La columna de Carlos Federico Smith: paguen más impuestos o tarifas para seguir gastando la plata

Se estima que el déficit del fiscal para este año que empieza será ligeramente inferior a un 6% por PIB, según el Banco Central. Por lo tanto, uno esperaría que las autoridades gubernamentales moderaran en sus distintos entes estatales el crecimiento de los gastos programados para este año. Ya hemos visto la presión del gobierno para que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos y mayores impuestos, pero uno esperaría algún grado de congruencia con la urgente reducción de gastos, en especial no prioritarios.

Por tan poderosa razón, llama mucho la atención la noticia divulgada en la edición de La Nación del 31 de diciembre del 2016, bajo el titular “Autónomas abrirán llave del gasto en publicidad en 2017: 11 entes que gastaron ₡7.685 millones este año [2016] presupuestan ₡10.128 millones para el entrante [2017]”. Irónicamente, lució como un regalito para los ciudadanos al cierre del año o como una cobranza para no celebrar con tranquilidad el inicio del nuevo.

En sencillo, esos 11 entes -instituciones autónomas que forman parte del estado- gastarán ₡2.443 millones más en este año, en comparación con el previo. Es decir, un “ligero” incremento ¡del 32% tan sólo en el rubro de publicidad!

Veamos algunos datos acerca de esas once entidades y lo que planean gastar en publicidad en el 2017 (y si es posible, compararlo con el 2016):

• Acueductos y Alcantarillados (AyA): se aumenta de ₡123 millones en el 2016 a ₡409 millones en el 2017; esto es, un incremento del 232%.
• El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): se eleva de ₡85 millones en el 2016 a ₡207 millones en el 2017; esto es, un aumento del 144%.
• La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): se incrementa de ₡243 millones en el 2016 a ₡518 millones en el 2017; es decir, un alza del 131%.
• La Reinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE): se acrecienta de ₡525 millones en el 2016 a ₡681 millones; es decir, un engrosamiento del 30%.
• El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): no hay datos, pues son “confidenciales” (una especie de secreto de estado, que los ciudadanos -ni siquiera los usuarios que pagamos por sus servicios- podemos conocer).

Lamentablemente, la información periodística mencionada no brinda datos del gasto en publicidad en el 2016 de las restantes 7 entidades autónomas, sino tan sólo lo presupuestado para el 2017, de forma que no es posible ver su tasa de crecimiento.

• La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): el gasto del 2017 en publicidad ascendería a ₡2.123 millones.
• El Consejo Nacional de la Producción (CNP): para el 2017 gastaría en publicidad ₡383 millones (¿Sabe usted qué produce esa entidad?)
• El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): en el 2017 el gasto correspondiente se elevaría a ₡1.339 millones.
• La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA): el gasto que efectuaría para publicidad en el 2017, sería de ₡32 millones.
• El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): para el 2017 presupuestó como gasto en publicidad un monto de ₡895 millones.
• El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): planea gastar en publicidad en el 2017, la suma de ₡318 millones.
• El Instituto Nacional de Seguros (INS): estima gastar en publicidad en el 2017, la cantidad de ₡3.223 millones.

No hay duda que la cosecha de la “abundancia” se desparrama en el país…

Con los gastos en consultorías sucede algo parecido, según lo reporta La Nación del 30 de diciembre en su comentario titulado “9 instituciones triplicarán su gasto en consultoría en el 2017: Partida crecerá de ₡5.270 millones a ₡18.816 millones.” Esto es, se dará un aumento del 257% en este año, en comparación con el anterior -₡13.546 adicionales.

Veamos algunos ejemplos:

• El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): pasa de ₡444 millones en el 2016 a ₡7.210 millones; un “ligero” aumento del 1.524%.
• El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): pasa de ₡274 millones en el 2016 a ₡2.291 millones para el año 2017; un alza del 736%.
• Acueductos y Alcantarillados (AyA): aumenta de ₡425 millones en el 2016 a ₡1.232 en el 2017; un incremento del 190%.

Todo esto da mucho qué pensar y, por supuesto, los jerarcas de turno darán diversas explicaciones de por qué tales montos y aumentos, tanto en publicidad, como en consultorías -algunas de ellas más o menos entendibles- pero, para un país aquejado por serios problemas de escasez de recursos fiscales, la mesura requerida no aparece en esas parcelas del poder. Son gastos que todos terminamos pagándolos, con impuestos, costos de servicios públicos, etcétera. Son aumentos enormes, en especial para una sociedad que no está boyante en su situación económica.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el pasquín del Gobierno

Hace unos días, diversos medios de comunicación informaron que el Poder Ejecutivo había decidido lanzar un periódico para "transmitir las buenas noticias", porque -según el Ministro de Comunicación (¿?), Francisco Chacón, tanto ellos como la prensa no estaban "sabiendo comunicar acertiva y acertadamente las noticias". 

Pues bien, esta nueva estrategia ya no asombra entre los desaciertos y ridículos de la Administración de Laura Chinchilla. Es claro que el hecho de que los costarricenses no estén apreciando la labor del Gobierno no es culpa de los medios -aunque en otra ocasión abordaremos el papel negativo que juega la prensa en algunas ocasiones- sino de sus propios yerros y descaros. Los ciudadanos no están calificando positivamente a esta Administración porque simplemente no está haciendo nada bien; por el contrario, impulsó un paquete de impuestos altamente extorsivo a pesar del enorme descontento popular, fue incapaz de arreglar algo tan sencillo como una platina y más bien remendó un hueco en la Autopista General Cañas de forma tan mala que no tardará en volver a dar problemas, ha llevado a cabo uno de los chorizos más desvergonzados que hemos visto en los últimos años como lo ha sido La Trocha, ha protegido a varios funcionarios fuertemente cuestionados (Oscar Núñez, Leonardo Garnier, Luis Liberman, Francisco Jiménez, etc.) sin pedir renuncias y, mucho menos investigaciones, removió a una viceministra por un acto privado que no afectaba a nadie más que a su persona y a su familia, mandó a imprimir nuevos billetes -con propaganda figuerista incluída- y aún podríamos continuar citando más casos, pero sería llover sobre mojado. 

La ceguera de doña Laura y sus Ministros para darse cuenta que las decisiones tomadas han sido pésimas es tal que, en lugar de dar un rumbo al timón, prefirió culpar a otros de sus pifias -como ha sido la tónica en lo que va de su Administración- y lanzar un periódico donde publiquen las noticias que mejor le convengan, tratando de mejorar su imagen mediante propaganda de cara a las elecciones del 2014, donde puedan exponer los "logros" de sus proyectos clientelistas.

Además de la terca irresponsabilidad de la mandataria y el cínico intento de cazar votos, preocupa que este pasquín se convierta, como ya lo parece, en el medio oficial que oculte información y dificulte el trabajo de medios independientes, como en las dictaduras. Por más que algunos nos tilden de exagerados y crean que la casi bicentenaria democracia costarricense está más sólida que nunca, los eventos que poco a poco se van sumando, indican que el camino de servidumbre del que nos hablaba Hayek no pareciera una distopía.

Desde la tribuna: el BCIE y sus "donaciones" a la Presidencia

Desde hace varios años viene encendiéndose la polémica alrededor de los dineros que el BCIE “dona” a algunos órganos del gobierno. Un Ministro de la Presidencia (Rodrigo Arias) fue denunciado por el manejo que se dio a una partida de estos fondos, pero es asunto viejo.

El sitio del BCIE dice que “El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano.”

Es cincuentón ha estado haciendo donaciones a los algunos órganos gubernamentales de Costa Rica (antaño parece haber dado algunas partidas para las primeras damas y luego el asunto se ha intensificado) para gastos especiales. Así pues, se han pagado asesorías y consultorías, guitarrista y mensajero y ahora, al parecer, la Presidencia de la República de Costa Rica afirma que destinará la partida para “rendir cuentas” de los proyectos que ejecuta el Gobierno de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente, todo el mundo ha entendido que se trata de un gasto de propaganda. Ahora, sin embargo, el dinero va a ser  “presupuestado” (para evitar algunas de las suspicacias y objeciones de otros tiempos).

Estoy seguro de que esta “especialidad” del BCIE no es exclusivamente con Costa Rica, sino que es una costumbre para quedar bien con el Poder Ejecutivo de todos los países centroamericanos. Son “cariñitos” para agradecer designaciones y estar en buenos términos. Por ello surge la pregunta de ¿para qué es que tenemos este Banco? Algunos dicen que el mejor puesto de la Administración Pública de Costa Rica es quedar en la Junta Directiva del BCIE, prácticamente status de MI y sin los amarres del resto de los mortales. Tan agradecidos quedan que reciprocan con donaciones a las Presidencias. Asunto redondo.

Todos los diputados centroamericanos deberían poner atención al asunto. ¿Para qué tenemos ese BCIE y cuál es su exacto propósito y razón de su administración? Asimismo, ¿cómo andan sus cuentas y cuáles son sus ganancias? Finalmente, en relación con la donación de dineros, ¿por qué no se enteran directamente al Fisco como utilidad del BCIE sino a través de la caprichosa vía de la donación y como tan directamente al Ejecutivo?

Aún así, objeto lo que pasa, no me gusta y me parece no es así como debe ser la relación con una persona jurídica internacional. Si los países centroamericanos somos sus socios (y no sé en qué proporción), convendría que todos estemos enterados de qué tenemos y en qué nos aprovecha. Que no sean dineros facilitados a ciertas actividades sino dineros públicos de caja única y para el bien común.

Alguna vez se justificaron los desmanes legislativos y los caprichos desaforados en la famosa y descarada frase de “pa’eso tenemos mayoría”. ¿Estará pasando lo mismo con este Banco cincuentón?  Pido investigación, exijo cuentas, solicito datos, requiero orden y buenas vías. ¿Alguien toma el reto y me acompaña?

Federico Malavassi Calvo