martes, 28 de junio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: mi propuesta para resolver problemas con los actuales Colegios Profesionales

Hace un par de semanas escribí un comentario en torno al costo que ciertas políticas de los colegios profesionales ocasionan a la sociedad costarricense.  No sé por qué, pero esperé que surgieran críticas razonadas a mi opinión; sin embargo no las ha habido.  Siempre he pensado que la crítica inteligente es el motor del avance del conocimiento, pero su ausencia puede haberse debido a uno o varias de las siguientes razones o tal vez de otras que no he podido vislumbrar. 

La primera razón es que los argumentos que expuse en torno al costo de los colegios profesionales eran pertinentes y que, por lo tanto, fueron aceptados por los lectores.  Esta es una visión tal vez arrogante de mi parte, pero tal vez es porque uno hace un esfuerzo para exponer su conocimiento acerca del tema, en la expectativa de que haya cierta racionalidad en lo argumentado.
 
La segunda, es que, al menos los dirigentes o propugnadores de la existencia de los colegios profesionales en Costa Rica, tales como los conocemos, prefirieron guardar un silencio oportunista, pues no tienen suficientes bases para refutar lo comentado. Eso es posible: ignorar al crítico y a la crítica como si fueran irrelevantes es una vieja estrategia usual de quienes quieren mantener el estatus quo.

Y la tercera, es que nadie o casi nadie lo leyó.  Esta es la que verdaderamente me inquieta, pues, al tratarse de un tema vital en los hogares de nuestro país, al ser una muestra clara de una colusión en contra de los intereses de los consumidores, que somos la mayoría de los costarricenses, podría indicarnos un desinterés de parte de la ciudadanía, hecho que tan sólo da campo a que la explotación verdadera pueda permanecer impune, que quede imperecedera y que continúe el grave daño que se ocasiona a la mayoría de los ciudadanos, en beneficio de unos relativamente pocos.
Dicho esto, lo que más me ha llamado la atención es la ausencia de una pregunta esencial ante mi comentario, cual es que definiera mi posible solución al problema que significa la actual estructura de los colegios profesionales en el país. Tal pregunta devendría de una aceptación o cuasi-aceptación de que el problema expuesto es real y que no es resultado de la imaginación de la mente de alguien.

Es cierto que cuando uno encara un problema, no es necesario que brinde sus soluciones: el hecho de demostrar la existencia de tal contrariedad permite a las mentes buscar posibles formas de resolverlo y, tal vez, hasta de evolucionar y encontrar un problema ulterior por resolver. A veces hay cosas sumamente complejas; en otras ocasiones se le pide a uno que cuál es la solución que brinda, cuando, en verdad, buscarla tal vez le corresponda más apropiadamente a ser brindada por un tercero, como cuando este posee mayor o mejor información.  Pero esta última estrategia ante el postulante se suele hacer para demeritar el análisis por “incompleto”, e ignorando el posible aporte del que ha señalado cierto conocimiento de un problema mas no de la solución.
Por eso quiero fijar mi posición, brindando algunas sugerencia que podrían evitar el daño que señalé en mi comentario anterior provocado por el cartel que lo son los colegios profesionales del país. Esto lo logra mediante una restricción de la oferta de servicios en el mercado, de manera tal que permite lograr precios más elevados que los que se determinarían en el mercado, así como también por la ausencia de una competencia real que permita a los consumidores beneficiarse de ella, al igual que logran entronizar, por medio de regulaciones arbitrarias, políticas de precios que claramente perjudican al consumidor, como lo es el precio mínimo a que se pretende obligar a pagar a los consumidores en el caso reciente expuesto del Colegio de Médicos de Costa Rica, que prohíbe a sus asociados cobrar menos para que no se rompa el cartel.
Mi posición general es a favor de la existencia de los colegios profesionales -¡calma, ya diré de qué forma!- y se basa en un principio esencial que acepto como parte del derecho humano a la libre asociación.  Al respecto es bien clara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, acerca de la legitimidad de que el ser humano, por su propia naturaleza, es libre de asociarse, obviamente sin que dicha asociación tenga como objetivo el daño a terceros. Dicha declaración, promulgada en el seno de las Naciones Unidas en 1948, dice así en lo pertinente: “Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”
Claramente uno tiene el derecho, por ejemplo, de formar parte de partidos políticos, asociaciones comunales, clubes, agrupaciones sindicales, cámaras, sindicatos y similares, pero no de organizarse en pandillas, lo cual más bien consistiría un delito, dado que su fin último es dañar a otras personas. Mientras que en los primeros casos las personas se agrupan para lograr fines comunes, deseables, pacíficos, la libertad de asociación no es para que conformen pandillas o mafias que buscan dañar deliberadamente a terceros. Piense, por ejemplo, la clase de mundo en que viviríamos si un tirano declarara una prohibición para que las personas puedan asociarse en partidos políticos o que denegara el derecho a los individuos de formar asociaciones.
Y es obvio, como dice la segunda parte de dicho artículo 20 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que su pertenencia en dichas asociaciones es voluntaria y no obligatoria. Nadie nos puede obligar a formar parte de un partido político o de una iglesia de una denominación específica o de una asociación para el ejercicio de la caridad, como la masonería. Deben ser actos libres de las persona y la imposición, la obligatoriedad, de pertenecer a una agrupación determinada es contraria a ese principio de libertad esencial.
Por tales razones no veo nada anormal en que un grupo de profesionales pueda crear una asociación que agrupe a individuos que poseen cierta característica en común y que no buscan, como un objetivo, dañar a otras personas. Por el contrario, es una virtud que puedan unir esfuerzos en asuntos que una sociedad considera como positivos y convenientes. Y que, por supuesto, dicha asociación no sea producto de compulsión –las juventudes nazis, por ejemplo, en la época trágica de Alemania o ciertos sindicatos en algunos países, afortunadamente no aquí, en donde un obrero para trabajar en una fábrica se ve obligado a afiliarse a un sindicato. Es por ello que, en lo particular, creo en la existencia de colegios profesionales que puedan promover los intereses de los agremiados, en donde la asociación sea voluntaria y en donde no se persigan objetivos que dañan a la comunidad en general (terceros).
Me opongo, eso sí, a los actuales colegios profesionales en el país porque, tal como están organizados, realizan prácticas que dañan a la colectividad de no-miembros, en donde, además, se exige la pertenencia en dicho colegio a profesionales a fin de que puedan trabajar para vivir como personas libres. Tal como lo señala el inciso 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos antes mencionada, “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”
¿Cómo logramos resolver los problemas ocasionados en nuestro país por el actual sistema de colegios profesionales?  Estos, tal como están hoy, gozan de una autorización exclusiva, monopólica, del estado, que impiden una competencia deseable.  En mi opinión, propondría legislación para acabar con dicho monopolio, de manera tal que se permita (que no se impida) que puedan existir tantos colegios profesionales como las personas asociadas puedan requerirlo. Dicha propuesta no sería que tan sólo exista en la sociedad una misma cantidad de colegios como hay de profesiones distintas, sino que haya posibilidad para la existencia de diversos colegios profesionales de una misma rama profesional.
Por ejemplo, debería existir la libertad para que un grupo de profesionales -sugiero un mínimo de 20, porque me parece tal número, pero no es algo mágico- se pueda juntar libremente y formar un colegio de una rama profesional, de forma que compita con otros colegios de su misma profesión igualmente constituido.  Por ejemplo, que en lugar de un único Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, puedan existir otros colegios, como ejemplos serían Colegio de Abogados y Abogadas (para estar a la moda en la lexicología hoy de moda) de San José, de Heredia, de Alajuela, etcétera, o bien el Colegio Libre de Abogados y Abogadas, o un Colegio de Abogados y Abogadas “José María Castro Madriz” o “Ricardo Jiménez Oreamuno” o qué sé yo… Como un jardín con muchas flores…
¿Qué tal un Colegio de Economistas y Economistos Socialistas, o Liberales, o de Cartago, o de la República o del Reino, etcétera? Que haya diversidad de agrupaciones profesionales que compitan entre sí y que busquen el logro de intereses legítimamente aceptados en el país, sin restricción alguna que limite su existencia, excepto estar constituidos por aquel grupo mínimos de 20 profesionales. Y ellos que se organicen como puedan a lo interno.
Sé que de inmediato me dirán: “Hasta delincuentes podrían organizar un Colegio de Abogados y Abogadas de cualquier cosa o, tal vez peor, que un grupo de brujos, hechiceros y curanderos monten su propio Colegio de Médicos y Médicas”. 
Aquí surge un tema muy importante: en particular ¿cómo hace el consumidor para saber que el profesional que lo dice ser, en realidad lo es y que no se trata de un embustero? Creo que tal certificación o prueba la debe exigir quien contrata o adquiere sus servicios.  Por ejemplo, al ser la Caja Costarricense del Seguro Social el demandante de los servicios de profesionales de la Medicina, que esta pueda verificar que no está contratando a un nigromante o a un adivino y sí a un médico. Esa exigencia la puede instaurar el demandante (la Caja) y sin duda que el prestigio, la reputación, de cada una de las asociaciones médicas que conceptualmente propongo, serviría para colar a los verdaderos profesionales de los falsos.  Lo mismo puede hacerlo el consumidor directo, al poder verificar la asociación que le muestra el profesional que le ofrece el servicio e incluso aquí el poder del prestigio, la reputación y el buen nombre del colegio respectivo jugarían un papel esencial.  Esto exigiría también al consumidor ser responsable de sus propias acciones y decisiones: que sepa que puede estar escogiendo a un brujo para resolver un problema de salud, en vez de un profesional médico preparado para ello y exigir la prueba de la probidad profesional y de la membresía de él, que incluso sería básico para cualquier eventual litigio por mala praxis ante un engaño o un daño ocasionado.
Lo importante de tener gremios profesionales que compiten entre sí, es que no podrían restringir artificialmente la competencia deseable de gente preparada para el ejercicio de una profesión, incluso impidiendo que se tomen medidas en las universidades en donde el objetivo real es producir una menor cantidad de profesionales que oferten en el mercado.  Porque hoy si, por ejemplo, resucitaran Sócrates o Adam Smith o Carlos Marx, no podrían ni ejercer en sus profesiones ni trabajar en las universidades por carecer de un título o bien por no ser miembros del colegio correspondiente.

La propuesta es sólo una idea, que sin duda puede ser mejorada o desechada si es que no sirve, pero no debemos continuar con un sistema monopolístico que tanto daño causa a los consumidores por la falta de competencia.

Jorge Corrales Quesada

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