martes, 27 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: del uso de recursos en las Universidades Estatales

Hace poco vio la luz un nuevo estudio de la Academia de Centro América. En esta ocasión se titula ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, que posteriormente lo reseñó La Nación del 25 de mayo, bajo el encabezado “Fondos de ‘U’ públicas crecen más que su matrícula y diplomas.” El estudio citado es importante, pues el estado -esto es, todos los ciudadanos contribuyentes; ustedes y yo- aportamos fondos para la educación universitaria estatal.

Antes de citar cifras para lograr una idea acerca de algunos resultados en los entes públicos de educación superior, debe mencionarse que hay series de datos en el informe con bastantes limitaciones, en cuanto a que los investigadores encontraron problemas porque la información “no fue suministrada por las fuentes oficiales, por ser inexistente, por problemas en la cobertura, la periodicidad, falta de desagregación de variables y por la ausencia de la estandarización en las metodología de cálculo de algunas variables relevantes.” Y, agregan los autores del informe de la Academia, que “En algunos casos se hizo la solicitud oficial para conseguir la información, pero no se obtuvo respuesta.” Me abstengo de calificar este rechazo impropio, pero, a pesar de los serios problemas de datos que hallaron los investigadores, se pueden hacer inferencias importantes, lamentando que una disponibilidad de mejores datos podría haber enriquecido la valoración -tema del interés de las propias autoridades universitarias- pero, ante todo, porque la cantidad de recursos que los costarricenses les entregamos para el desempeño de esa actividad, es un monto muy elevado. Sólo en el 2016, los recursos trasladados fueron de poco más del 1.4% del PIB; esto es, del valor de la producción total de bienes y servicios finales producidos en la economía en ese año. Y, si se toma como porcentaje del gasto en educación pública, en el 2016 fue de aproximadamente un 17%.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que es como se le llama a esa trasferencia citada en el párrafo previo, pasó de ₡46.426 millones en el 2001 a ₡440.773 millones en el 2016. Esto es, en quince años el aporte de la sociedad costarricense aumentó en, aproximadamente, un 850%; es decir, un promedio anual de más o menos el 56%. Nótese que, a partir de ahora, no se comparan series completas, digamos del año 2001 hasta el 2016, por la inopia antes señalada.

A su vez, la matrícula en esos entes estatales pasó, en el lapso del 2010 al 2016, de 92.127 estudiantes a 108.888.  Es decir, aumentó aproximadamente 18.2%; o sea, alrededor de un 1.2% anual. 

Los fondos del FEES pasaron de ₡226.211 millones en el 2010 hasta los ya sabidos ₡440.773 del 2016: un aumento del 81% en esos seis años. En ese lapso, la matrícula pasó de 92.127 a 108.888: un 18%. Al comparar ambas tasas de crecimiento, vemos que el aumento de la matrícula fue más de cuatro veces menor que el crecimiento de los recursos que la sociedad entregó a las universidades públicas mediante el FEES.

Para tener una idea de resultados en la “producción” de las universidades públicas, medidos por el número de diplomas otorgados, en tanto que en el 2000 se entregaron 9.590 diplomas, en el 2015 fue de 15.471 diplomas.  Es decir, durante esos 15 años hubo un aumento en los diplomas otorgados del 61%: un incremento anual promedio del 4%. En dicho lapso, el aumento del FEES fue de un 784%; o sea, un promedio anual de aumento de aproximadamente del 52%.  El aumento de ingresos por el FEES fue 13 veces superior al aumento de diplomas otorgados.

A su vez, la cobertura neta de matrícula en las universidades estatales; esto es, el número de matrículas en dichas universidades, como porcentaje de la población en edad de cursar estudios universitarios (18 a 22 años), aumentó aproximadamente desde un 17% a un 22% entre el 2000 y el 2016. Esto es bueno, pero, como dice el informe citado, tal aumento debe “evaluarse frente a otras consideraciones. Por una parte, incrementa los costos. Por otra parte, puede no significar mucho si no se contrasta con indicadores de calidad y eficiencia, como las tasas de deserción, repetición y duración. Desafortunadamente, no se cuenta con esta información...” 

También, el estudio se refiere a un tema objeto de discusión en el país, como es la distribución de los estudiantes según sea su procedencia por estratos de ingresos. Con base en estudios de la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, “el 30.6 por ciento de los estudiantes en las universidades estatales pertenecen a hogares del quintil de mayores ingresos (quintil 5), porcentaje que se eleva a 57.8% cuando se agrega el segundo quintil más alto (quintil 4). En contraste, los estudiantes que pertenecen a los hogares del quintil más pobre (quintil 1) representan apenas un 7.2 por ciento del total que asiste a las universidades estatales, cifra que sube a 22.6 por ciento cuando se considera en conjunto con el segundo quintil más pobre (quintil 2).”

Los autores señalan que “el promedio anual del período 2012-2016, la población ubicada en el estrato de ingresos más alto tuvo una probabilidad bruta de asistir a una universidad estatal que resultó 4 veces mayor a la de la población del quintil más pobre, considerando solo la variable ingreso del hogar, similar a la que se registró en el 2012. Lo anterior significa que en el último quinquenio la equidad en el ingreso no mejoró, aun cuando las universidades recibieron recursos cada vez mayores.”

Este estudio de la Academia es muy valioso, ciertamente limitado por la falta de información apropiada. Optimista que soy, esperaría que las autoridades universitarias, particularmente, logren tener una mejor información y que la hagan plenamente disponible a los interesados, para poder evaluar más apropiadamente la enorme suma de recursos que los ciudadanos aportan para la educación superior pública y a quiénes es que benefician en lo particular.


Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: otro increíble retraso

Claro que son obras no comparables en su monto y magnitud, pero sí en cuanto a su duración. Piense cuánto tiempo ha tomado la ampliación de la Avenida Segunda, la cual no se vislumbra que suceda en nuestras vidas. La reparación del puente de la platina tomó -y al escribir esto a fines de mayo del 2107, todavía no está totalmente concluida- desde abril del 2009 hasta ahora -casi 9 años- pero, otro caso notable es la carretera nueva a San Carlos, cuya construcción se inició en octubre del 2005 y, casi doce años después, su conclusión aún está en veremos.

Eso pasa cuando no se estima de forma adecuada la obra, tomando en cuenta las demandas futuras de su uso. Cuando se empezó lo que comunicaría a San Ramón con Florencia de San Carlos, se pensó en dos carriles y el apoyo financiero aprobado de los chinitos de Taiwán fue esencial. Pero, el presidente de ese entonces, Oscar Arias, rompió relaciones con Taiwán y los chinitos se fueron para su casa. No, no fue porque decidiera cambiar la carretera por un estadio, pero, en cuanto a obras, se obtuvo una nueva y rápidamente lograda, hecha por los nuevos chinitos, y la anterior se fue quedando para las calendas griegas.

Ciertamente la nueva carretera varió de dos a cuatro carriles y eso significó cambios en las especificaciones y costos de la obra. Lo cierto es que, aparte del cambio de los taiwaneses, se han tenido que practicar 8 ampliaciones al contrato original y el ministro del ramo anuncia una novena –no; no es una oración a algún santo para que interceda ante la divinidad para que al fin la termine-  sino una novena ampliación del contrato. 

La información la suministra un artículo de La Nación del 21 de abril, titulado “Tramo de vía a San Carlos costará $23 millones más: Segmento central de 29.7 km ya va por $258 millones en 12 años.”

La información periodística señala que “hasta junio del 2016, el valor de la vía ascendía a $235.2 millones, desglosados en $164 millones del contrato original más $71.2 millones por el pago de reajustes debido a los atrasos.” En adición, hay que agregar $23 millones adicionales, llevando el total a $258.2 millones y a esto “deben sumarse los ₡2.131 millones que cobra” el ICE, por supervisar a la actual empresa constructora de la obra Sánchez Carvajal. Y falta, en palabras del entonces ministro Villalta de Transportes, “una adenda nueva que va a enfocarse en las soluciones geotécnicas que están en este momento en etapa de diseño.” ¡Nueve! y rece para que ya no haya más adendas, que no son sino obras previamente no consideradas, que requieren de su financiamiento.

Por supuesto que el costo de esa obra será pagado por todos los costarricenses, ya sea que usted la use o no, pues nunca se consideró que el costo fuera pagado por medio de peajes, por parte de quienes efectivamente la utilizaran., como me parece que sería lo más lógico. Tal vez no se les cobre peaje como compensación a los vecinos de ese proyecto, por la paciencia que han tenido para poder ver la obra concluida, y concebida hace 48 años: duraría menos que la terminación de la Avenida Segunda, pero más que la platina... si es que de récords se trata.

Jorge Corrales Quesada


martes, 13 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de junio de 2017

La libertad está de luto

En este día, nos unimos al dolor que embarga a los liberales costarricenses tras la partida de Cecilia Valverde Barrenechea, ex Presidente de ANFE, ganadora del Premio de la Libertad y luchadora incansable por la defensa y expansión de las ideas liberales en nuestro país. 

El legado de doña Cecilia permanecerá en nuestros corazones y su lucha no acabará: cada día somo más individuos quienes nos uninos y comprometemos en la promoción de los valores e ideas de la libertad. 

Paz a sus restos y fortaleza a sus familiares.


martes, 6 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ¿será que en el Estado, el fin justifica los medios indebidos?

El fin no justifica medios indebidos, incluso en asuntos contractuales del estado.  No puede servir como justificación que se requería mucho tiempo lograr la aprobación, por otro ente estatal, la SETENA, de los planos finales corregidos, para haber sacado a licitación una obra pública, a sabiendas de que la vía que se pretendía contratar no se conectaba correctamente, como debería ser, con el muelle. Lo que se ha llamado pifia, en realidad se trata de un engaño, pues, conociendo que el contrato sacado a licitación estaba originalmente errado, finalmente se adjudicó la contratación.
 
Trataré de exponer el caso de manera sencilla, con base en un artículo de La Nación del 17 de abril, titulado “MOPT premeditó con datos falsos ‘pifia’ de 80 m(etros) en vía a megapuerto: Abrió concurso para construir acceso a sabiendas de que no conectaba con muelle.”
 
El MOPT, al sacar a licitación pública la construcción de una vía que conectaría la ruta 32 con el nuevo muelle de la empresa APM Terminals que se construye en Moín, lo hizo teniendo conocimiento de que los planos estaban mal, pues no cumplían con el empate correcto entre la vía y el muelle. De ello, el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) tuvo pleno conocimiento previo del error; así, se puede considerar que el “error” fue calculado, premeditado.
 
La licitación en mención fue así aprobada -incluso en su momento por la Contraloría General de la República- y adjudicada a la firma Consorcio del Atlántico, por un monto aproximado de $72 millones.
 
A la Contraloría se le presentaron los planos pifiados y, en apariencia, el CONAVI, dependencia directa del MOPT, nunca le informó de tal situación inapropiada. De tal forma que la conexión licitada era inexistente, irreal, equivocada en unos 80 metros del lugar en donde se debía conectar correctamente. Parte de las razones aducidas por las autoridades actuales del MOPT para actuar así, fue que, en el 2013, -administración Chinchilla- cuando se tramitó ante SETENA la aprobación del impacto ambiental de la obra, no se tenía definido aún el lugar de acceso al puerto por parte de los dueños del puerto concesionado, APM Terminals. [De paso: ¿por qué siempre se busca responsabilizar al gobierno anterior de hacer algo mal, si la entidad estatal existe independientemente del gobierno del momento y es, por tanto, la responsable del desaguisado?]. SETENA aprobó la conexión en el centro de la propiedad de las tierras dadas en concesión, en criterio del CONAVI, siendo que la entrada al puerto se ubicó a un costado de esa propiedad: de ahí los 80 metros falsos.
 
APM Terminals inscribió sus planos en el Catastro Nacional en diciembre del 2013 y SETENA le aprobó a CONAVI en febrero del 2014 “un permiso ambiental que no incluía la totalidad de los terrenos”, faltando más de dos años para que saliera a licitación el contrato de referencia. O sea, fue sólo dos meses el tiempo que pasó entre el trámite del CONAVI ante SETENA, que lo inició en octubre del 2013, y la inscripción en el Catastro con los planos definitivos del proyecto.  Pero, al proyecto le faltaban más de dos años para que fuera sacado a concurso.
 
No obstante, en abril del 2015, antes de que la obra saliera a concurso, CONAVI advirtió del error en el acceso y recomendó que se “analizar(a) detenidamente la situación”. Incluso, una vez que ya había sido adjudicada la obra, la Contraloría General de la República “advirtió sobre las coordenadas erróneas incluidas en el cartel y de las dificultades para que la obra concluyera a tiempo.”
 
Pero, esos no fueron los únicos que advirtieron del error. Uno de los oferentes en el concurso licitatorio alertó del problema y “ofreció una alternativa que sí conectaba con la mega-terminal a un costo menor, a $60 millones.” En contraste, con la pifia incluida, se otorgó la concesión a otra empresa, a un costo de cerca de $72 millones. La primera empresa -la que sí incorporó la corrección- y que incluso era más barata, la descartó CONAVI al proponer una vía no solicitada (la corrección al error) en el cartel.
 
Luego, para hacer la corrección, a los ganadores del concurso se les amplió el contrato por $14 millones, llevando el costo final de la obra a $86 millones.
 
El argumento esencial esgrimido por el MOPT para haber actuado de tal manera se reduce a dos puntos básicos: (1) que si le hubiera pedido a SETENA una aprobación con el enlace correcto, hubiera tomado más de un año, aunque, en verdad, la primera aprobación que hizo SETENA tomó sólo 4 meses y (2) que si se atrasaba en aquel momento el inicio de la obra, y no estaba lista para enero del 2018 -supuestamente al sufrir un año de atraso, que es lo que tomaría la aprobación de SETENA- el país incurriría en una multa contractualmente aprobada entre el estado y APM Terminals, por la cual el país perdería “un descuento de $20 en la tarifa de $246 que se fijó por cada contenedor que APM Terminals movilice.”
 
Según esto último, el atraso salía más caro por tales multas, que era mejor si la obra se iniciaba a sabiendas de la pifia y luego se arreglaba sobre la marcha, pero que se terminaba a tiempo. [De paso, errores en la construcción de pilotes por parte de APM Terminals impedirán que operen antes del 18 de enero del 2018].  Ahora el Ministerio Público ha abierto un expediente para ver cómo fue ese proceso de contratación y me imagino que la Contraloría también hará el suyo. Entre tanto, veremos desde la llanura el grado de ineficiencia a que puede llegar nuestro pifiador estado.

Jorge Corrales Quesada