La columna de Carlos Federico Smith: estimulemos aún más el contrabando

No hay duda que las leyes de la economía tienen su lugar. Así, uno aprende en economía básica que, cuando se ponen impuestos elevados, ya sea a la producción doméstica o a las importaciones de ciertas mercancías, se estimula que ingresen al país provenientes ilegalmente desde el exterior. A esto le conocemos como contrabando de productos.

Un primer estudio realizado por el Observatorio de Comercio Ilícito, el contrabando de productos en el país se acercaría a los ¢700.000 millones anuales. Lo informa La Nación del 22 de agosto en su comentario “Comercio ilícito de Costa Rica se estima en ¢700.000 millones anuales.” Es interesante que, si bien definir la magnitud del comercio contrabandeado es sumamente difícil dada su naturaleza ilegal, esa estimación se deriva de un análisis basado en las probabilidades de importaciones indebidas de los sectores o productos principales, algo que técnicamente es mejor que el simple bateo. El Observatorio usó información del ministerio de Hacienda, de especialistas en esas actividades ilegales y del comportamiento histórico de los diferentes bienes, todo lo cual se comparó con las categorías de importaciones del Banco Central. El objetivo del estudio es my loable; “tener información para la generación de políticas públicas,” pero, sin subestimar ese esfuerzo, la literatura económica es abundante acerca de importaciones ilegales y ese estudio lo confirma.

El hecho que parece definir al comercio de contrabando es los altos precios de los bienes importados legalmente al mercado interno, en mucho debido a diferentes impuestos a los que se les somete; esto es, al montón de impuestos que suele ponerse a ciertos bienes, incluso alguno, tal vez, por consideraciones de una moral peculiar, como a los licores y cigarrillos, que cierta gente considera como vicios que deben gravarse. Pero, también, lo define el hecho de que la actividad del comercio ilegal está sujeta a los mismos principios de cualquier actividad económica, cual es que los beneficios, a lo largo del tiempo, compensen a los costos incurridos en esa actividad.

Lo expuesto es el mismo principio que explica el enorme negocio internacional de las drogas, en donde el diferencial de precios entre el precio de venta en el mercado final y el costo en el país de producción, así como el coto del transporte y otros gastos, son tan elevados, que incluso compensan el altísimo costo de la posible detección y penalización del delito en toda su cadena desde la producción hasta el consumo. 

Si los impuestos internos son altos, dando lugar a un precio doméstico legal muy elevado, la actividad del contrabando es muy rentable, dados no sólo los menores costos del país en donde se producen, su traslado hacia Costa Rica y tomando en cuenta las posibilidades (costos) de detención y penalización del contrabando. A veces se cree que, si se introduce mayor vigilancia en fronteras y en ciertos sectores específicos, se detendrá el contrabando, pero, el costo fiscal de desempeñar toda esa actividad de control del comercio ilegal no es sólo fiscalmente muy alto (pagado por todos los ciudadanos), sino que, también, la rentabilidad del negocio ilegal es tan elevada como para poder sobornar con facilidad a aquellos encargados, de una u otra manera, de controlarla; para que, más bien, se hagan cómplices del negociado.

Se estima, a partir del estudio citado, que, para el 2018, “el 23.5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de ley (esto es, contrabandeados). Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.” El resto de los principales bienes importados ilegalmente son: partes para carros (10.2% del consumo doméstico), electrodomésticos (con un 9.1%), prendas de vestir (8%), medicinas (7.9%), calzado (7.3%), diésel (6.9%), jabones y perfumes (6.3%) y aguacates (4.1%), según dicho estudio.

Ah, pero este problema del exceso de impuestos internos a ciertos productos que estimula el contrabando, no parece impactar a ciertas autoridades, como unas de la Caja, quienes, en busca de recursos para aliviar la situación difícil del régimen de pensiones del IVM, proponen aumentar los impuestos al juego -que no se contrabandea- y también a los licores y cigarrillos, que mucho se contrabandean. 

De aprobarse esa insensata proposición, se estimulará aún más el contrabando y, muy posiblemente, el estado costarricense obtendrá pocos fondos adicionales. Suena feo decirlo, pero, ante el abuso con los impuestos del estado, los consumidores ¡debemos alegrarnos por el contrabando!, pues alivia las penurias impuestas por los altos gravámenes. Tal vez los burócratas piensen un poquito y, más bien, propongan reducir esos impuestos a los licores y cigarrillos, para así desalentar el contrabando y, al consumirse la producción legal doméstica, el fisco obtendría mayores recursos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la lucha contra el bienestar de la ciudadanía

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.
 

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”
 

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.
 

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.
 

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.
 

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.
 

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.
 

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.
 

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al “establishment”: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.
 

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen.  ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.
 

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: licencias para trabajar

Me encanta este libro de Friedman, Capitalismo y Libertad, en mucho porque no teme entrarle de lleno al análisis de temas que, reconocidamente, son polémicos, pero sobre todo porque sus posiciones son fundamentadas en el análisis inteligente y sus propuestas son consistentes con su visión liberal. Este el caso del capítulo que lleva por nombre “Licencias para Trabajar”, el cual consiste en una descripción, análisis, crítica y formulación de propuestas, en torno a restricciones estatales a la libertad de trabajar para las personas en los Estados Unidos, aunque rápidamente se darán cuenta de que muchas de esas serias limitaciones también existen en nuestro medio.
La obtención de una licencia o permiso o aprobación administrativa de algún ente, para que una persona pueda realizar cierto tipo de trabajo, es contundente en los que se denominan como colegios profesionales. Mediante ellos se restringe al individuo la posibilidad de ejercer la profesión para la cual han estudiado, profesión que usualmente requiere de estudios universitarios superiores, cuya puesta en práctica no es posible sino hasta que se le haya aprobado el cumplimiento del requisito de membresía en el colegio profesional respectivo. 

En naciones, como por ejemplo los Estados Unidos y no tanto aquí, también tal restricción es frecuente, antes de permitir el desempeño individual en ciertos tipos de ocupaciones, que llamaremos técnicas o administrativas. Ejemplos son los trabajos de albañilería, carpintería, contabilidad, impresión litográfica, compra y venta de bienes raíces, terapia física, electricistas, secretaria legal, guarda privado, etcétera. En el caso de Costa Rica, me permito señalar, como ejemplos, los de compra y venta de propiedades, terapia física, secretarias ejecutivas en algún grado, guardas privados, entre otras ocupaciones. Pero la verdad es que el poder coercitivo en nuestro país no es, ni por asomo, comparable al que se da en los Estados Unidos.

Eso sí, en nuestro país los más poderosos gremios que ejercen restricciones para poder laborar, suelen ser los colegios profesionales, que agrupan a personas formadas en diversas profesiones específicas y en los que su membresía es requisito para que una persona pueda desempeñar ese oficio o profesión de forma privada e incluso para laborar en el estado. Precisamente es en dependencias gubernamentales en donde es mayor el acatamiento obligatorio a ese obstáculo a la libertad de trabajo, en comparación, tal como es de esperarse, con las empresas privadas. Pero, aún en esta última situación, para poder desempeñar adecuadamente algunas labores externas que tienen que ver con actos ante entes gubernamentales, es exigencia para hacerlo que el profesional esté incorporado en el colegio respectivo. 

En Costa Rica una lista no exhaustiva de los colegios profesionales es la siguiente: Abogados y Notarios, Farmacéuticos, Arquitectos, Físicos, Bibliotecarios, Geólogos, Biólogos, Ingenieros, Cirujanos Dentistas, Ingenieros Civiles, Microbiólogos y Químicos Clínicos, Optometristas, Enfermeras, Ingenieros Químicos, Ingenieros Tecnólogos, Periodistas, Ingenieros Topógrafos, Profesionales en Ciencias Económicas, Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Médicos Veterinarios, Profesionales en Informática y Computación, Médicos y Cirujanos, Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Químicos, Enfermeras y Contadores Públicos. Deben existir varios otros por ahí y estoy seguro de que hay agrupaciones similares en proceso de formación o de aprobación legislativa.

Por su parte, el grupo magisterial de Costa Rica no está organizado en colegios profesionales, sino en agrupaciones sindicales, pero, para los efectos de estos comentarios, cumplen un objetivo parecido, cual es, tengo entendido y podría estar equivocado, la exclusión laboral de los no miembros. Los tres más importantes sindicatos del sector son la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). 

La expansión de restricciones al libre ingreso en los mercados laborales ha sido muy notoria. Se debe no sólo a las exigencias de licencias para poder ejercer -como sería un colegiación obligatoria- sino que Friedman destaca que, para los Estados Unidos y todavía en Costa Rica, agrego yo, “en la actualidad, los aranceles, leyes de comercio justo, cuotas de importación, cuotas de producción, restricciones sindicales en torno al trabajo, etcétera, son ejemplos de fenómenos restrictivos similares.” Y agrega algo muy importante: “La característica común a todos estos ejemplos, es que la legislación es impuesta en nombre de un grupo de productores. En el caso de licencias, el grupo de productores es usualmente un oficio (o una profesión). Para los otros ejemplos puede ser un grupo que produce un bien particular, el cual pretende lograr un arancel en su favor, o un grupo de pequeños vendedores, a quienes les gustaría ser protegidos de la competencia de supermercados o tiendas de cadenas “atracadoras”, o un grupo de productores de petróleo o de agricultores o de trabajadores del acero.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 139. El paréntesis es mío). 

Asimismo, puede ser de interés de los lectores repetir la aseveración política de Friedman, que él aplicó al proceso de aprobación legislativa de tales restricciones y que, viéndolo bien, suele ser idéntico al de nuestro medio. Escribe: “Entre los argumentos que buscan persuadir a los legisladores para que legalicen una exigencia de licencia o autorización para poder trabajar, la justificación que siempre se brinda es la necesidad de proteger el interés del público. Sin embargo, raramente la presión sobre los legisladores para aprobar esas exigencias de autorizaciones viene de parte de una ciudadanía que habría sido timada o de alguna otra forma abusada por parte de miembros del gremio (o profesión). Por el contrario, le presión inevitablemente proviene de miembros del propio grupo ocupacional (o profesional)”. (Ibídem, p. 140. Los paréntesis son míos).

Se revela la naturaleza del agrupamiento de intereses que está detrás de esos proyectos de ley, que buscan restringir la competencia en el mercado de trabajo, en contraste con el interés ampliamente disperso, por lo general, de la sociedad. Eso hace que “en ausencia de alguna legislación general que compense esa presión de los grupos de intereses especiales, las agrupaciones de productores invariablemente tendrán capacidad de ejercer una mayor presión sobre la acción legislativa y los poderes que de ella emanan, en comparación con el interés de los consumidores, que es ampliamente difuso y diverso.” (Ibídem, p. 143). Por tanto, sugiere Friedman, “la única manera que puedo vislumbrar para neutralizar a esos grupos de productores, es estableciendo  una presunción general en contra de que el estado emprenda ciertas tareas como esas” de limitar la posibilidad de acceder al trabajo, excepto en casos extraordinarios, en que la carga de la prueba en contrario recae en quienes desean estar fuera de esa presunción general. (Ibídem, p. 144).

Friedman no se desanima, no se amedrenta: está dispuesto a discutir el problema de licencias necesarias para ejercer en el caso de una profesión, que, a primera vista, la gente considera que hay razón para la existencia de, por ejemplo, un colegio profesional, que impida que cualquiera pueda ejercer la medicina. El argumento que para este caso usualmente se esgrime, lo expone Friedman al decir que “El principal argumento relevante para un liberal es la existencia de efectos de vecindad (o externalidades). El ejemplo más simple y más obvio es el del médico “incompetente” quien produce una epidemia… puede discutirse que si el médico trata mal a su paciente, puede provocar una epidemia que cause daños a terceros, quienes no forman parte integral de la transacción. En tal caso es concebible que todos, incluyendo hasta el médico y el paciente, estarían dispuestos a sujetarse a la restricción de que la práctica de la medicina se deje en manos de gente “competente”, a fin de prevenir que tal epidemia ocurra.” (Ibídem, p. 147. El paréntesis es mío).

El problema, señala Friedman, es que el argumento más utilizado en la realidad para justificar licencias profesionales para ejercer, no es el indicado en el párrafo anterior, “sino más bien un argumento algo paternalista, que tiene poco o ningún atractivo. Lo que se dice es que el individuo es incapaz de escoger adecuadamente a su propio sirviente, a su propio médico, o al plomero o al barbero. Para que un hombre escoja inteligentemente a un médico, él tendría que ser un médico. La mayoría de nosotros, se afirma, somos, por tanto, incompetentes y debemos de ser protegidos contra nuestra propia ignorancia.” (Ibídem, p. 147).  

Este tema de la exigencia de una licencia para poder ejercer como médico es directamente encarado por Friedman. Su punto de partida es el esperable: “dicha licencia es la clave para el control que la profesión médica puede ejercer sobre el número de médicos.” (Ibídem, p. 150). En el caso de los Estados Unidos, Friedman señala que ese poder restrictivo tiene su base en el control de la Asociación Médica Americana (American Medical Association –AMA) sobre la admisión de estudiantes y potenciales competidores en las escuelas universitarias de medicina. La AMA determina los patrones que deben seguir tales facultades, entre otras cosas, en cuanto a su política de admisión. En los Estados Unidos, al igual que en Costa Rica, una persona debe tener la licencia para poder ejercer como médico y esa licencia la otorga, en el caso de aquel país, en una primera instancia la facultad universitaria que es aprobada por la AMA, ente que luego refrenda la licencia para ejercer. En nuestro país la licencia la otorga directamente el Colegio de Médicos, independientemente de la escuela de donde provenga el potencial médico.

El resultado en ambos casos es prácticamente el mismo. “El control en la admisión a la escuela de medicina y posteriormente el de la entrega de licencia para trabajar, permite a la profesión limitar la entrada de dos maneras. La obvia es simplemente rechazando a muchos solicitantes. La menos obvia, pero probablemente la más importante, es mediante el establecimiento de estándares para la admisión y la entrega de las licencias para ejercer, que hacen que el ingreso sea tan difícil como para descorazonar a los jóvenes de tratar de seguir dicha carrera.” (Ibídem, p. 151).

“En tiempos normales,” dice Friedman, “la racionalización para la restricción… es que los miembros de la profesión médica quieren elevar lo que ellos consideran son los estándares de la ‘calidad’ de la profesión” (Ibídem, p 153), pero es claro que aquí hay una confusión entre eficiencia técnica y eficiencia económica. El hecho es que, exigir la norma técnica más alta para cualquier producto, por ejemplo, de un teléfono celular, significa usualmente tener un costo muy elevado, lo que hace que muchos consumidores no puedan comprarlo. Si bien se satisface la condición técnica, lo hace tan sólo a un precio muy elevado. Se tendrá eficiencia técnica, pero no económica, pues se restringe la relación servicio/costo que el cliente desearía poder obtener. “El punto de vista de que la gente debe recibir tan sólo el servicio médico ‘óptimo’ siempre conduce hacia una política restrictiva, una política que mantiene reducido el número de médicos,” expresa Friedman. (Ibídem, p. 153).

En la crítica que Friedman hace a la AMA, formula una pregunta muy apropiada: ¿Poner requisitos para obtener una licencia médica para poder ejercer, eleva efectivamente los estándares de competencia? Se responde a sí mismo que no, pues, en primer lugar, “siempre que se bloquea la entrada a un área, usted establece un incentivo para esquivarlo y, por supuesto, la medicina no lo es la excepción”, citando como ejemplos a la osteopatía y la quiropráctica y yo agregaría a la homeopatía. (Ibídem, p. 155). Otro caso interesante al cual se refiere Friedman es al de la investigación y experimentación médica. Dice: “Los avances en cualquier ciencia o campo a menudo surgen de uno entre una gran cantidad de ‘loquitos y charlatanes’, quienes no tienen estatus en sus profesiones. En la medicina, en las actuales circunstancias, es muy difícil involucrare en la investigación o experimentación, a menos que usted sea un miembro de esa profesión… tender a conformarse con la ortodoxia prevalente es algo que seguramente reducirá la cantidad de experimentación que hay en proceso y, por lo tanto, reduce la tasa de crecimiento.” (Ibídem, p. 157).

Friedman resume así su posición acerca de la exigencia de licencias para poder trabajar y particularmente en el campo médico: “Cuando todos aquellos efectos son tomados en cuenta, me siento persuadido de que la exigencia de licencias para ejercer ha reducido tanto la cantidad como la calidad de la práctica médica; que ha disminuido las oportunidades disponibles para la gente a la que le gustaría ser médico, forzándolos a proseguir ocupaciones que ellos consideran menos atrayentes; que ha obligado al público a pagar más por servicios médicos menos satisfactorios y que ha retardado el desarrollo tecnológico, tanto en la propia medicina, como en su organización práctica. Concluyo en que la exigencia de licencias para ejercer, debe eliminarse como un requisito para la práctica de la medicina.” (Ibídem, p. 158).

Al final de este capítulo, Friedman hace una reiteración que podría responder a la inquietud de alguien preocupado en que, de seguirse sus propuestas para liberar el mercado de servicios médicos, no sería posible para una persona disponer de evidencia acerca de la calidad de los servicios médicos. Eso tampoco se logra con el actual requisito de obtener una licencia para ejercer, pues induce, como se discutió anteriormente, a que en el mercado se obtengan servicios de menor calidad. Según Friedman, “la imposibilidad para cualquier individuo o grupo pequeño de concebir todas las posibilidades, mucho menos la de evaluar sus méritos, es el gran argumento en contra de la planificación central del gobierno y en contra de arreglos como los monopolios profesionales, que limitan las posibilidades de experimentación. Por su parte, el gran argumento en favor del mercado es su tolerancia hacia la diversidad; su habilidad para utilizar un rango amplio de la capacidad y conocimiento especializados. Eso convierte a grupos especiales en impotentes para impedir la experimentación y permite a los consumidores y no a los productores decidir cuál servirá mejor a los clientes.” (Ibídem, p. p. 159-160).

He hecho referencias al tema de las restricciones impuestas por los colegios profesionales en Costa Rica para impedir la libre entrada de las personas para el ejercicio de las profesiones que presuntamente regulan. Así que aprovecho para exponer algunas pocas ideas propias -no muy alejadas de la totalidad de las sugerencias de Friedman- que, eso sí, tal vez son más apropiadas para las circunstancias de la situación costarricense. Para que se cure en salud cualquier mal pensado, no, reitero, no soy ni he sido miembro de ningún colegio profesional establecido en el país. Siempre me he negado a serlo, a pesar de diversas invitaciones, que no vienen al caso especificarlas, que me han sido hechas a lo largo de mi vida, para formar parte del colegio profesional de economistas.

En este capítulo, Friedman señala a la Asociación Médica Americana como un factor esencial en la restricción de la libertad de los individuos para trabajar en el campo de la medicina. Enfatiza que una razón por la cual lo puede hacer tan eficientemente, es su control sobre las facultades de medicina en cuanto a la aceptación de estudiantes. La que no acepta la política de la AMA, no puede operar como escuela de medicina. 

El caso es distinto en Costa Rica, pues hay relativa libertad para crear facultades universitarias en el campo médico. Ciertamente esa libertad no es la deseable, pues indirectamente el Colegio de Médicos incide en determinar la “calidad” y requisitos que deben cumplir esas facultades, además de que los profesores imprescindibles deben ser miembros de dicho Colegio y, por tanto, tienen un interés lógico en restringir la competencia. Asimismo el freno de la burocracia estatal para permitir la instalación de una escuela de medicina en el país, constituye una real pesadilla. En síntesis, en Costa Rica tampoco es fácil crear una escuela de medicina nueva, que tenga independencia, por lo menos indirecta, del Colegio de Médicos.

Por su parte, un estudiante proveniente de una universidad extranjera (al igual que el de la universidad costarricense) tiene que hacer exámenes ante el Colegio de Médicos para obtener su incorporación, exámenes que, como es de esperar, son realizados por ese mismo Colegio. En resumen, el Colegio de Médicos de Costa Rica tal vez no tenga tanto poder restrictivo como lo tiene la AMA, pero, sin duda, posee la suficiente influencia como para controlar la competencia potencial en el mercado laboral de esa profesión. 

El mayor contraste entre el mercado de profesionales médicos en los Estados Unidos y el de Costa Rica, es que, si bien en ambos hay un monopolio o control de la oferta de profesionales, en Costa Rica hay también un monopsonio (o un alto grado de poder monopsonista) de parte del casi único demandante de servicios médicos, como es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por ello, me parece que, mejor que un análisis como el de Friedman de un monopolio de la oferta (definido por la AMA), mas no de la demanda, en Costa Rica es más apropiado valorar el caso conocido como de un “monopolio bilateral”. Esto es, monopolio de la oferta y monopolio de la demanda (técnicamente sería un monopolio bilateral, conformado por un monopsonio; o sea, un único comprador, y un monopolio; esto es, un único vendedor). El monopolio de la oferta de médicos elevará el precio al consumidor por encima del valor de mercado y el monopsonio reducirá el precio que se paga por los diferentes oferentes de servicios profesionales médicos. El precio final, en este caso, es siempre indeterminado y el resultado dependerá de ambas fuerzas negociadoras en cuanto a precio y cantidad.
Se ha considerado que, si bien cada cual es en sí altamente ineficiente, cuando se combinan, mejora la eficiencia. Ello porque el poder de control del monopolista es compensado en algo por el monopsonista, pero, a diferencia de un mercado competitivo, en donde hay numerosos vendedores y compradores, en este caso hay un solo comprador (la CCSS) y un solo vendedor (el Colegio de Médicos). Por ello se ha considerado por algunos economistas, que, si bien es cierto que el monopolio bilateral no es perfecto y es ineficiente, resulta ser mejor que una situación caracterizada o sólo por el monopolio o sólo por el monopsonio. La clave está en el balance que se logre en las negociaciones. 

No puedo decir qué grado de balance hay en el mercado de los profesionales de la medicina en Costa Rica, pero me parece que la lucha de ambos grupos suele ser la norma en la consecución de cuál resultado sea el más favorable para sus intereses particulares. Claro que, si uno asume que la CCSS está controlada por agremiados del Colegio de Médicos, es de esperar que el factor restrictivo del monopolista prime por encima de la fuerza restrictiva en el pago que efectúa el monopsonista. En mi opinión -intuitiva si se quiere- esta circunstancia parece primar en el actual momento en Costa Rica, en donde, sin embargo, por situaciones de dificultades económicas de la CCSS, es de esperar que venga un aumento de la fuerza ejercida por el monopsonista. No debo dejar de omitir que, en ese tira y encoje en que entran el monopolista y el monopsonista, un gran perjudicado suele ser el usuario o consumidor, quien muchas veces observa como los servicios que demanda no se le prestan o quedan a la merced de la resolución del conflicto entre ambas partes, el Colegio de Médicos y la Caja. 

Sin embargo, los mercados funcionan, aunque sea en una pequeña economía como la nuestra: en los últimos tiempos se ha visto un crecimiento importante de hospitales privados (demandantes de servicios médicos), que, no lo dudo, ya está incidiendo en aliviar la presión monopsónica actual de la CCSS y que lo logrará en el largo plazo.

Estos comentarios no significan que la política conveniente sea dejar a dicho colegio profesional en la situación actual (tanto el de Médicos como el Colegio de Microbiólogos, pues este último está en una situación similar al primero, tanto en lo que se refiere a un monopolio bilateral, sino también en lo que concierne con la sensibilidad que en la ciudadanía tiene el tema de una correcta prestación de servicios de salud). 

Mi sugerencia es que, como la restricción al acceso de muchos profesionales a los mercados laborales, lo determina un colegio profesional autorizado por ley de la Asamblea Legislativa, entonces, que se permita que, con un número mínimo de quince miembros (o diez o veinte, lo que quiero resaltar es que no se necesita que sean muchos asociados como razón para impedir que lleguen a existir), se autorice la formación de diversos colegios profesionales de un gremio particular, a fin de promover una competencia mayor y efectiva entre ellos. Se favorecería la posibilidad de que los interesados en laborar en los mercados profesionales lo puedan hacer más fácilmente y que, a la vez, por medio de la reputación que van adquiriendo cada uno de estos colegios que compiten entre sí, el consumidor pueda obtener la información necesaria acerca de las diversas calidades que ofrecen los miembros de los distintos colegios.

Me imagino, por ejemplo, que -y lo que sigue es aplicable a cualquier tipo de colegio profesional con base en lo expuesto en el párrafo previo- podría existir un Colegio de Médicos en cada provincia o en cada región o lo que fuere. Eso sí, compitiendo entre ellos, y teniendo presente que desearán aumentar el número de sus asociados, sin que puedan o deban imponer trabas indebidas a las escuelas universitarias de medicina, ni tampoco que para ejercer sea requisito obligatorio el ser miembros de un único colegio profesional. Al desaparecer la colegiatura obligatoria en un solo colegio, podría cumplirse con otros objetivos que se consideren convenientes, como opinar en grupo sobre temas del interés de la profesión, reunirse a compartir temas relacionados con su profesión, promover el avance del conocimiento del gremio, entre muchas otras cosas.

Por supuesto, todos esos colegios estarán inhibidos de fijar precios mínimos que pueden cobrar sus asociados por sus servicios profesionales. Alguien podría decirme que básicamente está de acuerdo con lo propuesto, pero que, en el caso particular de médicos y microbiólogos, al continuar rigiendo el poder del monopsonista (la CCSS) -lo cual puede ser cierto- convendría mantener el estado de cosas. Aun así, creo que los acontecimientos actuales relacionados con el sistema de seguridad social de Costa Rica, apuntan hacia un crecimiento del servicio médico privado y a una redefinición de un sobre-extendido, desfinanciado y casi incontrolado ámbito de cobertura de la CCSS.

Lo oportuno, como siempre, es dejar que la competencia favorezca a los consumidores y evitar que la coacción, ya sea de un monopolio o un oligopolio, siga ocasionando costos indebidos en la sociedad. Puede ser que vendrá una transformación importante en el campo de la medicina en el país y particularmente en lo laboral,  pero entre tanto no hay razón alguna para continuar limitando la libertad de los consumidores para elegir lo que prefieren en cuanto a calidad y precio. Eso deberá definirse muy pronto y por ello es útil tener en mente los consejos del profesor Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. El problema comentado no ha sido fácil de tratar, pero es aún más difícil pretender soslayarlo, como si no existiera con todo y los elevados costos que recaen sobre los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: posibilidades combinatorias

Al observar cualquier sistema evolutivo -sea biológico, tecnológico, social- , lo que notamos es que al aumentar las posibilidades combinatorias de los replicadores, el sistema evoluciona más rápido. En cada caso, los replicadores (genes, memes o temes) requieren de posibilidades extensas  de transmisión y combinación de información para generar nuevas posibilidades de selección que se adapten a un medio cambiante.

De esta manera, en un sistema socioeconómico como un país, las posibilidades de éxito de su población dependerán no solo de la combinación genética de su población, con un cierto nivel de refrescamiento genético externo (inmigración), sino también de la capacidad de combinar información tecnológica y social con información proveniente de otros sistemas socioeconómicos, vía comercio libre e intercambio social.

Es por esta razón que países como EE.UU., que poseen no solo una población extensa sino además sistemas de organización social con bajos costos de transacción y que históricamente han permitido el ingreso de capital humano, tecnológico y financiero, se presentan como los grandes motores del desarrollo mundial. Si regiones como China, Europa o Latinoamérica quisieran llegar a tener los niveles de avance tecnológico y social de EE.UU tendrían, por fuerza, que abrir sus economías y posibilidades combinatorias al mismo nivel que ese país.

En países pequeños como el nuestro, donde las posibilidades combinatorias del sistema son reducidas, se dificulta el avance tecnológico y social, toda vez que el sistema se mantiene semicerrado al ingreso de capital humano y organizacional, capital financiero y mercancías variadas. Los aranceles, impuestos selectivos, barreras no arancelarias, monopolios estatales, regulaciones mercantilistas, educación estatizada, impuestos y trabas al flujo de capitales financieros y restricciones migratorias, todos estos factores reunidos se vuelven frenos para la evolución generalizada del sistema socioeconómico.

Es ilusorio pensar que Costa Rica puede llegar a ser un país rico y desarrollado socialmente, si las posibilidades combinatorias en tecnologías y estructuras sociales básicas como educación, salud, energía, banca, alimentos, organización local, comunicaciones, infraestructura y muchas otras son fieramente reguladas por un Estado que no evoluciona, ni deja que el resto del sistema evolucione por sí mismo.

Andrés Pozuelo Arce

Tema Polémico: Locura por regular todo

Desde hace ya varias semanas, la ARESEP sacó una campaña en radio celebrando la labor reguladora del Estado de muchísimos bienes y servicios en la economía como si esto fuera un motivo de orgullo. Luego de escuchar esa campaña cualquiera diría que la regulación es lo mejor que puede hacer el padre Estado por nosotros y que sin ella no existirían productos y servicios de buena calidad al alcance de todos los costarricenses. Esto es muy triste pero lo más triste de todo es que una buena parte de los costarricenses se ha creído este cuento durante muchísimos años. Vale la pena analizar por qué a tanta gente le entusiasma que el Estado regule el mercado.  

Lo primero que alegan algunos es que, sin el Estado como regulador, los servicios serían de mala calidad. En ASOJOD nos preguntamos ¿De dónde sacan esas conclusiones? ¿Basados en qué criterio? Y más importante aún, ¿Qué ejemplos nos pueden brindar para respaldar esto? La verdad es que los servicios regulados por el Estado en este país distan mucho de ser considerados de buena calidad. Por ejemplo, el servicio de transporte público. El Estado se asegura que los autobuses de nuestro país cuenten con requerimientos mínimos para que los usuarios estén seguros y confortables. Ciertamente la mayoría de los autobuses de nuestro país cumplen con esas exigencias pero distan mucho ser un servicio de transporte público ejemplar. Estos requerimientos mínimos y más fácilmente los podría imponer el mercado si se permitirá el funcionamiento libre de empresas de transporte sin restricciones para ingresar a las rutas. Lastimosamente, las rutas de autobús solo pueden ser operadas por una compañía en forma monopólica. Por supuesto, el otorgamiento de estos negocios no cae necesariamente en manos de la mejor empresa sino en manos de la que tenga mejores conexiones en el Estado. 

El otro gran punto a favor de la regulación es el aseguramiento de que con la intervención del Estado los precios podrán ser accesibles para todos ¿Será esto cierto? Basta con ver el índice de precios al consumidor para darse cuenta que esto dista muchísimo de la realidad. El aumento de enero y febrero de este año fue de 2.34% que es casi la mitad de lo previsto por el Banco Central para todo el año y el principal causante de esto ha sido las fuertes alzas de los precios regulados y los servicios públicos. Estos incrementaron un 16% en los últimos doce meses mientras que los no regulados crecieron tan solo un 4%. ¿Están los más pobres a salvo con los precios regulados? La respuesta es clarísima, no. Lo que sucede es que todos los sistemas de cálculos de precios de ARESEP están basados en costos, por lo tanto, entre más costos tengan las empresas públicas y reguladas, mayor será el precio. Y al ser monopolios, las empresas públicas cada vez son más ineficientes y estas ineficiencias se trasladan automáticamente a los precios que pagamos todos los consumidores. Basta con ver el caso de mercados regulados adonde si hay varias empresas compitiendo y nos damos cuenta que la historia es otra. En el mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas privadas que participan ciertamente han tenido conflictos con Sutel, sin embargo, estos han sido por que no se les ha permitido colocar precios por debajo de un límite impuesto por esta autoridad reguladora ¿Beneficios para los consumidores?

Finalmente, otro aspecto que muchos no se han dado cuenta es que la regulación no es gratuita. La labor de regular el mercado implica un costo para el Estado, costo que se traslada a los ciudadanos por medio de impuestos. Entonces, la regulación no solo ha comprobado ser inefectiva en beneficio tan solo de ciertos grupos de interés, sino que también es costosa y todos terminamos pagando esto. 

En ASOJOD los invitamos considerar mejor la labor del Estado como ente regulador y pensarlo dos veces antes de alegrarse luego de escuchar esa campaña de radio de ARESEP. Esa campaña de radio cuesta plata; nosotros y ustedes somos los que la pagamos y nos cuesta muy caro.

Tema Polémico: ¡Al fin pegó una!

Como lo saben todos nuestros lectores, en ASOJOD hemos sido sumamente críticos del pésimo desempeñó de la Administración Chinchilla. Incluso, en ciertos momentos pensábamos que probablemente no habría nada que destacar durante los cuatro años de su mandato, pero afortunadamente estábamos equivocadas.

Está semana, la Presidente Chinchilla declaró de cara a las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se encuentra a favor de un internet “libre y abierto”. Como se podrán imaginar este no es un tema menor, Internet es probablemente uno de los últimos espacios que no es encuentran excesivamente regulado y al cual todavía los burócratas, tecnócratas y políticos no han logrado micro-manejar. Internet, es sin duda el espacio relativamente más libre en comparación al resto de quehaceres humanos en la actualidad, precisamente es este grado de libertad el que ha permitido el desarrollo sin límites y fronteras que hoy conocemos. De ahí la importancia de las declaraciones de la Presidente, máxime en un contexto donde muchos especulan con el deseo de regular el acceso al Internet, su contenido incluso o gravarlo con impuestos. Ahora más que nunca, el Internet necesita ser defendido de todos aquellos que pretenden regularlo y controlarlo, para así lograr seguir disfrutando de todas sus posibilidades y ventajas.

No cabe duda alguna que doña Laura se puso una flor en el ojal con esta decisión, no podemos más que desear que esta misma lógica de más participación, libertad, autonomía e independencia impere en otras políticas públicas, lo cual las volverá igual de dinámicas que el Internet mismo.

Jumanji empresarial: grupos de interés y regulaciones

Una razón por la cual tienden a surgir y crecer las regulaciones es que grupos de interés de todo tipo pueden beneficiarse de ellas. El proceso de “búsqueda de rentas” por el cual los grupos de presión tuercen las políticas gubernamentales en su favor explica el hecho comúnmente observado que las regulaciones parecen, a menudo, dominadas por los intereses de los productores y otros grupos organizados más que por el “interés público”.
 

La razón por la cual los grupos de interés son tan influyentes en la regulación (y en otras políticas gubernamentales) es que los beneficios potenciales de la regulación están concentrados en sus miembros mientras que los costos de la regulación se dispersan entre un gran número de consumidores o aún entre toda la población. Tomemos, como ejemplo, una industria que podría beneficiarse si el gobierno estableciera una regulación que protegiera a sus miembros de las importaciones. Si la industria tiene éxito, todos los beneficios (por ejemplo, mayor empleo y mejores salarios a corto plazo en esa industria) recaen en todos sus miembros. Los costos (por ejemplo, mayores precios para los productos en cuestión) recaen en un gran número de consumidores.
 

Debido a que los beneficios están concentrados, la industria tiene un incentivo poderoso para invertir recursos en obtener esa protección –por ejemplo, produciendo información sobre las pérdidas de empleos y otros problemas que, aseguran, surgirán si el gobierno no actúa de acuerdo con sus deseos. Como estará mejor informada de las condiciones en la industria que el gobierno, espera tener una buena posibilidad de éxito.
 

Los consumidores individuales, por otro lado, enfrentan cada uno pequeños costos si la regulación es aprobada. Por lo tanto, tienen un incentivo débil para invertir en el tiempo y otros costos necesarios para oponerse a la regulación. Mucho consumidores pueden no darse cuenta de los costos envueltos. Por lo tanto, pese a que puede haber millones de “víctimas invisibles” de una regulación y los costos totales pueden exceder mucho a los beneficios del grupo organizado, puede que las víctimas monten sólo una débil oposición a ninguna.

Andrés Pozuelo Arce

Tema Polémico: Mercado de las Telecomunicaciones

 Parece que fue hace poco que el país se encontraba dividido entre aquellos que decían SI al TLC con Estados Unidos y los que estaban en contra. Uno de los temas más debatidos durante el proceso fue la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. Por supuesto esto era de esperarse pues las tecnologías en telecomunicaciones cada vez más forman parte del diario vivir de todos. A nivel mundial, la cantidad de personas con internet y telefonía móvil ha venido creciendo en forma casi exponencial en la última década.

Por supuesto, una mayoría de los costarricenses en el 2007 tenían razones de sobra para votar por un cambio en la forma en que era administrado el mercado de telecomunicaciones. Estando la telefonía celular y el internet en manos de un monopolio único del Estado traía grandes inconvenientes para el desarrollo del país. Basta con solo recordar las enormes filas de gente saliendo de las sucursales del ICE cuando sacaban líneas al mercado o la cantidad de requisitos absurdos para comprender la molestia que sentíamos todos en aquel entonces. 

Claramente el ICE, en calidad de monopolio y al ser una empresa pública con todos los problemas administrativos que eso implica, no pudo cubrir las crecientes demandas del mercado al ritmo acelerado que se necesitaba. Para el 2008, Costa Rica era el último país de Latinoamérica en el ranquin de subscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes. Algo muy similar se puede concluir en el caso del internet; mientras que en el 2008 había un poco más de 30 usuarios de internet por cada 100 habitantes, en los países más desarrollados del mundo esta cifra ascendía a niveles de 80 o 90. 

Suscriptores de líneas celulares por cada 100 habitantes, 2008 

Fuente: Banco Mundial

Los defensores del NO alegaban que el gran beneficio de tener las telecomunicaciones en manos del Estado era que contábamos con las tarifas postpago más bajas de Centroamérica. Lo que nunca nos dijeron fue que la razón de esto era que el gran grueso del mercado de telefonía celular no es la telefonía postpago sino la telefonía prepago. Muestra de esto fue que al salir la telefonía prepago en el país (uno de los resultados beneficiosos de la apertura) el mercado se volcó hacia la misma que ahora tiene más del 70% de cuota y la mayoría de los usuarios pertenecen a clases de bajos recursos. La telefonía prepago le dio la oportunidad a las clases de más bajos recursos del país a contar con teléfono celular y pagar únicamente por los minutos que necesitan.

La entrada de otras empresas al mercado lo que logró fue dinamizarlo. Ahora contamos con un mercado de precios cada vez más competitivos y con cada vez más servicios para el hogar y empresariales. Se estima que los ingresos por la apertura al país alcancen los USD$1000 millones para el año 2016.

Y todo esto es a pesar de Sutel. La Superintendencia de Telecomunicaciones ha demostrado ser un obstáculo en lugar de una ayuda para el mercado. Para lo único que ha servido es para limitar la cantidad de oferentes en el mercado (provocando condiciones de oligopolio), inhabilitar a las empresas a que cobren tarifas baratas, dificultar el desarrollo de nuevos negocios como en el caso de los café internet, prohibir la entrada de empresas pequeñas con sus elevados requisitos y garantías y se las ingenió para atrasar la apertura del mercado de telefonía celular por más de 4 años.  En ASOJOD nos encantaría que SUTEL dejara de existir para empezar a ver más beneficios para todos los consumidores en este mercado tan importante para el desarrollo del país. No se nos ocurre ni un solo beneficio que Sutel le ha brindado al país desde su creación en la Ley General de Telecomunicaciones.

No nos cabe ni la menor duda de que la eliminación del monopolio del ICE en el mercado de telecomunicaciones ha sido muy beneficiosa a pesar de las regulaciones.  Ojalá que se pensara en tomar medidas similares para el resto de los monopolios del Estado.

Jumanji empresarial: ¡lógica aplastante!

El análisis cognitivo es algo tan necesario para el ser humano como lo son la alimentación y la respiración. Sin esta facultad, el ser humano simplemente sucumbe ante el atropello de la naturaleza. El análisis lógico, así como el codificado y empírico (heurístico), juegan el papel de herramientas evolutivas disponibles para quien desée aplicarse un poco a su vida contemplativa. Ante esto, me permito generar una cierta disonancia cognitiva sobre la naturaleza del Estado, y lo hago a través de las siguientes cuestiones lógicas:

-Si la justificación para regular los mercados es que la mayoría de los ciudadanos somos unos ignorantes y carentes de ética, entonces, por lógica, los mismos reguladores también lo son, dado que estos no pueden dejar de ser un reflejo y extracto de la sociedad en general.

-Si la justificación para redistribuir riqueza por medio del Estado es que los individuos son egoístas y sociofóbicos por naturaleza, entonces, por lógica, los burócratas encargados de redistribuir la riqueza también padecerán del mismo mal y procurarán enriquecerse ellos mismos a costa de los individuos dispersos por el mundo.

-Si la justificación para un sistema educativo estatizado y estandarizado es que el mercado evolutivo resulta incapaz de proveer educación de calidad y de acreditar adecuadamente al capital humano necesario que requiere la evolución económica, entonces un Estado no evolutivo es, por lógica, aún mas incapaz de hacerlo.

-Si el ser humano ha probado ser tan productivo e innovador a lo largo de la historia, entonces ¿por qué dejamos que el miedo irracional, continuamente desatado por los irresponsables ambientalistas, detenga nuestro progreso y la búsqueda de bienestar a partir de la ciencia y la tecnología aplicada?

-Si el papel de la oferta del conocimiento científico y tecnológico, en el proceso de innovación, es potenciar la relación entre el mercado y la generación de innovaciones, siendo el mercado un espacio evolutivo, entonces ¿por qué es necesario un ministerio de ciencia y tecnología que nunca será "evolutivo" desde el punto de vista del desenvolvimiento de los mercados tecnológicos?

-Si la cultura que nos envuelve no es más que una serie de patrones abstractos, surgidos de la interacción e intercambio recíproco entre los individuos en una comunidad; entonces ¿para qué necesitamos un ministerio de cultura no emergente, sino más bien impuesto con el fin de que nos dosifique lo que sus elites adjuntas piensan que es cultura?

-Si la esencia del sistema económico es que los individuos produzcan lo que consumen y consuman lo que necesitan, intercambiando de la manera más eficiente y eficaz, lo cual es, por lógica, de la manera más libre, entonces ¿para qué necesitamos un ministerio de economía que, entre sus funciones, incluye la rectoría regulatoria de la industria y el comercio, y no la búsqueda de un verdadero mercado disputable?

-Si las necesidades de los individuos son evolutivas, entonces ¿por qué nos desgastamos protegiendo instituciones "no evolutivas" estatales que no satisfacen las verdaderas necesidades de los ciudadanos? Movilidad laboral, capacidad de prueba y error, y destrucción creativa, son algunas de las características evolutivas necesarias que las instituciones estatales nunca tendrán.

-Si ya sabemos de antemano que las cosas nunca mejoran con más leyes o más impuestos sino que solo a través del carácter moral y emprendedor de cada individuo, actuando con espíritu de reciprocidad entre sus semejantes, logra satisfacer las necesidades individuales y colectivas, entonces ¿para qué insistimos en proponer más leyes y más impuestos que lo único que logran es perpetuar la inoperancia institucional?.

-Si el empresario es el que descubre, el que coordina en los mercados y el que transforma el capital financiero en capital físico, innovando en todo el proceso, entonces ¿por qué cada día tenemos más burócratas y menos empresarios?

Por último: si tanto el Estado como la organización política democrática son una ficción mental, entonces ¿por qué una persona inteligente como yo trata de preguntar y de preguntarse tantas cosas sobre la lógica de cosas ilógicas?

Andrés Pozuelo Arce

Jumanji empresarial: regulación sin Estado (I Parte)

En la actualidad, la "regulación" o la "desregulación" es un tema común de conversación. Los empresarios hablan de ella constantemente porque tiene un enorme impacto sobre sus actividades; de ella también se ocupan los grupos de presión; los programas de noticias de televisión la incluyen en sus espacios, y los individuos hablan sobre la influencia que ejerce en sus vidas privadas. Prácticamente todos los debates sobre temas de actualidad que se celebran en los medios de comunicación terminan haciendo sugerencias para establecer nuevas regulaciones. En general, por "regulación" se entiende los intentos que hacen los gobiernos, empujados por un sinfín de razones distintas, por imponer reglas a los demás, ya sea por vía legislativa o administrativa.

Las reglas son una parte fundamental de la vida. Pero hacerlas no es necesariamente una función del gobierno: pueden (y de hecho suelen) establecerse de forma voluntaria. En las democracias avanzadas de Europa Occidental y América del Norte, los acuerdos institucionales que rigen la conducta de individuos y organizaciones han evolucionado desde hace siglos a la luz de la experiencia.2 No sería posible vivir vidas relativamente ordenadas, tal y como hacemos, si las reglas que rigen nuestra vida y nuestras normas de comportamiento no hubieran surgido y se hubiesen ido convirtiendo en normas sociales a través de los años (algunas integradas, a posteriori, dentro de un marco de ley y orden).

Contrariamente a lo que dicen las teorías convencionales, la alternativa a la regulación estatal no es la ausencia de regulación, sino un amplio abanico de acuerdos voluntarios. En la práctica, se dan ambos tipos de regulación tanto en el Reino Unido como en otras sociedades democráticas, aunque, debido a la necesidad urgente de ofrecer soluciones instantáneas ante cualquier supuesta "crisis", la regulación estatal se impone sobre las soluciones voluntarias porque se da por supuesto que el estado siempre tiene en sus manos una solución que va a aportar más beneficios que costes, una idea que se encargan de defender muchos políticos de miras cortas.3 La experiencia nos enseña que esta presunción no está fundamentada. Una gran parte de la regulación estatal tiene consecuencias inesperadas: cuando una regulación no consigue los objetivos establecidos, de inmediato surge otra que supuestamente tendrá éxito. Así es como el estado regulador actúa, acumulando estratos de regulación cuyo efecto, entre otros, es la reducción de la transparencia democrática.

Este breve estudio analiza cómo surge la regulación estatal; evalúa los costes de la regulación, su incidencia en la actividad económica y los problemas que acarrea; también se recogen algunos ejemplos de regulación voluntaria; y concluye con algunas recomendaciones en un intento de ampliar el ámbito de estos medios voluntarios. Su intención es fomentar el debate sobre el alcance y el ámbito de actuación tanto del estado como de la regulación voluntaria.
Algunos problemas de principios

La regulación estatal adopta una gran variedad de formas, que van desde el extremo de la planificación central de la actividad económica, pasando por sistemas de planificación no coercitivos (la llamada "planificación indicativa"), hasta medidas encaminadas a mejorar el comportamiento del mercado, próximas al ideal de "competencia perfecta" que preconizaban los economistas neoclásicos. Los principios de la planificación económica, en cualquiera de sus múltiples variedades, han sido objeto de las críticas más duras. Además estas prácticas están muy desacreditadas debido a la experiencia de las economías planificadas de la Unión Soviética y de otros países.

A pesar de que la idea de "mejorar" el comportamiento del mercado haya merecido tantas críticas como las vertidas contra la planificación económica, este concepto sigue vigente en nuestros días. Se sigue recurriendo a ella para justificar la intervención del estado, por ejemplo a la hora de fomentar la salud y la seguridad, salvaguardar el medio ambiente, subvencionar la educación, mejorar la seguridad en el trabajo, establecer salarios mínimos, evitar la "explotación" del trabajador, y proteger a los inversores de sus propias decisiones.

En realidad, el establecimiento y el crecimiento de la regulación tienen poco que ver con estas ideas. Como resulta evidente, son antes que nada el resultado del comportamiento propio de buscadores de rentas que caracteriza a los grupos de presión y a los reguladores (ver Apartados 4 a 7, a continuación), sabedores de las ventajas que comporta la introducción y la expansión de la regulación estatal. Pero las justificaciones intelectuales que subyacen en la defensa de la regulación tienen bastante repercusión, ya que dan un barniz de respetabilidad a un proceso que casi siempre dista mucho de ser digno de respeto.

Los argumentos intelectuales, tal y como los expresan los economistas convencionales, suelen justificar la regulación estatal afirmando que se puede mejorar el comportamiento de un determinado mercado porque éste "falla", es decir no cumple los objetivos que dicta el "interés general". De esta forma, se afirma que el estado está obligado a intervenir para mejorar lo que debería ser sólo responsabilidad del mercado. Ahora bien, este concepto de "fallo del mercado" como fundamento teórico de una decisión política plantea un problema de fondo, al aceptar como medida de evaluación lo que estos economistas convencionales postulan como modelo a largo plazo de competencia perfecta.5 Como se trata de un estado idealizado que jamás existe en la práctica, el hecho de medir los mercados del mundo real según ese modelo condena una y otra vez al fracaso a todos los mercados, presentes y futuros. Por eso, el recurso al modelo del fallo del mercado conduce inevitablemente a fomentar una intervención cada vez más amplia del estado en todos los campos de la economía, no sólo porque sea cierto que existen problemas en el mercado, sino porque su comportamiento nunca estará a la altura de ese ideal inalcanzable. En realidad, muchos de estos "fallos" forman parte de los procesos normales del mercado, y no son desviaciones de una situación que habría de ser supuestamente emulada en la práctica.

Más aún, el concepto de "fallo del mercado" implica la existencia de un Estado perfecto: un organismo omnisciente y altruista capaz de detectar y perseguir sin descanso el "interés público". Se le atribuye a este estado benévolo y bienintencionado la capacidad de detectar y corregir los fallos del mercado, con total independencia de los intereses de quienes forman parte de él y sin ulteriores consideraciones políticas. Pero resulta evidente que la comparación entre un mercado "imperfecto" y un estado perfecto no es neutra, y si se tuvieran en cuenta las imperfecciones del propio estado disminuiría la demanda de una mayor intervención estatal. Cuando se le preguntó a Alfred Marshall su opinión acerca de una intervención estatal destinada a resolver un problema particular, respondió: "¿Está usted pensando en un estado sabio, justo y todopoderoso, o en el estado tal como es?".

Curiosamente, muchos de los que reclaman más regulación estatal desconocen que en la base de sus argumentos, se encuentra un modelo de funcionamiento del estado y de los mercados que probablemente casi ninguno de ellos suscribiría. Más aún, dados los fallos de este modelo regulador subyacente, los problemas prácticos en la implementación de la intervención resultan imposibles de evitar. Trataremos seguidamente algunos de estos problemas, empezando con los costes de regulación.
Cuestión de costes

Mucha gente cree que los argumentos con que los gobiernos suelen justificar la imposición de regulaciones son respetables. La gente desea, entre otras cosas, gozar de buena salud, tener seguridad, minimizar los efectos adversos del entorno en la actividad humana, proporcionar una buena educación a sus hijos, que se trate bien a los trabajadores, e impedir que los delincuentes se infiltren en los mercados financieros. La cuestión es saber si esos objetivos, que casi todos, por no decir todos, consideramos deseables, se alcanzarán mejor mediante la regulación estatal o la acción voluntaria.

A medida que las regulaciones estatales han ido incrementándose en los últimos años, se han empezado a plantear serias preguntas al respecto en los países europeos, en EEUU y en Japón, a pesar de la dificultad que entraña su evaluación. Se conocen las partidas de gastos de los presupuestos estatales, pero éstas son sólo una parte del total. También es posible evaluar los costes, mucho más elevados, del cumplimiento de las regulaciones ("costes de cumplimiento"), que recaen sobre las empresas y los individuos, pero los costes "invisibles" (sobre todo los efectos adversos en el desarrollo empresarial y tecnológico, tal como se expone en el Apartado 8), son prácticamente desconocidos.

Las estimaciones realizadas acerca de los costes de la regulación federal en EEUU incluyen los costes de cumplimiento, pero no los costes invisibles. Un estudio evalúa los costes de cumplimiento en unos 700.000 millones de dólares, mientras que los costes soportados por las agencias gubernamentales federales se reducen a 15.000 millones de dólares. Según esta estimación, los costes de cumplimiento representan un 9% del PIB de EEUU, es decir casi 7.000 dólares por familia (aproximadamente el 19% de los ingresos de dos personas en una familia normal).9 En EEUU, los costes derivados de la regulación económica tienden a disminuir a causa de la desregulación que se ha producido en algunos grandes sectores (gas natural, telecomunicaciones, líneas aéreas y más recientemente el suministro eléctrico), mientras que los costes de la regulación "social" (incluida la regulación medioambiental) se han incrementado considerablemente, duplicándose, en términos reales, en los últimos diez años.

En otros países, los costes de regulación no están tan bien documentados. Pero no hay ninguna razón para suponer que la gigantesca disparidad entre los costes de regulación soportados por el estado y el total de los costes de regulación sea un fenómeno exclusivo de EEUU. Como explicamos en el siguiente apartado, esta disparidad es inherente al proceso mismo de regulación estatal. Más aún, la experiencia indica que el crecimiento acelerado de la regulación estatal "social" también se produce en otros países. En otras naciones desarrolladas, a pesar de la reducción de las barreras arancelarias y de la desregulación en los suministros básicos y en algún sector del transporte, esta forma de regulación sigue ganando terreno.
¿Quién paga el coste de la regulación?

La disparidad entre los costes totales y los costes que recaen en los reguladores en sumamente significativa. En EEUU, los costes que corren a cargo del estado alcanzan tan sólo un 2% del total de los costes de cumplimiento; representarían una parte aún menor del total si se tuvieran en cuenta los costes invisibles. En consecuencia, en lo que se refiere al estado y a las agencias estatales encargadas de la regulación, el grueso de los costes de la regulación son "externos" (es decir, los pagan otros). Más que cualquier otro factor, este hecho contribuye a explicar el frenético aumento de la regulación.

Los argumentos utilizados por los economistas convencionales en pro de la regulación no se tienen en pie. El argumento fundamental es que existen "externalidades" que los mercados privados no tienen ni tendrán nunca en cuenta. Por esa razón el estado debería intervenir con el fin de asegurar que se tiene en cuenta cualquier coste o beneficio externo. Pero en la práctica, lo que ocurre es que se crean nuevas externalidades. Estos costes que normalmente habrían sido "internos" (y por tanto tenidos en cuenta por los agentes implicados) no recaen sobre los reguladores y en consecuencia, por muy bien intencionados que sean, para ellos dichos costes pasan a ser externalidades. En tales circunstancias, y dado que el grueso de los costes no recae sobre los reguladores, la regulación no deja de aumentar superando con creces su nivel de "eficiencia", que en teoría, se sobrepasa cuando los costes derivados de una nueva regulación exceden los beneficios que se derivan de ella. En pocas palabras: aunque los "fallos" del mercado son el motivo que se suele aducir para reclamar más y más regulaciones, la propia regulación induce a una forma particular de "fallo".

Sobrerregulación

El proceso esbozado más arriba indica que si se tiene en cuenta el conjunto de costes y beneficios, la regulación estatal excederá siempre, sin excepción alguna, el nivel de eficiencia que la justificaría. Así pues, bienvenidos al mundo de la sobrerregulación.

La sobrerregulación es objeto de crítica y protestas en numerosos países, como ha sido reconocido por la OCDE, que ha propuesto un proyecto global, para todo el ámbito de la OCDE, de alternativas a la regulación. Se han puesto en marcha iniciativas de desregulación en varios países, entre ellos EEUU, Japón y el Reino Unido. En este último país, un estudio de 1998 concluía que "... las regulaciones impuestas para conseguir resultados socialmente deseables suelen tener consecuencias no esperadas y aciagas en el empleo y el crecimiento". De forma parecida, el presidente de la Better Regulation Task Force inglesa, Christopher Haskins, afirma que Gran Bretaña tiene demasiadas regulaciones y que las posibles alternativas privadas pueden conseguir los mismos objetivos con "más eficacia y menores costes". "La acción voluntaria de los individuos o de los grupos de individuos", sigue diciendo Haskins, "puede conseguir los mismos objetivos con mucha más eficacia que el estado. Demasiada gente depende del estado para conseguir formas de protección que podrían perfectamente organizar ellos mismos por su cuenta".

Resulta muy difícil introducir cambios en la regulación estatal a causa de la lentitud y la complejidad del proceso político. No es raro que se pongan en marcha regulaciones anacrónicas, que corresponden a épocas ya superadas (ver más abajo). Más aún, las regulaciones suelen sobrevivir a las circunstancias que las vieron nacer. La regulación inglesa sobre la apertura dominical del comercio (Sunday Trading) es un clásico ejemplo de regulación anacrónica.13 Probablemente la regulación no suscitaría tanto entusiasmo si se prestara más atención a su evolución histórica y a la experiencia de los países que han sabido reaccionar ante determinados problemas sin recurrir a la regulación del estado. Según un estudio reciente realizado por dos sociólogos británicos acerca de las restricciones reguladoras, "nuestras instituciones no tienen capacidad de respuesta porque vivimos en sociedades que no reflexionan sobre su propia historia. Siempre estamos pendientes de los posibles peligros que nos acechan en el futuro, y sin embargo, sólo si pensamos en la forma frívola y exagerada en que hemos reaccionado en el pasado a situaciones de pánico técnico o moral, sabremos reaccionar con racionalidad. (...) Hemos de volver la vista atrás y aprender a ser escépticos".

Las posiciones críticas ante la regulación excesiva también se han visto intensificadas por el hecho de que una regulación demasiado pormenorizada (o poderosa) resulta incompatible con las necesidades de unas empresas que han de competir en mercados sometidos a los vertiginosos cambios que produce la "globalización". Como dice Murray Weidenbaum, ex presidente del Consejo Económico Asesor de la Presidencia de EEUU: "Ningún país tiene un organismo especial destinado a sabotear la economía o a incrementar la inflación. Pues bien, muchas de las decisiones de los estados, en especial las referidas a fiscalidad, gasto público y regulación, tienen exactamente ese efecto. El coste de las regulaciones resulta particularmente peligroso. Son impuestos camuflados que reducen la competitividad de las empresas nacionales justo cuando han de enfrentarse a un mercado cada vez más globalizado".

Es lo que está ocurriendo en los países de la Unión Europea. Carecemos de datos fiables acerca de la regulación en la Unión Europea, pero parece evidente que, a pesar de la promesa realizada por Jacques Santer de que el principio de subsidiariedad iba a significar "menos y mejores" reglas, la regulación comunitaria ha seguido creciendo. Según datos basados en estudios de la propia UE, el número total de disposiciones legales dictadas por la Comunidad y la Unión Europea creció de 1.947 en 1973 a 14.729 en 1990 hasta alcanzar 23.027 en 1996.16 Un signo indiscutible de la creciente actividad reguladora de Bruselas es el número de páginas producidas por el Departamento de Publicaciones de la UE, que se ha multiplicado en siete años, pasando de 886.996 en 1989 a 1.916.808 en 1996. Los costes de cumplimiento serán inevitablemente mayores en aquellos países en los que la interpretación nacional de las normas de la UE ha sido más estricta que la dictada por las propias normas, como ha ocurrido en el Reino Unido.17 También lo serán en los países con una fuerte tradición de respeto a la ley, a diferencia de aquellos otros en los que el respeto a la autoridad legal es más débil.

Regulación y grupos de interés

Otro motivo para el establecimiento y el incremento de las regulaciones es el hecho que existen numerosos grupos de interés, de todas clases, tamaños y categorías, que se benefician de ellas. La "búsqueda de rentas" mediante la cual algunos grupos de interés inclinan la intervención estatal en provecho propio explica el hecho, ampliamente observado, de que la intervención estatal suele estar dominada más por los intereses de determinados productores o grupos que por el interés general.

Si algunos grupos llegan a tener tanta influencia en la regulación (y en otras decisiones políticas), es porque los beneficios potenciales de la regulación son acaparados por los miembros de esos mismos grupos, mientras que los costes de la regulación se reparten entre un amplio número de consumidores o incluso entre todos los miembros de la sociedad. Pongamos por ejemplo un sector cuyos miembros saldrían beneficiados de la protección contra las importaciones. Si este sector tiene éxito, la totalidad de los beneficios (por ejemplo, mayores beneficios a corto plazo y salarios más altos) sólo repercutirán en sus miembros. Por el contrario, los costes (por ejemplo precios más altos para los productos en cuestión) repercutirían negativamente sobre un número muy amplio de consumidores.

Teniendo en cuenta la concentración de beneficios, el sector tiene un motivo muy poderoso para invertir recursos en presionar a favor de las medidas de protección, por ejemplo elaborando información acerca de la supuesta pérdida de puestos de trabajo que acarrearía la no intervención de Estado. Además, y como es de esperar, el sector industrial interesado está mejor informado sobre su situación que el propio estado, y tiene grandes posibilidades de llevarse el gato al agua.

Si la regulación se produce, los consumidores sólo soportarán una pequeña parte de estos costes. Por lo tanto, carecen de verdaderos motivos para invertir tiempo, dinero y energías en contra de las medidas de regulación. Más aún, muchos consumidores ni siquiera se darán cuenta de que la regulación ha acarreado costes. De ahí que, aunque llegue a haber millones de "perjudicados -por no decir víctimas- invisibles" de una determinada regulación, y aunque los costes totales excedan con mucho los beneficios obtenidos por el grupo de presión, los perjudicados apenas manifestarán alguna forma de oposición, si es que llegan a hacerlo.

El sector agrícola rebosa de ejemplos de prácticas de "búsqueda de rentas", beneficios concentrados y costes dispersos. En Beyond Good Intentions, Doug Bandow presenta el ejemplo de los productores de miel norteamericanos. En total, suman unos 2.500 y reciben unas ayudas anuales del Departamento de Agricultura norteamericano por un total de 100 millones de dólares (un promedio de 40.000 dólares por productor). En 1987, se introdujo una variación casi insignificante en estas ayudas, gracias a la cual los quince mayores productores empezaron a recibir 6 millones de dólares más al año, es decir un promedio de 400.000 cada uno. El beneficio para cada uno de los productores fue más que considerable, mientras que el promedio del coste para cada ciudadano norteamericano resultó extremadamente reducido, apenas dos centavos, es decir menos de lo que cuesta franquear una carta de reclamación.

La concentración de los beneficios de la regulación supera con creces a la dispersión de los costes y por esa razón, los beneficiarios de la regulación ejercen una presión mucho más significativa y tienen más capacidad de influencia en el poder público que los perjudicados.

John Blundell y Colin Robinson

La columna de Carlos Federico Smith: regulaciones absurdas e insatisfacción ciudadana

Deprime ver, en una nación supuestamente de ciudadanos libres como la nuestra, que gran cantidad de personas acude a solicitar mayor regulación o control estatal de la más diversa gama de actividades que desempeñan otras personas. Esa actitud puede deberse a una desconfianza generalizada en la capacidad de los individuos de realizar transacciones con otros individuos en donde ambas partes ganan, sin que necesariamente una tenga que ganar a costa de la otra. De ahí saltan a que en dichas transacciones debería participar la mano visible del Estado, para que sea mejor llevada a cabo en forma regulada que voluntariamente.

Por ello no extraña que, citando tan sólo unos pocos ejemplos recientes, haya peticiones para que el estado regule los precios de una serie de artículos importados (Mayi Antillón del MEIC), que se emitiera un decreto para regular el transporte especial de personas (MOPT) o inicialmente se prohíba la realización de la Teletón, aunque afortunadamente tal decisión absurda se tuvo luego que echar para atrás (TSE). Pero todos estos ejemplos se caracterizan por la creencia de que el Estado sabe mejor que las personas lo que hay que hacer y que si se regula con base a esa idea ,las cosas van a estar mejor que antes.

Por naturaleza soy enemigo de manifestaciones en la vía pública que afecten la libertad de tránsito de las demás personas. Según ello debería estar en contra de la realizada por un grupo de transportistas de servicios especiales el pasado lunes 25, frente a la instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en San José. Pero en verdad cuentan con todo mi apoyo, porque tienen toda la razón de protestar ante la incapacidad de aquella institución, pero ante todo por su arrogancia de creer que, limitando mediante regulaciones la libertad de las personas, van a resolver un supuesto problema con el transporte privado de ciudadanos.

Lo que al final de la jornada hace el MOPT es impedir una mayor competencia en el transporte de la ciudadanía, imponiendo una regulación que exige una serie de costosas transacciones a las partes -a los ciudadanos y a esos empresarios del transporte- quienes durante muchos años han acordado libremente realizar un contrato privado, por el cual no se afecta a terceros indebidamente.

Cuando joven iba a los partidos de futbol de un equipo de futbol de amigos de Barrio México y para ello contratábamos un bus que nos llevaba y traía de algún pueblo adonde se fuera a jugar. No había que pedir permiso a ninguna burocracia: simplemente nos poníamos de acuerdo con el propietario del busito en cosas básicas tales como el costo, la hora y el lugar. El Estado no aparecía en nada, afortunadamente: no había que firmar papeles con pocos días de anticipación, ni llevarlos sellados ni autenticados ni ninguna otra majadería similar. Ningún burócrata se metía en el asunto y las partes estábamos contentas. Si algo fallaba, pues en la próxima ocasión se usaría a otro transportista. Estos últimos, con tal de asegurarse la continuidad del cliente, siempre nos trataban de lo más bien.

Ahora, a algún genio brillante en la administración del MOPT -tal vez inducido por alguien que desea quedarse con un negocio que ha venido operando normalmente sin intervención burocrática- se le ocurrió poner en práctica un decreto (le agregan “de ley”, para que se vea como muy importante lo que es un acto insignificante en el fondo, pero oneroso en sus consecuencias), con el cual se introduce una serie de restricciones, regulaciones, obligaciones, molestias, necedades, para renovar los permisos de operación de empresas que hoy dan ese servicio de transporte especial a los ciudadanos. Esto es, el transporte de grupos a fiestas, funerales, partidos de futbol, tomatingas de amigos que afortunadamente así disponen de un chofer designado; en resumen, de todo aquel tipo transporte de pasajeros que no sea el remunerado de personas que de diario conocemos.

Con anterioridad los transportistas especiales podían disponer de permisos de operación que duraban un mes. Ahora se cambió para que duren sólo por tres días. Además -siempre presente la voracidad fiscal- cada vez que se solicita se impuso un costo de ¢7.500, monto que, sin duda, será trasladado a los consumidores que contraten el servicio. ¡Chingo de estímulo para que grupos de amigos los contraten para ir a tomar tragos! Así es como el MOPT contribuye a manejar sin alcohol Y, por supuesto, como la minita ya fue encontrada, los burócratas exigen tal pago cada vez que tenga que dar un servicio. A su vez, en el camino sancionador de los reguladores, si el transportista comete el pecado de alejarse de la ruta establecida en el permiso (no se si por cambiar de un camino a otro alternativo, como hay que hacer cuando se viaja a Caldera por la Ruta del Sol), podrían ser multados, se les quitarían las placas y quedarían inhabilitados para trabajar por tres años.

En su protesta cuentan con mi apoyo y estoy seguro que de los costarricenses quienes usan su servicio y los que lo verán encarecerse por la decisión burocrática. Como dijo Jesús Campos, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Servicios Especiales (ANATRANS), interpretando mejor que nadie lo que está en juego, “nosotros hacemos las cosas legales (y los reguladores del MOPT) deberían hacerlas más fáciles en lugar de complicarlas”. Y no encarecerlas, agrego yo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: trámites excesivos y absurdos

Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para que sean tomadas las medidas correctivas requeridas.

Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y, por tanto, la gente se especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.

Pero aún, ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto hace relativamente poco tiempo. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.”

Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no da órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:

1. que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir esperando a que se dé cuenta de que ella “gobierna”;

2. que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:

3. que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más, a inicios de su gobierno. anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que, en muy diversos sentidos, afectan a toda la población.

Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.

Jorge Corrales

Viernes de recomendación

Para este Viernes de recomendación, en ASOJOD queremos ofrecerles un interesante artículo de John Blundell y Colin Robinson titulado "Regulación sin el Estado", donde se explica de forma clara, sencilla y comprensible, la naturaleza nefasta de las regulaciones estatales (aumento de costos, fomento a la cultura del rent seeking, establecimientos de barrera de entrada a la competencia, populismo, desaceleración económica, entre otros) y se propone, como alternativa, la creación de acuerdos voluntarios entre los individuos para que sean ellos mismos, y no el gobierno, los que decidan qué es permitido y qué no lo es.