martes, 27 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: del uso de recursos en las Universidades Estatales

Hace poco vio la luz un nuevo estudio de la Academia de Centro América. En esta ocasión se titula ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, que posteriormente lo reseñó La Nación del 25 de mayo, bajo el encabezado “Fondos de ‘U’ públicas crecen más que su matrícula y diplomas.” El estudio citado es importante, pues el estado -esto es, todos los ciudadanos contribuyentes; ustedes y yo- aportamos fondos para la educación universitaria estatal.

Antes de citar cifras para lograr una idea acerca de algunos resultados en los entes públicos de educación superior, debe mencionarse que hay series de datos en el informe con bastantes limitaciones, en cuanto a que los investigadores encontraron problemas porque la información “no fue suministrada por las fuentes oficiales, por ser inexistente, por problemas en la cobertura, la periodicidad, falta de desagregación de variables y por la ausencia de la estandarización en las metodología de cálculo de algunas variables relevantes.” Y, agregan los autores del informe de la Academia, que “En algunos casos se hizo la solicitud oficial para conseguir la información, pero no se obtuvo respuesta.” Me abstengo de calificar este rechazo impropio, pero, a pesar de los serios problemas de datos que hallaron los investigadores, se pueden hacer inferencias importantes, lamentando que una disponibilidad de mejores datos podría haber enriquecido la valoración -tema del interés de las propias autoridades universitarias- pero, ante todo, porque la cantidad de recursos que los costarricenses les entregamos para el desempeño de esa actividad, es un monto muy elevado. Sólo en el 2016, los recursos trasladados fueron de poco más del 1.4% del PIB; esto es, del valor de la producción total de bienes y servicios finales producidos en la economía en ese año. Y, si se toma como porcentaje del gasto en educación pública, en el 2016 fue de aproximadamente un 17%.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que es como se le llama a esa trasferencia citada en el párrafo previo, pasó de ₡46.426 millones en el 2001 a ₡440.773 millones en el 2016. Esto es, en quince años el aporte de la sociedad costarricense aumentó en, aproximadamente, un 850%; es decir, un promedio anual de más o menos el 56%. Nótese que, a partir de ahora, no se comparan series completas, digamos del año 2001 hasta el 2016, por la inopia antes señalada.

A su vez, la matrícula en esos entes estatales pasó, en el lapso del 2010 al 2016, de 92.127 estudiantes a 108.888.  Es decir, aumentó aproximadamente 18.2%; o sea, alrededor de un 1.2% anual. 

Los fondos del FEES pasaron de ₡226.211 millones en el 2010 hasta los ya sabidos ₡440.773 del 2016: un aumento del 81% en esos seis años. En ese lapso, la matrícula pasó de 92.127 a 108.888: un 18%. Al comparar ambas tasas de crecimiento, vemos que el aumento de la matrícula fue más de cuatro veces menor que el crecimiento de los recursos que la sociedad entregó a las universidades públicas mediante el FEES.

Para tener una idea de resultados en la “producción” de las universidades públicas, medidos por el número de diplomas otorgados, en tanto que en el 2000 se entregaron 9.590 diplomas, en el 2015 fue de 15.471 diplomas.  Es decir, durante esos 15 años hubo un aumento en los diplomas otorgados del 61%: un incremento anual promedio del 4%. En dicho lapso, el aumento del FEES fue de un 784%; o sea, un promedio anual de aumento de aproximadamente del 52%.  El aumento de ingresos por el FEES fue 13 veces superior al aumento de diplomas otorgados.

A su vez, la cobertura neta de matrícula en las universidades estatales; esto es, el número de matrículas en dichas universidades, como porcentaje de la población en edad de cursar estudios universitarios (18 a 22 años), aumentó aproximadamente desde un 17% a un 22% entre el 2000 y el 2016. Esto es bueno, pero, como dice el informe citado, tal aumento debe “evaluarse frente a otras consideraciones. Por una parte, incrementa los costos. Por otra parte, puede no significar mucho si no se contrasta con indicadores de calidad y eficiencia, como las tasas de deserción, repetición y duración. Desafortunadamente, no se cuenta con esta información...” 

También, el estudio se refiere a un tema objeto de discusión en el país, como es la distribución de los estudiantes según sea su procedencia por estratos de ingresos. Con base en estudios de la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, “el 30.6 por ciento de los estudiantes en las universidades estatales pertenecen a hogares del quintil de mayores ingresos (quintil 5), porcentaje que se eleva a 57.8% cuando se agrega el segundo quintil más alto (quintil 4). En contraste, los estudiantes que pertenecen a los hogares del quintil más pobre (quintil 1) representan apenas un 7.2 por ciento del total que asiste a las universidades estatales, cifra que sube a 22.6 por ciento cuando se considera en conjunto con el segundo quintil más pobre (quintil 2).”

Los autores señalan que “el promedio anual del período 2012-2016, la población ubicada en el estrato de ingresos más alto tuvo una probabilidad bruta de asistir a una universidad estatal que resultó 4 veces mayor a la de la población del quintil más pobre, considerando solo la variable ingreso del hogar, similar a la que se registró en el 2012. Lo anterior significa que en el último quinquenio la equidad en el ingreso no mejoró, aun cuando las universidades recibieron recursos cada vez mayores.”

Este estudio de la Academia es muy valioso, ciertamente limitado por la falta de información apropiada. Optimista que soy, esperaría que las autoridades universitarias, particularmente, logren tener una mejor información y que la hagan plenamente disponible a los interesados, para poder evaluar más apropiadamente la enorme suma de recursos que los ciudadanos aportan para la educación superior pública y a quiénes es que benefician en lo particular.


Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: otro increíble retraso

Claro que son obras no comparables en su monto y magnitud, pero sí en cuanto a su duración. Piense cuánto tiempo ha tomado la ampliación de la Avenida Segunda, la cual no se vislumbra que suceda en nuestras vidas. La reparación del puente de la platina tomó -y al escribir esto a fines de mayo del 2107, todavía no está totalmente concluida- desde abril del 2009 hasta ahora -casi 9 años- pero, otro caso notable es la carretera nueva a San Carlos, cuya construcción se inició en octubre del 2005 y, casi doce años después, su conclusión aún está en veremos.

Eso pasa cuando no se estima de forma adecuada la obra, tomando en cuenta las demandas futuras de su uso. Cuando se empezó lo que comunicaría a San Ramón con Florencia de San Carlos, se pensó en dos carriles y el apoyo financiero aprobado de los chinitos de Taiwán fue esencial. Pero, el presidente de ese entonces, Oscar Arias, rompió relaciones con Taiwán y los chinitos se fueron para su casa. No, no fue porque decidiera cambiar la carretera por un estadio, pero, en cuanto a obras, se obtuvo una nueva y rápidamente lograda, hecha por los nuevos chinitos, y la anterior se fue quedando para las calendas griegas.

Ciertamente la nueva carretera varió de dos a cuatro carriles y eso significó cambios en las especificaciones y costos de la obra. Lo cierto es que, aparte del cambio de los taiwaneses, se han tenido que practicar 8 ampliaciones al contrato original y el ministro del ramo anuncia una novena –no; no es una oración a algún santo para que interceda ante la divinidad para que al fin la termine-  sino una novena ampliación del contrato. 

La información la suministra un artículo de La Nación del 21 de abril, titulado “Tramo de vía a San Carlos costará $23 millones más: Segmento central de 29.7 km ya va por $258 millones en 12 años.”

La información periodística señala que “hasta junio del 2016, el valor de la vía ascendía a $235.2 millones, desglosados en $164 millones del contrato original más $71.2 millones por el pago de reajustes debido a los atrasos.” En adición, hay que agregar $23 millones adicionales, llevando el total a $258.2 millones y a esto “deben sumarse los ₡2.131 millones que cobra” el ICE, por supervisar a la actual empresa constructora de la obra Sánchez Carvajal. Y falta, en palabras del entonces ministro Villalta de Transportes, “una adenda nueva que va a enfocarse en las soluciones geotécnicas que están en este momento en etapa de diseño.” ¡Nueve! y rece para que ya no haya más adendas, que no son sino obras previamente no consideradas, que requieren de su financiamiento.

Por supuesto que el costo de esa obra será pagado por todos los costarricenses, ya sea que usted la use o no, pues nunca se consideró que el costo fuera pagado por medio de peajes, por parte de quienes efectivamente la utilizaran., como me parece que sería lo más lógico. Tal vez no se les cobre peaje como compensación a los vecinos de ese proyecto, por la paciencia que han tenido para poder ver la obra concluida, y concebida hace 48 años: duraría menos que la terminación de la Avenida Segunda, pero más que la platina... si es que de récords se trata.

Jorge Corrales Quesada


martes, 13 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de junio de 2017

La libertad está de luto

En este día, nos unimos al dolor que embarga a los liberales costarricenses tras la partida de Cecilia Valverde Barrenechea, ex Presidente de ANFE, ganadora del Premio de la Libertad y luchadora incansable por la defensa y expansión de las ideas liberales en nuestro país. 

El legado de doña Cecilia permanecerá en nuestros corazones y su lucha no acabará: cada día somo más individuos quienes nos uninos y comprometemos en la promoción de los valores e ideas de la libertad. 

Paz a sus restos y fortaleza a sus familiares.


martes, 6 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ¿será que en el Estado, el fin justifica los medios indebidos?

El fin no justifica medios indebidos, incluso en asuntos contractuales del estado.  No puede servir como justificación que se requería mucho tiempo lograr la aprobación, por otro ente estatal, la SETENA, de los planos finales corregidos, para haber sacado a licitación una obra pública, a sabiendas de que la vía que se pretendía contratar no se conectaba correctamente, como debería ser, con el muelle. Lo que se ha llamado pifia, en realidad se trata de un engaño, pues, conociendo que el contrato sacado a licitación estaba originalmente errado, finalmente se adjudicó la contratación.
 
Trataré de exponer el caso de manera sencilla, con base en un artículo de La Nación del 17 de abril, titulado “MOPT premeditó con datos falsos ‘pifia’ de 80 m(etros) en vía a megapuerto: Abrió concurso para construir acceso a sabiendas de que no conectaba con muelle.”
 
El MOPT, al sacar a licitación pública la construcción de una vía que conectaría la ruta 32 con el nuevo muelle de la empresa APM Terminals que se construye en Moín, lo hizo teniendo conocimiento de que los planos estaban mal, pues no cumplían con el empate correcto entre la vía y el muelle. De ello, el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) tuvo pleno conocimiento previo del error; así, se puede considerar que el “error” fue calculado, premeditado.
 
La licitación en mención fue así aprobada -incluso en su momento por la Contraloría General de la República- y adjudicada a la firma Consorcio del Atlántico, por un monto aproximado de $72 millones.
 
A la Contraloría se le presentaron los planos pifiados y, en apariencia, el CONAVI, dependencia directa del MOPT, nunca le informó de tal situación inapropiada. De tal forma que la conexión licitada era inexistente, irreal, equivocada en unos 80 metros del lugar en donde se debía conectar correctamente. Parte de las razones aducidas por las autoridades actuales del MOPT para actuar así, fue que, en el 2013, -administración Chinchilla- cuando se tramitó ante SETENA la aprobación del impacto ambiental de la obra, no se tenía definido aún el lugar de acceso al puerto por parte de los dueños del puerto concesionado, APM Terminals. [De paso: ¿por qué siempre se busca responsabilizar al gobierno anterior de hacer algo mal, si la entidad estatal existe independientemente del gobierno del momento y es, por tanto, la responsable del desaguisado?]. SETENA aprobó la conexión en el centro de la propiedad de las tierras dadas en concesión, en criterio del CONAVI, siendo que la entrada al puerto se ubicó a un costado de esa propiedad: de ahí los 80 metros falsos.
 
APM Terminals inscribió sus planos en el Catastro Nacional en diciembre del 2013 y SETENA le aprobó a CONAVI en febrero del 2014 “un permiso ambiental que no incluía la totalidad de los terrenos”, faltando más de dos años para que saliera a licitación el contrato de referencia. O sea, fue sólo dos meses el tiempo que pasó entre el trámite del CONAVI ante SETENA, que lo inició en octubre del 2013, y la inscripción en el Catastro con los planos definitivos del proyecto.  Pero, al proyecto le faltaban más de dos años para que fuera sacado a concurso.
 
No obstante, en abril del 2015, antes de que la obra saliera a concurso, CONAVI advirtió del error en el acceso y recomendó que se “analizar(a) detenidamente la situación”. Incluso, una vez que ya había sido adjudicada la obra, la Contraloría General de la República “advirtió sobre las coordenadas erróneas incluidas en el cartel y de las dificultades para que la obra concluyera a tiempo.”
 
Pero, esos no fueron los únicos que advirtieron del error. Uno de los oferentes en el concurso licitatorio alertó del problema y “ofreció una alternativa que sí conectaba con la mega-terminal a un costo menor, a $60 millones.” En contraste, con la pifia incluida, se otorgó la concesión a otra empresa, a un costo de cerca de $72 millones. La primera empresa -la que sí incorporó la corrección- y que incluso era más barata, la descartó CONAVI al proponer una vía no solicitada (la corrección al error) en el cartel.
 
Luego, para hacer la corrección, a los ganadores del concurso se les amplió el contrato por $14 millones, llevando el costo final de la obra a $86 millones.
 
El argumento esencial esgrimido por el MOPT para haber actuado de tal manera se reduce a dos puntos básicos: (1) que si le hubiera pedido a SETENA una aprobación con el enlace correcto, hubiera tomado más de un año, aunque, en verdad, la primera aprobación que hizo SETENA tomó sólo 4 meses y (2) que si se atrasaba en aquel momento el inicio de la obra, y no estaba lista para enero del 2018 -supuestamente al sufrir un año de atraso, que es lo que tomaría la aprobación de SETENA- el país incurriría en una multa contractualmente aprobada entre el estado y APM Terminals, por la cual el país perdería “un descuento de $20 en la tarifa de $246 que se fijó por cada contenedor que APM Terminals movilice.”
 
Según esto último, el atraso salía más caro por tales multas, que era mejor si la obra se iniciaba a sabiendas de la pifia y luego se arreglaba sobre la marcha, pero que se terminaba a tiempo. [De paso, errores en la construcción de pilotes por parte de APM Terminals impedirán que operen antes del 18 de enero del 2018].  Ahora el Ministerio Público ha abierto un expediente para ver cómo fue ese proceso de contratación y me imagino que la Contraloría también hará el suyo. Entre tanto, veremos desde la llanura el grado de ineficiencia a que puede llegar nuestro pifiador estado.

Jorge Corrales Quesada


martes, 30 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: lo único que parece importar es tener más plata

Francamente es la impresión que me da por lo que sucede actualmente en la Asamblea Legislativa, en donde ciertos políticos hacen todo tipo de maniobras para tomar más plata de los ciudadanos y poder gastarla en sus propias apetencias.

Conocemos bien el problema fiscal de Costa Rica: un estado que aproximadamente gasta un 6% más que los ingresos que percibe. En sencillo: disipa más plata que la que le entra. Tener claro esto, es crucial para entender las opciones más significativas que el estado tiene para emparejar sus gastos con sus ingresos. 

Eso sí, entendamos que un 6% del déficit gubernamental no es extraño en muchos países, en donde hasta puede ser porcentualmente mayor, pero hay diferencias importantes con el caso nuestro, al considerar alternativas de solución del déficit. Una es si nuestro estado busca conseguir plata prestada, ya sea en el país o afuera, para seguir con su nivel de gasto y dados los ingresos esperados.

Lo que pasa es que algunas de aquellas naciones, al contrario del nuestro, gozan de algo que no disfrutamos: gente dispuesta a prestarle al estado a un costo relativamente barato (esto es, intereses y otras condiciones relativamente favorables para el país). Una razón de porqué no gozamos de esa posibilidad, es que, en los últimos años, el gobierno se ha endeudado mucho para financiar sus gastos y, al tener ese endeudamiento niveles que la comunidad financiera considera es de una recuperación riesgosa, aumenta el costo de un endeudamiento adicional (mayores intereses que, a su vez, son un gasto estatal mayor) o bien del todo no le prestan recursos al gobierno. 

La otra “gran” solución estándar para rellenar el déficit estatal es que el Banco Central emita dinero, pero una mayor colocación de dinero en la economía es similar a un aumento en la deuda del estado con los ciudadanos, quienes reciben un papel con la esperanza de que, a futuro, al menos puedan usarlo en adquirir bienes y servicios. El problema grave con esta medida, el cual está harto comprobado, es que un aumento de la emisión monetaria en exceso del crecimiento de la economía (con suerte de alrededor de 3-4% en este año en el país) generará inflación. E imagino que la ciudadanía aprendió la lección con lo sucedido a mediados de los años ochenta: algo totalmente indeseable y dañino desde muchos puntos de vista y, por tanto, se espera que la ciudadanía la rechace como forma de resolver un déficit gubernamental.

Esto nos deja casi sólo con dos alternativas de política para corregir el exceso de gasto del gobierno sobre sus ingresos: una, aumentar los ingresos; esto es, incrementar los impuestos y, la otra, reducir el gasto. 

La primera alternativa -que en esencia la está promoviendo el contubernio legislativo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- es aumentar diversos impuestos -renta, valor agregado, a los intereses de los ahorros, nuevos gravámenes sobre el agua, la electricidad y la educación, entre otros- a fin de que el estado se apropie de mayores ingresos.

Debemos entender el porqué de esa nueva y clara colusión legislativa entre el PAC y la PLN. El PAC considera, en su visión estatista que, aunque esos nuevos ingresos no ingresan en su administración -y, creo, no parece haber una posibilidad alta de que sean reelectos al Poder Ejecutivo- sea el sector privado el que sufra los efectos del aumento de los impuestos, antes que reducir el tamaño y el alcance del estado, además de que el empleo público -sindicatos de ese sector- es un bastión político del PAC (sin olvidar a empresarios que se oponen a reducir el gasto estatal, pues venden sus productos o sus servicios al estado). A su vez, Liberación Nacional cree que ganará las próximas elecciones y, de ser así -dudas aparte- tendría una caja del estado más llena de dinero, para así llevar a cabo “su misión”, que no es nada más que la de ejecutar lo que los políticos de ese gobierno futuro prefieren hacer, en vez de que sean las mismas personas contribuyentes quienes lo gasten en lo que prefieran o necesitan. 

En resumen, lo único que parece interesar en el amancebamiento del PAC-PLN es tener más plata de los costarricenses para gastarla como a sus políticos les parezca, incumpliendo así el objetivo pregonado de aumentar los impuestos para cerrar el déficit: disponer de más dinero para gastarlo es la historia fiscal de las últimas décadas en nuestro país; siempre aumentan los gravámenes para eliminar el déficit, pero, poco después, éste vuelve a aparecer y el ciclo se reinicia.

Elevar los impuestos no deja de tener consecuencias no previstas indeseables, que no suelen reconocer los proponentes de mayores gravámenes: que muy posiblemente afectará el crecimiento precario y la leve recuperación de la economía. Así, no aumentará la demanda de mano de obra (y menos en las circunstancias actuales, en que la inversión extranjera se contrae por acontecimientos internacionales), ante una tasa de desocupación en el país que ha oscilado en los últimos años en alrededor de un 9% de su fuerza de trabajo, así como se estimula que crezca más la economía subterránea, profundamente influenciada por los altos costos de la formalidad, en donde destaco los impuestos que ahora se pretenden aumentar.

Esto deja una sola opción por analizar, en cuanto a reducir el déficit: reducir el gasto gubernamental. La muletilla de los adoradores del gasto gubernamental es bien conocida: nos dicen que no es posible reducir ese gasto. Por tanto, ante ello, sólo queda la opción de aumentar los impuestos.  Es como si un alcohólico o un drogadicto dijera que la solución a su problema no está en que se le quite el licor o la droga, sino en que se le dé más plata para seguirlos consumiendo...

Otros apocados defensores de la tesis de la imposibilidad de reducir el gasto estatal, dicen que han hecho un “esfuerzo máximo” por disminuirlo, pero, si se analiza el tema, a la hora de plantear los presupuestos los gastos gubernamentales -fuente que los autoriza- no “reducen” el gasto, sino que inicialmente piden aumentos fuertes (una tasa de crecimiento elevada), para lograr, luego, una tasa menor de crecimiento que la previa, pero siempre el gasto sigue aumentando. Así, no se reduce el gasto gubernamental, sino que se reduce su tasa de crecimiento.  Hipocresía

Así las cosas, concluyo mi comentario con una reflexión en torno al conciliábulo por el cual el PAC y Liberación están cocinando nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.  Son muchos los amigos dentro de este último partido quienes, por distintos medios y ocasiones, han planteado su inquietud y malestar ante el crecimiento de los impuestos en el país, para sufragar una expansión del estado costarricense que ha afectado importantemente a los ingresos familiares, a las ventas de negocios pequeños y grandes. Pero, también se han dado cuenta de que, en ese estado gastón, existen gremios sindicales con privilegios enormes no disfrutados por sus compatriotas y que son los contribuyentes quienes en última instancia pagan por ellos.  

No es necesaria una cirugía cosmética, encebada para que allí resbalen las buenas cosas y prevalezcan los privilegios. Nada se gana con decir que, para pagar aumentos de salarios de los trabajadores públicos, sólo se hará para los calificados como muy buenos o excelentes. Lo que sucederá -no lo dude- es que “todos” serán calificados como “muy buenos o excelentes”. Igualmente, los responsables del aumento legislativo proyectado de los impuestos callan ante un gasto odioso en los presupuestos públicos, como es el enorme y corrupto subsidio a varios sistemas públicos de pensiones, en donde los ciudadanos pagan fuertes impuestos para que algunos se lleven sumas multimillonarias como pensión, para la que nunca sus beneficiarios contribuyeron lo suficiente.

Tampoco mencionan esos políticos maximizadores del poder, que nuestra economía no está en capacidad de pagar prestaciones a ciertos grupos sindicales del sector público por 20 años y no por 8 años, como todos los restantes costarricenses. Y podría seguir citando muchas otras situaciones similares. 

Lo sucedido en Grecia debe servir de lección. Ese país, para sobrevivir como nación con posibilidades de progreso, bajo un gobierno socialista ha tenido que imponer medidas draconianas, sobre todo tipo de gasto gubernamental, antes de aumentar los impuestos para reducir el déficit.  La situación llegó a un estado tan grave que, para resolver el problema, no fue suficiente reducir el gasto en el momento oportuno, sino que se tuvo que aumentar los impuestos, aun cuando esto último haya afectado sus posibilidades de tener algún crecimiento en el corto plazo.  

No debemos llegar a tal grado y nuestros amigos liberacionistas tienen mucho que decir y hacer lo debido ─incluso lo que más les duele a los políticos maximizadores del poder: que no votarán por el candidato de ese partido en las próximas elecciones. Ante tan poderosa presión ciudadana, creo que se darán cuenta de que no somos unos tonticos, a quienes fácilmente se les puede rodar: incluso cuando se pretende asustarnos diciéndonos que, si no se aumentan los impuestos, vendrá Armagedón o cuando pretenden engañarlos con reducciones ficticias, leves, irrelevantes, del gasto estatal, como argumento de que con eso sí es justo poner fuertes gravámenes. Eso es lo que están aliñando los diputados del PAC y de Liberación Nacional, en su esperanza de que los ciudadanos nos traguemos impensadamente su veneno económico.

Jorge Corrales Quesada

martes, 23 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 
Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 
Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 
Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 
Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

martes, 16 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: Financiamiento insuficiente de sus pensiones

No hay duda de que “en guerra avisada, mueren menos soldados”.  Yo no quisiera que, ante los problemas evidentes que surgen en torno al financiamiento de las pensiones del poder judicial, sea yo uno de los soldados que termine pagando -por medio del presupuesto nacional- los beneficios de algunos.

Un nuevo estudio realizado para el Poder Judicial por el actuario don Raúl Hernández -“Informe de flujo de ingresos y egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”- muestra, de acuerdo con lo indicado por La Nación en su edición del 14 de marzo, en un artículo titulado “Corte utilizará reserva para pagar pensiones en el 2019: Aportes de empleados serán insuficientes para entender jubilaciones, revela estudio de actuario”, que “si el Fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.” En sencillo, la plata que entrará al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, no alcanzará para pagar todas las pensiones a partir de agosto del 2019, obligando a usar las reservas -fondos ahorrados que generan intereses- para enfrentar beneficios futuros de sus pensionados.

De acuerdo con el medio, a partir de esa fecha, los ingresos del Fondo por aportes serían de ₡7.017 millones, pero las pensiones que habría que pagar ascenderían a ₡7.239; esto es, un déficit en el flujo financiero de ₡222 millones, que tendría que ser sufragado disminuyendo las reservas del Fondo.
Un factor que, sin duda, incide en este déficit es que, “desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema. De hecho, hay un grupo de menos de 700 personas que recibe la mitad del gasto anual; es decir, ₡27.000 millones.”

Hago la incómoda pregunta de ¿cuántos que votaron a favor de eliminar ese tope en el 2010, son beneficiarios de estas pensiones que rinden tanto para algunos pocos?  (Hoy en día hay 3.673 jubilados, por lo que cerca de un 19% son los beneficiados con esas “altas” pensiones).

Ciertamente ha habido algunos proyectos (tres: uno de la Corte Plena, otro de los trabajadores y otro de diputados) para poner algún grado de orden en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero, el principio esencial debería la búsqueda de una homogeneización con el actual sistema de pensiones de la Caja.  Sin duda que eso implicaría una fuerte limitación a tan altas pensiones, para las que los beneficiarios no han aportado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales. Por supuesto, es inaceptable que se pretenda acudir a mayor financiamiento mediante presupuestos estatales -esto es, pagado por todos los contribuyentes- como solución al problema de las pensiones del Poder Judicial.

El caso es tan grave que incluso en un informe reciente elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, en donde analizó las tres reformas presentadas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial -concretamente los citados previamente y no así el planteado recientemente por la Superintendencia de Pensiones-  se requeriría un alza del pago del 43% del salario de los trabajadores y tal monto es  “inviable” para poder pagar todos los privilegios y obligaciones de la actualidad.
 
Este último tema aparece expuesto en un comentario de La Nación del 11 de mayo, titulado “UCR dice que ningún plan salva pensiones de la Corte”. Entonces, ¿qué? ¿Pagaremos todos los costarricenses esos privilegios de un único gremio?  Francamente, la situación exhibe una enorme injusticia y, en mi opinión, una inmoralidad institucionalizada. Por ello, es el momento de que esos esquemas de pensiones se traten al igual que bajo el de pensiones de la Caja, incluso a sabiendas de que éste tiene problemas para su financiamiento a largo plazo -eso sí mucho menores- que requiere ya de reformas indispensables para poder salvarlo.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de mayo de 2017

Tema polémico: Foro Progreso y Libertad de ANFE

Para esta ocasión queremos invitarlos al foro "Progreso y Libertad" que organizan nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE). El mismo se llevará a cabo el martes 23 de mayo de 2017, a las 6:30 pm en el Hotel Crowne Plaza Corobicí (costado norte del Parque La Sabana). 

Nunca antes como ahora, el liberalismo costarricense ha tenido tantos candidatos a la Presidencia de la República. Por eso, es una gran oportunidad para que podamos conversar con ellos, escuchar su pensamiento y conocer sus propuestas, pero sobre todo, para promocionar las ideas y valores de la libertad.

Costa Rica necesita una reforma muy grande y los partidos estatistas no la harán. Para lograr esa transformación se ocupa una opción liberal -sea a través del Partido Movimiento Libertario, del Partido Liberal Progresista o del ala que representa Rodolfo Piza en la Unidad Social Cristiana- que implemente políticas públicas generadoras de mayores espacios para la libertad y el progreso.

La inversión para asistir es de ¢5.000 para público general, pero si son asociados de ANFE y se encuentran al día en el pago de sus cuotas, la actividad será gratuita. Para confirmar asistencia, deben comunicarse a los teléfonos 2253-4460, 2253-4497, 2224-7350, 8996-6569 o a los correos electrónicos info@anfe.cr y guita61@hotmail.com. Pueden realizar su pago mediante depósito a la cuenta cliente 15100010012208242 del Banco Nacional a nombre de Asociación Nacional de Fomento Económico, cédula jurídica 3-002-045006. Favor enviar el comprobante a Olga Sánchez al correo guita61@hotmail.com.


martes, 9 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre en fallos de jueces

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está integrado por jueces quienes en última instancia son los encargados de la legalidad de los actos electorales en el país. El tribunal tiene rango constitucional y es “responsable de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio.”

Sin duda es parte de nuestro sistema judicial. Y de hecho sus magistrados son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. 

Por ello, cierta decisión que tomó recientemente ese Tribunal y, en esencia, por el fundamento de dicha decisión, me preocupa por la incertidumbre que introduce a la legalidad del país.

Resulta que, de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 14 de marzo, titulada “PAC autorizado a pagar intereses moratorios a Caja con dinero público: TSE da inédito viraje en jurisprudencia que data de 1999,” en el 2015 el PAC fue sancionado por el TSE a pagar a la Caja del Seguro Social una obligación de ₡60 millones que negoció con ese ente, como parte de “una deuda de ₡465 millones en cuotas, a lo largo de 36 meses” debido a cargas sociales que no fueron pagadas por el PAC “por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.” Esto derivó en una condena en diciembre del 2016 por “el delito de estafa mayor en perjuicio del estado”, pues se había alegado que se trató de un trabajo voluntario, pero, a pesar de ello, esos gastos fueron pasados a cobro ante el TSE.

Pero, como no se habían pagado las cargas sociales del caso, la Caja cobró cerca de ₡60 millones en intereses por mora y el PAC solicitó que se permitiera el uso de recursos públicos -como parte de gastos aceptables de ser incluidos dentro del financiamiento estatal a los partidos políticos- para enfrentar esa obligación con la Caja.

El TSE, en decisiones del 2009 y del 2015, había rechazado que ese tipo de pagos se pudiera hacer como parte del financiamiento estatal aceptado, considerando así “que no constituía un gasto reembolsable” como parte del financiamiento a los partidos que brinda el estado. 

Vale la pena señalar lo que, en el 2015, dijo el TSE: “Avalar el pago de las referidas sanciones pecuniarias valiéndose de los recursos de la contribución estatal conllevaría el reconocimiento de deudas pendientes de la agrupación (generadas por la falta de pago oportuno) y no de erogaciones efectivamente realizadas.”

Ahora, en el 2017, y ante apelación del PAC, el TSE aprobó que se utilizaran fondos públicos para tal cancelación.  Para ello, alega que se toma en función del “interés público”, como nuevo paso en la jurisprudencia, al reconocer como financiable con fondos públicos esa deuda por mora con la Caja. El TSE dice que “la conveniencia de ese criterio se justifica, concretamente, en el ya expresado interés público que reviste este tipo de obligaciones”, además a causa de que “en la normativa vigente no se contemplan obstáculos formales que tornen improcedente esa alternativa de acción.”

Eso de “interés público” me parece que simplemente es lo que los jueces del TSE consideran es el interés de los diferentes grupos que integran a toda la sociedad: lo que, en última instancia, esos jueces consideran que es el interés de todos nosotros. En mi opinión, con ello se abre espacio para que, en función de un presunto omnisapiente tribunal, se puedan tomar decisiones basadas en que son capaces de conocer cuál es el interés exacto y ponderado de todas las personas de la sociedad. Casi que cualquier cosa cabría dentro de sus potestades, a fin de considerarla que es de interés público al tomar una decisión en cierto sentido.  ¿Cómo saben cuál es el interés público si no es lo que ellos consideran que lo es? Me parece una suprema arrogancia, que suele ser más propio del poder de la Divinidad, que de jueces. En todas las situaciones suele haber siempre intereses distintos entre diferentes grupos de ciudadanos -pues involucra la utilización de recursos estatales aportados por todos los contribuyentes- los que, de alguna forma, han de ser sopesados al considerar que una decisión se toma en función del “interés público.” ¿Cómo es que esos magistrados están en capacidad de comparar el daño o sacrificio que sufre alguno o varios o muchos grupos de la sociedad, con el beneficio de un grupo de la sociedad, como podría ser el grupo político llamado PAC?

Simplemente, lo de “interés público” no es más que lo que a esos magistrados se les ocurre es el bien general, pues ni siquiera tienen forma de comparar a los afectados con los beneficiados con sus acciones, a fin de poder demostrar que lo decidido es efectivamente el interés de “todos” los ciudadanos. Así las cosas, en cualquier momento, cualquier decisión puede ser tomada por los magistrados, porque a ellos le parece que va en bien de todos, aunque no lo sea más allá de su apreciación personal. Me temo que, bajo ese principio, uno siempre está en manos de lo que pueda pensar o decidir un tribunal, no por justo –en cuanto al principio de legalidad- sino porque consideran que lo que decide se hace en bien de un imaginario “todos” (alguien religioso podría considerar que ese es un atributo propio de Dios).  Ojalá que yo esté equivocado en mi apreciación.

Jorge Corrales Quesada

martes, 2 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: voracidad sindical

En estos momentos se está renegociando la convención colectiva entre las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el sindicato de esa entidad, el SINDEU. El convenio había sido denunciado por ambas partes, poco antes de vencer el 3 de marzo.  

De acuerdo con lo que informa La Nación acerca de las propuestas que se han planteado, según su artículo del 24 de febrero, titulado “Sindicato de UCR exige más cesantía y asuetos: Gremio no está dispuesto a negociar a la baja la convención colectiva,” el sindicato más bien aprovecha la oportunidad de esta renegociación para aumentar sus gollerías, las cuales son pagadas por todos los ciudadanos.

Actualmente la convención colectiva -la que las dos partes quieren cambiar- significa una erogación anual de ₡42.000 millones al año, para beneficio de los 9.357 funcionarios de la UCR.  Esto es, se trata de un promedio de ₡4.488.618 al año para cada uno de sus trabajadores.

Las autoridades de la UCR quieren introducir reformas que posiblemente ahorrarían unos ₡8.000 millones, con lo cual la convención, si se aprobara en los términos que proponen, significaría una erogación de ₡32.000 millones anuales, lo que se traduciría en un promedio por trabajador de ₡3.355.353 por año. Para lograr esta reducción, las autoridades de la UCR proponen reducir las anualidades, que pasarían de un 5.5% anual, a un escala que oscilaría, de acuerdo con los años de servicios prestados, entre un 5.5% para los de menos años hasta un 1% para los más antiguos.

Asimismo, las autoridades proponen que el ajuste salarial a la base sea en función de la inflación acumulada del semestre previo -debe ser que, en la práctica, el ajuste a la base es semestral- y no en la inflación proyectada, como es en la actualidad. Además, proponen que el número de horas sindicales que hoy da la UCR, que es de 15 tiempos completos, disminuya a 10, lo cual sigue siendo más que lo que se da en RECOPE, el INS, JAPDEVA y la UNA. De estas tres propuestas, la única realmente significativa, es la de disminuir las anualidades.

Pero, el monstruo insaciable, el SINDEU, a sabiendas de la suma multimillonaria que recibe la UCR de parte del Fondo Especial para la Educación Superior, que en el 2017 ascenderá a la suma de ₡478.570 millones y para la UCR va el 57.71% de esa suma; o sea ₡276.183 millones, provenientes de todos los ciudadanos, sabe de dónde pegarse y aprovecha la renegociación de la convención colectiva para tragar aún mucho más.

Veamos las principales propuestas del sindicato:

(1) En lo que tiene que ver con las vacaciones del personal, que aumente, para los que trabajen entre 1 y 5 años, de 16 días hábiles a 20; para los que tienen de 6 a 10 años de trabajar, que pase de 23 días hábiles a 25 y para los que tiene más de 10 años, que permanezca igual, en 30 días hábiles.

(2) Quiere que el asueto concedido graciosamente por la administración este fin de año recién pasado, sea definitivamente institucionalizado -esto es, que haya un asueto del 26 al 31 de diciembre.  

(3) En lo referente a las anualidades, el SINDEU no acepta su disminución, sino que se mantenga el privilegio obtenido desde el 2009, del 5.5% de aumento anual.

(4) En cuanto a la cesantía, que se aumente desde 15 años a 20 años. (Para el resto de trabajadores privados en el país es de 8 años).

(5) Que del costo de los materiales por servicios de odontología, que en la actualidad la UCR les cobra en su totalidad, proponen que sólo paguen el 50%.

(6) En cuanto a incapacidades, el acuerdo vigente señala que la UCR paga un subsidio equivalente al salario completo en los primeros tres días y, para un período más largo, rige la reglamentación de la Caja, que es de un 50%.  Piden que este último sea del 100% y pagado por la UCR.  

(7) En cuanto a licencia de maternidad con goce de salario, actualmente se dan cuatro meses, pero el SINDEU quiere que se otorguen 15 días más y, sorprendentemente, la UCR que sean 35 días más. 

No hay duda que el SINDEU es insaciable y que la UCR quiere una reforma a medias de la convención colectiva. Por supuesto, todo este desenfreno es pagado por la ciudadanía, por medio de impuestos, inflación o una mayor deuda estatal.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 25 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: la casi eterna platina

La Nación titula su artículo del 5 de marzo con “Ampliación de puente de la ‘platina’ entra en su recta final: En ocho días aproximadamente se asfaltarán los tres carriles del sentido Alajuela-San José” y agrega luego que el “MOPT promete entregar los seis carriles del paso el domingo 30 de abril”.  No dudo de que muchos usuarios del puente de la platina, con toda razón, expresan su ilusión de que, finalmente, se habrá solucionado un problema que los ha afectado durante ocho años de continuas reparaciones y malos arreglos promovidos por el estado.

Pero, creo que esa alegría no debería ocultar el hecho de la enorme ineficiencia del estado costarricense para reparar una vía crucial para el tránsito ciudadano.  En concreto, se ha requerido de tres administraciones gubernamentales para reparar lo que el 8 de abril del 2009 se informó como “una hendija... de unos 35 centímetros que preocupa a los ciudadanos” y que “ha provocado enormes presas durante los últimos dos días.” 

En retrospectiva la reparación del puente de la platina ha desnudado la plena incapacidad del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) para resolver ese supuestamente pequeño problema.  Lo aseguró un funcionario del MOPT, su director de conservación vial, Benjamín Sandino: “ayer (8 de abril del 2009) que el trabajo no durará más de tres horas. Estimó que el arreglo ya estaría listo a la 1 a. m. de hoy jueves 9 de abril.”

No tengo a mano el monto total desglosado de los distintos costos financieros incurridos en “reparar” o “rehacer parte” del puente de la platina, aunque la información mencionada en el artículo arriba citado de la Nación señala la “bicoca” de “₡9.400 millones,” pero, el costo exacto desglosado de la aventura de reparar “en tres horas” al puente, me imagino que oportunamente será debidamente publicado.

Sin embargo, si cree que a la ciudadanía le costó tanto solo esos ₡9.400 millones, está equivocado, pues hay otra gran cantidad de costos derivados del daño y de su cachazudo arreglo, que vale la pena destacar: la enorme cantidad de horas que las personas gastaron en presas, además del combustible desperdiciado en odiosas presas, la afectación a muchos negocios no sólo un mayor costo en el suministro de diversos bienes e insumos que requirió de desvíos o con una lentitud onerosa, sino porque su clientela se redujo; agregue la pérdida de numerosas citas de personas, incluyendo algunas delicadamente personales, como citas en hospitales y, también, el hecho de que las personas debieron, en comparación, tomar rutas alternas que eran más costosas en tiempo, combustibles y depreciación de los vehículos. 

En ocasiones, cuando los políticos son desnudados en su incapacidad, acuden a mascaradas o espectáculos populares, no para celebrar su ineptitud, sino para tratar de dar una especie de barniz a su opus magna: ahora al famoso puente se pretende que no se le conozca más como el de la platina, sino con el de un político del siglo pasado, tratando de que la infame gestión estatal no sea recordada al pasar el ciudadano por el “puente de la platina.” 

¿Cuántas horas y discusiones no llevaron a cabo los especialistas en arreglar el problema?  Hasta se acudió al extranjero para que, tal vez, con su capacidad presunta, resolvieran la situación.  Pero, en cierto momento sugirió un ingeniero, cuyo nombre me excuso de darlo pues no lo recuerdo, quien por sí sólo, sin Colegio Profesional tras de él, dijo en su oportunidad lo que, al final de cuentas, se terminó haciendo: reformar radicalmente al viejo puente, ampliándolo a más carriles y con el refuerzo del caso. Me acuerdo haber visto al caballero ingeniero -una persona ya mayor- caminar con unos periodistas de la televisión y explicarles lo que finamente se hizo. 

Si de poner nombres a la obra pública se trata, tal vez valga reconocer el de ese ciudadano, que, mea culpa, hoy no me acuerdo de su nombre, en homenaje a su perspicacia superior a la de burócratas en el sector público o de interesados en construir obra, aunque fuera la innecesaria o incorrecta. La verdad es que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda: puente de la platina por siempre... Es el mejor monumento a la histórica ineficiencia estatal... que a la fecha en que esto se escribe –fines de abril del 2017- continúa sin ser arreglado, ocho años después de que funcionarios del estado de aquel entonces (un mismo estado) dijeron que el problema estaría arreglado en tres horas.  Jajajaja, por no llorar lo que nos ha costado a todos los ciudadanos del país.

Jorge Corrales Quesada

martes, 18 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: abusos en la Convención Colectiva del CNP


Cada rato sale a la luz pública un nuevo listado de abusos contenidos en convenciones laborales del sector público.  Hace poco el medio electrónico Crhoy.com del 5 de abril de este año, publicó un artículo titulado “CNP festina recursos públicos con privilegios a empleados: Convención colectiva incluye normas abusivas,” en donde desnuda algunas de las cláusulas contenidas en la convención colectiva de ese imperecedero ente público, pesar de que hace muy poca cosa.

Pero veamos algunas de ellas, que me parece apropiado resumirlas en tres temas:

(1) PRIVILEGIOS PARA EL SINDICATO DEL CNP

El CNP otorgará el salario a tiempo completo del Secretario General y el del Adjunto para que se dediquen exclusivamente a labores sindicales. También, brinda de manera discrecional a miembros de la Junta Directiva del Sindicato, de seccional o delegados para actividades sindicales, hasta el equivalente de un total de 15 meses al año. Además, permite la asistencia a cursos y congresos sindicales por un monto total equivalente a 45 meses al año. Igualmente, paga el salario y las cargas sociales para una secretaria del sindicato. El sindicato puede usar las impresoras y fotocopiadores del CNP y éste se encarga de distribuir la correspondencia de aquel. Se otorga el servicio de transporte en un vehículo liviano y una oficina con mobiliario y equipo para la sede del sindicato y dependencias que tienen seccionales.

(2) PRIVILEGIOS A EMPLEADOS


Se da permiso a los empleados hasta por 5 días hábiles para su matrimonio, fallecimiento de uno de los padres, cónyuge, compañera e hijos y 2 días hábiles por la muerte de padres políticos, hermanos o abuelos, así como 5 días hábiles por el matrimonio o nacimiento de un hijo. Similarmente, se otorga permiso al comprobarse enfermedad de un padre, cónyuge, compañero o hijo. Se otorga permiso con salario hasta por 3 meses y por una sola vez “cuando así lo soliciten los trabajadores en virtud de causa o causas que a él le interesen, siempre que sea factible su rápida sustitución. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por tres períodos iguales a juicio de la administración.” Casi que para cualquier cosa que al empleado le interese y que al superior le parezca se debe aprobar... Increíble.  También, se otorga un pago del 3% mínimo y automático por antigüedad. Se da asesoría jurídica excepcional de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CNP, para empleados que lo pida “por razones especiales”.  Todo se convierte en especial y en “la excepción”... El CNP financiará una fiesta para hijos de trabajadores organizada por el CNP en conjunto con el sindicato. 

(3) VIVIENDA PARA SUS TRABAJADORES

En cuanto a vivienda para los trabajadores del CNP, destinará y traspasará terrenos urbanizables propios a un Fondo de Vivienda, en acuerdo con el sindicato. Saldos por la venta de otros terrenos urbanizables, se prestarán a los trabajadores por 30 años al 7% de intereses y con un máximo de 25 millones, para vivienda. Asimismo, podría dar planos, obras de infraestructura y otras ayudas para vivienda, al costo y a plazos e intereses razonables.

Lo interesante de todo esto es que los costos de todos estos privilegios y “apoyos” son pagados por los ciudadanos; todo incorporado, sin duda, dentro de los presupuestos públicos del CNP. Y ello para una entidad que sirve como ejemplo de que, en el estado, una vez que se crea una entidad, aún cuando deje de hacer aquello para lo que se le creó, jamás deja de existir: son eternas y obviamente usando recursos de los ciudadanos, que podrían ser empleados en mejores cosas,

Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: incentivos versus salarios en el Sector Público

Un informe reciente de la Contraloría General de la República, Presupuestos Públicos 2017: Situación y Perspectivas”, contiene información muy interesante en relación con la estructura del gasto en el sector público, en lo referente a las remuneraciones básicas -salarios base más cargas sociales- y los denominados incentivos salariales, que son beneficios adicionales al salario. Estos últimos proliferaron en monto y número a partir de los años 1970 y 1980, constituyendo una larga lista de lo que podría considerarse como “pagos para motivar a los trabajadores”. Según información suplida por el ministerio de planificación, en el 2014 había 47 entidades gubernamentales, cubiertas por el sistema del Servicio Civil, que tenían más de 68 diferentes pluses, aplicados en función de la base salarial. Entre ello, se pueden citar, como ejemplos, las anualidades, pagos por dedicación exclusiva, calificaciones por desempeño, carrera profesional, igualación salarial entre diferentes instituciones, y un largo etcétera.

Resulta de dicho informe de la Contraloría que, para el 2017, por colón pagado como remuneración básica -salario y cargas sociales-, el sector gubernamental estima gastar un colón y diez centavos en incentivos salariales. Esto es, los beneficios superan lo que se podría denominar como salario base más cargas sociales.
El sector público incluye al gobierno central más las instituciones descentralizadas no empresariales -Caja, universidades públicas e IMAS- más las empresas públicas no financieras -RECOPE, ICE, Fuerza y Luz- más las instituciones públicas financieras -Banco Central, bancos comerciales estatales y Banco Popular- y órganos desconcentrados ─como FODESAF, CONAVI y otros.  Se estima que gastará en el 2017 ₡23.857.722 millones, según su presupuesto, de lo cual el 37% corresponde al gobierno central; así, el presupuesto ordinario del gobierno central aprobado que se espera ejecutar en el 2017, asciende a ₡8.939.241 millones.

Las remuneraciones estimadas de sector público aprobadas para el 2017, se elevan a ₡5.881.392 millones. A la vez, dado que el total de recursos públicos aprobados para dicho gasto ascienden a ₡23.857.722 millones, significa que de él las remuneraciones serán un 24.7%. Las remuneraciones significan un aumento de “un 1.2% más que el presupuesto inicial del 2016 y un 4.1% más que el monto aprobado al final del ejercicio”, y, “se observa un gasto que si bien ha perdido dinamismo respecto a años anteriores, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público,” a menudo citados por políticos como “gastos inflexibles”.

Asimismo, como se indicó, para el 2017 -con base en el presupuesto inicial aprobado para este año- en el sector público la proporción de los incentivos es un 10% superior a las remuneraciones básicas, esto es, 1.1 a 1. (₡2.398.4 millones de pagos por incentivos salariales versus ₡2.181.6 millones de pago de remuneraciones básicas). Esta proporción es aún mayor (de 1.37 a 1) en las instituciones descentralizadas no empresariales, comparado con sector público total, según lo menciona la Contraloría. Pero, tal informe no desglosa el dato de incentivos salariales aprobados para el 2017 para el gobierno central, por lo que no puede citarse cuál es su proporción relativa. No obstante, ese informe señala que “Por grupo institucional, se tiene que los montos más grandes [de remuneraciones como porcentaje del presupuesto inicial aprobado] se destinan en el Gobierno Central y en las IDNE [Instituciones Descentralizadas no Empresariales, como la Caja, las Universidades públicas y el IMAS]”.  

Además, cita la Contraloría, la relación entre incentivos y remuneraciones básicas en RECOPE, la Defensoría de los Habitantes, el ICT, el INS, el Consejo Técnico de Aviación Civil y en el Poder Judicial, sobrepasan a aquel promedio de 1.1 a 1. 

La Contraloría enfatiza la necesidad de evolucionar desde un sistema salarial que ha priorizado a los llamados incentivos, provocando una proliferación y una muy diversa gama de incentivos distintos entre diferentes entes estatales, hacia uno en donde se eliminen e incorporen, si fuere el caso, en un sistema de pago a los trabajadores basado en el llamado salario único.  Cito su razonamiento: “Si bien es cierto no existe un esquema remunerativo que sea aplicable de forma uniforme a todo el sector público... ciertamente la simplicidad y homogeneidad en lo que corresponde se consideran como atributos deseables para promover la transparencia y equidad, al tiempo que favorecen una administración eficiente de los recursos.

Y continúa, “Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país.” 

Ojalá que este llamado a la lógica y la racionalidad que nos hace la Contraloría tenga eco en el país, principalmente en el área política, pues es indispensable proceder a esos ajustes de políticas y así evitar un descalabro como el sucedido recientemente en Grecia.

Jorge Corrales Quesada

martes, 28 de marzo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tantos no aportan a la pensión del IVM?

Por dos razones muy sencillas: unos, porque no quieren y, otros, porque no pueden.  Expondré el porqué de ello, dado que el artículo de La Nación del 15 de marzo, titulado “590.000 personas evaden aporte a pensión del IVM: CCSS las señala como no pobres, profesionales e independientes”, llamó mi atención, al calificarlo como una “evasión” y así lo considera Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, al señalar que hay una obligación de contribuir a la Caja.

Eso puede ser cierto. No me importa cuál sea el nombre, pues igual se llamó evasor a quien, en ciertos países -como en los Estados Unidos antes de 1973- no aceptaba la conscripción militar obligatoria y prefirió irse a vivir a otro país (usualmente a Canadá), antes que prestar el servicio militar obligadamente.  También hay quienes han huido de sus países, al hacerse insoportables los impuestos –caso reciente el de Francia: muchos franceses salieron de su país por los altos impuestos cargados por el entonces nuevo gobierno de Hollande, tanto que después los rebajó. Ante esto, lo básico es entender ¿por qué hay tantas personas que no aportan al sistema obligatorio de pensiones en el país?

Es posible que, algunos, tal vez profesionales de altos ingresos o personas con riqueza elevada o conexiones internacionales amplias, pueden optar por el beneficio de un sistema de pensiones que les dé más, debiendo aportar menos recursos a éste o bien porque los montos que deben dar localmente no brindan el rendimiento esperado. Prefieren invertirlos en alguna otra actividad que daría una pensión mayor -para cuando sea necesaria- o que cueste menos (por ejemplo, los invierte en algo productivo o en educación o en valores financieros más rentables). Para impedirlo, el estado -la Caja- hace obligatorio aportar: para no darle oportunidad a nadie de escoger su propia forma de tener los recursos necesarios, para cubrir sus necesidades como ancianos.

Igual, otros prefieren no asegurarse en un fondo de pensiones, ya sea porque no les da la gana o porque consideran que lo que el estado les ofrece -en diversas modalidades como la Caja u otros regímenes de pensiones- no es garantía, en su opinión, de que cumplirá con lo ofrecido: considera que los fondos no se manejarán de la mejor manera, llegando a ser insuficientes para cubrir las eventuales pensiones prometidas.

Los que he definido son quienes, en mi opinión, pueden desear no aportar a un régimen de pensiones específicos, pero hay otros -tal vez de mayor relevancia- quienes, aun cuando lo quisieran, no pueden hacerlo por diversas razones, siendo la pobreza una de ellas. En este último caso, lo que tendrían que aportar al régimen de pensión, casi que significaría una ruina aún mayor en sus hogares.

En el periódico se expone que hay 832.000 personas, que no contribuyen al IVM de la Caja. De ellas, hay 85.000 en condiciones de pobreza extrema y 157.000 en pobreza no extrema (pero pobres), ascendiendo el monto no pagado por este grupo a ₡14.000 millones en el 2016. Las restantes 590.000 “califican como no pobres y que son profesionales liberales o trabajadores independientes,” en donde “el 75% de ellos recibe ingresos y se encuentra en plena etapa productiva, pues tiene menos de 50 años de edad.” Este grupo dejó de pagar ₡122.000 millones al IVM en el 2016. En total, 832.000 personas dejaron de pagar ₡137.000 millones en dicho año.

Dado que la población económicamente activa del país o fuerza de trabajo al IV trimestre del 2016 ascendió a 2.28.989 personas, los 832.000 que dejaron de contribuir, equivalen al 36.5% de ese total. Para el gerente financiero de la Caja, “hay mucho trabajador independiente de baja capacidad productiva”, que uno pensaría son parte importante de la economía informal subterránea, a la vez que “hay un crecimiento de empresas y actividades económicas informales que se resisten a contribuir, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio,” las cuales posiblemente también forman parte de esa economía informal, subterránea. 

La Dirección General de Estadísticas y Censos define al empleo informal como el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas no inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal). Es posible considerar que mucho de la falta de pago al IVM, proviene de esos sectores informales o subterráneos de la economía.

Una razón de peso por la cual muchas actividades productivas -individuos o empresas- realizan sus actividades desde la informalidad o subterraneidad, es porque así no se incurre en el costo de cumplir con los onerosos requisitos de las actividades productivas formales. Hay gastos formales desde que se empieza algún negocio, tales como permisos, patentes, requisitos de construcción y de horas laborales, llevar libros de registros, tener contabilidad formal, constitución legal de la entidad, etcétera, pero, también, el pago de impuestos de ventas, a las utilidades, a la propiedad, específicos, entre otros y -relevante para este comentario- el pago de impuestos al salario o a la planilla, por cargas o beneficios sociales, además de salarios mínimos. 

De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el IV trimestre del 2016, la población informal del país ascendió a 922.000 personas, lo cual significó un 44.7% de la población ocupada.

Aquellos factores citados constituyen costos que deben ser cubiertos por la actividad productiva y, si así se diera, posiblemente la actividad productiva no sería rentable. Inciden en una demanda de trabajo menor. Ante ello, muchos oferentes no encuentran empleo. al aumentarse su costo por esas cargas. De aquí que, es posible que acepten laborar ganando “un salario informal,” en donde no hay tales cargas adicionales sobre su costo, pues la alternativa es no tener empleo del todo.

Llama la atención que, entre algunas de las soluciones propuestas ante la insuficiencia de recursos para asegurar la rentabilidad a largo plazo del régimen de pensiones del IVM, se encuentren las de elevar las cuotas patronales o laborales, disminuir el porcentaje del salario que se pagaría como pensión e incluso que se tenga que laborar más años pagando contribuciones -elevar la edad de retiro- todos los cuales encarecen aún más el costo de la formalidad y, por tanto, inducen a que en la economía aumente la actividad productiva informal. Esas soluciones propuestas aumentan el costo de operar en la formalidad: el incentivo es claro para que aumente la informalidad. Al estimular esas medidas una mayor informalidad de las personas y empresas, hará que probablemente sea mayor la cantidad de trabajadores de la población económicamente activa del país, que no contribuirá con el régimen de IVM de la Caja. Tristemente, pero es lo económicamente esperado.



Jorge Corrales Quesada