martes, 25 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: jineteando su pensión

La expresión “jinetear el dinero” es sencilla de entender.  Pongamos un ejemplo. A usted alguien le tiene que devolver una plata en un momento dado.  Sin embargo, no lo reconoce o la entrega o le permite que usted disponga de ella, sino hasta tiempo después.  Ese lapso que medió entre la fecha en que debería de habérsele dado la plata y en la que efectivamente se le entregó, es un dinero del acreedor que lo puede jinetear el deudor.  Esto es, el deudor puede colocarlo en un ente financiero y ganar “algo” por ese lapso, o bien puede utilizarlo como si hubiera hecho un pago obligatorio a un ente, pero no lo hace con el dinero propio, sino con el suyo, ahorrándose así los intereses que tendría que haber pagado, para tener la plata que debería cubrir en aquel momento.  Por eso, se habla también de jugar con la plata ajena: “jinetear el dinero.” 

Recientemente se analiza un caso interesante en un artículo de Patricia Leitón en La Nación del 19 de junio, titulado “Desvío temporal de los aportes reduce pensión complementaria: Parte de las cuotas hacen paradas en el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral.” Podrá considerarse que se trata de “pichuleos”, pero, en realidad, parece ser mucha la plata que se jinetea en este caso. Vale la pena conocer el dato exacto de cuánta plata ganan el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la CCSS, al recibir de paso esos fondos, en el lapso que va del aporte efectivo del patrono o el empleado y el momento en que ese monto suyo (más algunos intereses, como luego se verá) se deposita en la cuenta del fondo de pensión del trabajador (ROP).

Veamos la ruta del jineteo de los fondos de pensiones complementarias.  Según la ley, los patronos y trabajadores aportan un 4.25% del salario para el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El ROP es el depósito final que va teniendo cada ahorrante, para su pensión complementaria en algún momento futuro. 

De ese 4.25%, directamente entra un 1.50% al fondo del trabajador en el ROP. En éste, el trabajador empieza a ganar interés por tales depósitos que se acumularán para la pensión complementaria (aportes más intereses). Pero, de aquel 4.25%, hay un 0.25% que va a dar a la cuenta del trabajador en el Banco Popular. Allí se queda, sin que el trabajador obtenga rendimiento alguno durante un lapso de entre 18 y 30 meses, antes de trasladarse al ROP (y que el trabajador así gane intereses). 

Del 2.5% que nos sobra (4.25-1.50-0.25), un 1.00% queda depositado en una cuenta en el Banco Popular, a nombre del empleado. Estos recursos se acumulan mensualmente en la cuenta del trabajador y, en marzo de cada año, se traslada al ROP la mitad de esos fondos acumulados el año anterior y sólo se reconoce como rendimiento la tasa de inflación (normalmente los intereses en el mercado de fondos prestables suelen ser superiores a la tasa de inflación).  El restante 1.5% se deposita en el FCL y el empleado puede retirarlo del ROP cada cinco años o bien al terminarse la relación laboral. 

En resumen, sólo el 1.5% del aporte patronal y laboral (un 4.25% del salario) va directamente al ROP (y generarle rendimientos), en tanto que al Banco Popular le ingresa un 1.25%, que luego lo traslada al ROP, y un 1.50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la Caja de Seguro Social, que también concluye después de cierto lapso en el ROP. O sea, hay una clara intermediación y jineteo de parte del Banco Popular y del FCL, pues los fondos no van de inmediato al ROP, en donde ganan a plenitud los rendimientos esperados de mercado (inflación más algo).

No hay razón alguna para que, con la tecnología de información moderna disponible en los mercados, haya tal intermediación y jineteo de fondos por parte de entes que así ganan y se dejan intereses de depósitos que son realmente propiedad de los trabajadores (quedan depositados en el Banco Popular y el FCL). 

Según el informe del medio citado, la Superintendencia de Pensiones “estimó que si los dineros llegaran directamente a la cuenta de los afiliados, sin pasar por el Banco Popular, la pensión complementaria que obtendría el jubilado sería de un 2.8% mayor. Y si la mitad de los recursos del FCL también se depositara en forma directa, con sus rendimientos, la jubilación subiría en un 3.8% adicional.” En sencillo, el voraz estado le está quitando hasta parte de las pensiones complementarias a los trabajadores.


Jorge Corrales Quesada








martes, 18 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: total imprevisión

Francamente cuesta entender a veces cómo es que se toman decisiones que claramente muestran inconsistencias, las que, más tarde o más temprano, conducen a fuertes y posiblemente mayores erogaciones, al tratar de resolverse un problema que debió de haberse resuelto antes, pues era ya conocido.

Un buen ejemplo de ello lo expone La Nación en su edición del 8 de mayo, en un artículo titulado “Error convertirá en embudos los puentes de vía a San Carlos: Carretera de cuatro carriles tendrá siete plataformas con sólo dos vías.”

Resulta que, en los aproximadamente 30 kilómetros entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia en San Carlos –parte en construcción de la eternamente diferida carretera San Ramón-San Carlos- hay 8 puentes, de los cuales, 7 presentan el siguiente problema: que cada uno de ellos tiene 2 carriles, mientras que la carretera tiene 4. (Otro puente tiene 3 carriles en una carretera con 4 y sólo uno tiene los 4 carriles).

El problema es sencillo: estamos en presencia de embudos en cada puente: los vehículos pasarán de andar en cuatro vías, a sólo dos o tres carriles, lo cual provoca lo que se conoce en la jerga como embudos, al tener el paso por el puente un carril o dos menos, lo que obliga a que los vehículos tengan menos espacio por el cual circular. Un simple cuello de botella: presas seguras... sin contar con posiblemente más accidentes, gasto de combustible y pérdida de tiempo por las presas que vendrán.

El LANAMME de la Universidad de Costa Rica había advertido al MOPT del problema con los puentes de ese tramo, pues, en palabras del ingeniero Luis Guillermo Loría, “...se va a generar conflictos de flujo vehicular, porque al triangularse la carretera, debe haber una reducción de la velocidad y eso va a provocar presas” y agrega “Dios quiera que no, pero eso probablemente va a generar accidentes de tránsito graves.” 

La razón del MOPT para no hacer debidamente las cosas es que, aparentemente, no hay dinero, pero su falta posiblemente se resuelva solicitando un préstamo adicional.  Claro, el problema sería menor si se cobrara el peaje debido por la nueva carretera a quienes la usen y no con fondos provenientes de impuestos a todos los costarricenses, lo cual sin duda que facilitaría la obtención del préstamo adicional. 

Pero hechos como lo antes descritos hacen perfectamente entendible que la Contraloría General de la República haya rechazado la pretensión del CONAVI para ampliar el presupuesto autorizado en la suma de $24.6 millones, además de elevar el plazo de la obra en 320 días, con la empresa Sánchez Carvajal. Las razones de la Contraloría son evidentes, claras, razonables y esperadas, tal como lo informa La Nación en su artículo del 13 de julio, titulado “Contraloría rechaza cambios en contrato de vía a San Carlos: Ente señala falta de estudios, diseños y definición de costo.” Noten que, con este aumento, el costo esperado del proyecto pasaría de un monto inicial de $164 millones (me imagino que del 2005), contrato que se ha variado por las más diversas razones, y que, de haberse aprobado el monto anterior, llevaría, doce años después, el costo total a $213 millones.

Según un comunicado de prensa de la Contraloría, denegó la autorización porque “el monto adicional no garantiza que la obra se finalizará, no hay claridad sobre cuando se terminará la vía ni tampoco existen estimaciones del costo final del proyecto.” En resumen, una chambonada más del estado ineficiente, que lamentablemente terminaremos pagando todos los costarricenses y sin que afloren los responsables del relajo de nuestra burocracia gubernamental.





Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el mísero estatismo

Cuando en un mercado una empresa fracasa en servir a sus consumidores, cierra sus actividades y así los recursos aún rescatables, pueden ser usados en producir otra cosa. El cierre es la mejor indicación de que los recursos productivos usados en ella no eran lo que los consumidores deseaban: no se cumplía con el objetivo esencial de una economía de satisfacer los deseos y necesidades humanas. Lo bueno del sistema de mercado es que dispone de un mecanismo que impide la ineficiencia, al producirse algo que los consumidores no quieren: las pérdidas son señal de que la sociedad no valora que esos recursos se destinen a producir algo que no se desea.

Ha de ser evidente para el amigo lector, que no hay tal cosa como una forma eficiente de asignar los recursos escasos en una economía estatizada. Suele haber empresas públicas que tienen pérdidas y nunca cierran, impidiendo que los recursos allí utilizados se usen en alguna otra opción rentable.  En las sociedades estatistas es extraño que una empresa estatal cierre ante una actividad permanentemente de pérdidas. Parece que, una vez creada, la empresa estatal tiene un destino eterno; una vida interminable; una existencia imperecedera; que usual es la permanencia aunque sea innecesaria; el cierre es impensable, no importando que siga usando recursos en actividades que los consumidores no desean.

Desde hace muchos, pero muchos años -tal vez en la mitad de la década de los ochentas, cuando el proteccionismo estatistas llegó a su límite- el Consejo Nacional de Producción, creado tal vez unos cuarenta años antes, cesó en su razón de ser. Para ponerlo en sencillo, era el encargado de una serie de políticas de precios de ciertos bienes que el estado consideraba importantes -aunque no necesariamente los consumidores- para, por una parte, mediante la fijación de precios máximos, favorecer a consumidores “pobres” y, por la otra, para favorecer a productores (pobres o ricos) mediante un precio mínimo de garantía, al cual el estado compraba la producción.

El resultado lógico económico fue el esperado: una producción excesiva por el precio de sustentación más elevado que el precio de equilibrio del mercado y una venta a consumidores supuestamente mayor que aquella al menor precio de equilibrio del mercado.  Pero, todo esto ocasionaba enormes pérdidas al Consejo Nacional de Producción, que en última instancia serían cubiertas por tributos de los ciudadanos. Incluso, cuando se trató de vender aquellos excedentes en mercados internacionales, el precio al que allí se podía vender era muy inferior a lo que costaba en el país: en síntesis: las exportaciones generaron enromes pérdidas al país. 

Lo previo es un resumen, para entender qué fue lo que los brillantes políticos hicieron a través del tiempo, para conservar con vida al monstruo económico que habían creado. En su momento, los precios se liberaron, no escaseó a producción, aunque si escasearon los chorizos al obligadamente el estado tener que pagar más caro por lo que se producía domésticamente. Se eliminaron las pérdidas por los subsidios señalados

Pero, en vez de cerrar a un CNP sin objetivos (a la vez deshaciéndose de un cuasi monopolio que tenía como era la Fábrica Nacional de Licores), se le tenía que buscar un brete: que hiciera lo que fuera, con tal de mantener con vida a la burocrática entidad. Así, se obligó a distintos entes del estado -algunos dedicados a la atención de enfermos en hospitales, otros a presos en las cárceles quienes requieren de alimentación y muchos para dar alimento a estudiantes de bajos recursos- a adquirir únicamente por medio del CNP lo que requerían para esos fines -siempre con el viejo pretexto de ayudar a los agricultores “pobres”; la “justicia social- por supuesto que teniéndose que pagar más por esos productos, con atrasos en las entregas, la intermediación burocrática del estado, la mala calidad de los productos y hasta un cobro ineficiente. 

El colmo del cinismo público: obligar a entes estatales a pagar más para dar alimentación a quienes obligadamente deben dársela, todo con el fin exclusivo de mantener con vida un ente que ya no tenía razón alguna para existir.

Esto no es algo reciente: conocí del caso desde fines de la década de los noventas, cuando el CNP pretendía obligar al Hospital Nacional de Niños para que le comprara alimentos más caros para los niños, únicamente -con el nuevo monopolista intermediario- a través del CNP. En su momento no se dejó que el monopolio del CNP tuviera éxito, pero ahora me doy cuenta por la prensa, que la decisión libre, correcta, sana, económica, competitiva que en aquel entonces en algún momento pudo ejercer el Hospital de Niños -gracias a una decisión de la Contraloría- para seguir comprando los alimentos más baratos entre diferentes cotizaciones de oferentes, no continúa. Por el contrario, señala la información periodística que, en 4 años, la Contraloría “ha recibido 65 solicitudes” para que se permita a centros educativos, contratar a otro proveedor distinto del CNP, “y la mayoría han sido denegadas en virtud del mandato establecido por una reforma del 2008 en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo.”

Eso a todas luces da vergüenza, es doloroso y hasta corrupto, pues se ha impuesto un monopolio en la adquisición de alimentos a un grupo socialmente muy necesario, probablemente con el interés único de que siga existiendo lo que debe de desaparecer, que ahora se mantiene gracias a costos mayores pagados por todos los ciudadanos. En el 2017 tan sólo las ventas del CNP al Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron de ₡13.000 millones y “en los últimos tres años el MEP ha recibido 172 denuncias de centros educativos sobre la calidad, atrasos, precios y servicios en general del CNP”. La comisión del CNP oscila entre un 5% y un 7% de cada producto que venda.

La información correspondiente aparece en La Nación del 6 de junio bajo el titular “Ley exige a escuelas comprar alimentos más caros al CNP: Normativa del 2008 afecta a 1.200 centros educativos”, así como en la valiosa respuesta que da el señor José Manuel Jiménez en La Nación del 26 de junio, titulada “Escuelas sí pagan más caro al CNP.” Espero que los ciudadanos no sólo defiendan a estos consumidores cautivos -escuelas, cárceles, hospitales- para que no se vean obligados a pagar más caro y con menor calidad. Ese monopolio no es más que una vil treta para mantener vigente una entidad estatal que debería estar en el basurero de la historia. 

La vulgaridad con esta política la resume en el hecho de que, de acuerdo con don Rubén Salas, director del CTP de Orotina, “El precio se encarece por tres o cuatro manos antes de llegar al plato de los niños; los productos son más caros que comprarlos en el mercado, ya que el CNP, desde el 2014, es el intermediario entre nosotros y los proveedores. Para completar el menú, algunas veces se les pide colaboración a los alumnos, ellos aportan entre ₡200 y ₡500.” Leer esto da vergüenza y causa dolor por el cinismo que hay detrás de ciertas políticas públicas.

Jorge Corrales Quesada