La columna de Carlos Federico Smith: defínanse ante las pensiones de lujo

Han existido acciones que reivindican la acción legislativa del actual congreso. Ciertamente, ha habido ejemplos de ello, pero, al mismo tiempo, hay otros en contra. Dentro de los primeros, está la reciente decisión convertida en ley de poner freno a los abusos contra los ciudadanos por las huelgas de sindicatos gubernamentales. Peo, en lo segundo, creo que ya es mucho el diletantismo alrededor de la reforma indispensable a las pensiones de lujo.

Es cierto que toda legislación ha de someterse al razonamiento sano, con la expectativa de que los resultados de esas acciones se dirijan, en esencia, a que el estado proteja las libertades de los ciudadanos, así como también para que se reviertan acciones tomadas en el pasado y cuyos resultados no han sido los esperados, sino es que porque las cosas han salido mal. Si bien la meditación debe existir, creo que la reforma ante la injusticia evidente y pesada de las pensiones de lujo, no se debe retrasar más.
 

Debe corregirse un mal que agobia las consciencias de muchos ciudadanos y, en lo particular, de contribuyentes, cuyos ingresos, arduamente ganados, son tomados por el estado para, entre otros fines, la espuria protección indebida de unos a costas de otros. Es con los aportes obligados de los ciudadanos por medio de impuestos, que se están pagando enormes pensiones en el sector público, a individuos que no han contribuido para que sea por sus ahorros que las reciben en tales números. Montos que van desde pensiones juveniles, a pensiones exorbitantes, hasta pensiones múltiples, todas ellas, de alguna forma, cargadas a los ciudadanos comunes y corrientes. Una injusticia tal, producto de gremios de poder y gobiernos complacientes, es una loza, no sólo sobre los bolsillos ciudadanos, sino sobre las consciencias de las personas libres.
 

Recientemente, La Nación del 22 de enero publicó el comentario titulado “Nueva reforma ahorraría ¢115.000 millones en jubilaciones de lujo.” El proyecto de ley entraba al plenario y, como era de esperarse, sería, si bien aún parcial, un paso en la dirección correcta en todo el proceso de extirpar el incordio. En esencia, el proyecto considera: 

(1) El cierre de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto detendría, de inmediato, que nuevos gorrones de esas pensiones de privilegio engrosen la lista del privilegio. Sistemas de pensiones como los de Hacienda, General de Pensiones y de Obras Públicas, administrados hoy por la Dirección General de Pensiones (DNP), se trasladarían al régimen del IVM de la Caja. Cualquier trabajador que entró a laborar antes de 1992 en ciertas dependencias gubernamentales, hoy conserva el “derecho” a su pensión de privilegio. Se estima que “este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años,” que es cuando se jubilaría el último trabajador que goce de tal privilegio.
 

(2) Bajar el tope actual de las pensiones de lujo, que pasaría del monto actual de ¢2.7 millones al mes, para aquellas pensiones otorgadas después de 1998, a ¢2.2 millones, lo que equivale a 8 veces, en vez de 10, como es hoy, “el salario más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil.” En 9 años el fisco (nosotros) se ahorraría ¢1.161 millones.
 

(3) Hoy poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por la DNP y el Magisterio, disfrutan “de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.” De aquellos, 777 personas están en el régimen Transitorio del Magisterio Nacional, y la propuesta daría un ahorro de ¢20.250 millones en esos nueve años, en tanto que 7.930 personas aparecen pensionadas de lujo en los llamados regímenes especiales del gobierno, generándose un ahorro en nueve años de ¢23.805 millones. El ahorro total por esta medidas en nueve años sería de ¢44.005 millones. 
 

Para explicar la idea, debe destacarse que, según la ley 2249, para los jubilados del Magisterio hay una cotización obligatoria que va de un 8.75% a un 16% progresivamente, hasta por un monto de ¢3.9 millones, pero en el Magisterio hay pensiones que llegan a ¢12 millones mensuales, que están exentas por encima de aquella cifra, viéndose así favorecidas relativamente. Ahora se lograría que a esos beneficiarios de pensiones altas paguen la cotización obligatoria sobre toda la pensión.
 

Por su lado, en la DNP, la cotización obligatoria va de un 9% a un 16% en función del tamaño de la pensión, pero la exoneración actual llega hasta un salario mensual de ¢575.400, que equivale a “menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.” Se eliminaría dicha exoneración y pagarían un 9%.
 

Estas evaluaciones sobre el impacto fiscal de la propuesta de reforma a las pensiones de lujo se hicieron para los próximos 9 años, que es cuando se jubilaría el último funcionario activo con acceso a esos regímenes de pensiones, y lo realizó el Departamento de Asesoría Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del ministerio de Trabajo, a pedido de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales.
 

Noten que no hay información del impacto de estas propuestas de reforma sobre las pensiones de lujo del Poder Judicial, pues no dependen de la DNP, aun cuando serían cubiertas por el proyecto de ley en trámite.
 

Peeeero… ya empezó la erosión al proyecto de ley en la propia Comisión de Asuntos Sociales, pues, 5 de 7 diputados presentes, excepto las diputadas Yorleny León de Liberación y Patricia Villalobos de Integración Nacional, se opusieron a elevar desde el 65% a la contribución obligatoria máxima aprobada en “la más reciente reforma a las pensiones de lujo” en noviembre del año pasado, hasta un 75%, para evitar la distorsión arriba citada, de una exención que favorece a las pensiones más altas.
 

No está claro el futuro del proyecto, por ello es indispensable que exista la atención ciudadana para hacer una realidad el fin del abuso con las llamadas pensiones de lujo. Ojalá la situación se resuelva correcta y justamente muy pronto, pues, cada día que pasa, más difícil se va haciendo establecer justicia en el seno legislativo… recuerden: ya empiezan a jugar las próximas elecciones. ¿Qué tal si la ciudadanía no votara por los partidos que votan en el seno legislativo por conservar esos odiosos privilegios para unos pocos, sufragados por los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: da vergüenza

Uno de los sistemas de pensiones de lujo es el llamado de exdiputados (por supuesto, no de todos los que han sido diputados, pues, por ejemplo, los hay quienes reciben sus pensiones del IVM de la Caja), pues no han cotizado lo suficiente para recibir los montos que bajo aquel esquema se les pagan y que se cargan al presupuesto nacional; esto es, provienen de aportes tributarios que los ciudadanos hacemos para el gasto del gobierno. 

Resulta que esos exdiputados, herederos y otros, han planteado diversos recursos ante la Sala Constitucional, básicamente para que se les restablezca un privilegio por el que cada año dichas pensiones aumentaban en un 30%. Dicho plus se creó durante la administración Monge Álvarez, en noviembre de 1985, con una reforma a la Ley de Pensiones de Hacienda, pero, en 1992, ante una evidente injusticia de ese aumento anual automático descomunal y desproporcionado, mediante la Ley de creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, se quitó esa prebenda y se determinó que ellas aumentaran conformes con la inflación anual. 

Pero, con el cuento de que ese era un derecho adquirido en 1993, la Sala IV lo restituyó (derecho no; privilegio sí. No es un derecho pues no todos los tenemos, y sí un privilegio, pues beneficia a unos pocos a cargo de todos los ciudadanos contribuyentes). Con posterioridad, a esas pensiones se les puso un tope igual al salario de los diputados, que hoy asciende a ¢4 millones, y rige sólo para algunos exdiputados. No obstante, en el 2016 se eliminó el privilegio del aumento del 30% anual y en este momento se plantea la legalidad de esa decisión ante la Sala IV. A la fecha, hay 31 acciones de ex diputados vivos y 3 fallecidos, para que se restaure ese privilegio.

No me interesan los nombres de las 51 personas que presentaron sus casos ante la Sala IV, que van desde exdiputados (34), herederos (3) y otras personas (14), mencionadas en el artículo de La Nación del 3 de diciembre, titulado “Exdiputados reclaman alza del 30% anual en pensiones.” Pero, hay cosas que valen la pena reseñar:

1. Proceden de muchos (10) partidos políticos (vigentes y desaparecidos): el mayor número de diputados vivos proviene de Liberación Nacional, con 13 exdiputados; le siguen 6 de la Coalición Unidad; 3 del partido Unidad; 2 de Unificación Nacional; 2 del Republicano Nacional y 1 de cada uno de los siguientes partidos: Demócrata, Demócrata Cristiano, Unificación Nacional, Unidad Socialcristiana y Renovación Democrática. Los hay de todos colores…
 

De esos, el que tiene la mayor pensión bruta asciende a ¢8.1 millones al mes y neta -o sea, después de impuestos- de ¢3.6 millones y quien tiene la menor pensión bruta es de ¢3.4 y ¢2.2 millones de la neta. De ellos, la gran mayoría (77%) tiene una pensión bruta superior a ¢7.5 millones y una neta superior a ¢2.2 millones.
 

2. Además de esos exdiputados accionantes, hay otras personas (17), entre ellas 3 herederos (viudas o hijos) y otras 14 “cuya relación [ese] medio no pudo precisar” y de los cuales 5 ya han fallecido.
 

3. De aquellos 31 diputados, a 6 se les aplica el tope de ¢2.7 millones, por lo que sus pensiones netas se verían determinadas por ese tope.
 

4- El total del pago de las pensiones brutas de esos exdiputados asciende a ¢230 millones brutos cada mes y a un total mensual neto de ¢104 millones. 

Si se restituyera el privilegio del aumento anual del 30% a las pensiones de los exdiputados que presentaron recursos ante la Sala Constitucional, en el curso de 5 años la pensión bruta mayor actual de ¢8.1 millones al mes se elevaría a ¢30 millones.
 

Además de la petición de restaurar el crecimiento anual del 30%, como parte de los diversos recursos legales, se pide la abolición de la contribución solidaria para las pensiones superiores a ¢2.7 millones, contribución que oscila entre un 25% y un 75% del exceso sobre esa suma. También, se pide eliminar el impuesto del 9% a esas pensiones de lujo y la posibilidad establecida de que ese impuesto aumente hasta un 16%, volviendo así a un 7%. Y se oponen a que la pensión se herede tan sólo a los hijos de ex beneficiarios que tengan 65 o más años.

La pregunta de siempre es si esos los actuales beneficiarios de esas pensiones de lujo cotizaron lo suficiente para recibir las pensiones, pues incluso las netas hoy vigentes son muy superiores, si se comparan con la máxima de la Caja del Seguro Social cuyo tope es de ¢1.44 millones al mes.
 

Tan sólo pido sabiduría a la Sala Constitucional para que definitivamente termine con esta injusticia, que se ha venido cargando, y aún se carga, sobre las espaldas de todos los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: vía rápida a la reforma legislativa de las pensiones del Poder Judicial

En muchas ocasiones me he referido al sistema de pensiones del Poder Judicial. Me había inquietado que se hubiera desmoronado el esfuerzo legislativo para sacar una resolución en torno a ese régimen mediante lo que se conoce como “vía rápida”. Ésta es la posibilidad de que con 29 votos (simple mayoría de votos) se pudiera aprobar la reforma a la ley correspondiente. Pero, ni lerda ni perezosa, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de que dicha votación era improcedente, pues para cambiar la ley se requería del voto de, al menos, 38 votos.

Mal pensado que soy, dejando de lado el obvio interés que tendrían miembros del Poder Judicial de conservar su jugoso régimen de pensiones, el pronunciamiento de la Corte era un enorme obstáculo para la pronta aprobación de la reforma necesaria. Fue un paronazo casi lapidario al impulso que llevaba el proyecto en la Asamblea

La Corte señaló varias razones para alegar que ese proyecto requería de 38 votos, que aparecen resumidos en un artículo publicado en La Nación del 23 de agosto, bajo el encabezado “Diputados con vía libre para reformar pensiones de Corte: Fallos de Sala IV: ajustes jubilatorios no afectan labor judicial.” Esas razones fueron que “la reforma a las pensiones afecta el proyecto de vida de sus empleados,” que “obligaría a contar con funcionarios de edad avanzada,” que se “desestimula el ingreso de nuevos profesionales valiosos,” que le “resta competitividad al Poder Judicial en el mercado laboral,” y que “afecta la carrera judicial porque los empleados tendrán cargas en su salario a cambio de un beneficio menor.”

Pero, con base en dos sentencias previas de la Sala IV, una del 13 de junio de 1995 y otra del 10 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República dio una opinión jurídica que me parece es vinculante para la Asamblea Legislativa, en cuanto a que la reforma propuesta al sistema de pensiones del Poder Judicial “no afecta las funciones de la Corte ni siquiera por razones de presupuesto, por lo que no era necesario consultarle si está de acuerdo o no.” En sencillo, el Congreso puede continuar con su vía rápida para resolver. En ningún momento el proyecto violaba el artículo 167 de la Constitución, que requería de una aprobación de dos tercios de los diputados (38 votos) si la Corte se oponía a la propuesta de reforma a la ley. No era, por tanto, necesario que la Asamblea consultara a la Corte sobre esa reforma en concreto.

Como posiblemente, ante cualquier reforma legislativa, habrá acciones judiciales contra ella presentadas antes la dicha Sala IV, es importante destacar que los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la reunión de la Corte en la que se decidió enviar su opinión contraria a la vía rápida en la Asamblea Legislativa.

Esto, por una parte, me alegra, pues parecería indicar que no se podrá rechazar a que miembros de esa Sala juzguen casos en torno a la eventual reforma de la ley, por haber opinado previamente sobre el caso, pero, a la vez, si hubieran votado en dicha sesión de la Corte Suprema, tendrían que integrarse otros miembros sustitutos de los actuales a la Sala IV que tal vez no tengan un interés directo en cuanto a las pensiones que eventualmente dejarían de percibir. Ahí se las dejo; recuerden, ciudadanos, que, una vez que se han implantado los privilegios, cuestan mucho que sean desterrados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: lo único que parece importar es tener más plata

Francamente es la impresión que me da por lo que sucede actualmente en la Asamblea Legislativa, en donde ciertos políticos hacen todo tipo de maniobras para tomar más plata de los ciudadanos y poder gastarla en sus propias apetencias.

Conocemos bien el problema fiscal de Costa Rica: un estado que aproximadamente gasta un 6% más que los ingresos que percibe. En sencillo: disipa más plata que la que le entra. Tener claro esto, es crucial para entender las opciones más significativas que el estado tiene para emparejar sus gastos con sus ingresos. 

Eso sí, entendamos que un 6% del déficit gubernamental no es extraño en muchos países, en donde hasta puede ser porcentualmente mayor, pero hay diferencias importantes con el caso nuestro, al considerar alternativas de solución del déficit. Una es si nuestro estado busca conseguir plata prestada, ya sea en el país o afuera, para seguir con su nivel de gasto y dados los ingresos esperados.

Lo que pasa es que algunas de aquellas naciones, al contrario del nuestro, gozan de algo que no disfrutamos: gente dispuesta a prestarle al estado a un costo relativamente barato (esto es, intereses y otras condiciones relativamente favorables para el país). Una razón de porqué no gozamos de esa posibilidad, es que, en los últimos años, el gobierno se ha endeudado mucho para financiar sus gastos y, al tener ese endeudamiento niveles que la comunidad financiera considera es de una recuperación riesgosa, aumenta el costo de un endeudamiento adicional (mayores intereses que, a su vez, son un gasto estatal mayor) o bien del todo no le prestan recursos al gobierno. 

La otra “gran” solución estándar para rellenar el déficit estatal es que el Banco Central emita dinero, pero una mayor colocación de dinero en la economía es similar a un aumento en la deuda del estado con los ciudadanos, quienes reciben un papel con la esperanza de que, a futuro, al menos puedan usarlo en adquirir bienes y servicios. El problema grave con esta medida, el cual está harto comprobado, es que un aumento de la emisión monetaria en exceso del crecimiento de la economía (con suerte de alrededor de 3-4% en este año en el país) generará inflación. E imagino que la ciudadanía aprendió la lección con lo sucedido a mediados de los años ochenta: algo totalmente indeseable y dañino desde muchos puntos de vista y, por tanto, se espera que la ciudadanía la rechace como forma de resolver un déficit gubernamental.

Esto nos deja casi sólo con dos alternativas de política para corregir el exceso de gasto del gobierno sobre sus ingresos: una, aumentar los ingresos; esto es, incrementar los impuestos y, la otra, reducir el gasto. 

La primera alternativa -que en esencia la está promoviendo el contubernio legislativo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- es aumentar diversos impuestos -renta, valor agregado, a los intereses de los ahorros, nuevos gravámenes sobre el agua, la electricidad y la educación, entre otros- a fin de que el estado se apropie de mayores ingresos.

Debemos entender el porqué de esa nueva y clara colusión legislativa entre el PAC y la PLN. El PAC considera, en su visión estatista que, aunque esos nuevos ingresos no ingresan en su administración -y, creo, no parece haber una posibilidad alta de que sean reelectos al Poder Ejecutivo- sea el sector privado el que sufra los efectos del aumento de los impuestos, antes que reducir el tamaño y el alcance del estado, además de que el empleo público -sindicatos de ese sector- es un bastión político del PAC (sin olvidar a empresarios que se oponen a reducir el gasto estatal, pues venden sus productos o sus servicios al estado). A su vez, Liberación Nacional cree que ganará las próximas elecciones y, de ser así -dudas aparte- tendría una caja del estado más llena de dinero, para así llevar a cabo “su misión”, que no es nada más que la de ejecutar lo que los políticos de ese gobierno futuro prefieren hacer, en vez de que sean las mismas personas contribuyentes quienes lo gasten en lo que prefieran o necesitan. 

En resumen, lo único que parece interesar en el amancebamiento del PAC-PLN es tener más plata de los costarricenses para gastarla como a sus políticos les parezca, incumpliendo así el objetivo pregonado de aumentar los impuestos para cerrar el déficit: disponer de más dinero para gastarlo es la historia fiscal de las últimas décadas en nuestro país; siempre aumentan los gravámenes para eliminar el déficit, pero, poco después, éste vuelve a aparecer y el ciclo se reinicia.

Elevar los impuestos no deja de tener consecuencias no previstas indeseables, que no suelen reconocer los proponentes de mayores gravámenes: que muy posiblemente afectará el crecimiento precario y la leve recuperación de la economía. Así, no aumentará la demanda de mano de obra (y menos en las circunstancias actuales, en que la inversión extranjera se contrae por acontecimientos internacionales), ante una tasa de desocupación en el país que ha oscilado en los últimos años en alrededor de un 9% de su fuerza de trabajo, así como se estimula que crezca más la economía subterránea, profundamente influenciada por los altos costos de la formalidad, en donde destaco los impuestos que ahora se pretenden aumentar.

Esto deja una sola opción por analizar, en cuanto a reducir el déficit: reducir el gasto gubernamental. La muletilla de los adoradores del gasto gubernamental es bien conocida: nos dicen que no es posible reducir ese gasto. Por tanto, ante ello, sólo queda la opción de aumentar los impuestos.  Es como si un alcohólico o un drogadicto dijera que la solución a su problema no está en que se le quite el licor o la droga, sino en que se le dé más plata para seguirlos consumiendo...

Otros apocados defensores de la tesis de la imposibilidad de reducir el gasto estatal, dicen que han hecho un “esfuerzo máximo” por disminuirlo, pero, si se analiza el tema, a la hora de plantear los presupuestos los gastos gubernamentales -fuente que los autoriza- no “reducen” el gasto, sino que inicialmente piden aumentos fuertes (una tasa de crecimiento elevada), para lograr, luego, una tasa menor de crecimiento que la previa, pero siempre el gasto sigue aumentando. Así, no se reduce el gasto gubernamental, sino que se reduce su tasa de crecimiento.  Hipocresía

Así las cosas, concluyo mi comentario con una reflexión en torno al conciliábulo por el cual el PAC y Liberación están cocinando nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.  Son muchos los amigos dentro de este último partido quienes, por distintos medios y ocasiones, han planteado su inquietud y malestar ante el crecimiento de los impuestos en el país, para sufragar una expansión del estado costarricense que ha afectado importantemente a los ingresos familiares, a las ventas de negocios pequeños y grandes. Pero, también se han dado cuenta de que, en ese estado gastón, existen gremios sindicales con privilegios enormes no disfrutados por sus compatriotas y que son los contribuyentes quienes en última instancia pagan por ellos.  

No es necesaria una cirugía cosmética, encebada para que allí resbalen las buenas cosas y prevalezcan los privilegios. Nada se gana con decir que, para pagar aumentos de salarios de los trabajadores públicos, sólo se hará para los calificados como muy buenos o excelentes. Lo que sucederá -no lo dude- es que “todos” serán calificados como “muy buenos o excelentes”. Igualmente, los responsables del aumento legislativo proyectado de los impuestos callan ante un gasto odioso en los presupuestos públicos, como es el enorme y corrupto subsidio a varios sistemas públicos de pensiones, en donde los ciudadanos pagan fuertes impuestos para que algunos se lleven sumas multimillonarias como pensión, para la que nunca sus beneficiarios contribuyeron lo suficiente.

Tampoco mencionan esos políticos maximizadores del poder, que nuestra economía no está en capacidad de pagar prestaciones a ciertos grupos sindicales del sector público por 20 años y no por 8 años, como todos los restantes costarricenses. Y podría seguir citando muchas otras situaciones similares. 

Lo sucedido en Grecia debe servir de lección. Ese país, para sobrevivir como nación con posibilidades de progreso, bajo un gobierno socialista ha tenido que imponer medidas draconianas, sobre todo tipo de gasto gubernamental, antes de aumentar los impuestos para reducir el déficit.  La situación llegó a un estado tan grave que, para resolver el problema, no fue suficiente reducir el gasto en el momento oportuno, sino que se tuvo que aumentar los impuestos, aun cuando esto último haya afectado sus posibilidades de tener algún crecimiento en el corto plazo.  

No debemos llegar a tal grado y nuestros amigos liberacionistas tienen mucho que decir y hacer lo debido ─incluso lo que más les duele a los políticos maximizadores del poder: que no votarán por el candidato de ese partido en las próximas elecciones. Ante tan poderosa presión ciudadana, creo que se darán cuenta de que no somos unos tonticos, a quienes fácilmente se les puede rodar: incluso cuando se pretende asustarnos diciéndonos que, si no se aumentan los impuestos, vendrá Armagedón o cuando pretenden engañarlos con reducciones ficticias, leves, irrelevantes, del gasto estatal, como argumento de que con eso sí es justo poner fuertes gravámenes. Eso es lo que están aliñando los diputados del PAC y de Liberación Nacional, en su esperanza de que los ciudadanos nos traguemos impensadamente su veneno económico.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: pagaremos con creces el sarcófago legislativo

Ciertamente gran parte del actual edificio que ocupa nuestra Asamblea Legislativa es un cucarachero. Por más que alguno pueda malquerer a los diputados por su comportamiento, no debería decir que es un cucarachero, porque allí moran tales bichos. En consciencia, algo se debe hacer para que dicha edificación sea más adecuada, de forma que, preservando cosas históricamente valiosas de dichas instalaciones, económicamente valga la pena hacerlo.
 

Parece haber una especie de maldición con todo lo que pasa por las manos públicas: ni siquiera algo tan notorio, como esa posible edificación de tan importante estructura, se lleva a cabo de forma que el ciudadano sienta que las cosas se hacen debida y correctamente. Esas manos, que todo lo que tocan, lo terminan pudriendo. ¿Cómo es posible que sean cuestionados los procedimientos contractuales para la nueva obra, si en ellos están puestos los ojos de casi 5 millones de ciudadanos? Ni siquiera en el uso de esos recursos se cuidan debidamente, a fin de que esos mismos ciudadanos sientan que las costas se hacen bien, correctamente, todo a la luz del día.
 

La contralora general de la República, doña Marta Acosta, acudió a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, y denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (₡385 millones) en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.” Esto aparece en el comentario de La Nación del 7 de octubre, bajo el encabezado “Contralora denuncia apago indebido en edificio legislativo: Planos del proyecto para construir nueva sede del Congreso.” Los nombres de esos tres miembros del Directorio de la Asamblea que laboró en el año legislativo 2014-2015, los cita el medio: “Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).”
 

Resulta que, señaló la contralora, al puro final de su mandato ese Directorio le ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), fideicomisario del proyecto, girar al arquitecto a cargo del proyecto, “el 60% del monto pactado para la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.” El problema en el cual se cae es que el contrato con el BCR señala que, para pagar ese porcentaje, se tenía que contar con los permisos debidos, de los que no se disponían, dado que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entidad del ministerio de Cultura, se negó a otorgarlo por razones públicamente señaladas. Reitero: ese era un requisito que se debía de cumplir para que fuera recibido y se pagara el trabajo.
 

Ante lo sucedido, aquellos tres parlamentarios explicaron, ante la petitoria de la Contraloría -y que fue recibida con beneplácito- para crear en la Asamblea un órgano director, por el posible daño al erario público, y para que definiera las responsabilidades legales y políticas del caso, que se basaronn en que “el cobro efectuado por el contratista se acercaba a casi $1.5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000.” Uno esperaría que esa “era” una función obligada en cuanto al manejo de recursos públicos y no es, por tanto, una excusa válida como para autorizar indebidamente ese pago al arquitecto.
 

Asimismo, en tanto que la Contraloría ordena recuperar ₡385 millones, además de indagar a ese Directorio, a partir de la información suministrada por el medio no es fácil deducir de dónde procede ese monto, porque, por una parte, se habla de que el 40% era por los planos, que fueron hechos, y que el 60% restante sería ante la recepción a conformidad con lo contratado, que no se satisfizo por la falta del permiso mencionado. Pero, los tres diputados en su comunicado señalan haber reducido el costo de la negociación a $825 mil, por lo que el 60% pagado impropiamente sería de $495.000, que equivalen a ₡276 millones y la Contralora habla de recuperar ₡385 millones. Así que, para tener ese chocolate espeso, necesitamos cuentas claras acerca de cuánto es lo que se debe recuperar.
 

También, llama la atención que el proyecto inicialmente se estimó que costaría $60 millones, pero ahora se calcula que ascenderá a un poco más de $100 millones; esto es, un 67% de incremento, según un documento de la Unidad Administradora de este edificio. Lo interesante es que, para este nuevo diseño, no se realizó un concurso para contratar a quien lo pudiera hacer, sino que se escogió al mismo arquitecto Salinas que había hecho el original, con base en razones “de conveniencia.” Eso podría ser explicable si fuera que el cobro por dicho servicio no variara (aun así no se sabe, por definición, si algún otro oferente habría salido menos caro), pero este detalle no lo informa el medio.
 

Igualmente, la contralora señaló en dicha comparecencia ante la comisión legislativa citada, que había otros problemas en el negociado, como son 4 contrataciones directas en donde no aparece la documentación que las autorice debidamente; 13 contrataciones sin que aparezca la solicitud de materiales, bienes o servicios que se deben hacer; 4 contrataciones sin términos de referencia, exigido por el reglamento de contratación administrativa y otras 3 contrataciones sin evidencia del contrato correspondiente. ¡Como que las cosas han sido manejadas con las extremidades inferiores!
 

Una vez más, hay decisiones del estado que se traducen en mayores gastos y, en este caso, aparentemente sin que se haya seguido el debido proceso licitatorio, en especial en cuanto a pagos plenos al arquitecto Salinas, quien fue contratado para cumplir un servicio que no obtuvo el requerimiento de tener los permisos indispensables. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, consideró que el diseño actual “era lesivo para los recintos patrimoniales da su alrededor” y, por tanto, no concedió el permiso debido. Estos costos cuestionados por indebidos por la Contraloría, no duden que serán cargados a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Al menos se pretende construir un sarcófago para enterrar a todos los ciudadanos con cuyos dineros es que se hará.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el gran engaño en ciernes

No parece haber duda de que la inconsistencia que suelen exhibir en asuntos cruciales los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, indignan a quienes nos dicen representar: a los ciudadanos.
 

¡Con qué satisfacción vimos cómo recientemente esos mismos diputados impusieron algunas restricciones -ciertamente no las deseables en su totalidad- para que prosiguiera en el país el jolgorio de ciertas pensiones, que en la actualidad siguen estando a cargo, en gran parte, de los fondos del presupuesto del gobierno de la República, que son dineros aportados por la generalidad de los ciudadanos para beneficio de algunos privilegiados! Al ver aquella decisión, muchos pensamos que en la Asamblea Legislativa realmente se estaba poniendo algún grado de orden en las finanzas gubernamentales, cuyo déficit es hoy en día usado como pretexto por los políticos  para cargarnos de nuevos y mayores impuestos.
 

Aquella golondrina, creímos, sería augurio de un buen verano. Esos diputados parecían estar seriamente dispuestos a impedir que el abuso entronizado en algunos de nuestros sistemas de pensiones, que en muy alto grado dependen de lo que todos los ciudadanos aportamos, se conservara en momentos en que, no la envidia, sino una justificada furia de los ciudadanos ante el despilfarro y el abuso, exige un freno al desborde.
 

Aun así, permanecieron, en ese momento, intocados los regímenes ya conocidos, como el de pensiones del Poder Judicial y el del Magisterio, entre otros, que no exige que las jugosas pensiones que se reciban sean producto del ahorro de los beneficiarios -y de la sabia inversión de tales recursos para que generen rendimientos positivos- suficientes para pagar las pensiones de gollería que han podido amasar, legalmente. Reitero lo de “legalmente”, porque es producto de su influencia política, en el marco de un inoperante sistema democrático, que no ha podido frenar las demandas de gasto de grupos especiales. Demandas que pueden sintetizarse en una creación de privilegios, mal llamados derechos, mediante el cual han logrado, a cambio de apoyo político, sin duda, que los partidos políticos de los diputados se los aprobaran.
 

Pues bien, en un momento dado, allá por el 2005, un grupo de potenciales pensionados del privilegiado régimen de pensiones del Magisterio, aceptó, de forma  voluntaria, trasladarse al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, el más importante y generalizado del país y el cual, en esencia, no depende del estado para su solvencia en cuanto a los pagos eventuales de pensiones que se habrán de hacer. Lo hicieron porque veían inevitable su cierre –y lo sigue siendo, en el momento en que el estado, plegado servilmente al interés de ciertos gremios, deje de financiar con el presupuesto nacional la insuficiencia de recursos para enfrentar las pensiones de ese (y otros ya bien conocidos) régimen. Claro, en la Caja tenían que pagar menos que lo que tendrían que aportar para su régimen de pensiones del Magisterio, para que este medio sobreviviera y se pudiera, por sí mismo, pagar al menos en parte las futuras pensiones.
 

Pero, ha pasado que el estado, servidor de grupos de privilegios e incapaz de decir no al abuso, aunque sí pretenda gravar con mayores impuestos a la ciudadanía a fin de seguir sufragando esas prebendas, sin duda que a cambio de apoyo político y de la garantía de conservación del poder de los políticos eternamente transitorios en una democracia, no definieron todas las medidas necesarias para terminar con el régimen de privilegio de esas pensiones. Ante esto, los tránsfugas de aquel momento, ahora buscan regresar al régimen que más les favorece. Conducta totalmente esperable y lógica: si pueden obtener una pensión mejor, pagando menos, pues el camino es presionar a los diputados para que los regresen al régimen aun privilegiado de antaño.
 

Nada más veamos sucintamente algunas de las diferencias entre los regímenes de pensiones de la Caja y el del Magisterio, para entender porque, ahora, ¡volver, volver, volver! es el mantra que cubre la petición de quienes pretenden regresar al manjar del privilegio.  Mientras en la Caja, al que se pensione bajo su régimen, se le paga el 65% del salario promedio de los últimos 20 años, en el Magisterio, en la actualidad, el porcentaje del salario para su pensión es el 80% de un promedio de un número menor de años y, claro, entre menor sea tal período, en un ámbito de un crecimiento anual por inflación y real de los salarios, por ese sólo hecho, la pensión esperada es mucho mayor en el régimen de pensiones del Magisterio vis a vis el de la CCSS.
 

También, mientras que en la Caja el hombre se pensiona a los 62 años de edad y la mujer a los 60 (igualdad real), en el Magisterio se puede pensionar con, al menos, 55 años de edad y 33 años y 4 meses de trabajar en el sector público. 
 

Asimismo, mientras que en el Magisterio, con todo y los subsidios que tiene el sistema, el trabajador que cotiza lo hace para su propia pensión (claro que subsidiada por todos nosotros), en la Caja es un sistema solidario, en donde quienes ya reciben las pensiones dependen de lo que coticen hoy los trabajadores y, quienes habían cotizado en el pasado, aportaron en aquella época para pagar las pensiones de los trabajadores en aquel entonces pensionados. Por esta razón, las autoridades de la Caja señalan que, de aprobarse la legislación para devolver hacia el régimen del Magisterio a quienes ahora son cotizantes para la CCSS, tendrían que conseguir aproximadamente unos ₡50.000 millones que se irían del fondo de la Caja hacia el del Magisterio, y esos fondos se han usado para el pago solidario de los pensionados actuales de la Caja.
 

Esta información aparece en el comentario de La Nación del 29 de setiembre –tan sólo hace pocos días- titulado “Proyecto echaría por la borda ahorro logrado en pensiones: diputados evalúan plan para devolver hasta 6.000 cotizantes del régimen de la CCSS al del Magisterio.”  Lo interesante es que el cambio propuesto se traduciría en un aumento del gasto de ₡11.000 millones anuales, que es aproximadamente la mitad de lo que el ministerio de Hacienda consideró que se ahorraría el país, con la reforma que la Asamblea hizo en junio de algunos de los sistemas de pensiones de privilegio. De hecho, se estima que el desembolso, en caso de aprobarse el traslado, le significaría al país un monto estimado de ₡535.000 millones por los hasta 6.000 cotizantes que se trasladarían durante un período de 40 años.
 

Por eso, brindo mi respaldo pleno al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, quien “alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión [la Plena Primera de la Asamblea Legislativa]), esta vez con apoyo de la oposición.” Esos diputados perderán el respeto de una ciudadanía preocupada por unas finanzas gubernamentales desbocadas, que sólo nos auguran aún mayores impuestos de los que hoy se nos piensan cargar.  Afortunadamente, ya se acercan las próximas elecciones y sólo guardo la esperanza de que los ciudadanos electores no le den su voto a quienes no tienen el debido cuidado de los recursos que le son quitados por el estado para seguir financiando este tipo de privilegios. Debe haber cierta dignidad de parte de los ciudadanos y así negar el voto a quienes dilapidan lo que tanto les cuesta ganar a las personas.

 

Jorge Corrales Quesada 

Tema polémico: un 1° de mayo incierto

Finalizada la sesión solemne de la Asamblea Legislativa este 1° de mayo, ya conocemos cómo quedó conformado el Directorio Legislativo: Antonio Álvarez (PLN) como Presdiente, José Alberto Alfaro (ML) como Vicepresidente, Gonzalo Ramírez (PRC) como Primer Secretario, Marta Arauz (PLN) como Segunda Secretaria, Natalia Díaz (ML) como Primer Prosecretaria y Paulina Ramírez (PLN) como Segunda Prosecretaria. En síntesis, mayoría del PLN en los puestos relevantes del Directorio, lo que les dará el control administrativo de la Asamblea Legislativa y un alto nivel de incidencia en la conformación de las Comisiones.

Esta configuración se logró a partir de una compleja alianza entre los partidos antes señalados, aunque el PUSC insiste en que no dio apoyó al PLN para la Presidencia, pero lo cierto es que, luego de dos rondas en que no se obtenían los 29 votos requeridos según el Reglamento Legislativo, las papeletas en blanco y nulas se le sumaron al que tenía mayoría, permitiendo la victoria de Álvarez Desanti. 

Esa alianza, según ha trascendido, tiene como punto en común la oposición a nuevos impuestos y la reducción del gasto público, a través del impulso a una serie de proyectos de ley como Empleo Público, Pensiones, así como otros relacionados con la mejora de la recaudación fiscal. Hasta el momento, todo suena muy bien, particularmanete para quienes venimos clamando por una racionalización del Estado, que en los últimos años ha crecido exponencialmente, haciendo su mantenimiento insostenible. También para quienes hemos señalado que nuevos impuestos afectarán negativamente a la economía y empobreecrán más a la sociedad costarricense.

El punto negro en la hoja blanca lo representa la posición del PLN. Aunque se comprometen a no impulsar nuevos impuestos, lo cierto es que esta agrupación ya se encuentra en la línea de salida para la carrera electoral y José María Figueres, quien aspira con fuerzas a ser el candidato verdiblanco, no solo ha anunciado que su partido debe dar un viraje hacia la "izquierda" sino que también es conocido su interés en una reforma fiscal que le genere más recursos al Estado, pues tiene interés de encontrar arcas llenas si llegara a la Presidencia en 2018. Eso hace temer que el compromiso adquirido este 1° de mayo pueda ceder a presiones electorales y tarde o temprano nos enfrentemos a un nuevo capítulo de la infinita historia de voracidad fiscal. 

El tiempo es el que determinará lo que ocurra. Por ahora, aunque la alianza se fraguó bajo la premisa de no más impuestos, no podemos dormirnos en los laureles y asumir que todo se cumplirá. Antes bien, debemos ser prudentes y estar vigilantes, así como preparados, para dar la batalla en todos los flancos si un nuevo intento de saquearnos los bolsillos se presenta.

La columna de Carlos Federico Smith: atentos al Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015

Ya en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa están en discusión las mociones al segundo presupuesto extraordinario de este año. Una vez definidas éstas, el presupuesto pasaría al plenario para su aprobación o rechazo.  Por eso, es importante prestar atención a lo que está sucediendo en dicha Comisión, pues allí podría definirse la conformación final que tendrá tal presupuesto.  Esto es crucial a la luz de la cuestionada aprobación del desaforado presupuesto ordinario, que el gobierno logró que se pasara para este año. ¿Se acuerdan? Traía un incremento del 19% con respecto al equivalente del año anterior, aprobado en momentos en que los ciudadanos somos testigos de una seria crisis de financiamiento en el sector público.

Por tal motivo, resulta interesante la disputa que La Nación del 29 de mayo pasado expone en su comentario “Oposición y Frente Amplio en pulso por cortes al Presupuesto: Gobierno pidió rebaja de ₡60.000 millones en plan de gastos.” Digo que resulta interesante porque, por una parte, justamente es el gobierno dispendioso el que propone una reducción del gasto (claro, primero lo aumentó desproporcionadamente y ahora reduce su crecimiento en un poco), lo cual es, de por sí, una rebaja más que insuficiente, pero podría indicarnos que el gobierno reconoce que ese es el camino que debe y tendrá que recorrer en su manejo de las finanzas públicas. Ojala no esté yo equivocado. Por otra parte, porque también es sugestivo al exhibirnos una conducta del Frente Amplio que parece ir en contra de lo que aparenta ser la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y así, en vez de buscar recortar el gasto estatal, más bien obstaculiza dicha política.

Resulta que, en palabras del diputado liberacionista Rolando González, "el Frente Amplio se ha dedicado a intentar mantener las partidas que el propio Gobierno propuso reducir, mientras el resto de agrupaciones quieren (sic) recortarlas.”

Son tres los argumentos cajoneros del Frente Amplio, en palabras del diputado José Ramírez, que son desenfundados para oponerse a la reducción del gasto estatal. El primero, que no se les consultó de parte del ministerio de Hacienda a las instituciones cuyo presupuesto el gobierno propuso reducir.

Esto yo no lo puedo saber si así se hizo o no, ni tampoco si es relevante y si tampoco se puede enderezar, en caso de ser algo esencial. 

El segundo alegato y “la principal preocupación”, según el diputado Ramírez, es que “varias de las instituciones consultadas están en contra de las rebajas al plan de gastos”, entre ellas, “el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Fundación Omar Dengo (FOD) y casi todas las instituciones descentralizadas.” Bueno, no sé qué esperaba ese diputado y cualquier persona con dos dedos de frente: ¿Qué esas instituciones estuvieran brincando de felicidad porque les van a recortar las platas, que la ciudadanía les entrega por medio de los impuestos que paga?, o ¿qué aplaudieran gozosas por los recortes a su gastadera, sus sueldos y demás cosas propias de sus feudos? Obviamente que se oponen a que les quiten las mieles argentadas que constituyen las fuentes de sus gastos.  Me imagino que, si se mocionara en la Asamblea para reducirle el sueldo a ese diputado, tardaría muy poco en reclamar por ello y, en caso de no que no lo haga así, entonces debo presuponer que es por masoquismo o por un cinismo mal disfrazado (ya sé que por la Patria lo haría, pero, perdone, eso no se lo creo).

Por lo tanto, no vale como argumento para oponerse al recorte en el gasto gubernamental, el simple hecho de que eso “no les parece a los afectados”, quienes siempre argumentarán cualquier cosa que se les ocurra, con tal de que nos se les toquen la minita de oro de la cual viven. Excusas para el gasto son las que precisamente abundan y sólo la realidad de la escasez es la que exige que no puedan tener de todo, todo el tiempo y en todo lugar.

El tercer alegato del diputado es que “la propuesta final [de reducción] no cumpliría con la petición del Poder Ejecutivo, al punto de que, según Ramírez, el recorte real en gastos directos quedaría apenas en poco más de ₡40.000 millones y no en ₡60.000 millones”, como fue lo que inicialmente señaló la petición gubernamental. Éste sí que es un buen argumento, pero no para oponerse con obstáculos a los recortes, como lo ha hecho el diputado, sino para promover mayores reducciones, de manera que, al menos con ello, el gobierno se vea obligado a cumplir con lo que dijo que se proponía hacer.  La verdad es que uno no ve tal motivación en el diputado del Frente Amplio, sino todo lo contrario: lograr que haya más y más gasto estatal. No una reducción del derroche.

Me gusta lo que observo, al momento en que escribo este comentario, en cuanto a voluntad y firmeza en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, en lo referente al segundo presupuesto extraordinario: Una actitud de ir realizando los recortes presupuestarios que la economía nacional exige. El plan del gobierno reduce los gastos directos en ₡60.000 millones y en no ejecutar ₡146.000 millones como pago de su deuda, pero, entendámoslo de una vez por todas, posponer la amortización de una deuda no significa que se reduce el gasto estatal, sino sencillamente, que su pago se deja para después. Por ello, la reducción verdadera propuesta por el gobierno podría ser de tan sólo ₡60.000 millones. Ante esto, el diputado González indicó -responsablemente en mi opinión- que el bloque opositor quiere “aún más reducciones presupuestarias.” Me parece que una opinión similar se la escuché a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, señora Rosibel Ramos, acerca de lo crucial que era poner orden en el gasto estatal, empezando por este segundo presupuesto extraordinario.

Es indispensable que los diputados del bloque opositor se opongan a las intenciones del Frente Amplio de impedir una reducción del gasto gubernamental.  No quiero ser malpensado, imaginando que, lo que esa agrupación política en verdad desea, es la anarquía económica, que se ocasionaría por la permanencia de un desenfrenado gasto gubernamental. Por el contrario, aplaudo el objetivo del bloque opositor de reducir aún más la disminución de gasto que se incorpora en el segundo presupuesto extraordinario que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, pues lo que está en juego es el inicio de la restauración de la salud económica de los hogares costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: activismo legislativo

La Asamblea Legislativa tiene la competencia o función legislativa.  La norma constitucional (artículo 121. 1) preceptúa que la Asamblea tiene la atribución exclusiva de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica …”.  Ello no se puede poner en tela de duda.  El tema elemental es cómo y cuándo. 

Tener la potestad legislativa no implica la obligación de hacer leyes (salvo cuando la Constitución, como ha sucedido en algunos limitados casos, impone la directa obligación de emitir una legislación).  Dicho de otra manera, no debe la Asamblea pasársela haciendo leyes.

¿Por qué?    Hay tres razones básicas.

La primera de ella se deriva directamente del concepto constitucional de Estado y forma de gobierno.  La Asamblea tiene la función esencial, impostergable e indelegable de control político (con sus imprescindibles especies de control administrativo, control presupuestario y control de las diversas funciones del aparato público). Forma parte de un gobierno y debe estar atenta a su principal función de ser freno, contrapeso y foro nacional de discusión de los asuntos públicos. 

Sus demás funciones implican una distribución adecuada de su tiempo y esfuerzo. La propia Constitución privilegia el tema del presupuesto nacional (festinado en esta ocasión) como uno de los instrumentos y actuaciones legislativas más señeros.  El nombramiento de magistrados integrantes del Poder Judicial es otra de las herramientas básicas en esta concepción constitucional.  La marcha de la Justicia y la seguridad jurídica debe estar siempre bajo la óptica legislativa y para ello cuenta con esta otra posibilidad reseñada. 

La Contraloría General de la República está concebida como un órgano auxiliar de la Asamblea en el control de los recursos y la hacienda públicos. No se trata únicamente de observar las finanzas públicas sino de llevar control del panorama general (recursos en sentido amplio, competencias, resultados y demás componentes).  Por ello es tan triste percatarse de la poca atención que se presta a la liquidación del presupuesto y a los informes de la Contraloría.

De tal manera, en resumen, la Asamblea no está concebida para pasársela legislando sino que tal potestad está enmarcada en su papel amplio en el gobierno. Su principal actividad ha de ser la discusión de los asuntos de gobierno, la marcha de los negocios públicos, la divulgación de los temas nacionales y el debate nacional acerca de cómo marchan las cuestiones públicas básicas.

La segunda razón se deduce de la forma de actuación propia de la Asamblea. De su naturaleza se imponen la deliberación y el debate constantes, la reflexión pública y el pensamiento transparente.    La Asamblea no es un órgano cuya labor pueda medirse en LPH  (leyes por hora). Aparte de la calidad que habrían de tener las normas hay que evaluar a la Asamblea en su vocación por deliberar y fomentar el debate y discusión nacional de los temas públicos. 

El contenido de las normas debe ser acometido de manera directa por los diputados aunque no tengan la obligación de ser especialistas en la materia.  Es el principio democrático de que las normas han de ser “generales” y su contenido ha de ser inteligible, razonable y racional.  La necesidad de la norma debe justificarse en debate y deliberación.  Este debate no puede ser sustituido por asesores, libelos de asesores ni legisladores fantasma.  El diputado no puede entregare a las cosas que no entiende, ni decir “yo no soy yo”, ni “pa’eso tenemos mayoría” ni, mucho menos, abusarse del cargo en el directorio para afirmar que algo improbado ha sido aprobado. 

La tercera razón es de concepto constitucional básico. La ley es el instrumento para imponer obligaciones, penas, impuestos, multas y limitaciones a la libertad o, de manera similar, crear competencias administrativas. Es un instrumento muy poderoso y excepcional. No puede usarse indiscriminadamente y, menos aún, sin reflexionar, sin deliberar, utilizando la sorpresa o rindiéndose cobardemente a las presiones o al susto o a un puño de gritones en las barras.

En cuanto a las limitaciones a libertad, la Sala Constitucional en sus grandes fallos de lucidez y convicción de defensa constitucional ha expresado que no solo han de ser racionales, razonables y proporcionales sino, además, “necesarias”. No basta con que sean útiles, ejemplares o producto de postración administrativa.

Tal visión impone el sistema. Dicho de otra manera, tal concepción de cómo han de ser las limitaciones a la libertad obliga al sistema legislativa a emitirse de manera sistémica:  debe guardar las proporciones en relación con los diversos bienes jurídicos, debe respetar los valores, debe medir apropiadamente el grado de necesidad en relación con los propósitos y los bienes que están de por medio. Además, debe haber correlación de razonabilidad y de racionalidad. Explicación, justificación, deliberación, convencimiento y garantía de las libertades públicas.

Uno podría expresar varios motivos adicionales para reforzar el razonamiento en el sentido de que la Asamblea no debería pasársela haciendo leyes sino otras cosas más importantes. Uno de ellos es que hay multitud de leyes.  Abundan las leyes en nuestro medio:  malas, mediocres, confusas, ambiguas, contradictorias, liberticidas, abusivas, producto de la irreflexión.

El otro, derivado de lo anterior, es que los proyectos para derogar tales adefesios (leyes derogatorias) son muy pocos.  De tal manera, la posibilidad de que se limpie un poco la maleza y despeje el panorama es muy pequeña. 

Uno más, producto de la sabiduría popular, es aquello de que “lo que de noche se hace, de día aparece”.  O sea, que no se puede legislar a la traición, por presión o en la oscuridad, en las sombras, cuando no se sabe a ciencia cierta qué está pasando.

Uno más, y muy importante, es que algunos medios de comunicación se la pasan en campañas de “indignación”, en el “hay que hacer algo”, en la denuncia asistémica e irracional de la impunidad o de casuísticas, sin estudiar causas, sin medir consecuencias y sin ver el bosque. Uno de los efectos de estas campañas es sacudir a los diputados e implicarlos en las mismas, con resultados desastrosos para el sistema jurídico y para el quehacer nacional. Hace unos años, el jefe de fracción del Movimiento Libertario (no se otro partido, sino del que supuestamente más defendía la libertad) expresó, a propósito de una negociación o discusión para el nombramiento de magistrado de la Sala Tercera (la penal), que “no estaba de acuerdo con el nombramiento de más magistrados garantistas”.  ¡De antología!  Tal exabrupto es el resultado de las presiones, miedos e irracionalidades ante el “hay que hacer algo”, “hay que mostrar un logro” y ponerse a tono con las modas de algunos medios. 

Finalmente, aunque aquí no se agota la lista, otro de los motivos que explica porqué hay que oponerse a que la Asamblea se la pase legislando a manos abiertas es la mala concepción de “gobierno” que parece haberse cultivado en muchas áreas de nuestro medio.  Cunde en nuestro país –a contravía constitucional- el mito o equivocación o mala creencia de que gobierno y poder ejecutivo son lo mismo.  Es obvia la falta de estudio, cultura política, ignorancia jurídica o ausencia de educación constitucional e histórica que alimenta tan errado sentir.  Pero es frecuente en editorialistas, columnistas, políticos, diputados y muchas otros formadores de opinión, expresar confusión entre gobierno y poder ejecutivo.  Es común que se confunda gobierno con la opinión del presidente de la República y sus ministros.  Es demasiado constante que se dejen de lado el concepto de República (primer artículo constitucional) y la división de poderes y concepción del gobierno que preceptúa nuestra Carta Fundamental (artículo noveno y concordantes). 

Aún más, y esto es elemental, la actual Constitución Política (1949) se aparta del común concepto continental de “presidencialismo” e introduce determinaciones nuevas en la Constitución, dando lugar a lo que especialistas, constituyentes y juristas han denominado indistintamente como “semiparlamentarismo” o “semipresidencialismo”.    Dicho de manera clara y directa, tal mito que confunde gobierno con poder ejecutivo es insostenible y violatorio de la Constitución.   Ésta, más bien, erige a la Asamblea en órgano primero (frente al Ejecutivo).    No obstante, en el uso diario impera el servilismo diputadil frente al Ejecutivo.  Algunos diputados oficialistas llegan a decir que ellos son “diputados de gobierno”.  ¡Válgame Dios!  Y los demás … ¿serían de desgobierno? 

Tal mito ha llegado a concretarse en expresiones increíbles.   En un “vox populi”  (programa, en este caso de TV, que consiste en preguntar directamente a la gente de la calle luego de una subjetiva interrogante del periodista) una señora exclamó que “los diputados deberían de hacerle caso al gobierno”.  

Todo ello da lugar a la “militancia o activismo legislativo”, modus diputadil que persigue estar a tono con los medios, montarse en la ola de alguna opinión pública, rendirse ante los requerimientos de algunos movimientos, ceder ante la presión del Poder Ejecutivo y dejar de lado las importantes funciones de la Asamblea. 

Así, entonces, en lugar de cuestionar las finanzas y gastos públicos, el diputado corre a aprobar más impuestos.  Igualmente, se siente en la confianza para impulsar más gasto público, porque “hay que hacer algo”; a aumentar las penas, porque “hay que hacer algo”;  a multiplicar las competencias y potestades exorbitantes de Derecho común “porque hay que hacer algo”; a limitar la autonomía de la libertad “porque hay que hacer algo”; a meter al Estado en el lecho conyugal “porque hay que hacer algo”; a limitar la libertad de expresión  “porque hay que hacer algo” y así sucesivamente.

Hay todo ello hay que sumar una grave circunstancia:  no hay una sola Asamblea Legislativa sino cuatro.  ¡Sí!  Los miércoles en la tarde, la Asamblea se descompone en tres comisiones (Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena:  CPPLP, llamadas en el argot legislativo como “plenaritos”), cada una de ellas integrada por 19 diputados.    El quórum en estas comisiones es de 13 diputados (dos terceras partes) y una ley puede ser aprobado por simple mayoría (o sea, eventualmente con solo 7 de 13 diputados).   ¡Es como para no dormir!

En lo inmediato, un par de ejemplos del activismo legislativo.

El digital cr.hoy da cuenta de cómo las “leyes sin financiamientoahogan” el gasto público y la economía del gobierno, reseñando un estudio de la “Academia de Centro América” (7 de enero).  Asimismo, en días pasados, el mismo digital informa acerca de 55 leyesaprobadas en el último cuatrienio las cuales “no tienen contenidopresupuestario”  (o sea, gastos sin saber cómo van a ser financiados).

Ello refuerza el mal concepto que tengo de cómo ve la mayoría de diputados su quehacer en la Comisión de Hacendarios, claro es y no me duele decirlo, con honrosas excepciones.  Van allí a promover gasto, a tutelar partidas y a hacer cundir la obsecuencia  (tal y como vimos en el último trámite, cuando un diputado del PAC, el supuestamente más cercano al Ejecutivo, negoció su ingreso a dicha comisión, a fin de neutralizar al fundador mismo del PAC, el diputado Solís, quien había expresado su tono crítico con el históricamente deficitario presupuesto presentado por el Ejecutivo). 

Por otro lado, el articulista Carlos Tiffer, penalista avezado, reclama a la legislación el intento de reprimir la objeción de pericias médico legales y la eliminación de recursos (jurídicos) para ello, suprimiendo las garantías procesales en nombre de la oralidad y la velocidad.

Federico Malavassi Calvo