La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el falso y el verdadero problema

He observado cómo dirigentes políticos de diversos partidos, algunos economistas y personas en general, hacen diferentes propuestas para resolver el serio problema del déficit gubernamental, pero considero que hay un error conceptual al puntualizar al déficit como el problema, lo cual intentaré explicar de seguido.
En una ocasión Milton Friedman dijo lo siguiente en una conferencia en www.freetochoose.tv, titulada “Is Tax Reform Possible?”: 

“El verdadero problema es lo que el gobierno gasta, no lo que toma en forma de impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.

Yo prefería más tener un presupuestó gubernamental de $200 mil millones con un déficit de $100 mil millones, que un presupuesto de gastos de $400 mil millones y sin déficit.  Ello porque el presupuesto de gastos del gobierno de $400 mil millones simplemente es el doble de lo que se quita de la disposición del ciudadano y que se gasta en su nombre por el gobierno.  Ese es el verdadero problema.”

Sus palabras son tan claras y directas que no requieren de mayor explicación; no obstante, vale la pena hurgar un poco más en el señalamiento, pues dicha situación es igualmente la que observo en la actualidad en nuestro país.

Tal vez lo que justifica aquella impresión es que uno, en su casa, si se da cuenta de que se gasta más de lo que se recibe; o sea, que hay un déficit, hará todo lo posible para, por una parte, reducir los gastos y, por la otra, ver como aumentan los ingresos al hogar. Es muy diferente en lo que tiene que ver con el estado, pues la forma en que, por una parte, obtiene sus ingresos, es quitándoselos, por medio de impuestos, a los ciudadanos y, por la otra, porque cuando el estado gasta -demanda- logra para sí bienes y servicios que ya no estarán disponibles para la ciudadanía. En ambos casos se afecta a las personas, a usted y a mí, a las familias.

Si aumentan los impuestos, se afectan las posibilidades de crecimiento de las empresas y las personas, quienes ahora tendrán menos recursos para satisfacer sus necesidades, incluso su ahorro, lo que reduce la inversión. Al bajar la inversión, la economía crece menos y, entre otras cosas, las empresas disminuyen su demanda de mano de obra, fomentando que el desempleo aumente (así como estimulando que las empresas se vayan a la economía subterránea, a la que acuden, entre otras razones, porque no pagan los altos impuestos que sí deben cubrir en la economía formal).

También es posible que esos impuestos se trasladen de alguna manera a los consumidores, a través de precios más elevados o con un deterioro de la calidad de los productos. Además, al disminuir la actividad económica, se reduce la base sobre la cual se cobran los impuestos, con lo que lo que recauda el fisco se ve, comparativamente, disminuido.

En resumen, son efectos claramente indeseables si se quiere que una economía crezca (pienso en alrededor de un 6% anual, en vez de un raquítico 3.5% o 3.8%) y que permite que se dé una generación de riqueza de la ciudadanía, incluyendo a los grupos menos favorecidos. 

El verdadero problema no lo constituyen, como bien apunta Friedman, esas recaudaciones de impuestos, sino lo que gasta. Dice Friedman:

“Si el gobierno gasta $60 mil millones más que lo que toma en forma de impuestos... ¿quienes creen ustedes que son los que pagan por los $60 mil millones extras?... ¡Usted pagará la cuenta! Debido a que eso tiene que ser pagado, pero, en vez de serlo directamente en forma de impuestos a los ingresos o a las ventas o a las planillas, será pagado indirectamente en la forma de una inflación...”

O acudiendo a endeudarse, agrego yo, para financiar muy posiblemente una serie de gastos inútiles, cuando se tiene un gobierno sin limitaciones para efectuarlo, deuda que podrá seguir colocándola hasta el momento en que los inversionistas dejen de confiar en que la economía crecerá lo suficiente, como para que pueda repagar obligaciones e intereses. El problema es que ese gasto gubernamental, al usar los recursos privados que extrae mediante impuestos, no se dirige ya a actividades productivas generadores de riqueza, con lo cual el progreso es menor y, por tanto, la recaudación impositiva se reduce.

Al tenerse presente que los políticos piensan pagar los préstamos que ha adquirido el estado para financiar su gasto por medio de impuestos, volvemos al hecho de que esos impuestos retiran recursos privados, que se podían haber dedicado a actividades productivas. Así, lo irrelevante no es cómo se financia el déficit, sino que el problema es el gasto gubernamental, cuyos efectos negativos se sentirán más tarde o más temprano, al afectarse el crecimiento de la economía que trae la inversión y la iniciativa privada disminuida.  

El error al enfatizar que el problema es el déficit y no el elevado gasto del gobierno, conduce a propuestas de aumentar los impuestos o aumentar el endeudamiento o, si bien a menudo no se expresa con toda la claridad, a que una parte del estado, como lo es el Banco Central, emita dinero, provocando la inflación. Esa inflación también se usa como medio para disminuir el monto nominal adeudado en la moneda que se devalúa.  Con cualquiera de esas propuestas para reducir el déficit, y dejando de lado el tema del gasto gubernamental, surgen efectos nocivos sobre los fondos que se dedicarían a la inversión en la economía, afectando el crecimiento futuro y con ello disminuyendo las posibilidades de progreso y crecimiento. Por ello, el problema no es el déficit como tal, sino el gasto del gobierno, que sustrae recursos de la economía que no se podrán dedicar a actividades productivas.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias no anticipadas o imprevistas

Con frecuencia economistas y especialistas en otras ciencias sociales (modernamente, por primera vez el concepto lo desarrolló un famoso sociólogo estadounidense, Robert K. Merton, en un artículo en 1936) nos referimos a la ley de las consecuencias no previstas o no anticipadas o no intencionadas, al hecho de que las acciones de las personas, así como frecuentemente del gobierno, tienen resultados que no se esperaba que sucedieran. Esta creencia -la de que sus acciones no tienen resultados inesperados o imprevistos- es frecuente hallarla no sólo entre políticos, sino en las personas en general; en especial en cuanto a legislación o regulación de los mercados.

Para tener una idea de esta ley de las consecuencias no previstas, uso un ejemplo frecuentemente observado en la historia económica: el control de los precios. Hacia el año 2.800 antes de Cristo, el faraón Henku del Egipto intentó controlar la producción de precios de los granos y, cuarenta siglos después, en Venezuela, el gobierno actual pretende regular y controlar los más diversos precios.

Todos estos intentos poseen como meta algo supuestamente “deseable,” como es ayudar a los consumidores de menos recursos, pero tienen en común que los resultados derivados  suelen ser muy diferentes a los pretendidos al imponer esa política.  Pero, dan lugar a la escasez, a mercados negros, al descenso en los abastecimientos, a una baja en la producción y a un declive de la economía, en función de la intensidad y extensión aplicada de esas medidas pretendidamente buenas.

Debemos ser francos. No son sólo los políticos, sino muchas personas que piden, aplauden y estimulan este tipo de medidas, creyendo que el resultado logra beneficiar a los consumidores, especialmente de menos recursos, así como ciertos casos de productores usualmente denominados “pequeños.” Los propósitos puede ser buenos, pero los resultados son evidentemente malos, no deseados, no buscados, a menudo impulsados por especialistas que no señalan más allá de lo que se ve y no toman en cuenta lo que no se ve, como diría el economista francés Bastiat.
 

Con esto mente, me refiero a una medida hace poco tomada en el país, cual es la llamada “reforma procesal laboral.” Un excelente comentario de un destacado abogado laboral, don Marco Durante, publicado en La Nación del 25 de julio (se obtiene en http://www.nacion.com/opinion/foros/nueva-legislacion-partir-hoy_0_1648035191.html,) expone un resultado no anticipado, de dicha legislación, al escribir que, al exigirlo esa ley, el sector patronal debe “diagnosticar todas sus prácticas laborales, revisar (formas de contratación de personal, salarios y beneficios, jornadas, reportes a la seguridad social entre otros) y tratar de formalizar y documentar los contratos vigentes.” Agrega que “La falta de reglas claras tales como contratos escritos, políticas y procesos internos, procedimientos disciplinarios, boletas de salarios, pagos de vacaciones, aguinaldo y otros derechos laborales podrán convertirse en un verdadero dolor de cabeza.” Y concluye una parte de su comentario con algo crucial: “...vale la reflexión de que en nuestro país el 87% de la mano de obra nacional es contratada por la empresa privada y que del parque empresarial costarricense aproximadamente un 90% son pymes (micros, pequeñas y medianas empresas).”
 

No dudo que todas estas regulaciones se traducirán en un aumento sustancial en los costos de diversas empresas -costos que tendrán mayor peso relativo entre más pequeña sea la firma- lo que significa que, por una parte, se encarezcan los costos asociados con la contratación de mano de obra, lo que incide en una disminución de su demanda y, por otra, la sustitución de ésta por otro factor de producción, como la maquinaria y equipo que ahorran mano de obra. Es conocido el agobiante desempleo abierto en nuestra economía, que en los últimos tiempos ha oscilado en, más o menos, un 9% de la mano de la mano de obra.
 

Además de un efecto imprevisto e indeseable sobre la demanda de mano de obra por la regulación impuesta por la ley de “reforma procesal laboral”, debe notarse otro impacto derivado del comentario antes mencionado del licenciado Durante, en lo referente a las llamadas pymes -micro, pequeñas y medianas empresas- y particularmente en las empresas existentes en nuestra economía subterránea.
 

Hay estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), de que el desempleo informal en el lapso 2010-2015 tuvo su nivel más alto en el primer trimestre del 2015, al llegar a un 45.3 por ciento de los trabajadores. Si bien dicho porcentaje ha disminuido en algún grado al llegar un año después a un 41.4%, no deja de ser alto.
 

La razón bien conocida del empleo informal es el alto costo de la economía formal, al considerarse elementos como altos impuestos, llevar libros contables, tener salarios mínimos y beneficios o cargas sociales posiblemente altos, pagos de permisos para instalaciones y para empezar a operar, costos de patentes y factores similares, a lo cual ahora se adiciona todo lo que bien indica el licenciado Durante en su comentario, que significan costos mucho mayores para las empresas de la economía subterránea, solo para llevar a cabo sus gestiones diarias.
 

Antes de que alguien salte diciendo que lo que hay que hacer es cerrar esas empresas “explotadoras” en la economía subterránea, tal vez pueda conmover su impertinencia el hecho de que así cuatro de cada diez trabajadores, tiene algún grado de ingresos para sus personas y sus familias, pues la alternativa sería la plena y abierta desocupación.
 

La consecuencia no prevista de esa decisión de los políticos es que disminuirá (o no crecerá tanto) la demanda de trabajo; en consecuencia, aumentará el desempleo abierto, en especial de trabajadores marginalmente productivos, poco calificados, como los recién ingresados al mercado de trabajo. Al encarecerse más la operación de las empresas que operan en la formalidad, impulsará la cantidad de firmas que operan en la informalidad. ¿Se dará el Armagedón que anticipa este comentarista? Siempre habrá posibilidades de empleo en la economía subterránea, pero no en las mismas condiciones que las del mercado formal; esto es, habrá empleo pero con salarios más bajos. Para muchos trabajadores, esa será su única opción.
 

Lo que puede considerarse como un objetivo deseable -una mejora de los trabajadores en su relación laboral- ante esa ley surgirán consecuencias no previstas por políticos que la aprobaron, también sorprendiendo negativamente a personas no familiarizadas con estos resultados no esperados, pero que sin duda terminarán observándolos. 

Jorge Corrales

Tema polémico: los mitos acerca del liberalismo

Para esta ocasión, queremos invitarlos a la presentación de la Segunda Edición del Libro "Mitología acerca del liberalismo", escrito por nuestro apreciado amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada. 

De verdad esperamos que asistan. La lucha por las ideas de la libertad comienza por derribar los mitos que nuestros enemigos crean y esparcen. De ahí la importancia de leer este maravilloso libro, como una lección para refutar las mentiras que el totalitarismo y el estatismo inventan y que se han convertido en cadenas culturales y educativas que pesan sobre la ciudadanía.

La actividad se realizará este jueves 10 de agosto a las 6:00 pm en el Hotel Radisson (cruce de La República). Será gratuita y, al final, habrá un coctel cortesía de ANFE y la Fundación Academia Stvdivm. Para reservar su espacio, deben comunicarse con Olga Sánchez al teléfono 8996-65-69 o al correo electrónico guita61@hotmail.com.

La columna de Carlos Federico Smith: la tragicomedia de la carretera a San Ramón

No hay duda que llamar “tragicomedia” a lo sucedido con la nueva carretera a San Ramón es más que apropiado: tiene rasgos trágicos y cómicos simultáneamente. Pero determinarlos exactamente se los dejo al amigo lector.

Para que pueda hacerlo, para mi comentario me baso en un artículo publicado en La Nación del 21 de junio, titulado “Ministro prevé que peaje a San Ramón será mayor a ₡4.000: Costo superará el planteado por constructora brasileña OAS en 2013”. 

No tengo ni idea de en qué momento se empezó a hablar de “rehacer” la actual carretera entre San José y San Ramón, que, me imagino, se tradujo en una propuesta concreta que incluía alguna estimación del peaje de ida y vuelta. Al otorgarse la concesión de la construcción y operación de la nueva vía a la empresa brasileña OAS, esta consideró que el peaje sería de casi ₡4.000 (exactamente, de ₡3.930).  Entre paréntesis y hablando de partes trágicas, esta empresa está en serios problemas en Brasil por haber practicado una serie de sobornos, entre los cuales se ha citado como beneficiado al expresidente Lula, quien, en su momento, vino al país para promover las actividades de esa firma. 

Ese costo tan elevado lo objetaron grupos “cívicos” de San Ramón y otros lugares (¿se acuerdan del llamado Foro de Occidente?), que señalaron que el peaje sería de más o menos ₡2.800, en contraste de los casi ₡4.000 que había dicho OAS.  Tal vez haya algo de comedia en esto: no sólo se “exhibía” un cobro de un peaje diferente al pretendido por OAS, sino que la presión “popular” terminó con la ruptura del contrato de construcción (y su posterior operación), estimado en $524 millones, entre el gobierno y la empresa OAS.  Dicha ruptura se tradujo luego en que el gobierno -todos los costarricenses- tuvimos que pagarle una indemnización a OAS por $35 millones. 

Sigue la comedia: la solución entonces se encontró en construir la carretera ya in OAS y con un cambio importante, como fue ampliar en un carril la vía actual en el trayecto Aeropuerto-San Ramón. Pero el tiempo siguió pasando y nada –la tragedia... 

Ahora bien, noten los cambios del peaje estimado a lo largo del tiempo. En el 2013, OAS dije que sería de ₡3.930, con el diseño inicial. Luego, según informa el medio, los grupos organizados opuestos a la concesión dijeron, en marzo del 2014, que, el peaje estimado era de ₡1.200 (me imagino que sólo de ida o vuelta, pues la información del dato no es clara), lo que condujo a la rescisión del contrato con OAS. En mayo del 2104, una “nueva estimación de los lugareños” del costo del peaje fue de ₡3.500 y la “última tarifa calculada por los vecinos en 2017” fue de ₡2.800.” Si entiende estos vaivenes en las estimaciones del peaje, admiro su capacidad imaginativa.
 

En todo caso, como la mejora de la carretera estaba varada, los ínclitos diputados, dado el clamor popular, crearon la figura de un fideicomiso (en sencillo, un fideicomiso es que el estado ponga la plata a cargo de alguien, para que en un cierto tiempo haga la obra). En febrero del 2016, el Estado, por medio del CONAVI, le encargó la administración del fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR), pero, al momento, todo sigue paralizado (la triste comedia), porque el Banco exige la adecuación del contrato para entregar la obra llave en mano y eso no se ha decidido aún (extrañamente se pide una “adecuación” a lo ya decido). 
 

¿Ahora por dónde anda el costo del peaje? Según La Nación, “la tarifa exacta de los peajes y el valor total de la carretera se conocerán hasta que el BCR defina los diseños, costos y realice la estructuración financiera del proyecto.” Según el optimista nuevo ministro de transportes, saberlo tomará más de un año o más. Lo sorprendente -las tragicomedias suelen tener sorpresas- es que, según los proponentes de la ley (me imagino que se refieren a los creadores del fideicomiso) “el costo de ampliar la ruta sería de $440 millones”.  Si entiendo bien, no es que la obra pasó de los $524 millones estimados en el contrato con OAS a sólo $440 (sorprendente sería la comedia), sino que, ahora, a aquellos $524 millones hay que sumarle $440 millones (la también sorprendente tragedia). Esto último se debió no sólo al paso del tiempo (¿cuál fue la inflación del lapso 2013-2017?), sino por la ampliación propuesta.
 

Ahora se considera que el peaje será, en doble vía, de ₡4.000. Pero, ¡sigue la comedia!, el periódico informa que, según los vecinos, el cálculo de la tarifa en el 2017 sería de ¡₡2.800! Bueno, la tragicomedia se ha tornado en comedia negra o en obra de misterio en cuanto a estos vaivenes en los cálculos de los peajes. Ojalá que la explicación no radique en que, como dijo el ministro entrante, la solución al problema está en “fijar un peaje sombra -¿serán los ₡2.800? (menor al importe real)- con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado.” Esto es, disimular el costo verdadero, pues el aporte del estado sería de todos los ciudadanos por medio de impuestos, para abaratar el peaje que disfrutarían los usuarios: para que paguen sólo ₡2.800 en vez de ₡4.000, el peaje presuntamente verdadero. Al señalar el ministro que es para que sea “socialmente aceptado” no es más que un eufemismo para decir que algunos (la ciudadanía contribuyente) pagaremos por el verdadero costo, para subsidiar a los usuarios. Simple redistribución de unos hacia otros. Mejor que el que lo use, que pague el costo verdadero... si es que esas cifras son ciertas (la tragicomedia).

Aquí no termina el sainete: resulta que, supongo que para hacerla “socialmente aceptable,” los diputados que crearon el fideicomiso decidieron que éste no pagara impuestos.  Mientras que OAS -se acuerdan, la de costo del peaje estimado en ₡4.000- sí tenía que pagar impuestos por un total de “$1300 millones a lo largo de la concesión de 30 años”, pues “OAS debía retribuir un 1.25% correspondiente a un canon de concesión y un 2.5% para financiar la fiscalización y operación de la obra,” según lo informa un artículo de La Nación titulado “Peaje a San Ramón será más caro pese a exoneración fiscal: Fidecomiso de obra no pagará impuestos ni cánones.” Aún con este regalo de Santa Claus al fideicomiso, el costo sale parecido al que OAS había estimado en el 2012 y que provocó la ruptura del contrato en la administración Chinchilla.
 

La puntilla a la obra la pone el economista especializado en temas de infraestructura, Federico Villalobos, quien señaló que “además de esos recursos que se dejarían de percibir por el pago de impuesto sobre la renta, hay que considerar que ahora será el Estado [todos nosotros] el que asumirá los riesgos y aporte de recursos que hubiese realizado el concesionario en el modelo de concesión.”  

La tragicomedia se ha convertido en sainete: grotesco, ridículo y a veces tragicómico. Ante el espectáculo, el Foro de Occidente guarda un silencio sepulcral, para ver si se olvida su osadía.

Jorge Corrales Quesada