Desde la tribuna: activismo legislativo

La Asamblea Legislativa tiene la competencia o función legislativa.  La norma constitucional (artículo 121. 1) preceptúa que la Asamblea tiene la atribución exclusiva de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica …”.  Ello no se puede poner en tela de duda.  El tema elemental es cómo y cuándo. 

Tener la potestad legislativa no implica la obligación de hacer leyes (salvo cuando la Constitución, como ha sucedido en algunos limitados casos, impone la directa obligación de emitir una legislación).  Dicho de otra manera, no debe la Asamblea pasársela haciendo leyes.

¿Por qué?    Hay tres razones básicas.

La primera de ella se deriva directamente del concepto constitucional de Estado y forma de gobierno.  La Asamblea tiene la función esencial, impostergable e indelegable de control político (con sus imprescindibles especies de control administrativo, control presupuestario y control de las diversas funciones del aparato público). Forma parte de un gobierno y debe estar atenta a su principal función de ser freno, contrapeso y foro nacional de discusión de los asuntos públicos. 

Sus demás funciones implican una distribución adecuada de su tiempo y esfuerzo. La propia Constitución privilegia el tema del presupuesto nacional (festinado en esta ocasión) como uno de los instrumentos y actuaciones legislativas más señeros.  El nombramiento de magistrados integrantes del Poder Judicial es otra de las herramientas básicas en esta concepción constitucional.  La marcha de la Justicia y la seguridad jurídica debe estar siempre bajo la óptica legislativa y para ello cuenta con esta otra posibilidad reseñada. 

La Contraloría General de la República está concebida como un órgano auxiliar de la Asamblea en el control de los recursos y la hacienda públicos. No se trata únicamente de observar las finanzas públicas sino de llevar control del panorama general (recursos en sentido amplio, competencias, resultados y demás componentes).  Por ello es tan triste percatarse de la poca atención que se presta a la liquidación del presupuesto y a los informes de la Contraloría.

De tal manera, en resumen, la Asamblea no está concebida para pasársela legislando sino que tal potestad está enmarcada en su papel amplio en el gobierno. Su principal actividad ha de ser la discusión de los asuntos de gobierno, la marcha de los negocios públicos, la divulgación de los temas nacionales y el debate nacional acerca de cómo marchan las cuestiones públicas básicas.

La segunda razón se deduce de la forma de actuación propia de la Asamblea. De su naturaleza se imponen la deliberación y el debate constantes, la reflexión pública y el pensamiento transparente.    La Asamblea no es un órgano cuya labor pueda medirse en LPH  (leyes por hora). Aparte de la calidad que habrían de tener las normas hay que evaluar a la Asamblea en su vocación por deliberar y fomentar el debate y discusión nacional de los temas públicos. 

El contenido de las normas debe ser acometido de manera directa por los diputados aunque no tengan la obligación de ser especialistas en la materia.  Es el principio democrático de que las normas han de ser “generales” y su contenido ha de ser inteligible, razonable y racional.  La necesidad de la norma debe justificarse en debate y deliberación.  Este debate no puede ser sustituido por asesores, libelos de asesores ni legisladores fantasma.  El diputado no puede entregare a las cosas que no entiende, ni decir “yo no soy yo”, ni “pa’eso tenemos mayoría” ni, mucho menos, abusarse del cargo en el directorio para afirmar que algo improbado ha sido aprobado. 

La tercera razón es de concepto constitucional básico. La ley es el instrumento para imponer obligaciones, penas, impuestos, multas y limitaciones a la libertad o, de manera similar, crear competencias administrativas. Es un instrumento muy poderoso y excepcional. No puede usarse indiscriminadamente y, menos aún, sin reflexionar, sin deliberar, utilizando la sorpresa o rindiéndose cobardemente a las presiones o al susto o a un puño de gritones en las barras.

En cuanto a las limitaciones a libertad, la Sala Constitucional en sus grandes fallos de lucidez y convicción de defensa constitucional ha expresado que no solo han de ser racionales, razonables y proporcionales sino, además, “necesarias”. No basta con que sean útiles, ejemplares o producto de postración administrativa.

Tal visión impone el sistema. Dicho de otra manera, tal concepción de cómo han de ser las limitaciones a la libertad obliga al sistema legislativa a emitirse de manera sistémica:  debe guardar las proporciones en relación con los diversos bienes jurídicos, debe respetar los valores, debe medir apropiadamente el grado de necesidad en relación con los propósitos y los bienes que están de por medio. Además, debe haber correlación de razonabilidad y de racionalidad. Explicación, justificación, deliberación, convencimiento y garantía de las libertades públicas.

Uno podría expresar varios motivos adicionales para reforzar el razonamiento en el sentido de que la Asamblea no debería pasársela haciendo leyes sino otras cosas más importantes. Uno de ellos es que hay multitud de leyes.  Abundan las leyes en nuestro medio:  malas, mediocres, confusas, ambiguas, contradictorias, liberticidas, abusivas, producto de la irreflexión.

El otro, derivado de lo anterior, es que los proyectos para derogar tales adefesios (leyes derogatorias) son muy pocos.  De tal manera, la posibilidad de que se limpie un poco la maleza y despeje el panorama es muy pequeña. 

Uno más, producto de la sabiduría popular, es aquello de que “lo que de noche se hace, de día aparece”.  O sea, que no se puede legislar a la traición, por presión o en la oscuridad, en las sombras, cuando no se sabe a ciencia cierta qué está pasando.

Uno más, y muy importante, es que algunos medios de comunicación se la pasan en campañas de “indignación”, en el “hay que hacer algo”, en la denuncia asistémica e irracional de la impunidad o de casuísticas, sin estudiar causas, sin medir consecuencias y sin ver el bosque. Uno de los efectos de estas campañas es sacudir a los diputados e implicarlos en las mismas, con resultados desastrosos para el sistema jurídico y para el quehacer nacional. Hace unos años, el jefe de fracción del Movimiento Libertario (no se otro partido, sino del que supuestamente más defendía la libertad) expresó, a propósito de una negociación o discusión para el nombramiento de magistrado de la Sala Tercera (la penal), que “no estaba de acuerdo con el nombramiento de más magistrados garantistas”.  ¡De antología!  Tal exabrupto es el resultado de las presiones, miedos e irracionalidades ante el “hay que hacer algo”, “hay que mostrar un logro” y ponerse a tono con las modas de algunos medios. 

Finalmente, aunque aquí no se agota la lista, otro de los motivos que explica porqué hay que oponerse a que la Asamblea se la pase legislando a manos abiertas es la mala concepción de “gobierno” que parece haberse cultivado en muchas áreas de nuestro medio.  Cunde en nuestro país –a contravía constitucional- el mito o equivocación o mala creencia de que gobierno y poder ejecutivo son lo mismo.  Es obvia la falta de estudio, cultura política, ignorancia jurídica o ausencia de educación constitucional e histórica que alimenta tan errado sentir.  Pero es frecuente en editorialistas, columnistas, políticos, diputados y muchas otros formadores de opinión, expresar confusión entre gobierno y poder ejecutivo.  Es común que se confunda gobierno con la opinión del presidente de la República y sus ministros.  Es demasiado constante que se dejen de lado el concepto de República (primer artículo constitucional) y la división de poderes y concepción del gobierno que preceptúa nuestra Carta Fundamental (artículo noveno y concordantes). 

Aún más, y esto es elemental, la actual Constitución Política (1949) se aparta del común concepto continental de “presidencialismo” e introduce determinaciones nuevas en la Constitución, dando lugar a lo que especialistas, constituyentes y juristas han denominado indistintamente como “semiparlamentarismo” o “semipresidencialismo”.    Dicho de manera clara y directa, tal mito que confunde gobierno con poder ejecutivo es insostenible y violatorio de la Constitución.   Ésta, más bien, erige a la Asamblea en órgano primero (frente al Ejecutivo).    No obstante, en el uso diario impera el servilismo diputadil frente al Ejecutivo.  Algunos diputados oficialistas llegan a decir que ellos son “diputados de gobierno”.  ¡Válgame Dios!  Y los demás … ¿serían de desgobierno? 

Tal mito ha llegado a concretarse en expresiones increíbles.   En un “vox populi”  (programa, en este caso de TV, que consiste en preguntar directamente a la gente de la calle luego de una subjetiva interrogante del periodista) una señora exclamó que “los diputados deberían de hacerle caso al gobierno”.  

Todo ello da lugar a la “militancia o activismo legislativo”, modus diputadil que persigue estar a tono con los medios, montarse en la ola de alguna opinión pública, rendirse ante los requerimientos de algunos movimientos, ceder ante la presión del Poder Ejecutivo y dejar de lado las importantes funciones de la Asamblea. 

Así, entonces, en lugar de cuestionar las finanzas y gastos públicos, el diputado corre a aprobar más impuestos.  Igualmente, se siente en la confianza para impulsar más gasto público, porque “hay que hacer algo”; a aumentar las penas, porque “hay que hacer algo”;  a multiplicar las competencias y potestades exorbitantes de Derecho común “porque hay que hacer algo”; a limitar la autonomía de la libertad “porque hay que hacer algo”; a meter al Estado en el lecho conyugal “porque hay que hacer algo”; a limitar la libertad de expresión  “porque hay que hacer algo” y así sucesivamente.

Hay todo ello hay que sumar una grave circunstancia:  no hay una sola Asamblea Legislativa sino cuatro.  ¡Sí!  Los miércoles en la tarde, la Asamblea se descompone en tres comisiones (Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena:  CPPLP, llamadas en el argot legislativo como “plenaritos”), cada una de ellas integrada por 19 diputados.    El quórum en estas comisiones es de 13 diputados (dos terceras partes) y una ley puede ser aprobado por simple mayoría (o sea, eventualmente con solo 7 de 13 diputados).   ¡Es como para no dormir!

En lo inmediato, un par de ejemplos del activismo legislativo.

El digital cr.hoy da cuenta de cómo las “leyes sin financiamientoahogan” el gasto público y la economía del gobierno, reseñando un estudio de la “Academia de Centro América” (7 de enero).  Asimismo, en días pasados, el mismo digital informa acerca de 55 leyesaprobadas en el último cuatrienio las cuales “no tienen contenidopresupuestario”  (o sea, gastos sin saber cómo van a ser financiados).

Ello refuerza el mal concepto que tengo de cómo ve la mayoría de diputados su quehacer en la Comisión de Hacendarios, claro es y no me duele decirlo, con honrosas excepciones.  Van allí a promover gasto, a tutelar partidas y a hacer cundir la obsecuencia  (tal y como vimos en el último trámite, cuando un diputado del PAC, el supuestamente más cercano al Ejecutivo, negoció su ingreso a dicha comisión, a fin de neutralizar al fundador mismo del PAC, el diputado Solís, quien había expresado su tono crítico con el históricamente deficitario presupuesto presentado por el Ejecutivo). 

Por otro lado, el articulista Carlos Tiffer, penalista avezado, reclama a la legislación el intento de reprimir la objeción de pericias médico legales y la eliminación de recursos (jurídicos) para ello, suprimiendo las garantías procesales en nombre de la oralidad y la velocidad.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: la gestión legislativa

Ha resultado sorprendente el llamamiento del candidato Araya a los diputados electos del PLN, en el sentido de entregar el control de la futura Asamblea Legislativa al PAC. Ello deviene grotesco y hasta repugnante, pues el PLN cuenta con una tercera parte de los diputados electos (será la fracción más grande), en tanto el PAC ni siquiera completa una cuarta parte del futuro congreso.

Cuando en 1966 el PLN perdió la elección presidencial, viendo que había obtenido mayoría legislativa acuñó la frase de “gobernaremos desde el Congreso”.  Ahora no hay ningún gesto de gallardía ni nada parecido. No debe olvidarse que dicho período, si bien incómodo para el Poder Ejecutivo, se caracterizó por una gran labor de control político por parte del Legislativo y por un funcionamiento interesante de las previsiones constitucionales.

Se atribuye a don José Joaquín Trejos (Presidente 1966-1970) haber expresado que la furiosa oposición del PLN y la constante llamada a seguir la normativa constitucional especialmente en cuanto al tema presupuestario, más bien le había “facilitado” hacer bien las cosas.  Ello por cuanto el celo por las normas constitucionales por parte del PLN  (en su papel de oposición) le facilitaba lidiar con la presión por aumentar el gasto público.

En el juego democrático y en los organismos colegiados integrados por elecciones, se espera que haya contradictorio, discusión, representación de intereses contrapuestos, deliberación y los roles propios de organismos parlamentarios. No es parte del juego entregarse, rendirse, callarse, ceder ante los demás ni tampoco hay regla alguna de la que se pueda deducir que hay que entregar el control del parlamento a quien presuntamente gane la elección presidencial.

Ello no solo es repugnante sino poco republicano. No encuentro cómo podría justificarse tan complicado entuerto. Por tal motivo, es menester recordar que el Poder Legislativo es un poder diferente del Ejecutivo.  Ambos órganos constitucionales forman parte del gobierno (por ello es un yerro mayúsculo reservar la expresión “gobierno” para el Ejecutivo, yerro en el que incurren constantemente comunicadores y algunos políticos).  Del texto constitucional y de la doctrina y discusiones constitucionales se deriva que el Legislativo es predominante y control del Ejecutivo y su posición constitucional es similar a la de una Junta Directiva o una Asamblea sobre un Gerente.  En el sistema de frenos y contrapesos se prevén mecanismos de compensación, como por ejemplo la posibilidad de los vetos y la capacidad para convocar sesiones extraordinarias y la de presentar proyectos de ley.    Este es el instrumento preciso de ejercicio de las relaciones entre los órganos desde la perspectiva del Ejecutivo.

Un buen ministro de la Presidencia (o de cualquier ramo) tiene la posibilidad de mejorar el posicionamiento de su gestión a través de sus relaciones personales, de su habilidad política y de su aceptación en la Asamblea y entre los diputados.  Sin embargo, bajo ningún concepto podrá entender el Ejecutivo que tiene prelación sobre el Legislativo, que deba deducirse que el Presidente de la Asamblea y el Directorio deban seguir el plan o color del Ejecutivo o que el ganar el Ejecutivo da peso moral para tomar el Legislativo.  

La organización constitucional asume el principio de la división de poderes.  Las normas constitucionales favorecen el funcionamiento de los frenos y contrapesos.  El Derecho Constitucional resguarda los derechos ciudadanos y de su tutela se favorece el funcionamiento de los órganos constitucionales en un plan y dinámica muy diferente al torpe deseo del frustrado candidato del PLN.  

Para los principios republicanos y nuestra doctrina constitucional es fundamental que se evite la concentración de poder.  Por tal razón, no entiendo cómo razona el entregado candidato, pues –aparte de lo que se pueda decir de su “renuncia” o posición “pasiva”, tan discutible y poco encomiable- su propuesta es por una extraña concentración de poderes.

Algunos medios y comunicadores han salido a alabar la “renuncia” y la entrega  (no estamos hablando de una canción).  ¡Qué tentación la de algunos comunicadores!    De alguna manera están sobrepasando su función, que habría de ser más crítica y menos cortesana.  Ya en el pasado hubo un comunicador que se entregó (también) al famoso pacto “Figueres-Calderón” y, escondiendo al principio que había sido uno de sus redactores, apareció en su espacio haciendo alarde de sorpresa y brinco en los ojos ante el pacto de los hijos de los caudillos. En la actualidad parece que algunos comunicadores medio responsables de la renuncia, también quieren tener crédito en la entrega.  

Mal servicio para la democracia.  No se trata de que se las fuerzas políticas no se puedan poner de acuerdo.  Ello podría ser resultado de discusiones o posiciones bien establecidas, cantadas y determinadas.  Pero no de una entrega incondicional precedida de una renuncia con atisbos de inconstitucionalidad.  

Gran servicio hace a la Patria el diputado que pelea por lo que quiere, que busca el posicionamiento de sus ideas e intereses, que busca el mejor desempeño de sus fuerzas y partido.  Mal ha terminado siempre el pacto de entrega, silencio y “dejar hacer y pasar”.  Es bueno dar libertad a los ciudadanos, pero no a los contrincantes políticos.  El mejor favor es vigilarlo, complicarle sus pretensiones, obligarlo a luchar y explicar, a obtener los votos y a sopesar su situación.

¿Cómo es que el entregado candidato quiere regalar lo que el pueblo de Costa Rica no eligió, ni votó, ni ofreció ni regaló?  Cosa rara, singular y desatinada. El electorado hizo perder a todos.  El sistema no deja la Presidencia vacante sino que obliga a decidir entre los menos desfavorecidos.  ¡Ah!  Pero el asustado candidato ahora pretende dar control y directorio a quien el pueblo no dio siquiera una cuarta parte de los diputados.  

Se espera que en el Parlamento haya al menos deliberación, presentación de proyectos (de gobierno), exhibición de argumentos y uso de la palabra.  No que haya un grupo de entregados …  el rol de la oposición es oponerse, el rol de los que tienen más número es intentar ganar las votaciones, el rol de quienes hablan es intentar convencer, exhibir, criticar y cuestionar.  La entrega tan poco digna es reprobable y va contra la línea de los papeles que han de hacerse en el Congreso.  Es peor que ser tureca.  Aparte de mostrar poco entendimiento constitucional, jurídico, político, histórico y parlamentario, tal propuesta carece de sentido lógico y de valor.

En los organismos colegiados se espera la deliberación y discusión.  En las oposiciones se espera el contradictorio.  Eludirlo es traicionar los principios mismos de tal integración.  La Constitución no prevé dictadura, monarquía, tiranía o concentración del poder.  ¡Todo lo contrario!   

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el degradado proceso político costarricense

En vez de más politica, más sociedad, el degradado y degradante proceso politico costarricense, confirma la urgencia de una sociedad más autonóma, más vigorosa, más decisiva.

La constante y creciente intervención politiquera en la vida de las personas, las familias y las comunidades sigue causando daño.

La reciente disputa institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con cepas intervendas por el Poder Ejecutivo muestra, descarnadamente, el significado de la "dictadura en democracia" y las graves consecuencias de rendir culto a los conteos de votos, por encima de las personas, de su pensamiento y autodeterminación.

En lo político, este proceso ha ido vaciando de contenido a la estructra republicana, al son del mantra de la "gobernabilidad". Quienes se lamentan de la falta de gobernabilidad deben encontrarse extasiados con la abrumadora decision legislativa acerca de la integracion de la Sala Constitucional. Se votó y se resolvió, haciendo de lado la fecha limite para decidir este asunto.

Una democracia, entronizada como sagrada y obediente a una autoridad, ha mostrado su tenebroso aspecto. Solo valen las personas, en este caso el Magistrado Cruz Castro, como fichas de votación, adaptadas o no a la voluntad de otra votación, en la Asamblea Legislativa.

Para cualquier ciudadano, del lado que se coloque en este irritante asunto, brilla al ojo que la independencia y la autonomía de los tribunales es materia politica, hasta electoral.

Familas, comunidades y ciudadanos, empresarios nacionales y extranjeros, han quedado notificados que, para bien o para mal,  la justicia en Costa Rica obedece la ideología resultante de un conteo de votos y así se regira la resolución de los asuntos, en los más encumbrados tribunales.

No serán las leyes, ni las normas constitucionales, sino la conformidad con la mayoría legislativa calificada, bastante dúctil, por cierto, la que indicara a los jueces el camino a seguir.

Una democracia así, es una deidad fallida. Una vida social, dominada por el gobierno, termina atrapada por el poder corrupto y disociador de la politiquería.

Quienes claman por la independencia de poderes, por la autonomía de los magistrados y  los diputados o los presidentes y ministros, hacen añorar una mención, una reflexión,  una consideración, al menos, a la autonomía e independencia de las personas, las familias y comunidades, atrapadas en estas luchas de poder, con más fuerza y perjuicio, entre mayor sea la intervención del proceso político en la vida social.

Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: el Reglamento Legislativo ¿culpable?

No hay presunción de inocencia, menos aún… estado de inocencia. El Reglamento de la Asamblea Legislativa ha sido condenado a pena de muerte o, por lo menos,  a mutilaciones que lo desfiguren permanentemente. Todo lo que anda mal en el gobierno de lo público, se le atribuye. En su reforma yace, según sus detractores, la bonanza nacional y la prosperidad patria.

El expediente de su procesamiento tiene varios años. Se le acusa de todo lo malo que ocurre en el país y hasta de las malas escogencias electorales tanto para integrantes de la Asamblea Legislativa, los diputados, como… ¡de los ministros y presidentes! 

Resumido el gobierno en solo Poder Ejecutivo, al contrario de lo que establece el artículo  9  de nuestra Constitución, resulta torticero alegar que cualquier moción o grupo de ellas es un obstáculo al imaginado gobierno amputado y reducido solo a Poder Ejecutivo. En efecto, los ministros y los diputados oficialistas e incluso algunos opositores, repiten y repican que el “gobierno” envió un proyecto, o que el “gobierno” desea unos impuestos, cuando debió decir “Poder Ejecutivo”, inculcando en los ciudadanos una nueva Constitución donde el gobierno, en vez de estar constituido por tres poderes, queda reducido a uno.    

Los atizadores de la falsificación gubernativa eliminaron y no restauran, una vigorosa enseñanza cívica, pero predican la carencia de buena gobernabilidad, con rostro serio y gesto de preocupación, cuando sus equivocaciones inconstitucionales y anti-republicanas, son el principal fermento del mal gobierno. La ignorancia cívica que esparcen no los inmuta y, el éxito que alcanza su desfigurado desgobierno, los alienta.

La equivocación se ha incardinado. El error ha sido repetido, tantas veces, que muchos creen que gobierno es solo Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, el Reglamento Legislativo, es un estorbo;  los debates, son atrasos y las mociones, obstáculos. La simplificación ha llevado al radicalismo anti-republicano. Por supuesto, la Sala Constitucional, que según el concepto falso y manipulado de gobierno, tampoco forma parte del gobierno, se convierte en anti-gobierno cada vez que encuentra vulnerado el reglamento legislativo. 

Los grandes reformadores del reglamento ofrecen una tierra de  miel y  leche y proponen, tan necia como equivocadamente, impedir mociones, no debatir, ni siquiera leer, ni defender,  las muy pocas que se admitan y convertir la Asamblea en una notaría o escribanía del Poder Ejecutivo donde se ponga en forma de ley lo que dicte el único poder: el Ejecutivo. Mejor aún, como lo expresara el Dr. Rodolfo Cerdas, convertirla en sello de hule es lo que pretenden. 

Hay políticos, candidatos y cortesanos que imaginan como buen gobierno la inexistencia otros poderes más allá del ejecutivo. Promueven, una Constitución sin Sala Constitucional y leyes sin Asamblea Legislativa y, en ese caso, si todo es ficticio, un reglamento legislativo cuya única regla sea: aceptar lo que diga casa presidencial. Esa república de los extremistas,  convertida en sueño, será una inmensa pesadilla, una vez enfrentada a la realidad del poder concentrado, en muy pocas manos. 

 Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: ¿ley mordaza?

Para una república, para una democracia, es elemental (vital) el tema de la libertad de expresión. No hay que olvidar que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este importante derecho (buscar, recibir y difundir información).
 

La posibilidad de que una ley relativa a los delitos informáticos (9048), cuyo formato es una reforma al Código Penal, esté atentando contra la libertad de expresión (pariente cercanísima de las libertades de pensamiento, prensa y enseñanza) es pareja con el hecho de que nuestro Estado no ha superado los entuertos contra la libertad de expresión señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera.
 

Por eso es risible el argumento de los diputados, en el sentido de que cualquier error es un gazapo de los asesores. Igual, el desempeño de la Presidencia de la República, que no veta el proyecto de ley sino que le da el “Ejecútese” y la promulga, pero que se deshace en cumplidos hacia la prensa y organiza una comisión de reformas (un placebo).
 

Preocupa que la técnica legislativa sea tan pobre y complicada (la ley 9048 es un exceso de verbos que no logran determinar un tipo penal preciso y es obvio que hay una serie de disposiciones que amenazan la libertad de información). Preocupa que la Presidencia de la República sea evasiva y finja complacencias.  Preocupa que una parte de la prensa sea tan contradictoria, pues un día apura a los legisladores y exige leyes al por mayor y al día siguiente se rasga las vestiduras por el contenido de las leyes (la misma historia que con la Ley de Tránsito).

 

 Asusta el entorno, pues hace pocos días el CONAVI recordaba a sus funcionarios que tenían el deber de confidencialidad y hay una acusación contra funcionarios por sospechas de haber filtrado la información que descabezó el  nudo de negocios de la familia Herrero-Procesos.  

 

El Estado debería ser como una casa de cristal, transparente y con todo a la vista. Esta ley y el entorno nos dejan ver que el panorama se complica. Sin libertad de expresión el pueblo no puede informarse adecuadamente para tomar decisiones. Cae así una garantía básica y un supuesto de la forma republicana que caracteriza a nuestro Estado. 
 

Hay que reconocer que la tendencia en el poder costarricense (Asamblea y Ejecutivo) no es pro libertad de expresión. Una vez que entendamos esto entonces será claro que hay que promoverla la libertad de expresión y sus garantías.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el gobierno no debería ser importante

No está de más repasar por qué tenemos un gobierno. Tenemos un gobierno porque hemos decidido vivir en sociedad y constituir un Estado. Lo que llaman muchos el “Contrato Social”. 

La idea de un gobierno es que nos administre algunas cosas, con arreglo a la Constitución y las leyes. El principio en nuestra sociedad es que la soberanía reside en la Nación. Ello significa que el soberano es el conjunto de nacionales. El gobierno no debería tener un propósito propio sino que su cometido es servir al pueblo, a la gente. Todo ello, reitero, con arreglo a la Constitución y las leyes.
 

El problema surge cuando el gobierno comienza a tener propósitos propios, el Ejecutivo cree que solo él es gobierno y se utilizan las elecciones para el clientelismo político.

Si la gestión pública fuera equilibrada, cada cual en su casa y trabajo tranquilo con lo que pasa. Pero como no es así, sino que la gestión pública es un conjunto de impulsos y ocurrencias, entonces hay que estar a la defensiva.Y estamos tarde.

Un ejemplo claro es el tema de la trocha 1856  (la “trocha mocha”). Todo se inició con el mal manejo de una cuestión fronteriza.  Se supone que al gobierno se le paga para que lo haga con cierto tino, no con destino.  

 

Un medio permiso, terminó en un dragado y construcción de zanjas que ponía en cierto riesgo la frontera. Pues entonces el gobierno envía un puñado de policías que van en actitud de soldados de un comando militar. Los vi en las noticias luciendo sus armas y una actitud combativa. Tal vez era una sobrerreacción o una exhibición indebida.
 

Pero fue peor verlos regresar con el rabo entre las piernas, abandonando el territorio nacional en supuesto peligro y aduciendo otras razones. Allí ha empezado un oneroso litigio internacional y un conflicto al que no se le ve trazas de terminar pronto (dicen que “un loco hace cien”).

 

Alguien tuvo la ocurrencia de la carretera fronteriza (una obra pública no programada ni planificada). Allí se desató el gran desorden: declaratoria de emergencia, utilización de fondos y procedimientos de emergencia, obras en desorden y sin adecuada construcción ni previsión, dinero perdido, naturaleza dañada, obras por perderse, ridículo y todos peor.

¿Era para eso el gobierno? ¿Será que no entienden que son pasajeros en la función pública? ¿Quizás sea que no se entiende en qué radica el Estado de Derecho?

El hecho puro es que van docenas de miles de millones de colones gastados, tal vez desviados, evidentemente perdidos. Fomento de la corrupción, daño más grande que el reclamado a Nicaragua, la cuestión ambiental lesionada, el mal ejemplo y buena parte de la función pública perdiendo el tiempo en el asunto. Se ha llegado al colmo de bloquear la inspección de un diputado en la zona. 

Se perdió el Norte, la razón de ser del gobierno. Se olvidaron del propósito de vivir en sociedad. Si todos tuviéramos claro para qué es el gobierno y que su primera obligación es ser garante del Derecho y del Estado de Derecho, quizás mucho de esto no pasaría (pues pasa a diario).

Podemos pensar en la grave situación de la CCSS, en el estado crítico del ICE, en las gravísimas pérdidas del Banco Central (medidas en miles de millones de dólares), en que todo el esfuerzo de vivienda no alcanza el déficit, en la duplicación de entidades públicas y mil cosas más. Todos pendientes de qué va a hacer el gobierno y pensando cómo nos va a afectar.Y no debería ser así. No deberíamos estar pendientes de ello. 

Lo que sucede es que hemos aceptado el manoseo de la Constitución, hemos aceptado que el Ejecutivo esté presionando constantemente al Legislativo en cuanto a emisión de nuevas leyes y cambio de las reglas de juego. Hemos aceptado que el gobierno pese demasiado y ahora no lo aguantamos. Nos hemos dejador robar la libertad.

Ahora hay que pensar en reparar lo que se ha hecho con la aceptación de muchos. Recuperar la libertad, poner al gobierno en su lugar y hacerse cada cual responsable de su vida.
 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: importancia de la división de poderes

Ando de bronca con tanto cortesano, columnistas (en cuenta Julio Rodríguez de La Nación) y funcionario interesado en confundir la “Presidencia de la República” con el “Gobierno de la República”.

Basta una breve lectura del artículo 9 de la Constitución Política para salir del error (el gobierno lo ejercen el pueblo y los tres poderes…) y un poco de ética para apartarse de la mentira (pues no todo es error sino que hay crispinescos intereses en confundir una cosa con otra).

Comentaba el asunto con un amigo y me replicó que la división de poderes no existía. Le riposté con el texto constitucional y me insistió en que no se trata de un tema de normas jurídicas sino de realidad  (los tercos hechos).

-A los diputados no los pone el pueblo, los pone el Presidente o alguien cercano a él-, me dice. Iba a contraargumentarle y entendí el hecho y comprendí la gran relación que tiene con algo que hace tiempo critico y vengo denunciando.

Hay una campaña permanente de desprestigio en contra de Asamblea Legislativa y diputados. Es lugar común decir  “ésta es  la peor asamblea” , cada vez que hay una nueva. Los propios diputados caen en el juego.  Sí, el juego. ¿En qué consiste el juego?

Se supone que la Asamblea es el primero de los poderes (ahora es el pueblo, pero si pensamos solo en los tres poderes, seguirá siendo la Asamblea). La Asamblea dicta la ley y elige a los magistrados, a los contralores, a los defensores. La Corte Plena elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.

Si las asambleas de los partidos son dominadas por los candidatos a Presidente, entonces resultará que la mayor parte de los diputados deberá su designación a tal candidato (uno de ellos resultará presidente y los otros tendrán cómo negociar). 

Por otra parte, cunde la creencia de que “gobierno” es solo el Presidente y entonces la obra se va completando (el juego de que venimos hablando). Para reforzar tal pretensión, la Presidencia cuenta con la incondicionalidad de sus ministros y con toda la administración pública (salvo tal vez las Universidades, pues gozan de una autonomía un tanto diversa). Hay que recordar las leyes de “presidencias ejecutivas” y de “cuatro-tres” y entonces entenderemos que la mayor parte de las Juntas de las Autónomas debe su nombramiento al Consejo de Gobierno (Presidente más ministros) directamente o pasando por las aplicaciones interpretativas del “cuatro-tres”.  

Entonces el panorama se completa. Una mayoría de diputados se acomoda a las presiones y a la Presidencia.  Algunos incluso se autodenominan “diputados de gobierno”.  Los otros sufrirán los embates de muchos medios de comunicación (prensa cortesana, columnistas que han recibido viaje, cariñito o regalito, medios que reciben pauta de la administración pública) y la mentalidad construida por todo el tinglado en el sentido de que “hay que hacer algo”, “hay que obedecer al gobierno”, “hay que aprobar impuestos”, “hay que desentrabar la Asamblea”, “hay que trabajar (como si el trabajo del diputado fuera aprobar y aprobar, en lugar de pensar, deliberar, discutir, objetar y rechazar).  

Es cuestión de tiempo y se cansarán de oponerse a la inercia. Terminarán viajando (un incentivo), incapacitándose o gozando de un permiso, capitulando, ausentándose de sesión, quedándose callados o sumándose a la mayoría.  Olvidarán los argumentos para objetar.  Olvidarán las promesas que hicieron a sus seguidores.  Pronto empezarán a nombrar a algún magistrado suplente. Tal vez ratificarán algún cargo. Quizás dejarán que pase algún proyecto de ley y se convencerán de que habrá sido suficiente con consulta facultativa o con la mera existencia de la Sala Constitucional para enmendar el desatino. Se han olvidado de que con igual abulia dejaron pasar el escogimiento de magistrados. Luego dejaron que la comisión de nombramientos impusiera ternas (inconstitucionales) y empezaron a creer en los candidatos potables, light o llevaderos (no hay que hacer olas) y poco a poco se acabó la división de poderes y la Presidencia de convirtió en gobierno (tiene los magistrados que quiere, los contralores que quiere, los defensores  que quiere y hasta el TSE que quiere).  

Algunos diputados terminan cediendo a la presión de su propio partido (son cuota del candidato y le deben obediencia, para que él pueda negociar). Recuerdo que se decía de un Secretario General de un partido acomodado (Ley Vesco y Ley “cuatro-tres”, Presidencias Ejecutivas y Codesa fueron aprobadas con su “oposición”) expresaba “¡Tranquilos, tranquilos!, que perdiendo ganamos”. Siempre queda el expediente de decir que se hace “oposición responsable”. Entre diputados hay presión para que los opositores o difíciles tengan presente “el costo político” de su actitud.

Dejo aquí el argumento general.  Pruebas sobran. Espero haber convencido a quienes esto lean de porqué es importante la división de poderes y no confundir al Ejecutivo con el Gobierno. ¡Queda dicho!

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: la quimera del imperio de la ley

Uno de los elementos más importantes del sistema republicano actual es el imperio de la ley. Como concepto y figura, nació con las revoluciones europeas de siglos atrás que intentaron controlar el poder regio. Surgieron como parte del régimen de sujeciones que los ciudadanos rebeldes exigieron al monarca,para evitar los regímenes normativos de aplicación selectiva que caracterizaban a las sociedades de ese entonces.

Su objetivo era simple: que todos los individuos, sin excepción y sin importar su casta, posición o poder, estuvieran cubiertos por la ley. Es decir, que no hubiese nadie excento de ella, nadie que pudiera alegar estar por encima de la norma, una norma objetiva e imparcial que le permitiera a las personas saber a qué atenerse -ahí entra en escena el hermano siamés de ese concepto: la seguridad jurídica- y actuar en consecuencia.

Si bien este principio ha ocupado páginas interesantísimas de la teoría política, de la teoría del Estado, del derecho y otras ramas del estudio del poder, lo cierto es que cada día que pasa, en algunas latitudes, parece existir apenas en las páginas de los libros y no en la realidad política de las sociedades.

En el caso de nuestro país, donde constantemente las personas se ufanan al decir que se trata de un régimen republicano, el pisotón que le dan al imperio de la ley es pan de cada día. Podríamos poner millones de ejemplos para ilustra cómo el Estado, a través de los políticos de turno pero también por medio de la propia institucionalidad, violenta ese elemental principio. Pero nos bastan unos pocos casos para darle a entender nuestro punto a los lectores.

Se trata de hechos recientes que todavía quedan en la retina de los ciudadanos. El inciso 3) del artículo 140 constitucional dispone que corresponde al Poder Ejecutivo "sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por exacto cumplimiento". A pesar de la claridad en la norma, ese órgano no la cumple como debería. El artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República impide expresamente el financiamiento de gasto corriente con endeudamiento a la hora de diseñar y aprobar el Presupuesto de la República. Empero, en los últimos 20 años, los respectivos Ministros de Hacienda se han empeñado en desconocer la norma y enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto presupuestario que incumple esa disposición y los propios Diputados, mondos y lirondos, lo aprueban.

Otro caso es el de las famosas autonomías institucionales. Quizá una de las entidades que más ha abusado de ese principio de resguardo ha sido la Universidad de Costa Rica. El ingreso de la Fuerza Pública hace unos dos años al campus universitario para arrestar a un sospechoso generó una gran polémica, por cuanto se alegó que se violentó la "soberanía" universitaria por entrar sin pedir permiso. Escribimos "soberanía" en lugar de autonomía, porque con esos argumentos más pareciera que la UCR es un Estado independiente (República Bolivariana de Montes de Oca dirían algunos) con su propio ordenamiento jurídico, presunción que toma más fuerza cuando los propios funcionarios de la institución se han dejado decir, a la luz de la aplicación de la Ley contra el exceso de trámites en la Administración Pública y sus reformas, que esas disposiciones no aplican en las oficinas de la UCR, por cuanto los documentos requeridos allí tienen sustento en los reglamentos internos (aún cuando sea pedir documentos a los usuarios que la misma UCR emite).

Finalmente, dos casos recientes relacionados con el Poder Judicial nos dejan mucho que desear. El primero viene ocurriendo desde el 2010, con motivo del contrato que ese órgano tiene con la empresa Indra Sistemas S.A. para el rediseño de procesos y mejora de funcionesl del Ministerio Público y de la Defensa Pública y, dentro del cual, el esposo de una Magistrada funciona como Director del Proyecto, mismo que en dos años apenas ha entregado el cronograma de trabajo pero ya ha recibido pagos por casi $200.000. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa investigó este caso y determinó que, a pesar de los incumplimientos contractuales y la mala calidad de los productos, la Corte Suprema de Justicia no ha querido suspender su relación con esa empresa. Por el contrario, a punta de prórrogas y "comprensiones" se le ha permitido continuar, a pesar de la sospecha del favorecimiento por tratarse del cónyuge de una Magistrada.

Algo similar publican los medios de comunicación este fin de semana, cuando el Poder Judicial vuelve a dar mucho que pensar al "perdonar" al hijo de un Magistrado que trabaja en la Inspección Judicial por el aparente cobro indebido de viáticos y permisos de trabajo, a pesar que los informes de investigación recomiendan su despido. ¿Qué puede el ciudadano pensar cuando un funcionario del órgano que, supuestamente, debe velar por la probidad dentro del Poder Judicial es encontrado responsable precisamente de faltas al deber de probidad y no es despedido? Más aún, ¿qué pensar cuando ese funcionario es hijo de un Magistrado que, aunque digan que no conocía del caso, tiene relación con todos los subalternos de la institución y es público y notorio su poder?

En definitiva, Costa Rica cada día da muestras de tener diferentes regímenes normativos según se trate del nombre del implicado. Si es un "Juan Pérez", uno puede tener casi la certeza de que, ante la falta, vendrá el castigo. Pero si su nombre está relacionado con el poder, es pariente, amigo, protegido o miembro de las "castas benditas" de nuestro país, los expedientes desaparecerán, los errores que anulen el proceso surgirán, las justificaciones y defensas de los propios órganos encargados de investigar aparecerán.

Mientras esto siga así, nuestro país no puede aspirar a mejorar. Porque nuestro subdesarrollo no es causado por la falta de recursos naturales, ni por la falta de formación de nuestros trabajadores, ni por la ausencia de líderes visionarios, sino por la pobreza moral de nuestra gente, pero especialmente de aquellos que se sirven del poder estatal para favorecer a sus allegados o a sí mismos, para protegerse ante los errores o las corruptelas, para vivir a costa de otros y, desde su Olimpo, divertirse viendo como pasamos los demás nuestras penurias terrenales.

En el tanto sigan esas prácticas, donde unos se cobijan con excepciones y privilegios, con prebendas y abusos, mientras otros si deben cumplir con el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley será una quimera.

Flash Legislativo

En este día, en ASOJOD no abordaremos un proyecto en particular, sino que haremos un breve análisis de la agenda de las sesiones extraordinarias. Durante todo este mes de agosto, la definición de la agenda corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, que pone en conocimiento de los Diputados aquellos proyectos que le interesa impulsar.

Este periodo inició desde el lunes anterior y una semana después, ha estado caracterizado por una marcada indecisión del Ejecutivo: ha enviado cuatro convocatorias diferentes, sacando e incorporando proyectos sin ninguna lógica particular. La hipótesis más plausible para explicar este hecho es que el mismo Ejecutivo no sabe lo que quiere: no ha terminado de acomodarse luego de 3 meses de gestión y con una serie de problemas que le han complicado la labor a Chinchilla y su gabinete: el aumento de salario de los Diputados, la pelea entre la Ministra de Salud y la Asamblea Legislativa, el caso de Crucitas, la reforma constitucional del agua y la negociación por el FEES son apenas algunos temas que han dificultado el accionar de ese Poder.

A eso hay que sumarle un aspecto que, de no controlarse, se podría volver peligroso en el futuro: el miedo casi patológico de la Presidente para tomar decisiones que puedan levantar polémica. Lo vimos en campaña y lo vemos ahora en gestión. Se trata de una evitación extrema del conflicto y la discusión, no con intenciones pacifistas y consensuale, sino por incapacidad propia de doña Laura para echarse al hombro un Gobierno. Aún la honestidad no ha sido cuestionada, pero la firmeza que nos prometía en campaña, cada día se convierte más en un slogan, en una fórmula vacía.

Si el Ejecutivo no toma decisiones claras, y la agenda del periodo de sesiones extraordinarias debe ser una de ella, el país podría enfrentar graves consecuencias. Esperemos que doña Laura y su equipo definan, cuanto antes, los temas que quieren poner en conocimiento del Poder Legislativo, a fin de que los Diputados logren aligerar un poco la agenda parlamentaria, sacando algunos proyectos.

Va de nuevo

Hoy se anunció en un diario de circulación nacional que el gobierno buscará una vez más regular la actividad del porteo… ahora con un “proyecto de ley consensuado”.

En ASOJOD nos preguntamos, ¿hasta cuando dejará el gobierno de turno en paz a las personas que quieren trabajar sin que NADIE los hostigue?

Los futuros “padres de la patria” (y madres por aquello de la igualdad de género) autodenominados defensores de la libertad, tienen la obligación de defender a este sector de la ambición reguladora del Ejecutivo y sus “socialdemócratas” diputados (sea lo que sea que signifique ser socialdemócrata). Pero mucho cuidado con la defensa que se realice, ¡no se ocupan más leyes!, solo basta con dejarlos en paz.