martes, 25 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el intríngulis de las pensiones del Poder Judicial

Una reciente decisión de la Procuraduría General de la República le da la razón al Poder Judicial para que éste, como patrono, pueda elevar su contribución a su Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  En sencillo, como bien sabemos, este régimen paga pensiones a quienes se acojan a ella, gracias a un aporte de la ciudadanía por medio del presupuesto de la República. Aquel Fondo no tiene el financiamiento requerido para hacerle frente a sus obligaciones. Con justicia, los ciudadanos hemos señalado, que tales pensiones deberían ser cubiertas por el aporte de los potenciales beneficiarios y los rendimientos que de ellos se obtengan con el paso del tiempo, pero no con los dineros escasos de los contribuyentes.

Resulta que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó en julio duplicar la contribución del estado a su sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual tiene una incidencia en el régimen del Poder Judicial, pues -el ya conocido enganche- si el estado aumenta su aporte al régimen de IVM de la CCSS, también tiene que incrementar en cierto porcentaje el aporte que hace al régimen de pensiones del Poder Judicial. Así, dicha aportación pasará de 0.58% a 1.24%. Recuerden que, en última instancia, el patrono en el régimen de pensiones de la Corte no es ésta, sino el estado, pues la Corte recibe sus ingresos por la vía del presupuesto de la República: aquí la Corte y el estado son el mismo patrono. De hecho, en una instancia aún más profunda, quienes financiamos al presupuesto del estado somos los ciudadanos contribuyentes; somos nosotros los patrones finales; es de nosotros de donde saldrá ese aumento en la contribución al Fondo de Pensiones del Magisterio.

No obstante, formalmente es la Corte Suprema de Justicia la que debe aprobar dicho incremento, lo cual ahora lo consigna la Procuraduría General de la República, al decir, en un dictamen obligante, que el aumento del aporte patronal -en un lapso de dos años- del 11.75% al 13.75% se quedó corto y que debería de aumentar a un 14.36%, como resultado del aumento estatal al IVM de la CCSS, arriba comentado.  De nuevo, ese aporte patronal del Poder Judicial, sale directamente de recursos presupuestarios del estado, los que, a su vez, son fondos aportados por la ciudadanía.
 
“Si el aporte patronal y del Estado del 2015 (al Fondo de Pensiones del Poder Judicial) se le aplicaran los nuevos porcentajes de cotización, habría una contribución ADICIONAL (el énfasis es mío) de ₡1.450 millones y ₡1.544 millones, respectivamente (cada año),” según lo indica el artículo de La Nación del 31 de agosto, encabezado que reza: “Corte recibe aval para elevar aporte patronal a pensiones: Procuraduría concluyó que alza en contribución a fondo fue menor a la establecida por ley.”
 
No olvidemos que, en el 2014, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) pidió el cierre del “régimen de jubilaciones judicial por considerarlo insostenible, debido al alto costo y los beneficios otorgados.” Un estudio del 2012, “determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ₡4 billones y sería insolvente en el 2027.”
 
Lo que está pasando es que el gobierno, creo que apropiadamente, dadas las severas condiciones fiscales del país y la necesidad de frenar el abuso de las pensiones no cubiertas por sí mismas, sino acudiendo al erario público, ha dicho que no dará los recursos extras al régimen de IVM de la CCSS, para garantizar pensiones mínimas (aporte que pasaba del 0,58% al 1.24% y que equivaldría a una suma adicional cercana a los ₡60.000 millones adicionales a los ₡50.000 millones que ya hoy entrega). Por ello, en el nuevo presupuesto del gobierno enviado a la aprobación legislativa, no se incluyeron esos ₡60.000 millones, lo cual, de paso, repercute en el incremento que habría tenido que dar para las pensiones del Fondo del Poder Judicial.   
 
Ese “enganche” del Poder Judicial ante aumentos de la contribución estatal al régimen de IVM de la CCSS, también existe para el régimen de pensiones del Magisterio, que implicaría un aporte adicional del estado (los costarricenses) al magisterio, por la suma de ₡6.629 millones en el 2017, adicionales a los ₡6.744 millones que ya ha aportado presupuestariamente en este año. Esto datos aparecen en un comentario de La Nación del 6 de setiembre, bajo el encabezado: “Gobierno rehúsa entregar contribución extra al IVM: Hacienda no incluyó en el presupuesto del próximo año ₡60.000 millones para pensiones.”
 
Las fauces del gasto público están así abiertas para que lo terminen devorando los beneficiados directos y que así el costo de la cena sea cubierto por todos los ciudadanos. Por tal razón, es encomiable, en este punto, la firmeza del gobierno para impedir un mayor desborde de sus finanzas. 

Recuerde el amigo lector, que un mayor gasto gubernamental se traducirá inevitablemente en aún mayores impuestos o inflación o endeudamiento: no hay salida gratis en el restaurante de los fondos públicos. 
 

Jorge Corrales Quesada


martes, 18 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: indetenible crecimiento de la deuda gubernamental

Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, se tiene un déficit.  Para disminuir ese exceso de gasto, lo obvio es reducir esa exageración de pagos. Sin embargo, lo que los políticos suelen hacer antes de reducir el gasto, es acudir a tres opciones: prefieren, como lo vemos en la actualidad, aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos. La otra opción es emitir dinero por medio del Banco Central, lo cual aumenta la inflación. Así se reducen los pagos reales que el gobierno tienen que hacer; esto es, si bien debe sufragar los mismos gastos nominales, el valor real de estos -o sea ajustados por una inflación mayor- disminuye o, lo que es casi lo mismo, el Banco Central nos entrega billetes, que puede imprimir casi sin costo, a cambio de servicios reales que recibe o que debe pagar, en particular, los del gobierno en el caso hipotético.  La tercera alternativa para enfrentar aquel derroche que ocasiona el déficit citado, es pedir prestado, ya sea a nacionales o  extranjeros, que en cierto momento deberá cancelar (incluyendo intereses), para lo cual deberá obtener nuevos recursos tributarios que le permitan hacer frente al gasto en el futuro.

En nuestro medio mucho se ha hablado, recientemente, acerca de la desgracia de los impuestos, así como en el pasado hubo mucha referencia a otro infortunio, la inflación, de formas tales que los ciudadanos miran su prospecto con angustia. Pero es relativamente poco lo que se ha dicho acerca del endeudamiento del gobierno para sufragar un exceso de gastos.
 
Por ello, considero muy importante el esfuerzo que hace La Nación en un artículo reciente, para introducir el análisis del tema del endeudamiento gubernamental, como lo hace en “Últimos tres presidentes triplicaron deuda del Gobierno: Endeudamiento total pasó de ₡3,9 billones a ₡13,4 billones entre 2006 y 2016,” en su edición del 12 de setiembre de este año.
 
El primer punto esencial que debe citarse es que se trata únicamente -reitero, tan sólo- del endeudamiento del gobierno central, lo cual deja de lado el endeudamiento del resto de las instituciones estatales. Ello se puede deber a la creencia en que los préstamos obtenidos en estos últimos casos se usarán para inversiones, las que generarán un rendimiento que permitirá pagar las obligaciones más las cargas de intereses. Pero nada nos dice que, en este último caso, parcialmente y en un monto relativamente pequeño, los fondos podrían ser usados en gastos de inversión, contrario a como suele suceder en el gobierno central que es todo lo contrario.
 
En todo caso, al menos en el 2015, en tanto que el endeudamiento total del Sector Público (que incluye al Gobierno Central, Banco Central y algunas instituciones públicas) con respecto del PIB (el valor de la producción de la economía en ese año) fue de un 63.2%, el correspondiente de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB fue de un 44%. En datos absolutos, una estimación burda nos diría que, para el 2016, el endeudamiento del Gobierno Central será de un poco menos de 14 billones y el correspondiente al sector público no financiero, será de algo menos de 18 billones; esto es, en número absolutos cerca de un 30% más que el Gobierno Central.
 
Como un segundo aspecto interesante del comentario periodístico, aparece el comportamiento de la deuda del Gobierno Central durante la última década.  Se destacan varias cosas:
 
(1)    Mientras que en diciembre del 2005 la deuda del Gobierno Central fue de ₡3.6 billones, en diciembre del 2015 había ascendido a ₡12 billones y se estima, de manera burda, que en diciembre del 2016 ascienda a ₡14 billones. O sea, en el lapso de 11 años, la deuda del gobierno central habría crecido en un 288%; esto es, un crecimiento promedio anual de alrededor de un 26.3%.
 
(2)    Una comparación de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB,  nos aísla los efectos del crecimiento de los precios, al ser el cociente de dos magnitudes monetarias (la deuda del gobierno central y el PIB). De acuerdo con eso, el porcentaje de la deuda del gobierno central con respecto al PIB pasó de un 33.6% en el 2006 a un 43.2% en julio del 2016 (un período de 126 meses), por lo cual se puede expresar que el crecimiento anual promedio es de aproximadamente un  3,8%.

El informe de La Nación concentra su esfuerzo en lo más notable sucedido en las últimas tres administraciones, en torno al endeudamiento del gobierno central y concluye lo siguiente:
 
(1)    Las variaciones anuales más importantes (tres picos de crecimiento) que se dieron en el porcentaje de crecimiento de la deuda en esas tres administraciones fueron, 
 
(a)    en el año 2010, en la segunda administración Arias, se aumentó un 21,7% con respecto al año anterior;
 
(b)    en el año 2012, en la administración Chinchilla, se incrementó un 25% en relación con el año previo, y
 
(c)    en el año 2014, en la administración Solís se elevó en un 18% comparado con el año que le precedió.
 
(2) Resulta interesante ligar tales aumentos de impuestos, con ciertos hechos económicos importantes que sucedieron en esos momentos y los que podrían explicar tales crecimientos. Así,
 
(a)    en el caso del fuerte aumento durante la administración Arias en el 2010, la posible explicación radica en que se desencadenó “una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial.” El problema con estos gastos -inspirados en una burda filosofía Keynesiana- radica en que, siendo “la crisis económica mundial” referida un fenómeno naturalmente temporal, esas medidas tuvieron un impacto permanente en la economía, lo cual, sin duda, continuó impactando el nivel de gasto gubernamental durante los años subsecuentes;
 
(b)    en cuanto al incremento mayor en la administración Chinchilla en el 2012, se puede explicar por el uso del endeudamiento de ese gobierno de una primera emisión de cuatro emisiones de $1.000 millones cada una, “de títulos valores conocidos como ‘eurobonos’ instrumento que (el Ministerio de) Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa,” así como que el resto del gasto gubernamental no se redujo y se dejó que creciera vegetativamente; y
 
(c)    en lo que se refiere al aumento porcentual relativamente más alto sucedido en el 2014, en opinión del articulista del medio citado, “coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en ‘eurobonos’ y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ₡62.000 millones,” a lo cual, pienso, podría adicionarse el no pequeño aumento de ₡38.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que elevó el monto total de esa transferencia esperada para dicho año, a casi ₡360.000 millones.
 
Otras informaciones importantes consignadas en el comentario de La Nación, son las siguientes:
 
(1)    Que, dado el gasto real devengado del gobierno central en el 2015 de ₡5,8 billones (de un presupuesto total de ₡7,9 billones), respecto a la deuda total acumulada a finales de ese año, de ₡12 billones, dicha deuda superó al gasto devengado (aquellos que surgen de obligaciones de pago debidamente reconocidas por bienes o servicios previamente contratados) en un 207%; esto es, que es la deuda es más del doble del gasto devengado.
 
(2)    Por su parte, para el presupuesto del gobierno central del 2017, el servicio de la deuda del gobierno se estima que será de alrededor de una tercera parte (un 33%) del plan de gastos del presupuesto de la República, que se considera que ascenderá a ₡8,9 billones. Sin duda que un monto significativo de los gastos presupuestados se va en el pago de la deuda gubernamental.
 
El gobierno central, en su petición porque se aprueben nuevos y mayores impuestos, señala el elevado costo de una significativa deuda de ese gobierno, que, en sencillo, lo que quiere decir es que los ciudadanos tendremos apechugar con el costo de ese endeudamiento incurrido de manera creciente por el estado a lo largo de estos años. O sea, llega la hora en que se nos pasa la factura por las cuentas de ese mismo gobierno. Lo triste es que el esfuerzo indispensable para reducir el gasto gubernamental de manera significativa, ha sido relativamente muy débil, lo que parece augurar que el gobierno acudirá a un mayor endeudamiento para llenar su elevado déficit –el exceso de gastos por encima de sus ingresos: la jarana siempre sale a la cara.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 11 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: opinión acerca de lo sucedido en Limón y el financiamiento propuesto.

No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.

De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un  gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
 
Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
 
El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
 
Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales.  De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
 
Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto.  El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República.  Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
 
En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
 
En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio.  Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un  9%.
 
O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
 
En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen.  El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
 
Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
 
En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad.  Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos.  Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir.  Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
 
Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de  mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de  fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.

Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gran engaño en ciernes

No parece haber duda de que la inconsistencia que suelen exhibir en asuntos cruciales los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, indignan a quienes nos dicen representar: a los ciudadanos.
 
¡Con qué satisfacción vimos cómo recientemente esos mismos diputados impusieron algunas restricciones -ciertamente no las deseables en su totalidad- para que prosiguiera en el país el jolgorio de ciertas pensiones, que en la actualidad siguen estando a cargo, en gran parte, de los fondos del presupuesto del gobierno de la República, que son dineros aportados por la generalidad de los ciudadanos para beneficio de algunos privilegiados! Al ver aquella decisión, muchos pensamos que en la Asamblea Legislativa realmente se estaba poniendo algún grado de orden en las finanzas gubernamentales, cuyo déficit es hoy en día usado como pretexto por los políticos  para cargarnos de nuevos y mayores impuestos.
 
Aquella golondrina, creímos, sería augurio de un buen verano. Esos diputados parecían estar seriamente dispuestos a impedir que el abuso entronizado en algunos de nuestros sistemas de pensiones, que en muy alto grado dependen de lo que todos los ciudadanos aportamos, se conservara en momentos en que, no la envidia, sino una justificada furia de los ciudadanos ante el despilfarro y el abuso, exige un freno al desborde.
 
Aun así, permanecieron, en ese momento, intocados los regímenes ya conocidos, como el de pensiones del Poder Judicial y el del Magisterio, entre otros, que no exige que las jugosas pensiones que se reciban sean producto del ahorro de los beneficiarios -y de la sabia inversión de tales recursos para que generen rendimientos positivos- suficientes para pagar las pensiones de gollería que han podido amasar, legalmente. Reitero lo de “legalmente”, porque es producto de su influencia política, en el marco de un inoperante sistema democrático, que no ha podido frenar las demandas de gasto de grupos especiales. Demandas que pueden sintetizarse en una creación de privilegios, mal llamados derechos, mediante el cual han logrado, a cambio de apoyo político, sin duda, que los partidos políticos de los diputados se los aprobaran.
 
Pues bien, en un momento dado, allá por el 2005, un grupo de potenciales pensionados del privilegiado régimen de pensiones del Magisterio, aceptó, de forma  voluntaria, trasladarse al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, el más importante y generalizado del país y el cual, en esencia, no depende del estado para su solvencia en cuanto a los pagos eventuales de pensiones que se habrán de hacer. Lo hicieron porque veían inevitable su cierre –y lo sigue siendo, en el momento en que el estado, plegado servilmente al interés de ciertos gremios, deje de financiar con el presupuesto nacional la insuficiencia de recursos para enfrentar las pensiones de ese (y otros ya bien conocidos) régimen. Claro, en la Caja tenían que pagar menos que lo que tendrían que aportar para su régimen de pensiones del Magisterio, para que este medio sobreviviera y se pudiera, por sí mismo, pagar al menos en parte las futuras pensiones.
 
Pero, ha pasado que el estado, servidor de grupos de privilegios e incapaz de decir no al abuso, aunque sí pretenda gravar con mayores impuestos a la ciudadanía a fin de seguir sufragando esas prebendas, sin duda que a cambio de apoyo político y de la garantía de conservación del poder de los políticos eternamente transitorios en una democracia, no definieron todas las medidas necesarias para terminar con el régimen de privilegio de esas pensiones. Ante esto, los tránsfugas de aquel momento, ahora buscan regresar al régimen que más les favorece. Conducta totalmente esperable y lógica: si pueden obtener una pensión mejor, pagando menos, pues el camino es presionar a los diputados para que los regresen al régimen aun privilegiado de antaño.
 
Nada más veamos sucintamente algunas de las diferencias entre los regímenes de pensiones de la Caja y el del Magisterio, para entender porque, ahora, ¡volver, volver, volver! es el mantra que cubre la petición de quienes pretenden regresar al manjar del privilegio.  Mientras en la Caja, al que se pensione bajo su régimen, se le paga el 65% del salario promedio de los últimos 20 años, en el Magisterio, en la actualidad, el porcentaje del salario para su pensión es el 80% de un promedio de un número menor de años y, claro, entre menor sea tal período, en un ámbito de un crecimiento anual por inflación y real de los salarios, por ese sólo hecho, la pensión esperada es mucho mayor en el régimen de pensiones del Magisterio vis a vis el de la CCSS.
 
También, mientras que en la Caja el hombre se pensiona a los 62 años de edad y la mujer a los 60 (igualdad real), en el Magisterio se puede pensionar con, al menos, 55 años de edad y 33 años y 4 meses de trabajar en el sector público. 
 
Asimismo, mientras que en el Magisterio, con todo y los subsidios que tiene el sistema, el trabajador que cotiza lo hace para su propia pensión (claro que subsidiada por todos nosotros), en la Caja es un sistema solidario, en donde quienes ya reciben las pensiones dependen de lo que coticen hoy los trabajadores y, quienes habían cotizado en el pasado, aportaron en aquella época para pagar las pensiones de los trabajadores en aquel entonces pensionados. Por esta razón, las autoridades de la Caja señalan que, de aprobarse la legislación para devolver hacia el régimen del Magisterio a quienes ahora son cotizantes para la CCSS, tendrían que conseguir aproximadamente unos ₡50.000 millones que se irían del fondo de la Caja hacia el del Magisterio, y esos fondos se han usado para el pago solidario de los pensionados actuales de la Caja.
 
Esta información aparece en el comentario de La Nación del 29 de setiembre –tan sólo hace pocos días- titulado “Proyecto echaría por la borda ahorro logrado en pensiones: diputados evalúan plan para devolver hasta 6.000 cotizantes del régimen de la CCSS al del Magisterio.”  Lo interesante es que el cambio propuesto se traduciría en un aumento del gasto de ₡11.000 millones anuales, que es aproximadamente la mitad de lo que el ministerio de Hacienda consideró que se ahorraría el país, con la reforma que la Asamblea hizo en junio de algunos de los sistemas de pensiones de privilegio. De hecho, se estima que el desembolso, en caso de aprobarse el traslado, le significaría al país un monto estimado de ₡535.000 millones por los hasta 6.000 cotizantes que se trasladarían durante un período de 40 años.
 
Por eso, brindo mi respaldo pleno al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, quien “alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión [la Plena Primera de la Asamblea Legislativa]), esta vez con apoyo de la oposición.” Esos diputados perderán el respeto de una ciudadanía preocupada por unas finanzas gubernamentales desbocadas, que sólo nos auguran aún mayores impuestos de los que hoy se nos piensan cargar.  Afortunadamente, ya se acercan las próximas elecciones y sólo guardo la esperanza de que los ciudadanos electores no le den su voto a quienes no tienen el debido cuidado de los recursos que le son quitados por el estado para seguir financiando este tipo de privilegios. Debe haber cierta dignidad de parte de los ciudadanos y así negar el voto a quienes dilapidan lo que tanto les cuesta ganar a las personas.
 


Jorge Corrales Quesada