La columna de Carlos Federico Smith: dos buenas noticias y otro par que no lo son en el control del gasto corriente del Gobierno

Empiezo por dos buenas noticias (optimista de lo que nos espera este año) provenientes de la Sala Constitucional, ante consultas de un número de diputados, acerca de si limitaciones que impuso el año pasado el ministerio de Hacienda en el gasto corriente, eran constitucionales o no.
 

Una se refiere a la aprobación por la Sala IV como constitucional a la decisión de Hacienda de destinar, de un presupuesto para las universidades públicas -el llamado Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)- que para el 2020 era inicialmente por la enormidad de ¢513.000 millones de colones, que luego se redujo en ¢75.000 millones, para destinarlos a obras de infraestructura y equipamiento, en vez de gasto corriente generalmente usado en pagar salarios. Recordemos que, lamentablemente, esa reducción se achicó a sólo ¢35.000 millones, por la presión de rectores de las universidades públicas, que convocaron a estudiantes para oponerse a esa reducción, con la falsedad de que afectaría las becas de ellos, cuando, en realidad, no era así. Dada esa inquietud ante las becas estudiantiles y el enorme gasto en salarios, vale la pena señalar que, según La Nación del 17 de diciembre, la “Sala IV avala tope a gasto corriente de ‘U’ públicas,” esas universidades “aumentaron su presupuesto para salarios en 12 años en un 100% por encima de la inflación, destinando ¢387.000 millones para ese rubro en el 2018, mientras que la cantidad de alumnos subió un 27%.” Ello ante la falsa pretensión de los rectores y los tontos útiles.
 

La segunda buena noticia es la declaración de constitucionalidad por la Sala IV del presupuesto que el ministerio de Hacienda le asignó al Poder Judicial para este año, de sólo un alza del 0.69% con respecto al año pasado. Algunos diputados “alegaron que el aumento debió ser de al menos un 4.67%, que era el crecimiento máximo que permitió la regla fiscal” aprobada hace poco más de un año. El hecho es que la Constitución establece que el gobierno “debe destinar el 6% de los ingresos ordinarios al Poder Judicial” y, el porcentaje que en realidad el gobierno le da a ese Poder es mucho mayor que el obligado. Esta decisión se tomó unánimemente “por magistrados suplentes,” pues los propietarios avalaron el presupuesto del Poder Judicial en Corte Plena, por lo que lo resuelto por la Asamblea Legislativa, “les afectaba directamente.”
 

Ahora lo no tan bueno en cuanto a decisiones de la Sala IV sobre la introducción de frenos a un exagerado gasto en entidades gubernamentales. Uno de los casos es la inconstitucionalidad en el presupuesto gubernamental en lo referente a “todo el sector de la educación, que incluye las universidades, el ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Red de Cuido.” Se había alegado por varios diputados que lo presupuestado no llegaba al 8% del producto interno bruto (PIB) establecido por la Constitución” (¿A cuál porcentaje del PIB -que es el valor agregado de toda la economía en el año- si se considerara el gasto que muchos ciudadanos -que son generadores del PIB- hacen cada año en educación privada de todo tipo? Estoy seguro que así sobrepasaría a ese 8%).
 

Lo segundo negativo en el esfuerzo por racionalizar el exagerado gasto del gobierno, es la decisión de la Sala IV ante el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que se redujo de ¢77.000 millones en el 2018, a ¢59.000 millones para este año, como lo envió el Poder Ejecutivo. “En otras resoluciones, los magistrados han insistido que el PANI debe recibir del ministerio de Hacienda al menos el 7% de lo recaudado por impuestos de renta.” Estos porcentajes preestablecidos constitucional o legalmente para varias instituciones, impiden una flexibilidad deseable en el manejo de las finanzas estatales. Ojalá algún día, rija el principio de presupuesto cero al elaborar los presupuestos y así definir los montos según necesidades de los diversos entes y no por la cantidad de recursos establecidos por una ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el falso y el verdadero problema

He observado cómo dirigentes políticos de diversos partidos, algunos economistas y personas en general, hacen diferentes propuestas para resolver el serio problema del déficit gubernamental, pero considero que hay un error conceptual al puntualizar al déficit como el problema, lo cual intentaré explicar de seguido.
En una ocasión Milton Friedman dijo lo siguiente en una conferencia en www.freetochoose.tv, titulada “Is Tax Reform Possible?”: 

“El verdadero problema es lo que el gobierno gasta, no lo que toma en forma de impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.

Yo prefería más tener un presupuestó gubernamental de $200 mil millones con un déficit de $100 mil millones, que un presupuesto de gastos de $400 mil millones y sin déficit.  Ello porque el presupuesto de gastos del gobierno de $400 mil millones simplemente es el doble de lo que se quita de la disposición del ciudadano y que se gasta en su nombre por el gobierno.  Ese es el verdadero problema.”

Sus palabras son tan claras y directas que no requieren de mayor explicación; no obstante, vale la pena hurgar un poco más en el señalamiento, pues dicha situación es igualmente la que observo en la actualidad en nuestro país.

Tal vez lo que justifica aquella impresión es que uno, en su casa, si se da cuenta de que se gasta más de lo que se recibe; o sea, que hay un déficit, hará todo lo posible para, por una parte, reducir los gastos y, por la otra, ver como aumentan los ingresos al hogar. Es muy diferente en lo que tiene que ver con el estado, pues la forma en que, por una parte, obtiene sus ingresos, es quitándoselos, por medio de impuestos, a los ciudadanos y, por la otra, porque cuando el estado gasta -demanda- logra para sí bienes y servicios que ya no estarán disponibles para la ciudadanía. En ambos casos se afecta a las personas, a usted y a mí, a las familias.

Si aumentan los impuestos, se afectan las posibilidades de crecimiento de las empresas y las personas, quienes ahora tendrán menos recursos para satisfacer sus necesidades, incluso su ahorro, lo que reduce la inversión. Al bajar la inversión, la economía crece menos y, entre otras cosas, las empresas disminuyen su demanda de mano de obra, fomentando que el desempleo aumente (así como estimulando que las empresas se vayan a la economía subterránea, a la que acuden, entre otras razones, porque no pagan los altos impuestos que sí deben cubrir en la economía formal).

También es posible que esos impuestos se trasladen de alguna manera a los consumidores, a través de precios más elevados o con un deterioro de la calidad de los productos. Además, al disminuir la actividad económica, se reduce la base sobre la cual se cobran los impuestos, con lo que lo que recauda el fisco se ve, comparativamente, disminuido.

En resumen, son efectos claramente indeseables si se quiere que una economía crezca (pienso en alrededor de un 6% anual, en vez de un raquítico 3.5% o 3.8%) y que permite que se dé una generación de riqueza de la ciudadanía, incluyendo a los grupos menos favorecidos. 

El verdadero problema no lo constituyen, como bien apunta Friedman, esas recaudaciones de impuestos, sino lo que gasta. Dice Friedman:

“Si el gobierno gasta $60 mil millones más que lo que toma en forma de impuestos... ¿quienes creen ustedes que son los que pagan por los $60 mil millones extras?... ¡Usted pagará la cuenta! Debido a que eso tiene que ser pagado, pero, en vez de serlo directamente en forma de impuestos a los ingresos o a las ventas o a las planillas, será pagado indirectamente en la forma de una inflación...”

O acudiendo a endeudarse, agrego yo, para financiar muy posiblemente una serie de gastos inútiles, cuando se tiene un gobierno sin limitaciones para efectuarlo, deuda que podrá seguir colocándola hasta el momento en que los inversionistas dejen de confiar en que la economía crecerá lo suficiente, como para que pueda repagar obligaciones e intereses. El problema es que ese gasto gubernamental, al usar los recursos privados que extrae mediante impuestos, no se dirige ya a actividades productivas generadores de riqueza, con lo cual el progreso es menor y, por tanto, la recaudación impositiva se reduce.

Al tenerse presente que los políticos piensan pagar los préstamos que ha adquirido el estado para financiar su gasto por medio de impuestos, volvemos al hecho de que esos impuestos retiran recursos privados, que se podían haber dedicado a actividades productivas. Así, lo irrelevante no es cómo se financia el déficit, sino que el problema es el gasto gubernamental, cuyos efectos negativos se sentirán más tarde o más temprano, al afectarse el crecimiento de la economía que trae la inversión y la iniciativa privada disminuida.  

El error al enfatizar que el problema es el déficit y no el elevado gasto del gobierno, conduce a propuestas de aumentar los impuestos o aumentar el endeudamiento o, si bien a menudo no se expresa con toda la claridad, a que una parte del estado, como lo es el Banco Central, emita dinero, provocando la inflación. Esa inflación también se usa como medio para disminuir el monto nominal adeudado en la moneda que se devalúa.  Con cualquiera de esas propuestas para reducir el déficit, y dejando de lado el tema del gasto gubernamental, surgen efectos nocivos sobre los fondos que se dedicarían a la inversión en la economía, afectando el crecimiento futuro y con ello disminuyendo las posibilidades de progreso y crecimiento. Por ello, el problema no es el déficit como tal, sino el gasto del gobierno, que sustrae recursos de la economía que no se podrán dedicar a actividades productivas.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: lo único que parece importar es tener más plata

Francamente es la impresión que me da por lo que sucede actualmente en la Asamblea Legislativa, en donde ciertos políticos hacen todo tipo de maniobras para tomar más plata de los ciudadanos y poder gastarla en sus propias apetencias.

Conocemos bien el problema fiscal de Costa Rica: un estado que aproximadamente gasta un 6% más que los ingresos que percibe. En sencillo: disipa más plata que la que le entra. Tener claro esto, es crucial para entender las opciones más significativas que el estado tiene para emparejar sus gastos con sus ingresos. 

Eso sí, entendamos que un 6% del déficit gubernamental no es extraño en muchos países, en donde hasta puede ser porcentualmente mayor, pero hay diferencias importantes con el caso nuestro, al considerar alternativas de solución del déficit. Una es si nuestro estado busca conseguir plata prestada, ya sea en el país o afuera, para seguir con su nivel de gasto y dados los ingresos esperados.

Lo que pasa es que algunas de aquellas naciones, al contrario del nuestro, gozan de algo que no disfrutamos: gente dispuesta a prestarle al estado a un costo relativamente barato (esto es, intereses y otras condiciones relativamente favorables para el país). Una razón de porqué no gozamos de esa posibilidad, es que, en los últimos años, el gobierno se ha endeudado mucho para financiar sus gastos y, al tener ese endeudamiento niveles que la comunidad financiera considera es de una recuperación riesgosa, aumenta el costo de un endeudamiento adicional (mayores intereses que, a su vez, son un gasto estatal mayor) o bien del todo no le prestan recursos al gobierno. 

La otra “gran” solución estándar para rellenar el déficit estatal es que el Banco Central emita dinero, pero una mayor colocación de dinero en la economía es similar a un aumento en la deuda del estado con los ciudadanos, quienes reciben un papel con la esperanza de que, a futuro, al menos puedan usarlo en adquirir bienes y servicios. El problema grave con esta medida, el cual está harto comprobado, es que un aumento de la emisión monetaria en exceso del crecimiento de la economía (con suerte de alrededor de 3-4% en este año en el país) generará inflación. E imagino que la ciudadanía aprendió la lección con lo sucedido a mediados de los años ochenta: algo totalmente indeseable y dañino desde muchos puntos de vista y, por tanto, se espera que la ciudadanía la rechace como forma de resolver un déficit gubernamental.

Esto nos deja casi sólo con dos alternativas de política para corregir el exceso de gasto del gobierno sobre sus ingresos: una, aumentar los ingresos; esto es, incrementar los impuestos y, la otra, reducir el gasto. 

La primera alternativa -que en esencia la está promoviendo el contubernio legislativo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- es aumentar diversos impuestos -renta, valor agregado, a los intereses de los ahorros, nuevos gravámenes sobre el agua, la electricidad y la educación, entre otros- a fin de que el estado se apropie de mayores ingresos.

Debemos entender el porqué de esa nueva y clara colusión legislativa entre el PAC y la PLN. El PAC considera, en su visión estatista que, aunque esos nuevos ingresos no ingresan en su administración -y, creo, no parece haber una posibilidad alta de que sean reelectos al Poder Ejecutivo- sea el sector privado el que sufra los efectos del aumento de los impuestos, antes que reducir el tamaño y el alcance del estado, además de que el empleo público -sindicatos de ese sector- es un bastión político del PAC (sin olvidar a empresarios que se oponen a reducir el gasto estatal, pues venden sus productos o sus servicios al estado). A su vez, Liberación Nacional cree que ganará las próximas elecciones y, de ser así -dudas aparte- tendría una caja del estado más llena de dinero, para así llevar a cabo “su misión”, que no es nada más que la de ejecutar lo que los políticos de ese gobierno futuro prefieren hacer, en vez de que sean las mismas personas contribuyentes quienes lo gasten en lo que prefieran o necesitan. 

En resumen, lo único que parece interesar en el amancebamiento del PAC-PLN es tener más plata de los costarricenses para gastarla como a sus políticos les parezca, incumpliendo así el objetivo pregonado de aumentar los impuestos para cerrar el déficit: disponer de más dinero para gastarlo es la historia fiscal de las últimas décadas en nuestro país; siempre aumentan los gravámenes para eliminar el déficit, pero, poco después, éste vuelve a aparecer y el ciclo se reinicia.

Elevar los impuestos no deja de tener consecuencias no previstas indeseables, que no suelen reconocer los proponentes de mayores gravámenes: que muy posiblemente afectará el crecimiento precario y la leve recuperación de la economía. Así, no aumentará la demanda de mano de obra (y menos en las circunstancias actuales, en que la inversión extranjera se contrae por acontecimientos internacionales), ante una tasa de desocupación en el país que ha oscilado en los últimos años en alrededor de un 9% de su fuerza de trabajo, así como se estimula que crezca más la economía subterránea, profundamente influenciada por los altos costos de la formalidad, en donde destaco los impuestos que ahora se pretenden aumentar.

Esto deja una sola opción por analizar, en cuanto a reducir el déficit: reducir el gasto gubernamental. La muletilla de los adoradores del gasto gubernamental es bien conocida: nos dicen que no es posible reducir ese gasto. Por tanto, ante ello, sólo queda la opción de aumentar los impuestos.  Es como si un alcohólico o un drogadicto dijera que la solución a su problema no está en que se le quite el licor o la droga, sino en que se le dé más plata para seguirlos consumiendo...

Otros apocados defensores de la tesis de la imposibilidad de reducir el gasto estatal, dicen que han hecho un “esfuerzo máximo” por disminuirlo, pero, si se analiza el tema, a la hora de plantear los presupuestos los gastos gubernamentales -fuente que los autoriza- no “reducen” el gasto, sino que inicialmente piden aumentos fuertes (una tasa de crecimiento elevada), para lograr, luego, una tasa menor de crecimiento que la previa, pero siempre el gasto sigue aumentando. Así, no se reduce el gasto gubernamental, sino que se reduce su tasa de crecimiento.  Hipocresía

Así las cosas, concluyo mi comentario con una reflexión en torno al conciliábulo por el cual el PAC y Liberación están cocinando nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.  Son muchos los amigos dentro de este último partido quienes, por distintos medios y ocasiones, han planteado su inquietud y malestar ante el crecimiento de los impuestos en el país, para sufragar una expansión del estado costarricense que ha afectado importantemente a los ingresos familiares, a las ventas de negocios pequeños y grandes. Pero, también se han dado cuenta de que, en ese estado gastón, existen gremios sindicales con privilegios enormes no disfrutados por sus compatriotas y que son los contribuyentes quienes en última instancia pagan por ellos.  

No es necesaria una cirugía cosmética, encebada para que allí resbalen las buenas cosas y prevalezcan los privilegios. Nada se gana con decir que, para pagar aumentos de salarios de los trabajadores públicos, sólo se hará para los calificados como muy buenos o excelentes. Lo que sucederá -no lo dude- es que “todos” serán calificados como “muy buenos o excelentes”. Igualmente, los responsables del aumento legislativo proyectado de los impuestos callan ante un gasto odioso en los presupuestos públicos, como es el enorme y corrupto subsidio a varios sistemas públicos de pensiones, en donde los ciudadanos pagan fuertes impuestos para que algunos se lleven sumas multimillonarias como pensión, para la que nunca sus beneficiarios contribuyeron lo suficiente.

Tampoco mencionan esos políticos maximizadores del poder, que nuestra economía no está en capacidad de pagar prestaciones a ciertos grupos sindicales del sector público por 20 años y no por 8 años, como todos los restantes costarricenses. Y podría seguir citando muchas otras situaciones similares. 

Lo sucedido en Grecia debe servir de lección. Ese país, para sobrevivir como nación con posibilidades de progreso, bajo un gobierno socialista ha tenido que imponer medidas draconianas, sobre todo tipo de gasto gubernamental, antes de aumentar los impuestos para reducir el déficit.  La situación llegó a un estado tan grave que, para resolver el problema, no fue suficiente reducir el gasto en el momento oportuno, sino que se tuvo que aumentar los impuestos, aun cuando esto último haya afectado sus posibilidades de tener algún crecimiento en el corto plazo.  

No debemos llegar a tal grado y nuestros amigos liberacionistas tienen mucho que decir y hacer lo debido ─incluso lo que más les duele a los políticos maximizadores del poder: que no votarán por el candidato de ese partido en las próximas elecciones. Ante tan poderosa presión ciudadana, creo que se darán cuenta de que no somos unos tonticos, a quienes fácilmente se les puede rodar: incluso cuando se pretende asustarnos diciéndonos que, si no se aumentan los impuestos, vendrá Armagedón o cuando pretenden engañarlos con reducciones ficticias, leves, irrelevantes, del gasto estatal, como argumento de que con eso sí es justo poner fuertes gravámenes. Eso es lo que están aliñando los diputados del PAC y de Liberación Nacional, en su esperanza de que los ciudadanos nos traguemos impensadamente su veneno económico.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la confusa imaginación tributaria

La propuesta reciente de la ministra de planificación de crear un impuesto es bien clara en su alcance tributario: está contenido en el proyecto de ley “Desarrollo Regional de Costa Rica”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa como un gravamen a las movilizaciones (eufemismo por transacciones) financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Ridículamente en MIDEPLAN escriben las siglas de dicho sistema como SIMPE; con la requerida buena ortografía que exige que “antes de b y p, m pondrás”,  pero, en este caso, se trata de siglas, en donde la M no es la primera letra de la palabra Nacional.  Si es que este proyecto podría servir de algo, lo es si promueve una discusión razonada de lingüistas y filólogos acerca de si se escribe SINPE, como aparece en los documentos del Banco Central para definir el Sistema Nacional de Pagos, o bien SIMPE como lo escribe el culto redactor de MIDEPLAN.  Por lo demás, dicho proyecto asombra por su vaciedad.

La esencia tributaria de la propuesta es la creación de un nuevo impuesto de un 0,02% sobre el monto de cada transacción financiera que se lleva a cabo mediante el SINPE, que es una plataforma tecnológica creada por el Banco Central “para facilitar la transferencia y circulación de dineros entre agentes (personas e instituciones públicas y privadas) en la economía.” Esos agentes la utilizan no sólo porque permite transferir eficientemente dineros entre las partes, sino porque lo hacen de forma segura y por eso su costo ha sido aceptado por quienes la usan ante los beneficios que les suministra

Ese 0,02% -porcentaje que aparece inocentemente como algo chiquito- se aplica a cada transacción financiera mayor a ₡100.000, en el momento en que se hace la transacción por medio de SINPE. De allí provendrán los recursos para crear lo que considero constituye una multitud de JAPDEVAS que se crearían alrededor de todo el país y que la burocracia gubernamental denomina, en su proyecto de ley No. 19959, como “sistema de desarrollo regional de Costa Rica”.

Veamos algunos ejemplos sencillos de casos en que operaría dicho impuesto.  Suponga que usted recibe un salario de un millón de colones al mes.  Si es un empleado del estado o de una empresa privada o de un patrono, que depositan esos fondos por medio del hoy muy utilizado sistema de pagos SINPE, de entrada a ese patrón se le cobrará un 0,02%; esto es, ₡200. 

Similarmente si luego usted paga, digamos ₡400.000, por su tarjeta de crédito utilizando al sistema SINPE (pues así no tendría que ir con un montón de plata a la oficina de la empresa de tarjetas), pagaría ₡80 por ese nuevo impuesto.

También, si usted recibe una pensión de la Caja, de, digamos, ₡800.000 al mes, en cada depósito que se le haga en su cuenta corriente por dicho motivo, la CCSS tendría que desembolsar ₡160 para enriquecer el fondo de desarrollo regional que el gobierno piensa realizar. Igual sería con cualquier pensión diferente de la de la Caja.

Si usted paga a una universidad privada por medio de SINPE, digamos ₡200.000, pues le quitarían ₡40 de entrada.  De la misma forma, si usted es un empresario y paga en impuestos usando SINPE, digamos por un monto de 10 millones de colones, le capan ₡2000 de entrada. 

Igualmente, si usted tiene que pagar a los bancos mensualmente por el préstamo que le dio en el pasado para que pudiera adquirir una casa o un carro, que digamos asciende a ₡500.000 de principal e intereses, pues le quitarán de entrada ₡100 cada mes. ¿Estamos ya claritos de cómo es que funciona el asalto que se nos pretende infringir? 

De acuerdo con una estimación de la recaudación que hizo el ministerio de Hacienda por este impuesto -así consignada en el artículo de El Financiero del 26 de abril titulado “Impuesto a transacciones financieras generaría efectos mixtos,”- que dice que, en cuanto a dicho impuesto, “podría generarle al erario público ingresos frescos equivalentes a un 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB)”, si el  Banco Central estima que en el 2016 nuestro PIB llegaría ser de ₡27.437.498,3 millones, ese “pequeño (e inocente) gravamen” con la “bajita tasa del 0,02%”, podría ascender a la suma de ₡5.487,5 millones. Como ven, aquel pellizquito se convierte en un pellizcote.

No dudo que ese monto obtenido dará lugar a un olio grandioso: todo en nombre de un presunto desarrollo regional, que más bien huele a desarrollo de políticos y de agrupaciones sindicales que sin duda surgirán alimentadas por esas platas “frescas”.

En esencia, este no es un impuesto que vendría a reducir el déficit actual tan elevado del gobierno y que está pretendiendo cubrir con nuevos y mayores impuestos: todo eso se iría en financiar un nuevo sueño de opio de la burocracia dispendiosa; simplemente se usará para financiar un nuevo gasto gubernamental; nunca para reducir un déficit, lo cual sucedería si no se gastara y más bien se utilizara en compensar el desbalance fiscal, que se estima que el año entrante podría ascender a un 6% del PIB.

Adicionalmente, es claro que este impuesto significará una doble imposición: por una parte, a usted se le grava por los ingresos que recibe a cambio de su trabajo (por ejemplo, en un salario pagado por medio de SINPE). Pero, luego, si para sus gastos a partir de dicho ingreso, usted utiliza una tarjeta para pagar tales compras, al cancelar la obligación con la empresa de la tarjeta si lo hace por medio de SINPE, se le pone un impuesto por esa transferencia.  

Por supuesto que el burócrata proponente de impuestos, le dirá que al “ser pagado por el patrono (ya sea el estado o una empresa), usted no lo está pagando.”  Pero eso no es cierto y se le debe responder de inmediato al burócrata, que si no cree que el encarecimiento del salario que paga el patrono no se va a reflejar en una disminución de su demanda de mano de obra. Esto es, de todas maneras usted termina sufriendo el costo cuando disminuye el empleo.

En el análisis económico usual de las alternativas de diferentes impuestos indirectos, siempre se critica a un impuesto que opera “en cascada”. Esto es, que dado que el impuesto se aplica a las diversas fases, tales como productor, minorista y mayorista entre otras, que existen en un proceso productivo, en tanto que para los diversos pagos se utiliza el mecanismo de SINPE, el precio irá incorporando el mayor costo por este nuevo impuesto, conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo. Finalmente, todo ello se refleja en el precio del producto final. El impuesto se aplica conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo, pues en cada una de ellas se incorpora el costo previo mayor ocasionado por ese impuesto, por lo cual la base imponible crece conforme las etapas de producción se van dando una tras otra.

El problema no es tan sólo que se da un aumento mayor del precio final, sino que estimula una concentración de etapas en un proceso productivo, ocasionado por el impuesto, en vez de la estructura productiva por etapas previa, que resultaba de la eficiencia productiva de la especialización. Por tal razón es que los técnicos tributarios preferimos impuestos como el de ventas aplicado sólo en la etapa final o, bien, el llamado impuesto al valor agregado o IVA, el cual se aplica tan sólo al valor que se agrega en cada una de las etapas y no sobre el valor final de cada una de ellas.
  

Sin duda que un grave problema con este estulto impuesto que propone el ministerio de planificación, es que estimula, en el margen, a que haya una expansión del sector informal de la economía. Bien sabemos de la extensión amplia y creciente de nuestra economía subterránea, en donde por diversos costos regulatorios y tributarios impuestos por el estado, ocasiona que el empresario calcule el costo de la informalidad con los beneficios que obtiene de tal situación. Al aumentar dichos impuestos, aumenta la desventaja de la formalidad y, por tanto, más empresarios buscarán operar en la informalidad.

En adición, la idea tonta de un impuesto como éste, se demuestra cuando se tiene presente que una razón primordial para usar el mecanismo del SINPE es que disminuye el riesgo de las personas y las empresas y hasta del mismo estado, de ser objetos de robo cuando los pagos que hacen usando efectivo, que lo trasladamos en los bolsillos o en bolsos o paquetes y similares, en vez de poder hacerlo en la privacidad por medio de una computadora, como es mediante SINPE. Somos conscientes del avance de la delincuencia en nuestro país, la cual, no dudo, celebrará si es que se pone ese impuesto absurdo, pues ahora los ciudadanos andarán en las calles con bolsillos llenos de plata para poder realizar transacciones que hoy hacen con toda la seguridad requerida, por medio de una transferencia bancaria. El incentivo es claro para que, con ese impuesto, se use el efectivo para realizar todo tipo de transacciones, lo cual sin duda que es parte del corazón económico del lavado de dinero.

Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros.  Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por MIDEPLAN- hasta el propio viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda, señor don Fernando Rodríguez, con buen tino técnico y mayor político, manifestó que una de las razones para oponerse a ese gravamen es que “se produce un efecto de desbancarización (esto es, dejar de usar esquemas de pagos por medio de los bancos comerciales), en lugar de contribuir con la lucha contra la evasión en IVA (impuesto al valor agregado) y renta, estaríamos incentivándolo.” Bien dicho y mejor señalados los efectos esperados de ese mamotreto tributario. Dicha declaración aparece en La Nación del 17 de mayo (y una corrección vía fe de errores el 18 de mayo en dicho medio), en el artículo titulado “Viceministro contra tributo a transferencias electrónicas: Fernando Rodríguez, de Ingresos, objeta impuesto de ₡20 por giro interbancario de ₡100.000.”

Finalmente, enfatizo y reitero el grado de cinismo al cual se está llegando en nuestro país, cuando el gobierno propone como algo vital aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero, por otro lado, nos propone nuevos impuestos como el descrito, lo cual no se usará para reducir el déficit, sino para financiar un nuevo gasto, que incluso es altamente cuestionable. No habrá con dicho gravamen, ninguna reducción del déficit; lo que le interesa al gobierno es gastar más y más y por ello es que propone mayores impuestos como ese.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: en guardia desde mi corral

Desde hace cierto tiempo, ante la enorme cascada anunciada de nuevos y mayores impuestos, he venido señalando que, ante una economía como la nuestra, con problemas de crecimiento y de un desempleo de alrededor de un 10% y de un subempleo aún mayor y con un observado crecimiento de la economía informal, los gobernantes que proponen esos mayores impuestos no le explicaban al país cómo es que ese aumento de gravámenes no iba a afectar el crecimiento de la economía nacional.

Nunca nos lo han expuesto y asumen que de por sí los costarricenses vamos a aceptar pasiva e irracionalmente sus propuestas tributarias.  Pero el 5 de julio me dio gusto leer la columna semanal de don Jorge Guardia en La Nación, precisamente intentando dar una explicación de la bondad del aumento de impuestos propuesto, siendo que incluso don Jorge no forma parte del gobierno que ahora propone esos impuestos a todo el país.  Aunque en verdad, don Jorge, más en algunas ocasiones que en otras, señala la conveniencia de aumentar los impuestos ante la situación fiscal actual.

Por eso me agradó la pregunta que don Jorge hace al principio de su artículo: “La pregunta es qué pasa con la producción real al aumentar impuestos.” Y agrega que: “La respuesta convencional es que se contrae el ingreso disponible del sector privado y, por tanto, el consumo e inversión”. Y continúa: “estudios recientes aseguran que no necesariamente debe ser así. Todo depende de la composición y magnitud del ajuste fiscal.”
¡Qué bueno!, me dije a mí mismo. Ahora encontraré una respuesta a mi inquietud esbozada, de manera repetida, al inicio de mi comentario: Cómo más impuestos van a promover el crecimiento de la economía.

Veamos el análisis de don Jorge, que se sustenta en tres escenarios: el primero, el (A), que él considera “el más mejor”, basado “en menos gastos y más impuestos.” Uno segundo; el (B), que él denomina como “el más peor”, en el cual no se recorta el gasto (planillas, transferencias) y se suben los impuestos. Y un tercer escenario, el (C), que juzga como “el más probable” (me imagino que en la actualidad en el seno legislativo), en donde se mantendría el statu quo; esto es, no habría reducción del gasto ni aumento de los impuestos.
 

Hasta aquí todo parece estar bien en cuanto a esos escenarios, que pronto comentaré, pero desde ya hago notar el escenario mío, el (D, en donde se reduce el gasto y que no aumenten los impuestos.  Este escenario don Jorge no lo considera, lo cual si voy a hacerlo posteriormente.

Para este comentario es importante de entrada señalar conceptos cruciales que don Jorge no parece tomar en cuenta y que fueron expuestos por el profesor Milton Friedman (lo reitero, aunque a alguno puede desde ya no gustarle…Friedman… ufff). 

Señala Friedman lo siguiente (y si no les gusta él, pues piensen que lo digo yo, aunque tampoco les podría gustar –lo hago porque suelo reconocer al que sabe y sobre todo a quien lo explica con claridad quizá por vez primera). La fuente es de www.freetochoose.tv, Milton Friedman, Lecture 7: Is Tax Reform Possible? Y ésta es mi traducción (entre paréntesis están señalados los minutos de esa conferencia en que pronunció esas palabras):

(21:27) “…y ese es el punto de vista erróneo que mantienen los conservadores de lo fiscal: La prueba verdadera de una responsabilidad fiscal es si usted tiene un déficit o no. Ese es un punto de vista mantenido por muchos ciudadanos bien intencionados, quienes han estado buscando una reforma constitucional que requiere de un presupuesto balanceado por el gobierno federal. Ciertamente, yo no estoy en contra de una presupuesto balanceado, pero someto a su consideración que, al enfatizar primariamente el déficit, los conservadores de lo fiscal han terminado siendo el testaferro de los grandes gastadores.

El proceso típico ha sido muy claro: Los grandes gastadores han votado por tener gastos del gobierno que han producido el déficit. Los conservadores de lo fiscal se rascan sus cabezas y dicen: ‘eso es terrible no podemos tener un déficit’ y con ello se ponen a trabajar para obtener más impuestos. Tan pronto como los impuestos han sido aumentados, y el déficit ha vuelto a ser algo razonable, los grandes gastadores aparecen de nuevo. Y el resultado final es siempre más y más gasto del gobierno. 

Este punto está estrechamente relacionado con el que mencionaba hace poco: El problema real es lo que el gobierno gasta, no de lo que se apropia en forma de los llamados impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.
 

Yo prefiero tener un presupuesto gubernamental de 200 billones de dólares con un déficit de 100 billones, que un presupuesto del gobierno de 400 billones de dólares y sin déficit. Ello porque un presupuesto gubernamental de 400 billones de dólares es simplemente el doble de lo que se le quita de disponibilidad al ciudadano y que es gastado en su nombre por el gobierno. Ese es el verdadero problema.” (23:33)
 

Este es el problema que observé en la propuesta de don Jorge, obviamente dirigida a resolver un problema que él considera indispensable, pero se equivoca en su naturaleza.  El déficit se da cuando hay un exceso de gastos del gobierno por encima de sus ingresos, pero el déficit no es el problema, sino la demanda de recursos que en la sociedad hace el estado. El problema no es el déficit, sino el gasto del estado tan elevado. 

Ello porque sencillamente cada colón que obtiene el fisco para gastarlo es una demanda que el estado ejerce sobre la producción nacional, la cual ya no estará destinada al consumo o la inversión privada. Y debo señalar, por si alguien me hace la observación, que tampoco se destina a la inversión pública, la cual siempre es recortada para poder seguir la fiesta del gasto corriente. 

Lo expuesto en el párrafo previo es independiente de si otro de los efectos que señala Friedman tiene lugar: cual es que, una vez que el estado recibe los nuevos ingresos, simplemente es tan sólo una base para que, de nuevo, aumente el gasto, dando lugar a que surja un nuevo déficit y posteriormente a propuestas de nuevos incrementos en los impuestos para subsanar el renacido déficit.  Este carrusel o tiovivo tributario lo hemos vivido cíclicamente en nuestro país: en promedio cada cuatro años se nos ha planteado a los ciudadanos un nuevo incremento de impuestos para resolver el “problema” del déficit.

Es más, en torno a esto último, la verdad es que cuando se habla de una “reforma tributaria” -la cual miro con buenos ojos si efectivamente contribuye a un mayor crecimiento de la producción, del ingreso familiar y del empleo- lo que en verdad simplemente proponen, bajo ese disfraz terminológico, es un aumento en los impuestos.  Ejemplo: cuando nos dicen en estos días que el IVA es un mejor impuesto que el vigente de ventas, pues tiende a controlar mejor la recaudación y no tiene, esencialmente, exclusiones distorsionadoras. Aceptemos que esa reforma es deseable, en tales términos, pero la verdad es que la aprovechan no sólo para ampliar la base imponible, que puede ser necesaria, sino para aumentar la tasa del impuesto.  Si lo que interesara fuera la “reforma” y no simplemente una mayor recaudación, la propuesta del IVA debería de tener una concomitante reducción de la tasa del impuesto actual de ventas y no de un aumento del 13% al 15%, como pretenden lograr ahora.

Pero a don Jorge, al igual que al gobierno, lo que les preocupa es ver cómo se “cierra” el déficit y no controlar el crecimiento ni el nivel del gasto del estado, pues, de ser así, entonces, como lo pone en claro el último párrafo transcrito de Friedman, tomarían muy en cuenta de que, entre más gasta el estado con los nuevos ingresos y, si se mantienen los impuestos que generan esa mayor recaudación, de nuevo resurge el déficit y para su eliminación, otra vez, se tendría que aumentar los impuestos hasta empatar ese nuevo gasto exacerbado. Así de fácil.

Los escenarios (A), (B) y (C) están deliberadamente señalados para omitir el escenario (D), que es el que no quieren poner en práctica, simplemente porque el estado no podrá posesionarse de relativamente mayores ingresos privados; esto es, no estará en capacidad de aumentar su demanda sobre los recursos que produce el país.

Para empezar, me llama la atención el escenario (A), en donde habría una reducción del gasto y un aumento de los impuestos a fin de eliminar el déficit.  Esto es divertido: ¿En qué porcentajes? ¿Aquellos que me parecen le escuché una vez a don Oscar Arias, de aumentar los impuestos en un 60% y reducir el gasto en un 40%? O, tal vez, el “explícitamente tácito” del actual del gobierno, de tener una reducción mínima del gasto (“no hay forma de reducir significativamente el gasto” nos dicen, o de manera similar, que “el gasto público es inflexible”) ¿Estará implícito un 90% de aumento de impuestos y sólo una reducción del 10% del gasto para eliminar el déficit? Lo más probable es que alguien salga con el cuento del justo medio ─mita y mita, como dirían. Pero no creo que haya sabio en la tierra que nos compruebe que eso -del 50% y el 50%- es lo justo y necesario. Es más, me atrevo a pensar que don Jorge consideraría esta posibilidad como inconveniente, si es que ponemos a la par su propuesta (A) - que él llama el escenario “más mejor”-, en comparación con la (B), que considera como el escenario “más peor”.  Como que implícitamente le preocupa el aumento de los impuestos. ¿Qué de especial tiene el que sea un 50% de reducción del gasto y un 50% de aumento de los impuestos? Para empezar, ¿qué hacer con el que tiene un descenso en el pago que recibe del estado y a la vez un aumento del 50% en los impuestos, en comparación con alguien que no recibe un descenso en el pago que recibe del estado y no aumentan en nada los impuestos?  ¿Cómo los compara? 

Tal vez lo único destacado de una idea de mitad y mitad es la filosóficamente expuesta del justo medio, pero creo que en esto no aplica. Lo útil que debemos tomar en cuenta es el efecto que tienen las diversas propuestas sobre los ingresos, el consumo, la inversión y el empleo de la economía privada; esto es, en la economía de los ciudadanos. Me parece que una pretensión de que la solución al problema pase por una mitad de aumento de impuestos y una mitad de reducción el gasto gubernamental, no es más que un oportunismo inconveniente, al hacer equivalentes  en cuanto a su conveniencia moral a una conveniente reducción del gasto gubernamental con un oneroso aumento de los impuestos a las personas. Estoy casi seguro de que don Jorge no tiene en mente una propuesta de aumentar los impuestos y bajar el gasto en esas proporciones.  Pero tal vez alguien por allí la puede imaginar así.

Para justificar mi preferencia, voy a tratar de hacer un ejercicio simple usando los escenarios propuestos por don Jorge Guardia.  Recordemos, el (A), que llama “el más mejor”, en donde hay una reducción del gasto (-G) y un aumento de los impuestos (+I).  El (B), que denomina “el más peor”, en el cual no cambia el gasto (=G) y aumentan los impuestos (+I) y el (C), que nombra “el más probable”’, caracterizado porque no cambia el gasto (=G) y no aumentan los impuestos (=I).  Por otra parte, está mi propuesta (D), en donde se reduce el gasto (-G) y no aumentan los impuestos (=I).

Si comparamos el escenario (A) con el (B), podemos observar que, para don Jorge, la diferencia entre “el más mejor” y “el más peor” está dada en que, en tanto que el gasto se reduce en el primero (-G), en el segundo queda igual (=G), y en ambos aumentan los impuestos (+I); o sea, lo que hace la diferencia entre lo mejor y lo más malo es que en el primero (A) se reduce el gasto y no así en el segundo. Esto es, para don Jorge, su preferencia por (A) ante (B), radica en que recortar el gasto es preferible a mantenerlo como está en la actualidad.

Si comparamos el escenario (C), “el más probable”, con “el más peor” (B), podemos observar que, para don Jorge, la diferencia está en que en el escenario (B), “el más peor”, aumentan los impuestos (+I), en tanto que en “el más probable” los impuestos no aumentan (=I), si bien el gasto permanece igual en ambos casos. O sea, la diferencia entre el probable y el más malo para definir su preferencia está dada porque en el segundo los impuestos se elevan (+I), no así los gastos que permanecen iguales en ambos escenarios. Así, para don Jorge, su preferencia por (C) ante (B) yace en que los impuestos en el primer caso se mantienen, mientras que en el segundo aumentan; es preferible para él el que los impuestos se mantengan, a que se aumenten, dado que en ambos casos el gasto permanece igual.

Dado lo anterior, comparativamente el factor reducción del gasto (-G) es algo deseable, en tanto que el factor aumento del impuesto (+I) es lo que permite considerar a un escenario comparativamente indeseable.
Ya tenemos la comparación de (A) y (B), en donde, de acuerdo con las preferencias de don Jorge, (A) resulta ser preferido a (B).  A la vez, al compararse el escenario (C) con el (B), de acuerdo con don Jorge, (C) es preferido a (B).  Ahora bien, dado el calificativo de “el más mejor” de (A), uno esperaría entonces, que (A) fuera preferido a (C).

Pero ¿qué resulta de comparar el escenario (A), “el más mejor”, con el escenario (C), “el más probable”? Vamos por partes: de la comparación que hace don Jorge entre el escenario (A) y (B), su preferencia para escoger (A) se basa en que en éste el gasto se reduce en comparación con el caso (B), en el cual se mantiene el gasto previo.  A su vez, en los escenarios (A) y (B), en ambos, los impuestos aumentan en las dos alternativas. Por tanto, la preferencia de don Jorge por (A) cuando se le compara con (B) está estrictamente definida por el cambio en el gasto, dado que los impuestos son iguales.  Esto es, se prefiera a (A) porque se reduce el gasto, en tanto que en (B) este se conserva igual. En mi notación, la primera comparación entre (A) y (B) don Jorge la ha de haber escogido porque es preferible recortar el gasto que mantenerlo.

A su vez, a partir de la comparación que don Jorge hace entre el escenario (B) y (C), su preferencia para escoger (C) se basa en que en éste los impuestos se mantienen, en tanto que en (B)  los impuestos aumentan, dado que tanto en (C) como en (B), se mantiene el gasto previo.  Dado que en (B) y en (C) se mantiene el gasto, la preferencia escogida se sustenta en que es preferible mantener los impuestos, como sucede en el escenario (C), a aumentarlos, como sucede en el escenario (B). Esto es,  en mi notación, la segunda comparación entre (C) y (B) don Jorge la ha de haber escogido porque es preferible mantener los impuestos que aumentarlos.

Si llevamos estos dos resultados (esto es, primero, que es preferible recortar el gasto que mantenerlo y, segundo, que es preferible mantener los impuestos a aumentarlos), a la comparación entre la propuesta del escenario que don Jorge llama más mejor -la (A)- con la mía, la (D), en donde la diferencia está dada porque en la de don Jorge -la (A)- se reduce el gasto y se aumentan los impuestos, mientras que en la mía –la (D) se reduce el gasto y se mantienen los impuestos, se puede concluir que (D) es preferible a (A), dado que ambas opciones tienen una disminución del gasto (-G), en tanto que en (D) se tiene que los impuestos se mantienen, mientras que en (A) aumentan. Pero ya habíamos visto que, en la comparación de las opciones de don Jorge entre (A) y (B), la “más mejor” y la “más peor”, escogió (A) sobre (B) porque recortar el gasto en (A), era preferida a mantener el gasto en (B). Asimismo, que en la comparación de las opciones de don Jorge entre (C) -la de mantener el statu quo- y la (B) -la de aumentar los impuestos- él escoge como preferida a (C) ante (B), porque mantener los impuestos era una opción preferida a aumentarlos. Por lo tanto, (D) debería de ser preferida a (A), dado que en (D) se mantiene los impuestos que era preferido a (A), en donde se aumentaban los impuestos.

Don Jorge cree es que lo crucial en todo este análisis es la rebaja en el gasto, no tanto como el aumento en los impuestos. Pero extrañamente no plantea el escenario (D) entre sus opciones.  Pero, como dice él en su comentario citado, su respuesta no es la convencional, sino basado en “evidencia empírica”, esos resultados convencionales no necesariamente deben ser así, sino que depende de la composición y magnitud del ajuste fiscal, lo cual no sume en serios problemas de determinar las composiciones y magnitudes óptimas de ajuste, que creo que nos introduce en honduras no fácilmente determinables. La consideración de aumentar los impuestos, como la que hace don Jorge en su escenario (A) surge, como bien lo explicó Friedman, con la inclinación errada de evitar el déficit mediante el aumento de los impuestos y no de la limitación a la demanda de recursos que hace el estado; mejor conocida como gasto público.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el 2016 no pinta bien

Inicia un nuevo año con la esperanza de que las cosas sean mejores que el anterior, que las dificultades, sobresaltos y ocurrencias sean cosas del pasado y que en su lugar se imponga la sensatez, la libertad y la seriedad. Sin embargo, estamos en Costa Rica y durante un gobierno del PAC, por lo que el panorama no es halagador. Si los primeros 12 días del mes de enero tradicionalmente reflejan las pintas climatológicas del año, también ofrecen una pincelada de lo que nos espera con la Administración Solís Rivera: más impuestos, más improvisación, más despilfarro, más protección a los privilegios sindicales y, en general, más de lo mismo.

Sin duda, la principal amenaza que se cierne sobre las cabezas -o mejor dicho, los bolsillos- de los costarricenses es la testaruda intención del Ejecutivo de continuar impulsando un paquete de impuestos. El argumento es el de siempre -que tenemos una carga impositiva muy baja y que si queremos servicios de primera debemos pagar más impuestos-, pero la evidencia, como en otras ocasiones, derriba de un palmazo el planteamiento oficialista. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo que difícilmente pueda considerarse afín al sector empresarial o a la filosofía liberal, indicó que su informe "Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe 2015" que Costa Rica tiene una carga tributaria del 22.4%, ligeramente mayor al promedio de América Latina y el Caribe (21.3%). Esto nos ubica como la quinta nación con mayor carga impositiva en la región, solo por detrás de Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay y muy por encima de naciones con crecimientos más pujantes que el nuestro, como lo son Chile, Colombia y Perú, que sí han entendido que la clave del éxito pasa por un sistema tributario más sencillo, con tasas más bajas que promuevan la generación de riqueza. 

Sin embargo, como en gobiernos anteriores, el Ejecutivo continúa poniendo todo su empeño en la reciclada propuesta de reforma fiscal: convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y subir su tasa, aumentar el impuesto sobre la renta e incrementar el impuesto selectivo de consumo, todo esto sin revisar la estructura de los gastos, que es donde realmente descansa el problema del déficit fiscal. En ASOJOD lo hemos dicho hasta la saciedad: de nada sirve subir impuestos si no se reduce el gasto, pues equivaldría a intentar llenar de agua un barril lleno de agujeros. 

A pesar que la oposición ha sido enfática en manifestar su oposición a la propuesta y ha exigido que se ponga sobre la mesa de discusión el gasto público -especialmente las remuneraciones, que crecen exponencialmente-, la respuesta de la Administración Solís Rivera es un no tajante, con lo que pone en evidencia su cercanía al sector sindical, que ha hecho durante este año y medio lo que ha querido. 

 Hay que agregar a lo anterior que para este 2016 todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible entrada del país a la Alianza del Pacífico. La postergación de la misma hace pensar que la respuesta será también negativa y con ello se esfuma la posibilidad de incursionar en un mercado que, indudablemente, traería enormes beneficios a productores y consumidores costarricenses. 

Por si fuera poco, preocupan otros temas de suma importancia para la competividad del sector productivo como lo son el pobre estado de la infraestructura pública, la nula discusión sobre la reforma energética -con la presumible sequía que sufriremos este año merced a las pocas precipitaciones del año anterior-, el ICE y la CCSS despilfarrando recursos en proyectos fracasados y comprometiendo sus finanzas, al tiempo que exigen rescate económico y, si eso no fuera suficiente, se viene un proceso para elegir alcaldes, regidores y síndicos, donde el Frente Amplio parece tener una fuerza considerable, especialmente en zonas costeras, donde, de ganar, paralizaría cualquier desarrollo en cantones que están urgidos de fuentes de empleo y generación de riqueza.

Como ven, las perspectivas no son las mejores para este nuevo año. No es que seamos pesimistas, mas no podemos negar la realidad, aunque todavía guardamos un poquito de esperanza para sobrellevar este 2016 que se nos viene encima. Por el bien de todos nosotros, ojalá fallemos en las pintas de este año.

Jumanji empresarial: politizando la técnica

Es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido pensar que las reformas fiscales de este país no pasan porque quienes las impulsan, o bien tienen resentimientos sociales y se emocionan con decir que los ricos tienen que cotizar más, entrándole a una materia tan técnica y árida como es el derecho tributario con el ruido de la demagogia; o bien porque son burócratas con un hacha que afilar, que llevan tantos años en sus puestos y no conocen otra forma de entrarle que no sea reiterando los mismos métodos de siempre para ordeñar más la misma vaca; o bien porque son los políticos quienes llevan la iniciativa cuando en su vida han dado un palazo, ni tienen la menor idea de lo que cuesta producir. Metidos en sus largas carreras políticas, se han acostumbrado a disponen del erario público para resolver sus necesidades personales de carro, gasolina, boletos de avión, cuartos de hoteles, viáticos, etc. Esto sin adentrarnos todavía en lo que lo que son gollerías y lo que es corrupción de la gruesa.

En la actualidad la tasa de impuestos corporativa es del 30% de la producción, lo cual implica que cada empresa trabaja de gratis para el estado durante casi tres meses al año. Las mismas personas físicas, aquellas que trabajan para traer sustento a sus hogares y en última instancia terminan pagando todos los impuestos, porque de una forma u otra les caen en el regazo, le tienen que dedicar casi dos meses y medio de su año a trabajar de gratis para el estado para pagar su 25%. Resaltamos la palabra gratis porque los servicios y obras que reciben a cambio, personas y empresas, no compensan jamás ese esfuerzo.

Recalcamos que esos beneficios de carro y otros que reciben los políticos y los salarios de los burócratas y toda la enorme cantidad de gollerías de las Convenciones Colectivas, provienen exclusivamente de ese dinero que tanto y a tanto riesgo cuesta producir a las empresas y que con tanto esfuerzo y sacrificio le cuesta producir a las personas físicas.

A todo esto hay que agregar la seria situación en que los proponentes de las fallidas (por suerte) reformas fiscales que han intentado imponer a los costarricenses en las últimas cuatro administraciones no miden ni las consecuencias ni el entorno en que quieren imponer unas ideas muy ticas, inventando la rueda que los romanos nos dejaron bien inventada, cuando ya para todo existen antecedentes bien probados.

Por ejemplo, parecen desconocer que para que las empresas e individuos tengan con que pagar sus impuestos, deben producir suficientes ganancias. Y para que esto se de, a las empresas del país (nacionales y extranjeras), que son la columna vertebral de la producción y el empleo, debe dárseles las condiciones idóneas. La recaudación de impuestos mejora sustancialmente cuando la situación nacional y mundial es buena. Cuando no lo es, cargar al sector productivo del país con más gravámenes, sin que éste pueda colocar su producción o sus servicios, es obligarlo a reducir los empleos.

Esto desencadena una serie de cargas sociales que le cuestan muy caro al país y que dejan a la población sin capacidad de adquisición. En los países desarrollados, cuando hay crisis, los gobiernos se sacrifican y buscan formas de proteger e incentivar la producción, no de acabarla de paralizar con más cargas impositivas. Por lo general entre los incentivos incluyen BAJAS de los impuestos, no alzas. (continuará)

Humberto Pacheco A.
Publicado en La República (28/4/2015)

La columna de Carlos Federico Smith: pronto lo escucharán de nuevo

Cuando en Costa Rica se plantea la posibilidad de un aumento de los impuestos, se suelen escuchar opiniones en que se busca que la gente de mayor riqueza pague más impuestos, que los que tienen menor riqueza.  Este argumento se suele sintetizar en la expresión de que “Pague más quien tiene más y que pague menos, quien tiene menos” Se podría hablar mucho acerca del contenido lógico de tal propuesta, pero tal vez no sea éste el momento, en especial cuando podría llevarnos por asuntos relativamente complejos de teoría económica y de mediciones que difícilmente se pueden llevar a cabo, sin que se introduzcan serias dudas acerca de su validez práctica.

En esta oportunidad, dadas las enormes dificultades que encara nuestra economía para lograr tasas de crecimiento que permitan generar abundantes fuentes de trabajo, más bien deseo enfatizar el posible impacto negativo que pueden tener los aumentos de impuestos, en el logro de un crecimiento económico que se desea.

La clave para lograr dicho crecimiento en mucho radica en lograr aumentar la inversión. Ante propuestas de tributos como los observados en estos momentos, se suele argüir que se debe gravar más a los poseedores de riqueza, pero son estos quienes suelen ser los inversionistas necesarios para que la pueda economía crecer a las tasas deseables. 

Me da la impresión de que esa creencia se basa en un desconocimiento de cómo es que se lleva a cabo el proceso de inversión en una economía.  Usualmente el empresario concibe alguna idea, que le dirige hacia colocar sus recursos en alguna actividad que le rendirá utilidades. Se supone que este simple hecho de pensar en realizar alguna inversión es porque el empresario valora que, lo que va a producir, tiene aceptación en el mercado. Esto es, que haya demanda por lo que su inversión va a generar.  Nadie invertiría si no es que, de alguna manera u otra, obtiene ganancias por utilizar sus recursos en la creación de un bien o servicio. Perfectamente se podría hacer una inversión para producir un nuevo bien o servicio que satisfaga los deseos de los consumidores o producirlos de manera más barata que como lo hacen otros productores ya existentes en el mercado. Claro que, al invertir, corre el riesgo de tener pérdidas, aunque lo que lo motiva en su decisión es la posibilidad de obtener ganancias con esa nueva actividad.

Una vez tomada la decisión de invertir, posiblemente el inversionista tendrá que contratar profesionales que definan el marco legal y administrativo bajo el cual operará el negocio. También buscará quien le asesore (y le cobrará) en sus decisiones acerca de la planta que va a instalar.  Esto puede incluir desde edificaciones, maquinaria, equipo, materias primas, personal administrativo inicial, etcétera. Es decir, el inversionista incurre en numerosos gastos, tan sólo para iniciar operaciones. A fin de sufragar estos gastos, el inversionista podrá utilizar su riqueza propia; es decir, su propia plata, o bien puede acudir que alguien se la preste, por ejemplo, un banco o una financiera o alguien que le de sus recursos personales a cambio, lo más posible, de un pago de intereses. En todo caso, el inversionista debe primero gastar su plata o la que le hayan prestado, antes de poder hacer algún dinero con la actividad de la nueva empresa.
 

Cuando la inversión es llevada a cabo quien la realiza tiene que pagar primero a quienes vayan a trabajar a la empresa –en cualquier cosa, desde un pequeño comercio hasta la industria más grande; desde abrir un restaurante a edificar un nuevo puerto; desde una fabriquita de estampado de camisas a un nuevo centro comercial.  Deberá cubrir todos los gastos que uno pueda imaginarse, antes de que pueda obtener una ganancia.  Deberá pagar no sólo –y en primer lugar- al personal y los trabajadores, sino también a quienes hacen su edificación o a quienes se la alquilaron.  Asimismo, ya en sí la producción no es algo que se hace en un instante: tiene que comprar materia prima, máquinas y equipo para procesar, contratar y pagar a los encargados de vender y distribuir el producto, etcétera, etcétera, todo eso antes de poder ver un cinco de retorno por todo lo que ha invertido, con su propia riqueza o pidiéndola prestada a otros que la poseen. Todo eso tuvo que ser pagado antes de poder ver si la decisión de invertir generó ganancias y con ellas pagar a quienes invirtieron o le prestaron inicialmente.

Claro, el inversionista ha corrido un riesgo al decidir actuar de esa manera.  El sistema de mercado es uno de pérdidas o ganancias. La una o la otra.  No sólo se trata de tener ganancias; también surgen pérdidas. Si gana con su actividad, recupera mucho tiempo después todo o parte de aquello que decidió invertir.  Tener ganancias es posible tan sólo porque, en un mercado libre, los consumidores escogieron adquirir su producto o los servicios que brindó. Se dieron porque los consumidores así lo prefirieron hacer y con ello se pudieron cubrir los costos. 

Resulta que a veces; más bien, muchas veces, las empresas no obtienen ganancias sino pérdidas. Muchos negocios fracasan. En estos casos, el inversionista no recupera lo que metió personalmente o no repone lo suficiente para repagar lo que le prestaron. Nunca hay seguridad de que tener pérdidas no va a suceder. Todos los gastos en que incurrió para sacar ese producto al mercado fueron totalmente efectivos, reales, ante la esperanza de que lo que produciría sería aceptado por el consumidor.  Todo lo que tuvo que pagar de contado, al final de la jornada, ya se fue, ya se gastó. Los salarios que tuvo que pagar, la materia prima que tuvo que pagar, los servicios profesionales que debió cubrir. Todo eso significó salidas de plata. O bien queda endeudado con quienes le dieron crédito o le prestaron plata. Parece que los gastos son seguros, pero las utilidades no lo son. Las utilidades son un sobrante de ingresos, que queda después de cubrir todos los gastos y obligaciones por pagar en el período. Ese “sobrante” es el que al fin le queda al inversionista-empresario. 

Usando un símil, el inversionista es el que está al final de  la línea de ingresos, en tanto que todos los demás participantes ya han recibido todas las remuneraciones y pagos que les corresponde. Incluso es posible que, al final de esa línea, el inversionista no encuentre más que pérdidas o deudas, aunque siempre haya tenido la esperanza de que sus esfuerzos sean remunerados con ganancias.

Entendido cómo es que opera el proceso de invertir en un mercado y de cómo los resultados -tiempo después; a veces mucho tiempo después- pueden ser de ganancias o pérdidas, si se aumentan los impuestos, como ya lo están planeando imponer ciertos políticos, evidentemente que disminuye la voluntad para invertir en una economía. Esto porque el rendimiento, después de impuestos, resultará ser menor a causa de los gravámenes o tal vez porque preferirá no realizar la inversión por el poco rendimiento neto que obtendría. Al disminuir la inversión, significa que crecerá menos la producción y, por tanto, el empleo nacional.  En resumen, se eleva el nivel de pobreza de los ciudadanos del país, al reducirse las posibilidades de obtener un empleo que les permita a los trabajadores generar riqueza para sí o al disminuir el incentivo para que la gente esté dispuesta a correr riesgos, mediante la inversión que se propone llevar a cabo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: nuevos impuestos y desempleo

De acuerdo con la última encuesta de empleo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo abierto para el segundo trimestre del 2013 fue de 10.4%. La tasa de desempleo abierto mide el porcentaje de población ocupada, con respecto a la fuerza de trabajo.  De acuerdo con el INEC, dicho indicador para el segundo trimestre del 2012 fue similar al del segundo trimestre de este año. Es factible comparar con el dato de mediados del año 2009, pues podríamos pensar que ya refleja en el país el efecto de la recesión mundial. El dato correspondiente fue de 7.8%.   En los años 2007 y 2008 las cifras equivalentes fueron de un 4.6% y un 4.9%, respectivamente. Es decir, no parece haber mejorado mucho la situación del empleo en la economía nacional, al menos de acuerdo con este indicador. Además, se presentó el mismo porcentaje de tasa de desocupación para el primer trimestre de este año, lo que podría indicar un estancamiento en la generación de empleo. Sin embargo, esto último está sujeto al comportamiento que se observe en los próximos trimestres. 

Al respecto, vale la pena tener presente que, según una noticia difundida a mediados de diciembre del 2010: ¨El plan presentado por la Presidenta Laura Chinchilla y la Ministra de Planificación Laura Alfaro, se propone 11 grandes objetivos, entre los cuales destaca la reducción del desempleo, pasando del 7,8% del año 2009, a una tasa del 6% en el 2014.¨ 

Hoy día podemos ver cómo, lamentablemente, al momento nos estamos quedando bastante lejos del ansiado 6% de desempleo, que se pretendió lograr a inicios de la actual administración.

Otro indicador importante del comportamiento laboral de la economía es la llamada tasa de ocupación.  Esta se define como el porcentaje de la población que está empleada, con respecto a la población del país mayor de 12 años. Para el segundo trimestre de este año, de acuerdo con el informe del INEC arriba citado, dicho índice es de un 56.1%, el cual es muy similar al del año previo.  En lo más profundo de la recesión reciente de nuestro país, en el 2009, la tasa de ocupación llegó a ser de un 55.4%. Esto es, el país ha tenido una ligera mejoría desde ese entonces. Sin embargo, aún no alcanza el porcentaje cercano al 60% que tuvo en cierto momento previo a la crisis. En los Estados Unidos, por contraste, el cociente empleo- población se ha mantenido en alrededor de un 58.5%, en tanto que llegó, al menos en los años 2003-2004, a un 62-63%. Obviamente esta comparación es algo burda por múltiples razones, pero puede servir como parámetro de una meta posible de lograr a largo plazo.

También está el indicador conocido como tasa neta de participación, que es el resultado del cociente de la fuerza de trabajo del país, como porcentaje de la población mayor de 15 años. La fuerza de trabajo se define como el número de trabajadores empleados más el número de trabajadores desempleados. Las últimas cifras para Costa Rica, de acuerdo con el informe del INEC antes citado, señalan un 62.7% para el segundo trimestre de este año, cifra igual a la del segundo trimestre del año previo. Este porcentaje es importante para entender el crecimiento económico a largo plazo, así como de la productividad de la mano de obra. Históricamente en los últimos años en Costa Rica la tasa ha sido de un 62-63%.

La tasa de subempleo es el porcentaje de la población ocupada, que trabaja habitualmente menos de un total de 47 horas por semana en su ocupación principal y otras ocupaciones (si las tiene), que desea trabajar más horas y está disponible para hacerlo, pero no lo hace porque no consigue más trabajo asalariado o independiente, convertido al equivalente de desempleos abiertos, con respecto a la fuerza de trabajo. En el caso de Costa Rica, el reciente informe del INEC arriba mencionado, indica que en el segundo trimestre del 2013 la tasa de subempleo fue de un 13%. Este indicador parece mostrar la evidencia de un problema creciente, dado que en el período 2005-2009 osciló entre un 6.8% y un 9%. En el 2011 llegó a ser de un 9% y en el 2012 de un12.4%. 

En síntesis, el panorama del empleo en nuestra economía no parece ser el  deseable, principalmente por el aumento paulatino del subempleo, así como por una tasa de desempleo abierto que está aún muy por encima de las tasas previas a la crisis económica mundial.

Dado lo expuesto, resulta paradójico que el gobierno anuncie que a fines de este año propondrá un nuevo paquete fiscal, bajo el prurito de resolver un déficit –esto es, un exceso de gasto sobre la recaudación- que se estima podría llegar a un 5.5% del PIB.

Digo ¨paradójicamente¨ porque aumentar los impuestos, con toda la incertidumbre que trae asociada, incidirá en las capacidades de recuperación del empleo que podría llevar a cabo el sector privado nacional.  

A algunos se les podría ocurrir que la solución está en que el gobierno aumente el empleo, tal como se hizo durante la última administración Arias Sánchez.  Esa medida fue tomada, supuestamente, como un paliativo para disminuir el desempleo que empezaba a crecer en la economía privada, por efectos de la recesión mundial de fines de la primera década de este siglo. Uno de los errores de esa política fue que los nombramientos de los nuevos empleados públicos se hicieron de forma  permanente y no temporal.  Las recesiones no son un fenómeno permanente, sino que se espera que sólo duren durante algún tiempo. Si lo que se deseaba mediante esa política de gobierno era suplir la caída de demanda laboral de parte del sector privado, lo lógico sería hacerlo en tanto existiera dicho efecto recesivo, que no sería algo permanente. Esa medida que se tomó en algo explica el elevado déficit del 5.5% del PIB antes mencionado, pues los gastos en el empleo público se hicieron permanentes, en vez de ser temporales.  Debe tenerse presente que el gasto público es lo que interesa, para efectos de medir el impacto del gobierno en la demanda de recursos de una economía.

La introducción pretendida de nuevos y mayores impuestos afectará al empleo productivo, la asunción de riesgos en que los empresarios participan, además de disminuir la formación de capital, esencial para la inversión y un mayor crecimiento económico. Parece de sentido común que, si se desea que disminuya el desempleo y el subempleo, más bien se debe estimular –es decir, no afectar, no impedir, no alterar- las decisiones de las personas en los mercados, particularmente de quienes generan el empleo productivo de la nación; esto es, el sector privado de la economía. Es decir, toda la economía excluyendo el estado.

Me parece lógica la respuesta que surge ante la pregunta: ¿Cree usted que algún empresario se atreverá a invertir y a generar empleo, si se le anuncia que pronto el gobierno aumentará o pondrá nuevos impuestos los cuales afectan el rendimiento esperado de su inversión? Sin duda que lo pensará mucho. La incertidumbre acerca de los resultados de una inversión no es precisamente un factor positivo para que el empresario la lleve y así generar empleo. Más bien podemos esperar lo contrario incluso en momentos en que el crecimiento de la economía nacional es ¨tibio¨ como máximo.

Finalmente, tal vez nos sea útil tener presente el mensaje del economista William W. Beach, en su ensayo ¨Why Taxes Affect Economic Growth¨:

…los puntos de vista de los economistas gradualmente se unen alrededor de factores claves que deben estar presentes si es que un país desea experimentar tasas de crecimiento económico superiores a las tasas de crecimiento de su población.  En todos estos factores, uno encuentra que la política tributaria juega un papel prominente y a menudo decisivo.

•    Acumular capital. Incrementar el stock de capital físico disponible para cada trabajador en la economía es una de las mejores maneras de incrementar el ingreso per cápita.

•    Mantener un gobierno pequeño. El gasto del gobierno consume recursos escasos que podrían ser usados en inversiones productivas y distorsiona los incentivos que enfrentan los individuos y las empresas. La propiedad estatal del stock de capital significa que la producción de esos recursos productivos será menor que si estuvieran en manos privadas.

•    Abrir la economía al comercio y la inversión extranjera. Economistas destacados de este nuevo consenso han descubierto muchas ganancias provenientes del comercio y de la inversión extranjera que previamente se desconocían, incluyendo una difusión más rápida y profunda de la tecnología proveniente del exterior, un incremento en la competencia que mejora la eficiencia y una acumulación de capital más rápida.

•    Respetar los derechos de propiedad y la regla de la ley. Sin una adecuada protección de los derechos de propiedad y un ambiente político seguro, los individuos y las empresas enfrentarán severos desincentivos para invertir e involucrarse en actividades productivas.

•    No recargar al sector productivo con regulaciones y controles gubernamentales innecesarios. Las regulaciones, los mandatos y los controles de precios y salarios son un freno para el crecimiento económico. Elevan el costo de producir bienes y servicios y hacen que la innovación y la invención sean más costosas. Los controles gubernamentales también incrementan las oportunidades para obtener ganancias mediante la corrupción y por tanto desvían al empresariado de sus actividades productivas hacia actividades no productivas de ¨búsqueda de rentas¨.

•    Invertir en ¨capital humano¨. La educación, que aumenta la productividad del trabajador, es muy importante para el crecimiento, de acuerdo con muchos de los economistas más destacados en esta área.  En este contexto, es importante que los sistemas educativos operen primariamente para educar a los estudiantes, en vez de servir a los fines de ¨justicia social¨ o a grupos políticos poderosos.¨

En síntesis y simplificando, debemos facilitar la inversión a fin de que pueda crecer la producción nacional y, por tanto, que haya una mayor generación de empleo. La propuesta gubernamental de aumentar o poner nuevos impuestos, crea incertidumbre que afecta negativamente la inversión de las personas y empresas. Con ello la producción crecería menos y, por tanto, se generaría un nivel de empleo menor.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: escudo o daga

Ya van dos. Pero, posiblemente, se pueden encontrar más. Las llamadas reformas tributarias, no son más que improvisaciones fiscales.

Por si no bastara la historia hacendaria queda, para examen, la gestión reciente del gasto y el pésimo diseño de una llamada fiscalidad anti-cíclica, que llamó escudo, a lo que era daga.

Para mostrar el desencuentro de los impulsores de estas improvisaciones con la realidad fiscal, basta examinar lo ocurrido con aquellas reformas aprobadas en el pasado. El déficit no se ha controlado y el despilfarro se ha estimulado. Como contraste, la no aprobación del paquete tributario anterior, canalizó una gestión hacendaria que resultó en un superávit, sin precedentes en muchas décadas de fiscalidad costarricense. Pero, un evidente descontrol de la contratación pública, especialmente en planilla estatal, canalizó los recursos públicos hacia una descomunal creación de puestos burocráticos y se destruyó, impunemente, lo logrado.

La utilización, desde hace años, de una para-fiscalidad, que recauda fondos, por medio de superávits institucionales, engaña cualquier cálculo superficial de la carga tributaria nacional y del endeudamiento público. Los fondos de la para-fiscalidad van al ministerio de hacienda, contabilizados como deuda, aunque se sepa y conozca que nunca se va, ni se puede pagar. Esta creativa contabilidad de deudas e intereses, permite asustar con el cuero del tigre, disimular una verdadera y pesada carga tributaria y alegar fondos para un mayor fiasco hacendario.

En Costa Rica, se debe tomar en serio una reforma, no solo tributaria, sino fiscal. Debe nutrirse de la historia hacendaria y la realidad de la manipulación del gasto y el endeudamiento públicos, a fin de no repetirlos. En vez de importar fracasados esquemas españoles o de otros orígenes o atender complacientes consultorías, esta reforma fiscal debe derivar de reflexión muy aplomada acerca de lo que más conviene a la germinación de proyectos empresariales exitosos, con salarios y productividad crecientes y sostenidos y con la meta, irrenunciable, de alcanzar beneficios para las familias costarricenses en libertad y calidad general de vida. La activación de la economía es clave, para facilita el aumento recaudatorio, sin enajenar a los pueblos con insoportables cargas fiscales. El círculo vicioso debe romperse, porque las reformas tributarias aprobadas, en vez de generar superávit o reducir el déficit, han estimulado el abultamiento del gasto público y el despilfarro, así como la desmejora y el encarecimiento de los servicios públicos, al tiempo que entraban los emprendimientos de quienes no dan “catering service” a los políticos.

Además, la tramitación de las dos últimas improvisaciones, se ha convertido en un fraude de la democracia representativa. Los impulsores aceptan- no pueden hacer otra cosa ante la evidencia- que van a flagrante contrapelo de la voluntad popular. Además, los textos cambiados por pactos elitistas, se dejan sin oportuna publicación y las propuestas y el debate se acallan con mecanismos que equivocan la urgencia, con complacencia. Pero la degradación de la representatividad tiene límites y ya los síntomas están presentes. El impulso de improvisaciones fiscales por medio de falsificaciones de la democracia, arrastra consecuencias que trascienden la hacienda pública y se incardinan en la esencia misma de la vida republicana, para amputarla.

Los mantras con los que quieren disimular el abuso son chapuceros, gastados y fastidiosos. Llaman justicia tributaria a la incontinencia fiscal; solidaridad al favoritismo hacia grupos organizados y al desfavor general causado por el incremento tributario en educación, salud y otros servicios utilizados directamente por la población general o por quienes, indirectamente, también los trasladarán a ella; expresión de la democracia, a votaciones mecánicas, reprimiendo cualquier oposición que haga eco a la voluntad popular, expresada con toda claridad por otros medios no sometidos, aún, a la arrogancia política y al silenciamiento.

Es hora de reflexionar, con seriedad, para alejar los fantasmas que ya se materializan en el horizonte. Los cambios demográficos con poblaciones envejecidas, con tasa de fertilidad que augura una población decreciente y un sistema de seguridad social que es cada vez más mito y menos realidad, no son atendidos. La educación, la salud, la energía, las comunicaciones y el transporte muestran que el criterio técnico muta hacia servilismo técnico. La carga burocrática estatal y el clientelismo, encadenan la productividad y la creatividad del sistema económico, las claves reconocidas para una prosperidad sostenible. En materia hacendaria, como en otros muchos asuntos, Costa Rica debe tomarse las cosas en serio, para sostener, en vez de buena gobernabilidad para el descaro… buen gobierno.

Mario Quirós Lara