martes, 29 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: asuento, eufemismo para regalar vacaciones

En nuestro país las leyes laborales y las regulaciones administrativas de muchas instituciones gubernamentales, determinan claramente la cantidad de vacaciones a que tienen derecho sus empleados.  Esto es, que por tomar vacaciones no se les reduce el salario correspondiente, tal como si hubieran trabajado esos días.  Pero, también, puede ser posible, en algunos casos, que si el trabajador decide no tomar tales vacaciones, se les pagan esos días adicionalmente tal como si los hubieran trabajado.

Pero, ¿es posible que un trabajador pueda tomar la totalidad de sus vacaciones, a la vez que se le otorgan otras adicionales, mediando un pago como si hubiera trabajado efectivamente? Bueno, sí es posible. Sucede cuando se declara un asueto. Esto es, son unas vacaciones que se toman y se recibe el salario como si en esencia hubiera trabajado en esos días.  Eso se ha visto recientemente en el país, en algunas ocasiones, por ejemplo, si no me equivoco, cuando el gobierno decretó asueto para los empleados públicos al regresar al país la Selección Nacional de su gesta victoriosa en Brasil, hace un par de años. Y, también, en días recientes, cuando, ante la amenaza de daño grave por el huracán Otto, el gobierno decretó asueto por un par de días para un número importante de trabajadores del sector público.
 
Ahora resulta que el rector de la Universidad de Costa Rica, señor Henning Jensen, decretó hace poco un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad (me imagino que también incluye al propio rector). ¿Cómo es esto? La información -que lamentablemente provocó pocas reacciones ciudadanas, probablemente a la luz de otros acontecimientos que en esos días sacudieron al país- nos la brinda La Nación del 19 de noviembre, en su comentario titulado “Rector regala a empleados de UCR cinco días libres: Tendrán 3 semanas de descanso a fin de año.”
 
Así es, la rectoría decidió que, en este fin de año, los trabajadores de la UCR tengan tres semanas de vacaciones -del 17 de diciembre al 9 de enero- pero, de las vacaciones a las cuales ellos tienen derecho, se les reducirán tan sólo 10 días y los cinco días restantes se les darán porque sí; esto es, no se les reducirán de las vacaciones anuales a las cuales tienen derecho. A eso le llaman “asueto”. Una palabra “bonita” para dar a entender que la ciudadanía estará pagando cinco días de sueldo a los funcionarios de la UCR, sin que ellos trabajen. Pagándoles por hacer nada.
 
La historia es que, inicialmente, se iban a dar las tres semanas de vacaciones (obviamente pagadas), que se descontarían de aquellas a las que los empleados tienen derecho. Pero, ¡pobrecitos!, la secretaria del sindicato de empleados de la UCR, doña Rosemary Gómez, envió una carta al rector, pidiéndole que sólo se les rebajaran dos semanas y que la tercera les fuera dada -¡vean que expresión más linda!- como “receso institucional,” a fin de “no afectar a los empleados nuevos que acumulan pocos días de vacaciones,” según señala el comentario periodístico. Dado, que si los empleados no podían tomar vacaciones cuando las quisieran, “se les provoca un estado de indefensión.”
 
El rector aceptó la “sugerencia” y adujo que él tenía la facultad para declarar tal asueto, pues podía hacerlo “dentro de días laborales para asistir a actividades que interesen a la Universidad o al país.” O sea, al país y a la Universidad les interesa que tengan tres semanas de vacaciones y que se les carguen tan sólo dos a las que tienen derecho en el año. Lo que hay detrás de esto es una farsa: se pretende encubrir el donativo vacacional como si fuera algo que le interesa al país y -se arguye así- a la Universidad. Les interesa que no trabajen y que sean pagados por esa semana adicional.
 
Claro, si eso se diera en una empresa privada, ésta tomaría en cuenta el costo que tal donación tiene sobre sus ganancias y el administrador responsable de la decisión tendría que dar cuentas a los accionistas y, en caso de que ese administrador fuera accionista, pues sería por su propio gusto donar lo que alternativamente podría ser suyo. Pero, la UCR puede incurrir en ese gasto porque no tiene que darle cuentas a nadie más que a sí misma, pero son los ciudadanos, quienes pagan impuestos al estado y con ellos les hace una transferencia multimillonaria a las universidades estatales, entre ellas a la UCR, quienes en verdad están incurriendo en ese costo. Porque, como dice el rector, ¡pobrecitos!, “sólo se les rebajan diez días porque fíjese (me imagino que se lo dice al periodista) que, de lo contario, perjudicamos demasiado al trabajador.”
 
Al trabajador no se le está perjudicando. Se están aplicando las leyes usuales y, si acaso, lo que se está haciendo es una interpretación abusiva de las cosas. Son los costarricenses contribuyentes del erario público, quienes están sufragando el beneficio para los “indefensos”; los “perjudicados.” A veces no quiero pensar mal, pero cosas como éstas a uno lo irritan: No sé si esta actitud “mangancha” e irresponsable del rector, para favorecer indebidamente a los empleados de la Universidad, al pagarles por días que no laboran, no es más que una muestra de cariñito, ante acusaciones que el sindicato de la UCR ha hecho recientemente acerca de ciertas actuaciones del rector.  Ojalá no sea esa la razón, pero no encuentro otra que me explique tal dadivosidad con los fondos de la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

martes, 22 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: pagaremos con creces el sarcófago legislativo

Ciertamente gran parte del actual edificio que ocupa nuestra Asamblea Legislativa es un cucarachero. Por más que alguno pueda malquerer a los diputados por su comportamiento, no debería decir que es un cucarachero, porque allí moran tales bichos. En consciencia, algo se debe hacer para que dicha edificación sea más adecuada, de forma que, preservando cosas históricamente valiosas de dichas instalaciones, económicamente valga la pena hacerlo.
 
Parece haber una especie de maldición con todo lo que pasa por las manos públicas: ni siquiera algo tan notorio, como esa posible edificación de tan importante estructura, se lleva a cabo de forma que el ciudadano sienta que las cosas se hacen debida y correctamente. Esas manos, que todo lo que tocan, lo terminan pudriendo. ¿Cómo es posible que sean cuestionados los procedimientos contractuales para la nueva obra, si en ellos están puestos los ojos de casi 5 millones de ciudadanos? Ni siquiera en el uso de esos recursos se cuidan debidamente, a fin de que esos mismos ciudadanos sientan que las costas se hacen bien, correctamente, todo a la luz del día.
 
La contralora general de la República, doña Marta Acosta, acudió a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, y denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (₡385 millones) en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.” Esto aparece en el comentario de La Nación del 7 de octubre, bajo el encabezado “Contralora denuncia apago indebido en edificio legislativo: Planos del proyecto para construir nueva sede del Congreso.” Los nombres de esos tres miembros del Directorio de la Asamblea que laboró en el año legislativo 2014-2015, los cita el medio: “Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).”
 
Resulta que, señaló la contralora, al puro final de su mandato ese Directorio le ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), fideicomisario del proyecto, girar al arquitecto a cargo del proyecto, “el 60% del monto pactado para la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.” El problema en el cual se cae es que el contrato con el BCR señala que, para pagar ese porcentaje, se tenía que contar con los permisos debidos, de los que no se disponían, dado que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entidad del ministerio de Cultura, se negó a otorgarlo por razones públicamente señaladas. Reitero: ese era un requisito que se debía de cumplir para que fuera recibido y se pagara el trabajo.
 
Ante lo sucedido, aquellos tres parlamentarios explicaron, ante la petitoria de la Contraloría -y que fue recibida con beneplácito- para crear en la Asamblea un órgano director, por el posible daño al erario público, y para que definiera las responsabilidades legales y políticas del caso, que se basaronn en que “el cobro efectuado por el contratista se acercaba a casi $1.5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000.” Uno esperaría que esa “era” una función obligada en cuanto al manejo de recursos públicos y no es, por tanto, una excusa válida como para autorizar indebidamente ese pago al arquitecto.
 
Asimismo, en tanto que la Contraloría ordena recuperar ₡385 millones, además de indagar a ese Directorio, a partir de la información suministrada por el medio no es fácil deducir de dónde procede ese monto, porque, por una parte, se habla de que el 40% era por los planos, que fueron hechos, y que el 60% restante sería ante la recepción a conformidad con lo contratado, que no se satisfizo por la falta del permiso mencionado. Pero, los tres diputados en su comunicado señalan haber reducido el costo de la negociación a $825 mil, por lo que el 60% pagado impropiamente sería de $495.000, que equivalen a ₡276 millones y la Contralora habla de recuperar ₡385 millones. Así que, para tener ese chocolate espeso, necesitamos cuentas claras acerca de cuánto es lo que se debe recuperar.
 
También, llama la atención que el proyecto inicialmente se estimó que costaría $60 millones, pero ahora se calcula que ascenderá a un poco más de $100 millones; esto es, un 67% de incremento, según un documento de la Unidad Administradora de este edificio. Lo interesante es que, para este nuevo diseño, no se realizó un concurso para contratar a quien lo pudiera hacer, sino que se escogió al mismo arquitecto Salinas que había hecho el original, con base en razones “de conveniencia.” Eso podría ser explicable si fuera que el cobro por dicho servicio no variara (aun así no se sabe, por definición, si algún otro oferente habría salido menos caro), pero este detalle no lo informa el medio.
 
Igualmente, la contralora señaló en dicha comparecencia ante la comisión legislativa citada, que había otros problemas en el negociado, como son 4 contrataciones directas en donde no aparece la documentación que las autorice debidamente; 13 contrataciones sin que aparezca la solicitud de materiales, bienes o servicios que se deben hacer; 4 contrataciones sin términos de referencia, exigido por el reglamento de contratación administrativa y otras 3 contrataciones sin evidencia del contrato correspondiente. ¡Como que las cosas han sido manejadas con las extremidades inferiores!
 
Una vez más, hay decisiones del estado que se traducen en mayores gastos y, en este caso, aparentemente sin que se haya seguido el debido proceso licitatorio, en especial en cuanto a pagos plenos al arquitecto Salinas, quien fue contratado para cumplir un servicio que no obtuvo el requerimiento de tener los permisos indispensables. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, consideró que el diseño actual “era lesivo para los recintos patrimoniales da su alrededor” y, por tanto, no concedió el permiso debido. Estos costos cuestionados por indebidos por la Contraloría, no duden que serán cargados a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Al menos se pretende construir un sarcófago para enterrar a todos los ciudadanos con cuyos dineros es que se hará.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el buen uso de los fondos escasos

Ha salido a la luz un informe de la Contraloría General de la República en torno al uso de recursos públicos para dar fondos a los ancianos.  Lo consigna la edición del 17 de setiembre de La Nación, en el artículo titulado “Contraloría señala desorden con ayudas a ancianos pobres: Informe sobre transferencia de recursos a adultos mayores.”

El principio que debe primar es que los fondos -públicos o privados; en este caso los primeros- son escasos y que, por tanto, es requisito esencial que se usen de la mejor manera posible, por dos razones: una, porque así se pueden obtener los mayores resultados buscados, al costo mínimo posible y, la otra, porque, al usarse esos fondos en una actividad específica -por ejemplo, transferirlos a ancianos- impide que se usen en otras cosas que podrían ser preferidas -¿qué sé yo?, salud, educación, caminos, y un largo etcétera- por lo que cualquier gasto debe tomar en cuenta el costo de oportunidad de esos recursos, cual es lo mejor uso que alternativamente se podría hacer con ellos.

El informe de la Contraloría destaca hechos que señalan que se podría mejorar el empleo de tales fondos e indica que las instituciones gubernamentales que entregan recursos a los ancianos pobres “carecen de la coordinación necesaria para evitar duplicaciones en la asignación de recursos y no poseen una estrategia unificada para atender a esa población.” 

Ambas observaciones son pertinentes, si se tiene en mente la búsqueda del mejor uso de los recursos escasos,  porque cualquier duplicación de ayuda significa que a alguien se le da más de lo que de alguna manera se considera conveniente y, también, porque,  ante la limitación natural de recursos, a otros en necesidades similares no se les da ayuda del todo o se disminuye lo que perciben quienes ya reciben alguna ayuda. 

Bien intencionada, pero creo que con total desconocimiento de un principio económico básico, cual es la existencia de recursos limitados para satisfacer una cantidad infinita de necesidades, la señora Zulema Villalta, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), dice que “no podemos atropellar derechos del adulto mayor pensando en que con los ₡78.000 que recibe al mes” del Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja (RNC), “puede resolver sus necesidades.” 

Omite el hecho de que, no sólo es imposible que se puedan resolver todas las necesidades, sin que, también, cuando se duplica lo que algunos reciben de distintas fuentes, se deja de lado a otros que también podría requerir tales fondos.
 
Dice el informe citado de la Contraloría, que el financiamiento de hogares y centros diurnos está a cargo de diez instituciones diferentes, en donde “cada una transfiere por sí sola a los beneficiarios sin visión de conjunto,” adicionado a que, según lo consigna ese informe, “la Comisión Técnica del Protocolo de Coordinación (ente encargado de vigilar los asuntos de los ancianos)… no analiza la distribución de esas ayudas ni tampoco ha sistematizado controles para fiscalizar la entrega de esos fondos.” Esto significa que no sólo es posible que haya personas que reciben más de una (y no sólo dos, sino que pueden ser muchas más las fuentes adicionales), sino que, también, no hay conocimiento pleno de a quiénes se les entregan esos recursos -legalmente merecedores o no-, pues no se tiene la fiscalización debida.
 
Entre los entes que dan aportes a los ancianos o que intervienen en ello, de una u otra manera, además del CONAPAM, están, según un listado del artículo de referencia, la Junta de Protección Social, el Banco Central, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Trabajo y el Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
 
Donde hay orden está Dios, dice la sabiduría popular, pero parecido lo piensa cualquier administrador en su juicio correcto. Lo pertinentemente, señalado por la Contraloría, debe ser corregido de inmediato, antes de que pase el tiempo sin que se haga nada, incentivando el desperdicio, la injusticia y la corrupción en el uso de fondos públicos mal administrados.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 8 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: correr más para permanecer en el mismo lugar

“¡Un país bastante lento! --replicó la Reina--. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda, para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido.”
 
Lewis Carroll, A Través del Espejo

Esa cita del autor de “Alicia en el País de las Maravillas” (en efecto, “A Través del Espejo” es una continuación o segunda parte de éste), parece caer de perlas al analizar el último “Reporte Global de competitividad 2016-2017,” que anualmente produce el Foro Económico Mundial. De hecho, en lo particular, me interesa ver el análisis comparativo de 138 países en cuanto a la competitividad de sus economías y, más aún, por donde es que anda nuestro “¡país bastante lento!”, como lo menciona la Reina Roja o Reina de Corazones, en la referencia arriba citada. 

Ni siquiera hemos permanecido en un mismo lugar, sino que, de hecho, en comparación con el año pasado, hemos descendido un par de lugares, aun cuando tan sólo por una “caída ligera,” como lo dice el reporte antes señalado. Hoy estamos en la posición 54 entre esas 138 naciones. Suiza es la número 1 del mundo; Chile la mejor de Latinoamérica y nosotros, en Centro América, entre los cuatro mejores del ranking de la región, fuimos “el único que tuvo un deterioro”.
 
El informe citado lo analiza La Nación en su comentario “Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global: País se ubicó en lugar 54, entre 138 naciones, en informe del Foro Económico Global”, publicado el 28 de setiembre.
 
El índice se elabora en función de lo que denomina como “pilares de competitividad” -un total de 12- que definen y estiman el grado de competitividad de las naciones, con base en el conjunto de instituciones, políticas y factores que la influyen.  Esos factores son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
 
La información relevante para definir el posicionamiento del país señala que, “en el caso costarricense, el retroceso se atribuyó principalmente al pilar institucional, pues el país se ubicó en el puesto 60, aunque el año anterior estuvo en el 49. Es decir, bajó 11 lugares.” Este pilar de competitividad -instituciones- comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos y otros similares.
 
También, el país decayó, con respeto al año anterior, en el pilar llamado eficiencia del mercado, que trata de asuntos como competencia, efecto de impuestos en los incentivos para invertir, tasa total de impuestos, cantidad de procedimientos para empezar un negocio y similares. Costa Rica bajó al lugar 78, en contraste con el año pasado, en que fue el  67.
 
Asimismo, cayó en el pilar de sofisticación de los negocios e innovación, pasando a los lugares 41 y 48 respectivamente. “Pese a la baja de cuatro y once lugares respectivamente, el país aún es líder en la región en esas dos ramas”.
 
Por otra parte, es líder en América Latina en salud y educación primaria y “tuvo un avance en el pilar de desarrollo macroeconómico, al ubicarse en el lugar 82 frente al 94 el año anterior.” Y obtuvo el primer lugar en el mundo en el ranquin de inflación, cosa sin duda notable.
 
En cuanto a factores negativos para hacer negocios en el país, se señalan la infraestructura, la burocracia gubernamental, el largo proceso para pagar impuestos y el difícil acceso al financiamiento.
 
O sea, tenemos una mezcla de avances y retrocesos. Este señalamiento saca a la luz el fenómeno de que, a pesar de tenerse avances, hay otras naciones que lo hacen más rápido que nosotros, lo cual explica nuestro rezago relativo en importantes indicadores.  O sea que, tal como a la Reina Roja, requerimos avanzar más rápidamente, ya sea para, en comparación con otros países, permanecer en el mismo lugar o bien para adelantarse.
 
Por eso, la declaración que el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Welmer Ramos, hace ante este informa, resulta ser una especie de verdad a medias, al señalar que “estoy seguro de que en la nota del índice avanzamos. Si otros países tuvieron mejor nota y el país fue desplazado no quiere decir que se desmejoró.” Haría bien en tomar en cuenta lo que se conoce como la hipótesis de la Reina Roja (citada al principio de este comentario), que simplemente se trata de un principio evolutivo, cual es que “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando.” Lo cual, en palabras sencillas, nos dice que lo hecho es comparativamente insuficiente, pues otros avanzan más rápido que nuestro país: sí, señor ministro, el país desmejoró relativamente. Por tanto, a duplicar esfuerzos para ver si no nos quedamos aún más atrás. Tal vez sea mucho pedir para un estado que parece constituir un enorme lastre para el logro de ese progreso.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 1 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: los consumidores siempre terminan pagando los gastos

Los datos que brinda La Nación en su edición del 29 de agosto, bajo un comentario titulado “Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para la planta Toro III: ICE y JASEC cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25.6 millones”, son preocupantes, pues muestran la imposibilidad de los consumidores de evitar ser cargados con gastos que, por el momento, llamaré dudosos, por quien, de hecho, son suplidores únicos del servicio eléctrico.
 
La historia narrada por el medio es complicada, por lo que haré un esfuerzo para señalar con claridad, en lo posible, cuál es la razón del cobro de más a los abonados del ICE y de JASEC, dado que el órgano regulador de las tarifas eléctricas, la ARESEP, aprobó los presuntos gastos de más, como parte de los costos que les son trasladados a los consumidores por medio de las tarifas eléctricas.
 
1.- “La obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), mediante un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica.” Este fideicomiso es un arreglo administrativo o contrato por el cual el Banco de Costa Rica, “administraba la consecución y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual sería cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.” Este fideicomiso se formalizó en el 2010.
 
2.- Pues bien, así se acordó, pero, antes de que entrara en el panorama el Banco de Costa Rica (BCR), tanto “el ICE como JASEC empezaron a desarrollar ciertas obras.” Así, entre el 2008 y el 2009 se adquirieron en $23.9 millones las turbinas, generadores y transformadores del proyecto.  Además, en el 2011, se adquirió un equipo de control por $1.7 millones, cual llevó el costo total del equipo turbogenerador a $25.6 millones.
 
3.- Debido a que, cuando se adquirió aquel primer equipo, aún no existía aquel fideicomiso con el BCR, JASEC tuvo que conseguir un préstamo con el Scotia Bank para hacer aquella compra.
 
4.- La sorpresa fue que, menos de tres años después de acordado aquel fideicomiso -a principios del 2012- en el contrato de construcción de la obra del ICE y de JASEC con el BCR, se consigna un monto de $41 millones, en vez de los $25.6 arriba citados, como parte del contrato de construcción que el ICE firmó con el BCR por $188 millones, firmado en enero del 2012. Obviamente, había un monto de más por $15.4 millones (los $41 millones señalados, menos los gastos totales antes indicados por el equipo turbogenerador por $25.6 millones).
 
Este monto adicional de $15.4 millones fue luego cargado en la fijación de la tarifa eléctrica que hace ARESEP y que es cobrada a los consumidores: estos terminan pagando los platos rotos.
 
El ICE, ante el cuestionamiento, por medio de su funcionario Javier Orozco, director de planificación y desarrollo eléctrico de esa entidad, brindó el detalle de los $41 millones, que incluye, “$28,7 millones (que) corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12.4 millones a ‘costos distribuibles del proyecto’, que no forman parte del equipo turbogenerador,” según informa La Nación. Estos ‘costos distribuibles del proyecto’ incluyen los siguientes gastos: “escombreras para el material excavado, gestión socio-ambiental, incluyendo la gestión comuna, caminos de acceso, levantamiento y atención de campamentos, contratación de personal de apoyo en el proyecto, trasporte de quipo y personal de trabajo, servicios de ingeniería y electricidad.”
 
O sea, estos $12.4 millones, más un diferencial de $3 millones en equipos adicionales a los de turbo-generación, son básicamente costos adicionales que no se habían indicado previamente, al firmarse el fideicomiso con el BCR  y por el cual ahora se les pasa la cuenta a los consumidores cautivos.
 
Es afortunada la gestión de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, la cual le ha pedido a la ARESEP que “deje sin efecto una ‘contradicción insalvable’”, pues aumentó la tarifa de generación de JASEC en un 23.4%, sin haber tomado en cuenta los costos cuestionados descritos arriba. Asimismo, la ARESEP aprobó adicionalmente un alza de 2.96% en la tarifa que, supuestamente, pagarían 94.000 abonados de ese ente. Dichos aumentos regirían a partir del 1 de enero del 2017, razón por la que la Comisión le pide a ARESEP que justifique pronto dicho incremento. Todo ello aparece en el artículo de La Nación del 7 de octubre, bajo el título “Legisladores piden parar alza aprobada a JASEC: Tarifas eléctricas.”
 
Jorge Corrales Quesada