Flash legislativo

El acuerdo entre el gobierno y el PAC para aumentarles los impuestos a todos los costarricenses resultará nefasto para las oportunidades de generar riqueza, empleo, crecimiento y un mejor futuro. Por el contrario, el PACquetazo de impuestos nos hará perderle aún más el paso a las naciones que, desde hace años, vienen apostando al progreso.

Como si fuera poco que el pacto se llevara a cabo de forma secreta, los puntos acordados y posteriormente plasmados en el proyecto de ley Nº 18.261, “Ley de Solidaridad Tributaria” no son, para nada solidarios, muchas veces risibles y, en todo momento, lamentables. Lo cierto del caso es que, a pesar de ser verdaderas estupideces, contrarias a toda lógica y a todo intento de progreso, varios partidos políticos aprobaron una moción para darle a ese expediente un trámite rápido, de forma que, antes del mes de Diciembre, tendremos que pagar más por prácticamente todo.

Vamos a analizar los principales puntos que plantea el proyecto de ley. Sin duda, el más serio es el del IVA, pues con la conversión del impuesto general de ventas en impuesto al valor agregado y el aumento de su tasa de un 13% a un 14%, el bolsillo de los costarricenses se verá duramente golpeado. Únicamente estarán exentos de pagar el 14% los cortes y teñidos de cabello, los pagos para licencias de conducir, la reparación de motocicletas y la jardinería. Así que las visitas al médico, al dentista, al contador, al electricista, al constructor, al guarda, al zapatero, al lechero, al abogado, al mecánico, al psicólogo, al terapeuta, al gimnasio, a la pedicurista y manicurista nos saldrán mucho más caros.

También tendremos que pagar más por el destape de cañerías, el servicio doméstico, el fumigador, el servicio de arreglo de canoas, pintura, decoración, remodelación, las revistas hasta la casa, el gas, el cable, el internet, el correo, el lavado de carros, el servicio de soldadura, el catering o el alquiler de locales comerciales, casas, etc. La lista es interminable y abarca todo aquello que no esté en la reducida lista de exoneraciones que mencionamos en el párrafo anterior. Gracias a esto, el golpe asestado será fatal para el bolsillo de millones de individuos en el país.

A eso hay que agregarle que todo lo que el Gobierno no considera productos de la canasta básica a bienes como la maracuyá, los frijoles blancos, los calamares, el pulpo, toda la ropa, los ganchos para limpiar, las navajillas y la crema de afeitar, los condimentos y muchos otros que los consumidores normalmente compramos. La lista de bienes y servicios exentos apenas es de 233, por lo que los costarricenses tendremos que hacer cuentas para ver si nos alcanzará el dinero para adquirirlos o, por el contrario, tendremos que olvidarnos de ellos y recordar los tiempos de bonanza donde podíamos costearlos.

Pero aquí no acaban las malas noticias. Aspirar a tener educación privada o recibir servicios de salud le costará un 2% más caro (eso sin contar que la redacción del proyecto no es clara para saber si al precio habrá que sumarle el 14% del IVA, lo que haría que esos servicios incrementen su costo en un 16%).

Gracias al PLN y al PAC, el 85% de los costarricenses que hoy día no tienen educación universitaria verán seriamente obstaculizadas sus oportunidades de aspirar a un mejor futuro, pues ese impuesto se trasladará directamente a su matrícula, encareciéndola sensiblemente. También los asegurados tendrán que sacar más dinero de la bolsa si quieren ir al médico. De lo contrario, tendrán que unirse a la lista de más de 22.000 pacientes que esperan servicios de atención en la CCSS y armarse de paciencia, a la espera de que le asignen su cita en un plazo no menor de 2 años.

Nótese que, hasta acá, el grueso del proyecto de “Solidaridad Tributaria” recaerá en la clase media. No en los pobres que, por su nivel de ingreso están exentos del impuesto de renta y tienen pocos recursos para consumir bienes y servicios. Tampoco lo sentirán los ricos, pues un aumento de ese calibre es insignificante para muchos de ellos, aunque si serán golpeados cuando quieran ahorrar e invertir, lo cual posiblemente los moverá a llevarse su dinero a otro lado.

Incluso, el mismo Ministro Herrero ha reconocido, tanto en medios de prensa como frente a los propios Diputados, que el peso de este paquetazo de impuestos caerá, fundamentalmente, en el IVA. Recientemente, dijo que el 70% de los recursos que espera recaudar con el proyecto, provendrán de ese impuesto, mientras que los impuestos para “los ricos” serán absurdos: el de los carros de lujo representará el 0.3% y el impuesto a salarios mayores a los ¢4 millones, el 0.001%.

No obstante, el PAC y el PLN insisten en decirle a los costarricenses que este paquete de impuestos es progresivo, que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, cuando se revisan los cambios en el impuesto de renta, es claro que los tractos por los que se pagan no varían. En otras palabras, es falso que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los demás sectores: la clase media y la que aspira a serlo, serán las más golpeadas.

No obstante, algunos de los nuevos tributos sí van dirigidos a los más ricos, pero con consecuencias serias para la clase media y baja. El nuevo proyecto gravará, con renta mundial y con impuesto a las utilidades a las grandes empresas. Renta mundial significa que todas las riquezas generadas en cualquier parte del mundo, que sean repatriadas a Costa Rica, tendrán que pagar un impuesto. Y el impuesto a las utilidades y dividendos no es otra cosa que un tributo sobre las ganancias. En estas circunstancias ¿cuál empresa deseará invertir en Costa Rica? Si nadie quiere invertir, no se generará empleo, el encadenamiento productivo será nulo y, al final, miles de personas que podrían beneficiarse, directa o indirectamente, con esas empresas, perderán su trabajo. Aspirar a generar riqueza en Costa Rica será un sueño de opio, casi tan inalcanzable como ver a Cartago campeón.

Lo mismo pasará con el impuesto a las zonas francas. El pacto entre el PAC y el PLN promueve un impuesto de 15% a los dividendos distribuidos de las empresas ubicadas en esos regímenes, al tiempo que faculta a las municipalidades a cobrarles impuesto territorial. Mientras nuestros vecinos Panamá y El Salvador están haciendo todo lo posible para atraer inversión, nuestro Gobierno la ahuyenta. Y con esas empresas se irán miles de empleos, al igual que las aspiraciones de miles de costarricenses que quieren un mejor futuro y una mayor calidad de vida.ç

Ni qué decir de las PYMES. A pesar que están presentes en todos los discursos, el Gobierno no sólo no ha hecho nada para reducir o simplificar la tramitología que las ahoga por cuanto les consume tiempo y dinero, sino que ahora pretende aumentarles en un 50% el impuesto sobre la renta que tendrán que pagar (pasaría de un 10% a 15%). Aunado a ello, los bienes y servicios que adquieran o que necesiten para su actividad, estarán más caros por el IVA, todo lo cual les restará competitividad y hará desaparecer a muchas de ellas. Una vez más, el empresario será atacado hasta que claudique y deje de generar beneficios.

A todo esto hay que sumarle el impuesto a los carros de lujo. El Gobierno aduce que un carro que valga más de ¢18 millones es de lujo, por lo que tendrá que pagar un 50% más de impuestos. Eso significa que, además de los grandes 4x4 y los vehículos deportivos, los pick ups que se requieren para el trabajo y la agricultura o los vehículos híbridos o eléctricos, serán más caros.

Nuestro Gobierno nos obligará, entonces, a transitar en vehículos viejos, con menos condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia. Cortará de tajo las aspiraciones de quienes trabajan para comprarse un carrito nuevo y de los agricultores que desean un mejor vehículo para su trabajo. También obstaculizará la consecución de la meta que la misma Administración Chinchilla Miranda se ha fijado: ser carbono neutral. Los vehículos híbridos o eléctricos, que contaminan menos y protegen el ambiente, ya cuestan hoy más de ¢18 millones. Sumándole el impuestazo, es evidente que nadie los comprará.

Y a todo esto le falta una cosa más. Cuando la excusa es solventar el déficit fiscal, dentro del proyecto de Solidaridad Tributaria, solo se encuentran formas de obtener más recursos por medio de más impuestos, pero no hay absolutamente nada sobre la contención del gasto. Nuestro Gobierno no se compromete a reducir la planilla estatal, el despilfarro, la ineficiencia, las transferencias clientelistas, la corrupción, el favorecimiento de amigos; mucho menos a contener la evasión fiscal (que ronda el 4% del PIB) o a cerrar instituciones que no funcionan. Lo que pide es más dinero sin tapar los grandes huecos por donde se van los recursos de todos los costarricenses.

En definitiva, este paquetazo de impuestos solo será solidario con los políticos irresponsables que desperdiciaron el dinero de los costarricenses y con los burócratas a los que se les aumentó y aumentará su salario.

Flash legislativo

El pasado lunes se consiguió algo histórico para el control político y el equilibrio de poderes que requiere toda democracia: por primera vez en muchísimos años, la Asamblea Legislativa improbó la liquidación de gastos del Gobierno Central, con lo cual hizo un fuerte llamado de atención por la cantidad de recursos desperdiciados, el financiamiento de gasto corriente con deuda, los errores de gestión, la falta de transparencia y rendición de cuentas que afectan a los costarricenses.

Con el voto de 26 de los 46 legisladores presentes (toda la fracción del PLN votó en contra), se aprobó el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria, liderado por la Diputada libertaria Marielos Alfaro, quien preside la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público y se ha convertido en la más crítica del gasto y desorden que tiene esta Administración y ha logrado, junto con el resto de Diputados de su fracción y la Alianza por Costa Rica, darle un golpe severo a la gestión del Gobierno de Laura Chinchilla.

Esperemos que este hito abra las posibilidades para impulsar una agenda legislativa tendiente a meter en cintura al Ejecutivo, limitarle su posibilidad de endeudamiento y obligarlo a ordenar la casa, al tiempo que ofrezca la posibilidad a los Diputados de contar con argumentos y valor para enterrar, de una vez por todas, el mal llamado proyecto de Solidaridad Tributaria.

¡NO a más impuestos debe ser la consigna!

Flash legislativo

Esta semana se comenzará a discutir, en el Plenario Legislativo, la liquidación presupuestaria 2010. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, órgano encargado de dictaminarla, emitió dos informes: uno de Mayoría Negativo -firmado por los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Víctor Hernández (PAC), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Granados (PASE)- y uno de Minoría Afirmativo -suscrito por las oficialistas Alicia Fournier y María Ocampo).

Sobre este último no haremos ninguna mención, por cuanto el Gobierno se ha encargado y seguirá encargándose de defender la forma en que gastó el dinero de los tax payers. Por ello, haremos referencia únicamente al Dictamen Negativo, el cual ofrece importantes conclusiones sobre el desorden financiero y el despilfarro del que ha sido responsable la Administración anterior y que la actual ha continuado.

En primer lugar, explica que si bien la crisis internacional tuvo repercusiones en la producción y en la recaudación, los resultados negativos de la liquidación no se deben a esta situación, sino que responden a fallas concretas del Poder Ejecutivo: su incapacidad para vincular metas nacionales y sectoriales, la reducida vinculación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto, la ausencia de indicadores que demuestren la efectividad del gasto público, los recurrentes problemas de ejecución, la ausencia de claridad, por parte de Hacienda, del impacto que tienen los programas sobre los ciudadanos.

Todos estos problemas han sido reiteradamente señalados por la Contraloría General de la República durante la última década y por la misma oposición el año pasado, cuando emitió un Dictamen Negativo de Mayoría en Comisión pero que, gracias a las trastadas de Liberación Nacional, no pudo aprobarse en Plenario.

El segundo punto que toca es la subejecución. Al igual que el año pasado y que muchos otros, vuelve a subejecutarse buena parte del presupuesto. A pesar que el Poder Ejecutivo presentó, en enero de 2011, un proyecto para aumentarle los impuestos a todos los ciudadanos, argumentando que no tenía recursos para atender las necesidades y obligaciones asumidas por el Estado costarricense, la realidad demuestra que miles de millones de colones quedan sin ejecutar todos los años. En esta ocasión, fue nada más y nada menos que ¢257.215 millones, aproximadamente la mitad de lo que espera recaudar el Gobierno con su estúpido proyecto de "Solidaridad Tributaria". Esto quiere decir que los recursos están, que las instituciones los tienen, pero que su incapacidad, irresponsabilidad e ineficiencia les impiden usarlos y darle respuestas a las necesidades ciudadanas (muchas de las cuales no compartimos en ASOJOD).

En tercera instancia, uno de los problemas más sensibles sobre los que apunta este informe es el continuo vicio de legalidad que pesa sobre el Presupuesto de la República, por cuanto se sigue incumpliendo la prohibición de financiar gastos corrientes con ingreso de capital, dispuesta por el artículo 6 de la LAFRPP. Mientras que en el año anterior se financiaron ¢414.864 millones por esta vía, la liquidación de 2010 muestra que ese monto se incrementó hasta la friolera de ¢531.942 millones, dejando claro que, contrario a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, no existió ningún esfuerzo claro y decidido para reducir el gasto público y sanear las finanzas.

Financiar gasto corriente con deuda es un problema de enorme magnitud. Primero porque la ausencia de un equilibrio presupuestario amenaza la estabilidad financiera y macroeconómica del país y traslada los costos a los ciudadanos, que son los que tendrán que pagar los endeudamientos en que ha incurrido el Estado para solventar erogaciones que no generan los rendimientos ni utilidades de una inversión. Gracias a esta irresponsable acción estatal, los ciudadanos se ven amenazados hoy día con un nuevo paquete de impuestos, que pretende aumentarle el precio final que tienen que pagar por los bienes y servicios –especialmente educación y salud–, castigar a todo aquel que pretenda ahorrar o invertir e impide, sin duda alguna, la reactivación económica que se requiere para salir de la crisis.

Además, el incumplimiento de legislación vigente, por parte del órgano constitucionalmente encargado de “sancionara y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su cumplimiento” –según lo dispuesto por el 3) del artículo 140 constitucional– evidencia una seria contrariedad y contradicción. Tal hecho también se opone al principio de legalidad, contenido tanto en la Constitución Política como en diversa normativa de rango infraconstitucional, mismo que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense, al erigirse como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades.

Esto merece una de las más fuertes críticas hacia el Poder Ejecutivo, pues no sólo no predica con el ejemplo a la hora de hacer valer el ordenamiento jurídico, sino que este acto ha sido reiterado, sin que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales del caso. De esta culpa también es partícipe la propia Asamblea Legislativa, pues año a año, ha aprobado los proyectos de presupuesto a sabiendas de la ilegalidad manifiesta que contiene y sin que se implemente mecanismos que la impidan.

Finalmente, el último aspecto que señala es el de la inaplicación del régimen sancionatorio contra los funcionarios que incumplen su trabajo y sus responsabilidades. El sistema político costarricense se ha convertido en un sistema incapaz de desalentar las conductas inapropiadas, pues ante las fallas reiteradas ni los jerarcas de las instituciones directamente involucradas, ni el Consejo de Gobierno, ni la Contraloría ni la misma Asamblea Legislativa han activado los diferentes mecanismos para sancionar a los funcionarios que lesionen la Hacienda Pública.

A pesar que esta ha sido un lunar en prácticamente todas las Administraciones de la última década, pareciera ser que la actual es la más indolente de todas. En tan solo su primer año de gestión, no hay señales claras de que los funcionarios que actúen contra el interés de los ciudadanos, despilfarrando fondos públicos, incumpliendo los objetivos institucionales y realizando actuaciones contrarias al deber de probidad, vayan a ser removidos por ello. Por mencionar tan solo unos pocos casos, hay que recordar el del ex Ministro de Seguridad, José María Tijerino, con su “mediación” ante el Poder Judicial para influir en el resultado de una investigación contra Rodrigo Arias, el del ex Presidente Ejecutivo del AyA, Óscar Núñez, que se fue a México con una funcionaria institucional haciendo uso, ambos, de fondos públicos; el del ex Ministro de Trabajo, acusado por acoso sexual, el del Canciller René Castro, cuestionado por nombramientos clientelistas en la Cancillería y, más recientemente, las propias declaraciones de la Presidente Laura Chichilla respecto a la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando indica que “no es mi estilo buscar culpables”. Efectivamente, todos estos ejemplos dan fe de las palabras de la mandataria. No busca culpables, antes bien, los premia con nuevos puestos, los hace parte de su equipo de trabajo o los excusa ante la opinión pública.

A pesar de ser este apenas un breve repaso de lo que plantea el informe, en ASOJOD esperamos que su votación transcurra con buen suceso y se logre aprobar el Dictamen Negativo de Mayoría. Sería la primera vez en muchos años que la Asamblea Legislativa imprueba la liquidación del presupuesto, pero la oportunidad histórica se presenta ahora que la oposición domina el Congreso.

Improbar la liquidación daría muy buenas señales no sólo en términos de control político -tarea que la Asamblea Legislativa ha dejado de abordar con seriedad- sino que también agregaría argumentos para cuestionar la insensata cruzada del Ejecutivo para meternos la mano en el bolsillo con más impuestos.

Flash legislativo

La semana pasada, el Poder Ejecutivo envió el texto sustitutivo del llamado plan de "Solidaridad Tributaria", con algunas modificaciones que lo hacen más potables para varios partidos políticos, entre ellos, el PASE, que junto a los evangélicos, ya comprometieron su apoyo para aprobar un paquetazo de impuestos que hará más pobre a los costarricenses.

Entre los cambios más importantes destacan las exoneraciones parciales en favor de los solidaristas y la exclusión de unos cuantos bienes de la canasta básica para no afectarlos con el incremento impositivo. ¡Confites en el infiero, al fin y al cabo!

Persiste el castigo hacia quienes quieran adquirir servicios de educación y salud privados, el aumento del IVA, el incremento del impuesto selectivo de consumo -con bienes tan "lujosos" y "suntuosos" como el desodorante y las navajillas- y sobre los ahorros.

En definitiva, el Gobierno, el PLN, el PASE y los partidos evangélicos siguen empeñados en hacernos más pobres. Hoy quieren meternos la mano en el bolsillo; mañana, como bien ilustra la imagen de este post, querrán nuestras joyas, vehículos y casas. La voracidad fiscal no tiene límites: abrirle la puerta con este proyecto de ley significa dejar entrar a la bestia que nos empujará hacia la pobreza.

¡Vaya solidaridad de esos partidos políticos!

Flash Legislativo

El día de ayer, la Asamblea Legislativa archivo el expediente Nº 17.900 que pretendía habilitar la técnica de la fecundación in vitro (FIV). A pesar que en ASOJOD defendemos los derechos individuales, en este caso, los sexuales y reproductivos y consideramos que el Estado costarricense erró olímpicamente cuando, en el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la FIV valiéndose de argumentos puramente religiosos -origen de la vida basada en la concepción católica-, lo cierto del caso es que, entratándose de este proyecto en particular, más bien celebramos su entierro.

Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.

Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.

Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.

En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.

Flash Legislativo

Comienza la segunda legislatura de esta Asamblea Legislativa con una gran novedad: un Directorio de oposición. A partir de este periodo, se comenzará a evaluar si la idea de una alianza fue buena o mala. Por sus actos los conocereís y por sus resultados, los evaluaréis, podría ser una frase que aplique para esta alianza, aunque también para el oficialismo, a pesar de su intento de lavarse las manos el pasado 2 de mayo, cuando dijeron que todo lo que ocurra en adelante será responsabilidad de la oposición.

En realidad, todo lo que ocurra en adelante será responsabilidad del Gobierno de Costa Rica, conformado por los Tres Poderes. Nadie estará excento de la responsabilidad por que ocurra: ni la Presidente, ni sus Ministros, ni la fracción oficialista ni sus aliados, ni los Magistrados ni toda la burocracia estatal, gubernamental, central o descentralizada, autónoma o no, ni la ciudadanía misma. Unos por haber elegido y otros por ser los elegidos.

Por ahora, esperaremos a ver cómo avanza la construcción de una agenda por parte de las diferentes fuerzas políticas. No hablamos de frases tan trilladas, vacías pero peligrosas como "agenda país", sino a la configuración de fuerzas y estrategias que desencadenarán en acciones u omisiones con consecuencias en todos los ámbitos. Allí es donde podremos apreciar realmente en qué estamos metidos.

Flash Legislativo

Mucho se ha hablado de la posibilidad de un Directorio Legislativo conformado por la oposición. Ideas van y vienen al respecto y, en este pequeño país, pareciera ser el tema político del momento. Pues bien, en ASOJOD tenemos algunas consideraciones que vale la pena plantear para tener un panorama más amplio frente a esa posibilidad.

Si bien la oposición ha anunciado que este suceso sería importante para recuperar la división de poderes y sanear la democracia y, en primera instancia, podríamos coincidir con ese análisis, lo cierto es que la realidad demuestra que hay que ser un poco más reflexivos a la hora de emitir criterios y ponderar las posibles consecuencias.

En primer lugar, hay que tener claro que, a corto plazo, un Directorio de oposición podría no tener los resultados positivos esperados. Con una agenda temática, ideológica y política tan variopinta como la que tienen el PAC, el ML, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, es más fácil encontrar puntos de quiebre que de encuentro, lo que hace pensar que las diferencias podrían poner rápidamente en entredicho la famosa alianza.

¿Qué pasará si, de ganar, el PAC aprovecha la Presidencia para impulsar el proyecto de autonomía indígena o el de la ley antitabaco? ¿Estará dispuesto el ML a continuar en esa alianza cuando ha anunciado ir en contra de ambas iniciativas y donde su principal aliado en esa oposición es el PLN? ¿Qué pasará cuando el ML impulse sus proyectos de reducción del gasto público? ¿Apoyará eventualmente el PAC un cierre de instituciones cuando su principal aliado en ese tópico es el PLN? Podríamos seguir planteando ejemplos, pero todos nos llevan a la gran pregunta: ¿podrá resistir el bloque opositor las discrepancias internas?

Lo mismo podría pensarse de los puestos de poder a lo interno del Congreso. ¿Estaría realmente dispuesto el ML a entregarle la Presidencia de la Comisión de Ambiente al PAC o a Villalta y la de Hacendarios al PUSC? Sin duda alguna, la agenda liberal, que ya de por sí ha sido prácticamente abandonada, perdería definitivamente toda posibilidad de surgir con este tipo de nombramientos. Algo similar deben pensar los progresistas, quienes verían el nombramiento de los libertarios como el entierro de sus propuestas programáticas. Una vez más, ¿están por la labor de soportar este riesgo?

En segundo lugar, el riesgo de que las cosas salgan mal para la oposición es bastante alto. Para nadie es un secreto que este primer año de la Administración Chinchilla Miranda ha sido pésimo, tanto por la ausencia de rumbo y claridad como por la incapacidad, casi patológica, que la Presidente tiene para enfrentar los problemas. Tampoco es desconocido para los costarricenses que este Poder Ejecutivo ha sido torpe en sus relaciones con el Parlamento, pues no ha podido establecer canales de comunicación duraderos y, mucho menos, construir una agenda de prioridades que, al menos en el periodo de sesiones extraordinarias, le permitira al país conocer el camino que pretende seguir este Gobierno.

Sería posible pensar que un Directorio de oposición obligaría al Ejecutivo a dialogar con las demás fuerzas políticas y a construir algunos acuerdos, incentivando la generación de una cultura política más inclusiva y democrática. No obstante, si por la víspera se saca el día, no pareciera que exista esa capacidad y voluntad en Zapote y que, más bien, el Ejecutivo se enfrascaría en una guerra para demostrarle a la ciudadanía que la oposición es incapaz de gobernar y viceversa.

En ese contexto, no sería de extrañar que la oposición, en su control político, la emprendiera fuertemente contra los Ministros y Presidentes Ejecutivos, para demostrarle a los costarricenses que la incapacidad y los actos poco transparentes de algunos de ellos son un peligro que hay que erradicar. Tampoco lo sería que, como medida de presión, la Ministra de Salud acelere el proceso de desalojo que pesa sobre la Asamblea Legislativa o que el jerarca de Hacienda se niegue a incluir las partidas solicitadas por los Diputados de oposición y luego se valga de los sindicatos de trabajadores para presionarlos a aprobar el Presupuesto de la República. La gran pregunta a ese respecto es ¿estarán los partidos políticos y la ciudadanía dispuestos a soportar durante el tiempo que dure esa alianza, una guerra casi fraticida?

En este mismo orden de ideas viene la tercera consideración. Dado el pésimo desempeño del actual Gobierno, es perfectamente esperable que no sólo no cumpla con sus promesas de campaña, sino que empeore la situación en muchas áreas. Si el PLN mantuviera, durante los 4 años, la Presidencia de la Asamblea, los malos resultados de este Gobierno le serían atribuíbles únicamente a esa agrupación política. Siendo así ¿por qué entrar a "ayudarle" a esta Administración a cavar su propia tumba? ¿No es mejor dejarlos hundirse y que, después, tengan que explicarle a la ciudadanía por qué no pudieron cumplir sus promesas?

Si la oposición asume el Directorio y lidera la agenda parlamentaria y, como dijimos antes, el riesgo de que lo haga mal se materialice, los liberacionistas encontrarán la excusa perfecta para justificar su pésima gestión: la oposición se convertirá en el chivo expiatorio y le dejará el camino libre a Rodrigo Arias para el 2014.

Que la oposición logre los votos para sacar al PLN del poder en la Asamblea Legislativa puede tener sus ventajas. Sin duda alguna, la principal es que podría ser el primer paso para recobrar cierto equilibrio de poder, especialmente mediante el control político que se establezca como un mecanismo del sistema de frenos y contrapesos republicano. Esto sería, sin duda alguna, maravilloso, pero las razones antes expuestas lo hacen ver como algo sumamente complicado: lograr que la oposición se articule en un bloque dispuesto a controlar el monstruo político arreado por los liberacionistas no es una tarea sencilla y si se falla -como es muy probable- las posibilidades de contrarrestar ese poder y generar equilibrios que hagan madurar a nuestra democracia quedarán muy debilitadas.

Independientemente de las razones a favor o en contra de un Directorio de oposición, en ASOJOD pensamos que la propuesta para recuperar el sistema de frenos y contrapesos debe ir en otra dirección. Poco importa si es el PAC, el ML, el PUSC, el PASE o el FA quien ocupe la Presidencia Legislativa, pues ni siquiera quitándole ese puesto o la Presidencia de la República, se saca al PLN del poder.

La fuerza de ese partido no está, a nuestro criterio, en tener mayoría parlamentaria ni la Presidencia de la República. Su poder deriva de un intrincado, complejo pero efectivo sistema de feudos, construido durante años mediante el intercambio de prebendas y la colocación de gente fiel a sus intereses en las diferentes instituciones públicas y estatales. El sistema les ha funcionado: crear islas de poder como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial (con la todopoderosa Sala Constitucional), el Tribunal Supremo de Elecciones, el ICE, la CCSS, el INS, RECOPE, cada Municipalidad, etc. donde la cúpula de ese partido reparte los puestos con una condición: que nadie se entrometa en las acciones del otro.

Gracias a ese sistema, todos los participantes de la piñata quedan satisfechos, con una isla donde pueden hacer y deshacer a su antojo, sin miedo a que otra de ellas pretenda regularlos, fiscalizarlos, auditarlos o controlarlos.

Por eso, no es quitándole la Asamblea o el Ejecutivo que se destrona al PLN. Si se quiere hacer eso, se necesita sacar a la gente que controla ese andamiaje institucional, pues de lo contrario, se ocupará un alto cargo pero no se gobernará el país, toda vez que esa misma red se encargará de hacerle la vida imposible al partido de oposición que ocupe las mencionadas sillas si va en contra de sus intereses.

De ahí que la única opción sostenible en el tiempo, si se quiere lograr algo, es fortaleciendo a los diferentes partidos políticos, avanzando en su proceso de institucionalización, de forma que dejen de ser movimientos pro caudillo o grupos monotemáticos para convertirse en organizaciones que tengan peso no sólo a nivel electoral, sino más bien, en la vida institucional del país.

Se trata no sólo de tener personas en los puestos de decisión clave, sino también de que la ciudadanía comprenda, interiorice y legitime sus propuestas, proyectos e ideas, lo cual implica un proceso de educación política muy serio.

Es trascender a las campañas que giran en torno a un líder mítico, a un abanderado de la moral o a un "peor es nada"; es desarrollar ideas claras y concretas que se conviertan en una oferta que satisfaga la demanda. Es echar a andar un proyecto que sea legítimo para la ciudadanía, esto es, que vaya acorde con sus valores.

Porque la gobernabilidad, contrario a lo que muchos creen, no es solo la capacidad de una organización política para tomar decisiones y, mucho menos, para hacerlo en tiempos sumamente reducidos. La gobernabilidad es la actuación de la autoridad pública en un espacio considerado como legítimo por los ciudadanos; la gobernabilidad implica legitimidad, en su doble acepción, de origen y en ejercicio. La primera, proviene del mandato original que los ciudadanos, mediante su voto, le dan al Gobierno y la segunda se desprende de la eficacia y eficiencia de su gestión. En otras palabras, para que exista gobernabilidad, la autoridad pública debe operar en los espacios que legítima y expresamente desea la ciudadanía. Cualquier operación fuera de esos espacios, como ocurre en Costa Rica -pues el Gobierno interviene en áreas donde los mismos ciudadanos no lo desean y tienen arreglos institucionales privados más eficaces- genera una fractura en la legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, en la gobernabilidad.

Es una tarea dura y complicada, pero alguien tiene que hacerla. Si se quiere avanzar, en cualquier tipo de agenda, las personas primero tienen que entender claramente lo que se propone, sus ventajas y desventajas y, sobre esa base, deben interiorizar las ideas, hacerlas suyas para que se adecúen a sus valores.

Para nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, el reto es más grande aún. Históricamente no hemos sido capaces de lograr que la gente entienda nuestras ideas y las acepte. Mitos van y vienen contra nuestras propuestas y el tiempo y recursos que dedicamos a explicarlas, con claridad meridiana y construir apoyos ciudadanos son exigüos.

Justamente, exponer las ideas y buscar que la gente cambie sus premisas, no sólo dándole razón a nuestros argumentos sino interiorizándolos, apropiándoselos y defendiéndolos, es el trabajo que hemos hecho en ASOJOD desde nuestro surgimiento. Y estamos convencidos que, a pesar de ser una inversión con un rendimiento a muy largo plazo, es la única forma efectiva para que la gente acepte y viva las ideas de la libertad.

Flash legislativo

La semana anterior, el Poder Ejecutivo convocó, gracias a la presión del Movimiento Libertario, el proyecto de Ley Nº 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, elaborado por ANFE en septiembre del 2010.

Sin dudas, el manejo de las finanzas públicas, especialmente en los últimos años, no se ha caracterizado por la prudencia fiscal, sino que se ha desarrollado según las ocurrencias del Gobierno de turno, que han asumido compromisos constitucionales y legales de gasto público sin preocuparse si existirán las fuentes de ingreso sostenibles en el tiempo que permitirán hacerle frente a las nuevas obligaciones.

Así, con la excusa de enfrentar la crisis económica, la administración Arias Sánchez no aplicó una política fiscal anti-cíclica —esto es una política de aumentar el gasto público no recurrente, gastos que ocurren una sola vez—sino que se inclinó por implementar una política fiscal expansiva. En otras palabras, impulsó un crecimiento de gastos públicos recurrentes (como salarios, pensiones y transferencias) que no se espera que se contraigan en el futuro y que dispararon el déficit fiscal esperado, para 2010, a un nivel superior al 5% del Producto Interno Bruto.

Precisamente para limitar la discrecionalidad de las autoridades e intentar garantizar un manejo fiscal responsable, se establece una serie de restricciones en este proyecto de ley, tendientes a:

1. Promover un manejo fiscal responsable que contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.

2. Establecer reglas fiscales que garanticen un superávit primario del gobierno central.

3. Limitar el crecimiento del gasto primario del gobierno central y el endeudamiento público.

4. Introducir un conjunto de sanciones para los funcionarios y responsables de los entes de control que incumplan con lo establecido en los artículos de la Ley 8131.

5. Contribuir al proceso de priorización y mejora de la eficiencia del gasto público que incluya la eliminación de rubros innecesarios o de baja rentabilidad social del presupuesto público.

6. Enviar señales claras de compromiso con la responsabilidad fiscal a los inversionistas y los mercados internacionales que permitan reducir la incertidumbre, los costos de transacción y las primas de riesgo.

En ASOJOD esperamos que, si de verdad el Gobierno está preocupado por el déficit fiscal y si realmente desea resolver el problema, esta iniciativa se apruebe.

Flash legislativo

Decía Ludwig von Mises que "El Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre". Sin duda, tenía razón, pues el Estado no crea riqueza; por el contrario, sus intervenciones casi siempre terminan generando pobreza. En lugar de fomentar un mercado libre donde los individuos realicen transacciones voluntarias y satisfagan sus necesidades, nuestro Estado se empeña en interferir, generar distorsiones e impedir que las personas logren mejorar sus condiciones de vida. Parece ser que la única cosa que el Estado sabe hacer bien y de forma eficiente, es crear pobreza.

La última prueba de ello es el avance decidido que lleva el proyecto de Ley Nº 17.874, de la Diputada Viviana Martín, para eliminar el porteo como actividad privada y convertirlo en un servicio público regido por permisos que apenas favorecerán a un pequeño grupo de “porteadores”.

En la pasada sesión de la Comisión Plena Segunda, los Diputados del PLN, PAC, PUSC, PASE y RC, votaron negativamente las primeras mociones presentadas por los legisladores de la bancada del ML, que tenían como intención impedir que este proyecto de ley se apruebe y deje sin trabajo a miles de personas que se dedican a una actividad lícita, posible y privada, así como a otras miles sin un servicio efectivo y oportuno de transporte. En suma, todos salimos perjudicados salvo unos cuantos que tendrán permisos para trabajar o revender. Quizá en eso hay que modificar un poco el acápite inicial: el Estado sí puede hacer a algunos ricos, pero a costa de otros, sea mediante gollerías, prebendas y privilegios odiosos, sea mediante la corrupción o sea mediante el robo de la riqueza de otros. Pero hay que ser claros: esa "riqueza" artificial que crea a favor de unos es muy pequeña y sin capacidad de reproducirse en el largo plazo si no es mediante los mismos medios perversos por que se obtuvo.

La riqueza verdadera sólo puede crearse en una economía libre, abierta, competitiva. En ASOJOD creemos en un Estado con reglas claras que permitan a los individuos interactuar pacíficamente en busca de su propio beneficio sin entorpecer o impedir la búsqueda de sus congéneres. No en un Estado interventor que se entrometa en las actividades privadas, obstaculizando la libre decisión de los individuos y restringiendo las posibilidades de que sean ellos los que busquen su progreso.

Ojalá que los demás miembros de la Comisión reflexionen acerca de las nefastas consecuencias que traerá aprobar este proyecto de ley, especialmente en materia social, al cerrarle oportunidades de trabajo y bienestar a miles de hombres, mujeres y niños que sobreviven gracias al porteo.

Flash legislativo

El pasado lunes, el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate el proyecto Nº 17.499, que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Ahora, sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo para que esta iniciativa se convierta en Ley de la República.

En el artículo 22 se propone una pena de cárcel entre 3 meses y 1 año a quien agreda a una mujer sin que la incapacite de sus actividades, una pena de 6 meses a 1 año si la agresión la incapacita más de 5 días y, finalmente, pena de cárcel entre 8 meses y 2 años si la lesión generada por la agresión causa una incapacidad en un plazo mayor a 5 días pero menor a 30. Por su parte, el numeral 25 sanciona con prisión de 6 meses a 2 años a quien ofenda de palabra, en su dignidad o decoro, a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.

Mientras muchos han celebrado esta aprobación como un gran logro para las mujeres, en ASOJOD somos más reservados a la hora de evaluar. Nuestra crítica va en dos vías: por un lado, en la aplicación y sus consecuencias y, por el otro, en la seguridad jurídica. En el primer caso, la realidad nos ha demostrado que las leyes de penalización de la violencia doméstica, lamentablemente, no han contribuido a disminuir la agresión, sino que, por el contrario, la han incrementado. Muchas veces, el hombre que agrede termina haciendo una ponderación: si por golpearla va a la cárcel, mejor la mata y obtiene el mismo resultado.

No es que defendamos a los agresores, es que somos realistas en el impacto de la aplicación de estas normas. La verdad es que la problemática no se ha resuelto con una ley y, francamente, no creemos que lo haga. Ojalá nos equivoquemos y esta penalización sirva para que menos mujeres sean agredidas.

Sin embargo, nos preocupa sobremanera que este tipo de legislación es unidireccional. No protege a los hombres agredidos y eso es porque en nuestro país se ha intentado invisibilizar este problema. Social y culturalmente se cree que el hombre no es objeto de agresión y que si lo es y denuncia, se le tilda de "maricón". Lo cierto del caso es que este vacío jurídico no salvaguarda la igualdad ante la ley y deja a un grupo específico completamente desprotegido.

El otro punto es de seguridad jurídica. Usar conceptos como "dignidad" o "decoro" conlleva que se sostenga la utilización de un concepto general que implica un vacío de contenido en la norma, situación que impide identificar con claridad la conducta prohibida o sancionada, lo cual se erige como una violación a los principios de legalidad y tipicidad jurídica, mismo hecho que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos originales por parte de la Sala en su controvertido voto Nº 2008-15447.

La conducta prohibida o sancionada remite a un criterio de subjetividad lo que evidencia, en primera instancia, que las mediciones (entendiéndose como mediciones tanto los diagnósticos como los criterios clínicos y los peritajes), tendrían que realizarse con criterio de caso por caso. Es decir, no tendría un contenido la conducta prohibida o sancionada que permita hacer de ésta una conducta típica penal. En segunda instancia, al remitir a un criterio de subjetividad según lo expresado por la Sala Constitucional en el voto Nº 2005-01800, “la mayor o menor sensibilidad de una persona puede conllevar que alguna frase meramente mortificante sienta que le desvaloriza, ridiculiza o avergüenza (…)”.

El que no exista un criterio clínico objetivo para poder evaluar de forma determinante a nivel general qué palabra o hecho puede resultar ofensivo para la mujer en su dignidad y decoro, hace que se carezca de un medio para poder realizar una definición clara del tipo penal: ¿qué palabra o hecho debe tipificarse como ofensivo, ya que será cada mujer de forma particular y en el contexto particular, donde se lleve a cabo la conducta señalada la que puede definir si dicha conducta fue ofensiva o no, lo que conlleva un problema de definición en la Constitución del Delito, porque no existe un criterio técnico que pueda determinar que es ofensivo o no?.

Lo anterior hace que surja una enorme dificultad para poder establecer el criterio de prueba de aquello que “ofende” a una mujer en general. Usar los términos “digindad” o "decoro" conlleva a indefiniciones de criterios tanto técnicos como clínicos y eso, a su vez, vulnera la seguridad jurídica -el conocimiento previo sobre las reglas y sobre las consecuencias que se derivan de su incumplimiento-, toda vez que el sujeto no tiene claridad sobre la acción que, al ser ejecutada, sea considerada como una agresión que acaree consecuencias penales.

Lamentablemente, esta nueva ley es el claro ejemplo de que correr para aprobar proyectos "políticamente correctos" sin la apropiada reflexión de sus consecuencias, no es una buena idea. Actuar por presión de grupos de interés o medios de comunicación repercute negativamente en la calidad del producto legislativo y genera consecuencias no deseadas que, muchas veces, vienen a complicar más la situación que pretendían resolver.

Flash Legislativo

Al fin, luego de tantas semanas de espera, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el paquetazo de impuestos prometido -aunque no mencionado en campaña electoral-, mismo que se tramitará bajo el expediente N° 17.959.

El proyecto de "Solidaridad Tributaria" propone, en concreto, una transformación del impuesto de ventas a impuesto al valor agregado (IVA) y subir su base del 13% al 14%. Además, impulsa un incremento del 10% en el impuesto selectivo de consumo, un aumento de casi 2% al impuesto sobre transferencias de bienes inmuebles y un impuesto del 15% a las ganancias de capital. Los cálculos del Poder Ejecutivo indican que este paquetazo apenas generaría recursos equivalentes al 2.5% del PIB, cuando el hueco del déficit fiscal que se pretende tapar alcanza los 5.5% del PIB.

Como podrán notar, ni siquiera aumentando esos impuestos se arregla el tremendo lío en que los políticos irresponsables nos han metido. De hecho, en ASOJOD estamos seguros que este paquetazo más bien aumentará los problemas. Sin duda, incrementará la evasión fiscal -que se estima alcanza el 70% en la actualidad- y, al aumentar impuestos a Salud y Educación privadas, generará que muchas personas que hoy adquieren esos servicios por su cuenta -a pesar que ya pagan los públicos pero que, por su pésima calidad, deciden no utilizarlos- deban regresar a la CCSS y al sistema educativo público sin que estos se encuentren en capacidad de atender la demanda actual y, mucho menos, la futura. Pero la cosa no acaba ahí: más impuesto significa menos dinero en el bolsillo de los individuos, lo que se traduce en menor ahorro y menor inversión. Esto, a su vez, significará menor productividad, menor consumo, menor crecimiento económico, menos empleo y más pobreza. Menuda solidaridad tributaria la del Estado costarricense.

Los efectos negativos de este proyecto no acaban ahí. Sin embargo, queremos dedicar nuestra columna de los jueves, "Jumanji Empresarial" para que nuestros lectores puedan acceder a análisis más detallados de esta verdadera estupidez estatal de quitarle dinero a los ciudadanos generadores de riqueza para entregárselo al Estado generador de pobreza. Esperemos que puedan leerlos.

Flash Legislativo

El pasado lunes 17, los Diputados retomaron sus funciones luego del receso de fin de año. Reingresan al periodo de sesiones extraordinarias, donde la definición de la agenda corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. En otras palabras, doña Laura Chinchilla y sus ministros tienen, hasta el 30 de abril, la facultad para definir hacia qué temas prioritarios debe dirigirse la discusión parlamentaria.

Todo parece indicar que empezaremos el año con el famoso Plan Fiscal, una verdadera idiotez en todo momento, pero especialmente luego de una crisis y en pleno periodo de recuperación. El Gobierno demuestra, con esto, que está decidido a evitar que los costarricenses puedan generar riqueza.

Otro tema que suena para continuar es la interminable Ley de Tránsito, que por correr y complacer a medios de comunicación y periodistas irresponsables, ha estado plagada de errores e insensateces. Tampoco podemos olvidar la Ley General de Electricidad, tema en el que el Gobierno vuelve a mostrar su falta de inteligencia, prudencia y sentido común, toda vez que pretende hacer un gallo-gallina, con una apertura a medias combinada con una especie de burbuja de protección al ICE. Si, por la víspera se saca el día, en ASOJOD tampoco tenemos muchas esperanzas que, de aprobarse dicha ley, se beneficie a los ciudadanos.

Quizá a esos tres temas se les une, en importancia, que en estas fechas comienzan a calentar las negociaciones de cara al 1° de mayo, fecha en que se debe elegir un nuevo Directorio. Muy posiblemente, el Diputado Villanueva persistirá en su intento de continuar como Presidente, pero habrá que ver si tiene los votos. Si en el Movimiento Libertario queda algo de decencia y sensatez, el famoso pacto de gobernabilidad firmado por doña Laura y el caudillo Guevara debería pasar a la historia y, ese partido, tendría que dedicarse a hacer lo que los votantes que el pasado 7 de febrero le mandaron: oposición.

El PAC y el PUSC también deberán definir su agenda. Mientras los primeros parecen ser los más claros en cuanto a su función de oposición, los segundos están en una etapa de reinvención, tratando de quedar bien con todos pero, al mismo tiempo, obteniendo dividendos para sus proyectos. Del PASE y los minoritarios es poco lo que se puede decir, salvo que el Diputado Villalta sigue dominando la agenda ambiental, con gravísimas consecuencias para el desarrollo del país, pero beneficiándose de la torpeza, miedo e incapacidad de los demás partidos para oponerse a sus disparates.

Como podrán observar, no vienen meses fáciles en Cuesta de Moras. La negociación, el tacto y las "puñaladas por la espalda", aunque suene paradójico, pueden ser el pan de cada día de acá en adelante.

En ASOJOD estaremos muy pendientes para ofrecerles, a su debido tiempo, nuestra opinión sobre los temas antes mencionados y los que seguramente surgirán conforme avance el tiempo.

Flash Legislativo

Otra vez más, los estatistas, intervencionistas, reguladores y colectivistas, vuelven a la carga. La semana anterior, el Plenario Legislativo aprobó -eso sí, con la oposición de la Fracción del Movimiento Libertario- una moción para aplicarle vía rápida, dispensar de trámites y delegar a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, el proyecto de ley N° 17.874, de la Liberacionista Viviana Martín, para regular el porteo, eliminándolo como actividad privada y convirtiéndolo en un servicio público, sujeto a permisos y trámites.

A pesar que a mediados de este año, los Diputados Libertarios lograron traerse abajo un plan similar, al presentar ante la Sala Constitucional una consulta sobre el expediente N° 16.136, los demás legisladores subsanaron los errores mediante una nueva iniciativa y avanzan decididos a limitar la libertad de empresa, trabajo y comercio en esta actividad.

Para resolver el "caos" nacional con porteadores y taxistas, los de siempre pensaron en lo de siempre: estatizar, fomentar la intervención, darle alas a la burocracia y exigir permisos que, como bien nos ha enseñado la experiencia, sólo sirven para impedirle a la gente trabajar y fomentar la corrupción. Porque cuando se ponen barreras de entrada al mercado, el gran beneficiado es el político, que puede castigar o premiar a los solicitantes de permisos, según su apoyo y trabajo en futuras campañas electorales o en la realización de ciertos "trabajitos" que le permitan mantener o aumentar su poder.

Lamentablemente, en ASOJOD creemos que la suerte está echada. Con mayoría aplastante en la Comisión Legislativa con Potestad Plena, los Diputados del PLN, PAC, PUSC y RC y, con la ayuda de algunos porteadorcillos que se beneficiarán con los permisos, lograrán su cometido: dejar sin empleo a miles de ciudadanos y, de paso, darle una manita a Rodrigo Arias en las elecciones del 2010.

Flash Legislativo

En ASOJOD hemos sido duros con los Diputados, tanto del periodo constitucional anterior como los del actual. En muchas ocasiones, hemos criticado con dureza las tonterías cometidas y hemos explicado cómo ellas afectan la libertad y el desarrollo del país.

Una de ellas fue el sonado intento de aumento salarial. Si bien somos concientes que los sueldos de los legisladores no son los apropiados y que el respeto y la investidura se han perdido con el pasar de los años, insistimos en que no era prudente el momento de plantearlo. Una crisis internacional y, particularmente, un cuantioso déficit del sector público no se los salta cualquiera y un aumento de ese calibre, sin duda, habría complicado más la situación y abierto las puertas para la voracidad fiscal, con el pretexto de generar más impuestos para tener mayor presupuesto. En definitiva, no era el momento de plantearlo, aunque creemos que, cuando sea oportuno, el debate debe darse.

Sin embargo, gracias a la presión popular, los legisladores decidieron dar marcha atrás. Y por dicha que lo hicieron: el pasado jueves, enterraron definitivamente el proyecto de ley en cuestión y se acabó, por el momento, esta novela. Ellos aprendieron la lección de la forma más dura: con toda la protesta popular en su contra y con un costo político importante, pero que, como todo en este país, probablemente no vaya más allá que en el momento.

Flash legislativo

¡Una verdadera idiotez! Así es como hay que calificar lo que hicieron ayer los Diputados, al aprobar el proyecto de ley Nº 15.948, que prohibe la minería a cielo abierto en Costa Rica. Sí hay que reconocer que sólo dos legisladoras tuvieron el valor de oponerse a esta absurda decisión, retirándose de forma evidente en el momento de la decisión, en un intento desesperado por motivar a su fracción a romper quórum. Esas diputadas fueron las libertarias Marielos Alfaro y Damaris Quintana.

El resto de legisladores se dejó llevar por el ambientalismo ciego e insensato que intenta paralizar el desarrollo y que su fin máximo, es la conservación a ultranza, sin importar el costo humano y económico. Basado en la paranoia y la presión de los ambientalistas, medios de comunicación y demás grupos, los legisladores creyeron que sería una gran gracia impedir una actividad.

¿Cuáles razones existen para hacerlo? Ninguna: esa prohibición es completamente arbitraria. Tanto como prohibir que las personas usen zapatos blancos o como impedir que los individuos pronuncien la letra "f". Sólo porque a unos no les gusta la minería, entonces nadie puede desarrollarla, pero ¿desde cuándo el capricho de unos pocos desfasados y paranoicos se convirtió en criterio de aceptación para las actividades humanas?

En ASOJOD lo hemos venido diciendo una vez sí y otra también: este tipo de prohibiciones lo único que logran es abrir la puerta para que vengan más. Así como es arbitraria la prohibición de la minería a cielo abierto, pronto escucharemos a algún creativo proponer que también debe impedirse la industria plástica, la mecánica, la forestal, etc. Como lo dijimos antes, ¿cómo quieren que sobreviva la humanidad si, al paso que vamos, pronto cualquier cosa que genere algún grado de contaminación será prohibida? Y mejor aún: ¿qué actividad humana no genera contaminación?.

¿Por qué mejor no prohiben de una vez que exista el ser humano y terminamos con estas payasadas?

Flash Legislativo

Este miércoles, los Diputados del Movimiento Libertario presentaron formalmente ante la Contraloría General de la República, una denuncia de nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento de un lujoso edificio en Multipark para que se trasladen la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

La denuncia incluye la solicitud de una medida cautelar urgente, con la que se pretende la suspensión de la ejecución de ambos contratos, a efectos de evitar mayores lesiones al interés público. Además, el documento indica que se prescindió del mecanismo de licitación pública sin motivo justificado, violentándose la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Esperemos que la Contraloría investigue este tema a profundidad y sancione a los responsables. No puede aceptarse que una institución pública, sin razón alguna, deje sus instalaciones para pasarse a otras mucho más lujosas y traslade los costos a los tax payers.

Flash legislativo

Ayer, la fracción del Movimiento Libertario presentó el proyecto de ley Nº 17.889, Ley de reducción y simplificación tributaria para el mejoramiento de la competitividad nacional, elaborado por la Asociación Nacionalo de Fomento Económico (ANFE).

La iniciativa pretende reducir el impuesto sobre la renta para convertirlo en uno más simple, que contribuya a una asignación más eficiente de los recursos y que promueva el crecimiento económico sostenido y la competitividad en Costa Rica, contrario a lo que procura el Gobierno con el paquetazo de impuestos que someterá a conocimiento de la Asamblea, en el próximo mes de diciembre.

El proyecto Nº 17.889 pretende bajar el impuesto sobre renta para empresas no domiciliadas en el país, a las pequeñas empresas, a las personas jurídicas domicialiadas en el país, a las personas físicas con actividades lucrativas. En cuanto a la escala de tarifas, la iniciativa propone que las rentas de hasta $15.500 anuales estén excentas y que sobre el exceso de dicha cantidad, se pague un 10% de impuesto.

Podríamos seguir describiendo el proyecto, pero nos extenderíamos demasiado, por lo que invitamos a los lectores a visitar la página de la Asamblea Legislativa y estar pendientes para poder descargarlo una vez que esté en el sistema.

En nuestra opinión, es una excelente noticia que se proponga reducir impuestos. La liquidación presupuestaria de 2009, recientemente discutida en el Congreso, demostró que el Gobierno le quitó recursos a los ciudadanos y empresas para destinarlo a fines "públicos" y ni siquiera fue capaz de ejecutarlos de forma eficiente, so pretexto de la crisis mundial. Sin embargo, es claro que la crisis, si bien tuvo impacto en la recaudación, no tiene nada que ver con la ejecución, al menos en el sentido que el Ejecutivo justificó.

En realidad, se demostró que la incapacidad del Estado para usar los recursos y la situación económica mundial generan que se realicen serias transformaciones del aparato estatal: se requiere su reducción, la eliminación de gastos e instituciones que no aportan nada y, consecuentemente, una dinamización de la actividad económica, que sólo se logra si se le permite a los individuos disponer de más recursos para invertir, ahorrar o consumir.

Además, en nuestro criterio, los impuestos bajos son una forma de mejorar la recaudación, pues al simplificarse la estructura tributaria se reducen los incentivos para evadir, por la simple razón que puede ser más caro pagar contadores y abogados que ayuden a "maquillar" los libros contables que pagar el impuesto mismo.

Finalmente, nuestra posición en torno a los impuestos siempre ha sido clara: son un robo institucionalizado. Sin embargo, la única justificación que encontramos para los impuestos es el financiamiento de la seguridad ciudadana y la administración de justicia, no así para todas las demás ocurrencias que caracterizan a nuestro país. Claro está, nuestra aspiración está lejos de cumplirse, pero vemos con buenos ojos que mediante este proyecto se reduzcan los perjuicios que le causan las "contribuciones" forzosas a los ciudadanos.

Flash Legislativo

Recientemente se presentó a la Asamblea Legislativa, el expediente Nº 17.804, que pretende eliminar el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución Política, para abolir la prohibición de que extranjeros puedan asumir la dirección de un sindicato.

En ASOJOD, siendo consecuentes con las ideas de la libertad, consideramos que eliminar este impedimento está bien. A pesar que no nos agradan los sindicatos, por ser organizaciones dedicadas al chantaje y a la obtención de premios a costa de los demás, no somos capaces, ni siquiera de sugerir, que deban proscribirse. Que no nos agraden los líderes sindicales tampoco significa que tengamos derecho a impedirle a un grupo de individuos escoger a quien los represente.

Así como hemos criticado que los planificadores estatales se erijan como conocedores de lo que es bueno y malo para cada quien y que caigan en la fatal arrogancia de creer que tienen toda la información necesaria para tomar decisiones en nombre de otros, criticamos que exista una prohibición como esta, con la cual es el Estado -y no los individuos miembros de un sindicato- el que decide a quién quiere poner al frente.

Desde el punto de vista moral, no existe diferencia en prohibirle a los extranjeros ser líderes sindicales o prohibirles crear una empresa. Cualquier impedimento de ese tipo es una limitación pueblerina, basada en el chauvinismo absurdo que hace a muchos creer que el sólo hecho de ser costarricenses los hace superiores a los demás y de esa xenofobia colectivista y tribal que los hace creer que el extranjero es malo.

Desde el punto de vista práctico, si el temor es que sindicalistas bolivarianos vendrán a Costa Rica a dirigir las cúpulas, hay que decir que no es más que un temor infundado. Ya esos mismos líderes vienen, adiestran a los sindicalistas criollos, los asesoran y si quieren quedarse a vivir en el país, lo hacen y se convierten en el poder detrás del trono en los sindicatos. No creemos que el hecho de que sindicalistas extranjeros dirijan una organización de esas, vaya a cambiar radicalmente la actitud que ellas tienen en la actualidad.

Ahora bien, aunque no se trata este tema en el proyecto, sí queremos hacer una advertencia: hay que evitar que se avance en la absurda propuesta de obligar a las empresas privadas a permitir los sindicatos, que es algo por lo que han venido reclamando el Frente Amplio y el PAC. El empresario, como dueño de su negocio, tiene todo el derecho de decidir qué se permite y qué no en su propiedad y el Estado no tiene por qué venir a obligarlo que se aguante un sindicato.

Flash Legislativo

La semana anterior, la Fracción del Movimiento Libertario presentó dos nuevos proyectos de ley tendientes a garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno. Se trata del Expediente N° 17.867, que procura reformar el artículo 176 de la Constitución Política para impedir el financiamiento de gasto corriente con deuda y el Expediente N° 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca establecer una serie de reglas y sanciones para el manejo financiero de los Presupuestos Públicos.

En ASOJOD celebramos que se intente poner límites al gasto público y al despilfarro de recursos que hacen los gobiernos de turno y que sólo sirven para aumentar la corrupción, el clientelismo y justificar la posterior voracidad fiscal.

Ya es hora que los gobernantes tengan que sujetarse a reglas claras y sepan que no pueden estar por encima de la ley ni pueden generar un desorden en las finanzas públicas sin que hayan consecuencias legales en su contra. Ya es hora de que el gobierno vuelva a ser responsable ante los ciudadanos y preserve los recursos que los individuos crean mediante su trabajo y capacidad.

Flash Legislativo

El pasado jueves, la Asamblea Legislativa dio fin a un debate esteril y absurdo que se venía gestando desde días atrás. Se trata de la aprobación, en primer debate, del proyecto N° 17.815 para declarar a Juan Rafael Mora Porras (1814-1860) como Libertador y Héroe Nacional.

Desde hace unos días, el Diputado del PLN, Fabio Molina, atizó el debate al oponerse a tal declaratoria, insistiendo que en Costa Rica sólo puede haber un héroe: Juan Santamaría. Por supuesto, los ataques de otros Diputados no se hicieron esperar y tras un estira y encoge, se logró aprobar el mencionado expediente con 41 votos a favor y 1 en contra. Además, el pasado lunes se aprobó en segundo debate, convirtiéndose prácticamente en Ley de la República (sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo).

Probablemente, los lectores se preguntarán qué necesidad había de hacer de este tema, un debate en el Congreso. En ASOJOD no sólo cuestionamos lo mismo, sino más: qué necesidad hay de dedicar tiempo y recursos valiosos para discutir algo tan estéril e inútil como una declaratoria de héroe o un benemeritazgo cuando la agenda legislativa está rebosando de proyectos que merecen ser discutidos.

Los tax payers esperamos de la Asamblea Legislativa una inversión apropiada, eficiente y eficaz de sus recursos; elegimos representantes para que promuevan o bloqueen los proyectos de ley que consideramos buenos o malos respectivamente. Sin embargo, dedicar tiempo a algo tan absurdo como declarar que un fulano debe ser héroe o un sultano debe ser Benemérito de la Patria, nos parece lamentable.

Por eso planteamos la duda y la dejamos picando para que los lectores opinan: ¿debería la Asamblea Legislativa destinar tiempo para declarar héroes y beneméritos? ¿Quién podría hacerlo en su lugar, para así aligerar la agenda legislativa? O es más, ¿requiere Costa Rica que se estén otorgando esos títulos honoríficos? ¿Qué ganamos los ciudadanos actuales con esto?