La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre en fallos de jueces

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está integrado por jueces quienes en última instancia son los encargados de la legalidad de los actos electorales en el país. El tribunal tiene rango constitucional y es “responsable de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio.”

Sin duda es parte de nuestro sistema judicial. Y de hecho sus magistrados son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. 

Por ello, cierta decisión que tomó recientemente ese Tribunal y, en esencia, por el fundamento de dicha decisión, me preocupa por la incertidumbre que introduce a la legalidad del país.

Resulta que, de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 14 de marzo, titulada “PAC autorizado a pagar intereses moratorios a Caja con dinero público: TSE da inédito viraje en jurisprudencia que data de 1999,” en el 2015 el PAC fue sancionado por el TSE a pagar a la Caja del Seguro Social una obligación de ₡60 millones que negoció con ese ente, como parte de “una deuda de ₡465 millones en cuotas, a lo largo de 36 meses” debido a cargas sociales que no fueron pagadas por el PAC “por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.” Esto derivó en una condena en diciembre del 2016 por “el delito de estafa mayor en perjuicio del estado”, pues se había alegado que se trató de un trabajo voluntario, pero, a pesar de ello, esos gastos fueron pasados a cobro ante el TSE.

Pero, como no se habían pagado las cargas sociales del caso, la Caja cobró cerca de ₡60 millones en intereses por mora y el PAC solicitó que se permitiera el uso de recursos públicos -como parte de gastos aceptables de ser incluidos dentro del financiamiento estatal a los partidos políticos- para enfrentar esa obligación con la Caja.

El TSE, en decisiones del 2009 y del 2015, había rechazado que ese tipo de pagos se pudiera hacer como parte del financiamiento estatal aceptado, considerando así “que no constituía un gasto reembolsable” como parte del financiamiento a los partidos que brinda el estado. 

Vale la pena señalar lo que, en el 2015, dijo el TSE: “Avalar el pago de las referidas sanciones pecuniarias valiéndose de los recursos de la contribución estatal conllevaría el reconocimiento de deudas pendientes de la agrupación (generadas por la falta de pago oportuno) y no de erogaciones efectivamente realizadas.”

Ahora, en el 2017, y ante apelación del PAC, el TSE aprobó que se utilizaran fondos públicos para tal cancelación.  Para ello, alega que se toma en función del “interés público”, como nuevo paso en la jurisprudencia, al reconocer como financiable con fondos públicos esa deuda por mora con la Caja. El TSE dice que “la conveniencia de ese criterio se justifica, concretamente, en el ya expresado interés público que reviste este tipo de obligaciones”, además a causa de que “en la normativa vigente no se contemplan obstáculos formales que tornen improcedente esa alternativa de acción.”

Eso de “interés público” me parece que simplemente es lo que los jueces del TSE consideran es el interés de los diferentes grupos que integran a toda la sociedad: lo que, en última instancia, esos jueces consideran que es el interés de todos nosotros. En mi opinión, con ello se abre espacio para que, en función de un presunto omnisapiente tribunal, se puedan tomar decisiones basadas en que son capaces de conocer cuál es el interés exacto y ponderado de todas las personas de la sociedad. Casi que cualquier cosa cabría dentro de sus potestades, a fin de considerarla que es de interés público al tomar una decisión en cierto sentido.  ¿Cómo saben cuál es el interés público si no es lo que ellos consideran que lo es? Me parece una suprema arrogancia, que suele ser más propio del poder de la Divinidad, que de jueces. En todas las situaciones suele haber siempre intereses distintos entre diferentes grupos de ciudadanos -pues involucra la utilización de recursos estatales aportados por todos los contribuyentes- los que, de alguna forma, han de ser sopesados al considerar que una decisión se toma en función del “interés público.” ¿Cómo es que esos magistrados están en capacidad de comparar el daño o sacrificio que sufre alguno o varios o muchos grupos de la sociedad, con el beneficio de un grupo de la sociedad, como podría ser el grupo político llamado PAC?

Simplemente, lo de “interés público” no es más que lo que a esos magistrados se les ocurre es el bien general, pues ni siquiera tienen forma de comparar a los afectados con los beneficiados con sus acciones, a fin de poder demostrar que lo decidido es efectivamente el interés de “todos” los ciudadanos. Así las cosas, en cualquier momento, cualquier decisión puede ser tomada por los magistrados, porque a ellos le parece que va en bien de todos, aunque no lo sea más allá de su apreciación personal. Me temo que, bajo ese principio, uno siempre está en manos de lo que pueda pensar o decidir un tribunal, no por justo –en cuanto al principio de legalidad- sino porque consideran que lo que decide se hace en bien de un imaginario “todos” (alguien religioso podría considerar que ese es un atributo propio de Dios).  Ojalá que yo esté equivocado en mi apreciación.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: conclusiones del proceso electoral municipal 2016

Hace una semana, los costarricenses fuimos convocados para elegir a Alcaldes, Regidores, Síndicos y Consejales de Distrito para cada uno de los 81 cantones y 8 intendencias. Una vez que hemos tenido los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), podemos comenzar a sacar algunas conclusiones relevantes.

En primer lugar, el abstencionismo sigue siendo muy alto. Aunque el TSE  realizó una intensa campaña para motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, lo cierto es que el porcentaje de personas que no votó fue superior, por mucho, a cualquier opción política. Sin duda, esta es una gran herida que sufre la ya de por sí debilitada democracia costarricense, pues aunque el abstencionismo ha disminuido según datos del TSE de 77% en las elecciones municipales de 2002 a 76% en las del 2006, el mismo porcentaje en las de 2010 hasta alcansar cerca del 65% en las de esta ocasión, lo cierto es que todavía estamos en niveles preocupantes. 

Gran porción del electorado sigue prefiriendo quedarse en casa o salir a pasear en lugar de apersonarse a las urnas, sea porque está disconforme con la oferta política o porque simplemente no ha interiorizado la importancia del sufragio, lo cual se evidencia en la continua caída del apoyo a la democracia en nuestro país que, de acuerdo con el estudio Latinobarómetro, ha caído en 27 puntos en el periodo 1996-2013. Esta situación enciende las luces de alarma, pues cuando la gente deja de valorar el sistema democrático, se fortalecen opciones que, por lo general, terminan en grandes atropellos a las libertades y derechos individuales. 

En segundo lugar, es claro que el Partido Liberación Nacional (PLN) recobró fuerzas. En esta ocasión, aproximadamente el 32% de los votantes prefirió a esta agrupación sobre cual otra, pese a que en 2014 sufrió una aparatosa derrota en las elecciones nacionales, lo que podría indicarnos que consiguió reponerse del fracaso gracias a la pésima gestión del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Poder Ejecutivo, que sin duda llevó a los electores a considerar que la oferta de "cambio" que presentó Luis Guillermo Solís ha resultado peor que aquello a lo que prometía combatir. 

No obstante, aunque es claro que 68% de los sufragantes no apoya a este partido, ese repudio no ha alcanzado fuerza tal como para motivar a las personas a darle un considerable y sostenible castigo político por las pésimas administraciones y los constantes escándalos de presuntos actos de corrupción cometidos por representantes de esa agrupación política. En este esenario, también resulta posible afirmar que los números no le auguran a los verdiblancos una empresa fácil. Las elecciones nacionales del 2018 requerirán, como mínimo, un 40% de los votos válidos para obtener la Presidencia y atomización de partidos políticos y consecuentes apoyos electorales no son precisamente elementos que le faciliten la tarea. 

En tercer lugar tenemos la pérdida de apoyos para partidos que parecían, en su momento, ser opciones para un cambio del statu quo. Hablamos del Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y del Movimiento Libertario, cuyos resultados sugieren que su oportunidad para hacer las cosas diferentes comienza a esfumarse. En el caso del primero, ganar la Presidencia ha sido lo peor que le pudo pasar, pues demostró que no tenía el equipo ni la capacidad para cumplir las promesas de campaña y difícilmente logre contar con el apoyo y la confianza de los costarricenses en el futuro. Por su parte, los frenteamplistas, que pintaban como una fuerza en franco crecimiento -que le llevó a obtener 9 escaños en la Asamblea Legislativa en 2014- y tenían altas expectativas de alcanzar alcaldías en muchos cantones, terminaron siendo, por suerte, una gran decepción. A excepción de los barveños, los demás municipios sin duda celebrarán no ser víctima de la parálisis y la perversión comunista. Finalmente, el Movimiento Libertario confirmó lo que se sabía desde el pasado proceso electoral: su muerte. Los escándalos de corrupción en los que han estado ligados, en apariencia, miembros de ese partido así como el pésimo desempeño de la mayoría de los Diputados del periodo 2010-2014 y la todavía peor escogencia de candidatos para el 2014 en la mayoría de provincias, junto con la desgastada presencia de Otto Guevara, cuya credibilidad ha caído en picada, demuestran que la libertad se ha quedado sin casa definitivamente y deberá buscar otra bandera que la represente.

Como cuarta conclusión vale destacar el caso del Partido Nueva Generación. Pasó de ser una agrupación completamente desconocida, con una organización artesanal y sin recursos considerables, a convertirse en la sorpresa de este proceso. Obtuvo 4 alcaldías, decenas de regidores y parece que si sus líderes manejan bien las cosas, podría erigirse como una opción interesante a futuro. Su reto sin duda es motivar a la gente que no ha participado antes en política u ocupado puestos de poder en anteriores periodos a dejar la desidia a un lado y meterse de lleno en la política y en lo político. Asimismo, debe cuidar que en su intento de crecimiento, los valores originales no se prostituyan y evitar que figuras cuestionadas de otros partidos lo utilicen como refugio electoral, pasándole por encima a las personas que han estado desde el principio y no tienen "rabo que le majen", al tiempo que desencante a los electores al ver que son los mismos de siempre pero con otros colores. 

Finalmente queremos cerrar con el atípico caso de Johnny Araya. El político josefino, que parecía acabado después del fracaso electoral de 2014 con el PLN y con renuncia incluida, dio una gran sorpresa en el cantón central de nuestra capital. Nadie daba un centavo por él y terminó aplastando a sus competidores, lo que refleja la fuerza que mantiene su nombre entre los votantes de ese lugar, a pesar del desorden y de la basura que han infestado a la ciudad. Lamentablemente, cuando la gente no quiere cambiar, ni los desastres que caracterizan a San José los pueden hacer entrar en razón.

En fin, queda mucha tela por cortar y mucha discusión que dar, pero no pretendemos zanjar el debate acá. El tiempo nos dirá qué más se puede sacar de lo que vivimos hace una  semana.

Tema polémico: La Alianza del FAC

Recientemente ha trascendido a los costarricenses la decisión que tomaron los Comités Ejecutivos del Partido Frente Amplio y Partido Acción Ciudadana, de unirse para las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016,  autorizando la negociación de candidaturas conjuntas en los 81 cantones del país, ya sea mediante alianzas o coaliciones.

Los principales dirigentes de ambas agrupaciones políticas han reconocido la coincidencia de agendas y valores que los distinguen. En palabras de la presidente y diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, “Somos compañeros de luchas y además compartimos los principios éticos, por lo cual todos sus candidatos cuentan con nuestra confianza”. Ya lo advertía ‘Beto’ Cañas, cuando señalaba que en el PAC se habían infiltrado grupos chavistas, que tienen en el Frente Amplio su hogar. Para verdades el tiempo.

Así, los costarricenses que estamos advertidos de cara a las próximas elecciones municipales. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra. No podemos permitir que el error de elegir al PAC para presidir al gobierno se multiplique en 81 municipios. Tampoco debemos ignorar cómo el Frente Amplio busca desarrollar alianzas con partidos locales, para conquistar el mayor número de alcaldías posibles.

Los costarricenses debemos entender que cualquier puesto de alcalde, vicealcalde, regidor, síndico o concejal de distrito en manos de esta alianza representará un obstáculo al desarrollo local, un lastre para el emprendedurismo y una piedra en el zapato para los pobladores de su cantón.

¿Imaginan ustedes la cantidad de obstáculos e influencias que movería un alcalde del FAC (Frente Amplio+PAC) para impedir los permisos municipales para la construcción de un desarrollo en las zonas costeras del país? ¿Ven ustedes a algún representante del FAC facilitando la creación de empresas generadoras de empleo en su entorno local?

En momentos en los que el país requiere facilitar la creación de nuevas fuentes de empleo nacional o extranjera, otorgar espacios de poder a grupos políticos contrarios al desarrollo socioeconómico representa un suicidio económico.

Tema Polémico: Por la boca muere el pez

Todos recordamos el famoso grito de guerra de la campaña electoral del Presi: ¡Con Costa Rica no se juega! Pero a menos de un año de Gobierno, cualquier observador cauto y medianamente objetivo se podrá haber dado cuenta que este Gobierno además de ser un puro vacilón, forma parte de lo que en campaña se denominó, como: “más de lo mismo” o “los mismos de siempre”. Es decir, no solamente no hemos visto ningún avance importante, sino que han aparecido viejas “prácticas” que supuestamente quedarían erradicadas de la función pública una vez que los militantes del PAC accedieran al poder (¡que ingenuidad!). En este sentido, en las últimas semanas han acontecido dos eventos que muestran a la perfección lo aquí afirmado, veamos:

El primero de ellos fue el escándalo Soley, lo cierto del caso es que sin importar las consideraciones de fondo que cada uno de nosotros pueda efectuar sobre este evento, lo cierto es que el Ejecutivo no mostró ser la “Casa de Cristal” que había prometido el Presi al inicio de su mandato. Durante todas estas semanas, se instauró un silencio sepulcral en Casa Presidencial, y cada vez que se hizo referencia al tema se hizo de forma confusa y sospechosa.

El segundo hecho refiere a la noticia publicada el día de ayer en el periódico La Nación, en donde se denuncia que las embajadas en este gobierno han sido adjudicadas bajo la más vil forma de botín político, alejado de todo parámetro de objetividad y meritocracia. Supuestamente este modus operandi también desaparecería por arte de magia gracias a la ética PAC.

Sin duda alguna el inicio de este Gobierno ha sido una total decepción, pero antes de señalar culpables, lo mejor que podemos hacer es que cada uno de nosotros realice su mea culpa y se pregunte así mismo si se dejó seducir por los cantos de sirena del Presi, en su versión de rutas de la alegría, mejengas y marchas con perritos. No podemos olvidar que el Presi no llegó solo…

Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.

La columna de Carlos Federico Smith: otro subsidio innecesario

Ya el gobierno, como si no tuviera suficientes problemas y como si careciera de formas en las cuales usar eficientemente el dinero escaso de los costarricenses, nos anuncia que buscará un plan para subsidiar las primas de los seguros en el sector agrícola. 

Es sabido que actualmente diversas leyes obligan al Instituto Nacional de (INS) a ofrecer un seguro de cosechas al costo (única empresa que ofrece seguros agrícolas), pero, entre el 2010 y el 2013, el INS pagó por indemnizaciones un monto superior a lo que recibió por sus primas por un valor estimado de ₡185 millones. La Superintendencia General de Seguros (SUGESE), indicó que “no ve aún con preocupación el resultado, pues los seguros agrícolas representan poco dentro del resultado del INS.” Afortunadamente, agrego yo, pues, ¿se imaginan si el subsidio fuera aún mayor?

Simplemente la entidad aseguradora, para no entrar en problemas financieros, tendría que aumentar los precios de las primas en otros seguros y eso, en el régimen de competencia actual, significaría grandes dificultades para poder tener éxito, por la dificultad de mantener su cartera actual de otros seguros, que se verían encarecidos artificialmente para subsidiar a los agrícolas.

Pero, tal como informa La Nación en un artículo titulado “Seguros agrícolas tienen déficit en últimos 4 años: INS asegura que la ley lo obliga a ofrecer coberturas para las cosechas”, del día 3 de octubre de este año, la SUGESE “reconoció que con la alta cantidad de siniestros en los últimos años, las primas se elevan al período siguiente. Eso genera que menos productores acudan a las coberturas debido al costo.”

De inmediato, el gobierno planteó la solución fácil, usual, similar a cuanto caso se le presentan de afecciones a los grupos de poder: “El viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, explicó que la meta es subsidiar la prima no solo a los arroceros, sino también a otros agricultores”, porque “de ese aumento en las primas surgió la idea del Gobierno y del sector arrocero (principal usuario del seguro de cosechas) de subsidiar los montos a los agricultores”. 

Tanto que se podría decir aquí, pero voy a resumir algunos pocos comentarios: (1) Un subsidio mayor a los arroceros es un crimen contra los costarricenses: el subsidio actual que la sociedad le otorga a ese gremio ya es multimillonario y, no en colones, sino que en su equivalente en dólares el subsidio es más que millonario. Este surge por el sobreprecio que tiene que pagar el consumidor nacional por el arroz y en una mayor proporción los consumidores de ingresos relativamente más bajos. (2) Seguro que por la vergüenza, que en algún grado debe darle a esos políticos cuando favorecen a grupos ya altamente protegidos, disimulan su aumento diciéndonos que la medida la toman para también proteger al resto de productores nacionales. Pero ya sabemos que esa motivación es para lograr que, quienes hoy son los usuarios mayoritarios del seguro de cosechas subsidiados, sean aún más favorecidos y esos son precisamente los arroceros. (3) El que muchos del gremio arrocero hayan contribuido para que la elección recién pasada fuera ganada por el PAC, fue algo que los ciudadanos pudimos darnos cuenta y por eso nos tiene que molestar esa especie de retribución o compensación politiquera que ahora se les quiere hacer. 

Lo bueno (y veremos de inmediato la “genial” propuesta para resolver el intríngulis) es que el gobierno reconoce que no hay suficientes recursos gubernamentales para dar dicho subsidio a todos los agricultores. “Por eso”, señala La Nación, “se buscan fuentes y una de ellas sería un impuesto mínimo a las exportaciones costarricenses”. 

Genial he dicho porque poner un impuesto a las exportaciones para subsidiar el costo del seguro de cosechas, tiene que ser el producto de un redomado cerebro burocrático. Veamos un dato: las exportaciones totales del país en el 2013 fueron de $11.543.1 millones; de ellas, $2.447.9 fueron clasificadas como exportaciones agrícolas; esto es, un 21.2% del total de exportaciones. Si imaginamos que, para pagar ese subsidio al seguro del sector agrícola, se introduce ese absurdo de gravar las exportaciones -según dice que hará el gobierno- tal vez sea suficiente si se le aplica un impuesto a estas exportaciones del sector que se pretende favorecer. Eso parecería ser más lógico, que poner un gravamen a todas las exportaciones del país. Si estimamos un tipo de cambio de un $ igual a ₡500, la exportación agrícola total exportada por el país en 2013 sería de ₡1.223.950 millones y un “impuestico” ad valorem a esas exportaciones de sólo un 1 por cada mil, daría más que suficiente para pagar el subsidio y hasta para duplicar el sueldo de toda la burocracia encargada de administrar el nuevo programa estatal. ¡Quiero ver que se imponga un gravamen a los exportadores agrícolas para subsidiar a los sobreprotegidos productores de arroz doméstico, entre otros productores menores!

Esa tontera sólo se le puede ocurrir a alguien quien nunca en su vida ha participado en un mercado de exportación, en el cual, cualquier aumento en los costos de un producto, lo pone fuera de circulación. Pero, tal vez, el argumento estatal es por simple ideología: hay que “fregar” a esos agricultores exportadores con el impuesto propuesto (tan sólo ese, por el momento; el estado nunca sabe cuándo termina de poner impuestos) pues, después de todo, su éxito se debe al “neoliberalismo” y no a la eficiencia que han podido lograr tener, compitiendo en los mercados internacionales.

Por eso, dado el reporte de La Nación, no se hizo esperar el rechazo contundente de los exportadores, tanto en lo general, como de los bienes agrícolas del país, que me parece que casi lo resumió bien el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, don Juan Rafael Lizano, cuando dijo que “el productor va a competir contra países que no cobran impuestos a la exportación”, pero no es sólo contra países, sino que se compite contra cada uno de los exportadores de cualquier nación del mundo. Y lo peor es que los recursos se usarían para subsidiar principalmente a “cinco” multimillonarios productores nacionales del arroz, subsidiados hasta más no poder a costas de todos nosotros, pagados los ya sufridos consumidores del país. De eso se trata este nuevo olio. 

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: La realidad no entiende de ideologías

Cualquiera que siga este espacio de opinión sabrá bien que no somos seguidores de Ottón Solís. Sin embargo el mínimo de decencia y honestidad intelectual hacen imposible no reconocer la importante labor que ha emprendido como Presidente de la Comisión de Hacendarios.

El Diputado Solís se ha avocado la titánica tarea de recortar el gasto superfluo del presupuesto de la República para el año 2015. Desafortundadamente, ahora que se está en el poder algunos de sus compañeros no ven como superfluo lo que antes lo era. Además, esta valiente postura ya ha ocasionado que ciertos incautos acusen al señor Solís de “enemigo de los trabajadores” o “neoliberal”.

Evidentemente acá no se trata de ser enemigos de nadie o cosa por el estilo, sino simple y llanamente de realismo puro. Esta discusión no se encuentra en el ámbito valorativo, sino descriptico, es decir, no se trata de preguntarnos si queremos más o menos privilegios y gasto en el sector público, sino si podemos seguir bajo el estado de cosas actual. En este sentido, en ASOJOD creemos dos obviedades muy básicas (desgraciadamente vivimos en tiempos en donde es necesario decir lo obvio), a saber: a) todo gasto ordinario debe encontrarse debidamente financiado por ingresos ordinarios, y b) en tiempos de déficit fiscal se debe recortar el presupuesto y no aumentarlo.

Lamentablemente, en nuestro país tenemos el gran pecado de efectuar los debates de los grandes temas de políticas públicas, a través de meras etiquetas y de lo que los norteamericanos llaman “name calling”. Resulta imperioso, evitar estos malos hábitos discursivos y argumentativos, para que así podamos de una vez por todas entrarle en serio a los graves problemas que nos aquejan, de lo contrario más pronto que tarde sufriremos las consecuencias de tanta ideología de cafetín. 

Tema Polémico: La casa de cristal se empaña

En teoría, uno de los principales atractivos de votar por el PAC era que se tendría un viraje importante respecto a los temas de transparencia y ética en la gestión pública. En este sentido, el Presidente de los simbolismos ordenó cortar los arbustos de Casa Presidencial, para que los ciudadanos pudiéramos observar lo que ocurría en la “Casa de Cristal”. Ahora bien, ciertas acciones de su Gobierno nos hacen pensar que la cacareada “Casa de Cristal” se empieza a empañar, veamos:

La primera metida de pata del “Presi” fue que indicó que su “hermano” (¡que clase de familia!) Mariano Figueres no ocuparía ningún cargo dentro de su Gobierno, pero rápidamente se desdijo y nos recetó a dicho personaje como Director de la DIS a pesar de no contar con experiencia notable alguna para ocupar dicho puesto. ¿Nos engañó el Presidente?

Siguiendo con Mariano, otro escándalo que se ha producido es que su compañera sentimental fue nombrada como Viceministra del MEIC. ¿Argolla política?

Seguimos con otro de los colaboradores más cercanos del “Presi”, el Obispo Melvin Jiménez.  En lo que se refiere a este punto, debemos destacar que el Gobierno de la República aprovechó su primera posibilidad de convocar proyectos de ley, para incluir una ampliación del subsidio estatal a otras religiones distintas a la Católica, dentro de las cuales se verá beneficiada la Iglesia del Ministro de la Presidencia. Imaginemos que en el mejor de los escenarios, no exista un interés personal en ese Proyecto, pero aún así sería gravísimo retroceder todavía más en este tema, es decir, nuestro país debería avanzar hacia un Estado laico, y no hacia un Estado “multiconfesional”.

Como si todo esto no fuera poco, además encontramos el caso de Iván Barrantes, un “asesor ad honoren”, quien mantenía su práctica profesional con otros clientes de índole privado. ¿Conflictos de intereses, información privilegiada, etc? Al menos aquí el Presidente enmendó la plana, pero sin duda alguna preocupa que clase de compás moral posee él mandatario al no haber visto problema alguno con esta situación.

Para terminar, no podemos olvidar la frase de lujo que nos dejó el propio “Presi”: “Los principios éticos del PAC fueron pensados desde la oposición”, es decir, los principios éticos son meros instrumentos que se utilizan desde la oposición para criticar a quienes se encuentran en el poder, y mostrarse como angelitos ante la opinión pública para ser electos, pero una vez electos los principios no sirven ya que simple y llanamente estorban.

Este primer mes del PAC, lo único que comprueba es lo acertado que se encontraba Popper cuando advertía que la política no se trata de elegir a los mejores, o a los más impolutos, etc, sino de formar un marco institucional determinado que incluso cuando lleguen los peores, estos hagan el menor daño posible. Si por la víspera se saca el día el PAC hará mucho daño.

Tema polémico: La política del selfie

Durante la campaña política se nos presentó una imagen un tanto distorsionada del “Presi”. Se nos decía que era un gran académico, un tipo serio, que conocía los problemas del país, y que tenía las soluciones adecuadas para resolverlos.

Al día de hoy sabemos que nada de esto era cierto. Con tan sólo tres meses de (des)Gobierno, nos hemos percatado que el “Presi” es sólo imagen, y poca sustancia. Sus acciones más importantes no han pasado de ser un simbolismo absolutamente hueco: a) la corta de árboles de Casa Presidencial, b) izar la bandera de la diversidad, c) salir a saludar a los vecinos de zapote , d) celebrar en el Puente de la Hispanidad los triunfos de la Sele, y e) su último gran gazapo: hacerse pasar por el Profesor Jirafales en el programade 7 Días.

A contrario sensu, lo que verdaderamente importa: las políticas públicas, no aparecen por ningún lado. Su Ministro estrella –Melvin Jiménez- llegó incluso a indicar que desconocían que el Gobierno de la República no eraquien fijaba las tarifas de los servicios públicos. Igualmente, después de perjurar en campaña que tenía las soluciones para atacar nuestros problemas energéticos, ahora resulta que requiere conformar unacomisión que estudie este tema por los próximos 18 meses, ¿no era que el Presi se las sabía todas? Así, los problemas medulares de nuestro país se encuentran totalmente abandonados, ya que pareciera que el verdadero oficio del “Presi” son los selfies, los tweets, y el autobombo de las redes sociales.

La figura de Luis Guillermo Solís presenta muchas analogías con la de Barack Obama. Ambos candidatos accedieron a la presidencia a través de una plataforma de cambio (¿qué cambio?), y sobre todo gracias a un manejo intensivo de las redes sociales. Ya han pasado seis años con la Presidencia de Obama, y lo único cierto es que sus grandes promesas resultaron ser absolutamente falsas (cierre de Guantánamo, respeto a los derechos y libertades civiles, control del déficit, crecimiento de la economía, etc). Sospechamos que algo muy similar ocurrirá con el gobierno del “Presi”.

Ahora bien, toda este circo en el que se encuentra inmerso nuestro país, no se lo podemos achacar únicamente a los payasos que montan el espectáculo, sino que principalmente es culpa de los espectadores que fielmente pagan la entrada de cada función, es decir, del electorado incauto que pareciera que nunca es capaz de darse cuenta cuando el “rey está desnudo”.

Este fenómeno político, nos parece que puede ser explicado culturalmente. El presente año un columnista y comentarista norteamericano llamado Greg Gutffeld, publicó su libro “Not Cool”. En el mismo intenta explicar como hoy en día los juicios de valor de “bueno” o “malo” han sido sustituidos por determinar si algo es “cool” o no, lo que importa es la superficie, la apariencia, no la sustancia. Tropicalizando esta afirmación, podríamos decir que a nuestros electores lo que les interesa es si el candidato de turno es “pura vida” o no,  ¡que importan sus políticas públicas! Nos encontramos como bien dice Vargas Llosa en la civilización del espectáculo, por ello nuestra política cada vez se parece más a un reality show.

Sin duda alguna el panorama en estos primeros tres meses de Gobierno no resulta nada alentador. Es necesario que se haga un viraje de ciento ochenta grados en el rumbo que lleva esta administración. Al día de hoy no se conoce ningún pueblo que alcanzara el desarrollo a través de “posts, selfies y tweets”.