martes, 31 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: más dinero nuestro para las pensiones del Poder Judicial

De entrada les digo que las decisiones que comentaré, tomadas por la Corte Plena para obtener mayores ingresos para el fondo de pensiones del Poder Judicial, creo que están debidamente fundamentadas en la legislación que nos cubre.  No podía ser de otra manera, pues no podríamos imaginarnos a un Poder Judicial tomando decisiones contrarias a la ley.
 
Eso sí, tal estructura legal le permite a dicho Poder obtener fondos para sus pensiones provenientes de toda la ciudadanía, por medio del presupuesto de la República. Esto se consigna en la edición de La Nación del 30 de noviembre, en el artículo titulado “Gobierno deberá girar más dinero a pensiones de Corte: Magistrados aprobaron subir aporte patronal de 13.75% a 14.36% en Fondo del Poder Judicial.”

Las cifras arriba consignadas no exponen la totalidad del aumento que se hizo recientemente para el fondo de pensiones del Poder Judicial. Por una parte, resulta que, en una sesión del 3 de octubre pasado, la Corte Plena votó, “de forma unánime e inmediata” elevar el aporte que el estado costarricense -téngase claro de una vez por todas, de fondos de todos nosotros- desde un 13.75% a un 14.36% del salario; esto es, un incremento de 0.61% en dicho aporte. Se estima que el aporte anual adicional sería de alrededor de ₡1.950 millones al año (de trece meses). Esta decisión de aumentar en 0.61% al aporte estatal, se basa en “la independencia administrativa de la Corte para tomar decisiones”, según lo indicó el viceministro de Hacienda, señor José Francisco Pacheco.
 
No obstante, lo anterior fue tan sólo una parte del aumento total en el aporte  que hace el estado a las pensiones del Poder Judicial,  pues hubo otro aumento de 0.66% de los salarios, debido a que, en setiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobó -también es su facultad discrecional- un aumento de la contribución estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que  pasó de 0.58% a 1.24% de los salarios; esto es, un aumento del 0.66% de la base de salarios. Esta correspondencia entre la decisión de la Caja y la de la Corte se sustenta en que, cuando la Caja aumenta la contribución, la ley le permite al Poder Judicial hacer algo igual para su régimen de pensiones.
 
Entonces, a aquel incremento del 0.61%, se adicionó otro por el 0.66%, con lo cual el aporte total nuevo adicional del estado al régimen de pensiones aumentó en un 1.27% del total de los salarios, con lo cual, al final de cuentas, el aporte del estado al sistema de pensiones del Poder Judicial a partir del año entrante, será de un 15.02% del total de los salarios.
 
Legalmente, todo lo anterior está sustentado, pero tenemos que ser claros en que seremos todos los ciudadanos del país quienes estaremos aportando estos montos adicionales, para financiar a ese régimen de pensiones.  Cuando la directora ejecutiva del Poder Judicial, señora Ana Eugenia Romero, nos dice que este aporte es una “forma de garantizar la sostenibilidad del Fondo,” a uno le queda un fuerte sabor amargo en la boca, al leer cómo, en el marco de una situación fiscal tan difícil como la que vivimos en la actualidad, en vez de ser los beneficiarios del régimen de privilegio de las pensiones del Poder Judicial los que aporten los recursos para darle “sostenibilidad” a su régimen, seamos todos los costarricenses, por medio de la intermediación del estado, quienes efectivamente estamos dándoles los fondos para asegurar la “sostenibilidad” de un sistema de pensiones de un gremio estatal.
 
Se está en presencia de una ausencia de justicia, en cuanto a que somos todos los costarricenses quienes estamos pagando una parte sustancial de las pensiones de ese Poder: sencillamente es un privilegio para unos pocos, quienes, en vez de pagar ellos por la totalidad de sus pensiones, es la ciudadanía, como un todo, la que debe apechugar con esa parte. Es urgente que este vicio se termine. 

A ver si los diputados hacen algo, porque me parece que la ciudadanía ya está muy molesta ante cosas como estas. 

Jorge Corrales Quesada

lunes, 30 de enero de 2017

Tema polémico: el futuro de las pensiones en Costa Rica

Para el día de hoy, queremos compartir con ustedes la invitación al seminario "El futuro de las pensiones en Costa Rica, organizado por nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE).

Fecha: jueves 9 de febrero del 2017
Lugar: Hotel Crowne Plaza, costado norte del Parque La Sabana
Hora: 6:30 pm

Programa

6:30 pm Inscripción de participantes
7:00 pm Marielos Alfaro, Directiva de la CCSS
7:20 pm Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones
7:40 pm Edgar Robles, ex Superintendente de Pensiones
8:00 pm Eliecer Feinzaig, Economista
8:20 pm Preguntas o comentarios del público

Costo: 5.000,00 (cinco mil colones)
Asociados al día con el pago de sus cuotas: entrada
gratuita
Cuenta: 100-1000220824-8
CC: 15100010012208242
Banco Nacional de Costa Rica.
Ced Jurídica: 3002045006
Pasar a Olga Sánchez copia de la transferencia

Reservaciones: Olga Sánchez. guita61@hotmail.com
Teléfonos: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569
Teléfono: 2253-4460 *Telefax: 2253-4497 * Apartado 3577-1000 San José, Costa Rica
E-mail: guita61@hotmail.com

martes, 24 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: recorte marginal de pensiones

De escasa, calificó la Contralora General de la República, señora Marta Acosta, a la propuesta de reducción de las pensiones del Poder Judicial, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. Tal es la información brindada en un artículo de La Nación del 17 de noviembre, que se titula “Contralora: recorte a pensiones judiciales es insuficiente: Marta Acosta compareció ante comisión legislativa.”

Sus palabras muestran claramente su preocupación por la deficiencia, al externar el criterio de la Contraloría de que, “sin ser expertos actuariales, (la propuesta) tendría un efecto marginal, porque las variables que están afectando la sostenibilidad futura del régimen de Pensiones del Poder Judicial están cambiando poco o no están cambiando (en el plan de ley)”.

La información suministrada por la Contraloría es reveladora de ello, en muchos aspectos a los que vale la pena referirse. Por ejemplo, el aporte del estado costarricense a dicho régimen es de un 13.75% del salario, por ser patrón de los empleados judiciales, al cual hay que agregarle otro de 1.2% del salario, llamado “aporte estatal.” Así, el aporte completo y real que el estado hace (en realidad, por todos los ciudadanos) para dicho régimen de pensiones, asciende a un 15% del salario. En contraste, el estado otorga un 6.32% de aporte, como tal, para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social. 

Aprovechó la Contralora para recordar un voto pertinente de la Sala Constitucional, por el cual “No debe haber una contribución del Estado (como tal y como patrono) que sea excesivamente desigual a otros regímenes.” Obviamente, la pregunta que de inmediato le formulo al lector es si ¿no le parece “excesivamente desigual” el aporte del 15% de los salarios al Poder Judicial, en tanto que al IVM de la Caja sea de solo un 6.32%? Ojalá no nos aparezca un caradura por allí, que alegue que, entonces, lo que hay que hacer es subir el aporte estatal que hoy hace para el Poder Judicial, igual para TODOS los regímenes de pensiones. Así se haría gala de la mentalidad usual de creer que el dinero crece en los árboles y de la ignorancia de que, bajo el nombre de que sea “el estado” ponga más dinero, la realidad es que, quienes en última instancia lo pagarían, son los ciudadanos, quienes se ven obligados a transferir recursos al estado.

Hay tres particularidades del régimen de pensiones del Poder Judicial que se propone reformar mediante el proyecto enviado a la discusión legislativa: (1) cambia el cálculo que se hace para obtener la pensión, así como en la edad de retiro; (2) pone un tope o monto máximo a las pensiones en el futuro y (3) fija una contribución “solidaria” para los pagos que hoy se excedan del monto indicado en (2). 

Veamos la primera, acerca del cálculo de la pensión. Mientras que, en la actualidad, el régimen de Poder Judicial considera para la pensión, el promedio de los mejores 24 salarios (en contraste, el IVM es el promedio de los últimos 240 salarios), la reforma propone mantener el sistema actual para quienes ya hayan laborado bajo ese sistema durante los últimos 20 años y reduciría gradualmente aquel número de años-salario hasta llegar a un promedio de los últimos 120 salarios, para los nuevos pensionados. Esto es, siempre habría un trato evidentemente preferencial con respecto a los del sistema de IVM de la Caja.

Asimismo, dado que en la actualidad en el Poder Judicial se tiene una edad para pensionarse, que oscila entre 55 y 62 años, en el proyecto se fijarían 62 años para los hombres y 60 para las mujeres (obviamente ignorando la filosofía tan proclamada de igualdad real, pero ese diferencial de edad para pensionarse sucede, creo, en todos los diferentes regímenes de pensiones). 

En cuanto al segundo punto, se fijaría un tope máximo a las pensiones del Poder Judicial de ₡4.7 millones (hoy en el IVM es inferior a ₡1.5 millones). 

El tercer punto, el de la “contribución solidaria”, es muy interesante pues sería “de un 20% sobre el monto que se exceda a partir del tope establecido, con la posibilidad de subirlo a un 50% si un estudio actuarial demuestra que es necesario.” Deduzco de esto que, tal como se en el punto (2) se indicó que las pensiones tendrían un tope de ₡4.7 millones, eso sería sólo para efectos de quedar exento de tal “contribución solidaria”, pues dicha contribución sólo se aplicaría por encima de ese monto en los casos en que la pensión sea superior al tope arriba citado (en la actualidad, en este régimen, hay pensiones que superan a los ₡9 millones, según informa La Nación).

Por tal razón, la Contralora informa que esta propuesta de “contribución solidaria” alcanzaría relativamente a pocos pensionados que reciben montos por encima de ₡4.7 millones. Afectaría hoy a unas 29 personas, que, me parece, es un porcentaje relativamente muy pequeño de los pensionados actuales del Poder Judicial. De hecho, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) “estableció que el impacto de la contribución solidaria sería mínimo, porque solo afectaría a cerca de 150 empleados judiciales de los 12.500 existentes.” La diferencia de esta cifra con la de la Contraloría podría deberse a que la de la SUPEN considera a los pensionados futuros de la base actual de empleados, mientras que la Contraloría se fundamenta en los pensionados hoy existentes. En ambos casos, los gravados con la tal “contribución solidaria”, cubren a una muy pequeña parte de los pensionados bajo el sistema del Poder Judicial.

En todo caso, es muy claro el pronunciamiento de la SUPEN, en voz de su superintendente, señor Álvaro Ramos, quien indicó, según el medio, que “la fijación del tope es solamente un ajuste mínimo”… “de 2% o 3% del  hueco (financiero en el régimen de pensiones).” La limitación del impacto de los ajustes señalados parece tener, como bien lo expresó, la contralora, “un efecto marginal.” A ello, agregue la preocupación ciudadana, que no observa una posición clara y firme de los diputados, para poner un freno a las prácticas abusivas que hoy reinan en las pensiones del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

martes, 17 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: historial de abusos con los recursos públicos

Realmente ha de causar angustia a los ciudadanos ver la evolución durante los últimos diez años de los privilegios salariales en el Poder Judicial. Siempre he mantenido un enorme respeto por las entidades del estado dedicadas a la administración de la justicia, en donde lo mínimo que he esperado es la prudencia y moderación en el uso de recursos que tanto le cuesta producir a la ciudadanía.  Todo ese gasto gubernamental proviene de impuestos que se les cargan a las personas y es JUSTO que su manejo sea sobrio y frugal, en atención a que mucho le cuesta a un pueblo generar riqueza, parte sustancial de la cual es tomada por el estado para realizar sus funciones esenciales, eso sí, siempre bajo la premisa de que el uso de recursos sea apropiado, sensato y comedido.

Felicito a La Nación por el estudio que presenta en un comentario del 2 de noviembre, titulado “Poder Judicial infló en ₡72.500 millones costo de pluses en última década: Presupuesto de incentivos creció 148%, el mayor registrado en todo el Gobierno Central.” La felicitación va por presentar ante nuestros ojos lo que uno no desearía ver, en especial, en entes respetados, como el judicial: un increíble “olio” de dineros, producto de lo que llaman “pluses”, que no son sino un trato diferenciado del uso de recursos públicos para beneficio de un grupo específico y que, como tales, no son otorgados a toda  la ciudadanía, pero, es sí, son sufragado con dineros de toda la ciudadanía.
Impresiona el historial de la última década. Lo reseño de acuerdo con el año en que se otorgaron, pero sólo de los últimos diez (no tengo conocimiento de otros de épocas previas). Debo indicar que, de acuerdo con dicha información, el número de empleados de dicho Poder asciende a 11.877.

Asimismo, que algunos de estos privilegios van a dar a grupos específicos dentro del propio Poder Judicial; incluso allí no están generalizados y, al no tener información acerca de la cantidad de personas que específicamente es favorecida, no puedo determinar el monto per cápita de cada uno de los siguientes “incentivos” o “aumentos” o “privilegios”, o como se les llamen.

1992: Se da un sobresueldo para los jueces (parece ser un sueldo por encima del sueldo ya establecido, según la reglamentación interna del Poder Judicial). En el presupuesto del año 2016, el monto por esta partida fue de ₡6.424 millones.

1998: Se otorga un pago adicional por “Responsabilidad por Ejercer la Función Judicial” –obviamente todo funcionario de un ente público o privado tiene una responsabilidad por ejercer, en cuya función se le paga un sueldo.  El monto para esta partida, contenido en el presupuesto del 2016, es de ₡15.741 millones. Se otorga a todos los empleados del Poder Judicial en un monto que va entre un 10 y un 30% según sea el sueldo.

2002: Se otorga un sobresueldo a los magistrados del 30% (francamente no sé si fue porque no les tocó con el adicional de 1998 o por otra razón). Lo cierto es que, en el presupuesto del 2016, se come la suma de ₡302 millones.

2002: Se da una bonificación por exclusividad policial (sólo para policías del Poder Judicial, no para los que uno conoce que forman parte del Ministerio de Seguridad). Su impacto presupuestario en el 2016 es de ₡1.384 millones.

2003: Se brinda otro sobresueldo a jueces (obviamente por encima de aquel del 2002).  En este caso, el efecto sobre el presupuesto de gastos es de ₡289 millones.
 
2007: Disponibilidad a chofer del magistrado, partida que asciende tan sólo -en el presupuesto de gastos del 2016- a la suma de ₡13 millones.
 
2008: Un pago adicional llamado Índice de Competitividad Salarial (ICS), que en el 2016 llegó a significar la gran suma de ₡17.298 millones (un nuevo beneficio, incluso aplicado a pensionados de ese Poder), presuntamente para que sus salarios fueran competitivos con los del resto de empleados del gobierno y, como dijo en su momento don Gilberth Armijo, en aquel entonces magistrado, “para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar [sí; esa palabra aparece en el acta de la Corte Plena del 7 de abril del 2008] casi de aquí a tres años”. 
  
O, como lo expuso el entonces presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora: “debemos aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quien sabe lo que ocurrirá en el próximo año.” Muy interesante: es cierto que en aquel entonces había una buena situación en las finanzas del gobierno durante los dos primeros años de la segunda administración de don Oscar Arias, pero, como lo “intuyó” –para envidia de muchos economistas predictores- don Luis Paulino, sabemos lo que “ocurrió”: una profunda recesión a fines del 2008, año en que se aprobó ese aumento en época de bonanza.
 
2008: Como que el llamado ICS aprobado este mismo año no satisfizo las apetencias de muchos. Así se aprobó un plus a puestos gerenciales, que se tradujo en un aumento en el presupuesto de gastos del 2016, por este ítem, de ₡73 millones.
 
2009: Como que el aumento grandote del 2008 -el llamado ICS- prendió la mecha a lo interno del Poder Judicial, pues ciertos grupos empezaron reclamar debido a que, el llamado plus a puestos gerenciales, tenía un “efecto negativo sobre el resto de la planilla”. Ante los reclamos por “equidad intraplanilla”, en el 2009 se aumentaron los salarios a jueces, defensores y profesionales en derecho 3.
 
2010: También ese huracán tuvo su coletazo, pues en tal año se tuvo que aumentar a los profesionales y, finalmente, aquel plus gerencial se trasladó a la base salarial.
 
2014: Se creó un nuevo incentivo llamado “regionalización en el Poder Judicial”, que en el presupuesto de egresos del 2016 llega a la suma de ₡319 millones.
 
Hay notas curiosas que destaca el reporte periodístico y de las que quiero hacerme eco.  Por ejemplo, que en el 2008 “los magistrados de la Sala Cuarte también fueron responsables de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.” Y que en 1991 “un voto de la Sala Constitucional ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial.”
 
Veamos algunos datos que resumen el desborde. Los pluses aprobados desde aquella decisión citada de la Sala Constitucional en el párrafo previo, que, a la fecha, suman siete, ascienden a alrededor de ₡42 mil millones en el presupuesto del 2016, lo cual significa un 35% del gasto del rubro de pluses.
 
Dice el comentario periodístico que “En la actualidad [el Poder Judicial] es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional.”
 
Y adiciona, “en la última década ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% -₡72.500 millones… entre 2006 y 2016.” Sencillamente, esa partida pasó de ₡48.900 millones en el 2006 a ₡121.400 millones en el 2016.  Ninguna otra entidad tuvo “una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.”
 
Vale la pena señalar que esos ₡121.400 millones en incentivos, pluses, subsidios o privilegios -llámelos como quiera- significa un tercio del presupuesto de gastos, que tanto que “en los ministerios a ese rubro se destina el 15% del gasto.”
 
¿Les parece que esto está bien?  ¿Les parece justo?  No digo nada más.

Jorge Corrales Quesada

martes, 10 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ruin para todos; bondadoso para pocos

En estos días ha salido mucha cosa en torno al sistema de pensiones del Poder Judicial, por lo que he escogido referirme, al momento, sólo a lo que publica La Nación del 24 de octubre, bajo el titular “Poder Judicial infló pensiones con mala interpretación legal: SUPEN objeta la combinación de dos leyes para establecer montos de jubilaciones.”

El problema lo detectaron dos entidades diferentes. Una, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su informe SP-629-2016 del 18 de mayo de este año, en que, de acuerdo con La Nación, “el Fondo de Jubilaciones otorgó pensiones con la mezcla de beneficios entre la Ley Marco de Pensiones y la Ley Orgánica del Poder Judicial.” Como resultado, “se otorgaron jubilaciones con montos sobrevaluados que representan casi el 100% del salario del trabajador jubilado”;  esto es, algo así como salir pensionado con el 100% del último salario que se disfrutaba.

La otra entidad fue la Auditoría Judicial, quien remitió al Consejo Superior -encargado de administrar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial- su oficio 539-31-SAFJP-2016, “Evaluación sobre el otorgamiento y ajustes de jubilaciones y pensiones,” en donde señala que el sistema otorgó “montos de pensiones sobrevaluados y beneficios que se dieron de manera anticipada, cuyo efecto económico se replica en el tiempo.” Esa Auditoría advirtió que “641 empleados se jubilaron, entre el 2010 y el 2015, y no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o bien ninguna de las dos condiciones.” Y agrega, luego, que “había un grupo de 938 servidores que podrían jubilarse con base en la interpretación errónea.”
 
¿Cómo fue posible “lograr” que “se diera” tal cosa? Como buen “enredo” legal, veamos su origen. Está en lo que se denomina el “beneficio del 2 X 1”, que es aquella mezcla arriba citada, que permite que, por cada dos años de servicio en el Poder Judicial, un empleado puede descontar un año de edad para pensionarse. Esto hizo (en apariencia así lo aplicó el Consejo Superior del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial), que la edad de jubilación pudiera ser inferior a la norma de 62 años, hasta el límite de 55 años, gracias a ese mecanismo del “beneficio de 2 X 1”.
 
Para la SUPEN, ese “beneficio del 2 X 1” era aplicable sólo para quienes, al menos, hubieran trabajado dos años en el Poder Judicial y tuvieran 55 años de edad, cuando estuvo vigente la Ley Marco de Pensiones de 1992. Para la SUPEN, deberían haber trabajado 30 años o más, para poder pensionarse.
 
Por otra parte, para la Auditoría Judicial, para obtener la pensión bajo el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, se requería una edad mínima de 62 años. Para la Auditoría, deberían haber trabajado 30 años o más para tener derecho a la pensión.
 
¿Qué hizo el Consejo Superior?  Efectivamente exigió que se hubiera trabajado durante 30 años o más, pero, al aplicar el “beneficio del 2 X 1”, hubo gente que pudo pensionarse aun cuando hubiera laborado menos de esos 30 años. Además, la Auditoría Judicial en su informe señaló que detectó casos de jubilados que tenían menos de 55 años de edad.
 
En dos palabras, con esa mezcla de interpretaciones legales, “perdimos” los ciudadanos, pues sabemos que las pensiones del Poder Judicial no son financiadas por los beneficiarios en su totalidad y que, una parte importante de cada una de las pensiones en ese Régimen, es financiada con recursos del presupuesto de la República; esto es, mediante fondos de todos los ciudadanos contribuyentes del país. De esta manera, vemos un sistema -un estado- que es “bondadoso” para unos pocos, pero “ruin” para todos los ciudadanos que pagan impuestos
 
El accionar bondadoso del Consejo Superior, al mezclar esas dos leyes, permitió que unos pocos dentro del Poder Judicial, obtuvieran pensiones superiores. ¿Cómo es que tan duchos abogados o asistentes o aprendices o conocedores, o lo que sea, dentro de toda esta cosa de pensiones del Poder Judicial, no detectaron en el tiempo debido el problema de dicha interpretación? No tengo idea, pues son los mejores conocedores de las leyes. ¡Dios santo, protégenos de tantas “leyes” y de algunos que las aplican!
 
Jorge Corrales Quesada