martes, 20 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dar largas a las cosas tiene un costo

¿Sabía usted cuánto le han costado de más a los costarricenses los atrasos en la construcción de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos?  Esos 29 kilómetros de vía, a junio del 2016, nos han costado $71 millones tan sólo por los atrasos. Lo informa La Nación del 28 de junio, en su artículo titulado “Atrasos encarecen en $71 millones a la vía a San Carlos: Monto se suma a $164 millones pagados por obra hasta ahora,” basado en un informe del Instituto Costarricense de Electricidad, supervisor en ese momento de la obra. Señala que “hasta ahora se han pagado $235,2 millones por la carretera, desglosados en $164 (millones) del acuerdo original más $71,2 millones, correspondientes a reajustes por el aumento de precios en los materiales y la mano de obra.” Esto es, del monto que se desembolsó a una empresa constructora, lo pagado por reajustes equivale a un 43% del monto original de la obra.

Ese es uno de los costos cuando se retrasan obras: implica, por una parte, aumentos debido a la inflación, que, según un ingeniero de CONAVI, es lo “normal” en este caso, pues “al dividir esa cifra entre el número de años que han tardado las labores, da como resultado un 3,29% de reajuste por año.” No obstante, la inflación en dólares posiblemente es menor que la inflación anual promedio en colones que ha experimentado el país en dicho lapso, pues los datos comparados están en términos de dólares. Es un aumento de costos significativo, pero hay otro costo que no se contabiliza, cual es el tiempo en que se ha atrasado la inversión para brindar rendimientos. Esto es, lo gastado hasta el momento, dado que no se ha terminado, no ha generado ingreso alguno a la economía, y ese es un costo que no se daría, si la obra no se hubiera atrasado esos 13 años. 

No se indica en el comentario periodístico cuánto tiempo habría tomado la construcción y plena operación de dicha vía, si no hubieran existido tales atrasos y tampoco hace una comparación con lo que, en realidad, ha durado su construcción (y le falta tal vez un año más para concluirla), de manera que se pueda tener una idea del costo de intereses que se han tenido al tener una inversión realizada que no ha generado rendimientos. Asimismo, hay otros costos que otros actores de la sociedad han tenido que afrontar, en caso de que hayan realizado inversiones que dependían del inicio de operaciones de la nueva carretera.  Dejar algo para después, no cumplir con el tiempo previsto de ejecución de la obra, da lugar a diversos costos económicos. Y eso que no he hablado de los costos de oportunidad…

La explicación de parte de un ingeniero del ICE, encargado de la supervisión a ese momento, es que “los atrasos por expropiaciones, problemas contractuales, cambios de proveedor  y denuncias ambientales, se han traducido en (aquel) pago de $71,2 millones en reajustes de precios.” Pero, algunos de ellos evidentemente deberían de haberse realizado antes o en el tiempo debido, como, por ejemplo, las expropiaciones. A la fecha, consigna el periódico, que “pese a lo avanzado del proyecto vial, aún hay sin finalizar 22 procesos de expropiación.”

Todos esos costos los pagamos los ciudadanos. Es cierto que nunca hay certeza del costo final de un proyecto. A pesar de ello, cuando uno observa que la construcción de 29 kilómetros de carretera ha durado, tal vez con suerte, 14 años para que se termine, a uno no le queda más que exhibir la ineficiencia del estado para concluir, en el debido tiempo, obras como esta.

Jorge Corrales Quesada


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