martes, 26 de julio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva convención de RECOPE

En el marco de una revelación constante y profunda de una serie de privilegios que se cobijan bajo el manto de una convención colectiva, que hacen del gremio laboral de RECOPE uno de los más beneficiados con todo tipo de gollerías, de cosas que ni siquiera están disponibles -comparativamente- para otros sindicatos de diversas dependencias del estado en donde hay convenciones colectivas, creí que la convención de RECOPE iba a ser objeto de una profunda revisión de parte de su patrono, el estado costarricense.  Ilusionó pensar que negociaría la eliminación de una serie de privilegios y abusos de dicha convención, pues creí que estaríamos bien y firmemente representados en nuestros intereses, pues en última instancia somos nosotros quienes pagamos las cuentas de la convención. 

Bueno, ya se hizo conocer en qué terminó la nueva convención colectiva de RECOPE que regiría para el período 2016-2019. Fue anunciada con bombos y platillos, principalmente por los representantes del estado, así como por los administradores actuales de RECOPE. Por tanto, requiere que se analice cómo quedan los privilegios existentes, a ver si se logró cumplir con éxito la tarea que los ciudadanos aspiramos que se lograra: una eliminación de ellos.

Esto es crucial, en especial cuando la Sala Constitucional le ha dado manga ancha a RECOPE para tener todo tipo de privilegios, según un fallo suyo reciente, de manera que se obliga a la ARESEP –organismo que define los precios de los combustibles que nos vende obligadamente el monopolio- a simplemente cargarlos a esos precios: formal y oficialmente seremos los ciudadanos los que pagaremos esos privilegios y por tal razón es bueno saber cuáles son ahora las prebendas vigentes.

La Nación del 12 de julio en un escrito titulado “Rige modesto recorte en convención de RECOPE”, señala que el ahorro de la nueva convención en el primer año, será de tan sólo un 6% del costo de la convención que se tenía para el 2015. A todas luces, la rebaja es casi cualquier cosa: ciertamente muy alejada de la aspiración ciudadana de poner orden en la sarta de privilegios que otorgaba la convención laboral de RECOPE.

Empecemos por señalar cuáles fueron los ahorros con la nueva convención:

1.-Ya no se pagará por la fiesta navideña de los empleados, que ascendía a ₡6.2 millones.
 
2.- El aporte de RECOPE al Fondo de Ahorro y Préstamo de los trabajadores se reduce de un 10% a un 8%., que significaría una reducción de ₡717 millones. El subsidio que RECOPE le da a dicho Fondo para asuntos administrativos (un 10% anual), se reducirá gradualmente hasta eliminarlo del todo.
 
3.- El aporte patronal para la compra de útiles escolares, que en el 2015 fue de ₡5,6 millones, será ahora de ₡3 millones; o sea hay un ahorro de ₡2.6 millones.
 
4.- Se elimina la póliza de protección sobre aportes de trabajadores a su Fondo de Ahorro (no hay datos del monto que se ahorraría por esta partida).
 
5.- El número de días que se autorizaba para capacitación sindical internacional se redujo en un 65% (no se dispone de información de cuántos días era antes y de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
6.- Se redujo a la mitad el número de días con licencia para capacitaciones y congresos cooperativos, así como para congresos nacionales (no se presenta información de cuántos días era antes y de cuánto se gasté en el 2015 en esas partidas).
 
7.- El aporte de la institución para cursos sindicales se redujo en un 35% (no se brinda información de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
8.- Se redujo el aporte de RECOPE para que sus empleados participen en cursos de cooperativas en un 65% (no se tiene de información de cuánto se gastó en el 2015 en dicho rubro).
 
9.- Se elimina la licencia de dos días para los trabajadores por el matrimonio de hijos (no hay información de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
10.- Se elimina la licencia de 5 días cuando el trabajador cambia de vivienda (no se presentan datos de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
11.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡39.000 cuando el trabajador se casa (tampoco hay información de cuánto se gastó por esa partida en el 2015).
 
12.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡28.000 por el nacimiento de un hijo del trabajador (no hay información de cuánto se gastó por tal razón en el 2015).
 
De acuerdo con las autoridades de RECOPE, la renegociación de la convención colectiva significará un ahorro de ₡5.048 millones en tres años, desglosados de la siguiente manera: ₡1.362 millones en el primer año de vigencia de la nueva convención; ₡1.571 millones en el segundo año de vigencia de la nueva convención y de ₡2.115 millones en el tercero y último año de vigencia de la nueva convención.
 
La “gran reducción” de privilegios de RECOPE en el primer año de la nueva convención colectiva asciende a un “enorme” 6% del total gastado como resultado de la convención colectiva en el 2015, que ascendió a ₡22.720 millones.
 
Pero, aquí no termina la cosa: también viene una nueva “conquista social”; un nuevo “derecho adquirido” para la convención colectiva que regirá en el período 2016-2019. Se establece “un aumento salarial de entre 3% y 5% para los trabajadores no profesionales de RECOPE”, que conforman el 74% de la planilla de 1.740 empleados. RECOPE estima que dicho aumento significará tan sólo ₡250 millones más para cada año, pero no hay suficiente información del efecto de ese aumento en los salarios sobre el total de remuneraciones, que incluyen las cargas sociales ligadas, entre otros privilegios, a los salarios de los empleados.
 
Si le sirve de consuelo, lean lo que al respecto comentó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Revertir una tendencia de tantos años en sólo dos no es sencillo.” Claro que no es sencillo, especialmente cuando se vive en la tiranía del estatus quo. Lo “sencillo” de todo esto es que el enorme privilegio restante para los próximos tres años (casi un 95% del costo de la convención colectiva del 2015) simplemente será trasladado a los consumidores.  Estos se quejan, es cierto, pero poco más hacen para que se frene el abuso.  Así que, a seguir aguantando el fabuloso costo de la convención colectiva de RECOPE…
 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de julio de 2016

Tema polémico: repensar las medidas para reducir las presas

Desde hace muchos años, las personas que habitamos en la Gran Área Metropolitana de nuestro país sufrimos un verdadero calvario con las presas. Recorridos de 10 o 15 km, que perfectamente podrían hacerse en 30 o 40 minutos, terminan consumiendo hasta 2 horas a la ida y otras 2 horas al regreso.

El deterioro de la salud física y mental de los trabajadores es incuestionable. Según algunas investigaciones, los costarricenses pasamos atrapados en las presas el equivalente a 15 días al año, lo que sin duda merma nuestra productividad y, por ende, la competitividad del sector productivo, pues el caos vial genera termina elevando los costos de producción.

También es usual que este fenómeno derive en grandes frustraciones para los conductores, que reaccionan con agresividad y violencia ante cualquier situación en carretera. Ni qué decir sobre la pérdida de espacios de descanso y recreación con nuestras familias, ya que después de un largo día de trabajo más las presas, terminamos llegando a casa con deseos únicamente de acostarnos para madrugar al día siguiente y salir un poquito antes para reducir la tortura.

La causa del problema es clara: contrario a lo que algunos creen, no es porque existen muchísimos vehículos -por el contrario, eso demuestra que estamos frente a una sociedad cuya riqueza ha crecido y se manifiesta a través de la compra de automotores- sino porque la infraestructura vial no ha crecido al ritmo necesario para dar fluidez al tránsito.

Tenemos más de dos décadas de rezago en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de las carreteras y caminos. Un Ministerio de Obras Públicas absorbido por la ineficiencia, que consume gran parte del tiempo y recursos en trámites sin que esto genere obras; un sistema de contratación pública intrincado, complejo y que termina siendo vulnerado por el contubernio entre algunos funcionarios públicos y empresas constructoras, entre otros males.

Por si fuera poco, carecemos de un buen sistema de transporte público que motive a la gente a dejar sus carros en casa. Los autobuses, en su mayoría, se encuentran en malas condiciones -es usual que se queden varados-, son sumamente incómodos (especialmente en época lluviosa), inseguros frente a la ola de asaltos o, simplemente, tardan mucho más que el vehículo para llegar de un punto a otro.

El tren, que podría ser un excelente remedio, se ha convertido en el hazmerreir. Constantes fallas mecánicas, saturación del servicio (sus vagones repletos a veces evocan la triste realidad de los trenes en La India) y los cada vez más frecuentes retrasos en el servicio, además de tener un horario limitado, hacen que mucha gente tampoco lo considere como una opción.

Frente a este panorama tan desalentador, ¿cuál solución salta a la vista? Bueno, no hay solución fácil en este tema. Por supuesto que, a largo plazo, lo ideal es ejecutar con prontitud los recursos disponibles para la construcción de nueva infraestructura o la ampliación y mejoramiento de la existente, lo cual implica corregur las fallas del MOPT y de las municipalidades. Pero en el corto plazo, puede haber una que otra salida que vale la pena valorar como paliativo.

No nos referimos a la restricción vehícular, que carece de sentido, toda vez que además de representar una limitación arbitraria e injustificable a la libertad de tránsito, ni siquiera ha dado resultados en cuanto a la disminución de consumo de combustible o de presas. La gente simplemente evita la zona con restricción aunque esto implique manejar mayores distancias o, como se dice popularmente, "se la juega" esperando no encontrar un Oficial de Tránsito. 

Las medidas que, a nuestro criterio, podrían contribuir en el corto plazo a reducir las presas no son nuevas, ni mucho menos las inventamos nosotros: se trata de teletrabajo y flexibilidad laboral. Con la primera, sería posible lograr que muchas personas dejaran de ingresar a la GAM y pudieran trabajar desde sus casas, lo que a su vez representa grandes ventajas para el empleado: no tendrá que gastar dinero en transporte, alimentación, vestido y, sobre todo, tiempo de desplazamiento, lo que le permitiría realizar otras actividades que mejoren su calidad de vida.

Por su parte, la flexibilidad laboral consiste en replantearse la idea antigua de que el trabajador tiene que pasar 8 horas sentado frente a un escritorio y dar paso a un trabajo por objetivos, de forma que la persona pueda cumplir con metas establecidas indistintamente del horario. Otra forma de ver esta medida es a través de la transformación de los horarios de trabajo propiamente dichos: en lugar de trabajar, digamos, 8 horas al día durante 5 días para un total de 40 horas semanales, se podría distribuir ese tiempo de forma distinta: por ejemplo, 10 horas por día durante 4 días, lo que permitiría tener ya no 2 días libres sino 3. En este caso, una medida como esta permitiría no solo que menos gente ingrese a las áreas congestionadas sino que también le daría al trabajador tiempo de descanso, que redundará en mayor productividad al regresar a labores, permitiría que las familias pasen más tiempo juntas (fortaleciendo los lazos y contribuyendo a reducir situaciones sociales problemáticas) así como  incentivar la economía, pues en los fines de semana largos, la gente tiende a pasear, lo cual se traduce en consumo de bienes y servicios que aumentarán la producción de otros sectores como turismo, servicios, etc.

En síntesis, queda mucho margen para pensar, para ser creativos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a reducir el caos vial en el corto plazo sin perjudicar la libertad y los derechos de las personas.

martes, 19 de julio de 2016

La Columna de Carlos Federico Smith: Impuestos por Decreto

Desde hace rato en Costa Rica se usa el mecanismo de decretos del Poder Ejecutivo a fin de ponernos impuestos. Se ha dicho que no son impuestos, sino cánones o tarifas. Estos últimos significan el precio unitario que fijan las autoridades por los servicios públicos que tiene a su cargo. Por ejemplo, nos queda muy claro en el caso de tarifas eléctricas o del servicio de agua y alcantarillado, en donde uno paga un precio por el servicio que ha consumido y que nos ha vendido una empresa estatal. Es evidente, entonces, que hay un pago hecho por un servicio que uno ha percibido directamente como cliente o usuario.  Un impuesto, por otra parte, es un pago que se hace por el ingreso, riqueza, consumo o gasto de la persona, usualmente mediante ley, a fin de que el gobierno obtenga ingresos. El fin primario del impuesto es recaudar fondos para el estado, mientras que un canon o tarifa pretende recuperar el costo de brindar un servicio de parte del estado a un beneficiario. Se debe distinguir del término tarifa, con que usualmente se conoce también a los aranceles a la importación.

Usted paga una tarifa cuando paga la luz o el agua que ha usado.  Usted paga un impuesto cuando recibe ingresos, consume bienes o sobre riqueza que ha acumulado. Veamos la diferencia con un par de ejemplos: cuando usted paga un impuesto de ventas al adquirir un producto, se supone que para recaudar fondos para el estado; por otra parte, cuando se cobra por tener una licencia para conducir, se supone que el fin primordial no es tanto allegarle recursos al estado, como cobrar por un servicio brindado o por obtener un permiso específico.

La confusión la hace el estado al tomar una medida como la expuesta en La Nación del 9 de junio, bajo el título “Decreto crea nuevo canon de $2 para salir del país: Ingresos serán para el SENASA.” Simplemente se trata de una tasa que el estado cobra por un servicio, pero que se pretende convertirlo en un impuesto por la salida del país.

SENASA (siglas de Servicio Nacional de Salud Animal) es una entidad estatal que brinda diversos servicios relacionados con la salud animal. No tiene, como tal, que ver con que un ciudadano viaje al exterior. Tales servicios brindados por el estado deberían ser cobrados a quienes los usan y no a quienes no lo hacen. Veamos la diferencia: si usted viaja al exterior con un animal (o algo relacionado con asuntos de salud animal) y si se requiere que lleve un permiso del gobierno del país para que el animalito pueda ingresar a la otra nación, es entendible pagar por obtener tal servicio de certificación estatal.  Es muy distinto cuando usted viaja al exterior y no lleva algo en su equipaje o junto con la persona que tenga que ver con la salud animal (incluso si va con piojos, no hay que tener certificado de autorización) y, aunque los humanos somos animales, no se considera que SENASA deba extender su servicio como tal a los viajeros.

Por lo tanto, si el estado costarricense necesita financiar su operación de sanidad animal, debería obtener los recursos cobrando a quienes usan directamente el servicio, por las razones que sean. Lo que uno no entiende es ¿por qué diablos tiene que pagar el simple viajero al exterior, si no necesariamente usa el servicio que da SENASA?

Para evitar abusos como esos fue que, en la historia de los tributos, surgió la afirmación de que “No hay impuestos sin representación”, originalmente expresado en inglés y que traduje de: “No taxation without representation.” Significó que la aprobación de impuestos quedara en manos exclusivas de los ciudadanos o de sus representantes, como en una Asamblea Legislativa.

En este caso, el cobro de $2 para salir del país no fue objeto de una aprobación legislativa; no lo aprobó la Asamblea, sino que es una simple decisión burocrática, llamada “decreto”. En tiempos totalitarios los impuestos los decretaba el rey: simplemente daba la orden y se asumía que había que acatarla (eso sí muchos reyes cayeron degollados, al oponerse la gente de forma violenta).  En el mundo moderno no se concibe que el estado ponga impuestos de esa manera, aunque le llamen canon o tarifa o lo que sea, pues coerce a todos -en este caso a quienes viajen- aunque no utilicen el servicio sanitario que brinda el estado, como SENASA.

Este nuevo impuesto ya fue instaurado por un decreto publicado en La Gaceta del 25 de mayo, Alcance 83, como parte de una actualización de tarifas de SENASA y aprobado tanto por el ministro de agricultura y ganadería (MAG), señor Arauz, como por el presidente de la República. Esto hace que “el monto para salir de Costa Rica incluirá $27 del impuesto de salida, $2 de un canon ya vigente para programas de Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)”, el cual en mi criterio es también totalmente ilegal -aunque creo que nadie lo ha cuestionado ante las cortes- y ahora hay que hacer “el nuevo aporte para el Senasa, por lo que será en total de $31.” (Como si el estado buscara mantenernos enjaulados sin poder salir del país… y uno pensando en la libertad de movimiento, de dejadnos pasar…)

Pronto propondrán cualquier tipo de impuesto sin tener la aprobación esencial legislativa, consumándose en el país un abuso que uno habría esperado que formara ya parte del basurero de la historia. La verdad es que todo se reduce a que el estado espera “recaudar anualmente unos  $4.5 millones (₡2.452 millones…) por el nuevo canon”. La angurria total lo mueve a actuar de esa manera y no desperdicia oportunidad alguna para recaudar impuestos, aún sin la aprobación de quienes representan a los ciudadanos.

martes, 12 de julio de 2016

La Columna de Carlos Federico Smith: Evolución reciente de la pobreza en la humanidad



En varias ocasiones he leído a personas en lugares como Facebook, quienes alegan que la pobreza de la humanidad ha venido aumentando notoriamente y, generalmente, señalan, más o menos veladamente, que el responsable de ese aumento de la miseria es el sistema capitalista.  Incluso lo hacen a pesar de que en el pasado reciente presenté en Facebook, así como en otros sitios, una serie de estudios de economistas que cuestionan seriamente tal impresión.

Casualmente he estado leyendo un libro reciente de Steven Radelet, titulado The Great Surge: The Ascent of the Developing World [El Gran Surgimiento: El Ascenso del Mundo en Desarrollo], (New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2015), el cual trata del tema que antes introduje.  El señor Radelet es profesor de desarrollo económico en la Universidad de Georgetown y autor de varios libros y de numerosos artículos acerca de dicho tema. Creo que, para los mal pensados de que se ha de tratar de uno de esos liberales clásicos, quienes no ven más allá del mercado, muchos de los trabajos desempeñados por el señor Radelet parecen acercarlo a administraciones demócratas de los Estados Unidos. Lo interesante para el caso es que su perspectiva se une a la de muchos otros economistas en cuanto al progreso de la humanidad, con las usuales divergencias en ciertos detalles, mas no en lo esencial. Me refiero a personas como Pedro Schwartz, Surjit Bhalla, Deepak Lal, Angus Maddison, Lloyd Reynolds, François Bourguignon, Christian Morrisson, Martin Ravallion y Shaohua Chen, quienes han estudiado el progreso humano logrado en cuanto a la eliminación de la miseria.

Empecemos por aclarar un par de detalles técnicos acerca del tema. Primero, que la pobreza, como número, puede ser definida de distintas maneras.  La usual de una persona en pobreza extrema es que se tiene ingresos menores a un $1 al día, aunque el Banco Mundial usa una de $1,25 al día.  La primera ha sido la más aceptada y surgió porque es, más o menos, igual al promedio de líneas de pobreza que utilizan los gobiernos de los 15 países más pobres del mundo. Pero siempre cualquier línea de pobreza será arbitraria (por ejemplo, en los Estados Unidos es de $16 al día, pero, interesantemente, señala el autor Radelet que  “por supuesto que la de $1 al día es una línea de pobreza especialmente baja… De manera que durante la última década los economistas se han enfocado en una línea de pobreza mayor de $1,25 al día…”. Lo importante es que “el patrón de cambio es similar” cualquier que sea la línea de pobreza utilizada en los estudios, aunque, “por supuesto, que el número de pobres es mayor entre más elevada se defina a la línea de pobreza.” (Op. Cit., p. 29). Ver la tendencia y su cambio a través del tiempo es lo útil y valioso y vemos que ellas se manifiestan independientemente de la forma en que se defina la línea de pobreza extrema.

Segundo, los datos se ajustan ante el comportamiento de la inflación de los diversos países a lo largo del tiempo –esto es, a los cambio en el nivel de precios. Tal ajuste se hace para que los datos se presenten en términos de precios “constantes”. También, dado que es importante poder hacer comparaciones entre países, los datos se ajustan mediante lo que se denomina “paridad del poder de compra”, que toma en cuenta los diferentes niveles de precios que existen entre los países, para lo cual se utiliza un tipo de cambio denominado en términos de su poder adquisitivo. De esta forma todos los bienes y servicios de los diferentes países son valorados a precios comparables, pues las mediciones internas son llevadas a cabo en monedas domésticas de los diferentes países y mediante un ajuste de “paridad del poder de compra” la medición se traduce a una moneda en común.

Asimismo, es crucial entender la diferencia que existe entre pobreza extrema absoluta y pobreza extrema relativa.  Al número total de personas que viven en pobreza extrema debajo de lo que hemos considera como la línea de pobreza, se le denomina “pobreza extrema absoluta”, en tanto que al porcentaje de personas con respecto al total de personas en el país cuyos ingresos diarios son inferiores a, digamos, $1 o un $1,25, se le llama pobreza extrema relativa.

Esto es muy conveniente, porque bien puede ser que en un país (o conjunto de ellos), la población en condiciones pobreza extrema es relativamente cada vez menor, al tiempo que población en pobreza extrema puede ser mayor. Por ejemplo, hace 50 años, cuando, supongamos, la población de un país era de 500.000 personas, 150.000 de sus habitantes estaban en condiciones de pobreza extrema estaban (esto es, la pobreza extrema relativa es de un 30%). Suponga, para efectos de hacer una comparación, que la población total actual del país es de 1.000.000 de habitantes y que hay un monto absoluto mayor de personas en condiciones de pobreza extrema; digamos que 200.000 personas. Si se comparan las cifras de pobreza absoluta -150.000 hace 50 años con 200.000 en la actualidad- es claro que la pobreza extrema en términos absolutos aumentó en dicho lapso: se incrementó en 50.000 personas. Pero, términos relativos sucede lo contario: se redujo de un 30% hace 50 años a un 20% en la actualidad (200.000 de la población total de un millón).  Por tal razón, el concepto básico para analizar el comportamiento de una población en condiciones de pobreza extrema a través de los años, se efectúa en términos relativos y no absolutos.

Previo a brindar algunos datos de la actualidad citados por Radelet, veamos algo histórico importante que él nos señala: “Según la mejor estimación que tenemos, elaborada por los economistas François Bourguignon y Christian Morrisson, en 1820 cerca de un 94% de la población mundial; o sea, cerca de mil millones de personas, vivía con menos de $2 al día (a precios de 1985). Esto es, casi 19 de 20 personas en el mundo vivían con ingresos sumamente exiguos… La mayoría de la gente vivía con mucho menos: 84% con menos de $1 al día. Lo que nosotros consideramos como pobreza extrema no sólo estaba ampliamente extendida, sino que era la norma, para casi todo mundo.” (Op. Cit., p. 24-25).

En los siglos XII y XIII los ingresos empezaron a aumentar lentamente, pero no de forma extensiva, pero ya para el siglo XIX la tónica general empezó a cambiar: “los inicios de la manufactura moderna y la industrialización ayudaron a crear millones de empleos para trabajadores pobres poco calificados… Al hacerse más sofisticada la manufactura y los trabajadores adquirieron habilidades especializadas, lo cual tomó varias décadas, los salarios empezaron a aumentar. Para mediados del siglo XIX, los ingresos estaban creciendo más rápidamente, comparado con cualquier otro período previo de la historia de la humanidad”. (Op. Cit., p. 25). Sólo pregunto si el lector puede decirme ¿cuál es el sistema económico que a mediados del siglo XIX impulsó ese crecimiento?  Por si no lo saben, lo resumo en la palabra “capitalismo.”

Ahora veamos algunos comentarios que nos presenta Radelet en torno a cómo fue evolucionando la pobreza en el globo. Tengamos presente que, al surgir tal desarrollo industrial capitalista, la porción de gente que vivía en pobreza extrema empezó a declinar constantemente por primera vez en la historia humana -esto es, empezó a reducirse la pobreza extrema relativa. Pero, como también la población crecía con mayor rapidez, es de esperar que creciera la cantidad de personas en pobreza extrema (absoluta). Esto es crucial: creció la pobreza extrema en términos absolutos, pero se redujo la pobreza extrema en términos relativos. Porcentualmente, por dos siglos, la pobreza relativa había venido decreciendo, pero, con el crecimiento de la población, la cantidad absoluta de personas en condiciones de pobreza extrema continuó aumentando. A pesar de ello, señala Radelet, “ese patrón o tónica general cambió radicalmente, empezando a inicios de la década de los ochentas y especialmente en la de los noventas.” (Op. Cit., p. 28).

Lástima que cueste tanto poner gráficos en este tipo de comentarios, especialmente en Facebook, pues demostraría evidentemente lo expuesto. De manera que trataré de exponer lo sucedido con la pobreza a través de un amplio período histórico, sin ayuda de gráficos, tanto sobre pobreza absoluta como relativa, tales como aparecen en el libro de Radelet, esperando que la explicación sea clara para los lectores.

El análisis de Radelet tiene como base principal la información proveniente de François Bourguignon and Christian Morrisson, “Inequality Among World Citizens: 1820-1992,” The American Economic Review, Vol. 92, No. 4 (Set. 2002), p.p. 727-744. Si alguien está interesado en obtenerlo puede hacerlo de manera gratuita en http://piketty.pse.ens.fr/files/BourguignonMorrisson2002.pdf

Según Radelet, “en 1820 cerca de 900 millones de personas estaban viviendo con menos de $1 al día (a los precios de paridad de poder de compra del año 1985). Debido al crecimiento de la población, para 1950 dicho número había crecido a casi 1.4 miles de millones… Luego empezó un período de transición: al recuperarse Japón y Europa de la Segunda Guerra Mundial y al empezar algunas naciones subdesarrolladas (como Corea del Sur y Taiwán) a tener un crecimiento económico más rápido, el número de personas viviendo con menos de $1 al día, dejó de crecer y permaneció relativamente invariable por cerca de 40 años. Eso puede no sonar como algo importante, pero lo fue.  Ningún cambio fue grande, en tanto que el crecimiento histórico continuo de los pobres había llegado a un alto, a pesar del crecimiento persistente de la población mundial.

Luego, empezó un cambio significativo a principios de los noventas. Por primera vez en la historia del mundo, el número total de gente viviendo en pobreza extrema empezó a caer, y cayó rápidamente (la letra en cursiva es del autor).” (Op. Cit., p.p. 28-29)

Debido a que los datos presentados por Bourguignon y Morrisson se extienden hasta 1992, se hace necesario acudir a información que presentan Shaohua Chen and Martin Ravallion, “The Developing World is Poorer than we Thought, but No Less Successful in the Fight Against Poverty,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 125, No. 4, (nov. 2010). Puede obtenerse en http://www.ppge.ufrgs.br/sabino/ecod03/bibl/qje%2017.pdf

Citando dicho trabajo, dice Radelet: “Según Ravallion y Chen, el número de personas viviendo con menos de $1 al día en 1993 fue de un poco más de 1.3 miles de millones, comparable aproximadamente al conjunto de datos previo (el de Bourguignon y Morrisson). Luego, este número empezó a descender. Asombrosamente, para el 2011 - 18 años después- el número de personas viviendo con menos de $1 al día se había reducido a 600 millones.  Traten de imaginar la enormidad del cambio: después de haber crecido incansablemente desde inicios de la historia del hombre, el número de personas alrededor del mundo viviendo en la pobreza abyecta se redujo en más de la mitad, en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor).”  (Op. Cit., p. 29).

Continúa Radelet: “El número de personas en extrema pobreza permaneció estable en poco menos que 2 mil millones entre 1981 y 1993, cuando empezó a declinar –rápidamente. Para el 2011, el número había declinado a mil millones –un descenso de casi a la mitad en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor). Aunque datos para después del 2011 no están disponibles, todas las indicaciones son de que la tendencia continúa, con algo como 50 millones o más de personas que cada año van siendo excluidas de la pobreza extrema.” (Op. Cit., p. 29)

La información valiosa que nos ha transmitido Radelet sobre la evolución de la pobreza absoluta no se queda aquí. Cabe preguntarse ¿qué ha sucedido en términos relativos?; esto es, ¿qué ha pasado con en el porcentaje de personas en pobreza extrema con respecto a la población total? 

Señala Radelet: “Entre tanto el porcentaje de la población mundial viviendo en pobreza extrema se ha venido reduciendo con mayor rapidez, En 1981, un 53% de la población en los países en desarrollo vivía en pobreza extrema. Pero para el 2011, dicha proporción se había reducido a tan sólo un 17% –un caída del 36% en 30 años: un logro notable. En tanto que una de cada dos personas vivía en pobreza extrema tan sólo hace 30 años, hoy día se ha reducido a una entre seis.”

Espero que la información que he suministrado basada en el libro de Radelet sirva para evitar una crítica desinformada de la evolución de la pobreza, especialmente en años recientes de la historia del hombre. ¡Como que el capitalismo de mercado funciona mejor que sistemas económicos alternativos!

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de julio de 2016

Tema polémico: el rezago de la política

Vivimos en una época de disrupciones aceleradas. Como nunca antes en la historia de la humanidad, los cambios tecnológicos están impactando prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia; desde el transporte, nuestra salud, la forma en que aprendemos, nos educamos y la manera en que nos comunicamos. Todos los campos de nuestra vida están cambiando vertiginosamente.

En 2001 Raymond Kurzweil, actual director de ingeniería de Google, había teorizado sobre la forma en que la ciencia y la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente. La denominada «La ley de rendimientos acelerados», planteada por Kurzweil, señala como la tasa de cambio en una amplia variedad de sistemas evolutivos tiende a aumentar exponencialmente, no linealmente, como nuestra propia intuición podría prever.

El planteamiento de los rendimientos acelerados resulta interesante, pero de la misma forma en que las tecnologías están volviendo más potentes a la física, medicina o la biología, los cambios también están generando tendencias contradictorias que tensionan a la sociedad y a las políticas públicas.

Ejemplos de estas contradicciones en nuestras sociedades se reflejan, por ejemplo, en una mayor demanda por participación en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, una creciente presión por reacciones más rápidas en los procesos mismos de toma de decisiones, o una mejor observancia a través de regulaciones, aparejados de procesos más ágiles y fluidos.

Larry Downes había señalado esta creciente dificultad en los procesos de toma de decisiones, cuando en el año 2000 expuso la denominada «La Ley de la Ruptura o Disrupciones», según la cual el acelerado cambio tecnológico está creando una brecha entre su avance y la capacidad de las sociedades para acelerar al mismo ritmo, pero más aún, entre el avance de las tecnologías y las sociedades, con el lento cambio económico. Según la Ley de Ruptura, la brecha de avance es aún más amplia entre la velocidad de cambio tecnológica, de las sociedades y las economías, con la lentísima capacidad de los sistemas políticos para ajustarse a ese cambio.

Así, mientras en la Grecia antigua basaban las prácticas de curación en la magia y la religión, en la actualidad se trabaja en la corrección de errores genéticos dañinos del ADN de las personas, a través de avances tecnológicos, por citar un solo ejemplo. Al mismo tiempo, nuestros sistemas políticos que teóricamente deben regular todos estos avances tecnológicos, funcionan bajo la misma lógica  y con las mismas prácticas desde hace cientos o miles de años. 

Los sistemas políticos y los procesos de toma de decisiones mejoran lentamente, en forma incremental, mientras la tecnología lo hace de manera exponencial.

Todo lo anterior podría parecer demasiado teórico, pero el impacto de la brecha entre la tecnología y la política hoy se traduce en un palpable y realista descontento con la política, la creciente insatisfacción de demandas sociales ante la incapacidad de procesamiento de todos los inputs dentro del sistema político, en el surgimiento de líderes populistas que prometen resolver estas demandas y un sentimiento de desorientación entre los tomadores de decisión.

Quienes hoy operan los sistemas políticos deberían entender esta realidad, para introducir la variable innovación dentro de la política y cambiar la forma en que entendemos su funcionamiento a la luz de los avances del siglo XXI. 

martes, 5 de julio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: ¡qué importa si a los consumidores se les cargarán las pérdidas de RECOPE!

No sé si pronto algún tribunal superior decidirá que RECOPE puede solicitar a la ARESEP que le permita aumentar los precios de los productos que nos vende, a fin de no tenga pérdidas. Veamos las razones de las pérdidas de RECOPE en el 2015 por más de ₡6.000 millones, según el informe que presenta La Nación del 6 de junio, bajo el título “RECOPE reportó una pérdida de ₡6.000 millones en el 2015: Baja en ventas de hidrocarburos y gasto por cesantía golpearon operación el año pasado.”

Una de las razones de dicha pérdida, según RECOPE, es que el año anterior tuvo una caída en sus ventas anuales de 19.4 millones de barriles en el 2014 a 19 millones en el 2015. Esta reducción se debió al menor uso del ICE de energía térmica, pero, además, porque “dicha baja, aunada a la reducción tarifaria por el precio internacional de crudo, provocó una caída del 27% en los ingresos de la Refinadora comparado con el 2014.” Uno puede entender el efecto de la baja en la demanda de uno de los productos de RECOPE, al dejar el ICE de adquirir tanto búnker como antes, gracias a una mejora en su coctel productivo, pero no el por qué se cayeron los ingresos de RECOPE ante la baja internacional de los precios del crudo, pues dicha baja debería haber estimulado su consumo. Por otra parte, también se redujo el costo de adquisición de la materia prima de RECOPE, reflejándose en una baja de su partida de gastos, de manera que el efecto total sobre las utilidades no necesariamente tendría, en el todo, que ser negativo.

Más interesante es la otra explicación que la administración de RECOPE, en palabras de Clara Luz Acuña, directora financiera de la entidad, brinda acerca de las pérdidas mencionadas: fue “debido a una situación ‘extraordinaria’ generada por la provisión de auxilio de cesantía para los trabajadores”. El gerente de administración y finanzas de RECOPE, Édgar Gutiérrez señaló que “el mayor gasto se dio por el registro de ₡14.000 millones de provisión por cesantía”, pues se hizo necesario actualizar la reserva de prestaciones de RECOPE, que, según la auditora externa de RECOPE, Deloitte, no se había podido determinar si tal provisión era la correcta o no. La crítica de Deloitte se dio porque “la empresa estatal no efectuó, en el 2015, el cálculo actuarial que cada año debe hacerse de prestaciones legales.” RECOPE hizo un aumento tan elevado de las prestaciones, al reconocer que no tenía previamente la provisión correcta al respecto.
 
Aquí viene lo interesante, dada la decisión reciente de la Sala Constitucional autorizando a RECOPE a cargar los costos de su convención colectiva en los precios finales. La convención define las prestaciones que paga la entidad con “un tope de 20 años de cesantía a los empleados cuando se pensionan”, en contraste con los 8 años de acuerdo con la legislación general. Sabemos que RECOPE siempre ha financiado su convención colectiva con ajustes ordinarios a los precios de los combustibles que vende a los consumidores y, ahora, la Sala Constitucional obliga a la ARESEP a no excluir de los precios aquellos gastos por beneficios laborales. Esto anuncia lo inevitable: RECOPE pedirá a la ARESEP que le incluya en los precios a los consumidores gastos como el exceso de prestaciones, que debe pagar según su convención colectiva.  

Así, los patos de la fiesta de RECOPE seremos, una vez más, los ciudadanos consumidores obligados del monopolio de RECOPE. El lector se preguntará ¿por qué RECOPE no redujo sus gastos?  Ciertamente se redujeron los costos de la materia prima traída del exterior, pero los egresos de operación, que no los incluyen, más bien ascendieron en el 2015, al pasar de alrededor de ₡106.000 millones en el 2014 a ₡112.917 millones en el 2015; esto es, un aumento del 6.2% en el año. El rubro que más aumentó fue el de transferencias, que pasó de ₡7.742 millones en el 2014 a ₡17.864 millones; esto es, un incremento del 130%.  Aquí entra el aumento en el fondo de provisión de cesantía arriba citado.

No sólo recientemente se ha incrementado el precio de los combustibles por el alza internacional del precio del petróleo, sino que ahora se avecina este nuevo incremento, gracias al privilegio autorizado ahora por la Sala Constitucional.  Estamos de burros amarrados –los ciudadanos consumidores- ante un tigre suelto -RECOPE. No nos queda más que hacer todos los esfuerzos de nuestra parte para traer competencia, abriendo el monopolio y logrando que esos privilegios de convenciones colectivas no nos sean trasladados a los consumidores.  Ya le han jalado mucho el rabo a los pobres burros amarrados: siempre terminamos apechugando con los desafueros de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 4 de julio de 2016

Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.