martes, 25 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: la casi eterna platina

La Nación titula su artículo del 5 de marzo con “Ampliación de puente de la ‘platina’ entra en su recta final: En ocho días aproximadamente se asfaltarán los tres carriles del sentido Alajuela-San José” y agrega luego que el “MOPT promete entregar los seis carriles del paso el domingo 30 de abril”.  No dudo de que muchos usuarios del puente de la platina, con toda razón, expresan su ilusión de que, finalmente, se habrá solucionado un problema que los ha afectado durante ocho años de continuas reparaciones y malos arreglos promovidos por el estado.

Pero, creo que esa alegría no debería ocultar el hecho de la enorme ineficiencia del estado costarricense para reparar una vía crucial para el tránsito ciudadano.  En concreto, se ha requerido de tres administraciones gubernamentales para reparar lo que el 8 de abril del 2009 se informó como “una hendija... de unos 35 centímetros que preocupa a los ciudadanos” y que “ha provocado enormes presas durante los últimos dos días.” 

En retrospectiva la reparación del puente de la platina ha desnudado la plena incapacidad del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) para resolver ese supuestamente pequeño problema.  Lo aseguró un funcionario del MOPT, su director de conservación vial, Benjamín Sandino: “ayer (8 de abril del 2009) que el trabajo no durará más de tres horas. Estimó que el arreglo ya estaría listo a la 1 a. m. de hoy jueves 9 de abril.”

No tengo a mano el monto total desglosado de los distintos costos financieros incurridos en “reparar” o “rehacer parte” del puente de la platina, aunque la información mencionada en el artículo arriba citado de la Nación señala la “bicoca” de “₡9.400 millones,” pero, el costo exacto desglosado de la aventura de reparar “en tres horas” al puente, me imagino que oportunamente será debidamente publicado.

Sin embargo, si cree que a la ciudadanía le costó tanto solo esos ₡9.400 millones, está equivocado, pues hay otra gran cantidad de costos derivados del daño y de su cachazudo arreglo, que vale la pena destacar: la enorme cantidad de horas que las personas gastaron en presas, además del combustible desperdiciado en odiosas presas, la afectación a muchos negocios no sólo un mayor costo en el suministro de diversos bienes e insumos que requirió de desvíos o con una lentitud onerosa, sino porque su clientela se redujo; agregue la pérdida de numerosas citas de personas, incluyendo algunas delicadamente personales, como citas en hospitales y, también, el hecho de que las personas debieron, en comparación, tomar rutas alternas que eran más costosas en tiempo, combustibles y depreciación de los vehículos. 

En ocasiones, cuando los políticos son desnudados en su incapacidad, acuden a mascaradas o espectáculos populares, no para celebrar su ineptitud, sino para tratar de dar una especie de barniz a su opus magna: ahora al famoso puente se pretende que no se le conozca más como el de la platina, sino con el de un político del siglo pasado, tratando de que la infame gestión estatal no sea recordada al pasar el ciudadano por el “puente de la platina.” 

¿Cuántas horas y discusiones no llevaron a cabo los especialistas en arreglar el problema?  Hasta se acudió al extranjero para que, tal vez, con su capacidad presunta, resolvieran la situación.  Pero, en cierto momento sugirió un ingeniero, cuyo nombre me excuso de darlo pues no lo recuerdo, quien por sí sólo, sin Colegio Profesional tras de él, dijo en su oportunidad lo que, al final de cuentas, se terminó haciendo: reformar radicalmente al viejo puente, ampliándolo a más carriles y con el refuerzo del caso. Me acuerdo haber visto al caballero ingeniero -una persona ya mayor- caminar con unos periodistas de la televisión y explicarles lo que finamente se hizo. 

Si de poner nombres a la obra pública se trata, tal vez valga reconocer el de ese ciudadano, que, mea culpa, hoy no me acuerdo de su nombre, en homenaje a su perspicacia superior a la de burócratas en el sector público o de interesados en construir obra, aunque fuera la innecesaria o incorrecta. La verdad es que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda: puente de la platina por siempre... Es el mejor monumento a la histórica ineficiencia estatal... que a la fecha en que esto se escribe –fines de abril del 2017- continúa sin ser arreglado, ocho años después de que funcionarios del estado de aquel entonces (un mismo estado) dijeron que el problema estaría arreglado en tres horas.  Jajajaja, por no llorar lo que nos ha costado a todos los ciudadanos del país.

Jorge Corrales Quesada

martes, 18 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: abusos en la Convención Colectiva del CNP


Cada rato sale a la luz pública un nuevo listado de abusos contenidos en convenciones laborales del sector público.  Hace poco el medio electrónico Crhoy.com del 5 de abril de este año, publicó un artículo titulado “CNP festina recursos públicos con privilegios a empleados: Convención colectiva incluye normas abusivas,” en donde desnuda algunas de las cláusulas contenidas en la convención colectiva de ese imperecedero ente público, pesar de que hace muy poca cosa.

Pero veamos algunas de ellas, que me parece apropiado resumirlas en tres temas:

(1) PRIVILEGIOS PARA EL SINDICATO DEL CNP

El CNP otorgará el salario a tiempo completo del Secretario General y el del Adjunto para que se dediquen exclusivamente a labores sindicales. También, brinda de manera discrecional a miembros de la Junta Directiva del Sindicato, de seccional o delegados para actividades sindicales, hasta el equivalente de un total de 15 meses al año. Además, permite la asistencia a cursos y congresos sindicales por un monto total equivalente a 45 meses al año. Igualmente, paga el salario y las cargas sociales para una secretaria del sindicato. El sindicato puede usar las impresoras y fotocopiadores del CNP y éste se encarga de distribuir la correspondencia de aquel. Se otorga el servicio de transporte en un vehículo liviano y una oficina con mobiliario y equipo para la sede del sindicato y dependencias que tienen seccionales.

(2) PRIVILEGIOS A EMPLEADOS


Se da permiso a los empleados hasta por 5 días hábiles para su matrimonio, fallecimiento de uno de los padres, cónyuge, compañera e hijos y 2 días hábiles por la muerte de padres políticos, hermanos o abuelos, así como 5 días hábiles por el matrimonio o nacimiento de un hijo. Similarmente, se otorga permiso al comprobarse enfermedad de un padre, cónyuge, compañero o hijo. Se otorga permiso con salario hasta por 3 meses y por una sola vez “cuando así lo soliciten los trabajadores en virtud de causa o causas que a él le interesen, siempre que sea factible su rápida sustitución. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por tres períodos iguales a juicio de la administración.” Casi que para cualquier cosa que al empleado le interese y que al superior le parezca se debe aprobar... Increíble.  También, se otorga un pago del 3% mínimo y automático por antigüedad. Se da asesoría jurídica excepcional de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CNP, para empleados que lo pida “por razones especiales”.  Todo se convierte en especial y en “la excepción”... El CNP financiará una fiesta para hijos de trabajadores organizada por el CNP en conjunto con el sindicato. 

(3) VIVIENDA PARA SUS TRABAJADORES

En cuanto a vivienda para los trabajadores del CNP, destinará y traspasará terrenos urbanizables propios a un Fondo de Vivienda, en acuerdo con el sindicato. Saldos por la venta de otros terrenos urbanizables, se prestarán a los trabajadores por 30 años al 7% de intereses y con un máximo de 25 millones, para vivienda. Asimismo, podría dar planos, obras de infraestructura y otras ayudas para vivienda, al costo y a plazos e intereses razonables.

Lo interesante de todo esto es que los costos de todos estos privilegios y “apoyos” son pagados por los ciudadanos; todo incorporado, sin duda, dentro de los presupuestos públicos del CNP. Y ello para una entidad que sirve como ejemplo de que, en el estado, una vez que se crea una entidad, aún cuando deje de hacer aquello para lo que se le creó, jamás deja de existir: son eternas y obviamente usando recursos de los ciudadanos, que podrían ser empleados en mejores cosas,

Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de abril de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: incentivos versus salarios en el Sector Público

Un informe reciente de la Contraloría General de la República, Presupuestos Públicos 2017: Situación y Perspectivas”, contiene información muy interesante en relación con la estructura del gasto en el sector público, en lo referente a las remuneraciones básicas -salarios base más cargas sociales- y los denominados incentivos salariales, que son beneficios adicionales al salario. Estos últimos proliferaron en monto y número a partir de los años 1970 y 1980, constituyendo una larga lista de lo que podría considerarse como “pagos para motivar a los trabajadores”. Según información suplida por el ministerio de planificación, en el 2014 había 47 entidades gubernamentales, cubiertas por el sistema del Servicio Civil, que tenían más de 68 diferentes pluses, aplicados en función de la base salarial. Entre ello, se pueden citar, como ejemplos, las anualidades, pagos por dedicación exclusiva, calificaciones por desempeño, carrera profesional, igualación salarial entre diferentes instituciones, y un largo etcétera.

Resulta de dicho informe de la Contraloría que, para el 2017, por colón pagado como remuneración básica -salario y cargas sociales-, el sector gubernamental estima gastar un colón y diez centavos en incentivos salariales. Esto es, los beneficios superan lo que se podría denominar como salario base más cargas sociales.
El sector público incluye al gobierno central más las instituciones descentralizadas no empresariales -Caja, universidades públicas e IMAS- más las empresas públicas no financieras -RECOPE, ICE, Fuerza y Luz- más las instituciones públicas financieras -Banco Central, bancos comerciales estatales y Banco Popular- y órganos desconcentrados ─como FODESAF, CONAVI y otros.  Se estima que gastará en el 2017 ₡23.857.722 millones, según su presupuesto, de lo cual el 37% corresponde al gobierno central; así, el presupuesto ordinario del gobierno central aprobado que se espera ejecutar en el 2017, asciende a ₡8.939.241 millones.

Las remuneraciones estimadas de sector público aprobadas para el 2017, se elevan a ₡5.881.392 millones. A la vez, dado que el total de recursos públicos aprobados para dicho gasto ascienden a ₡23.857.722 millones, significa que de él las remuneraciones serán un 24.7%. Las remuneraciones significan un aumento de “un 1.2% más que el presupuesto inicial del 2016 y un 4.1% más que el monto aprobado al final del ejercicio”, y, “se observa un gasto que si bien ha perdido dinamismo respecto a años anteriores, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público,” a menudo citados por políticos como “gastos inflexibles”.

Asimismo, como se indicó, para el 2017 -con base en el presupuesto inicial aprobado para este año- en el sector público la proporción de los incentivos es un 10% superior a las remuneraciones básicas, esto es, 1.1 a 1. (₡2.398.4 millones de pagos por incentivos salariales versus ₡2.181.6 millones de pago de remuneraciones básicas). Esta proporción es aún mayor (de 1.37 a 1) en las instituciones descentralizadas no empresariales, comparado con sector público total, según lo menciona la Contraloría. Pero, tal informe no desglosa el dato de incentivos salariales aprobados para el 2017 para el gobierno central, por lo que no puede citarse cuál es su proporción relativa. No obstante, ese informe señala que “Por grupo institucional, se tiene que los montos más grandes [de remuneraciones como porcentaje del presupuesto inicial aprobado] se destinan en el Gobierno Central y en las IDNE [Instituciones Descentralizadas no Empresariales, como la Caja, las Universidades públicas y el IMAS]”.  

Además, cita la Contraloría, la relación entre incentivos y remuneraciones básicas en RECOPE, la Defensoría de los Habitantes, el ICT, el INS, el Consejo Técnico de Aviación Civil y en el Poder Judicial, sobrepasan a aquel promedio de 1.1 a 1. 

La Contraloría enfatiza la necesidad de evolucionar desde un sistema salarial que ha priorizado a los llamados incentivos, provocando una proliferación y una muy diversa gama de incentivos distintos entre diferentes entes estatales, hacia uno en donde se eliminen e incorporen, si fuere el caso, en un sistema de pago a los trabajadores basado en el llamado salario único.  Cito su razonamiento: “Si bien es cierto no existe un esquema remunerativo que sea aplicable de forma uniforme a todo el sector público... ciertamente la simplicidad y homogeneidad en lo que corresponde se consideran como atributos deseables para promover la transparencia y equidad, al tiempo que favorecen una administración eficiente de los recursos.

Y continúa, “Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país.” 

Ojalá que este llamado a la lógica y la racionalidad que nos hace la Contraloría tenga eco en el país, principalmente en el área política, pues es indispensable proceder a esos ajustes de políticas y así evitar un descalabro como el sucedido recientemente en Grecia.

Jorge Corrales Quesada