La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: El ICE y nuestras carreteras

Cuando se inicia un camino sin saber a dónde se quiere llegar, la improvisación es la dirección que marca la brújula. 

La ocurrencia del presidente Solís al señalar su interés de contar con la experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la construcción de obra pública vial, ejemplifica vívidamente lo anterior.

Es ampliamente reconocida la experiencia del ICE, y sus equipos de funcionarios especializados, ingenieros y tuneleros, en la construcción infraestructura para la producción de energía eléctrica, pero esa experiencia no debe ser desvirtuada, según el antojo y las ocurrencias de los políticos de turno.

No solo se trata de las limitaciones jurídicas e institucionales que actualmente marcan las tareas, obligaciones y áreas de acción de una entidad pública regida por el principio de legalidad, establecidas claramente en la Ley de creación del ICE, Ley No. 449, donde se le encomienda “el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos”.

Se trata principalmente de preservar los recursos de los costarricenses, manteniéndolos lejos de aventuras empresariales descabelladas y riesgos indebidos que al final serían pagados por todos los costarricenses.

La construcción y conservación de las carreteras, calles y puentes del país corresponden a otras instituciones. El hecho de que el MOPT y sus órganos adscritos nos cumplan con sus obligaciones no implica que deban ser asumidas por otra institución pública. Un mal no cura otro mal.

Peor aún sería el hecho de poner al ICE a competir como una empresa constructora de obra pública vial, contra empresas privadas del ramo. Sobre este punto ya ha sido señalado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que la pesada burocracia del ICE encarecería el precio de las eventuales obras. Cabe además preguntarse ¿De qué manera financiaría el ICE estas obras? ¿Cómo pagaríamos los costarricenses por ellas? ¿Cómo afectarían estos costos, otros elementos como las tarifas eléctricas y el negocio de las telecomunicaciones?

Dentro de la discusión se debe tomar en consideración lo señalado por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario,quien ha expresado que este es un intento del Gobierno para mantener laboralmente a miles de empleados del ICE que quedarían desempleados con la finalización de los proyectos en Cachí y Reventazón.

No es difícil imaginar que esta sea la razón de fondo para un gobierno que ve como sus metas de generación de empleo y reactivación de la economía se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. Después de todo, el país ya ha visto como casi quiebra a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando esta institución fue utilizada como paliativo del desempleo como parte del Plan Escudo de la administración Arias.

Por el bien del país esperemos que este disparate no cuente con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se deberían llevar a cabo las reformas legales necesarias para que el ICE pueda emprender estos proyectos. 

Lejos de ser esta la solución, el país debería apoyar con contundencia las Alianzas Público Privadas (APP) para el desarrollo de la infraestructura vial. Asimismo, se debería centrar en la ejecución de los recursos provenientes de organismos multilaterales ya aprobados e impulsar con mayor contundencia una reestructuración institucional del MOPT orientada a su simplificación.

Tema polémico: ¿premio a la inutilidad?

Recientemente, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó que quiere que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construya puentes y carreteras, aprovechando la experiencia en obras de infraestructura que, según él, la cataloga como la diseñadora y constructora más grande de Centroamérica.

¡Lo que faltaba! Una de las instituciones más desordenadas e ineficientes del Sector Público propuesta para encargarse de una función tan importante como el desarrollo de infraestructura pública. ¿Por qué no le damos también a la Fábrica Nacional de Licores la tarea de prevenir el alcoholismo en Costa Rica?

El planteamiento es un completo absurdo, alejado del mínimo de sensatez que uno esperaría en un mandatario. El ICE ha demostrado, a lo largo de los años, ser un pésimo administrador de recursos y ejecutor de proyectos. Lo que ha desarrollado siempre termina costando miles de millones de colones más por los años de retraso, los errores en la planificación y prácticas de ejecución que rozan con la corrupción en muchos casos. Por citar tan solo unos desaguisados de esa institución, en el pasado reciente, podemos mencionar las pérdidas por $35 millones en el proyecto "Red abierta de nueva generación", $3 millones en el proyecto "Tilawind", el desastre con megaproyectos como Pirrís y Garabito, sobre los cuales ha dicho el Estado de la Nación que son "los proyectos con más retrasos y sobrecostos desde la aparición del ICE", atrasos en Pailas II y en Diquís, y sigue contando. 

Está claro que esa institución no ha sido capaz de hacer bien lo que el marco jurídico existente le encomienda y que sus errores nos han costado a los costarricenses muchísimo dinero, tanto por los despilfarros como por lo que se ha tenido que pagar de más en electricidad, al tener una de las tarifas más altas de la región que afectan la competitividad y la generación de riqueza y empleo. En esa tesitura, asignarle la construcción de carreteras y puentes no sólo generará más tardanzas y costos en los proyectos de electricidad y telecomunicaciones, sino también propiamente en los de infraestructura vial, premiando a la inutilidad y condenándonos a seguir pagando más dinero por trabajos de mediana o mala calidad.

Ni qué decir del Ministerio de Obras Públicas y de su órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de Vialidad. Si, teniendo supuestamente el conocimiento y el personal capacitado para construcción de infraestructura no han  logrado cumplir decentemente con sus funciones, imagínense ahora poniendo a funcionarios del ICE a hacer su trabajo. ¡Un completo desastre! Y lo peor, es que la solicitud de Solís ni siquiera viene acompañada por su promesa de campaña: cerrar CONAVI. Tendríamos entonces dos elefantes blancos, que consumen importantísimos recursos de los contribuyentes, haciendo lo mismo y haciéndolo mal.

Sin duda, la solución al problema de infraestructura vial no pasa ni por el ICE, ni por CONAVI ni por el MOPT. Y nos extraña que, frente a los resultados tan obvios, la Administración Solís Rivera no se haya dado cuenta de eso o, peor aún, lo que nos asusta, que sabiéndolo, pretendan saquear nuestros bolsillos con estas ideas. 

Desde la tribuna: ¿matriz energética?

El presidente de la República ha optado por la racionalización de la energía.  Dicen que el PAC ya definió la matriz energética, que el presidente se ha echado un pulso con el ICE, Recope y el aumentador y que lo único que atinan a decir es que hay que bajar impuestos.  El presidente también ha expresado que no autorizará la exploración de petróleo.

Por otro lado, el aumentador acaba de aprobar aumentos en el precio de la electricidad y, además, los aumentos en la gasolina no cesan.

Lo que nuestra sociedad necesita es energía abundante, buena y barata.  Lo deseable es que dejemos de ser importadores de energía y nos pudiésemos convertir en exportadores de energía.

La energía hidroeléctrica apenas alcanza a un 15% de la utilizada y no parece ser la llave inmediata para dar el importante salto.

¿Bajar los impuestos?  No andan tan perdidos los poco imaginativos burócratas que lo recomiendan.  Si quitamos impuestos a los derivados de petróleo y a la electricidad, podrá esta última venderse un poco más barata.  Recordemos que una buena parte de la electricidad es producida por plantas que consumen derivados del petróleo.  Lo que pasa es que si en la actualidad quitáramos los impuestos, sería como halar la cobija para otro lado, dejando descubiertos a otros sectores importantes.

Ello por cuanto, sin que sea el punto central de este artículo, vivimos una de las más serias crisis financieras del Estado costarricense.  Hay un serio déficit fiscal que resulta en un endeudamiento diario de más de tres mil millones de colones. 

En todo, la solución a los elevados precios de la energía eléctrica no pasa necesariamente por el tema de los impuestos  (por supuesto que sin negar su impacto, sin renunciar a la denuncia por el desvío de los fondos a otras cosas, sin dejar de pregonar que el gasto público es desmedido e injustificado). 

La deseable electricidad barata tiene un par de obstáculos más serios que la angurria fiscal:  el monopolio de Recope y el monopolio del ICE.  Dos gigantes públicos, burocráticos, pesados e inútiles que no hacen bien las cosas.  Uno empeñado en la refinería china y el otro nos tiene aún con los malos recuerdos de Alcatel, Erickson y demás corruptelas, ambos llenos de privilegios, gollerías y planilla excesiva.

El ICE se ha empeñado en impedir cualesquiera otras participaciones privadas en la generación eléctrica.  Ello cercena las posibilidades de la sociedad costarricense e impone esquemas anacrónicos y limitantes. 

Es irracional cerrar los caminos del desarrollo y la útil participación de la iniciativa privada en la cogeneración eléctrica.  Quedamos limitados a la proverbial inutilidad del ICE y a sus engañosos números, que conculcan libertades y desarrollo.

Por otra parte, la limitación jurídica y política, ideológica y burocrática a formas de apertura para que la sociedad y la iniciativa privada participen en diversas formas de generación eléctrica, aprovechamiento de las diversas fuentes y formas y las posibilidades de proveer la abundancia e incluso tener oportunidad de exportación constituye, sin duda alguna, una tragedia nacional.  Es la expoliación del futuro a todos los costarricenses, la condena a ser importadores de energía y postración de la industria nacional.

Todos los sectores productivos requieren energía, desde el escritor que utiliza apenas la luz hasta el que se sirve de la computadora, desde quien manufactura productos hasta el exportador de software, desde el trabajador de turismo hasta agricultor.   Limitar la producción de energía a la estulticia burocrática y monopólica significa perder la carrera de la competitividad.  No hay posibilidad de suplir con imaginación y esfuerzo las falencias que impone el monopolio, el costo de la energía y el desposicionamiento económico que todo ello supone.  Es una guerra perdida.
 

¿Ahorrar y racionalizar la energía?  ¡Claro que se puede!  Pero a costa de producir menos, negarse a competir y optar por actividades que no requieran energía.  Tal exportemos unos futbolistas ahora que Pinto y nuestros jugadores han tenido tan buen desempeño en el Mundial pero …. de ahí no pasaremos.   

Hay que permitir la exploración de las fuentes de energía que la sociedad requiere, hay que aprobar nuevos esquemas de explotación y hay que permitir que participe la sociedad y la iniciativa privada en este asunto.  Tenemos que convertirnos en exportadores de energía y exportarla junto con todo el valor agregado que podamos.  

Sin abundante energía, sin buena energía, sin energía barata no somos opción para más empresas, no tenemos oportunidad de competir y tendremos como fomentar el desarrollo.

Federico Malavassi Calvo   

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sequía eléctrica

A pesar de lo difícil que es, desde hace ya su buen tiempo, los expertos en predecir el clima ubicados en instituciones especializadas internacionales, nos han anunciado un nuevo arribo del fenómeno conocido como el Niño, el cual se suele caracterizar por provocar una más intensa sequía en lo que llamamos verano.

Desde tiempos inmemoriales, los ciudadanos de este país sabemos que una característica de nuestro verano es que escasea el agua en los ríos y en los depósitos de agua, ya sean naturales o artificiales.  También sabemos que, ante una demanda dada, si disminuye la producción de electricidad producida con fuentes hídricas, se hace necesario acudir a otras fuentes sustitutas de generación. En Costa Rica una parte significativa de la producción energética dedicada a suplir esos faltantes, se ha hecho mediante la utilización de plantas que emplean combustibles fósiles, derivados del petróleo. Por ello, si se espera que arribe el fenómeno del Niño, con su escasez de aguas, y si a la vez los precios internacionales de los combustibles experimentan un serio aumento, entonces, no se necesita ser un brujo de alto calibre para señalar que enfrentaremos graves problemas. Eso es lo que simplonamente ha hecho el jerarca del MINAET, al indicar públicamente en días recientes que, por la utilización que habrá de darse de combustibles fósiles ante la falta de agua en el Arenal, será necesario aumentar fuertemente el costo de la energía eléctrica. Por supuesto, eso lo terminamos pagando los ciudadanos.

Lo anteriormente expuesto por el Ministro -algo de sentido común- no hubiéramos tenido otra posibilidad más que aceptarlo, de no ser porque esas mismas autoridades, por razones esencialmente ideológicas, se han opuesto sistemáticamente a que el sector privado pueda suplir faltantes de energía eléctrica producida hidráulicamente. Esto es, con sus políticas ha impedido el desarrollo de nuevas fuentes de oferta de electricidad producida con nuestras aguas, pues la sequía que se avecina, que necesariamente las reducirá, no parece llegar a un grado tal como para extinguirla en su totalidad en todos nuestros ríos.  Si la sequía acabara con toda posibilidad de disponer de cauces para generar electricidad, pues no habría posibilidad de suplir lo que realmente parece que se dará, cual es una disminución de la electricidad que actualmente se produce. Lo esencial es enfatizar que se trata de ver cómo se pueden suplir complementariamente los faltantes energéticos producidos con agua, que se avecinan a partir de la actual estructura de producción.

De hecho los productores privados han ofrecido suplir electricidad proveniente de las aguas a un costo mucho menor que el que actualmente deberá pagar el país, al menos en comparación con los de la planta térmica de Garabito. Se ha señalado que el costo de un kilovatio-hora producido privadamente oscilaría entre $0.08 y $0.12, en tanto que el de aquella planta es de $0.46. El caso es claro. Ya sabemos que ese costo mayor, al usar marginalmente las plantas térmicas del ICE, nos será trasladado casi automáticamente por la acción de la ARESEP, ese órgano que lo único que parece mostrarnos es que sirve para hacerlo en detrimento del bienestar de los consumidores y en beneficio de los monopolios públicos.

La ideología contraria a la posibilidad de que numerosas empresas privadas puedan producir electricidad de forma más barata, en comparación a como actualmente lo hacen los entes estatales, no puede seguir así de campante y provocando que ella se refleje en un menor ingreso disponible de las familias costarricenses.  Debemos lograr una mayor eficiencia mediante la competencia. No se vale en esta lucha pensar que, si se abre un poquito el monopolio estatal productor de electricidad, permitiendo que sean algunos pocos que han venido impulsando tal participación, los que puedan entrar a proveer energía más barata, se va a resolver el verdadero problema.  La apertura debe ser total, lo más ampliamente posible, sin que medien subsidios para algunos, a fin de que, compitiendo entre sí, los numerosos oferentes se vean obligados a ser lo más eficientes que puedan, produciendo cada uno de ellos la electricidad de la forma más barata que logren hacerlo.  En su búsqueda de ganancias, los proveedores nos darían un enorme beneficio a los consumidores. 

Parte de lo que muestra esta actitud de las autoridades de gobierno, es la existencia de una política energética que esencialmente descansa en la producción de parte del estado. Debería, en vez de ella, tratar de hacer que el sector privado logre producir lo más posible, de la manera más barata. Sólo una plena competencia lo podría lograr. No lo hará un sistema de producción basado en lo que conocemos como un capitalismo de los amigotes.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿empresa pública?

Se ha puesto en boga hablar de la empresa pública, del empresario pública y de la gestión empresarial hecha desde el ámbito público.

En mi humilde entender, no son expresiones aceptables porque constituyen una contradicción o un delito.

El ICE no puede ser una empresa pública, sus administradores jamás pueden ser calificados de empresarios o expresión similar. Simplemente es una categoría que no corresponde.

En la empresa hay un riesgo y un emprendimiento que solo es compatible con la organización de los factores de producción o gestión de comercio desde el ámbito o sector privado. Hacerlo desde el sector público no es tomar riesgo y no es una organización propia de un empresario.

En el sector público podríamos estar hablando de un buen organizador, un gran administrador, un servidor fiel, un empleado inteligente y hasta con mucha iniciativa, pero nunca sería propio designarle con la calificación de empresario.

Al tratarse de bienes y administración pública hay incompatibilidad con la función social del empresario. Una razón es porque no hay el riesgo propio de la función del emprendedor privado. El otro motivo es que en la generalidad de los regímenes administrativos más bien es delictivo o prohibido arriesgar los bienes y patrimonio público. Competir desde el sector público no tiene gracia ni capacidad empresarial, todo lo contrario. Hacer negocios con el giro público fue típico de algunas organizaciones, pero no es labor empresarial. Sería más bien desleal o una actividad jurídicamente incompatible con la función pública.

Con la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros, así como antaño con la banca (función de intermediación financiera) han emergido algunas de las contradicciones que se derivan de la confusión que algunos predican entre la administración pública y la actividad empresarial.

La administración pública, en términos generales, no cuenta con el riesgo ni con la competitividad propia de la actividad empresarial. Más bien, si se aprecia bien, la actividad de la administración pública se mueve en las regulaciones propias del principio de legalidad, el ajuste a los principios del Derecho Público, las características y regulación propia de las finanzas y administración de bienes públicos y la conformidad con el fin público. Lo propio es la transparencia y la rendición de cuentas. El ente público está obligado a coordinarse con el resto de la administración pública, a cumplir directrices (en Costa Rica incluso las emitidas por el Consejo de Gobierno), a seguir a rectorías de sector, a cumplir los principios del servicio público y una serie de regulaciones más. Cuando se intensifica en su estudio, se concluye que además hay una responsabilidad en el uso total de recursos públicos, incluidas las competencias, las potestades, los bienes y los ingresos. No debería haber campo para más discrecionalidad que la que permite el Ordenamiento Jurídico Administrativo ni para aprovecharse inventándola cuando se está frente a conceptos jurídicos indeterminados. No es propio de la Administración Pública andar inventando, improvisando, cambiando sistemas y modos, pues el derecho a la continuidad y las técnicas de rendición de cuentas más bien exigen que todo sea previsible.

En él giro de la empresa privada, en cambio, más bien aparece un conocimiento no articulado, un olfato y visión propias de algunos que miran y aprecian lo que los demás no percibimos. Hay innovación, introducción de nuevas técnicas, cambio de giro de producción, búsqueda de nuevos mercados, riesgo en la gestión y gran riesgo personal. Hay que crea riqueza, producir, vender, competir, innovar e incluso, arriesgar y arriesgarse. El lucro es un incentivo, pero hay muchas más motivaciones.

Estimo que un banquero privado puede ser un gran empresario, en tanto que el banquero público (en Costa Rica el Estado es dueño de banca comercial) tiene que ser un buen administrador.

Por ello, además de que es cuestionable todo el esquema de entes públicos haciendo actividad que es propia del giro privado, del comercio y la industria particulares, estimo que los esquemas planteados además son incompatibles. Una Junta Directiva de un ente público creyendo que hace empresa (¿empleomanía? ¿clientelismo electoral?) o arriesgando los fondos y recursos públicos (¿secretos comerciales?) o haciendo liberalidades con los recursos públicos (convenciones colectivas y crisis en algunas instituciones, incluyendo la CCSS) nos evidencia que estamos en un campo minado, mal concebido, de riesgo inaceptable para los usuarios de servicios públicos, ciudadanos y pagadores de impuestos y contribuciones obligatorias. Una Junta Directiva como la de RECOPE, apostando a una nueva refinería en un ámbito en que es discutible que haya refinería. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién paga la fiesta si el negocio sale mal? ¿Quién controla los malos manejos y usos si no hay competencia ni quién pueda pagar los riesgos que desnaturalizadamente se toman con nuestros haberes?

Hace algunos años cuestionamos la constitucionalidad de una serie de contenidos de convenciones públicas y tuvimos relativo éxito. Algunos jugaron de empresarios en una serie de instituciones públicas y los usuarios (obligados) y ciudadanos estábamos pagando la fiesta ajena. La desintoxicación no ha terminado, pero se ha abierto una nueva grieta que está permitiendo nuevamente jugar a la empresa con el dinero de los demás: alianzas estratégicas (Racsa con la Dirección de Tránsito, poniendo cámaras y sorteando las normas de la administración financiera), secretos comerciales (los diputados no pueden indagar qué pasa en el ICE) y nueva empleomanía. ¡Qué fácil ser regalón con el patrimonio ajeno!

Repito que no es compatible hablar de empresa en el ámbito público.

Federico Malavassi Calvo

El ICE: mal de nunca acabar

A pesar de haber llegado a un supuesto acuerdo en casa presidencial, el ICE sigue sin entregar las frecuencias de radio, impidiendo así la entrada de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones. Es importante recordar que dichas bandas pertenecen al Estado y no a la institución, esta es la desnaturalización de la cosa pública que hemos visto a lo largo de los años, los ejemplos sobran.

Esta actitud merece un fuerte repudio, desgraciadamente no podemos decir que nos encontramos sorprendido. La fruta nunca cae muy lejos del árbol.

¡Apertura!

¡Finalmente tenemos apertura en el mercado de las telecomunicaciones! La SUTEL autorizó a 6 empresas para que presten servicios de internet y de telefonía por IP. Esperamos ansiosos que este proceso de apertura culmine y seamos los consumidores quienes decidamos con quien desearmos contratar nuestros servicios de telecomunicaciones y seguros.

Costa Rica tiene la menor densidad celular de Centroamérica

El mercado costarricense de telefonía móvil tiene la menor densidad de Centroamérica. Para alcanzar el porcentaje de densidad de Centroamérica, Costa Rica debe al menos duplicar el número de usuarios móviles. Mientras el istmo registra una densidad promedio de 70,40 celulares por cada 100 habitantes, en el país apenas alcanza 33,76. Actualmente existen casi 1,8 millones de líneas móviles.

Panamá es el país que presenta la mayor penetración en cuanto a líneas telefónicas. Ahí 90 de cada 100 habitantes tienen una. Le sigue El Salvador con 89,5. Nicaragua, que es el segundo país con menor densidad registra 37,9 por 100 habitantes, mientras que Costa Rica posee apenas 33,8 soluciones móviles. A nivel latinoamericano, el país queda aún más rezagado en densidad móvil, pues ocupa el puesto 19 de 21 naciones analizadas. Solo supera a Cuba y Haití.

La diferencia que muestra Costa Rica en relación al resto de los países de Centroamérica es la cantidad de empresas que participan en el mercado celular. Hasta ahora solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ofrece servicios de telecomunicaciones en el país. Sin embargo, eso cambiará a partir del próximo año cuando arriben nuevos competidores de telefonía móvil, tras la ruptura del monopolio que se dio el año pasado.

La baja densidad es uno de los mayores atractivos para las multinacionales de telefonía que ansían competir en el mercado nacional. Lo anterior por cuanto al haber un gran mercado insatisfecho ven la posibilidad de un jugoso negocio. Haciendo un cálculo moderado, podría estimarse que los 2 millones de clientes nuevos que tendría Costa Rica facturarían unos $40 millones al mes. Ese monto es suponiendo que cada nuevo usuario pague una factura mensual aproximada de $20. La misma proyección revela que los nuevos usuarios de celulares representarían un mercado anual nada despreciable cercano a los $500 millones.

Se conoce que existen al menos cuatro empresas de telefonía que ya han realizado gestiones para operar en el mercado interno. Telefónica y América Móvil ya inscribieron sus marcas, Digicel incluso es patrocinador de la selección nacional de fútbol y Cable & Wireless ha realizado consultas. Se dice también que la firma mexicana Iusacel y la europea France Telecom podrían considerar disputar una licencia para operar telecomunicaciones en el país. No obstante el gran potencial que muestra el mercado nacional de telefonía celular, solo hay espacio para que incursionen tres nuevos competidores, según la Sutel.

Danny Canales (Diario La República)

¿Apertura?

Desgraciadamente el ICE sigue recurriendo a todo tipo de maniobras espurias para evitar la apertura en el mercado de telecomunicaciones. Esta vez lo que se propone es evitar pagarle a la SUTEL el canon que exige la ley. Sin SUTEL no puede existir apertura. Incluso la misma Contraloría ha advertido que el ICE se encuentra en la obligación de pagar dicho canon.

¿Por qué será que el ICE le teme tanto a la apertura? ¿No es que eran la empresa más avanzada de toda latinoamérica?

Tema Polémico: lo que esperamos del ICE

Este día, en ASOJOD queremos analizar las últimas actuaciones del ICE contra la recientemente creada SUTEL y contra los primeros asomos de competencia tras la apertura del mercado de telecomunicaciones.

Se supone que el ICE es una empresa al servicio de los costarricenses, de todos los costarricenses y no sólo de sus empleados. Además, se supone que la función de la compañía en materia de telecomunicaciones es proveer a los costarricenses con los servicios mejores y más baratos posible. La supervivencia de la institución per se o, lo que es lo mismo, su existencia exclusivamente para satisfacer a sus empleados, es y debe ser siempre inadmisible.

Resulta, por esta razón, chocante la actitud del ICE frente a la competencia. Recientemente, una empresa comenzó a brindar el servicio de llamadas internacionales a través de una especie de teléfonos públicos dispuestos en lugares convenientes para la gente (supermercados, paradas de buses, etc.) y, en una actitud leguleya, las autoridades del ICE descaradamente se manifiestaron en contra de un servicio cinco veces más barato del que ellos ofrecen, con argumentos basados en que la empresa competidora no se sometió a la regulación de la SUTEL.

Como usuarios de servicios de telecomunicaciones y como supuestos dueños parciales del ICE, externamos nuestro descontento por esta actitud y hacemos un llamado a sus autoridades para que se hagan a un lado si son incapaces de mejorar las ofertas de los competidores, pues es de esperar que, a partir de ahora, comiencen a llegar nuevas empresas, unas ofreciendo servicios tradicionales, otras servicios nuevos, unas ofreciendo lo mismo a más bajo precio, otras mejores servicios a precios similares a los de los actuales. Sí, es posible que lleguen empresas con peores ofertas, pero esto no sería problema porque simplemente seguiríamos comprando los servicios al proveedor actual.

Ya los"patriotas" durante la campaña del TLC nos habían pintado una imagen apocalíptica de lo que sucedría con la eventual aprobación del tratado. Hoy la realidad muestra de qué lado estaba la verdad: Costa Rica no perdió parte de su territorio, los órganos no han sido traficados, nadie se ha llevado el agua, la isla del Coco sigue siendo tica, el Código de Trabajo sigue estando en vigencia, y los servicios de telecomunicaciones no han empeorado, sino que incluso sin existir materialmente empresas instaladas ya se presentan casos como los mencionados que dan muy buenas señales. ¡Cuánto tiempo perdido, cuántas oportunidades desperdiciadas, cuánto rezago tecnológico por el sólo hecho de aferrarnos a los dogmas!

Todavía hoy, hay quienes temen que algunas empresas vengan a vender servicios mucho más baratos incluso de lo que les cuesta únicamente para quebrar al ICE y una vez de que no haya ICE puedan subir los precios indiscriminadamente. Este mito es totalmente injustificado. Por una parte, la SUTEL va a estar supervisando los precios cobrados e intervendría en caso de que una empresa pretendiera subir los precios indiscriminadamente. Por otra parte (y eso es en el fondo lo único que importa), mientras haya la posibilidad de que nuevas empresas puedan entrar con relativa facilidad al mercado, es decir sin mucho trámite ni pagos fuertes, cualquier compañía que pretenda "pasarse de lista" subiendo los precios tras acabar con la competencia, automáticamente atraerá nueva competencia. Cuantas menos barreras de entrada haya, menos rentable es la estrategia de bajar precios para sacar competencia y luego pretender subirlos indiscriminadamente.

Si el ICE realmente va a cumplir una función útil para la sociedad en este nuevo esquema de apertura debería ser que se dedique exclusivamente a ver cómo mejora precios e innova en servicios. Si quiere adicionalmente ejercer presión ante la SUTEL, esta debería consistir exclusivamente en exigir reducciones en los requisitos para que cualquiera pueda entrar a competir en el mercado. Cualquier comportamiento diferente delatará un interés puramente grupal de sus trabajadores, no el de sus dueños últimos: los costarricenses.

Ante este nuevo panorama, esperamos que el ICE reaccione mejorando sus propios servicios en vez de dedicarase a boicotear a las empresas que lo vengan a hacer mejor. Su objetivo último así lo exige.

Efectos de la competencia en telefonía celular

Hace unos días llegué a Panamá a visitar a mi familia. El día 14 de diciembre, decidí conseguirme el celular más barato para poder comunicarme durante mi estadía libremente. Terminó sucediendo lo siguente:

12:20 pm - Entré a la sucursal de Digicel

12:23 pm - Encontré 4 celulares de diferentes marcas, ¡todos a US$ 9.99!

12:25 pm - Escogí un Nokia 1200. Un modelo sencillo con pantalla en blanco y negro y linterna.

12:35 pm - Luego de hacer una fila de cinco personas salí con un celular con línea, un dólar de saldo para hacer llamadas y un MP3 player de 1 GB.

Hagamos la comparación con Costa Rica, en donde tantas personas todavía insisten en que la competencia no nos va a beneficiar:

Precio

El celular en Panamá me costó US$ 9.99, lo que equivale a aproximadamente a 5 500 colones. Un celular Nokia con las mismas características (Nokia 1112) cuesta en Costa Rica entre 30 000 y 35 000 colones (US$ 54 a 63). Más o menos cinco veces lo que me costó a mi aquí. Esto sin contar el MP3 player USB que venía incluido.

Además, el costo de las llamadas entre celulares de la misma red es de US$0,24 (132 colones) por los primeros dos minutos y la media hora siguente es gratis. Es decir, el minuto sale aproximadamente a 4 colones en los primeros 32 minutos de llamada. Si la llamada es a otra red (Movistar o Cable and Wireless) cada minuto cuesta US$ 0,12, pero se cobra al segundo.

Tiempo de espera

No creo que haya mucho que decir sobre esto. Como pueden ver, entre el momento en que entré a la tienda y el momento en que salí pasaron con costo 15 minutos. En Costa Rica, con suerte se duran 2 horas haciendo una fila interminable en alguna sucursal del ICE.

Antes de que Digicel entrara a Panamá, el precio por minuto de celular rondaba los US$ 0,35 a 0,45 por minuto. La competencia puede beneficar a los usuarios, pues mejora tanto los precios, como el servicio. Esperemos que tengamos una competencia efectiva en Costa Rica el año que viene, porque el ICE simplemente da un pésimo servicio.

Felipe Echandi L.

Descomunal engaño sindical

El sindicalismo del ICE ha disparado su ultimo cartucho en contra de la aprobación legislativa del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con la publicación de un anuncio en el que se pronostica el alza de tarifas en telefonía fija convencional como consecuencia irremediable de la entrada en vigencia de esa ley. La tesis que sustentan es una total falacia, cuyo único objetivo es confundir y engañar a los lectores.

Sostienen que la tarifa básica en telefonía fija residencial, hoy en ¢1.850 ($3,70) al mes, con derecho a 160 minutos de uso, sufrirá un aumento de ¢3.300 a consecuencia de la obligatoriedad de eliminar los subsidios que manda la nueva ley. Los sindicalistas consideran como subsidio los ingresos extras que el ICE percibe por los minutos de servicio en excedente respecto a los 160 minutos incluidos en la tarifa básica. Según estadísticas publicadas por la Aresep, las líneas comerciales representan el 20% del total y las residenciales, el 80%; y el cargo promedio mensual por línea telefónica es de unos ¢5.175 ($ 10,35). El cargo promedio por línea resulta de dividir el ingreso total por la facturación de los servicios en telefonía fija convencional, estimado en $11,4 millones mensuales, entre el número total de líneas facturadas, que rondan 1,1 millones. Los sindicalistas consideran dolosamente al cargo promedio por línea, como el costo de operación mínimo para cada línea.

Si no paga, no disfruta. Del estudio de las tarifas de telefonía fija aprobadas por la Aresep se deduce que no existe ningún subsidio entre usuarios para el servicio de telefonía fija convencional, pues todos pagamos la misma tarifa básica residencial de ¢11,56 minuto por los primeros 160 minutos (¢13,44 minuto las líneas comerciales) y de ¢ 4,10 el minuto a tarifa plena u horario diurno, y de ¢2 el minuto en horas nocturnas y fin de semana. Y el que no paga lo consumido, sin contemplación ni solidaridad que valga, simplemente no disfruta del servicio por desconexión automática a partir del segundo día de mora.

La tarifa básica que todos pagamos por el servicio garantiza al ICE suficientes ingresos para cubrir el costo mínimo de operación de toda la plataforma de telefonía fija, aun cuando el consumo de todos sus abonados fuese nulo. Hasta en esa extrema situación, equivalente a un boicot nacional del servicio, el ICE percibiría la suma de ¢1.850 x 880.000 + ¢2.150 x 220.000)/500 > $ 4,2 millones por mes, $ 50,4 millones por año, monto suficiente para pagar la planilla de 4.200 empleados con salarios promedio de $1.000 cada uno. Los ingresos totales por telefonía fija hoy ya superan los $150 millones por año y seguirán creciendo proporcional- mente con el mayor ingreso per cápita y con el crecimiento de la economía.

Incomprensible aberración. No obstante, todavía se mantiene una aberración tarifaria incomprensible que perjudica seriamente el ingreso del ICE, y por lo tanto podría incidir en el futuro en un deterioro en la calidad del servicio. La tarifa básica cobra los primeros 160 minutos a razón de ¢11,56 el minuto, mientras que el excedente a solo ¢4 y ¢2. En todas partes del mundo, el excedente se cobra igual o superior o ligeramente inferior, pero no tan barato.

Es muy probable que ante un aumento de costos y salarios, el ICE se vea obligado a solicitar un incremento en la tarifa del consumo en exceso: de ¢4 a algo superior, pero ello no implicará una modificación a la tarifa básica como insisten engañosamente los sindicalistas. No hay manera alguna de que las tarifas básicas residenciales o comerciales tengan que ser aumentadas por la eliminación de los famosos “supuestos subsidios” o por efectos de la competencia; primero, porque nadie subsidia a nadie según las tarifas vigentes en telefonía fija y, segundo, porque toda la telefonía fija convencional seguirá siendo una concesión en monopolio para el ICE, con todo y TLC, apertura y Ley de Telecomunicaciones.

Ricardo Trujillo

Electricidad las 24 horas sin cargo de conciencia

En las últimas semanas hemos sido víctimas del derroche de la campaña del Grupo ICE donde acusa al pueblo de Costa Rica de despilfarrador de la electricidad. Literalmente reza así una de las frases del comercial: “Vivís con electricidad las 24 horas, pues entonces, cuidá ese privilegio. Pará el desperdicio”.

Sólo el Gobierno, considera malo que la gente consuma. Recuerdo que hace muchos años vi en un libro sobre publicidad de cómo la empresa Coca Cola enfrentó un problema en sus inicios. Resulta que la gente no consumía el refresco en invierno. Ante tal situación, la Coca Cola lanzó el lema “La sed no conoce estaciones” y las ventas se dispararon aún en clima frío.

¿Por qué será que el Grupo ICE desea que el costarricense no consuma electricidad? Cuando se concibió el concepto de empresas públicas, el objetivo era usar la totalidad de las ganancias en mejorar la distribución de los servicios entre la clase de menor ingreso con el fin de que ellos también pudieran consumir. Debemos recordar que el desarrollo está en el consumo. La diferencia entre una persona con mejor nivel de vida y otra, es su nivel de consumo. No hace falta hacer estudio alguno para concluir que el consumo per capita de electricidad del costarricense es muy inferior al de su homólogo del primer mundo.

¿Por qué el Grupo ICE acusa al pueblo de Costa Rica de derrochador? ¿Acaso el costarricense anda buscando la forma de desperdiciar su dinero? ¿Quién de nosotros le compra al panadero que vende más caro? ¿Quién de nosotros le dice al taxista que se vaya por la ruta más larga con el fin de que tarifa sea más alta? Lo que yo veo es gente honrada que desea salir adelante haciendo el mejor uso posible de su salario. Entonces, ¿Cuál desperdicio? “Cada ladrón juzga por su condición”, dice el adagio popular. El que debe parar el desperdicio es el Gobierno cerrando instituciones que duplican la función de otras, o bien cerrando las que no cumplen función alguna o bien recortando exceso de personal. El desperdicio es de parte del Gobierno con tanto asesor, gastos en consultorías y campañas innecesarias.

¿Por qué entonces el Grupo ICE acusa al pueblo de Costa Rica de derrochador? La realidad puede ser muy distinta. El crecimiento económico implica necesariamente un mayor consumo de energía y por tanto una mayor demanda de electricidad no es necesariamente producto del desperdicio sino del desarrollo. Ahora bien, ¿Está el Gobierno en capacidad de generar la oferta de electricidad necesaria que el pueblo de Costa Rica demanda? La respuesta la encontramos claramente en los apagones sufridos el año pasado. Una cosa es decir que los apagones se deben a un desperdicio y otra muy distinta es decir que se explican a la incompetencia empresarial y administrativa del Gobierno. La razón de ser del comercial televisivo es probablemente que ante la negativa del Gobierno de aceptar su incapacidad de generar la electricidad suficiente, trata de hacer sentir culpable al pueblo de Costa Rica acusándolo de que desperdicia y que posee un privilegio cuando la electricidad es considerada como un artículo de consumo básico en toda la literatura económica.

Pero en general, ¿es el Gobierno competente en la producción de cualquier cosa? La teoría económica establece claramente que la libre competencia es mucho mejor instrumento que el monopolio y la regulación para ofrecer mejores productos, con mayor variedad, a mejor precio y por ende con mayor y mejor distribución entre la población de menores ingresos. Así lo ha lo ha demostrado claramente la evidencia empírica en particular si observamos el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage que tiene más de 10 años de ser publicado anualmente. La electricidad no es excepción y si deseamos energía suficiente para poner a Costa Rica en acción es necesario que el Grupo ICE haga su retirada y le de el pase a la libre iniciativa.

Así que la próxima vez que se tome un cafecito recién hecho, encienda su televisor o se bañe con agua caliente, disfrútelo sin cargo de conciencia.

Boletín Instituto Libertad

Absurda oposición legislativa

Mientras en Costa Rica los diputados Merino y la bancada del PAC se las ingenian para ahogar en cientos de mociones el proyecto en discusión legislativa para dotarnos de nuestra primera Ley General en Telecomunicaciones, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT– desde Ginebra, Suiza, en respuesta a las exigencias del mercado mundial, ha reasignado el uso de algunas bandas del espectro radioeléctrico, para facilitar y promover el uso de la telefonía móvil de tercera generación.

Apertura de banda. Los miembros de la UIT, incluyendo a Costa Rica, en una reciente convención mundial (WRC07), coincidieron en reasignar la banda del radioespectro desde los 689 MHz hasta los 862 MHz, frecuencias con excelentes características para la transmisión a grandes distancias, anteriormente asignadas a canales de TV por UHF y buscapersonas, para los muy solicitados servicios de telefonía móvil mas navegación por Internet a velocidades desde los 64 Kbps hasta los 2 Mbps, conocida también como la telefonía de tercera generación. Esta reasignación de bandas para los servicios de 3G, adicionales a los TDMA y GSM existentes, representa un incremento en capacidad suficiente como para permitir la transmisión de 30 portadoras de tecnología W-CDMA con ancho de banda de 5 MHz cada una, a través de 15 operadores en competencia, cada uno utilizando dos portadoras. Solo en Estados Unidos, la FCC ha sacado a subasta para este mes de enero 1.099 licencias de operación en esa banda. Se trata, sin duda, de una gran apertura del radioespectro que viene a dar al traste con los sueños de acaparamiento indefinido de frecuencias que muchos operadores hubiesen deseado mantener en usufructo para siempre. Se trata de una verdadera optimización del radioespectro, que permitirá mayor grado de libertad en escogencia para los abonados de todo el planeta, y que, sin duda, reducirá drásticamente los costos actuales del servicio.

Otra Costa Rica. Los diputados que todavía se oponen a la apertura en telecomunicaciones, y en general al cambio del estatismo económico a ultranza por un mercado de capitales mixtos en la prestación de servicios públicos, son cada vez menos. Estamos por presenciar un desplazamiento paula- tino de los votos legislativos hacia el grupo mayoritario del G-38, a medida se acerca el nuevo periodo electoral. La Costa Rica posreferendo es totalmente otra, y sus exigencias están mucho más orientadas al desarrollo y consolidación de un modelo social basado en el esfuerzo productivo individual, familiar y empresarial, que en la defensa a muerte del caduco modelo de la redistribución de la riqueza por la sola vía de los servicios públicos. Ya muy pocos costarricenses están dispuestos a morir luchando en la ultima trinchera en defensa de un modelo de redistribución económica seriamente deteriorado y apenas consistente en la devolución de migajas de muy bajo valor, como el supuesto subsidio de la tarifa básica de la telefonía fija y la solidaridad con las zonas rurales a través de teléfonos públicos.

Las demandas de seguridad social para este siglo XXI se están actualizando y modernizando. El periodo electoral que ya se aproxima abrirá ciertamente la posibilidad de replantear y redefinir las nuevas prioridades de solidaridad social que demandarán los ciudadanos de esa nueva Costa Rica que ya se encuentra en febril construcción.

Ricardo Trujillo

¡Ya era hora!

En ASOJOD queremos felicitar a los jerarcas del ICE por al fin poner orden en la institución acusando penalmente ante la Fiscalía de Pavas a Fabio Chaves, Francisco Aguilar y Jorge Vega por obstruir el paso en la entrada principal del edificio de la institución en Sabana Norte, San José. El incidente ocurrió el 26 de noviembre.

Este tipo de actitutes son total y absolutamente contrarias a cualquier principio de servicio público ya es hora que alguien le enseñe a esos señores que el ICE no es propiedad de ellos ni tampoco las calles de este país.

¡Sinvergüenzas!

Definitivamente el cinismo, la chabacanería y la vagancia no tiene límites en nuestro país sobre todo cuando los sindicatos del ICE están involucrados. Este lunes 26 hicieron su famosa huelga de revoltosos. Las actitudes como siempre son total y absolutamente reprochables. Primero que todo estos "trabajadores" encabezados por Fabio Chaves y Jorge Arguedas trataron de impedir la apertura de la sucursal del ICE de la Sabana, así como la entrada de los usuarios, lo cual es totalmente contrario al principio de continuidad que rige en materia de administración pública. Entre las consignas trasnochadas que se escucharon estaban las siguientes frases: ¡Vamos a poner la vida, si hay que ponerla!”, “¡vamos a ver quiénes son los que tienen que salir del país!”, “¡esta es la última vez que venimos de manera patriótica, vamos a incendiar esta sociedad!”.

En ASOJOD ya estamos cansados de estos grupúsculos sindicales que sólo pérdidas y atrasos económicos le dejan a nuestro país, también los costarricenses pueden estar seguros de que estos inconvenientes desaparecerán con la entrada en vigencia del TLC, el cual obligará a las autoridades del ICE prescindir de este tipo de "elementos" y dedicarse de lleno al ofrecimiento de un servicio competitivo y eficiente en donde el consumidor se convierta en el eje de la política de empresa.

¡Despilfarro en el ICE!

A continuación se presenta un extracto de una denuncia realizada por el diputado libertario Luis Antonio Barrantes sobre el despilfarro del ICE en consultorías y viajes al exterior:

"En el año 2006, el ICE tuvo 12.196 empleados con una experiencia acumulada de 190.637 anualidades, lo que es igual a más de 398 millones de horas laborales. El promedio de años laborado por empleado es de 16 años y más del 64% de los empleados posee una experiencia mayor a los 10 años. El pago por todas estas anualidades representó más de ¢ 23.673 millones. Sin embargo, pagó más de ¢10.564 millones por servicios de gestión y apoyo (consultorías). Esto significa que el ICE terminó gastando un 45% más de lo que pagó por los 190 mil años de experiencia. Por otra parte, el ICE gastó en viajes al exterior, del 2004 al 2006, $1.227.353, como resultado de 1.056 viajes realizados, por lo que se promedia un costo por destino de $1.161. Dichos viajes equivalen a 11.120 días concedidos para la realización de los mismos, lo que representa 42,6 años laborales de ausentismo autorizado. Solo 11 funcionarios de los 537 beneficiados alcanzan el 19% de la totalidad de los viajes, mismos que obtuvieron entre 10 y 46 viajes para un mismo empleado. Durante el mismo período se incrementó tanto el número de viajes como el gasto, alcanzando incrementos globales del 57% y 124% respectivamente."

Después de ver este tipo de cosas no hay que ser un genio para darse cuenta porque existen tantos intereses creados alrededor del ICE. En ASOJOD celebramos el triunfo del TLC ya que la competencia obligará al ICE a convertirse en una empresa eficiente, que de un buen servicio y que administre su presupuesto de forma responsable, de lo contrario por dicha los costarricenses al fin tendremos alguien que si nos quiera dar ese tipo de servicio. ¡VIVA LA COMPETENCIA!