lunes, 4 de julio de 2016

Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.

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