martes, 17 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: vía rápida a la reforma legislativa de las pensiones del Poder Judicial

En muchas ocasiones me he referido al sistema de pensiones del Poder Judicial. Me había inquietado que se hubiera desmoronado el esfuerzo legislativo para sacar una resolución en torno a ese régimen mediante lo que se conoce como “vía rápida”. Ésta es la posibilidad de que con 29 votos (simple mayoría de votos) se pudiera aprobar la reforma a la ley correspondiente. Pero, ni lerda ni perezosa, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de que dicha votación era improcedente, pues para cambiar la ley se requería del voto de, al menos, 38 votos.

Mal pensado que soy, dejando de lado el obvio interés que tendrían miembros del Poder Judicial de conservar su jugoso régimen de pensiones, el pronunciamiento de la Corte era un enorme obstáculo para la pronta aprobación de la reforma necesaria. Fue un paronazo casi lapidario al impulso que llevaba el proyecto en la Asamblea

La Corte señaló varias razones para alegar que ese proyecto requería de 38 votos, que aparecen resumidos en un artículo publicado en La Nación del 23 de agosto, bajo el encabezado “Diputados con vía libre para reformar pensiones de Corte: Fallos de Sala IV: ajustes jubilatorios no afectan labor judicial.” Esas razones fueron que “la reforma a las pensiones afecta el proyecto de vida de sus empleados,” que “obligaría a contar con funcionarios de edad avanzada,” que se “desestimula el ingreso de nuevos profesionales valiosos,” que le “resta competitividad al Poder Judicial en el mercado laboral,” y que “afecta la carrera judicial porque los empleados tendrán cargas en su salario a cambio de un beneficio menor.”

Pero, con base en dos sentencias previas de la Sala IV, una del 13 de junio de 1995 y otra del 10 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República dio una opinión jurídica que me parece es vinculante para la Asamblea Legislativa, en cuanto a que la reforma propuesta al sistema de pensiones del Poder Judicial “no afecta las funciones de la Corte ni siquiera por razones de presupuesto, por lo que no era necesario consultarle si está de acuerdo o no.” En sencillo, el Congreso puede continuar con su vía rápida para resolver. En ningún momento el proyecto violaba el artículo 167 de la Constitución, que requería de una aprobación de dos tercios de los diputados (38 votos) si la Corte se oponía a la propuesta de reforma a la ley. No era, por tanto, necesario que la Asamblea consultara a la Corte sobre esa reforma en concreto.

Como posiblemente, ante cualquier reforma legislativa, habrá acciones judiciales contra ella presentadas antes la dicha Sala IV, es importante destacar que los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la reunión de la Corte en la que se decidió enviar su opinión contraria a la vía rápida en la Asamblea Legislativa.

Esto, por una parte, me alegra, pues parecería indicar que no se podrá rechazar a que miembros de esa Sala juzguen casos en torno a la eventual reforma de la ley, por haber opinado previamente sobre el caso, pero, a la vez, si hubieran votado en dicha sesión de la Corte Suprema, tendrían que integrarse otros miembros sustitutos de los actuales a la Sala IV que tal vez no tengan un interés directo en cuanto a las pensiones que eventualmente dejarían de percibir. Ahí se las dejo; recuerden, ciudadanos, que, una vez que se han implantado los privilegios, cuestan mucho que sean desterrados.

Jorge Corrales Quesada

martes, 10 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: lo bueno y lo malo de las ideologías

He llegado a darme cuenta de que mucha gente, en un intercambio de opiniones, suele argumentar algo como esto: “el problema es que usted lo que dice es simplemente por razones ideológicas” o, más concretamente, escriben esto otro, presuntamente como forma de descalificar mi argumento: “usted, por razones ideológicas o de otro tipo, se empeñan (sic) en ensuciar lo hecho hasta ahora” por el gobierno.
 
Me interesa reflexionar un poco en torno al supuesto papel negativo que tiene una ideología -la que sea- al formularse críticas o argumentos acerca de una posición sobre alguna cosa. Como es usual, lo primero que hago es tratar de entender qué es una ideología y acudo a un buen diccionario, el de la Real Academia Española de la Lengua. Éste, si bien no tiene la profundidad analítica de un texto técnico especializado en política o filosofía, expone el uso sencillo, frecuente y común, que se hace de un término. En su definición aparecen dos acepciones, una de ellas, referente a una doctrina “que a finales del siglo XVIII y principios de XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas”, significado que no es relevante para mi objetivo, el cual más bien lo satisface la primera acepción que señala el diccionario, y que les transcribo:
 
“Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”
 
Me parece que todo ser humano posee “ese conjunto de ideas fundamentales”, en la mayor diversidad que uno se puede imaginar y que le permite a la persona que contemple los hechos que observa y sobre los cuales medita, tomando ese conjunto de ideas esenciales como referencia. Todos tenemos una ideología, excepto, me imagino, a quien la naturaleza le haya impedido pensar.
 
Así, creo que es un enorme sinsentido tratar de descalificar a una persona que expresa una posición diferente o contrapuesta, en el curso del intercambio de ideas, porque actúa con base en “razones ideológicas”, cuando en verdad, todo ese intercambio entre las partes está impregnado de ideas básicas del pensamiento de la persona, aplicadas a un caso concreto. Ese conjunto de ideas fundamentales -cualquiera que sea- es propio del ente que razona, que piensa, que intercambia ideas; no le es extraño.
 
Todos tenemos una ideología -ese conjunto primordial de ideas- si bien, eso sí, sus partes integrantes -ideas dentro del conjunto- pueden ser mejores o peores para entender y explicar un fenómeno. Por tanto, de lo que se trata es de usar ese conjunto de ideas para demostrar lo que uno considera es bueno (o malo) en una argumentación.
 
La crítica es esencial para el avance del conocimiento.  Guardo siempre en buen recaudo algo que escribió el pensador Karl R. Popper:
 
“...lo nuevo en la actitud científica consiste en que intentamos eliminar activamente nuestros intentos de solución [de un problema]. Sometemos nuestros intentos de solución a la crítica, y dicha crítica trabaja con todos los medios de que dispongamos y que podemos elaborar. ...mi tesis fundamental es que lo nuevo que diferencia la ciencia y el método científico de la preciencia y de la actitud precientífica, es la actitud conscientemente crítica ante los intentos de solución [a los problemas]; por lo tanto, la participación activa en la eliminación, los intentos activos de eliminación, los intentos de criticar; es decir, de falsear.” (Karl R. Popper, “La teoría de la ciencia desde un punto de vista teórico- evolutivo y lógico, en La Responsabilidad de Vivir (Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1995, págs. 26 y 27)

Ese proceso permite que el conocimiento avance y, lo crucial para este comentario, es que las personas, para formular las críticas, tienen que hacer uso de su conocimiento acumulado, el conjunto de ideas de que dispone, y que constantemente debe estar sujeto a la crítica. Sin ese conjunto de ideas, no puedo organizar mi pensamiento crítico y sin crítica no avanza el conocimiento e incluso no habría razón para cambiar las ideas naturalmente temporales que se tienen.
 
Quienes, con cierta ligereza, buscan rechazar una tesis al simplemente aseverar que se afirma por razones ideológicas, no atinan al punto exacto crítico, cual es la bondad (o maldad) de un argumento, sino al instrumental que permite razonar ordenadamente. De hecho, Popper escribe lo siguiente:
 
“Diré simplemente, de modo muy general y vago, que emplearé el término ‘ideología’ para cualquier teoría, credo o visión del mundo no científicos que resulte atractiva y de interés para la gente incluidos los científicos. (Por tanto, puede haber ideologías muy útiles y otras muy destructivas desde un punto de vista, digamos, humanitario o racionalista.” (Karl Popper, El Mito del Marco Común (Barcelona: Ediciones Paidós S.A., 1997, p. 36).

Me imagino que, así quienes simplemente mencionan a la “ideología” de una persona como “destructiva”, debe serlo porque creen, sin hacer explícito que en la otra persona hay un atrincheramiento ideológico, que le impide razonar ante ideas que se formulen: algo así como una especie de acto de fe o de creencia inmutable. Pero, no debería serlo por el hecho de que esa persona tiene su ideología como cualquier otra, como le es propio. El problema no es la “ideología” como tal, sino si ese conjunto de ideas que posee la otra persona es bueno o malo para explicar, valorar, criticar y proponer alternativas acerca de los fenómenos que se comentan.
 
Quienes defendemos ciertas posiciones intelectuales ante la crítica, lo hacemos no para evitar aprender o que avance el conocimiento. Más bien, quienes alegan que la argumentación planteada es espuria por ser una “ideología”, posiblemente es porque la crítica les incomoda ante sus propias posiciones, negándose a incorporar en su pensamiento algo que convincentemente muestre su error previo.
 
Por lo tanto, al hablar de estar en contra de una proposición por “razones ideológicas” no se deberían referir al conjunto de ideas fundamentales de la otra persona, sino a una visión dogmática, de fe, de falta de imaginación, de intolerancia, de totalitarismo, de una moda intelectual, que se aleja del enfoque crítico. El liberal, por definición, no se caracteriza por este segundo grupo de “ideología total”, sino todo lo contrario: lucha contra la intolerancia y el totalitarismo en el campo de las ideas, contra el dogma muy propio de sistemas históricamente deterministas.
 
Termino con este concepto de Popper: 

“Así como hay religiones buenas y malas -religiones que estimulan lo bueno y lo malo en el hombre- así hay también ideas filosóficas buenas y malas, teorías filosóficas verdaderas y falsas. En consecuencia, no debemos reverenciar ni denigrar la religión en tanto tal, ni la filosofía en tanto tal. Más bien, debemos evaluar las ideas religiosas y filosóficas con mentalidad crítica y selectiva. El poder terrorífico de las ideas nos carga a todos con graves responsabilidades. No debemos aceptarlas ni rechazarlas irreflexivamente. Debemos juzgarlas críticamente.” (Karl Popper, El Mito..., Op. cit., p. 186.).

Cuando alguien le acuse de que usted argumenta con razones ideológicas, explique que eso es lo que razonablemente haría toda persona que quiera opinar sobre un asunto, pues de lo que se trata es de mostrar que hay ideas mejores o peores en torno a las cosas que se esgrimen en un acto crítico. Los llamados “argumentum ad hominem” o “argumento contra el hombre” podrá ser muy efectivo, principalmente en una discusión ligera, pero no pasa de ser una falacia: los argumentos se deben descalificar por sí mismos, no por las características de la persona que formula el argumento. 


Jorge Corrales Quesada

martes, 3 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: de sepulcros blanqueados

Los hay, personas y grupos, que fingen ser una cosa, cuando en realidad son otra. Una frase proveniente del Evangelio de San Mateo, 23:27, nos ayuda a entender tantas cosas. Dice la frase: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
 
No me refiero a un ataque personal reciente que recibí en una columna de Facebook, de parte de un ser puro y perfecto de esta tierra, quien me atacó y condenó al sufrimiento eterno, por, según dicha persona, ser indiferente al dolor ajeno, al de los pobres y míseros, cuando lo que básicamente he hecho, según mi apreciación profesional, es brindar sugerencias, así como hacer señalamientos, para que la gente que sufre la pobreza pueda levantarse de ella.  Me complace, por ejemplo, saber que “En 1820, más del 90 por ciento de la población mundial vivía con menos de $2 al día y más del 80 por ciento vivía con menos de $1 al día (ajustados por la inflación y por las diferencias en el poder adquisitivo). Pero, para el 2015, menos del 10 por ciento de las personas vivían con menos de $1.90 al día, definición actual oficial del Banco Mundial de lo que se considera como una condición de pobreza extrema,” como lo demuestra Chelsea Follett en un artículo cuya traducción recientemente publiqué en Facebook, titulada, “Cinco Gráficos que Cambiarán su Impresión acerca de la Pobreza.”
 
Nadie está aseverando que se haya eliminado la pobreza, sino que se resalta que “Entre 1820 y el 2015, el número de gente bajo pobreza extrema se redujo de alrededor de mil millones a 700 millones, mientras que el número de personas que está mejor que aquella, se elevó de sólo 60 millones a 6.6 miles de millones.” Y que “la pobreza es de alrededor de una cuarta parte de lo que era en 1990.” Además, esperanzados ante este éxito del sistema productivo esencialmente basado en el mercado, especialistas predijeron que “en el escenario ideal... para el 2030, la pobreza llevará a un nivel verdaderamente insignificante, afectando sólo a un 1.4 por ciento de la población del planeta.”
 
No obstante, esos sepulcros blanqueados prefieren ignorar los datos, los hechos, y simplemente proceden con su verbo usual en contra del capitalismo. Yo no pido que sean castigados en los infiernos por el daño que causan, al promover políticas que impiden el progreso de los más pobres, hecho que considero es producto de una actitud de fe ideológica, más que de ignorancia, pues los datos se les han presentado.
 
La metáfora de los sepulcros blanqueados va más allá de ser reflejo de una conducta particular, sino que también se encuentra en grupos.  Por ejemplo, se está haciendo creer a las personas en el país, que todos los partidos políticos, o que todos los políticos, son corruptos y que están embarrados en el caso del cementazo, con una notable excepción, los de la izquierda del frente amplio. Eso es interesante, pues incluso, apropiadamente creo, incluyen a sus socios políticos cercanos del Partido Acción Ciudadana, pero, de alguna manera, tratan de mostrar que todo eso es propio de gobernantes de la derecha, no de la izquierda que, sin decirlo claramente, parece ser inmune a las tentaciones del dinero (no del poder).
 
Cuando hay acontecimientos que pueden representar actos de corrupción, es bueno tener presente que, al menos en el campo político, en donde es frecuente que, en vez de un sistema capitalista de mercado competitivo, sea uno de capitalismo de los amigotes, en donde el estado otorga privilegios -esto es, para unos, mas no para todos-los empresarios, ansiosos de tener ganancias, no producto de un esfuerzo competitivo satisfaciendo a los consumidores, sino buscando que el estado lance los dados a su favor, estarán dispuestos a dedicar recursos para lograr ese beneficio, en tanto este último sea mayor al costo del primero.
 
Para hacerlo, el vivazo buscará qué políticos y qué partidos en donde se insertan esos políticos, tienen el poder suficiente para lograr medidas que les favorezca.  Entrarán en contacto con quienes detentan el poder y, aunque sean de “oposición”, en el tanto en que puedan influir sobre quienes toman finalmente las decisiones.  Sabemos que esas decisiones serán remunerados, por cosillas como recursos para sus campañas, transporte de sus votantes el día de las elecciones, dinero en efectivo, y un largo etcétera.
 
Por eso -y bien lo han de entender políticos de la izquierda de nuestro país- buscarán para obtener eses preferencias a políticos con posibilidad de ejercer influencia en el poder decisorio. Por esa razón, al menos en los últimos años en el país los políticos de izquierda fuerte no han sido muy buscados para que, por cercanía con los gobernantes del momento, puedan favorecer los intereses privados de algunos.
 
No es que esos “algunos” no estén dispuestos a cubrirse en cuanto a resultados electorales, razón por lo cual se han visto casos de reuniones de empresarios poderosos, presuntamente de una ideología alejada de esa izquierda extrema, hacerlo con dirigentes de la izquierda, y no precisamente para hablar de misa.  Es por aquello de “por si acaso”.
 
Lo hacen porque los que buscan el servicio de los políticos saben que ser de izquierda extrema no los hace inmune a la corrupción; que no es cierto que ella sea propia exclusivamente de la derecha o, tal vez, del centro.  Lo que saben es que les conviene la cercanía con el poder, no importando si es de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, con tal de que les proteja de la competencia en sus actividades y en su búsqueda de privilegios. Por eso buscan “cubrirse” recompensando sus favores.
 
La izquierda en Costa Rica no es tan atractiva simplemente porque no tienen poder, pero no hay nada que nos garantice que, de llegar al gobierno, como naturalmente puede aspirar a ello, no será objeto de corrupción, dada su presunta ideología.
 
Cuando la izquierda toma el poder, también se suelen presentar casos claros de corrupción. Piense el lector en la corrupción en Nicaragua o Venezuela o Cuba, etcétera, pero, para la ocasión tengo en mente referirme a un ejemplo notorio, como es el reciente de Brasil, en donde el poder gubernamental lo asumió la izquierda dura del Partido de los Trabajadores (el mismo de Lula) en coalición con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, de izquierda más moderada. Los notorios aferes conocidos como la Operación Lavado de Carros, de Petrobras, Braskem, entre otros, que enviaron a prisión o encontraron culpables o están en juicio, a destacados miembros de la izquierda, como Joao Vaccari Nero, tesorero del Partido de los Trabajadores, o Renato Duque, también de ese partido, o José Dirceu, ex ministro de Relaciones Exteriores de Lula, o Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y de Dilma. Y, notablemente, al presidente Lula.
 
Pero no sólo del Partido de los Trabajadores.  Es claro el involucramiento de Aécio Neves, del diputado Rocha Loures y del propio presidente actual Temer, en cuanto al escándalo conocido como de J&F parte del grupo JBS, que es la empresa más grande del mundo en proteína de carne.
La corrupción entre políticos no suele ser privativa de la derecha y de la que se excluye, por su ideología, a la izquierda. Se da alrededor del grupo que tiene el poder o en donde se tiene la capacidad para influenciar a aquel grupo que ostenta el poder. La parábola de los sepulcros blanqueados se aplica no sólo para los corruptos de cierta ideología política, sino que es propia de la naturaleza del hombre.

Jorge Corrales Quesada

martes, 26 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: una opinión esperada de defensa de privilegios

Una vez que los privilegios se crean, es muy difícil quitarlos, excepto si se le sustituye por un privilegio aún mayor.  En el caso de los esfuerzos de los diputados por introducir alguna disminución, alguna mesura, cualquiera aunque poca, a los privilegios del Poder Judicial, era de esperarse que fuera rechazado fácilmente por los mismos beneficiados del privilegio actual y que harían todo lo posible por conservarlo.

Por ello, no es de extrañar la noticia que aparece en la edición de La Nación del 18 de agosto, que lleva como titular “Criterio de Corte deja en coma reforma a pensiones judiciales: Pronunciamiento impide aprobar proyecto mediante vía rápida.”

Dice el medio que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron un criterio negativo al proyecto que se discutía en la Asamblea que “cerraría el gigantesco déficit de dinero que tienen las pensiones judiciales”, indicando, además, que “la Corte también advirtió a los diputados que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial.” Si alguien pensó que los magistrados iban a decir que la medida de moderar sus pensiones no iba a afectar el funcionamiento de ellos, esto es, del Poder Judicial, merece el premio mayor a la credulidad. 

El portillo era claro: el artículo 167 de la Constitución dice: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”; esto es, 38 votos, mientras que el procedimiento abreviado propuesto se podría lograr con simple mayoría (29 votos). Esto es, se hace cuesta arriba el camino para la reforma propuesta. Era de esperar, pues cualquier cosa que se refiera a ese Poder, algo que afecte en un centavo su funcionamiento u organización, va a requerir tal cantidad de votos, en la interpretación de marras que se hace.  Es una coraza ante cualquier propuesta de moderación del gasto en el Poder Judicial, por más correcto moralmente como es, en mi opinión y creo que también la de muchos ciudadanos, que nosotros no paguemos las pensiones de unos pocos que personalmente no han cotizado lo suficiente para recibir tales montos.

El altruismo en los políticos no existe y este caso los magistrados están actuando sólo para proteger su privilegio, pues lo permite ese artículo. Algunos pocos se frotarán las manos pues obstaculizaron el proyecto que rebajaría sus privilegios, pues, para nada piensan en la sudada de manos de quienes trabajan y pagan impuestos, para ganar dinero que luego se les quita para pagar pensiones a los beneficiados con el poder.

Afortunadamente, una vez escrito lo anterior, la Procuraduría General de la República, en una respuesta a una consulta hecha por la Comisión legislativa que analiza esas pensiones, indica que “la Asamblea Legislativa tiene no solo la posibilidad, sino el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los diversos regímenes especiales de pensiones, mediante la aprobación de las leyes que se requieran para el logro de ese objetivo.” La Procuraduría acepta el argumento -lógico en mi opinión- de que la reforma propuesta a las pensiones del Poder Judicial, no afecta el funcionamiento de ese Poder, pudiendo, por tanto, proceder la Asamblea Legislativa, si así lo desea, a seguir con el proceso previo consultado. Esta referencia al pronunciamiento de la Procuraduría puede leerse en, en la edición del diario digital crhoy.com del 3 de octubre, en este link.

Hay esperanzas de que en serio venga un saneamiento de los abusos con las llamadas pensiones de privilegio, en especial porque es el primer caso importante que al respecto trata el Poder Legislativo, y debemos creer que un accionar rápido de éste en tal sentido, abre las puertas para que se actúe con similar correcta intención en otros sistemas hoy abusivos similares.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de septiembre de 2017

Tema polémico: extinción de dominio

Para este día queremos invitarlos al debate que está organizando la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa. El evento tendrá lugar el próximo jueve 28 de septiembre a las 6:30 pm en el Hotel Crowne Plaza Corobicí (costado norte de La Sabana). 

Este tema es de suma importancia por cuanto se trata de una iniciativa desarrollada en el marco del combate al narcotráfico pero, para lo cual, ha trastocado el debido proceso y amenaza a las libertades individuales. Con la forma en que se plantea la extinción de dominio, se invierte la carga de la prueba y se anula el principio de inocencia, de forma tal que quien sea investigado por presunta legitimación de capitales deberá ahora demostrar la legalidad de sus bienes -cuando en cualquier Estado de Derecho corresponde al acusador demostrar que los bienes son producto de actividades ilícitas- y, de no hacerlo, se le quita su propiedad privada.

Participarán las siguientes personas:

  • Guillermo Araya Camacho, Director del Instituto Costarricense contra Drogas
  • Alfredo Chirino Sánchez, Decano de Facultad de Derecho UCR.
  • Federico Malavassi Calvo, Abogado Constitucionalista
  • Ronny Monge Salas, Diputado del Partido Liberación Nacional
El costo será de ¢5.000 para público general y gratis para los asociados de ANFE que se encuentren al día en el pago de sus cuotas. 

El pago puede realizarlo el día del evento o mediante depósito a la cuenta cliente 15100010012208242 del Banco Nacional a nombre de Asociación Nacional de Fomento Económico, cédula jurídica 3-002-045006. Favor enviar el comprobante a Olga Sánchez al correo guita61@hotmail.com. 

Cualquier duda o comunicación pueden dirigirla a los teléfonos 2253-4460, 2253-4497, 2224-7350 y  8996-6569 o al email: info@anfe.cr.

martes, 19 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

martes, 12 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: evitando un control indispensable



Con clara arrogancia, la burocracia de las Naciones Unidas -concretamente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)- ante una solicitud de funcionarios de la Contraloría General de la República para revisar el expediente en manos de UNOPS, acerca de una contratación para acelerar la obra en el puente del Río Virilla, contestó que esos funcionarios de la Contraloría “deberán trasladarse a las instalaciones de... UNOPS...” y “deberán revisar los documentos bajo la vigilancia de representantes del organismo y en horario restringido.” O sea, ahora el UNOPS le ha dicho “tome chichí” a la Contraloría de la República, por no haberse opuesto ella desde el momento en que se pretendió que el gobierno de Costa Rica contratara “estudios, los diseños y la construcción (de un conjunto de obras viales públicas) de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo.” 

Lo informa un comentario de La Nación titulado “Oficina de ONU niega datos a Contraloría sobre contrato: UNOPS se aferra a inmunidad para no dar copia de expediente,” del pasado 16 de agosto. Es claro que se trata de fondos públicos y, como tales, deberían estar sujetos al control de la Contraloría.  Por más “San UNOPS” de que se trate, es básico que los fondos estatales en este país sean objeto de la supervisión constitucional que se debe hacer por medio de la Contraloría, en lo que se refiere al uso de esos recursos del país.

Contratar por un porcentaje del costo, como lo hace UNOPS, no me gusta para nada, pues, si éste aumentara, se elevaría el monto que se le paga. La entidad se beneficiaría con un aumento de costo, pues se crea un incentivo perverso para minimizar los costos. [La propia UNOPS, en voz de su ex-gerente, Mario Mazzucchelli, señaló que el dinero que se tenía para esos proyectos era “insuficiente para los dos puentes -el del Virilla en la ruta 32 y el de Lindora, en Santa Ana- pues las obras se habían encarecido por los atrasos.” O sea, ¿aumentó, ante el alza en costos por el atraso, lo que se le debe pagar a la UNOPS?].

No cuestiono la corrección atribuida a UNOPS o a Naciones Unidas, si bien en realidad en diversas ocasiones ésta ha sido cuestionada por el manejo de sus fondos en ciertas actividades, sino al hecho que el país haya permitido tal cosa, bajo el prurito de que con ese contrato se aceleraría la construcción de obra pública, lentitud que se presume -razón para hacer esa contratación- surge de restricciones, entre otras cosas, de la Contraloría. De no ser así, ¿para qué contratar un ente no sujeto al control jurisdiccional?

Son fondos públicos del gobierno de Costa Rica, del estado, obtenidos por un préstamo otorgando por el BCIE y que deberá reembolsarse con todo e intereses por los costarricenses, posiblemente por medio de sus impuestos (no olvido un par de intentos similares para evitar el control de fondos estatales mediante dicho banco) y, como lo hace ver el al ente contralor el propio CONAVI, por medio de su director interino, Carlos Solís, contraparte de UNOPS en el contrato de marras, “que ellos (CONAVI) también han pedido a UNOPS el expediente completo y se los han negado.” Para eso alegan la inviolabilidad de las Naciones Unidas, además de diversas inmunidades, pero la gran responsabilidad de todo este episodio sospechoso recae en el gobierno costarricense y principalmente en el órgano contralor constitucionalmente establecido, pues, antes de firmarse el contrato, deberían conocer estos factores, en vez de permitir que no rigiera la ley de contratación administrativa para obras o servicios para el estado.

Así, han surgido empresas que han apelado las contrataciones otorgadas por UNOPS y para lo cual ofertaron. Aquella averiguación permitiría determinar “la legalidad de la contratación del puente, la razonabilidad del precio de la obra, los cronogramas de trabajo y la experiencia de los profesionales involucrados.” No entiendo el temor a la luz y la transparencia en este tipo de cosas. No puede uno más que sospechar -con buenas razones- que podrían existir acciones incompatibles con la probidad y eficiencia que deba caracterizar el uso público de los recursos. Esto podría terminar en que la Contraloría suspenda el contrato con la firma ya elegida, atrasando aún más el arreglo del puente.

El que nada debe, nada teme. Y un poquito de dignidad no es mala, señores de la Contraloría y del gobierno de la República.


Jorge Corrales Quesada 

martes, 22 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 
1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 
Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 
8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 
Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 
Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 
Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 
Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 
Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.


Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el falso y el verdadero problema

He observado cómo dirigentes políticos de diversos partidos, algunos economistas y personas en general, hacen diferentes propuestas para resolver el serio problema del déficit gubernamental, pero considero que hay un error conceptual al puntualizar al déficit como el problema, lo cual intentaré explicar de seguido.
En una ocasión Milton Friedman dijo lo siguiente en una conferencia en www.freetochoose.tv, titulada “Is Tax Reform Possible?”: 

“El verdadero problema es lo que el gobierno gasta, no lo que toma en forma de impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.

Yo prefería más tener un presupuestó gubernamental de $200 mil millones con un déficit de $100 mil millones, que un presupuesto de gastos de $400 mil millones y sin déficit.  Ello porque el presupuesto de gastos del gobierno de $400 mil millones simplemente es el doble de lo que se quita de la disposición del ciudadano y que se gasta en su nombre por el gobierno.  Ese es el verdadero problema.”

Sus palabras son tan claras y directas que no requieren de mayor explicación; no obstante, vale la pena hurgar un poco más en el señalamiento, pues dicha situación es igualmente la que observo en la actualidad en nuestro país.

Tal vez lo que justifica aquella impresión es que uno, en su casa, si se da cuenta de que se gasta más de lo que se recibe; o sea, que hay un déficit, hará todo lo posible para, por una parte, reducir los gastos y, por la otra, ver como aumentan los ingresos al hogar. Es muy diferente en lo que tiene que ver con el estado, pues la forma en que, por una parte, obtiene sus ingresos, es quitándoselos, por medio de impuestos, a los ciudadanos y, por la otra, porque cuando el estado gasta -demanda- logra para sí bienes y servicios que ya no estarán disponibles para la ciudadanía. En ambos casos se afecta a las personas, a usted y a mí, a las familias.

Si aumentan los impuestos, se afectan las posibilidades de crecimiento de las empresas y las personas, quienes ahora tendrán menos recursos para satisfacer sus necesidades, incluso su ahorro, lo que reduce la inversión. Al bajar la inversión, la economía crece menos y, entre otras cosas, las empresas disminuyen su demanda de mano de obra, fomentando que el desempleo aumente (así como estimulando que las empresas se vayan a la economía subterránea, a la que acuden, entre otras razones, porque no pagan los altos impuestos que sí deben cubrir en la economía formal).

También es posible que esos impuestos se trasladen de alguna manera a los consumidores, a través de precios más elevados o con un deterioro de la calidad de los productos. Además, al disminuir la actividad económica, se reduce la base sobre la cual se cobran los impuestos, con lo que lo que recauda el fisco se ve, comparativamente, disminuido.

En resumen, son efectos claramente indeseables si se quiere que una economía crezca (pienso en alrededor de un 6% anual, en vez de un raquítico 3.5% o 3.8%) y que permite que se dé una generación de riqueza de la ciudadanía, incluyendo a los grupos menos favorecidos. 

El verdadero problema no lo constituyen, como bien apunta Friedman, esas recaudaciones de impuestos, sino lo que gasta. Dice Friedman:

“Si el gobierno gasta $60 mil millones más que lo que toma en forma de impuestos... ¿quienes creen ustedes que son los que pagan por los $60 mil millones extras?... ¡Usted pagará la cuenta! Debido a que eso tiene que ser pagado, pero, en vez de serlo directamente en forma de impuestos a los ingresos o a las ventas o a las planillas, será pagado indirectamente en la forma de una inflación...”

O acudiendo a endeudarse, agrego yo, para financiar muy posiblemente una serie de gastos inútiles, cuando se tiene un gobierno sin limitaciones para efectuarlo, deuda que podrá seguir colocándola hasta el momento en que los inversionistas dejen de confiar en que la economía crecerá lo suficiente, como para que pueda repagar obligaciones e intereses. El problema es que ese gasto gubernamental, al usar los recursos privados que extrae mediante impuestos, no se dirige ya a actividades productivas generadores de riqueza, con lo cual el progreso es menor y, por tanto, la recaudación impositiva se reduce.

Al tenerse presente que los políticos piensan pagar los préstamos que ha adquirido el estado para financiar su gasto por medio de impuestos, volvemos al hecho de que esos impuestos retiran recursos privados, que se podían haber dedicado a actividades productivas. Así, lo irrelevante no es cómo se financia el déficit, sino que el problema es el gasto gubernamental, cuyos efectos negativos se sentirán más tarde o más temprano, al afectarse el crecimiento de la economía que trae la inversión y la iniciativa privada disminuida.  

El error al enfatizar que el problema es el déficit y no el elevado gasto del gobierno, conduce a propuestas de aumentar los impuestos o aumentar el endeudamiento o, si bien a menudo no se expresa con toda la claridad, a que una parte del estado, como lo es el Banco Central, emita dinero, provocando la inflación. Esa inflación también se usa como medio para disminuir el monto nominal adeudado en la moneda que se devalúa.  Con cualquiera de esas propuestas para reducir el déficit, y dejando de lado el tema del gasto gubernamental, surgen efectos nocivos sobre los fondos que se dedicarían a la inversión en la economía, afectando el crecimiento futuro y con ello disminuyendo las posibilidades de progreso y crecimiento. Por ello, el problema no es el déficit como tal, sino el gasto del gobierno, que sustrae recursos de la economía que no se podrán dedicar a actividades productivas.


Jorge Corrales Quesada

martes, 8 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias no anticipadas o imprevistas

Con frecuencia economistas y especialistas en otras ciencias sociales (modernamente, por primera vez el concepto lo desarrolló un famoso sociólogo estadounidense, Robert K. Merton, en un artículo en 1936) nos referimos a la ley de las consecuencias no previstas o no anticipadas o no intencionadas, al hecho de que las acciones de las personas, así como frecuentemente del gobierno, tienen resultados que no se esperaba que sucedieran. Esta creencia -la de que sus acciones no tienen resultados inesperados o imprevistos- es frecuente hallarla no sólo entre políticos, sino en las personas en general; en especial en cuanto a legislación o regulación de los mercados.

Para tener una idea de esta ley de las consecuencias no previstas, uso un ejemplo frecuentemente observado en la historia económica: el control de los precios. Hacia el año 2.800 antes de Cristo, el faraón Henku del Egipto intentó controlar la producción de precios de los granos y, cuarenta siglos después, en Venezuela, el gobierno actual pretende regular y controlar los más diversos precios.

Todos estos intentos poseen como meta algo supuestamente “deseable,” como es ayudar a los consumidores de menos recursos, pero tienen en común que los resultados derivados  suelen ser muy diferentes a los pretendidos al imponer esa política.  Pero, dan lugar a la escasez, a mercados negros, al descenso en los abastecimientos, a una baja en la producción y a un declive de la economía, en función de la intensidad y extensión aplicada de esas medidas pretendidamente buenas.

Debemos ser francos. No son sólo los políticos, sino muchas personas que piden, aplauden y estimulan este tipo de medidas, creyendo que el resultado logra beneficiar a los consumidores, especialmente de menos recursos, así como ciertos casos de productores usualmente denominados “pequeños.” Los propósitos puede ser buenos, pero los resultados son evidentemente malos, no deseados, no buscados, a menudo impulsados por especialistas que no señalan más allá de lo que se ve y no toman en cuenta lo que no se ve, como diría el economista francés Bastiat.
 
Con esto mente, me refiero a una medida hace poco tomada en el país, cual es la llamada “reforma procesal laboral.” Un excelente comentario de un destacado abogado laboral, don Marco Durante, publicado en La Nación del 25 de julio (se obtiene en http://www.nacion.com/opinion/foros/nueva-legislacion-partir-hoy_0_1648035191.html,) expone un resultado no anticipado, de dicha legislación, al escribir que, al exigirlo esa ley, el sector patronal debe “diagnosticar todas sus prácticas laborales, revisar (formas de contratación de personal, salarios y beneficios, jornadas, reportes a la seguridad social entre otros) y tratar de formalizar y documentar los contratos vigentes.” Agrega que “La falta de reglas claras tales como contratos escritos, políticas y procesos internos, procedimientos disciplinarios, boletas de salarios, pagos de vacaciones, aguinaldo y otros derechos laborales podrán convertirse en un verdadero dolor de cabeza.” Y concluye una parte de su comentario con algo crucial: “...vale la reflexión de que en nuestro país el 87% de la mano de obra nacional es contratada por la empresa privada y que del parque empresarial costarricense aproximadamente un 90% son pymes (micros, pequeñas y medianas empresas).”
 
No dudo que todas estas regulaciones se traducirán en un aumento sustancial en los costos de diversas empresas -costos que tendrán mayor peso relativo entre más pequeña sea la firma- lo que significa que, por una parte, se encarezcan los costos asociados con la contratación de mano de obra, lo que incide en una disminución de su demanda y, por otra, la sustitución de ésta por otro factor de producción, como la maquinaria y equipo que ahorran mano de obra. Es conocido el agobiante desempleo abierto en nuestra economía, que en los últimos tiempos ha oscilado en, más o menos, un 9% de la mano de la mano de obra.
 
Además de un efecto imprevisto e indeseable sobre la demanda de mano de obra por la regulación impuesta por la ley de “reforma procesal laboral”, debe notarse otro impacto derivado del comentario antes mencionado del licenciado Durante, en lo referente a las llamadas pymes -micro, pequeñas y medianas empresas- y particularmente en las empresas existentes en nuestra economía subterránea.
 
Hay estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), de que el desempleo informal en el lapso 2010-2015 tuvo su nivel más alto en el primer trimestre del 2015, al llegar a un 45.3 por ciento de los trabajadores. Si bien dicho porcentaje ha disminuido en algún grado al llegar un año después a un 41.4%, no deja de ser alto.
 
La razón bien conocida del empleo informal es el alto costo de la economía formal, al considerarse elementos como altos impuestos, llevar libros contables, tener salarios mínimos y beneficios o cargas sociales posiblemente altos, pagos de permisos para instalaciones y para empezar a operar, costos de patentes y factores similares, a lo cual ahora se adiciona todo lo que bien indica el licenciado Durante en su comentario, que significan costos mucho mayores para las empresas de la economía subterránea, solo para llevar a cabo sus gestiones diarias.
 
Antes de que alguien salte diciendo que lo que hay que hacer es cerrar esas empresas “explotadoras” en la economía subterránea, tal vez pueda conmover su impertinencia el hecho de que así cuatro de cada diez trabajadores, tiene algún grado de ingresos para sus personas y sus familias, pues la alternativa sería la plena y abierta desocupación.
 
La consecuencia no prevista de esa decisión de los políticos es que disminuirá (o no crecerá tanto) la demanda de trabajo; en consecuencia, aumentará el desempleo abierto, en especial de trabajadores marginalmente productivos, poco calificados, como los recién ingresados al mercado de trabajo. Al encarecerse más la operación de las empresas que operan en la formalidad, impulsará la cantidad de firmas que operan en la informalidad. ¿Se dará el Armagedón que anticipa este comentarista? Siempre habrá posibilidades de empleo en la economía subterránea, pero no en las mismas condiciones que las del mercado formal; esto es, habrá empleo pero con salarios más bajos. Para muchos trabajadores, esa será su única opción.
 
Lo que puede considerarse como un objetivo deseable -una mejora de los trabajadores en su relación laboral- ante esa ley surgirán consecuencias no previstas por políticos que la aprobaron, también sorprendiendo negativamente a personas no familiarizadas con estos resultados no esperados, pero que sin duda terminarán observándolos. 


Jorge Corrales



lunes, 7 de agosto de 2017

Tema polémico: los mitos acerca del liberalismo

Para esta ocasión, queremos invitarlos a la presentación de la Segunda Edición del Libro "Mitología acerca del liberalismo", escrito por nuestro apreciado amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada. 

De verdad esperamos que asistan. La lucha por las ideas de la libertad comienza por derribar los mitos que nuestros enemigos crean y esparcen. De ahí la importancia de leer este maravilloso libro, como una lección para refutar las mentiras que el totalitarismo y el estatismo inventan y que se han convertido en cadenas culturales y educativas que pesan sobre la ciudadanía.

La actividad se realizará este jueves 10 de agosto a las 6:00 pm en el Hotel Radisson (cruce de La República). Será gratuita y, al final, habrá un coctel cortesía de ANFE y la Fundación Academia Stvdivm. Para reservar su espacio, deben comunicarse con Olga Sánchez al teléfono 8996-65-69 o al correo electrónico guita61@hotmail.com.

martes, 1 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: la tragicomedia de la carretera a San Ramón

No hay duda que llamar “tragicomedia” a lo sucedido con la nueva carretera a San Ramón es más que apropiado: tiene rasgos trágicos y cómicos simultáneamente. Pero determinarlos exactamente se los dejo al amigo lector.

Para que pueda hacerlo, para mi comentario me baso en un artículo publicado en La Nación del 21 de junio, titulado “Ministro prevé que peaje a San Ramón será mayor a ₡4.000: Costo superará el planteado por constructora brasileña OAS en 2013”. 

No tengo ni idea de en qué momento se empezó a hablar de “rehacer” la actual carretera entre San José y San Ramón, que, me imagino, se tradujo en una propuesta concreta que incluía alguna estimación del peaje de ida y vuelta. Al otorgarse la concesión de la construcción y operación de la nueva vía a la empresa brasileña OAS, esta consideró que el peaje sería de casi ₡4.000 (exactamente, de ₡3.930).  Entre paréntesis y hablando de partes trágicas, esta empresa está en serios problemas en Brasil por haber practicado una serie de sobornos, entre los cuales se ha citado como beneficiado al expresidente Lula, quien, en su momento, vino al país para promover las actividades de esa firma. 

Ese costo tan elevado lo objetaron grupos “cívicos” de San Ramón y otros lugares (¿se acuerdan del llamado Foro de Occidente?), que señalaron que el peaje sería de más o menos ₡2.800, en contraste de los casi ₡4.000 que había dicho OAS.  Tal vez haya algo de comedia en esto: no sólo se “exhibía” un cobro de un peaje diferente al pretendido por OAS, sino que la presión “popular” terminó con la ruptura del contrato de construcción (y su posterior operación), estimado en $524 millones, entre el gobierno y la empresa OAS.  Dicha ruptura se tradujo luego en que el gobierno -todos los costarricenses- tuvimos que pagarle una indemnización a OAS por $35 millones. 

Sigue la comedia: la solución entonces se encontró en construir la carretera ya in OAS y con un cambio importante, como fue ampliar en un carril la vía actual en el trayecto Aeropuerto-San Ramón. Pero el tiempo siguió pasando y nada –la tragedia... 

Ahora bien, noten los cambios del peaje estimado a lo largo del tiempo. En el 2013, OAS dije que sería de ₡3.930, con el diseño inicial. Luego, según informa el medio, los grupos organizados opuestos a la concesión dijeron, en marzo del 2014, que, el peaje estimado era de ₡1.200 (me imagino que sólo de ida o vuelta, pues la información del dato no es clara), lo que condujo a la rescisión del contrato con OAS. En mayo del 2104, una “nueva estimación de los lugareños” del costo del peaje fue de ₡3.500 y la “última tarifa calculada por los vecinos en 2017” fue de ₡2.800.” Si entiende estos vaivenes en las estimaciones del peaje, admiro su capacidad imaginativa.
 
En todo caso, como la mejora de la carretera estaba varada, los ínclitos diputados, dado el clamor popular, crearon la figura de un fideicomiso (en sencillo, un fideicomiso es que el estado ponga la plata a cargo de alguien, para que en un cierto tiempo haga la obra). En febrero del 2016, el Estado, por medio del CONAVI, le encargó la administración del fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR), pero, al momento, todo sigue paralizado (la triste comedia), porque el Banco exige la adecuación del contrato para entregar la obra llave en mano y eso no se ha decidido aún (extrañamente se pide una “adecuación” a lo ya decido). 
 
¿Ahora por dónde anda el costo del peaje? Según La Nación, “la tarifa exacta de los peajes y el valor total de la carretera se conocerán hasta que el BCR defina los diseños, costos y realice la estructuración financiera del proyecto.” Según el optimista nuevo ministro de transportes, saberlo tomará más de un año o más. Lo sorprendente -las tragicomedias suelen tener sorpresas- es que, según los proponentes de la ley (me imagino que se refieren a los creadores del fideicomiso) “el costo de ampliar la ruta sería de $440 millones”.  Si entiendo bien, no es que la obra pasó de los $524 millones estimados en el contrato con OAS a sólo $440 (sorprendente sería la comedia), sino que, ahora, a aquellos $524 millones hay que sumarle $440 millones (la también sorprendente tragedia). Esto último se debió no sólo al paso del tiempo (¿cuál fue la inflación del lapso 2013-2017?), sino por la ampliación propuesta.
 
Ahora se considera que el peaje será, en doble vía, de ₡4.000. Pero, ¡sigue la comedia!, el periódico informa que, según los vecinos, el cálculo de la tarifa en el 2017 sería de ¡₡2.800! Bueno, la tragicomedia se ha tornado en comedia negra o en obra de misterio en cuanto a estos vaivenes en los cálculos de los peajes. Ojalá que la explicación no radique en que, como dijo el ministro entrante, la solución al problema está en “fijar un peaje sombra -¿serán los ₡2.800? (menor al importe real)- con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado.” Esto es, disimular el costo verdadero, pues el aporte del estado sería de todos los ciudadanos por medio de impuestos, para abaratar el peaje que disfrutarían los usuarios: para que paguen sólo ₡2.800 en vez de ₡4.000, el peaje presuntamente verdadero. Al señalar el ministro que es para que sea “socialmente aceptado” no es más que un eufemismo para decir que algunos (la ciudadanía contribuyente) pagaremos por el verdadero costo, para subsidiar a los usuarios. Simple redistribución de unos hacia otros. Mejor que el que lo use, que pague el costo verdadero... si es que esas cifras son ciertas (la tragicomedia).

Aquí no termina el sainete: resulta que, supongo que para hacerla “socialmente aceptable,” los diputados que crearon el fideicomiso decidieron que éste no pagara impuestos.  Mientras que OAS -se acuerdan, la de costo del peaje estimado en ₡4.000- sí tenía que pagar impuestos por un total de “$1300 millones a lo largo de la concesión de 30 años”, pues “OAS debía retribuir un 1.25% correspondiente a un canon de concesión y un 2.5% para financiar la fiscalización y operación de la obra,” según lo informa un artículo de La Nación titulado “Peaje a San Ramón será más caro pese a exoneración fiscal: Fidecomiso de obra no pagará impuestos ni cánones.” Aún con este regalo de Santa Claus al fideicomiso, el costo sale parecido al que OAS había estimado en el 2012 y que provocó la ruptura del contrato en la administración Chinchilla.
 
La puntilla a la obra la pone el economista especializado en temas de infraestructura, Federico Villalobos, quien señaló que “además de esos recursos que se dejarían de percibir por el pago de impuesto sobre la renta, hay que considerar que ahora será el Estado [todos nosotros] el que asumirá los riesgos y aporte de recursos que hubiese realizado el concesionario en el modelo de concesión.”  

La tragicomedia se ha convertido en sainete: grotesco, ridículo y a veces tragicómico. Ante el espectáculo, el Foro de Occidente guarda un silencio sepulcral, para ver si se olvida su osadía.


Jorge Corrales Quesada


martes, 25 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: jineteando su pensión

La expresión “jinetear el dinero” es sencilla de entender.  Pongamos un ejemplo. A usted alguien le tiene que devolver una plata en un momento dado.  Sin embargo, no lo reconoce o la entrega o le permite que usted disponga de ella, sino hasta tiempo después.  Ese lapso que medió entre la fecha en que debería de habérsele dado la plata y en la que efectivamente se le entregó, es un dinero del acreedor que lo puede jinetear el deudor.  Esto es, el deudor puede colocarlo en un ente financiero y ganar “algo” por ese lapso, o bien puede utilizarlo como si hubiera hecho un pago obligatorio a un ente, pero no lo hace con el dinero propio, sino con el suyo, ahorrándose así los intereses que tendría que haber pagado, para tener la plata que debería cubrir en aquel momento.  Por eso, se habla también de jugar con la plata ajena: “jinetear el dinero.” 

Recientemente se analiza un caso interesante en un artículo de Patricia Leitón en La Nación del 19 de junio, titulado “Desvío temporal de los aportes reduce pensión complementaria: Parte de las cuotas hacen paradas en el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral.” Podrá considerarse que se trata de “pichuleos”, pero, en realidad, parece ser mucha la plata que se jinetea en este caso. Vale la pena conocer el dato exacto de cuánta plata ganan el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la CCSS, al recibir de paso esos fondos, en el lapso que va del aporte efectivo del patrono o el empleado y el momento en que ese monto suyo (más algunos intereses, como luego se verá) se deposita en la cuenta del fondo de pensión del trabajador (ROP).

Veamos la ruta del jineteo de los fondos de pensiones complementarias.  Según la ley, los patronos y trabajadores aportan un 4.25% del salario para el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El ROP es el depósito final que va teniendo cada ahorrante, para su pensión complementaria en algún momento futuro. 

De ese 4.25%, directamente entra un 1.50% al fondo del trabajador en el ROP. En éste, el trabajador empieza a ganar interés por tales depósitos que se acumularán para la pensión complementaria (aportes más intereses). Pero, de aquel 4.25%, hay un 0.25% que va a dar a la cuenta del trabajador en el Banco Popular. Allí se queda, sin que el trabajador obtenga rendimiento alguno durante un lapso de entre 18 y 30 meses, antes de trasladarse al ROP (y que el trabajador así gane intereses). 

Del 2.5% que nos sobra (4.25-1.50-0.25), un 1.00% queda depositado en una cuenta en el Banco Popular, a nombre del empleado. Estos recursos se acumulan mensualmente en la cuenta del trabajador y, en marzo de cada año, se traslada al ROP la mitad de esos fondos acumulados el año anterior y sólo se reconoce como rendimiento la tasa de inflación (normalmente los intereses en el mercado de fondos prestables suelen ser superiores a la tasa de inflación).  El restante 1.5% se deposita en el FCL y el empleado puede retirarlo del ROP cada cinco años o bien al terminarse la relación laboral. 

En resumen, sólo el 1.5% del aporte patronal y laboral (un 4.25% del salario) va directamente al ROP (y generarle rendimientos), en tanto que al Banco Popular le ingresa un 1.25%, que luego lo traslada al ROP, y un 1.50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la Caja de Seguro Social, que también concluye después de cierto lapso en el ROP. O sea, hay una clara intermediación y jineteo de parte del Banco Popular y del FCL, pues los fondos no van de inmediato al ROP, en donde ganan a plenitud los rendimientos esperados de mercado (inflación más algo).

No hay razón alguna para que, con la tecnología de información moderna disponible en los mercados, haya tal intermediación y jineteo de fondos por parte de entes que así ganan y se dejan intereses de depósitos que son realmente propiedad de los trabajadores (quedan depositados en el Banco Popular y el FCL). 

Según el informe del medio citado, la Superintendencia de Pensiones “estimó que si los dineros llegaran directamente a la cuenta de los afiliados, sin pasar por el Banco Popular, la pensión complementaria que obtendría el jubilado sería de un 2.8% mayor. Y si la mitad de los recursos del FCL también se depositara en forma directa, con sus rendimientos, la jubilación subiría en un 3.8% adicional.” En sencillo, el voraz estado le está quitando hasta parte de las pensiones complementarias a los trabajadores.


Jorge Corrales Quesada








martes, 18 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: total imprevisión

Francamente cuesta entender a veces cómo es que se toman decisiones que claramente muestran inconsistencias, las que, más tarde o más temprano, conducen a fuertes y posiblemente mayores erogaciones, al tratar de resolverse un problema que debió de haberse resuelto antes, pues era ya conocido.

Un buen ejemplo de ello lo expone La Nación en su edición del 8 de mayo, en un artículo titulado “Error convertirá en embudos los puentes de vía a San Carlos: Carretera de cuatro carriles tendrá siete plataformas con sólo dos vías.”

Resulta que, en los aproximadamente 30 kilómetros entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia en San Carlos –parte en construcción de la eternamente diferida carretera San Ramón-San Carlos- hay 8 puentes, de los cuales, 7 presentan el siguiente problema: que cada uno de ellos tiene 2 carriles, mientras que la carretera tiene 4. (Otro puente tiene 3 carriles en una carretera con 4 y sólo uno tiene los 4 carriles).

El problema es sencillo: estamos en presencia de embudos en cada puente: los vehículos pasarán de andar en cuatro vías, a sólo dos o tres carriles, lo cual provoca lo que se conoce en la jerga como embudos, al tener el paso por el puente un carril o dos menos, lo que obliga a que los vehículos tengan menos espacio por el cual circular. Un simple cuello de botella: presas seguras... sin contar con posiblemente más accidentes, gasto de combustible y pérdida de tiempo por las presas que vendrán.

El LANAMME de la Universidad de Costa Rica había advertido al MOPT del problema con los puentes de ese tramo, pues, en palabras del ingeniero Luis Guillermo Loría, “...se va a generar conflictos de flujo vehicular, porque al triangularse la carretera, debe haber una reducción de la velocidad y eso va a provocar presas” y agrega “Dios quiera que no, pero eso probablemente va a generar accidentes de tránsito graves.” 

La razón del MOPT para no hacer debidamente las cosas es que, aparentemente, no hay dinero, pero su falta posiblemente se resuelva solicitando un préstamo adicional.  Claro, el problema sería menor si se cobrara el peaje debido por la nueva carretera a quienes la usen y no con fondos provenientes de impuestos a todos los costarricenses, lo cual sin duda que facilitaría la obtención del préstamo adicional. 

Pero hechos como lo antes descritos hacen perfectamente entendible que la Contraloría General de la República haya rechazado la pretensión del CONAVI para ampliar el presupuesto autorizado en la suma de $24.6 millones, además de elevar el plazo de la obra en 320 días, con la empresa Sánchez Carvajal. Las razones de la Contraloría son evidentes, claras, razonables y esperadas, tal como lo informa La Nación en su artículo del 13 de julio, titulado “Contraloría rechaza cambios en contrato de vía a San Carlos: Ente señala falta de estudios, diseños y definición de costo.” Noten que, con este aumento, el costo esperado del proyecto pasaría de un monto inicial de $164 millones (me imagino que del 2005), contrato que se ha variado por las más diversas razones, y que, de haberse aprobado el monto anterior, llevaría, doce años después, el costo total a $213 millones.

Según un comunicado de prensa de la Contraloría, denegó la autorización porque “el monto adicional no garantiza que la obra se finalizará, no hay claridad sobre cuando se terminará la vía ni tampoco existen estimaciones del costo final del proyecto.” En resumen, una chambonada más del estado ineficiente, que lamentablemente terminaremos pagando todos los costarricenses y sin que afloren los responsables del relajo de nuestra burocracia gubernamental.





Jorge Corrales Quesada