martes, 27 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: del uso de recursos en las Universidades Estatales

Hace poco vio la luz un nuevo estudio de la Academia de Centro América. En esta ocasión se titula ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, que posteriormente lo reseñó La Nación del 25 de mayo, bajo el encabezado “Fondos de ‘U’ públicas crecen más que su matrícula y diplomas.” El estudio citado es importante, pues el estado -esto es, todos los ciudadanos contribuyentes; ustedes y yo- aportamos fondos para la educación universitaria estatal.

Antes de citar cifras para lograr una idea acerca de algunos resultados en los entes públicos de educación superior, debe mencionarse que hay series de datos en el informe con bastantes limitaciones, en cuanto a que los investigadores encontraron problemas porque la información “no fue suministrada por las fuentes oficiales, por ser inexistente, por problemas en la cobertura, la periodicidad, falta de desagregación de variables y por la ausencia de la estandarización en las metodología de cálculo de algunas variables relevantes.” Y, agregan los autores del informe de la Academia, que “En algunos casos se hizo la solicitud oficial para conseguir la información, pero no se obtuvo respuesta.” Me abstengo de calificar este rechazo impropio, pero, a pesar de los serios problemas de datos que hallaron los investigadores, se pueden hacer inferencias importantes, lamentando que una disponibilidad de mejores datos podría haber enriquecido la valoración -tema del interés de las propias autoridades universitarias- pero, ante todo, porque la cantidad de recursos que los costarricenses les entregamos para el desempeño de esa actividad, es un monto muy elevado. Sólo en el 2016, los recursos trasladados fueron de poco más del 1.4% del PIB; esto es, del valor de la producción total de bienes y servicios finales producidos en la economía en ese año. Y, si se toma como porcentaje del gasto en educación pública, en el 2016 fue de aproximadamente un 17%.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que es como se le llama a esa trasferencia citada en el párrafo previo, pasó de ₡46.426 millones en el 2001 a ₡440.773 millones en el 2016. Esto es, en quince años el aporte de la sociedad costarricense aumentó en, aproximadamente, un 850%; es decir, un promedio anual de más o menos el 56%. Nótese que, a partir de ahora, no se comparan series completas, digamos del año 2001 hasta el 2016, por la inopia antes señalada.

A su vez, la matrícula en esos entes estatales pasó, en el lapso del 2010 al 2016, de 92.127 estudiantes a 108.888.  Es decir, aumentó aproximadamente 18.2%; o sea, alrededor de un 1.2% anual. 

Los fondos del FEES pasaron de ₡226.211 millones en el 2010 hasta los ya sabidos ₡440.773 del 2016: un aumento del 81% en esos seis años. En ese lapso, la matrícula pasó de 92.127 a 108.888: un 18%. Al comparar ambas tasas de crecimiento, vemos que el aumento de la matrícula fue más de cuatro veces menor que el crecimiento de los recursos que la sociedad entregó a las universidades públicas mediante el FEES.

Para tener una idea de resultados en la “producción” de las universidades públicas, medidos por el número de diplomas otorgados, en tanto que en el 2000 se entregaron 9.590 diplomas, en el 2015 fue de 15.471 diplomas.  Es decir, durante esos 15 años hubo un aumento en los diplomas otorgados del 61%: un incremento anual promedio del 4%. En dicho lapso, el aumento del FEES fue de un 784%; o sea, un promedio anual de aumento de aproximadamente del 52%.  El aumento de ingresos por el FEES fue 13 veces superior al aumento de diplomas otorgados.

A su vez, la cobertura neta de matrícula en las universidades estatales; esto es, el número de matrículas en dichas universidades, como porcentaje de la población en edad de cursar estudios universitarios (18 a 22 años), aumentó aproximadamente desde un 17% a un 22% entre el 2000 y el 2016. Esto es bueno, pero, como dice el informe citado, tal aumento debe “evaluarse frente a otras consideraciones. Por una parte, incrementa los costos. Por otra parte, puede no significar mucho si no se contrasta con indicadores de calidad y eficiencia, como las tasas de deserción, repetición y duración. Desafortunadamente, no se cuenta con esta información...” 

También, el estudio se refiere a un tema objeto de discusión en el país, como es la distribución de los estudiantes según sea su procedencia por estratos de ingresos. Con base en estudios de la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, “el 30.6 por ciento de los estudiantes en las universidades estatales pertenecen a hogares del quintil de mayores ingresos (quintil 5), porcentaje que se eleva a 57.8% cuando se agrega el segundo quintil más alto (quintil 4). En contraste, los estudiantes que pertenecen a los hogares del quintil más pobre (quintil 1) representan apenas un 7.2 por ciento del total que asiste a las universidades estatales, cifra que sube a 22.6 por ciento cuando se considera en conjunto con el segundo quintil más pobre (quintil 2).”

Los autores señalan que “el promedio anual del período 2012-2016, la población ubicada en el estrato de ingresos más alto tuvo una probabilidad bruta de asistir a una universidad estatal que resultó 4 veces mayor a la de la población del quintil más pobre, considerando solo la variable ingreso del hogar, similar a la que se registró en el 2012. Lo anterior significa que en el último quinquenio la equidad en el ingreso no mejoró, aun cuando las universidades recibieron recursos cada vez mayores.”

Este estudio de la Academia es muy valioso, ciertamente limitado por la falta de información apropiada. Optimista que soy, esperaría que las autoridades universitarias, particularmente, logren tener una mejor información y que la hagan plenamente disponible a los interesados, para poder evaluar más apropiadamente la enorme suma de recursos que los ciudadanos aportan para la educación superior pública y a quiénes es que benefician en lo particular.


Jorge Corrales Quesada

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