La columna de Carlos Federico Smith: sigue el jolgorio de pluses en RECOPE

¿Se acuerdan cuando RECOPE redujo el costo de su convención colectiva que en su presupuesto del 2015 había llegado a un máximo de ₡25.263 millones? A pesar de la reducción estimada en un monto de ₡5.048 millones en el lapso de tres años, si bien originalmente se consideró una reducción de ₡8.320 millones, las cosas están retrocediendo. Mientras que en el presupuesto del 2016 se estimó que el costo de la convención colectiva sería de ₡23.810 millones y el correspondiente al 2017 de ₡23.625 millones, ya en el del 2018, año en que todavía se esperaría una reducción de los privilegios en los montos acordados en el 2105, más bien los privilegios aumentan a ₡24.847 millones. O sea, una reculada significativa de lo acordado.

Los datos provienen de un artículo de La Nación del 15 de enero, que lleva por título “Nuevo plus, extras y vacaciones encarecen convención de RECOPE: Costo de sobresueldos subiría ₡1.200 millones este año respecto al 2017.” 

Una pregunta obvia es ¿por qué tal aumento? Son varios los factores que están impulsado esta alza en los gastos presupuestos. Por una parte, en las negociaciones del 2016 se creó un nuevo privilegio llamado “incentivos a personal no profesional,” con un monto equivalente entre 3 y 5% de los salarios de esos trabajadores de RECOPE (además del aumento salarial del año por inflación). El impacto de este nuevo plus fue de ₡204 millones en el 2017 y de ¡₡758 millones en el 2018! Esto es, en este año el incremento de tan sólo ese rubro fue de ₡554 millones; o sea, de un 115% de aumento entre el 2017 y el 2018. Vaya usted a saber las razones de ello.

Pero, el mayor incremento en pluses de RECOPE se da en las partidas de vacaciones y horas extra, pues pasa de ₡1.276 millones en el 2017 a ₡2.293 millones en el 2018; esto es, un alza en este año de ₡1.017 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un acrecentamiento del 79% en el año. Casi nada. ...Y, de nuevo, “vaya usted a saber las razones de ello.”

Obviamente, esos gastillos los tendremos que pagar los consumidores cautivos de RECOPE con un aumento en los precios de los combustibles, del cual no nos podemos escapar pues la condición monopólica de RECOPE nos exige adquirir sus productos, sea cual sea el precio que se nos cobre. De hecho, el pasado 22 de diciembre RECOPE le pidió al órgano “regulador”, la ARESEP, que aumentara en ₡5.89 al litro de gasolina súper; de ₡5.45 al de la regular y de ₡4.80 al de diésel. Esta alza se debe al aumento de los gastos operativos de RECOPE que incluyen aquellos privilegios aumentados. 

Esta es la trágica historia usual: los privilegios de la burocracia son trasladados a los bolsillos de los consumidores, quienes nos vemos obligados por el monopolio a pagar el precio que, en contubernio con tal política, defina ARESEP. No tenemos escape: a pagar todos por los privilegios de algunos pocos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 

Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 

El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 

Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 

Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 

Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 

Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 

El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 

Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 

Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 

También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a pagar las consecuencias

La prepotencia de ciertos grupos que simplemente radica en que creyeron que, para construir una carretera en serio, sólo se requería que hubiera voluntad política y que, una vez disuelto el contrato con la firma constructora OAS para construir la carretera a San Ramón y que “la hiciera el estado” en vez de la empresa privada por medio de una concesión, pronto se tendría una supercarretera, como si se tratara de soplar y hacer botellas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que huestes triunfales se alegraron que la obra no sería concesionada y que todos los fondos simplemente estaban allí y que sólo era cosa de que el estado la hiciera, para disponer rápidamente de una carretera que incluso sería mucho más barata?  

Mucho tiempo ha pasado y las pretensiones ilusas se han desnudado descarnadamente y, en la actualidad, no hay ni planos, ni estudios financieros ni estudios ambientales y tampoco se han expropiado las tierras por donde pasaría la carretera. No contaron con la ineficiencia propia de los gobernantes, tal vez porque creían que si el estado era el que hacía la obra, todo sería gloria y felicidad. Ojalá que aquellos grupos hayan recapacitado y reconocido que el mecanismo de concesión es el adecuado y viable y que su objeción se reducía al desagradable contrato con OAS.

Para acabar: la responsable de la obra en el Banco de Costa Rica, fiduciario del proyecto, en un fideicomiso creado en febrero del 2015 por la administración Solís, señaló recientemente que se ha estimado que se requerirá de “37 meses (1.126 días) para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros, gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la edificación.” Nótese que es posible que el gobierno ni siquiera tiene la plata requerida para hacer la obra (bajo concesión eso no sería problema pues corre a cargo de la empresa, que no obtendría el contrato si no dispone de los recursos). 

La información está contenida en un artículo de La Nación del 3 de enero, titulado “Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años: CONAVI y BCR buscan $35 millones para financiarlos.” O sea, ni siquiera hay plata para financiar la parte pre-operativa del proyecto. Se calcula que, de esa suma de $35 millones, se usarían $15 sólo para pagar expropiaciones.

Recuérdese cuando en abril del 2003, la presidenta Chinchilla accedió a quitarle el contrato de $524 millones a la empresa OAS -de mala reputación en Brasil por escándalos con funcionarios de los gobiernos de Lula y Dilma- porque un grupo de ciudadanos –me imagino que sumamente mal asesorados- se opuso a que tuviera un costo para el usuario de ₡1.965 por sentido y de ₡3.930 ida y vuelta.  El actual ministro de Transportes, señor Valverde, indicó en junio del 2017 que “es muy probable que el importe del peaje por viajar en ambos sentidos sea mayor a ₡4.000,” si bien, al no estar definidos todos los costos (planos, estudios financieros, etcétera) no es posible afirmar con exactitud cuál será el peaje final. 

Entre tanto, para angustia de los que creyeron que era cuestión de soplar y hacer botellas y que rápidamente tendrían esa carretera, así como de los ciudadanos presuntamente beneficiados con dicha ampliación, se requiere de 37 meses más tan sólo para poder iniciar la obra. Estoy casi seguro que, para cuando esté totalmente terminada dados los términos actuales, ya no estaré en la tierra para quejarme de la estupidez cuando se toman malas decisiones. ¿Cuánto le ha costado a la ciudadanía todo el tiempo pasado sin que se haya hecho nada de la obra física –que ni siquiera se ha iniciado? El tiempo es oro, excepto en la mentalidad de obstruccionistas ilusos y de una burocracia estatal ineficiente. 

Jorge Corrales Quesada