Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara

Tema polémico: ¿demasiado tarde?

Sin duda la noticia de la semana fue la "inocente" llamada del ex Ministro de la Presidencia y ahora precandidato presidencial Rodrigo Arias, al actual Ministro de Seguridad José María Tijerino. Aduce el flamante exministro que el único objetivo de su llamada era que el señor Tijerino obtuviera información de un expediente penal que se tramitaba en su contra, pero que de ninguna forma se buscaba hacer presión política alguna respecto a la investigación judicial.

Por supuesto, esto no tiene ningún sentido, si don Rodrigo quería saber de que trataba el expediente era tan sencillo como que el mismo autorizara a un abogado de su confianza para que fuera al Ministerio Público a revisar y fotocopiar dicho expediente. Es obvio que esto lo sabe a la perfección el hermano del expresidente Arias, cuya profesión es la de la abogacía.

Para empeorar la situación, el día de ayer aparecen en el periódico La Nación unas declaraciones del actual Fiscal General que deben de preocupar a cualquiera: “En este país se acostumbra eso; es una práctica normal la de mandar mensajitos a través de interpuestas personas”. Estas afirmaciones denotan el erosionamiento del Estado de Derecho, la institucionalidad y separación de poderes, lo cual no nos sorprende, toda vez que resulta evidente que en Costa Rica, desde hace varias décadas, se decidió claudicar en la función primordial de un Estado: ejercer el monopolio de la coacción para lograr la tutela efectiva de los derechos individuales. En cambio, nuestro Estado se ha dedicado a repartir vivienda, educación, salud, pensiones, viagra, radio, televisión, telefonía, energía, agua, puertos, becas, etc. No cabe duda que nuestro Estado se encuentra muy ocupado ejerciendo otras tareas que no le competen con el consecuente deterioro de su responsabilidad principal.

Por último, existe una preocupación más, que es consustancial a esta problemática: ante una oposición débil, resquebrajada, inoperante y sin rumbo, ¿quién podrá sacar al PLN del poder y evitar que se convierta en una especia de PRI costarricense?. La alternancia en el poder resulta vital para el buen funcionamiento del sistema democrático, pero mientras la oposición siga en este estado deplorable, los costarricenses tenemos muchas razones para estar preocupados, máxime cuando el mensaje que envía el Poder Judicial es claro: aquí, con don Rodrigo, no pasa nada.

Hoy día, en ASOJOD nos preguntamos si será demasiado tarde para recuperar la decencia y la institucionalidad democrática que deben caracterizar al Estado de Derecho. Depende de cada ciudadano hacerse esa pregunta y buscar la respuesta.

Tema polémico: Una nueva Constituyente para ¿Costa Rica?

Este día en ASOJOD queremos hacer referencia a la propuesta del Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, de la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar de forma total la Carta Magna costarricense. Consideramos que es una idea no sólo innecesaria, sino poco prudente, por varias razones que explicaremos a continuación.

Mal diagnóstico

En primer lugar, una de las justificaciones que esgrime Arias es la falta de gobernabilidad. Pero el Ministro parte de una comprensión errónea de la ingobernabilidad, al asociarla a la inoperancia de la Asamblea Legislativa y a la incapacidad del Poder Ejecutivo para poner en práctica las normas. O sea, confunde la causa con la consecuencia: la gobernabilidad, siguiendo a Arbós y Giner es la actuación de las autoridades gubernamentales en espacios considerados como legítimos por la ciudadanía, por lo cual ésta permite el ejercicio libre y obedece los mandatos del poder gubernamental. Asociado al concepto de legitimidad, vale recordar la bifurcación conceptual de la que habla Constantino Urcuyo, al diferenciar la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio, siendo la primera básicamente el reconocimiento del mandato y del poder, mientras la segunda remite a la aceptación de la actuación, a la eficacia del sistema político, tanto a nivel de sus partes como del todo.

Por oposición a la definición de Arbós y Giner, se entiende que la ingobernabilidad está relacionada con un sentimiento de que la actuación gubernamental es ilegítima y por tanto susceptible de la desobediencia cívica. En ese sentido, resulta preocupante notar que el 40,6% de los ciudadanos calificaron como mala o muy mala la labor de la Asamblea y el 26,5% consideraron como malo o muy malo el papel del Ejecutivo en el periodo 2002-2007, lo cual denota que se puede hablar de fuerte pérdida de legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, ciertos cuestionamientos a la de origen, pero todavía se está muy lejos de llegar a una crisis de gobernabilidad, es decir, situaciones que conllevan amenazas al funcionamiento de las instituciones políticas.

Lo que queremos dar a explicar es que si bien hay antecedentes para sentirse, de cierta forma preocupados por el funcionamiento del sistema político costarricense, es claro que la ingobernabilidad no se manifiesta en el empantanado camino legislativo ni en el despistado trabajar del Ejecutivo -que son en parte su causa-, sino en el descontento ciudadano respecto a la labor de las autoridades gubernamentales. ¿A dónde vamos con esto? En ASOJOD no negamos que existan ciertas manifestaciones de ingobernabilidad, pero más que todo, son ejemplos casi aislados, donde pocos actores políticos -individuales o colectivos- cuestionan con fuerza -con capacidad de movilizar sus recursos y actuar en consecuencia- la actuación de las autoridades, entre los que cabe destacar a SINTRAJAP, ANDE y ciertos grupos de la sociedad civil (transportistas, estudiantes universitarios, algunos grupos del NO, entre otros). El resto de grupos que consideran ilegítima la actuación gubernamental, entre los que es necesario ubicar a la misma ASOJOD, son ejemplos de esfuerzos aislados y con poco peso en el sistema político, por lo cual, no cuentan como actores relevantes en esta situación. Pero aún más claro se ve que la desobediencia civil está lejos de ser una realidad: lo que en verdad hay son ciertos actos de desacato a la norma, pero más por un reconocimiento de la incapacidad del Ejecutivo de hacerlas eefctivas que por una consideración de estas como ilegítimas.

El error de Arias no es sólo conceptual sino que, como bien saben los médicos, un mal diagnóstico puede ser peor para el paciente. Cuando el Ministro de la Presidencia considera que la ingobernabilidad está representada por la parálisis en la toma de decisiones y las trabas en su ejecución, entonces propone como remedio un nuevo "texto mágico" que haga más fuerte al Poder Ejecutivo. Nos preocupa que, dentro de esa concepción de "texto mágico", la intención sea diseñar una nueva Constitución "a la medida", que convierta al Estado en una lámpara maravillosa y a sus operarios en los aladinnes costarricenses, quienes con sólo frotarla, resolverán fantásticamente todos los problemas.

Caja de Pandora

Esta "inocente" medida, puede implicar varias cosas como la eliminación de la reserva de ley en muchos temas (por ejemplo restricción a los derecho fundamentales) y, por supuesto, un Leviatán mucho más grande y poderoso. Esto se podría traducir en más intervención estatal, en más oficinas, en más impuestos, en más personal y, en general, en más perjuicios para los ciudadanos. Es muy probable que algunos partidos políticos aboguen por hacer más social al Estado Social de Derecho y terminen proponiendo ampliar el espectro de garantías sociales. Las preguntas que en cada tema polémico hemos dejado para reflexionar podrían encontrar respuesta en el nuevo Texto Político: ¿vivienda digna para todos? ¿carro digno para todos? ¿educación de primera clase para todos? ¿alimentos finos para todos? ¿ropa de marca para todos? ¿vacaciones pagadas y en el extranjero para todos? ¿mascotas gordas y felices para todos?

Asimismo, nos preocupa que, a falta de reglas claras sobre el procedimiento para realizar una Constituyente y ante tantas preguntas sin respuesta como ¿quiénes podrán participar en ella? ¿tendrán derecho a deuda politica? ¿cuantos constituyentes? ¿cuál será el mecanismo para definir la magnitud electoral? ¿cuál será el sistema de asignación de escaños? ¿sólo desde partidos politicos se podría participar?, etc., los dados vayan cargados de antemano, para que unos logren materializar jurídicamente todos sus deseos.

También es necesario reflexionar qué pasará con las libertades y derechos fundamentales. Como bien dice Arias, "la reforma no afectará los derechos fundamentales que se contemplan en la actual Carta Magna. Sin embargo, una vez convocada y en funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente es soberana de modificar y tutelar sobre la organización del Estado, los derechos y garantías individuales, los derechos y deberes políticos de los ciudadanos, la organización y atribuciones de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, entre otras áreas de la vida pública". En ASOJOD creemos que una situación así es como una Caja de Pandora: miles de sopresas pueden salir de su anterior y no queremos que una de ellas nos asuste o haga daño.

En particular, uno que nos preocupa sobremanera es la intención de Arias de buscar mecanismos para limitar la capacidad de las fracciones minoritarias para obstaculizar el avance de los proyectos de ley. Es cierto que buena parte del descontento generalizado respecto a la labor de la Asamblea es causado por la lentitud y la extensa discusión en el proceso de toma de decisiones, pero cuidado, si la "solución" es silenciar a las minorías, dejarlas maniatadas e impedidas para defender sus derechos, entonces se estaría cayendo en la tiranía de las mayorías, un argumento más que refuerza el temor de una Constitución "hecha a la medida".

Si se supone que estamos en un régimen democrático, el disenso y la oposición son necesarias. Si se impide que se desempeñe ese papel se limita la competencia política (que supera la electoral), el control y la crítica: caeríamos en un totalitarismo solapado. Arias lo que está dejando ver es que considera negativo que las minorías defiendan sus intereses mediante la oposición y el obstruccionismo, es decir, que ejerciten su derecho. Imaginemos tan sólo qué habría pasado si Federico Malavassi y otros diputados libertarios no hubiesen combatido valientemente la Reforma Fiscal impulsada por la Administración Pacheco de la Espriella: hoy los costarricenses tendríamos que pagar más impuestos, tendríamos menos dinero en nuestros bolsillos, algunos funcionarios corruptos se habrían enriquecido más y, quizá, hasta tendríamos más poblemas como individuos para afrontar la actual crisis financiera.

Un asunto de timing

Una razón más para oponernos a la convocatoria a una Constituyente es porque no es el momento adecuado para hacerlo. Recién acabamos de superar el primer referéndum en la historia política nacional y con un mal sabor de boca: cuestionamientos a su pureza, irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas, intentos de rupturas al orden institucional, persistencia de odios, rencores y dolores de algunos, etc. A todo esto se le une que el fantasma del populismo reivindicativo anda cerca, con los casos de las Constituyentes "a la medida" de Chávez, Evo y Correa, que podrían tener cierto apoyo en Costa Rica. La pregunta que hay que hacerse al respecto es si en verdad queremos convertirnos en otro circo de esa índole.

Sumémosle que en el calendario están pendientes al menos dos propuestas de referéndum: la de matrimonios homosexuales (donde algunos pretenden que las mayorías aplasten el derecho individual) y el del UPOV (donde unos quieren mantener intacta cada entidad natural y que el resto muera de hambre sepultado en una florida selva). Definitivamente, como lo hemos expresado antes en ASOJOD, alguien tiene que parar esta fiesta participativa pues no podemos pasarnos en votaciones eternas, donde cada quien propone la primera sandez que se le viene a la mente, so riesgo de desgastar el sistema y aprobar cosas que resulten ser perjudiciales para los individuos y su libertad.

Finalmente, en ASOJOD creemos que lo que Costa Rica necesita es más libertad y menos Estado. Más libertad para que la gente resuelva los asuntos por sí sólos y que dependa menos de las acciones estatales. Menos Estado para robarle menos dinero a la gente y para que las pocas acciones que este debe desempeñar, puedan ser llevadas a cabo en un marco de eficiencia y eficacia. Más claridad en las normas, para dejar de estar aprobando lo que sea con tal de aprobar algo, para que las pocas normas necesarias sean útiles y aplicables, más capacidad de los actores políticos para negociar y alcanzar acuerdos y menos imposición de las mayorías. Rechazamos la idea de que los problemas del país se resolverán con tan sólo aprobar una norma mágica: no es verdad que los problemas generados por la mala ejecución y pésima fiscalización del gasto público, por la maraña legal que entorpece el accionar legislativo y ejecutivo, por la lentitud de la Administración Pública para reaccionar, tramitar y/o contratar, por las prácticas antiinstitucionales de los distintos grupos políticos antes señalados o por la baja popularidad de las autoridades acaben con el día después de que la nueva Constitución entre en vigencia.

Los cambios que necesitan el país se pueden lograr por medio de reforma/eliminación de muchas de las normas existentes, de un cambio de actitud en las personas, de limitaciones al Poder Público. Se trata de pequeños grandes cambios que se pueden realizar sin necesidad de abrir una Caja de Pandora y que, a la postre, son los verdaderos mecanismos que podrían mejorar el sistema político costarricense.