martes, 31 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gasto público de los últimos tiempos

Si logramos tener alguna idea del comportamiento del gasto gubernamental de los últimos años, eso nos permitirá entender por qué es muy posible que  fines de este año el déficit del gobierno llegue a algo más de un 6% del Producto Interno (PIB).

La información la suministra La Nación del 30 de abril, en su comentario titulado “Gobierno incrementó el gasto público en ₡1 billón: Ejecutivo consumió ₡400.000 millones más de lo que quiere recaudar con nuevos impuestos.”

Ya estamos acostumbrados a que un gobierno siempre le “eche los muertos” a quien le precedió, por el mal momento actual en su gasto público. Es una cadena casi sin fin: siempre el responsable será “el otro”, el de atrás, pero nunca dirá que el actual.  Posiblemente hay algo de razón en la queja, porque muchos gobiernos actúan con la idea de que “después de nosotros, el diluvio.” Esto es, “hagamos la torta ahora y que después la pague el gobierno que nos sigue.”

Si uno junta ambos argumentos -el de echarle la culpa siempre al gobierno anterior y el de ser dispendioso en el gasto y que el gobierno siguiente pague dicha pasión- nos damos cuenta de que la verdadera carne del sándwich terminamos siempre siéndolo nosotros, los ciudadanos.

La información periodística citada analiza primordialmente el comportamiento de los gastos de la segunda administración Arias Sánchez (2006-2009), así como los de la administración Chinchilla Miranda (2010-2013) y dos años de la actual, la de Solís Rivera (2014-2015).  Los datos que, a continuación, señalo son estimaciones a partir del Infográfico del comportamiento del gasto del gobierno central, presentado por el periódico en la edición arriba citada.

En el primer año de la segunda administración Arias, el gasto total del gobierno central ascendió a, aproximadamente, ₡3 millones de millones. Aumentó luego en un 5.4% y el gasto total llegó en el 2007 a, más o menos, ₡3,2 millones de millones. Para el tercer año de esa administración (2008), habría aumentado en un 7%, elevando el gasto total a alrededor de ₡3,4 millones de millones. En el último año de dicha administración, los gastos del gobierno crecieron en un 4.7%, lo cual llevó el gasto total a un estimado de ₡3,5 millones de millones en el 2009.

En cuanto a la administración Chinchilla, en su primer año aumentó aquel gasto del gobierno central en un 21%, lo cual lo elevó a un estimado de ₡4,3 millones de millones en el 2010. En el año siguiente, el gasto descendió en un 0.5%, lo cual redujo el total a un monto aproximado de ₡4,2 millones de millones.  Luego, en su tercer año de gobierno (2012), el gasto se incrementó en un 5%, llevando la cifra estimada a un total de ₡4,5 millones de millones.  Y, en su último año de gobierno, la partida aumentó en un 9%, con lo cual su administración concluyó con un estimado de ₡4,9 millones de millones.

En lo correspondiente a la administración Solís, en su primer año el gasto total se incrementó en un 8.4%, con lo cual el total se estima que ascendió a ₡5,3 millones de millones en el 2014, en tanto que en su segundo año (2015), el incremento fue de un 9.9%, llevando la cifra a un monto estimado de ₡5,8 millones de millones.

Si bien es cierto que, para cada gobierno que empieza, siempre ese primer año está determinado por el presupuesto que le dejó la administración previa, el objetivo aquí es señalar como fueron creciendo los gastos, hasta llevarnos a la difícil situación actual. Podemos claramente deducir que en las tres administraciones citadas, con excepción del 2011 (segundo año de la administración Chinchilla, si bien en el 2010 rigió el presupuesto heredado del último año de la segunda administración Arias), el gasto gubernamental siempre creció en términos nominales. (Casi todo el análisis del periódico lo hace en términos nominales, pero, en todo caso, siempre los cambios nominales fueron superiores a la inflación del período de referencia. Para el objetivo de este análisis no parece existir un problema serio si se hace en términos nominales en vez de reales) 

El comentario periodístico analiza el aumento de gasto del gobierno central de ₡940.000 millones que se dio en los primeros dos años de la administración Solís.  Está compuesto por ₡350.000 millones en transferencias corrientes; ₡296.000 millones en remuneraciones; ₡168.000 millones en el pago de intereses y ₡125.000 millones en gastos de capital.

Aquí hay varias cosas interesantes de resaltar.  Las llamadas transferencias corrientes incluyen el pago de pensiones, así como “salarios y pluses en entidades descentralizadas.” (Un ejemplo de dichas transferencias es la que el gobierno central le hace a las universidades estatales). Las remuneraciones comprenden tanto salarios como cargas y pluses de los empleados cubiertos por el presupuesto del gobierno central. La suma del aumento en estos dos años de la administración Solís por estas dos grandes partidas (remuneraciones y transferencias), que podríamos llamar gasto corriente exceptuando el pago de intereses, sería de  ₡646.000 millones, lo cual es 5,2 veces lo que el gobierno central aumentó en inversión en obras públicas y adquisición de activos, que sería de ₡125.000 millones.

En tanto que el gasto del gobierno actual durante los primeros dos años de su administración, aumentó en aproximadamente ₡940.000 millones (casi un billón de colones, según lo dice el medio), la recaudación de impuestos en ese mismo lapso fue de ₡643.000 millones.  Esto es, hubo un déficit o faltante de aproximadamente de ₡360.000 millones en esos dos años.

El gasto total durante la administración Solís aumentó en ₡415.000 millones en el 2014 y ₡523.000 millones en el 2015, pasando de ₡4,9 billones en el 2014 a ₡5,8 billones en el 2015.

Cabe hacer notar que, en tanto que el presidente Solís pretende aumentar los impuestos en este año para recaudar ₡600.000 millones, en los dos años de su administración el gasto creció en alrededor de ₡940.000, lo cual es una suma que excede en un 63.8% a los impuestos que espera recolectar con su propuesta tributaria.

Es interesante reseñar la opinión que al respecto suministró al periódico el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, como explicación del porqué se dio ese aumento del gasto de ₡940.000 millones en la administración Solís. Indica que “el fenómeno  es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la ‘herencia’ presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.” De acuerdo con sus cálculos, “un 17% del incremento de ₡1 billón (en los gastos del 2015) corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ₡430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto… Las pensiones tienen vida propia… De cada ₡100 que se pagan por pensiones, ₡90 se financian con endeudamiento y ₡10 con cotizaciones.” Asumo que esto último se refiere a las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno central.

El punto es que las distintas administraciones -aquí analizadas- han aumentado fuertemente el gasto gubernamental.  Por ejemplo, la administración Arias no sólo inició un fuerte incremento por ajustes salariales, sino que puso en marcha dos programas, uno llamado Plan Escudo y el otro, Plan Nacional de Alimentos, para reducir los efectos de la crisis mundial iniciada a finales del 2008. El hecho es que “alimentaron” fuertemente el gasto del gobierno: casi en alrededor de ₡600.000 millones. Un problema grave de dicho aumento es que no tuvo un carácter “temporal”, en el sentido de que el estado creara empleo público para suplantar las pérdidas de empleo en el sector privado, durante la baja del ciclo económico citado. En esencia creó empleo permanente en el sector público, lo cual incuestionablemente tuvo serios efectos en el gasto de los gobiernos que le siguieron.

En los cuatro años de la administración Chinchilla, el gasto gubernamental creció aproximadamente en ₡1.200.000 millones, pues pasó del nivel del último año de la administración Arias de un estimado de ₡3,7 miles de millones a ₡4,9 miles de millones en el cierre del 2013.  No hay duda que, en mucho, heredó el problema de un gasto salarial “permanente” que había formulado la administración Arias, pero también tuvo su parte propia en tal incremento. 

Es factible argüir que la administración Solís también ha experimentado el “legado” o “herencia” de la naturaleza dispendiosa de parte de los dos gobiernos que le precedieron, pero han pasado dos años sin que se tomaran las medidas que condujeran a una reducción impostergable del gasto público, tanto en salarios como en pensiones, cosa que, al momento en que esto se escribe (mayo del 2016), aún no se hecho de manera significativa. Por ejemplo, aumentó en un 14% adicional las transferencias para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -aumento del subsidio a las universidades estatales que ascendió a ₡51.000 millones en el 2015.

Eso es preocupante, en mi opinión, más que el déficit en sí de un 5.9% del PIB en el 2015 y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, en el 2106 podría llegar a un 6.2% del PIB.  El gasto que realiza el gobierno central es una demanda que ejerce sobre los recursos que produce una economía.  De esa especie de “olla” (el PIB) sale la parte que el gobierno toma, dejándole menos para llenar las necesidades de inversión y consumo del sector privado de la economía.  Son recursos que extrae de la economía como un todo, dejándole cada vez menos a la economía no gubernamental; esto es, a la parte privada de la economía. 

Además, en tanto este gobierno argumente que necesita esos ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos, casi que sabemos que la administración actual no va a dejar de gastarlos -ahorrarlos- sino que le servirán para financiar muchos proyectos que usualmente señala como carentes de recursos frescos, para poder llevarlos a cabo.  En otras palabras, los quiere para simplemente gastarlos.  Por eso uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

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