martes, 27 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: cocinados en una prisión

Hay distintos enfoques en torno a los objetivos de la prisión a personas en cárceles. Para algunos, el objetivo es castigar a quien ha cometido un delito que la sociedad ha juzgado que ha de ser penado con cárcel.  Para otros, es disuadir la comisión de tales delitos no sólo por quienes ya experimentan la prisión, sino para quienes podrían verse tentados a cometerlos y, una tercera visión, es que la prisión sea un medio para reformar o rehabilitar a quienes ya han sido enviados al reclusorio.

Cualquiera que sea el enfoque apropiado como razón de ser para la existencia de cárceles, considero que hay un hecho innegable que debe siempre estar presente, cual es que se trata de seres humanos, quienes, como tales, por más horrendos los delitos cometidos, tienen derechos: derechos derivados por el hecho de ser humanos (aunque su delito puede ser llamado en ciertos casos inhumano). 
 
Lo anterior, en mi opinión, hace que cualquiera sea la razón para la existencia de prisiones, el trato dado a los prisioneros debe ser considerado como respetuoso de los derechos humanos, nos guste o no la profundidad o aberración del delito cometido. Existe en el mundo moderno mucha legislación al respecto, sin duda que inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, recogida en 1948. Elementos como la tortura, de la que tanto hemos leído en la historia de la humanidad y que aún se practica en ciertas naciones, se consideran aberrantes, al igual que siempre se enfatiza el derecho del prisionero a tener un juicio justo.  Mi campo de experiencia profesional no es el derecho, como ha de ser obvio por estos comentarios, pero, personalmente, creo que la condena de prisión no debe ser una justificación para violar los derechos esenciales propios de todo hombre.
 
A esta reflexión he llegado, luego de leer el comentario de La Nación del 10 de julio, titulado “100 reos se ‘cocinan’ en nueva prisión de acero y zinc: Arco modular costó ₡495 millones y fue inaugurado en abril pasado.”
 
Resulta que el estado construyó una cárcel en La Leticia, en Pocorí, Limón, en donde “hay días en que la temperatura supera los 34 “(grados centígrados). Instalada en una zona particularmente caliente del país, los presos “se cocinan” con el calor que sufren.
 
No dudo que la intención de la construcción de la nueva prisión era la de que fuera un lugar mejor, comparativamente con otras prisiones del país. Sin embargo, siendo una instalación nueva, no hay razón para que “pocos pueden dormir en las camas. La mayoría… nos tiramos al piso para descansar; otros (prisioneros) se meten a bañar de madrugada,” tal como comentó uno de los 104 presos allí ubicados.
 
Se ha considerado que el sistema penitenciario del país tiene una sobrepoblación del 42%, por lo cual debería de ser bien vista esta nueva cárcel, como medio para disminuir el hacinamiento. “Este pabellón es de mínima contención, lo que significa que los reclusos que estén ahí deben cumplir su pena en ocho años o menos; deben tener buena convivencia y deben trabajar dentro del centro (en mantenimiento, cocina o en la finca, entre otros).”
 
La construcción en su mayoría es de láminas de acero, revestidas de zinc y sólo los baños son hechos de concreto. De acuerdo con el informe de periodistas del medio, “se comprobó (en una visita de ellos) el calor que hace, pese a que, en apariencia, hay aisladores térmicos y pese a que en el dormitorio hay ocho ventanas pequeñas y 26 abanicos que permanecen encendidos día y noche.” 

Aparentemente la obra se realizó de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el Ministerio de Justicia. No obstante, la directora del centro penal, señora Marianela Fallas, ya le pidió a la compañía constructora que brinde soluciones, pues hay una garantía de dos años y el problema se mantiene sin resolver. Mientras el estado pide que se arreglen las cosas, la empresa no lo hace; dependerá de si su responsabilidad surge de los planos que se le entregaron y que deberían de haber cumplido.
 
Estas son cosas que para nada le agrada a uno reseñarlas. Lo pone a uno a pensar si, cuando hace algunos años se trató de construir una cárcel administrada por concesión a una empresa privada, si esas habrían sido las condiciones de una vida penal. La empresa que las habría hecho tendría que cumplir con los requerimientos que le fijara contractualmente el estado y uno imaginaría que, tal vez, no se hubiera presentado la situación actual.  Aquella concesión no se hizo en mucho por la oposición de la ANEP, por una razón muy entendible: los trabajadores de la concesión posiblemente no serían sindicalizados bajo su égida, dejando ANEP lejos de percibir muchas cuotas de trabajadores afiliados y de tener así un mayor poder sindical y político. ANEP tuvo éxito en su oposición. Ahora, los prisioneros, asados o cocidos como si fueran tamales y no seres humanos, deben pagar por la ineficiencia de un estado, el cual ni siquiera pudo lograr que se hiciera una cárcel decente y, más bien, un centro que casi es de tortura, por haberse rendido ante la prepotencia de ANEP.
 
Como claramente lo dice Oviedo Vargas, un recluso, “Estar aquí es insoportable; estábamos mejor antes”. Que tan sólo lo imagine el amigo lector, quien, como ciudadano, también ha aportado su parte en los ₡495 millones gastados en hacer ese horno.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dar largas a las cosas tiene un costo

¿Sabía usted cuánto le han costado de más a los costarricenses los atrasos en la construcción de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos?  Esos 29 kilómetros de vía, a junio del 2016, nos han costado $71 millones tan sólo por los atrasos. Lo informa La Nación del 28 de junio, en su artículo titulado “Atrasos encarecen en $71 millones a la vía a San Carlos: Monto se suma a $164 millones pagados por obra hasta ahora,” basado en un informe del Instituto Costarricense de Electricidad, supervisor en ese momento de la obra. Señala que “hasta ahora se han pagado $235,2 millones por la carretera, desglosados en $164 (millones) del acuerdo original más $71,2 millones, correspondientes a reajustes por el aumento de precios en los materiales y la mano de obra.” Esto es, del monto que se desembolsó a una empresa constructora, lo pagado por reajustes equivale a un 43% del monto original de la obra.

Ese es uno de los costos cuando se retrasan obras: implica, por una parte, aumentos debido a la inflación, que, según un ingeniero de CONAVI, es lo “normal” en este caso, pues “al dividir esa cifra entre el número de años que han tardado las labores, da como resultado un 3,29% de reajuste por año.” No obstante, la inflación en dólares posiblemente es menor que la inflación anual promedio en colones que ha experimentado el país en dicho lapso, pues los datos comparados están en términos de dólares. Es un aumento de costos significativo, pero hay otro costo que no se contabiliza, cual es el tiempo en que se ha atrasado la inversión para brindar rendimientos. Esto es, lo gastado hasta el momento, dado que no se ha terminado, no ha generado ingreso alguno a la economía, y ese es un costo que no se daría, si la obra no se hubiera atrasado esos 13 años. 

No se indica en el comentario periodístico cuánto tiempo habría tomado la construcción y plena operación de dicha vía, si no hubieran existido tales atrasos y tampoco hace una comparación con lo que, en realidad, ha durado su construcción (y le falta tal vez un año más para concluirla), de manera que se pueda tener una idea del costo de intereses que se han tenido al tener una inversión realizada que no ha generado rendimientos. Asimismo, hay otros costos que otros actores de la sociedad han tenido que afrontar, en caso de que hayan realizado inversiones que dependían del inicio de operaciones de la nueva carretera.  Dejar algo para después, no cumplir con el tiempo previsto de ejecución de la obra, da lugar a diversos costos económicos. Y eso que no he hablado de los costos de oportunidad…

La explicación de parte de un ingeniero del ICE, encargado de la supervisión a ese momento, es que “los atrasos por expropiaciones, problemas contractuales, cambios de proveedor  y denuncias ambientales, se han traducido en (aquel) pago de $71,2 millones en reajustes de precios.” Pero, algunos de ellos evidentemente deberían de haberse realizado antes o en el tiempo debido, como, por ejemplo, las expropiaciones. A la fecha, consigna el periódico, que “pese a lo avanzado del proyecto vial, aún hay sin finalizar 22 procesos de expropiación.”

Todos esos costos los pagamos los ciudadanos. Es cierto que nunca hay certeza del costo final de un proyecto. A pesar de ello, cuando uno observa que la construcción de 29 kilómetros de carretera ha durado, tal vez con suerte, 14 años para que se termine, a uno no le queda más que exhibir la ineficiencia del estado para concluir, en el debido tiempo, obras como esta.

Jorge Corrales Quesada


martes, 13 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: a 40 años de fundada la primer Universidad Privada de Costa Rica

Lograr la apertura de la primera universidad privada en Costa Rica no fue nada fácil. La oposición a ello fue amplia e intransigente, sobre todo porque en aquel entonces había un muy poderoso adversario: la Universidad de Costa Rica, representada por sus autoridades, algunos profesores y alumnos.

Esto último, viéndolo retrospectivamente, iba más allá de impedir una competencia que surgiría para esa universidad, sino que reflejaba una pretensión inaudita, cual fue que el nombre “universidad” sólo podía ser usado por la Universidad de Costa Rica.  Se pretendía que ese uso del nombre “universidad” estaba, como si así lo fuera, sujeto a derechos de autor o un derecho de propiedad de una marca registrada. ¿Qué no me lo creen? En cierto momento la Universidad de Costa Rica se opuso a la existencia de un bar en su vecindad (100 varas al sur de la Biblioteca Carlos Monge), al cual solían acudir principalmente jóvenes estudiantes, pues tenía un rótulo que decía “Taberna Universitaria”. Sí, “universitaria”…pidieron que se prohibiera que usara tal calificativo.

Antes de que alguien me señale, vestido de puritanismo, que posiblemente esa oposición de la Universidad de Costa Rica, se debía a que aquel era un sitio en donde se disfrutaba de un vicio, lo cierto es que su pretendido afán iba más allá, mucho más allá, de lo que sería la pretensión de ser niñera de la moral de los jóvenes. Pero, también se opuso a que el naciente Instituto Tecnológico fuera una “Universidad”, pues no deseaban que viera la luz, a fin de conservar el monopolio educativo superior, del cual disfrutaba en ese entonces. Moralina y monopolio: todo en un revoltijo.

Lo que sí dio lugar a un intenso debate social y político, en diversos medios, fue la oposición expresa de la Universidad de Costa Rica para que un grupo de ciudadanos constituyera lo que luego se llegó a conocer como la Universidad Autónoma de Centro América. Gran parte del alegato del titular del momento para oponerse, era que la educación universitaria debería de estar en manos del estado y no de una empresa o personas privadas.  Así, de un plumazo, se dejaba de reconocer el enorme aporte brindado por la educación universitaria privada en la historia de la humanidad.  (De paso, muy interesantemente, se considera como una de las primeras, sino es que la primera, fue la Universidad de al-Qarawiyyin fundada en el año 859, en Fez, Marruecos por Fatima al-Fihri, una asombrosa y sabia mujer). 

Afortunadamente, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de ciudadanos deseosos de que en el país los estudiantes tuvieran la opción de estudiar carreras universitarias, no sólo en un centro distinto del único existente, sino que asimismo fuera producto del esfuerzo privado. Los 18 fundadores de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) fueron, en orden alfabético, don Enrique Benavides Chaverri, este servidor, don Alberto Di Mare Fuscaldo, don Guido Fernández Saborío, don Alfredo Fournier Beeche, don Fabio Fournier Jiménez, don Edmundo Gerli González, don Fernando Guier Esquivel, don Enrique Malavassi Vargas, don Guillermo Malavassi Vargas, don Gonzalo Ortiz Martín, don Rafael Robles Jiménez, don Rogelio Sotela Montagné, don Christian Tattenbach Iglesias, don Luis Demetrio Tinoco Castro, doña Cecilia Valverde Barrenechea, don Renato Viglione Marchisio y don Thelmo Vargas Madrigal. En estos momentos, seis de ellos aún estamos en este mundo y los restantes doce gozan ya de la vida eterna.

La oposición inicial en círculos gubernamentales fue enorme, pues estaban en contra de que el estado le diera a la UACA el permiso para funcionar, exigido por alguna ley. Incluso tal obstrucción de cierta manera resultaba ser paradójica, pues un muy elevado porcentaje de los ministros de ese gobierno (1974-1978), había realizado estudios en escuelas o universidades privadas, e incluso muchos enviaban a sus hijos a centros de educación también privados (podemos imaginar las razones de sus decisiones).  

No obstante, en un momento dado, aquella barrera quedó hecha añicos, cuando el presidente de la República del momento, don Daniel Oduber Quirós, junto con su ministro de Educación, don Fernando Volio Jiménez, quien inicialmente se había opuesto a la fundación de la nueva universidad privada, decidieron dar el permiso requerido para su existencia. Se ha comentado que lo allí esencialmente primó fue la posición del presidente Oduber, quien convenció a su ministro de Educación de la conveniencia de abrir las puertas a una universidad privada en el país.

Históricamente, en todo esto, debe recordarse al papel llevado a cabo por la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), en cuyas instalaciones se discutió mucho acerca de la necesidad de crear una universidad privada y en donde, también, se analizaron los numerosos documentos que se hacían necesarios para lograrlo. Recuerdo que uno de los argumentos más poderosos para promover su creación, además del eminente derecho ciudadano de ser libre para escoger, era que, en esos momentos -y parece ser algo que aún continúa-, la demanda de estudios en la Universidad de Costa Rica era más que sobrepasada por la oferta de ingreso para esos estudiantes, lo cual creaba un excedente de jóvenes que deseaban estudiar una carrera universitaria y rápidamente se llenaba el exiguo cupo ofrecido. Y el estado no estaba en capacidad de satisfacer esa demanda en exceso.

Por ello, cuando al fin la UACA pudo abrir físicamente sus puertas, allá en el año 1976, su éxito fue inmediato y terminó, parodiando la famosa encíclica, convirtiéndose en Mater et Magistra, pues a partir de ella luego surgieron muchas otras nuevas universidades privadas en el país. La UACA ha sabido defender la libertad de enseñanza en el país y mantiene una alta calidad académica: es, en palabras de su actual rector y uno de quienes le dio vida, don Guillermo Malavassi, un balance entre calidad y libertad. 

Ese esfuerzo porque tengan vigencia nuestros derechos innatos para definir cómo ha de ser nuestra educación, no debe de haber sido en vano, pues siempre persisten los afanes de ciertos sectores dentro del estado, al cual sabemos no le agrada mucho la competencia. Por ello, es frecuente ver que proponen y pretenden más y más regulaciones para la educación universitaria privada. Sin embargo, ante ello hay un hecho impresionante no imaginado a principios de los años setenta por aquellos visionarios: hoy en día, aproximadamente, la mitad de los estudiantes universitarios del país asisten a centros privados, coadyuvando así al progreso de esos individuos y, a la vez, de la prosperidad de la nación.


Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: explosión gubernamental

Recientemente la Academia de Centro América publicó un informe muy interesante, que demuestra la metástasis gubernamental que cada vez abarca más y más del espacio político propio de las personas.  Dicho informe lo llevaron a cabo dos economistas, los señores Miguel Loría y Josué Martínez, y lleva por título “El Sector Público en Costa Rica: Desafíos Institucionales y Oportunidades de Mejora.”

En él aparecen conclusiones y propuestas muy interesantes, algunas de las cuales fueron reseñadas en un artículo del 13 de junio de La Nación, titulado “Proliferación de instituciones traba control del gasto público: Estudio de Academia de Centroamérica revela que, en 115 años, país creó 293 entidades,” y debo señalar que, en el candelero político de la Asamblea Legislativa, hay propuestas para crear nuevas “instituciones”.

Se pasó de 39 entidades gubernamentales en el año 1900, a 332 en la actualidad, lo que incluye 18 ministerios y 84 órganos adscritos a entidades del estado. Se creó un promedio de más de 2.5 instituciones en cada año. Obviamente, es una enorme proliferación de organismos estatales, que trae aparejada una serie de contrariedades.

El medio resume así los principales problemas derivados de tal explosión burocrática: “Con la proliferación de instituciones, el Poder Ejecutivo quedó con un control limitado del gasto público, se generaron ineficiencias en la utilización de recursos y no se ha logrado avanzar en la solución de problemas tales como la pobreza o la infraestructura, principalmente vial.” Agregaría que también ha significado una gran pérdida en la libertad de las personas, en cuanto a la forma en que se usan los recursos que generan en la economía y que pasan a ser utilizados por el estado, en detrimento del uso privado mejor que las personas podrían hacer con ellos. Pero, dejémoslo así; tranquilo.

La razón de la expansión, para aquellos analistas, la suscribe La Nación, pues “en un principio, las instituciones públicas fueron creadas para atender necesidades específicas en diversas áreas (por ejemplo, asistencia social, educación, vivienda e infraestructura), pero, con el tiempo, se convirtieron en vías de escape para enfrentar las rigideces operativas, legales y financieras del Gobierno Central.” El monstruo que se entorpece a sí mismo.

Dado que en el párrafo previo se indica “Gobierno Central”, es necesario dar una idea de la multiplicidad de organismos públicos que los costarricenses solemos identificar con entidades estatales. Daré ejemplos de cada grupo que formalmente las integran, para que el lector vislumbre la amplia naturaleza de la estructura del estado costarricense.
  1. Gobierno Central: Ejemplos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Obras Públicas, el Poder Judicial.
  2. Órganos Descentralizados: Ejemplos, Comisión Nacional de Emergencias, Museo de Arte Costarricense, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
  3.  Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Ejemplos, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), Universidad de Costa Rica.
  4. Gobiernos Locales: Ejemplos, Municipalidad de San José, Junta de Protección Social de Cartago, Unión Nacional de Gobiernos Locales.
  5. Empresas Públicas no Financieras: Ejemplos, Fuerza y Luz, JAPDEVA, JASEC
  6. Empresas Públicas Financieras: Ejemplos, Banco Nacional, Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para cada una de los elementos que hace el Clasificador Institucional del Estado Costarricense, he puesto tan sólo una mínima cantidad de tres ejemplos, pero el hecho es que hay muchas, pero muchas, instituciones de las que cada uno de nosotros apenas conoce su existencia. La abundancia de ellas es lo que ciertamente sobra.
En la actualidad, alrededor de una tercera parte de esos presupuestos los aprueba la Asamblea Legislativa, mientras que a la Contraloría le corresponde por ley aprobar los presupuestos de las restantes entidades del estado.
Por tal razón, el estudio señala que “en ausencia de uniformidad en cuanto a las reglas de aprobación presupuestaria, el control del gasto público y la rendición de cuentas se vuelven muy complicados.” Además, el informe de la Academia de Centroamérica expone otras dificultades derivadas de ese crecimiento de entes estatales, como “ineficiencia en el uso de recursos, permanencia de instituciones inviables, acumulación de recursos en la Caja Única del Estado y rectorías difusas y débiles. Además, superposición de competencias y duplicación de funciones, fragmentación en el empleo público y política salarial y nuevas válvulas de escape para hacer frente a la situación.”
Se cuenta la anécdota de que, siendo Reagan presidente de los Estados Unidos, tenía en su mesa de noche el libro de Hayek, El Camino de la Servidumbre, el cual le servía de inspiración para definir sus políticas.  Se me ocurre pensar que, tal vez, cada uno de los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, así como de los dos contralores de la República, deberían tener un ejemplar de este trabajo de la Academia de Centro América en sus respectivas mesas de noche. No para que sirva de base a una lamparita, sino para que lo lean y lo relean cada vez que llegan a acostarse (pero, tal vez eso podría hacerlos perder el sueño; optimista que soy). Así tendrían una idea cabal del grado de agrandamiento de nuestro estado, cuya manutención pagamos todos los ciudadanos. Esa explosión gubernamental, como la otra simple y sencilla, nos daña.
Jorge Corrales Quesada