martes, 4 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gran engaño en ciernes

No parece haber duda de que la inconsistencia que suelen exhibir en asuntos cruciales los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, indignan a quienes nos dicen representar: a los ciudadanos.
 
¡Con qué satisfacción vimos cómo recientemente esos mismos diputados impusieron algunas restricciones -ciertamente no las deseables en su totalidad- para que prosiguiera en el país el jolgorio de ciertas pensiones, que en la actualidad siguen estando a cargo, en gran parte, de los fondos del presupuesto del gobierno de la República, que son dineros aportados por la generalidad de los ciudadanos para beneficio de algunos privilegiados! Al ver aquella decisión, muchos pensamos que en la Asamblea Legislativa realmente se estaba poniendo algún grado de orden en las finanzas gubernamentales, cuyo déficit es hoy en día usado como pretexto por los políticos  para cargarnos de nuevos y mayores impuestos.
 
Aquella golondrina, creímos, sería augurio de un buen verano. Esos diputados parecían estar seriamente dispuestos a impedir que el abuso entronizado en algunos de nuestros sistemas de pensiones, que en muy alto grado dependen de lo que todos los ciudadanos aportamos, se conservara en momentos en que, no la envidia, sino una justificada furia de los ciudadanos ante el despilfarro y el abuso, exige un freno al desborde.
 
Aun así, permanecieron, en ese momento, intocados los regímenes ya conocidos, como el de pensiones del Poder Judicial y el del Magisterio, entre otros, que no exige que las jugosas pensiones que se reciban sean producto del ahorro de los beneficiarios -y de la sabia inversión de tales recursos para que generen rendimientos positivos- suficientes para pagar las pensiones de gollería que han podido amasar, legalmente. Reitero lo de “legalmente”, porque es producto de su influencia política, en el marco de un inoperante sistema democrático, que no ha podido frenar las demandas de gasto de grupos especiales. Demandas que pueden sintetizarse en una creación de privilegios, mal llamados derechos, mediante el cual han logrado, a cambio de apoyo político, sin duda, que los partidos políticos de los diputados se los aprobaran.
 
Pues bien, en un momento dado, allá por el 2005, un grupo de potenciales pensionados del privilegiado régimen de pensiones del Magisterio, aceptó, de forma  voluntaria, trasladarse al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, el más importante y generalizado del país y el cual, en esencia, no depende del estado para su solvencia en cuanto a los pagos eventuales de pensiones que se habrán de hacer. Lo hicieron porque veían inevitable su cierre –y lo sigue siendo, en el momento en que el estado, plegado servilmente al interés de ciertos gremios, deje de financiar con el presupuesto nacional la insuficiencia de recursos para enfrentar las pensiones de ese (y otros ya bien conocidos) régimen. Claro, en la Caja tenían que pagar menos que lo que tendrían que aportar para su régimen de pensiones del Magisterio, para que este medio sobreviviera y se pudiera, por sí mismo, pagar al menos en parte las futuras pensiones.
 
Pero, ha pasado que el estado, servidor de grupos de privilegios e incapaz de decir no al abuso, aunque sí pretenda gravar con mayores impuestos a la ciudadanía a fin de seguir sufragando esas prebendas, sin duda que a cambio de apoyo político y de la garantía de conservación del poder de los políticos eternamente transitorios en una democracia, no definieron todas las medidas necesarias para terminar con el régimen de privilegio de esas pensiones. Ante esto, los tránsfugas de aquel momento, ahora buscan regresar al régimen que más les favorece. Conducta totalmente esperable y lógica: si pueden obtener una pensión mejor, pagando menos, pues el camino es presionar a los diputados para que los regresen al régimen aun privilegiado de antaño.
 
Nada más veamos sucintamente algunas de las diferencias entre los regímenes de pensiones de la Caja y el del Magisterio, para entender porque, ahora, ¡volver, volver, volver! es el mantra que cubre la petición de quienes pretenden regresar al manjar del privilegio.  Mientras en la Caja, al que se pensione bajo su régimen, se le paga el 65% del salario promedio de los últimos 20 años, en el Magisterio, en la actualidad, el porcentaje del salario para su pensión es el 80% de un promedio de un número menor de años y, claro, entre menor sea tal período, en un ámbito de un crecimiento anual por inflación y real de los salarios, por ese sólo hecho, la pensión esperada es mucho mayor en el régimen de pensiones del Magisterio vis a vis el de la CCSS.
 
También, mientras que en la Caja el hombre se pensiona a los 62 años de edad y la mujer a los 60 (igualdad real), en el Magisterio se puede pensionar con, al menos, 55 años de edad y 33 años y 4 meses de trabajar en el sector público. 
 
Asimismo, mientras que en el Magisterio, con todo y los subsidios que tiene el sistema, el trabajador que cotiza lo hace para su propia pensión (claro que subsidiada por todos nosotros), en la Caja es un sistema solidario, en donde quienes ya reciben las pensiones dependen de lo que coticen hoy los trabajadores y, quienes habían cotizado en el pasado, aportaron en aquella época para pagar las pensiones de los trabajadores en aquel entonces pensionados. Por esta razón, las autoridades de la Caja señalan que, de aprobarse la legislación para devolver hacia el régimen del Magisterio a quienes ahora son cotizantes para la CCSS, tendrían que conseguir aproximadamente unos ₡50.000 millones que se irían del fondo de la Caja hacia el del Magisterio, y esos fondos se han usado para el pago solidario de los pensionados actuales de la Caja.
 
Esta información aparece en el comentario de La Nación del 29 de setiembre –tan sólo hace pocos días- titulado “Proyecto echaría por la borda ahorro logrado en pensiones: diputados evalúan plan para devolver hasta 6.000 cotizantes del régimen de la CCSS al del Magisterio.”  Lo interesante es que el cambio propuesto se traduciría en un aumento del gasto de ₡11.000 millones anuales, que es aproximadamente la mitad de lo que el ministerio de Hacienda consideró que se ahorraría el país, con la reforma que la Asamblea hizo en junio de algunos de los sistemas de pensiones de privilegio. De hecho, se estima que el desembolso, en caso de aprobarse el traslado, le significaría al país un monto estimado de ₡535.000 millones por los hasta 6.000 cotizantes que se trasladarían durante un período de 40 años.
 
Por eso, brindo mi respaldo pleno al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, quien “alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión [la Plena Primera de la Asamblea Legislativa]), esta vez con apoyo de la oposición.” Esos diputados perderán el respeto de una ciudadanía preocupada por unas finanzas gubernamentales desbocadas, que sólo nos auguran aún mayores impuestos de los que hoy se nos piensan cargar.  Afortunadamente, ya se acercan las próximas elecciones y sólo guardo la esperanza de que los ciudadanos electores no le den su voto a quienes no tienen el debido cuidado de los recursos que le son quitados por el estado para seguir financiando este tipo de privilegios. Debe haber cierta dignidad de parte de los ciudadanos y así negar el voto a quienes dilapidan lo que tanto les cuesta ganar a las personas.
 


Jorge Corrales Quesada 

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