martes, 20 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dos ejemplos de culto a la mediocridad

Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes.  Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
 
En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
 
Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
 
Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron  estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
 
Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
 
¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil?  La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil.  Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
 
Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
 
No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
 
Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.

Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la regulación no es gratuita

Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico.  Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.

Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación.  Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio.  Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.

Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes.  Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.

Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.

La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios.  Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.

Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2007.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario.  Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo. 

Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye.  Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados. 

Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales. 

Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones.  Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
 
Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
 
La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía.  La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.

Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.


Jorge Corrales Quesada