La columna de Carlos Federico Smith: el costo de los permisos municipales para construir

Me llamó la atención la noticia de la enorme cantidad de construcciones en el país que se llevan a cabo sin tener los obligados permisos municipales. Primero la vi en un noticiero en la televisión y, después, La Nación del 8 de noviembre hizo un extenso comentario al respecto, titulado “Tres de cada 10 obras en el país se levantan sin permisos municipales,” sustentado en un estudio reciente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), basado en la “inspección a 2.174 proyectos en 58 cantones durante el primer semestre de este año.”

Lo cierto es que era público y notorio que muchas construcciones que se iniciaban, luego aparecían con un rotulito que decía que la obra se suspendía por decisión municipal, situación que indicaba con claridad que algo malo estaba sucediendo. En efecto, alrededor de una tercera parte de las construcciones en el país se hace sin los permisos municipales correspondientes, según informa el medio. 

Es interesante el desglose porcentual por regiones del número de obras hechas sin permiso, así como información acerca de ciertos cantones específicos. Como un todo, los metros cuadrados que se construyen sin permiso en el país se estiman en 106.000.

1. Región Norte: 44% de las obras se hace sin permiso.
2. Región Guanacaste: 40% de las obras no tiene el permiso.
3. Región Atlántica: 37% de las obras se lleva a cabo sin tener el permiso.
4. Región Central: 29% de las obras se hacen sin permiso. (En el cantón de La Unión, el 100% de las construcciones se hace con permiso).

5. Región Sur: 16% de las obras se hacen sin permiso. (En los cantones de Golfito y Parrita, el 100% de las construcciones se hace con el permiso necesario).
6. Región Occidente: 44% de las obras se construyen sin permiso. (En el cantón de Montes de Oro, el 100% de las construcciones se hace con el permiso requerido, pero el cantón con el mayor número de metros cuadrados en donde se construye sin permiso, es el Central de Alajuela, con 41.047 metros cuadrados).

Según informa el CFIA, ha desmejorado el porcentaje de obras sin aprobación, “pues anteriormente el porcentaje de obras sin permiso rondaba entre 15% y 25%.”

Parece que una preocupación alta del informe citado es por lo que dejan de percibir los municipios al no cobrar eficientemente todas las obras. Se estima que, para todo el país, “representan para los ayuntamientos pérdidas por más de ¢334 millones.” 

Todo esto manda una señal clara de dos hechos que pueden estar impulsando el empeoramiento en la autorización para construir. Primero, el alto costo de los permisos municipales, no sólo en tiempo, sino en monto, lo que hace que, en especial en momentos de dificultades económicas como el actual, las personas busquen evitar dicho pago y proceder, figurativamente con las uñas, a hacer lo que ya tanto les está costando.

En segundo lugar, como los permisos tienen que aprobarse o hacerse por profesionales de ingeniería y arquitectura, ahí surge un elevado costo, pues es obligatorio usar miembros agremiados del cartel (que, en términos económicos, es el colegio profesional obligatorio que cobija a esos profesionales), quienes cobran una tarifa mínima prestablecida, Si lo que cobraran en la realidad fuera menor, hoy esos profesionales estarían cometiendo un acto sancionable por el colegio (que creo podría llegar a la suspensión o expulsión del profesional que incurra en él). Si el costo en mención fuera menor, el cliente cautivo se vería estimulado a no hacer la obra como la hace hoy, sin permiso municipal y aprobación del profesional que dicte la idoneidad de la obra, evitando obras de mala calidad en un país eminentemente sísmico. Esto es, estaría más dispuesto a contratar a esos profesionales.
 

Los municipios podrían recaudar más fondos si cobraran menos por los permisos, de forma que más gente buscaría no evitar del todo dicho pago, además de que el menor costo probablemente estimularía un aumento en la construcción, importante en una economía como la actual con un elevado nivel de desempleo. Las municipalidades, asimismo, deben acelerar el plazo para otorgar (o rechazar) la solicitud de permiso, que, si bien oscila actualmente entre 5 y 30 días, no deja de ser deseable disminuir ese costo de duración a un menor plazo, en especial con tantas posibilidades informáticas hoy asequibles. Todos esos costos son relativamente más altos para obras pequeñas, que suelen ser las más llevadas a cabo por personas de menor capacidad de pago.

Es importante que sea el mercado, mediante la libre contratación de las partes, el que determine el pago de los profesionales, en vez de que el CFIA las fije arbitrariamente. Habría mayor demanda de profesionales calificados para obtener dichos permisos, no eludiéndolos del todo como sucede hoy. Así, se evitarían construcciones riesgosas que ponen en peligro la salud de la ciudadanía al hacerse sin permisos. No dudo todos saldríamos beneficiados sí esos pagos se ajustaran al tamaño y complejidad de la obra, no con una fijación arbitraria como es la tarifa mínima actual impuesta por el CFIA.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: sacrificar al cerdo

Con bombos y platillos, el improductivo Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anuncia su nuevo catálogo de trámites que incluye los 1.780 trámites que componen el marco empresarial de nuestro pequeño pero complejo sistema socioeconómico. Aún más significativo es el anuncio, por parte de esa cartera, de que este nuevo catálogo ya incorpora las reformas regulatorias que han surgido del proyecto de mejora regulatoria del gobierno actual.

Los colectivistas siempre han señalado que la intervención del gobierno es necesaria para: 1) proteger a la sociedad de los costos externos, vía regulación, provenientes de las actividades económicas; 2) redistribuir riqueza; y 3) proveer servicios que el mercado suministraría de modo ineficiente. Sobre el primer punto, objeto de esta modesta contribución literaria, creo conveniente señalar que, aunque la existencia de una externalidad o “falla de mercado” es condición necesaria para la acción del Estado, no es sin embargo una condición suficiente para generar otros costos externos o efectos negativos causados por la regulación.

La observación e identificación de “pseudofallas” del mercado, aparte de que indica una ignorancia voluntaria y radical, es casi un deporte en las trincheras colectivistas. Pero la intervención regulatoria, producto de una hiperreacción ante el menor indicio de un costo externo, genera siempre costos externos propios (consecuencias no previstas) que deben confrontarse con los potenciales beneficios de dichas acciones. Entre estas consecuencias se encuentra el “aumento en los costos de transacción, costos de búsqueda e información, costos de negociación y de decisión, costos de políticas y reforzamiento, todo lo cual representa una pérdida de recursos debida a la ausencia o distorsión de la información” (Williamson 1975, 1985).

También podemos enfrentar la intervención estatal con la necesidad de garantizar los derechos de propiedad, claves para el desarrollo económico y social de un país. Los derechos de propiedad suelen ser acordados más eficientemente por los mismos individuos o empresas, pero no se elimina la necesidad de que estos sean protegidos por el “imperio de la ley”. Según Gerald P. O´Driscoll Jr. y Lee Hoskins, en su tesis “Derechos de Propiedad (la clave del desarrollo económico)”, los dos elementos esenciales de los derechos de propiedad son: 1) el derecho exclusivo a usar los propios recursos como se juzgue conveniente, siempre que no violen los derechos de un tercero; y 2) La capacidad de los individuos para transferir o intercambiar estos derechos a voluntad. El grado en que se respeten esos elementos y se exija su cumplimiento determina la eficiencia con que se asignan los precios de bienes y servicios dentro de una economía. Y resumen los autores que “cuanto mas fuerte es el sistema de derechos de la propiedad privada, tanto mejor es la economía para asignar con eficiencia y ampliar las oportunidades de creación de riqueza”.

Claro que para las mentes estilo MEIC, un ministerio de por sí tan antieconómico, entender conceptos tales como costos de transacción y derechos de propiedad es como querer que un cochinito entienda el por qué de la tradición de comer el apetecido cerdo en las fiestas navideñas. Simplemente lo hacemos para festejar y por eso sacrificamos al puerco: ¡no hay otra salida!

Andrés Pozuelo

El Jumanji empresarial

Es un hecho lamentable pero común que, a la hora del análisis económico y político, los empresarios sean las piezas del rompecabezas que tienden siempre a perderse disimuladamente, pérdida que impide la apreciación del paisaje final, ya que las piezas aquí no encajan. Los factores, los medios de intercambio y la producción son, todos ellos, elementos fríos aunque fácilmente cuantificables, mientras que otros más humanos –el impulso, la intuición y la pasión por competir del empresario– no son medibles, convirtiéndose de esta manera en víctimas del menosprecio por parte de economistas y políticos.

Claro está que sin empresarios no existiría una economía que medir y, muy posiblemente, una sociedad que observar; y que entonces el Estado no contaría con una fuente de recursos basada en impuestos para alimentar su intervención (necesaria o no) en los mercados. A la vez, sin la disposición y el impulso del empresario, el capital financiero nunca se transformaría en medios de producción y el capital intelectual nunca se trasformaría en ideas o en bienes de consumo necesarios para el bienestar.

Si todo esto es evidente para un lego, ¿por qué no lo es para los políticos, economistas y burócratas que tratan hasta lo imposible de hacer de la aventura empresarial un juego de Jumanji?. La tarea de descubrir diferenciales en preferencias, precios y conocimientos ya es suficientemente difícil e intensa como para que el empresario tenga que enfrentarse a cargas impositivas altas, impuestos al tiempo bajo la forma de interminables trámites y hasta la propia coerción del improductivo aparato estatal.

Los intereses mutuos de una sociedad solo tienden a converger cuando la especialización, la producción y el intercambio decantan la figura de un empresario dispuesto a arriesgarlo todo en su afán de competir. Por dicha razón, el propósito del Estado no consiste en anular o inhibir el impulso empresarial sino, por el contrario, en estimularlo con el fin de generar el bienestar del conjunto de la sociedad, algo que se conoce igualmente con el nombre de “bien común”.

Andrés Pozuelo

La columna de Carlos Federico Smith: trámites excesivos y absurdos

Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para que sean tomadas las medidas correctivas requeridas.

Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y, por tanto, la gente se especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.

Pero aún, ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto hace relativamente poco tiempo. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.”

Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no da órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:

1. que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir esperando a que se dé cuenta de que ella “gobierna”;

2. que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:

3. que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más, a inicios de su gobierno. anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que, en muy diversos sentidos, afectan a toda la población.

Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.

Jorge Corrales