibiría si estuviera en un régimen de competencia.

La competencia como consumidor me favorece.  En cualquier economía, producir por producir no tiene sentido.  Nada de beneficio se lograría si alguien decide producir behemots para nuestro consumo o también burps que nadie desea  (no existe ninguno de esos en nuestros mercados) o, digamos, carne de tiburón “madurada”, o algo similar.  La producción tiene sentido la producción si está destinada a satisfacer los deseos y necesidades de las personas. Esa producción será mucho mejor y más barata si resulta de la competencia entre las partes que participan de la oferta del bien o servicio. Es allí cuando más se nos beneficia a los consumidores.

Por tal razón, rechazo la manifestación de grupos que quieren evitar la competencia, que lo que quieren es mantener grados de monopolio, pues con ello se daña a la totalidad de consumidores de la economía, que somos todas las personas.

A su vez, debe tenerse presente que la posibilidad de una competencia suele ser acicate para quienes hoy están conformes con el estatus quo que le brinda el estado. Una competencia puede incentivarlos a que sean más eficientes en lo que hacen: es su forma de mantener los clientes.  Surge así enorme estímulo para que los taxistas actuales se pongan las pilas y mejoren su producto y así complazcan a los consumidores. Traten de hacerlo mejor y más barato que Über.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 9 de mayo de 2016

Tema Polémico: ¿Una tercera vía?

Finalmente, todo parece indicar que Donald Trump y Hillary Clinton serán los candidatos republicano y demócrata que competirán para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, cuando se observan ciertas encuestas, salta a la vista que ambos aspirantes poseen un alto porcentaje de opiniones desfavorables y son, a su vez, figuras muy polarizantes para el electorado.

Partiendo de este panorama, bien puede ocurrir aquel famoso dicho de en río revuelto ganancia de pescadores. En este sentido, nos referimos al partido libertario norteamericano, el cual probablemente sea representado por el exgobernador Gary Johnson. Dicha agrupación –a diferencia de otras- tiene la gran ventaja que va a estar en todas las papeletas de todos los estados. Su plataforma es básicamente un liberalismo clásico, fundado en los principios de libertad y responsabilidad individual.  En términos partidarios norteamericanos su fórmula podría resumirse de la siguiente manera: “fiscally conservative and socially liberal. Ello lo que quiere decir es que en el ámbito económico se acercan más al lado republicano, mientras que en temas sociales a los demócratas.


La impopularidad de los candidatos de los dos partidos más importantes puede traer una oportunidad única en la historia, que es destruir el bipartidismo que ha caracterizado a los Estados Unidos y crear a lo mejor una tercera fuerza electoral viable o al menos relevante. Todos aquellos quienes promovemos la libertad, entendemos la importancia de que en el país más influyente del mundo, también existan políticos de trascendencia que impulsen políticas públicas afincadas en principios liberales, que sirvan de ejemplo para otras latitudes.