martes, 21 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: paguen más impuestos o tarifas para seguir gastando la plata

Se estima que el déficit del fiscal para este año que empieza será ligeramente inferior a un 6% por PIB, según el Banco Central. Por lo tanto, uno esperaría que las autoridades gubernamentales moderaran en sus distintos entes estatales el crecimiento de los gastos programados para este año. Ya hemos visto la presión del gobierno para que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos y mayores impuestos, pero uno esperaría algún grado de congruencia con la urgente reducción de gastos, en especial no prioritarios.

Por tan poderosa razón, llama mucho la atención la noticia divulgada en la edición de La Nación del 31 de diciembre del 2016, bajo el titular “Autónomas abrirán llave del gasto en publicidad en 2017: 11 entes que gastaron ₡7.685 millones este año [2016] presupuestan ₡10.128 millones para el entrante [2017]”. Irónicamente, lució como un regalito para los ciudadanos al cierre del año o como una cobranza para no celebrar con tranquilidad el inicio del nuevo.
En sencillo, esos 11 entes -instituciones autónomas que forman parte del estado- gastarán ₡2.443 millones más en este año, en comparación con el previo. Es decir, un “ligero” incremento ¡del 32% tan sólo en el rubro de publicidad!
Veamos algunos datos acerca de esas once entidades y lo que planean gastar en publicidad en el 2017 (y si es posible, compararlo con el 2016):
  • Acueductos y Alcantarillados (AyA): se aumenta de ₡123 millones en el 2016 a ₡409 millones en el 2017; esto es, un incremento del 232%.
  • El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): se eleva de ₡85 millones en el 2016 a ₡207 millones en el 2017; esto es, un aumento del 144%.
  • La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): se incrementa de ₡243 millones en el 2016 a ₡518 millones en el 2017; es decir, un alza del 131%.
  • La Reinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE): se acrecienta de ₡525 millones en el 2016 a ₡681 millones; es decir, un engrosamiento del 30%.
  • El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): no hay datos, pues son “confidenciales” (una especie de secreto de estado, que los ciudadanos -ni siquiera los usuarios que pagamos por sus servicios- podemos conocer).

Lamentablemente, la información periodística mencionada no brinda datos del gasto en publicidad en el 2016 de las restantes 7 entidades autónomas, sino tan sólo lo presupuestado para el 2017, de forma que no es posible ver su tasa de crecimiento.

  • La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): el gasto del 2017 en publicidad ascendería a ₡2.123 millones.
  • El Consejo Nacional de la Producción (CNP): para el 2017 gastaría en publicidad ₡383 millones (¿Sabe usted qué produce esa entidad?)
  • El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): en el 2017 el gasto correspondiente se elevaría a ₡1.339 millones.
  • La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA): el gasto que efectuaría para publicidad en el 2017, sería de ₡32 millones.
  • El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): para el 2017 presupuestó como gasto en publicidad un monto de ₡895 millones.
  • El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): planea gastar en publicidad en el 2017, la suma de ₡318 millones.
  • El Instituto Nacional de Seguros (INS): estima gastar en publicidad en el 2017, la cantidad de ₡3.223 millones.
No hay duda que la cosecha de la “abundancia” se desparrama en el país…
Con los gastos en consultorías sucede algo parecido, según lo reporta La Nación del 30 de diciembre en su comentario titulado “9 instituciones triplicarán su gasto en consultoría en el 2017: Partida crecerá de ₡5.270 millones a ₡18.816 millones.” Esto es, se dará un aumento del 257% en este año, en comparación con el anterior -₡13.546 adicionales.
Veamos algunos ejemplos:
  • El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): pasa de ₡444 millones en el 2016 a ₡7.210 millones; un “ligero” aumento del 1.524%.
  • El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): pasa de ₡274 millones en el 2016 a ₡2.291 millones para el año 2017; un alza del 736%.
  • Acueductos y Alcantarillados (AyA): aumenta de ₡425 millones en el 2016 a ₡1.232 en el 2017; un incremento del 190%.
Todo esto da mucho qué pensar y, por supuesto, los jerarcas de turno darán diversas explicaciones de por qué tales montos y aumentos, tanto en publicidad, como en consultorías -algunas de ellas más o menos entendibles- pero, para un país aquejado por serios problemas de escasez de recursos fiscales, la mesura requerida no aparece en esas parcelas del poder. Son gastos que todos terminamos pagándolos, con impuestos, costos de servicios públicos, etcétera. Son aumentos enormes, en especial para una sociedad que no está boyante en su situación económica.

Jorge Corrales Quesada

martes, 14 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ecámela en el sombrero

No olvidemos aquel lema popular: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero”, que se solía expresar acerca de aquellos políticos de turno, quienes siempre negaban una precandidatura para algo o bien para obtener un privilegio o un puesto público, pero quienes, en el fondo, la ansiaban o la buscaban.
 
Si alguien me diera la oportunidad de asentar un lema, tal como se escribió en el frontón del templo de Delfos, lo haría en la entrada de la Asamblea Legislativa: “No legislarás en tu propio beneficio.” Tal deseo coyuntural lo estimuló la decisión reciente de los diputados de aumentar el número de miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, suavizando los requisitos para un puesto tan delicado, al rechazar una propuesta de la diputada doña Rosibel Ramos, para que los diputados actuales y los del próximo período, no pudieran ser nombrados como miembros de la Junta Directiva, el Directorio de la Asamblea de Trabajadores o en los puestos gerenciales  del Banco.
 
La información aparece en un artículo de La Nación del 31 de enero, que lleva por título “Diputados se abren puerta a cúpula del Banco Popular: Legisladores apuran plan de ley para subir de 7 a 9 el número de directivos.” La razón: esos directivos recibirían hasta ₡2.4 millones al mes y ya sabemos de los jugosos salarios de los gerentes de dicho banco. Por supuesto, nos dirán que su ambición bancaria surge por su disposición a seguir sacrificándose por la patria y por las luchas de los trabajadores, entre otras historias políticas similares que suelen ser lanzadas, como cortinas de humo, para esconder la conducta usual de los políticos de maximizar su poder.
 
Así, el “excelso” diputado Jorge Rodríguez alegó que rechazaron aquella propuesta citada de la diputada Ramos, porque sería “quitarles el derecho. ¿Qué culpa tiene uno de ser diputado? ¿cuál es el pecado? ¿y la experiencia que se ha adquirido? No podemos desechar los conocimientos de una persona…” Increíble verdad, como si no hubiera muchos otros quienes sí están efectivamente capacitados para esos puestos, calificaciones que no las otorga un paso efímero por una vocinglera diputación. Ciertamente, la culpa de que tengamos diputados ejemplares como ese, radica en los ciudadanos que votaron de cierta manera: ahora se merecen lo que tienen.
 
Otra diputada, la señora Suray Carrillo, diputada del Frente Amplio, quien llegó al Congreso de rebote, cuando el diputado al que sustituyó fue coaccionado por sus compañeros de partido al acusársele de agresión sexual, alegó que la propuesta de la señora Ramos “violenta la Carta Magna y que estaría dispuesta a ejercer un cargo en el Banco Popular”, por supuesto, después de dejar de ser diputada, dado que siempre está dispuesta a “sacrificarse por el pueblo”.
 
Asimismo, el cerebro detrás de la reforma legislativa a la Ley del Banco Popular, el diputado Víctor Morales, dijo: “Por mí que ni se preocupen. No tengo interés de formar parte del Popular. Tal y como lo conversé con los proponentes del plan, ninguno quiere beneficiarse con él.” Recuerden: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero.”
 
Recuerde el lector que el Banco Popular obliga a un aporte de todos los trabajadores del país y que son muchos los fondos que administra, por lo cual, es deseable que, para velar por su buen manejo, se lleve a cabo no sólo por gente honesta, sino también calificada, que tenga experiencia real en asuntos de banca.
 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual se encarga de supervisar los órganos del sistema financiero del país, ya había indicado la importancia de que el Banco Popular contara con directivos capacitados para dicha labor, sugerencia y directriz que se esperaría fuera corregida al discutirse el proyecto en  el plenario. Eso sí, no pondría en duda que, aún con esa reforma deseable, contaremos en la Junta Directiva y en los órganos principales de dirección del Banco Popular, gracias a la “sabiduría” y la “experiencia” en temas bancarios que los diputados actuales impartirán en el manejo de los recursos de todos los costarricenses, quienes, por ley, están obligados a cotizar para dicho banco.

Jorge Corrales Quesada

martes, 7 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar en el desperdicio de agua

Una publicación de La Nación del 31 de diciembre, bajo el encabezado “Enorme desperdicio de agua pone a correr al AyA: Mitad de líquido se pierde por fugas, tomas ilegales y medidores alterados,” nos muestra a plenitud el derroche del agua producida por Acueductos y Alcantarillados.

El triste antecedente es ver que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta hace poco de los serios problemas financieros del sistema de pensiones de la Caja (IVM), a pesar de que, desde hace mucho tiempo atrás, se habían realizado estudios serios que confirmaban tan angustiante situación. Pero lamentablemente, en aquellos momentos -hace años- no se tomaron las medidas correctivas del caso y, ahora, es urgente resolver como enfrentar un problema que se ha hecho mucho más grande.
 
Algo igual sucede con el caso del desperdicio del agua potable que sirve AyA, tanto en el Gran Área Metropolitana  (GAM), como fuera de ella. Desde hace ya mucho tiempo era conocido el problema, ante lo cual, ahora, son meritorias dos cosas: que La Nación se refiriera al enorme desperdicio y que las autoridades de AyA, a partir de este año y durante 5 años, impulsarán “un plan para reducir el desperdicio’’.  [Ojala fuera para eliminarlo, pero, si hay razones poderosos, tanto prácticas como económicas, para tan sólo reducirlo, que al menos lo sea significativamente.]
 
AyA produce 230 millones de metros cúbicos de agua para el consumo  de 1.6 millones de personas y, de acuerdo con el periódico, AyA “ha sabido que la mitad… se desaprovecha”. “Tuberías viejas, numerosas fugas subterráneas sin detectar, tomas ilegales, medidores obsoletos o alterados y la lenta atención de averías” son las causas del desperdicio.
 
Todo ello tiene un impacto financiero sobre AyA, aun cuando no se tiene o expone el monto estimado de aquél –inconcebible, ¿verdad?, porque es casi increíble que pueda acudirse a organismos internacionales para pedir fondos prestados para resolver el problema, sin saber la cuantía de los ingresos que, por el desperdicio, actualmente se dejan de percibir y que, se presume, se recuperaría total o parcialmente, como para que el préstamo para la inversión ($162 millones) sea recuperado. En la actualidad, AyA “factura ₡115.000 millones al año por el líquido que sí llega a sus 428.022 conexiones oficiales.”
 
Eso sí, se ha estimado que, con el plan propuesto, se reduzca aquel 50% hoy desperdiciado, hasta un 33%, y que aumenten sus ingresos anuales en más o menos $11.7 millones (unos ₡6.435 millones anuales). Mi regla de tres sencilla me da un número muy diferente, pero, posiblemente, estaré equivocado: si hoy en día AyA factura ₡115.000 millones al año, con una utilización del 50%, como con las mejoras consideradas se espera que la utilización sea del 67% -el 33% en que, de acuerdo con el ICE, se reduciría el porcentaje de agua sin cobrar-, esperaría que mi facturación se elevara en ₡39.100 millones; pues pasaría de ₡115.000 en la actualidad, a ₡154.100 cuando se esté desperdiciando tan sólo un 33% y cobrado el 67% de lo producido. Además, creo que “no me sale el cálculo”, porque, con esa recuperación anual de $11.7 millones de ingresos que indica el medio, para repagar sólo el principal de $162 millones, sin intereses ni comisiones, AyA (los consumidores, de hecho), tomaría casi 14 años, que no sé si calza dentro del plazo estimado de redención de la deuda.
 
Tampoco se señala si en el cálculo anterior de aumento en los ingresos, ante el ahorro en el desperdicio, AyA está considerando una reducción de las tarifas cobradas a los consumidores, tal como podríamos esperar, dada la economía lograda con la inversión.
 
Adicionalmente, la información periodística expresa algo interesante, cual es el señalamiento de don Rolando Araya, director de del Área de Desarrollo Tecnológico de AyA, de que “Hay una cultura de burlar el cobro. Enfrentamos un creciente fenómeno de alteraciones de todo tipo en medidores y tomas en barriadas y precarios, las cuales son incobrables…. Dicha anomalía ocurre en comunidades enteras donde hay grupos organizados que realizan las alteraciones a pedidos de cuarterías, sodas, precarios, hoteles, servicios de lavado de carros y bares.” Y agrega que “el factor humano en zonas materialmente pobres, es muy complejo. Hablo de sitios donde nuestro personal ni siquiera puede ingresar a hacer registros por riesgo a su propia seguridad.” Algo similar a lo que sucede con el ingreso de policías, bomberos y hasta de la Cruz Roja en comunidades en donde no parece existir la vigencia de la ley.
 
No sólo lo expuesto es grave, sino que el incentivo vigente es claro. El agua tiene un costo para producirla; no es un bien gratuito, como normalmente suele serlo el aire. Si no se cobra de todo o casi del todo lo que cuesta el agua, como parece indicarlo el señor Araya, el usuario -si así le podemos llamar- no tiene incentivo alguno para economizar en su utilización, sino que se está estimulando la sobre-utilización y el desperdicio (en cierto momento, leí que en la ciudad de Buenos Aires, cuando el estado suministraba el servicio, el precio cobrado era tan bajo dado el costo, que estimulaba una enorme utilización del agua, incluso en piscinas de ricos). Si se quiere racionalizar la actividad, lo que hay que hacer es cobrar debidamente por el uso del agua, incluyendo la participación de las autoridades debidas, además de que, ojalá, la Sala Constitucional se dé cuenta de que, si algo no se cobra lo que vale, se utiliza más de la cuenta y hasta se desperdicia. Ese desperdicio es pagado por el resto de los consumidores, ciudadanos que pagarían una tarifa más elevada, al no tenerse un control del desperdicio y del abuso.

Jorge Corrales Quesada