martes, 28 de junio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: mi propuesta para resolver problemas con los actuales Colegios Profesionales

Hace un par de semanas escribí un comentario en torno al costo que ciertas políticas de los colegios profesionales ocasionan a la sociedad costarricense.  No sé por qué, pero esperé que surgieran críticas razonadas a mi opinión; sin embargo no las ha habido.  Siempre he pensado que la crítica inteligente es el motor del avance del conocimiento, pero su ausencia puede haberse debido a uno o varias de las siguientes razones o tal vez de otras que no he podido vislumbrar. 

La primera razón es que los argumentos que expuse en torno al costo de los colegios profesionales eran pertinentes y que, por lo tanto, fueron aceptados por los lectores.  Esta es una visión tal vez arrogante de mi parte, pero tal vez es porque uno hace un esfuerzo para exponer su conocimiento acerca del tema, en la expectativa de que haya cierta racionalidad en lo argumentado.
 
La segunda, es que, al menos los dirigentes o propugnadores de la existencia de los colegios profesionales en Costa Rica, tales como los conocemos, prefirieron guardar un silencio oportunista, pues no tienen suficientes bases para refutar lo comentado. Eso es posible: ignorar al crítico y a la crítica como si fueran irrelevantes es una vieja estrategia usual de quienes quieren mantener el estatus quo.

Y la tercera, es que nadie o casi nadie lo leyó.  Esta es la que verdaderamente me inquieta, pues, al tratarse de un tema vital en los hogares de nuestro país, al ser una muestra clara de una colusión en contra de los intereses de los consumidores, que somos la mayoría de los costarricenses, podría indicarnos un desinterés de parte de la ciudadanía, hecho que tan sólo da campo a que la explotación verdadera pueda permanecer impune, que quede imperecedera y que continúe el grave daño que se ocasiona a la mayoría de los ciudadanos, en beneficio de unos relativamente pocos.
Dicho esto, lo que más me ha llamado la atención es la ausencia de una pregunta esencial ante mi comentario, cual es que definiera mi posible solución al problema que significa la actual estructura de los colegios profesionales en el país. Tal pregunta devendría de una aceptación o cuasi-aceptación de que el problema expuesto es real y que no es resultado de la imaginación de la mente de alguien.

Es cierto que cuando uno encara un problema, no es necesario que brinde sus soluciones: el hecho de demostrar la existencia de tal contrariedad permite a las mentes buscar posibles formas de resolverlo y, tal vez, hasta de evolucionar y encontrar un problema ulterior por resolver. A veces hay cosas sumamente complejas; en otras ocasiones se le pide a uno que cuál es la solución que brinda, cuando, en verdad, buscarla tal vez le corresponda más apropiadamente a ser brindada por un tercero, como cuando este posee mayor o mejor información.  Pero esta última estrategia ante el postulante se suele hacer para demeritar el análisis por “incompleto”, e ignorando el posible aporte del que ha señalado cierto conocimiento de un problema mas no de la solución.
Por eso quiero fijar mi posición, brindando algunas sugerencia que podrían evitar el daño que señalé en mi comentario anterior provocado por el cartel que lo son los colegios profesionales del país. Esto lo logra mediante una restricción de la oferta de servicios en el mercado, de manera tal que permite lograr precios más elevados que los que se determinarían en el mercado, así como también por la ausencia de una competencia real que permita a los consumidores beneficiarse de ella, al igual que logran entronizar, por medio de regulaciones arbitrarias, políticas de precios que claramente perjudican al consumidor, como lo es el precio mínimo a que se pretende obligar a pagar a los consumidores en el caso reciente expuesto del Colegio de Médicos de Costa Rica, que prohíbe a sus asociados cobrar menos para que no se rompa el cartel.
Mi posición general es a favor de la existencia de los colegios profesionales -¡calma, ya diré de qué forma!- y se basa en un principio esencial que acepto como parte del derecho humano a la libre asociación.  Al respecto es bien clara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, acerca de la legitimidad de que el ser humano, por su propia naturaleza, es libre de asociarse, obviamente sin que dicha asociación tenga como objetivo el daño a terceros. Dicha declaración, promulgada en el seno de las Naciones Unidas en 1948, dice así en lo pertinente: “Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”
Claramente uno tiene el derecho, por ejemplo, de formar parte de partidos políticos, asociaciones comunales, clubes, agrupaciones sindicales, cámaras, sindicatos y similares, pero no de organizarse en pandillas, lo cual más bien consistiría un delito, dado que su fin último es dañar a otras personas. Mientras que en los primeros casos las personas se agrupan para lograr fines comunes, deseables, pacíficos, la libertad de asociación no es para que conformen pandillas o mafias que buscan dañar deliberadamente a terceros. Piense, por ejemplo, la clase de mundo en que viviríamos si un tirano declarara una prohibición para que las personas puedan asociarse en partidos políticos o que denegara el derecho a los individuos de formar asociaciones.
Y es obvio, como dice la segunda parte de dicho artículo 20 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que su pertenencia en dichas asociaciones es voluntaria y no obligatoria. Nadie nos puede obligar a formar parte de un partido político o de una iglesia de una denominación específica o de una asociación para el ejercicio de la caridad, como la masonería. Deben ser actos libres de las persona y la imposición, la obligatoriedad, de pertenecer a una agrupación determinada es contraria a ese principio de libertad esencial.
Por tales razones no veo nada anormal en que un grupo de profesionales pueda crear una asociación que agrupe a individuos que poseen cierta característica en común y que no buscan, como un objetivo, dañar a otras personas. Por el contrario, es una virtud que puedan unir esfuerzos en asuntos que una sociedad considera como positivos y convenientes. Y que, por supuesto, dicha asociación no sea producto de compulsión –las juventudes nazis, por ejemplo, en la época trágica de Alemania o ciertos sindicatos en algunos países, afortunadamente no aquí, en donde un obrero para trabajar en una fábrica se ve obligado a afiliarse a un sindicato. Es por ello que, en lo particular, creo en la existencia de colegios profesionales que puedan promover los intereses de los agremiados, en donde la asociación sea voluntaria y en donde no se persigan objetivos que dañan a la comunidad en general (terceros).
Me opongo, eso sí, a los actuales colegios profesionales en el país porque, tal como están organizados, realizan prácticas que dañan a la colectividad de no-miembros, en donde, además, se exige la pertenencia en dicho colegio a profesionales a fin de que puedan trabajar para vivir como personas libres. Tal como lo señala el inciso 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos antes mencionada, “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”
¿Cómo logramos resolver los problemas ocasionados en nuestro país por el actual sistema de colegios profesionales?  Estos, tal como están hoy, gozan de una autorización exclusiva, monopólica, del estado, que impiden una competencia deseable.  En mi opinión, propondría legislación para acabar con dicho monopolio, de manera tal que se permita (que no se impida) que puedan existir tantos colegios profesionales como las personas asociadas puedan requerirlo. Dicha propuesta no sería que tan sólo exista en la sociedad una misma cantidad de colegios como hay de profesiones distintas, sino que haya posibilidad para la existencia de diversos colegios profesionales de una misma rama profesional.
Por ejemplo, debería existir la libertad para que un grupo de profesionales -sugiero un mínimo de 20, porque me parece tal número, pero no es algo mágico- se pueda juntar libremente y formar un colegio de una rama profesional, de forma que compita con otros colegios de su misma profesión igualmente constituido.  Por ejemplo, que en lugar de un único Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, puedan existir otros colegios, como ejemplos serían Colegio de Abogados y Abogadas (para estar a la moda en la lexicología hoy de moda) de San José, de Heredia, de Alajuela, etcétera, o bien el Colegio Libre de Abogados y Abogadas, o un Colegio de Abogados y Abogadas “José María Castro Madriz” o “Ricardo Jiménez Oreamuno” o qué sé yo… Como un jardín con muchas flores…
¿Qué tal un Colegio de Economistas y Economistos Socialistas, o Liberales, o de Cartago, o de la República o del Reino, etcétera? Que haya diversidad de agrupaciones profesionales que compitan entre sí y que busquen el logro de intereses legítimamente aceptados en el país, sin restricción alguna que limite su existencia, excepto estar constituidos por aquel grupo mínimos de 20 profesionales. Y ellos que se organicen como puedan a lo interno.
Sé que de inmediato me dirán: “Hasta delincuentes podrían organizar un Colegio de Abogados y Abogadas de cualquier cosa o, tal vez peor, que un grupo de brujos, hechiceros y curanderos monten su propio Colegio de Médicos y Médicas”. 
Aquí surge un tema muy importante: en particular ¿cómo hace el consumidor para saber que el profesional que lo dice ser, en realidad lo es y que no se trata de un embustero? Creo que tal certificación o prueba la debe exigir quien contrata o adquiere sus servicios.  Por ejemplo, al ser la Caja Costarricense del Seguro Social el demandante de los servicios de profesionales de la Medicina, que esta pueda verificar que no está contratando a un nigromante o a un adivino y sí a un médico. Esa exigencia la puede instaurar el demandante (la Caja) y sin duda que el prestigio, la reputación, de cada una de las asociaciones médicas que conceptualmente propongo, serviría para colar a los verdaderos profesionales de los falsos.  Lo mismo puede hacerlo el consumidor directo, al poder verificar la asociación que le muestra el profesional que le ofrece el servicio e incluso aquí el poder del prestigio, la reputación y el buen nombre del colegio respectivo jugarían un papel esencial.  Esto exigiría también al consumidor ser responsable de sus propias acciones y decisiones: que sepa que puede estar escogiendo a un brujo para resolver un problema de salud, en vez de un profesional médico preparado para ello y exigir la prueba de la probidad profesional y de la membresía de él, que incluso sería básico para cualquier eventual litigio por mala praxis ante un engaño o un daño ocasionado.
Lo importante de tener gremios profesionales que compiten entre sí, es que no podrían restringir artificialmente la competencia deseable de gente preparada para el ejercicio de una profesión, incluso impidiendo que se tomen medidas en las universidades en donde el objetivo real es producir una menor cantidad de profesionales que oferten en el mercado.  Porque hoy si, por ejemplo, resucitaran Sócrates o Adam Smith o Carlos Marx, no podrían ni ejercer en sus profesiones ni trabajar en las universidades por carecer de un título o bien por no ser miembros del colegio correspondiente.

La propuesta es sólo una idea, que sin duda puede ser mejorada o desechada si es que no sirve, pero no debemos continuar con un sistema monopolístico que tanto daño causa a los consumidores por la falta de competencia.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 27 de junio de 2016

Tema Polémico: Cuotificación de la vida

En días pasados la Diputa Epsy Campbell propuso establecer cuotas a favor de egresados de Colegios Públicos para la admisión a la Universidad de Costa Rica. Días después Patricia Mora sugirió cuotas para los pueblos indígenas en los puestos de Diputados. Por último la misma diputada Campbell planteó la idea de obligar realizar nombramientos paritarios entre hombres y mujeres en puestos del Poder Ejecutivo.

Todas estas propuestas no hacen más que reflejar nuestra patología estadista. No negamos, que sin duda alguna existen grupos en la sociedad que históricamente han sido marginados, incluso a nivel legal. Pero ello no significa que la solución a dichas injusticias históricas sea restringir espacios de libertad y elección a las personas, y perpetuar otras injusticias presentes sobre personas que no han sido responsables de los deslices y malas prácticas pasadas.


Las sociedades libres deben progresar realmente hacia la igualdad, tolerancia y diversidad desde los planos sociológicos y culturales, no políticos y legales. La verdadera inclusión es libre, la otra no es más que un triste maquillaje. Precisamente, en estas batallas los liberales tenemos mucho que aportar, toda vez que somos de las pocas ideologías que se preocupan por una defensa intrínseca del individuo, sin importar su origen, clase, género, nacionalidad, preferencia sexual, raza, etc. Debemos todos contribuir a construir sociedades abiertas, pero ellas se construyen desde la praxis y no desde la ley.

lunes, 20 de junio de 2016

Tema Polémico: El Capitalismo y la Conciencia Social


Muchas personas erróneamente tienden a asociar el Socialismo con la conciencia social, por lo tanto, se dice que todas las personas que son más afines al Capitalismo carecen de este conocimiento o virtud. El Capitalismo es un sistema económico que alcanza un alto grado de actividad productiva por medio de capital privado. En este sistema, las personas intercambian bienes y servicios satisfaciendo de esta manera sus necesidades individuales y esto trae como resultado un beneficio generalizado de la sociedad. Este hecho de que cada individuo genere riqueza basado en un interés individual no quiere decir de ninguna manera que propicie una inexistencia de conciencia social. 

Podemos entender conciencia social como un conocimiento del bien y el mal. La conciencia social en las personas genera un deseo de que todos los seres su alrededor tengan sus necesidades básicas cubiertas y tengan la capacidad para lograr auto realizarse ¿Y por qué este conocimiento no puede existir en un sistema capitalista?

Es irónico pensar de esta manera pues los mismos hechos históricos contradicen esta aseveración. Desde que inició el movimiento capitalista en el mundo más personas han podido salir de la pobreza que en cualquier otro momento en la historia. Además, gracias al Capitalismo y su incentivo a la generación de nuevas tecnologías se originan constantemente formas de producción más eficientes de modo que se satisfagan las necesidades de cada vez más individuos. Desde un punto de vista de conciencia social se podría decir con toda certeza que el Capitalismo ha dado mejores resultados que otros sistemas. 

Los críticos del Capitalimso dicen que el problema es que con este sistema se genera un afán de lucro y es antagónico con la conciencia social ¿Por qué? ¿Adónde está el fundamento de esta aseveración? Todas las personas tienen afán de lucro en algún grado y esto no quiere decir que sean incapaces de ayudar al prójimo. En un sistema basado en el mercado, las personas adquieren capital en libertad y con la misma libertad pueden usar su capital privado  y su tiempo de la manera que mejor les parezca y puede ser en mejoramiento de la calidad de vida de otras personas y/o del medio ambiente. Inclusive, voluntariamente y sin violar las libertades de otros, grupos de personas constantemente se ponen de acuerdo y forman organizaciones privadas con objetivos claros de ayuda social, en mejoramiento del medio ambiente, etc. Todo esto sucede en sistemas capitalistas. 

La conciencia social nace del individuo y es este el que debe ponerla en práctica.  Lo que no se vale es que un grupo de personas le arrebaten la propiedad a unos a para dársela a otros supuestamente con un carácter de ayuda social. Este tipo de acciones, características de sistemas Socialistas,  lo único que generan es que no se genere riqueza y, por lo tanto, se propicia la pobreza en forma generalizada.

martes, 14 de junio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: los Colegios Profesionales son carteles que dañan a los consumidores

Cuando tengo la posibilidad de exponer en torno a un tema, como es este caso del papel de los colegios profesionales en nuestra sociedad y particularmente en nuestra economía, suelo empezar por una definición que ayude a entender el problema con toda claridad.  Tal es el concepto de cartel económico, en donde se le define como un “acuerdo formal escrito o verbal entre varias empresas para fijar el precio de un producto y la producción de cada una de ellas, o para repartir geográficamente el mercado del producto.” (Campbell R. McConnell y Stanley L. Brue, Economía, decimotercera edición (Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, S.A., 1997), p. 6-4). Para entender bien la definición, los lectores podemos traer a nuestra mente el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que, si bien menguada por razones como las que luego veremos, ha sido un claro acuerdo para fijar el precio del petróleo y dividir las cuotas de producción que corresponderían a cada uno de sus miembros.

En nuestro ámbito tenemos una forma de cartel, si bien no se trata de empresas sino de personas, así como tampoco de productos pero se refiere a la prestación de ciertos servicios. En la actualidad dicha especie de cartel es tema de debate entre ciudadanos interesados. Me refiero a la existencia de carteles organizados principalmente al amparo de una autorización del estado, para que los miembros que forman parte de tales agrupaciones sean las únicas que puedan ejercer un servicio específico o, al menos, la pretensión de que su ejercicio se practique tan sólo por miembros autorizados y, por tanto, que se excluya a personas capaces de brindarlos pero que no forman parte del cartel colegiado. Nuestros colegios profesionales son esos entes que “regulan” o permiten el ejercicio profesional tan sólo para personas inscritas en ellos, constituyendo así lo que en economía se denomina como “carteles”. 

En cierta manera, los colegios profesionales son un retroceso hacia sistemas conocidos en la Edad Media como “guildas”, agrupaciones en la Baja Edad Media mediante las cuales personas que llevaban a cabo una misma actividad, se organizaban y definían reglas que rigieran iguales para todos, al tiempo que sus cargos directivos eran llenados por los propios miembros.  De esta manera, por ejemplo, tan sólo los miembros que estaban autorizados por una guilda podían vender sus bienes en determinadas regiones, constituyendo de hecho un monopolio. Las guildas no sólo operaban para dar licencia a sus agremiados para vender bienes, sino también para el ejercicio de ciertos servicios profesionales y artesanales de la época.

En nuestro medio los colegios profesionales constituyen una especie de guilda, pues sólo los miembros autorizados por dicha organización pueden ejercitar su profesión. Esta forma de cartel, además de definir la membresía, impone otras restricciones a todos sus miembros, fin de que se conserve la posibilidad de ejercer sus prácticas en una especie de monopolio. Un fin primordial suyo es impedir que haya competencia entre sus miembros.  Dado que históricamente uno de los problemas observados con los carteles es que se ven sujetos a fuerzas disociadoras de parte de sus propios miembros, eso lo obliga a imponer diversas restricciones sobre la conducta de sus individuos miembros, a fin de que el cartel se mantenga vigente. Conservar el consenso entre sus miembros es crucial para la existencia del cartel.

El objetivo del cartel es impedir una competencia que ponga en riesgo su posibilidad de imponer costos mayores a los consumidores, mediante una monopolización de la actividad. Son costos a los usuarios que se traducen en un beneficio extraordinario para los miembros del colegio profesional.

Para cumplir ese objetivo, los colegios profesionales deben cerrar todas las vías que puedan afectar su capacidad de fijación de precios por los servicios de sus agremiados. Por tal razón, impiden que otros que no son miembros del cartel puedan ejercer la profesión, aun cuando puedan estar capacitados para hacerlo o que los consumidores los aceptan como proveedores del servicio aunque no sean colegiados. Al existir restricciones al ingreso al cartel, se evita que aumente la oferta de profesionales que dé lugar a un descenso en el precio que se puede cobrar.  La clave del monopolio radica en la capacidad de reducir la oferta, en comparación a aquella que se presentaría en un mercado con libre entrada. (Un monopolio se caracteriza por un único oferente, en un mercado en donde nadie más puede ingresar a competir).

Asimismo, los carteles se ven plagados por un problema interno: ¿cómo evitar que uno de sus miembros venda el producto a un precio menor al fijado por el cartel? El incentivo de vender a un precio más bajo surge porque le permite, a quien así lo hace, apoderarse de un mercado más amplio que el que tenía previamente en el seno del cartel, aumentando con ello sus ventas y sus utilidades individuales.

Una forma que el cartel impone para limitar esta fuerza disonante es que se exija que todos sus miembros sean concordes con una política de precios –esto es, que cumplan con una política definida acerca del cobro mínimo que se puede hacer, por los servicios profesionales brindados por todos los integrantes del gremio o colegio profesional. No se impide que el profesional cobre un precio mayor que el mínimo definido por el colegio profesional, pero sí cobrar a los clientes un precio menor al fijado.

Tales restricciones son esenciales en los carteles, porque la competencia naturalmente estimula a que alguien pueda cobrar menos que el precio que ha sido fijado por el colegio correspondiente (o una tasa o un precio en una proporción específica del monto en que se valora el servicio que brinda el asociado). Por eso el colegio restringe el número de profesionales que lo integran, usualmente exigiendo requisitos para su incorporación, en especial de “educación formal”, de forma que así se pueda cobrar un precio monopólico mayor por el servicio brindado a los consumidores. Además, exige a sus integrantes a adherirse al llamado tarifario o lista de precios mínimos de venta que fija el colegio profesional. Su acatamiento presuntamente es de carácter obligatorio para todos los miembros del colegio, a sabiendas de que, de no obedecerlo, se les impondrá una sanción de parte de sus mismos pares directivos del colegio profesional.

Con la fijación del cartel de precios mínimos ningún asociado puede cobrar menos que lo determinado por los colegios por los diferentes servicios que pueden ofrecer sus asociados y, al igual que como sucede con la exclusión legal de quienes no son miembros del cartel para brindarlos, logra el objetivo de un monopolio: que haya un precio más alto que el resultante bajo competencia y libre entrada de oferentes al mercado, Se obtiene al restringir la cantidad ofrecida posible, tanto por otros potenciales oferentes como por algún miembro del cartel que quiera “hacer trampa” al cartel cobrando menos por sus servicios a los consumidores.

Así, el cartel o colegio profesional debe lograr consenso entre sus miembros acerca del tipo de servicio que se ha de ofrecer, así como de los grados de calidad del servicio que se produce, al tiempo que se asegura de que nuevos productos o mejoría de los actuales no den lugar a que pueda presentarse la competencia. Esta es, en última instancia, el principal enemigo del cartel, pues se traduce en un precio menor para el consumidor que aquel definido para los integrantes del cartel, lo cual hace que sea mucha la tentación de sus miembros para que cada uno, individualmente, intente reducir el precio de sus servicios, a fin de aumentar su clientela propia a costas de la de los otros miembros. Por ello el cartel frenará a los posibles díscolos por medio de diferentes sanciones, que incluyen hasta la prohibición de ejercer, cuando rompen la regla de acatar los precios definidos por el cartel.

Ese tipo de arreglos -carteles- son legalmente aprobados por legislación definida por el estado, a fin de garantizar ese freno a la competencia y permitir la permanencia del monopolio en beneficio de algunos y a costas de los consumidores en general. 

Expuesto lo anterior, deseo referirme ahora a una reciente entrevista que el diario La Nación publicó el 30 de mayo, hecha al presidente del Colegio de Médicos, doctor Alexis Castillo, y que se titula “Tarifario médico pone orden’: 7.000 procedimientos serían costeados.” Al leerla, debo felicitar al médico mencionado, por la valentía de expresar opiniones a favor de la existencia de un colegio que permite la cartelización de una profesión, hecho acerca del cual otros presidentes de otros colegios prefieren callar. Tiene el coraje de defender su posición sin ambages, aunque los lectores verán mis comentarios divergentes ante la existencia de carteles de profesionales.

El tema del cartel de profesionales de la medicina ha surgido ante la decisión, postergada luego por parte del mismo Colegio de Médicos, de introducir un tarifario de precios mínimos que deberán cobrar los médicos miembros del Colegio por distintos servicios que prestan a los consumidores. 

Es interesante la respuesta que le da el doctor Castillo a la pregunta de ¿por qué el tarifario? Dice que “porque realmente regula los honorarios profesionales… en la parte privada… en esto (el Colegio de Médicos) ha andado un poco a la libre. La intención es poner orden, tratar de llegar a un punto justo, congruente con la necesidad que tiene la población de acceder a los servicios privados de medicina.” Aquí surgen dos cosas que merecen comentarse. Una es la intención de regular el mercado de la medicina privada y, la otra, si, con la propuesta de fijar mínimos a los precios que pueden cobrar los médicos, se llega a un ‘punto justo’ congruente con los deseos de los consumidores. 

La verdadera razón que mueve al Colegio de Médicos para introducir dicho listado es regular el cartel que constituye dicha agrupación. Debido a que la fijación de un precio definido por el cartel (el Colegio) es exigido para sus miembros, se quiere prevenir lo que constituye efectivamente el talón de Aquiles del cartel: cual es que si uno de sus miembros opera por debajo de ese precio fijado, logrará atraer para sí más clientes.  Un ejemplo es la OPEP, en donde la tentación de cada una de las naciones organizadas para salirse de un precio mínimo predeterminado para sus miembros, en mucho provocó el decaimiento del cartel: diversos países vieron reducidas sus posibilidades de colocar toda su producción, entonces, para evitar tal restricción, otorgaron descuentos por debajo de la mesa a países consumidores, obteniendo mayores ingresos y ganancias, al poder vender a un precio ligeramente inferior al del cartel, una cantidad mayor que la que podía bajo las reglas del cartel.

Por otra parte, resulta incorrecta la aseveración del presidente del Colegio de Médicos de que el precio mínimo determinado por el Colegio para los diferentes servicios médicos es uno “justo” y congruente con los intereses de los ciudadanos de acceder a los servicios médicos privados.  A un consumidor le interesa, puesto a escoger entre varias alternativas, tomar aquella que esencialmente cumple con sus exigencias de calidad, y que a la vez su precio es menor.  Si compro naranjas (o cualquier otra cosa; es sólo un ejemplo), si todas son más o menos de la misma buena calidad, mi comportamiento racional como consumidor será adquirirlas de quien me las venda más baratas.  El argumento del presidente del Colegio va en contra de ese principio elemental de Economía, acerca de la función de demanda: para el doctor Castillo el punto justo para el consumidor es que éste pague un precio mayor que el que podría pagar, si llegara a un acuerdo con un médico, en donde la transacción es convenida por ambas partes, a un precio menor que el fijado por el cartel.  

El pretexto de “regular” un mercado, no es más que un encubrimiento de una decisión por la cual se les cobra más a los consumidores comparado con lo que podrían pagar en un mercado libre, no regulado.  La tal regulación explota al consumidor, al permitir una práctica que, de hecho, constituye una forma de monopolio. El cartel busca que, al igual que con un monopolio, se reduzca la cantidad ofrecida en el mercado, para que así el consumidor se vea obligado a pagar más a fin de obtener lo que desea o necesita. Lo logra con la decisión del Colegio de que exista un precio mínimo más alto que el precio de mercado, con carácter de obediencia de ley para sus miembros, que no pueden cobrar menos, pero sí más, de ese monto fijado por el Colegio. 

Al ser este precio mayor que el que libremente se determina en el mercado no regulado, ante esto el consumidor disminuirá la cantidad demandada del servicio, al tiempo que hay un incentivo para que aumente la cantidad ofrecida de los médicos a ese precio mayor. Es para evitar esto último, que el Colegio sanciona al miembro que se atreva a cobrar un precio menor que el mínimo fijado. Si la política sancionatoria del Colegio es efectiva, las personas que no pueden pagar ese precio más elevado se verán obligadas a disminuir su cantidad demandada en el mercado privado, con lo cual se estimula a que tengan que obtenerlos en la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde encontrarán, ante la mayor demanda, un incremento en las filas y mayores costos no monetarios para acceder al servicio médico necesitado. 

Obviamente, me parece que ese precio, desde el punto de vista del consumidor, no tiene nada de “justo”, y para el profesional médico significa que no podrán llegar a un acuerdo por brindar el servicio al consumidor, en donde las partes acceden libremente a realizar la transacción a un precio que satisfaga a ambas partes. Me parece, por el carácter voluntario de la negociación, que es más justa que obligar a una transacción en donde una parte fija el precio (el profesional por determinación del Colegio) mientras la otra no tiene otra opción más que acceder al cobro mayor o quedarse sin el servicio.

Asimismo, el presidente del Colegio señala que es conveniente para las partes el que exista una lista de precios (¡claro que puede brindarse información acerca de precios de mercado y no de precios mínimos!) pues así sabrán en el mercado cuánto se cobra y cuánto se paga. Un mercado es un sitio en donde los individuos realizan el intercambio de bienes y servicios, en el cual las partes que ofrecen y demandan se ponen de acuerdo para realizar el intercambio usando el dinero (para facilitar la transacción). Esta se lleva a cabo si las dos partes se benefician con la transacción.  De no ser así, no la llevarían a cabo. Si el precio es fijado por la ley (asumiendo que tiene fundamento legal para ello) del Colegio, los individuos no pueden transar libremente, pues una parte se impone sobre la otra. 

Conviene que las personas interesadas se informen acerca de los precios que les propondría un médico en concreto y que también pueda averiguar cuánto le cobrarían otros. Así podrán negociar con el que mejor le parezca, en su opinión. Pero si el precio es fijado por el Colegio, el cliente se podría ver atraído por cosas distintas al precio mínimo igual que para todos sus miembros fija el Colegio; cosas como podrían ser la calidad de las oficinas, la reputación, la tecnología usada, la proximidad, la experiencia o la amistad o la recomendación de alguna otra persona, entre muchas otras cosas. No sólo por el mejor precio que pueda obtener, aunque esto es crucial. Incluso -y he conocido médicos así- si desean cobrar menos o no cobrarle del todo a un paciente por un procedimiento, porque considera que dadas sus limitaciones de ingresos, o porque le conoce bien o a su familia, o simplemente porque le da la gana, no podrían hacerlo, pues violaría el ucase del Colegio. Los pobres que vayan a la Caja…

Asimismo argumenta el presidente del Colegio de Médicos que la lista de precios mínimos de los procedimientos médicos que éste ha pretendido imponer sobre los consumidores, es para evitar la competencia desleal de los médicos en la que podrían caer. Dice que “al cobrar muy bajo, puede que hagan los procedimientos muy rápido para ganar más procedimientos. Esto puede repercutir en la atención de los pacientes.” No podía desaparecer el paternalismo en el cartel, pues no sólo duda de la seriedad profesional del médico colegiado (me imagino que Hipócrates es aún relevante), sino que actuaría así con su lista de precios mínimos para que no se realicen prácticas inconvenientes. Pero, con ello se desprecia la capacidad de innovar en el servicio, al no reconocerse el hecho de que la rapidez o lentitud con que se hagan los procedimientos en mucho está determinado por la tecnología y el conocimiento, la experiencia y la inteligencia del profesional. Cuando un es cliente de un médico en la vida privada toma muy en cuenta el factor de la atención a la hora de acordar los honorarios.  Lo suele comparar con el poco tiempo que a veces se le brinda a la atención del paciente en los hospitales estatales: hay gente que prefiere pagar más en la medicina privada en donde considera que se le atiende con la amplia atención que, en su opinión, se requiere. Pero si un médico cobra poco porque pone una “maquiladora médica”, como es la impresión que a uno le queda del argumento del presidente del Colegio, si el trato es inadecuado eso será muy pronto difundido en la comunidad, por lo que el consumidor podrá valorar un trato “rápido” a un precio más barato, en contraste con un trato “adecuado”, pero a un precio tal vez mayor.  Pero la fijación de precios mínimos impide tal posibilidad de elección.

Además, si ese mal trato médico lleva a una mala praxis, se puede subsanar el problema en los tribunales de justicia, posiblemente con mayor rapidez y eficiencia que si la decisión fuera tomada por el paternalista Colegio de Médicos, dado que, por su naturaleza, es lógico que defienda como adecuada la práctica realizada por uno de sus miembros, excepto en el caso de que se salga de la regla del cobro mínimo que fijó.

El presidente del Colegio de Médicos señala lo siguiente como argumento para fijar precios mínimos: “Si a usted le pagan muy barato los procedimientos y son muchos, la calidad del servicio que se le da (se) puede poner en entredicho. Y al Colegio sí le compete velar porque el paciente reciba una muy buena calidad de atención en la Medicina.” Aceptemos este último objetivo del Colegio, pero eso no significa que se deban de fijar precios mínimos a cobrar por los servicios médicos privados. Reitero que un médico que siga procedimientos indebidos está sujeto a que se le lleven juicios por mala praxis (¿cuántos no hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de cirugías plásticas y ello se ha dado en un marco en donde no existen precios mínimos fijos que deben de cobrarse?). El hecho es que esos precios mínimos provocan que los consumidores o compren los servicios brindados por médicos de alta calidad o bien que no compren los servicios del todo, pues no pueden pagar tales mínimos. Esto último, como antes lo comenté, promueve que los consumidores acudan a la Caja por el servicio e incluso que busquen maneras propias para resolver el problema, que incluso puede hasta llevarlos hasta a caer en manos de brujos o charlatanes de verdad o bien al empleo de medicinas o procedimientos de poca reputación clínica.

La preocupación en este sentido de parte del presidente del Colegio de Médicos, es que “el tarifario mínimo sea lo más justo para todos. No tan poquito como las aseguradoras quieren pagar para ganar más, ni mucho para que los especialistas ganen más.” Hemos visto que no es justo para los consumidores que ahora se verán obligados a pagar un precio mínimo superior al que podrían obtener en el mercado. Pero, también, la queja acerca de las aseguradoras que quieren pagar menos para ganar más, bien podría reducir los costos a los consumidores que adquieran pólizas que abaraten sus costos médicos. Tampoco se logra evitar que “los especialistas ganen más”, pues sabemos que lo que el Colegio pone son precios mínimos y no precios máximos, que conceptualmente son usualmente puestos para evitar que alguien gane más, si bien como hemos explicado, conducen a mayores problemas de escasez de los servicios.

Además, tales medidas regulatorias de la profesión pueden crear presiones para que no se innove en la práctica de los servicios y su organización, como es el caso de planes de salud prepagos, lo cual reconoce el presidente del Colegio de Médicos, al aseverar que “hay que poner de acuerdo” a las aseguradoras, que me imagino busca cartelizar su actividad porque las aseguradoras pretenden abaratar ciertos servicios y procedimientos médicos que trasladarían a sus clientes de pólizas.  Pero, ¿cuál es el incentivo para que un médico incorpore una nueva tecnología o realice una innovación que se traduzca en una rebaja del costo para sus pacientes y así aumentar su clientela, si no puede traducir tales avances en un precio menor al fijado por el Colegio?

La propuesta del Colegio de Médicos es nociva por el mayor costo que impone a los consumidores, además de que afecta la calidad del servicio a los consumidores, desanima la invención, impide una competencia que favorece a los usuarios, abusa con restricciones al mercado que impide que las personas libremente acuerden los precios del servicio, provoca escasez de alternativas médicas adecuadas, al tiempo que estimula el uso de opciones médicas de dudosa reputación e incrementa la demanda de servicios en la Caja del Seguro Social.  Por ello, lo mejor que puede suceder con la propuesta del tarifario médico sugerido es que no exista: que se mantenga eternamente archivada en las gavetas del cartel.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 13 de junio de 2016

Tema Polémico: RECOPE y sus Convenciones Colectivas

En contra del criterio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), recientemente la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por los trabajadores de esa institución que solicitaba incluir los costos de la convención en el cálculo de tarifas. Sinceramente, era difícil que la Sala Constitucional dictara en contra del recurso. No nos malinterpreten, estamos totalmente en desacuerdo con lo negociado en esas convenciones colectivas desproporcionadas y abusivas, sin embargo, es un acuerdo entre patronos y trabajadores y, a pesar de que algunos de los rubros no inciden directamente sobre el servicio de compra y distribución de combustible, son beneficios salariales e históricamente se habían considerado como un costo operativo de la institución. Querer dejar de pagar eso por esa vía era claramente la vía fácil pero incorrecta. Lo que se tiene que hacer es ponerse bien los pantalones y demandar una rebaja de estos acuerdos abusivos por la vía normal que es mediante una revisión de la convención o por una acción de inconstitucionalidad. Pero el creer nuestro es que lo que se debe hacer verdaderamente es cerrar esa institución y permitir que la importación y distribución de combustible lo hagan varias empresas en un ambiente de libre mercado.

Los trabajadores públicos tienen la gran ventaja a la hora de negociar de que laboran para monopolios estatales. Dado esto, saben que si no le les conceden sus deseos tienen el poder de dejar comunidades sin electricidad, o sin agua o detener el comercio con otros países. Los trabajadores del sector privado saben muy bien que si negocian beneficios exagerados ellos terminan siendo los grandes perdedores pues se quedarían sin trabajo dado que la empresa podría dejar de ser competitiva en el mercado. Este detalle tan importante en el funcionamiento de las empresas en un mercado libre no aplica para las empresas y las instituciones estatales. 

Esto ha permitido que en el sector público se negocien beneficios desmedidos convirtiendo a las empresas estatales en grandes elefantes ineficientes adonde los trabajadores realizan sus labores sin control alguno y sin temor de que los puedan despedir. Estos beneficios han llegado a niveles descontrolados. Si queremos convertirnos en una nación desarrollada, será necesario que le exijamos a nuestros gobernantes que los reduzcan significativamente. 

Es por esto que empresas como RECOPE nunca van a lograr ser empresas eficientes y más bien representan una carga para el consumidor y un portillo para que políticos corruptos se beneficien a expensas del resto. Es inaudito como este presidente, a pesar de que una inmensa mayoría de los costarricenses queremos que cierren esa institución y se abra el mercado de los combustibles, esté empeñado en mantenerla abierta. Ya es tan injustificable la postura que cae en lo ridículo. 

martes, 7 de junio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: un gobierno consistente

He llegado a la conclusión de que en este gobierno lo que hay son distintos niveles de consistencia.  Para algunas cosas es sumamente consistente, en tanto que, para otras, todo lo contrario.  Es mejor hablar de grados de consistencia en esta administración, que van de totalmente consistente a claramente inconsistente.

Empiezo con un ejemplo de inconsistencia.  Ya nos tiene hasta la coronilla escucharlo decir que está de acuerdo en reducir sustancialmente el gasto gubernamental, antes de ponernos nuevos y mayores impuestos.  Recordarán aquella expresión lapidaria que el entonces candidato, Luis Guillermo Solís, formuló en un debate de aspirantes a la presidencia de la República.  Fue una demoledora afirmación de su parte de que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría sustancialmente el gasto público.

La inconsistencia no está sólo que continúa proponiéndonos que se le aprueben impuestos, cuando los proyectos relevantes para reducir el gasto que ha presentado a la Asamblea son pocos e incluso de corto alcance fiscal. También es frecuente escucharlo decirnos que si no se aprueban los nuevos impuestos -permaneciendo silencioso en cuanto a reducir el gasto estatal- se podría presentar una “emergencia fiscal”. ¡Para mejor prueba transcribo parte del discurso pronunciado el 11 de abril en los actos cívicos!: “Es mi deber alertarles de que se acaba el tiempo para impedir una gran crisis financiera del Estado si no controlamos el déficit. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos podría llegar al indeseable momento de seguir el camino al que otros países han tenido que recurrir, a violentas medidas de ajuste con alto costo para las familias y actividades productivas más vulnerables.” 

En cuanto a reducir el gasto previo a aumentar impuestos este gobierno ha sido en inconsistente, pues el gasto gubernamental no se ha reducido, aunque nos digan que han disminuido la tasa de crecimiento en los últimos seis meses.  El hecho es que, en los dos primeros años de esta administración, el gasto del gobierno central aumentó en cerca de ₡940.000 millones de colones: casi un billón de aumento en sólo dos años.

No es que no hayan aumentado las recaudaciones de impuestos, que crecieron en ₡643.000 millones en ese mismo lapso, sino que, además, hemos visto aumentos de gravámenes de todo tipo que no son “impuestos” por la forma en que se les clasifica, pero que generan mayores ingresos a diversos entes estatales.  Me refiero a incrementos en el agua, electricidad, combustibles, multas, ciertos timbres de ley, entre muchos otros “pequeños” incrementos que sumados hacen “mucho”.

Al escribir esto (25 de mayo del 2016), por otra parte veo a un gobierno que muestra una enorme consistencia en ciertas cosas. No me refiero a un silencio doloroso ante lo que sucede en Venezuela, que, ni más ni menos, es una vergonzosa violación de la autodeterminación de un pueblo, llevada a cabo por el tiránico gobierno de ese país. Lo mío es, tal vez, algo más pedestre: estimular el gasto público quitando restricciones regladas que previamente había impuesto.

Veamos el caso, presentado por el periódico La Nación en su edición del 25 de mayo, titulada “Gobierno abrió portillo para aumentar el gasto público: Modificó directriz que impedía a instituciones gastar más allá de lo presupuestado en el 2016.” Resulta que, en marzo del 2015, este gobierno promulgó una serie de directrices para ordenar en algún grado el gasto público en cuanto a sus presupuestos.  El artículo 7 de tal decreto indicaba que “se condicionaba la ampliación de gasto presupuestario máximo en el 2016 a que la entidad que solicitara el crecimiento de su presupuesto probara ‘siempre y cuando’ la obtención de ingresos adicionales a los incorporados en el Presupuesto.” En sencillo, si un ente gubernamental quería mayor presupuesto para sus gastos, tenía que mostrar antes de dónde saldría la plata para financiarlos. Esta regla buscaba impedir el crecimiento del gasto, a menos que se tuvieran los recursos para ello.

Pero, ¿qué pasó? Nueve meses después, en diciembre del 2015, simplemente el Consejo de Gobierno tomó la decisión de quitar aquella limitación previa, a fin de “agilizar la gestión de las entidades” y “colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.” Sencillamente: se quitó el freno y, por ende, el gobierno podría seguir gastando sin tener que determinar de dónde provendría la plata para financiarlo. 

El periódico menciona varios ejemplos -muy claros, por cierto- de lo sucedido después de que la decisión del gobierno se publicó en La Gaceta del 15 de enero de este año, avalada tanto por el presidente Solís como por su ministro de Hacienda, Elio Fallas, eliminando la restricción al gasto público antes mencionada.

Uno es el incremento en el tope del gasto en marzo pasado al “Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en ₡2.237 millones para financiar el proyecto de Prevención de Accidentes de Tránsito Fatales en las Rutas de la Muerte.” Otro fue el aumento en marzo de “₡3.980 millones en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos.” El mes previo, “el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, pidió acrecentar su presupuesto en ₡36 millones para financiar el denominado Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro.” Demostraron que, al fin de cuentas, el verdadero propósito del gobierno no era la directriz inicial de controlar el gasto, sino que ahora, para cualquier cosa, se podría aumentar el presupuesto de gastos.

Tal decisión refleja la verdadera consistencia en este gobierno: serlo con el aumento del gasto no importando regla alguna previa para su control, ni la existencia de un déficit aproximado a un 6% del PIB o que se incumpla “la palabra” ladinamente expuesta en un debate previo a las elecciones, de no aumentar el gasto, sino reducirlo, antes de poner impuestos. Es una política de fe ilimitada en el gasto estatal para suplir lo que los políticos consideran necesario que tengan los ciudadanos y no lo que ellos quisieran por sí mismos.  Yace en los genes de la agrupación política gobernante: gastar y gastar y gastar, aunque no haya plata para ello. Y si aparece ésta -para eso quieren poner nuevos y mayores gravámenes- pues mejor, porque “coyol quebrado, coyol comido”; cinco que entra al gobierno, cinco que hay que gastarlo. Frenar el déficit, como lo han dicho, es más que una prédica falsa. Lo que quiere es más plata, para gastar más. En esto, el gobierno es totalmente consistente. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 6 de junio de 2016

Tema polémico: nuestras calles ya no aguantan más

Resulta simplemente insoportable para la mayoría de quienes habitamos en el Gran Área Metropolitana (GAM), tener que conducir todos los días por nuestras calles y veredas. Hemos tocado techo, desbordando toda paciencia, ante el caos que representan circular por las carreteras de este país.

Como la Ley de Moore, que explica como la capacidad de procesamiento de las computadoras se duplica cada cierto tiempo, nuestras carreteras deberían de contar con su propia ley, que explica como el tiempo que pasamos en ellas también crece exponencialmente. Ya no perdemos dos horas del día yendo y viniendo de la casa al trabajo o lugar de estudio, ahora, en el mejor de los casos podemos perder entre 3 y 4 horas en el mismo trayecto.

En su reciente columna de opinión, Edgar Espinoza describe apropiadamente el drama de cientos de miles de costarricenses, que día a día debemos enfrentarnos a este monstruo de mil cabezas. La tragedia se acrecienta en temporada de lluvia, cuando ante la falta de un servicio de transporte público mínimamente aceptable, las personas optan por sacar su propio vehículo, colapsando las principales (por no decir únicas) calles de del GAM.

No se valen las sugerencias como “use el transporte público”, “no utilice su vehículo” o “viaje en bicicleta”. Esta es la excusa perfecta para descargar el peso de la responsabilidad sobre el ciudadano común, cuando el verdadero problema encuentra su origen en el rezago en la infraestructura vial de Costa Rica.

No se trata exclusivamente de un problema de recursos financieros, pues simplemente no se están ejecutando –o seejecutan muy lentamente- los empréstitos externos que ya se tienen disponibles. Tampoco es un tema de recurso humano calificado, pues el país cuenta con excelentes profesionales que más bien han salido a construir grandes obras en otros países de la región. No es un tema de claridad en las prioridades, pues el denominado “GrupoConsenso por el Rescate de la Red Vial Nacional” ha señalado en reiteradasocasiones las obras urgentes que el país debería de atender.

La piedra en nuestro zapato es de institucionalidad y gestión de los proyectos de infraestructura. La reforma institucional del MOPT aprobada en 1998 lejos de solventar los problemas, los agravó, llevándonos a un escenario de absoluta ineficiencia de las diferentes instancias públicas.

¿A dónde está la solución a este calvario que vivimos casi todos los costarricenses? Esta es una pregunta sin una respuesta clara. De lo propuesto por el actual gobierno, poco se sabe del pProyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de Infraestructura (INI). 

Ya no se trata únicamente de un tema de competitividad país. Se trata, más bien de un tema de salud pública. Nos estamos enfermando todos los días en nuestras carreteras.