La columna de Carlos Federico Smith: zonas francas y empleo en el país

Francamente no he logrado entender las quejas que suelen aparecer en redes acerca de la actividad económica de las zonas francas, quejas que destacan que las empresas ubicadas al amparo de las leyes de zonas francas, no pagan impuestos al país.

De hecho, las empresas que se instalan en las zonas francas “están exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, a las importaciones, a la propiedad, municipales, ventas a las compras locales de bienes y sobre la repatriación de utilidades,” según indica La Nación en su artículo del 14 de diciembre, titulado “Zona franca aporta el 12% del empleo del sector privado.” 

La razón por la que no pagan esos impuestos se debe a que las firmas de zonas francas producen bienes que, en esencia, se dirigen hacia el mercado internacional, en donde las condiciones de competencia exigen que las empresas no puedan competir si han de pagar esos impuestos, comparadas con otras del resto del mundo que, cuando exportan gozando de circunstancias tributarias como las indicadas en el caso nacional. Se les exime pues la competencia mundial no tiene que pagar gravámenes como esos, lo que les daría una ventaja comparativa frente a empresas ubicadas en el país y con las cuales compiten, y que, alternativamente, tendrían mayores costos por los impuestos citados.

Esa exoneración no se aplica cuando el producto de zona franca se vende en el país, usualmente parte muy pequeña de la producción de esas firmas. En tal caso, lo vendido en el país paga impuestos como si fuera una importación proveniente de una exportación de cualquier otro país del mundo.

Lo que no se suele decir es que, por ejemplo, los sueldos y salarios, así como las cargas sociales a los trabajadores de esas firmas de zonas francas, pagan los mismos impuestos y las mismas tasas que las correspondientes a cualquier otro ciudadano que trabaje en otra parte del país. Algunos datos al respecto provienen del informe Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica (base del artículo de La Nación antes referido): los salarios pagados en el 2018 ascendieron a “$2.147 millones (¢1.300 miles de millones).” Por su parte, las contribuciones a la Caja en ese año “fueron de $508 millones (¢321.552 millones)” y para el INA, “$32 millones (¢19.488 millones). Se ha estimado que, por cada dólar eximido de impuestos, las empresas de zonas francas dan lugar a 6.2 dólares que se quedan en el país.

Por supuesto, los trabajadores no sólo pagan impuestos personales sobre la renta, sino también impuestos de ventas, consumo, marchamos, municipales, toda la parafernalia impositiva con la que nos cargan a nosotros los ciudadanos ordinarios. Todo eso lo ignoran aquellos críticos de las zonas francas que mencioné.

Pero hay más. Es notorio el serio problema de empleo que estamos viviendo los costarricenses, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo. Lo que debo destacar es que, en muchas ocasiones, cuando uno lee en un medio o escucha en un programa de noticias de televisión, que una empresa en estos días aumenta o genera nuevo empleo, casi que, sin duda, se trata de una empresa de zona franca. Mi hipótesis es que, la única diferencia esencial -o posiblemente la más significativa- que hay entre una empresa que opera fuera de zonas francas (aquí extrañamente llamadas empresas del régimen definitivo), y las firmas de zonas francas, es la exoneración a estas de tales impuestos.

Pienso que, si lo que queremos es que las empresas generen empleo, que haya inversión privada interna, tanto como la externa, que exista mayor demanda de trabajo formal (no el subterráneo que crece cada vez más), es necesario pensar seriamente en revisar el oneroso sistema impositivo a las empresas ubicadas fuera de zonas francas o, mejor aún, que todo el país se convierta, en lo impositivo, lo más cercano posible a una zona franca.

Noten que las 375 empresas de zonas francas aportaron, en el 2018, empleo para un 12% del total del empleo formal del sector privado. Exactamente, 115.161 trabajos directos y 57.411 de empleos indirectos. De ese empleo directo, un 42% fue de mujeres y las empresas de servicios demandaron un 60% de ese empleo directo.

El hecho es que hoy la demanda de trabajo sigue creciendo en zonas francas, mientras que, fuera de ellas, está relativamente estancado. Un gobierno que considere políticas apropiadas para generar empleo para la fuerza de trabajo doméstica, debería adoptar prácticas exitosas para todo el país, como son las de zonas francas.





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la realidad ante las pensiones de la Caja

Trataré de no ser muy complicado en un tema que tiene ribetes de serlo, como es el caso del principal sistema de pensiones del país, el IVM de la Caja de Seguro Social.
 

Para empezar, empiezo por explicar que el actual IVM es un sistema de pensiones llamado de reparto, lo que quiere decir que la pensión que terminará recibiendo la persona no depende de sus propias contribuciones al sistema, sino de los aportes de otros. Esto es, lo que hoy algunos están recibiendo por pensiones es cubierto por el aporte que hoy están haciendo trabajadores, empresas y ciudadanos, en general, por medio del estado. Eso es igual a como en el pasado también lo hicieron los actuales pensionados, que aportaron por muchos años para sufragar las pensiones de los pensionados de aquel entonces.
 

De ello surgen varios problemas, entre otros, que aparecen mencionados en un artículo de La Nación del 17 de diciembre del 2018, titulado “CCSS evalúa reducir monto de nuevas pensiones por vejez.” Me referiré a algunos de esos problemas.
 

Cuando se instauró el sistema de pensiones del IVM, la esperanza de vida de las personas en el país podría andar por ahí de los 55 años, más o menos. (Note que estos datos que menciono son aproximados y obtenidos de diversas fuentes: su exactitud no es un obstáculo para para explicar la idea). Conceptualmente, en ese sistema el trabajador aportaba más o menos durante 30 años de su trabajo y se pensionaba, si era hombre, a los 60 años y, si era mujer, a una menor edad, lo cual, de hecho, es discriminatorio. En todo caso, se consideraba que el trabajador viviría poco tiempo como pensionado, dada la baja esperanza de vida de ese entonces.
 

Afortunadamente, la sociedad costarricense se ha beneficiado mucho con el avance de la medicina y el cuidado de la salud: hoy un hombre esperaría vivir en unos 78 años y una mujer 83, dando una esperanza de vida promedio del costarricense de alrededor de 81 años. Y, dado que la edad promedio para pensionarse en el IVM en la actualidad es de 65 años para los hombres y de 60 las mujeres, eso significaría que hoy los hombres esperarían vivir 13 años como pensionados y las mujeres 23 años (de nuevo, sigue la discriminación contra el hombre, pues vive menos años como pensionado y, más bien, cotiza por más años de vida laboral). En todo caso, hombre o mujer, conforme pasa el tiempo los costarricenses viven más años como pensionados.
 

Este efecto demográfico ha significado que, en diversas ocasiones de existencia del IVM. se haya tenido que aumentar la edad laboral (años de cotizaciones) y la edad para pensionarse, a fin de enfrentar pensiones más duraderas.
 

Hay otro problema más que debemos tener en cuenta y es el tamaño de la población que aporta cada año al IVM, con respecto a la población que se pensiona cada año. Recuerden que la población trabajadora actual paga las pensiones de los pensionados ya existentes y que los primeros recibirán su pensión con el aporte de las generaciones que en ese momento estarán trabajando.
 

Leía hace poco, en un artículo sobre la situación actual en Francia (“Arde París”) que una de las serias inquietudes de los franceses era el futuro de sus pensiones -allá, igual que aquí, hay un sistema de reparto, Dado que, como cada generación paga por la pensión de la generación previa, se supone que ese país debería tener “como mínimo, una tasa de nacimientos con un nivel de reemplazo de 2.1 hijos por cada mujer.” Pero al momento, ese número necesario para su reproducción en Francia “está acercándose a 1.88,” a lo que se une que en ese país los costos altos de sus programas de bienestar hacen que la población de muchos hogares, “reduce la voluntad de… tener más de dos hijos. Simplemente no pueden mantenerlos.” Pensemos si no está pasando algo igual en el país como lo indican los datos de cada vez menos hijos por familia y que las parejas se casan a mayor edad que antes.
 

El nivel de reemplazo de nuestro país fue de 1.67 en el 2017, “bastante por debajo de los 2.10 del nivel de reemplazo,” según señaló el destacado estudioso de la demografía nacional, don Luis Rosero Bixby, de la Universidad de Costa Rica. En dos palabras, no se está sosteniendo el reemplazo intergeneracional necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones del IVM.
 

Esto va acorde con lo que señala el medio citado acerca de un estudio actuarial del fondo de reservas del IVM: en el 2032 “comenzará a consumir sus reservas, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones, y que se agotará en el 2038.” Aunque a algunos les podría parecer que “falta mucho rato para que se agote,” sería un grave error no actuar ahora, a tiempo, como bien lo podría explicar cualquier actuario. Se deben tomar ya medidas, si se quiere que continúe el actual régimen de repartición de la Caja y sin que haya daños sumamente graves.
 

Entre las soluciones que la Caja está considerando están las siguientes: (1) reducir el monto de la pensión por vejez, que hoy es del 60% del salario promedio de referencia, a uno del 55%, para pensiones del futuro; (2) hoy la pensión más baja no puede ser menor al 50% del salario mínimo y se propone reducirla al 40%, para los pensionados futuros y (3) que la cotización de las tres partes (trabajador, empleado y estado) ya definida para que aumente del 10.16% actual  a un 10.66 en el 2020, se adelante para el 2019.
 

No obstante, la información que presenta el medio es confusa, pues, según un cuadro adjunto a dicha publicación, se señala que, como se explicó en el punto 3 arriba, el aumento en la cotización tripartita pasaría de un 10.16% a un 10.66% en el 2019 en vez del 2020. Pero, por otra parte, en el texto señala lo siguiente: “Con el cambio, los trabajadores cotizarán 3.84% en vez del 2.84% actual; los patronos, 5.25% en vez de 5.08%; y el Estado, 1.41% del 1.24%.” Si sumamos esos tres partícipes de la contribución tripartita actual, nos da un 9.16% (y en el cuadro se lee que se sube del 10.16% actual), lo que la elevaría a un 10.50% (1% más del aporte del trabajador; un 0.17% del patrono y otro 0.17% del Estado) en el 2020.
 

Este es un breve resumen de algunos de los problemas que encara en el futuro el actual sistema de pensiones del IVM. Sólo digo que la realidad es inevitable y que, tal como están las cosas, el sistema de pensiones actual es inviable a cierto plazo y que, si se desea conservarlo, son inevitables reformas como las señaladas y pronto.



Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: viva la diferencia

Estoy casi seguro que una enorme cantidad de jóvenes que han acudido a esas actividades en donde se reciben solicitudes de empleo para trabajar en la empresa privada, se da cuenta de que, ante lo limitado que suele ser el curriculum, quien le entrevista para el trabajo o le hace allí una evaluación si la labor por realizar no es compleja o, bien, si parece ser interesante, luego en la empresa o en la oficina reclutadora se le valoran los conocimientos, experiencias, aptitudes, inteligencia y similares, antes de contratársele. Ese es el comportamiento lógico, usual, cuando una empresa quiere contratar a alguien para que labore a cambio de un sueldo. En esencia, quien le contrata estará dispuesto a pagarle un salario en función de aquellos atributos, empezando porque los salarios saldrán de una persona específica de la empresa: el dueño o sus dueños, quienes buscarán hacer el mejor uso de su dinero escaso.

Veamos ahora lo que señala el Estado de la Educación, en su informe “Costa Rica: El estado de políticas públicas docentes,” que aparece citado como una fuente original para el artículo de La Nación del 17 de agosto, titulado “Servicio Civil recluta maestros sin evaluar sus conocimientos.” Dice el Estado de la Educación: “Ni la vocación del educador, ni sus habilidades sociales, conocimiento y prácticas en el aula son tomados en cuenta para su selección. El modelo de contratación no ha evolucionado al ritmo de otras reformas, ni según con nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como tampoco lo han hecho los filtros de ingreso a las carreras de Educación.” 

En sencillo, como dice el medio, lo que se pide es “tener un título y estar afiliado al colegio profesional respectivo.” Obviamente algo ridículo, oneroso, irresponsable y causal potencial de un grave daño a los estudiantes. Sabemos que hay diversidad de calidades en títulos y el ridículo contractual es que esa misma Dirección del Servicio Civil, ajusta puntos para la calificación de un puntaje, si presenta otros títulos que incluso no tienen relación alguna con la carrera docente que se espera llenar.

Y la exigencia de estar colegiado es otro abuso a la inteligencia, pues para que usted pueda traer maestros del exterior ahora sólo podrían dar clases si son colegiados (no es nada raro que se les ofrezca colegiación honoraria, pero tal, vez, eso sí, pagando las cuotas del colegio…). No colegiados como Sócrates, Platón o Aristóteles, o, más modernamente en nuestra Universidad de Costa Rica, profesores españoles como don Constantino Láscaris o don Teodoro Olarte o don Francisco Álvarez, así como John De Abate o el guatemalteco Salvador Aguado, todos de la segunda mitad del siglo pasado, no podría ser maestros. Todo un abuso evidente a la inteligencia.

Pero, el Servicio Civil no ve si los maestros que contratan para las escuelas públicas, por supuesto pagados por todos nosotros, tienen vocación, conocimiento o habilidades para el cargo. Ello, a pesar de que desde el 2012, una vez más como con otras cosas de nuestra folclórica burocracia, la Sala Constitucional había ordenado que el Servicio Civil aplicara “pruebas de conocimiento a los oferentes en concursos públicos y establecía un período para evaluar aspectos de razonamiento verbal y numérico, así como conocimientos científicos relacionados al ámbito profesional respectivo.”

El informe agrega aún más, pues el Ministerio de Educación Pública, señala el medio, “no cuenta con programas de inducción para los nuevos docentes [¿entran directo a dar las clases?], ni tiene un sistema de evaluación del desempeño… (ni) ofrece capacitación continua que supla carencias de una formación inicial.” Estamos bien jodidos… y todavía así, recientemente, el MEP envió ¢15.000 millones de sus recursos para financiar la educación superior del estado (FEES) y, obviamente, no en ignorancia de esta enorme debilidad de la educación básica de nuestro país.

Pero, no hay problema. ¿Se acuerdan de los pluses en el gobierno? ¿Particularmente de aquel relacionado con la calificación del desempeño de los docentes para efectos de aumentos salariales? Pues bien, aun cuando casi no hay requisitos de calidad para ser contratado como maestro (sólo el título y la membresía en el colegio profesional correspondiente), “En la última evaluación de desempeño hecha en el 2016 [como que ya ni eso se hace], de 63.429 docentes del MEP, cuatro fueron calificados con desempeño ‘inaceptable’; 18 con ‘insuficiente’, 1.308 con ‘bueno’ y 1.349 con ‘muy bueno’. El resto, 60.750, fueron ‘excelentes.’” No hay palabras, casi todos (96%) son excelentes. Ya entiendo la razón por la cual actualmente no se hace una evaluación del desempeño de los maestros: casi todos son una maravilla, de manera que, ¿para qué perder el tiempo evaluándolos?

Voy a marchar para eliminar esta evaluación que otorga el plus por desempeño, pues es una injusticia social que ese 4% restante no reciba esos aumentos pagados por todos los ciudadanos. ¡Hasta que duele el alma!

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: secuencia relativamente resumida del déficit gubernamental de los últimos años

Es interesante el análisis resumido que hace La Nación del 3 de agosto en su artículo “El coctel que llevó al Gobierno a su actual crisis económica,” que desde el 2018 presenta un déficit primario; esto es, el último año en que el gobierno gastó menos que lo que recibe de ingresos, excluyendo el gasto por el pago de intereses. Esto equivale al ahorro del gobierno sin tomar en cuenta el pago de intereses por la deuda pública. 

Prefiero tener una idea del déficit total del gobierno, resultado de la comparación del total de ingresos percibidos menos el gasto total, incluyendo el pago de intereses, pues da una idea, en mi opinión, más apropiada del ahorro efectivo del gobierno. Después de todo, los intereses de la deuda pública se deben pagar, al igual que muchos otros gastos corrientes.  

En todo caso, en el 2008 el país tuvo un superávit primario (más ingresos que gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 2.4% del PIB y ya en el 2017 el país tenía un déficit primario (más gastos que ingresos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 3% del PIB. El superávit financiero con respeto al PIB en el 2008 (que incluye intereses) fue de un 0.2% del PIB y ya para el 2017 el déficit financiero ascendió a un 6.2 y “amenaza con superar el 7.2% este año.” (Debo hacer notar que el artículo de La Nación consigna erradamente los datos del 2008, pues dice que el superávit primario fue de un 0.2%, cuando esa cifra corresponde al superávit financiero). 

Señala el artículo citado que “Según la Contraloría [en su Memoria Anual del 2017] el superávit del 2008 fue el resultado del aumento en la recaudación de impuestos y de la contención del gasto público que se practicó a inicios de los años 2000.” Pero, ya en el 2009 la cosa cambió debido esencialmente a dos factores: la caída de ingresos tributarios por la crisis económica mundial y un aumento de los gastos durante la administración Arias (recordemos al Plan Escudo). 

La Contraloría dice que el gasto “aumentó, principalmente por un alza en los salarios, atribuible a que el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales del Servicio Civil que pretendía llevar a un sitial intermedio las escalas del sector público (percentil 50) y continúa aumentando de manera inercial.” 

Según la Contraloría, el crecimiento inercial del gasto gubernamental se debe a varias razones: (1) “la gran cantidad de instituciones -330 en total- que trabajan gracias a” las transferencias del Gobierno Central a sus presupuestos; (2) que muchas instituciones que reciben esas transferencias se dan por leyes que obligan al Gobierno a hacerlas, como es el caso del Fondo Especial para la Educación Superior, que obliga al Gobierno Central a transferir el 8% del PIB a las universidades públicas; (3) los salarios y los pluses. “En promedio, para el período 2012-2017, los incentivos crecieron a una tasa del 6.3% en comparación al 5.2% promedio de las remuneraciones básicas,” cita el medio a la Contraloría (y obviamente el conjunto de ambos -salarios base y pluses- aumenta significativamente las remuneraciones totales).  

Por su parte, del lado de los ingresos, según el artículo de La Nación, la Contraloría señala que “las exoneraciones y la evasión fiscal son significativas,” y menciona que “en el 2015, los impuestos que se dejaron de cobrar por un tratamiento tributario diferenciado fue equivalente a un 5.34% del PIB,” lo cual me parece que es resultado de estimaciones de evitaciones legales, como, por ejemplo, las exoneraciones a insumos para bienes exportados, que son permitidas y usuales en sistemas impositivos para mantener la competitividad externa de la producción doméstica, así como de evasiones, que son ilegales y responsabilidad del Ministerio de Hacienda por su recaudación (me imagino que esto incluye a los contrabandos, que bien sabemos se da por impuestos excesivos). 

Asimismo, para llenar el hueco entre gastos e ingresos, el gobierno acudió al endeudamiento. Es así como en el 2008, el porcentaje que, de la producción nacional de ese año, representa el endeudamiento del gobierno (esto es, de todos los costarricenses, quienes seremos quienes terminemos pagando estas obligaciones) ascendió a un 24.1%, pero ya para el 2017 ese porcentaje se acerca a la mitad de la producción anual. 

En otras palabras, el gobierno ha usado cada vez más endeudamiento para pagar los gastos corrientes, tales como salarios, que se han convertido, entre otros, incluyendo pluses y decisiones legislativas que crean nuevas funciones para el estado sin determinar de dónde procederán los recursos para ello, en detonantes del crecientemente elevado gasto gubernamental. Por ejemplo, “en promedio, para el período 2012-2017 los incentivos (o pluses) crecieron a una tasa anual del 6.3% en comparación al (sic) 5.2% promedio de las remuneraciones básicas.” 

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo a la vista

No me refiero a que empeorará la protección contra la importación del aguacate mexicano, que ha subido un 74% desde el 2015 cuando se crearon las prohibiciones. Tampoco a la pretensión de una empresa productora de alambres de acero para que, mediante un arancel, se encarezca la entrada al país de ese producto. Me refiero a las declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, quien afirmó tajantemente que “La posición que traigo al Ministerio es proteger la producción nacional, con todos los instrumentos jurídicos y técnicos que nos dan los marcos de tratados... Vamos a ser muy celosos con los ingresos, no importa cuáles sean, con carnes, con papas. Ha habido mucha laxitud, no cumplimiento con la normativa.”

Esto aparece en una publicación de La Nación del 12 de mayo, titulada “Ministro de Agricultura promete proteccionismo: Renato Alvarado asevera que su posición es ‘proteger la producción nacional.’” El señor Alvarado es productor de carne de cerdos y tiene que haber sabido que, en el 2015, el Servicio Fitosanitario del estado (SFE), dependencia del ministerio de Agricultura, “también prohibió la importación de... carne de cerdo...” entre otros productos, como lo denuncié en un comentario del 8 de marzo del 2016, titulado “Amenaza al Comercio Costa Rica-Estados Unidos,” así como en otro comentario “Ñangazos Proteccionistas” que publicara el 16 de junio del 2015.

O sea, es posible que el empresario Alvarado se haya beneficiado de la protección al bien que produce, pues posiblemente se tradujo en precios mayores para los consumidores y utilidades más altas para el gremio protegido. 

Dada esa experiencia personal, dejando de lado que pueda correr riesgos por actuar en beneficio propio si toma medidas proteccionistas unilaterales, tomo muy en serio a su afirmación de que aumentará el proteccionismo contra los consumidores nacionales, a favor de gremios de pocos pero muy bien organizados productores. 

Ojalá que pronto emane de parte de la Organización Mundial del Comercio una decisión que obligue al país a permitir la importación de aguacate desde México, pues podría servir de advertencia de que, cualquier abuso sin pretexto válido utilizado por un ministro proteccionista, será sancionado debidamente. Cuando un país pone una barrera arancelaria indebidamente o con subterfugios, se le condena a que se limiten ciertas exportaciones del país como compensación por el daño.  Ojalá esto no suceda, pues se castigaría a exportadores que nada tienen que ver con el asunto, en vez de serlo los propios burócratas responsables del desaguisado.

Lamentablemente siempre hay grupos que se acercan al gobierno -o colocan gente afecta a sus intereses- para obtener formas de restringir la competencia y poder con ello poder cobrar más a consumidores cautivos. Esa protección no es gratis para ese gremio, pues tiene que “invertir” en los políticos para que les den esa protección, tal vez apoyando las ambiciones de los primeros por aumentar su poder electoral. Eso sí, quienes inevitablemente perdemos con la protección somos los consumidores, quienes se supone somos el fin último de una economía: producir de la manera mejor y más barata para que las personas puedan satisfacer sus necesidades económicas.

Nos damos por informados de las declaraciones del ministro de Agricultura, ante lo cual redoblaremos nuestros esfuerzos para que los costarricenses podamos conseguir los mejores y más baratos bienes y servicios, producto de la mayor competencia posible. Parece no haber peor cosa que un empresario proteccionista con poder político, que imponga costos adicionales a los productos que elimina la competencia para poder venderles más caro a los consumidores cautivos.

Ese mismo ministro ha mandado, según el comentario de La Nación del 19 de mayo titulado “Jerarca del MAG pretende elevar ayudas directa al agro: Transferencias no reembolsables,” una señal clara de que subsidiará cierta -¿elegida por quién?- producción doméstica dirigida tanto al mercado interno como al externo. Asumo que piensa contar con ingresos provenientes de los impuestos a los ciudadanos que tramita el gobierno: muchos pagaremos impuestos para subsidiar a algunos. ¡Qué lindo!

De paso, ya también los transportistas de carga en el país quieren que aquí los extranjeros no nos puedan dar el servicio. Simplemente es una forma para elevarnos los costos de transporte de todas las mercancías a los ciudadanos: ese el resultado principal del proteccionismo, mantener poderes monopólicos y así obligar a los consumidores cautivos, ante la menor competencia, a pagar más por los bienes o servicios que los protegidos nos venden.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: de sepulcros blanqueados

Los hay, personas y grupos, que fingen ser una cosa, cuando en realidad son otra. Una frase proveniente del Evangelio de San Mateo, 23:27, nos ayuda a entender tantas cosas. Dice la frase: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
 

No me refiero a un ataque personal reciente que recibí en una columna de Facebook, de parte de un ser puro y perfecto de esta tierra, quien me atacó y condenó al sufrimiento eterno, por, según dicha persona, ser indiferente al dolor ajeno, al de los pobres y míseros, cuando lo que básicamente he hecho, según mi apreciación profesional, es brindar sugerencias, así como hacer señalamientos, para que la gente que sufre la pobreza pueda levantarse de ella.  Me complace, por ejemplo, saber que “En 1820, más del 90 por ciento de la población mundial vivía con menos de $2 al día y más del 80 por ciento vivía con menos de $1 al día (ajustados por la inflación y por las diferencias en el poder adquisitivo). Pero, para el 2015, menos del 10 por ciento de las personas vivían con menos de $1.90 al día, definición actual oficial del Banco Mundial de lo que se considera como una condición de pobreza extrema,” como lo demuestra Chelsea Follett en un artículo cuya traducción recientemente publiqué en Facebook, titulada, “Cinco Gráficos que Cambiarán su Impresión acerca de la Pobreza.”
 

Nadie está aseverando que se haya eliminado la pobreza, sino que se resalta que “Entre 1820 y el 2015, el número de gente bajo pobreza extrema se redujo de alrededor de mil millones a 700 millones, mientras que el número de personas que está mejor que aquella, se elevó de sólo 60 millones a 6.6 miles de millones.” Y que “la pobreza es de alrededor de una cuarta parte de lo que era en 1990.” Además, esperanzados ante este éxito del sistema productivo esencialmente basado en el mercado, especialistas predijeron que “en el escenario ideal... para el 2030, la pobreza llevará a un nivel verdaderamente insignificante, afectando sólo a un 1.4 por ciento de la población del planeta.”
 

No obstante, esos sepulcros blanqueados prefieren ignorar los datos, los hechos, y simplemente proceden con su verbo usual en contra del capitalismo. Yo no pido que sean castigados en los infiernos por el daño que causan, al promover políticas que impiden el progreso de los más pobres, hecho que considero es producto de una actitud de fe ideológica, más que de ignorancia, pues los datos se les han presentado.
 

La metáfora de los sepulcros blanqueados va más allá de ser reflejo de una conducta particular, sino que también se encuentra en grupos.  Por ejemplo, se está haciendo creer a las personas en el país, que todos los partidos políticos, o que todos los políticos, son corruptos y que están embarrados en el caso del cementazo, con una notable excepción, los de la izquierda del frente amplio. Eso es interesante, pues incluso, apropiadamente creo, incluyen a sus socios políticos cercanos del Partido Acción Ciudadana, pero, de alguna manera, tratan de mostrar que todo eso es propio de gobernantes de la derecha, no de la izquierda que, sin decirlo claramente, parece ser inmune a las tentaciones del dinero (no del poder).
 

Cuando hay acontecimientos que pueden representar actos de corrupción, es bueno tener presente que, al menos en el campo político, en donde es frecuente que, en vez de un sistema capitalista de mercado competitivo, sea uno de capitalismo de los amigotes, en donde el estado otorga privilegios -esto es, para unos, mas no para todos-los empresarios, ansiosos de tener ganancias, no producto de un esfuerzo competitivo satisfaciendo a los consumidores, sino buscando que el estado lance los dados a su favor, estarán dispuestos a dedicar recursos para lograr ese beneficio, en tanto este último sea mayor al costo del primero.
 

Para hacerlo, el vivazo buscará qué políticos y qué partidos en donde se insertan esos políticos, tienen el poder suficiente para lograr medidas que les favorezca.  Entrarán en contacto con quienes detentan el poder y, aunque sean de “oposición”, en el tanto en que puedan influir sobre quienes toman finalmente las decisiones.  Sabemos que esas decisiones serán remunerados, por cosillas como recursos para sus campañas, transporte de sus votantes el día de las elecciones, dinero en efectivo, y un largo etcétera.
 

Por eso -y bien lo han de entender políticos de la izquierda de nuestro país- buscarán para obtener eses preferencias a políticos con posibilidad de ejercer influencia en el poder decisorio. Por esa razón, al menos en los últimos años en el país los políticos de izquierda fuerte no han sido muy buscados para que, por cercanía con los gobernantes del momento, puedan favorecer los intereses privados de algunos.
 

No es que esos “algunos” no estén dispuestos a cubrirse en cuanto a resultados electorales, razón por lo cual se han visto casos de reuniones de empresarios poderosos, presuntamente de una ideología alejada de esa izquierda extrema, hacerlo con dirigentes de la izquierda, y no precisamente para hablar de misa.  Es por aquello de “por si acaso”.
 

Lo hacen porque los que buscan el servicio de los políticos saben que ser de izquierda extrema no los hace inmune a la corrupción; que no es cierto que ella sea propia exclusivamente de la derecha o, tal vez, del centro.  Lo que saben es que les conviene la cercanía con el poder, no importando si es de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, con tal de que les proteja de la competencia en sus actividades y en su búsqueda de privilegios. Por eso buscan “cubrirse” recompensando sus favores.
 

La izquierda en Costa Rica no es tan atractiva simplemente porque no tienen poder, pero no hay nada que nos garantice que, de llegar al gobierno, como naturalmente puede aspirar a ello, no será objeto de corrupción, dada su presunta ideología.
 

Cuando la izquierda toma el poder, también se suelen presentar casos claros de corrupción. Piense el lector en la corrupción en Nicaragua o Venezuela o Cuba, etcétera, pero, para la ocasión tengo en mente referirme a un ejemplo notorio, como es el reciente de Brasil, en donde el poder gubernamental lo asumió la izquierda dura del Partido de los Trabajadores (el mismo de Lula) en coalición con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, de izquierda más moderada. Los notorios aferes conocidos como la Operación Lavado de Carros, de Petrobras, Braskem, entre otros, que enviaron a prisión o encontraron culpables o están en juicio, a destacados miembros de la izquierda, como Joao Vaccari Nero, tesorero del Partido de los Trabajadores, o Renato Duque, también de ese partido, o José Dirceu, ex ministro de Relaciones Exteriores de Lula, o Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y de Dilma. Y, notablemente, al presidente Lula.
 

Pero no sólo del Partido de los Trabajadores.  Es claro el involucramiento de Aécio Neves, del diputado Rocha Loures y del propio presidente actual Temer, en cuanto al escándalo conocido como de J&F parte del grupo JBS, que es la empresa más grande del mundo en proteína de carne.
La corrupción entre políticos no suele ser privativa de la derecha y de la que se excluye, por su ideología, a la izquierda. Se da alrededor del grupo que tiene el poder o en donde se tiene la capacidad para influenciar a aquel grupo que ostenta el poder. La parábola de los sepulcros blanqueados se aplica no sólo para los corruptos de cierta ideología política, sino que es propia de la naturaleza del hombre.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.

Jorge Corrales Quesada