La columna de Carlos Federico Smith: ahora, ¡siembren aguacates!

El gobierno ha lanzado el “Plan Nacional del Aguacate.” Pretende que se cultiven 2.500 hectáreas más de las 2.000 hoy sembradas. Por supuesto, el estado aportará dinero, en esta ocasión por medio del Banco Nacional, el cual dijo disponer “de más de ¢5.000 millones para ofrecer crédito a los agricultores,” así como se usarían fondos del Sistema de Banca de Desarrollo. O sea, el gancho de siempre para los agricultores: hay plata para prestar, aunque debería depender de ellos si se justifica que lo piden prestado. Y, paradójicamente, cuando en el país ese mismo gobierno habla del problema del sobreendeudamiento. Tal vez para que, al llegar el momento de repagar la deuda, deban acudir a presiones políticas para que les amplíe el plazo de repago o que se les rebaje algo o la totalidad de las obligaciones. ¿Acaso no ha sido eso parte de la historia de ciertos endeudamientos estimulados por el gobierno de turno?

Según La Nación, en su artículo “Gobierno pretende elevar en un 125% la siembra de aguacate,” lo que en realidad nos dice es que la producción doméstica, hasta el momento, no ha estado a la par de la demanda, por lo que los precios han aumentado (yen cuanto a la calidad que usted sea quien juzgue, porque, para mí, algunas veces muy mala y, en otras, muy buena). Tan es así dicha “insuficiencia,” la que solía ser llenada esencialmente por una eficiente producción mexicana, que ahora se debe importar de países más alejados, pues la prohibición del aguacate Haas, que es altamente demandado en el país, se hizo para países como México, Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela y Estados Unidos, lo que hace que probablemente tenga que venir desde otros productores menos conocidos y hasta más alejados, lo cual eleva el costo. 

Ahora, ante la “insuficiencia,” según el ministro de Agricultura, se debe “cubrir la demanda nacional en su totalidad [o sea, si bien entiendo, se pretende la autosuficiencia] que actualmente es de 13.000 toneladas por año.” No se informa de cuánto es la oferta actual nacional, pero se puede estimar, dado que el objetivo es un aumento del 125% en la producción para ser autosuficientes, lo que daría que la oferta actual debe ser de unas 5.780 toneladas al año. Tamaña tarea ser autosuficientes…

Ciertamente, uno habría esperado que, si los precios de hoy son buenos ante la falta de importación, ese faltante se habría estimulado satisfacerlo con una mayor producción nacional, por una decisión de mercado propia de los productores, y en donde el estado puede, tal vez, ser útil an asistencia técnica y similares, pero no lo sería por falta de financiami}ento, pues, según el sistema bancario nacional, lo que hoy se tiene es un exceso de fondos prestables.

Hay algo que me inquieta de este programa en particular del gobierno, que es que ya una corte nacional ha determinado que la prohibición proteccionista, impuesta por el gobierno anterior, causó daño a algunos (importadores del aguacate y creo que principalmente a los consumidores). La resolución del conflicto producido por esta política proteccionista del gobierno está en manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues el país fue acusado de violar las reglas internacionales del comercio por el gobierno nacional. O sea, podría ser que, a cierto plazo no muy largo, habrá una decisión de la OMC que obligue a las autoridades del país a reabrir su mercado a la competencia internacional.

Ante un nuevo “Plan Nacional del Aguacate, vale la pena recordar lo que ha sucedido con diversos ejemplos de programas estatales similares, de un estímulo determinado del gobierno para aumentar siembras de ciertos cultivos. De un gobierno que presume ser un mejor conocedor de los mercados que los productores e importadores nacionales, quienes son los que verdaderamente corren los riesgos del negocio al final de cuentas como para decidir sus inversiones. 

Me acuerdo, hace ya muchos años cuando, ante una decisión de políticos de turno, se promovió la siembra de cabuya en una parte importante del país, que, en la actualidad, si acaso, se produce algo de ella para artesanías locales. Eso fue hace ya su rato, pero hace menos tiempo, el gobierno promovió la producción de otro producto “exitoso”, pues los empresarios sembraban poco y, así, el gobierno promovió arduamente su siembra. Me refiero al cacao, tanto en el Atlántico como en el Norte del país. Sabemos que el experimento no fue exitoso, en mucho por tener variedades no resistentes a ciertos hongos. Y hoy la producción es relativamente baja.

Más cercano está el caso del estímulo estatal a la siembra de palma africana, que, según tengo entendido, el área sembrada se ha reducido significativamente, entre otras, por razones de mercado. Y, aún más actual, recuerdo cuando la “moda” gubernamental fue estimular a los agricultores para que sembraran palmito. Lo hicieron. Luego la competencia internacional dejó por fuera de ese mercado a quienes sembraron esperanzados, quienes, eso sí, terminaron con altas deudas por haber seguido el consejo de políticos.

¿Por qué no se deja a que sea la prudencia y la posibilidad de usar los recursos incluso emprestados, lo que guíe a los empresarios, para llevar a cabo sus proyectos, sin incitarlos a que lo hagan en productos selectivos que han fracasado en diversas ocasiones? Que el empresario pondere sus decisiones, sin tratar el gobierno de alentarlo, diciéndole que les van a dar acceso a fondos, entre otras cosas, que no suelen ser suficientes para que la actividad sea rentable. Los Planes Nacionales del… producto de moda, el del momento, definido entre burócratas, terminan sirviendo sólo para que una burocracia pase entretenida y para que unos políticos alienten a empresarios a invertir en lo que, si fuera rentable, lo harían por ellos mismos sin un plan estatal, todo a fin de cosechar votos. Piense el inversionista productor, cuáles son sus riesgos, cuáles las decisiones del mercado en curso y qué precios podría lograr si se duplicara la producción doméstica. El verdadero empresario buscará conocer mejor las condiciones de los mercados, que lo que pueden saber mejor un burócrata de escritorio o un político embaucador, pues, si se fracasa, si se pierde, ninguno de todos esos sufrirá en sus bolsillos la mala decisión económica que han incentivado.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: estimulemos aún más el contrabando

No hay duda que las leyes de la economía tienen su lugar. Así, uno aprende en economía básica que, cuando se ponen impuestos elevados, ya sea a la producción doméstica o a las importaciones de ciertas mercancías, se estimula que ingresen al país provenientes ilegalmente desde el exterior. A esto le conocemos como contrabando de productos.

Un primer estudio realizado por el Observatorio de Comercio Ilícito, el contrabando de productos en el país se acercaría a los ¢700.000 millones anuales. Lo informa La Nación del 22 de agosto en su comentario “Comercio ilícito de Costa Rica se estima en ¢700.000 millones anuales.” Es interesante que, si bien definir la magnitud del comercio contrabandeado es sumamente difícil dada su naturaleza ilegal, esa estimación se deriva de un análisis basado en las probabilidades de importaciones indebidas de los sectores o productos principales, algo que técnicamente es mejor que el simple bateo. El Observatorio usó información del ministerio de Hacienda, de especialistas en esas actividades ilegales y del comportamiento histórico de los diferentes bienes, todo lo cual se comparó con las categorías de importaciones del Banco Central. El objetivo del estudio es my loable; “tener información para la generación de políticas públicas,” pero, sin subestimar ese esfuerzo, la literatura económica es abundante acerca de importaciones ilegales y ese estudio lo confirma.

El hecho que parece definir al comercio de contrabando es los altos precios de los bienes importados legalmente al mercado interno, en mucho debido a diferentes impuestos a los que se les somete; esto es, al montón de impuestos que suele ponerse a ciertos bienes, incluso alguno, tal vez, por consideraciones de una moral peculiar, como a los licores y cigarrillos, que cierta gente considera como vicios que deben gravarse. Pero, también, lo define el hecho de que la actividad del comercio ilegal está sujeta a los mismos principios de cualquier actividad económica, cual es que los beneficios, a lo largo del tiempo, compensen a los costos incurridos en esa actividad.

Lo expuesto es el mismo principio que explica el enorme negocio internacional de las drogas, en donde el diferencial de precios entre el precio de venta en el mercado final y el costo en el país de producción, así como el coto del transporte y otros gastos, son tan elevados, que incluso compensan el altísimo costo de la posible detección y penalización del delito en toda su cadena desde la producción hasta el consumo. 

Si los impuestos internos son altos, dando lugar a un precio doméstico legal muy elevado, la actividad del contrabando es muy rentable, dados no sólo los menores costos del país en donde se producen, su traslado hacia Costa Rica y tomando en cuenta las posibilidades (costos) de detención y penalización del contrabando. A veces se cree que, si se introduce mayor vigilancia en fronteras y en ciertos sectores específicos, se detendrá el contrabando, pero, el costo fiscal de desempeñar toda esa actividad de control del comercio ilegal no es sólo fiscalmente muy alto (pagado por todos los ciudadanos), sino que, también, la rentabilidad del negocio ilegal es tan elevada como para poder sobornar con facilidad a aquellos encargados, de una u otra manera, de controlarla; para que, más bien, se hagan cómplices del negociado.

Se estima, a partir del estudio citado, que, para el 2018, “el 23.5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de ley (esto es, contrabandeados). Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.” El resto de los principales bienes importados ilegalmente son: partes para carros (10.2% del consumo doméstico), electrodomésticos (con un 9.1%), prendas de vestir (8%), medicinas (7.9%), calzado (7.3%), diésel (6.9%), jabones y perfumes (6.3%) y aguacates (4.1%), según dicho estudio.

Ah, pero este problema del exceso de impuestos internos a ciertos productos que estimula el contrabando, no parece impactar a ciertas autoridades, como unas de la Caja, quienes, en busca de recursos para aliviar la situación difícil del régimen de pensiones del IVM, proponen aumentar los impuestos al juego -que no se contrabandea- y también a los licores y cigarrillos, que mucho se contrabandean. 

De aprobarse esa insensata proposición, se estimulará aún más el contrabando y, muy posiblemente, el estado costarricense obtendrá pocos fondos adicionales. Suena feo decirlo, pero, ante el abuso con los impuestos del estado, los consumidores ¡debemos alegrarnos por el contrabando!, pues alivia las penurias impuestas por los altos gravámenes. Tal vez los burócratas piensen un poquito y, más bien, propongan reducir esos impuestos a los licores y cigarrillos, para así desalentar el contrabando y, al consumirse la producción legal doméstica, el fisco obtendría mayores recursos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: amenaza al comercio Costa Rica-Estados Unidos

En comentarios previos he señalado el abuso que se estaba cometiendo en entidades del Ministerio de Agricultura, para impedir la entrada de aguacate desde diversos países.  En ese entonces expuse que la restricción no pasaría inadvertida y que podría dar lugar a represalias de las naciones afectadas en contra de nuestras exportaciones.  

Desde aquel entonces hemos visto un incremento en la acritud con que algunos elementos del gobierno han recibido quejas totalmente esperables de representantes de naciones con las cuales comerciamos, en mucho al amparo a acuerdos comerciales firmados entre las partes y que incluyen convenios en cuanto a promover el libre comercio y la no toma de decisiones arbitrarias en su contra. 

Es usual que en el campo comercial surjan controversias, pero últimamente parecen tener un punto focal que crea tal situación: el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del Ministerio de Agricultura. Veamos los casos recientes de restricción a la importación que dicha dependencia ha impuesto, diciéndonos que debido a razones científicas, y no de un simple y llano proteccionismo, como alego.  En el 2013 el SFE limitó la importación de papa industrial -deseo desde hace muchos años de sectores que buscaban protección de forma que se obligara al consumo de producción nacional, por supuesta que más caro para los consumidores- proveniente de los Estados Unidos, alegando el descubrimiento de enfermedades que afectan la producción en ese país. 

En el 2015 el SFE implantó una prohibición a la importación de aguacate Haas, principalmente la proveniente de México, pero también desde otros países como Guatemala y de partes de los Estados Unidos y muchos otros más.  Tal cosa se ha reflejado en que ahora en nuestros mercados tengamos un producto de una menor calidad, si se le compara con el que antes se permitía importar de otros lugares, así como mayores precios.

En el 2015 también el SFE prohibió la importación de huevo deshidratado, miel de abeja, especias, carne de cerdo y de pescado, sin que se hubieran determinado razones técnicas para ello. 

Asimismo, en ese año el SFE, después de que el gobierno había ampliado las posibilidades de importar arroz más barato del exterior, bloqueó las importaciones más baratas de ese grano que provenían de Uruguay y Argentina.  En cierto momento creí que los importadores afectados acudirían a los tribunales en salvaguarda de sus derechos (y para nuestro bienestar) ante la imposición de barreras no arancelarias a la importación. Pero, ciertamente algo debe de haber pasado camino al foro, pues no he visto nada de eso y la restricción a la importación sigue vigente.

También creo que alegando razones fitosanitarias el SFE cercenó la importación de azúcar de Brasil, aduciendo que éste no contenía cierta medicina preventiva y que debería de ser aplicada al ingresar al país.  El hecho es que Brasil estaba exportando a precios muy baratos, que incluso compensaba traerlo al país pagando los aranceles que hoy están vigentes y, para proteger al cartel, lo cierto es que debía de frenarse cualquier importación de azúcar.

Todo esto parece provenir de una conducta no científica del SFE, sino a motivaciones políticas dirigidas a proteger la producción doméstica a contrapelo de acuerdos internacionales ya firmados y vigentes entre las partes y ante todo dañando las posibilidades de consumo de los ciudadanos, quienes así se han visto obligados a adquirir bienes más caros y de menor calidad.  Esa es la cara conocida del proteccionismo, agravada por una circunstancia muy particular: los perjudicados son un grupo muy extenso de ciudadanos -los consumidores- principalmente los de ingresos relativamente más bajos, en tanto que los beneficiados suelen ser grupos reducidos de productores. Eso abre el camino para la cópula política entre gobernantes, quienes otorgan protección a cambio de votos, y de grupos cerrados y pequeños de productores, los cuales están dispuestos a brindar apoyo al gobierno, a cambio de esa protección. Simplemente, como los consumidores son muchos, en donde porcentualmente el costo adicional que cada uno de ellos paga por cada kilo del bien protegido por la protección, es relativamente bajo, si eso se le compara con el enorme monto total que, derivado de la protección, queda en las pocas manos de los protegidos, entendemos por qué estos últimos están dispuestos a meter plata en defensa de la protección, en tanto que a los primeros el costo no los es tanto para cada uno de ellos como para que invierta plata en el rechazo de la protección

Estas limitaciones también están afectando las relaciones comerciales con el principal país al cual le vendemos (exportamos) y le compramos (importamos): los Estados Unidos.  En palabras del embajador de los Estados Unidos, señor Stafford Fitzgerald Haney, y contenidas en un artículo de La Nación del 15 de febrero titulado “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos: Embajador dice que Costa Rica no cumple al 100% los convenios comerciales sobre el agro”, el SFE, órgano del MAG, se “ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países.”  Continúa diciendo el embajador, “Costa Rica ha firmado muchos convenios aparte del Cafta (TLC) y yo creo que mayormente se cumplen. Pero hay áreas que sí son muy preocupantes…. Una de esas áreas en donde no se ha cumplido es agricultura… pero cuando hay convenios y contratos firmados, hay que seguir las reglas. Y si hay algún problema, hay que decir cómo lo trabajamos. Agricultura es un área que está causando tensión.”

El embajador expuso que “si es más político (el SFE) no ayuda tanto a Costa Rica ni a la gente que está exportando a los Estados Unidos, ni a la gente que quiere importar. Entonces, eso sí, el lado fitosanitario hay que mejorarlo. Tengo entendido que antes era más profesional de lo que es hoy y eso tiene un impacto.” Esta no es una amenaza: simplemente es un recordatorio de que las reglas del TLC y de la Organización Mundial de Comercio permiten represalias cuando hay medidas arbitrarias de una de las partes.

Por supuesto que eso causó la alarma dentro de otra parte del gobierno de Costa Rica, principalmente aquella que institucionalmente tiene a su cargo el comercio internacional del país; en concreto, de los acuerdos internacionales ya firmados libremente por Costa Rica con muchas otras naciones del mundo.
 

Por su parte, “el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, afirmó en relación con el caso de los aguacates Hass, que el MAG y el SFE no respetaron los protocolos internacionales ratificados por el país, que obligan a las autoridades a informar a los socios comerciales con suficiente antelación cuando se va a frenar la importación de un bien.” Ello lo consigna La Nación en su comentario “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos” del 15 de febrero del 2016.

Las exposiciones del embajador dieron lugar a una opinión del presidente de la República, acerca de “si el Gobierno está cambiando su posición respecto a las importaciones costarricenses en una acción que podría ser catalogada como proteccionista, [que] de ninguna manera, esa no es la tesis del Gobierno.” “Queremos que nuestros productores agropecuarios compitan en buena lid con las importaciones de terceros países. Lo que hemos dicho es que, en algunos casos, se ha vuelto necesario salvaguardar la capacidad productiva de estos sectores en temas conocidos en su momento, como arroz o azúcar, pero no hay ningún cambio, ni se ha instruido ningún cambio que pueda, llamémoslo contaminar, ya no de insectos, sino de ideología”, manifestó el presidente de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 16 de febrero del 2016 titulada “Luis Guillermo Solís niega proteccionismo en su política agrícola.”

Entre tanto, mientras empresarios importadores buscaron abrir un diálogo con el embajador de los Estados Unidos, el encargado del SFE, señor Francisco Dall’ Anesse, aseveró públicamente, en el seno de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que hablaría con el embajador de los Estados Unidos, pero “que solo aceptaría una plática técnica y no política con el embajador de Estados Unidos si esta se realiza en un sitio público, en donde lo que se converse sea de acceso libre.” Además, algo que se va haciendo usual entre políticos, acusó a los medios de cubrir con sensacionalismo al SFE y de que tal cosa no ocurría en el pasado.  En mucho es gracias a los medios que los ciudadanos nos enteramos de estas cosas acerca del comportamiento de políticos, quienes probablemente prefieren el secretismo ante sus aberraciones.

En todo caso, la reacción de otros miembros del gabinete no se hizo esperar, basados en dos razones trascendentales. Que el señor Dall’ Anesse es un funcionario de segunda categoría en un ministerio y que es improcedente pedirle a un embajador extranjero que se reúna con él. Asimismo, su arrogancia y poco conocimiento de los protocolos internacionales, no son excusa para saber que los asuntos entre gobiernos extranjeros y el nacional se tratan a nivel de la Cancillería.  Pero también es esquizofrenia que Dall’ Anesse pida que esa reunión -que casi estoy seguro de que no se realizará- sea en un sitio público, en “donde lo que se converse sea de acceso libre.” No me imagino que ese funcionario tenga en mente algún bar o el estadio nacional, ni tampoco que está presumiendo que se tratarán temas delicados indebidos o corruptos que debería de conocer el público y que supuestamente el diplomático no lo plantearía en las circunstancias oxigenadas en que aquel pretende que se haga.  No dudo que el embajador conoce que en estos casos su interlocutor con el gobierno de Costa Rica es el canciller de la República o un ministro a petición del presidente y no un funcionario de medio plano.

Son las razones por las que, tanto el ministro de Comercio Exterior, señor Alexánder Mora, quien preside el ente gubernamental encargado de asuntos de comercio internacional y particularmente de tratados comerciales de los que formamos parte, como también nuestro Canciller, señor Manuel González, de inmediato señalaron, el primero, que “hay ciertas apreciaciones fuera de lugar, porque no es propio, ni es correcto, por ejemplo, que un embajador se reúna con directores (de ministerios). Eso no sucede. Para eso están las contrapartes técnicas de la embajada… El verbalizar alguna intención de condicionar una reunión con el embajador está plenamente fuera de lugar.” A la vez que el segundo, el canciller González, indicó que “Somos un país, somos un estado y el estado tiene que tener coherencia y no es posible que, por una cuestión técnica que hay que respetar, se pueda afectar una relación bilateral que es muchísima más amplia y en muchas otras áreas que un aspecto puntual fitosanitario. Tiene que haber coordinación. Me parece que un director debería entenderlo y seguir esa guía porque es el país el que al final se compromete.” Ambas citas aparecen consignadas en La Nación del 27 de febrero del 2016, en el comentario titulado “Ministros lamentan trato de jefe del MAG a embajador de EE. UU.: Fustigan a director del servicio fitosanitario por arriesgar buena relación con primer socio comercial del país.”

Seguro que el ministro del MAG probablemente saldrá apoyando a su funcionario, lo cual no me extraña dado su afecto hacia el proteccionismo agrícola. Y Dall’ Anesse calla cuando diputados le interpelan y lo que hace es acusar a los medios que difunden la noticia, de “sensacionalismo” y de “buscar titulares” en su contra. La ignorancia, la arrogancia y la temeridad de ese funcionario le está pasando una nueva factura al gobierno, cuenta que posiblemente tendrá que ser pagada, no sólo como les sucede ya a los consumidores, sino también a importadores y exportadores nacionales, que encontrarán es su esfuerzo problemas innecesarios con nuestro social comercial más importante. Nada más un par de datos: Costa Rica importó, en el 2015, de los Estados Unidos $4.496,2 millones y exportó a esa nación $1.410, 4 millones, de acuerdo con información preliminar del Banco Central.

Nada de eso parece importarle a un desaforado empleado de un ministerio. Algo típico de la ineficiencia del estado costarricense, en donde un empleado de segunda se lanza a diestra y siniestra como si fuera Superman, mientras sus superiores se esconden y provoca que otros ministros más serios de la administración tengan que salir a enmendar la torta, en el marco en que un presidente no pone orden para que el gobierno no presente tan importantes fracturas, que de profundizarse causarán un enorme daño a consumidores, importadores y exportadores nacionales.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ñangazos proteccionistas

Quiero ser muy honesto con ustedes, amigos lectores: así imagino yo los golpes recientes que los impulsos proteccionistas de algunas autoridades de gobierno han ocasionado a los bolsillos de los ciudadanos. Ñangazo es una buena palabra para describirlo y tiene la virtud de que la generalidad de los costarricenses conoce bien el sentido de esa palabra. Es un mordisco o mordedura que usualmente lo identificamos como la de un animal, pero que también creo es lícito hablar de un ñangazo a los presupuestos de las familias: Es una extracción violenta de los recursos limitados de los consumidores, cuando, por medio de la imposición de un arancel a las importaciones o una prohibición abusiva o indebida, un estado da a lugar a un descenso en la oferta de bienes y servicios en la economía, lo cual se traduce en un aumento en los precios. Ese es el ñangazo a nuestros presupuestos familiares, cuando para comprar lo mismo que antes, ahora hay que desembolsar más plata, que en este caso va a dar, parte al estado, y parte a los productores que se decidió proteger.

Pero, como veremos luego, el ñangazo no afecta sólo a los consumidores, pues puede dar lugar a medidas que también dañan a exportadores que no han tenido nada que ver con la decisión gubernamental.

Eso sí, lo de los aguacates no es el único ñangazo reciente: lo cierto es que el proteccionista ministerio de Agricultura, por medio de dependencias suyas, desde hace un rato ha venido, pedacito por pedacito, erosionando las posibilidades de consumo de los ciudadanos. Veamos algo de esa historia: 

• Se ha restringido la importación de pollo desde Canadá y los Estados Unidos. 
• Se ha limitado la importación de frijoles desde Nicaragua.
• Se ha impedido importar cebolla del exterior.
• Con la exigencia de una aprobación de parte del gobierno de Costa Rica a las plantas chilenas productoras de embutidos, se ha restringido su importación, sin pensar que Chile exporta, desde hace buen tiempo, embutidos a muchos países del mundo, sumamente exigentes en cuanto a normas fitosanitarias.
• El arancel impuesto a las importaciones de arroz es notorio, aunque después el gobierno proteccionista medio echó marcha atrás, al permitir, ante la barbaridad de lo actuado, que hubiera a cambio cuotas de importación de arroz proveniente de Uruguay y Argentina. Toda la restricción arancelaria ha sido para favorecer a un grupo poderoso, pero muy reducido, de productores domésticos.
• En un artículo de don Emilio Bruce, en La República del viernes 05 de junio de este año y que lleva por título “Sinceramente. ¡Todo acto conlleva consecuencias!, señala limitaciones a las importaciones de miel de abeja, especias, carne de res y de cerdo, pescado, plátano verde, chile jalapeño, huevos deshidratados…

Esta conducta gubernamental, particularmente del ministerio de Agricultura, es síntoma de un envalentonamiento de las fuerzas proteccionistas, especialmente ancladas en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), sin dejar de lado un disimulado ministerio de Economía. 

De los anteriores productos, el que sin duda más discusión pública ha provocado es la reciente prohibición a la importación de aguacate, por lo cual me centraré en comentar dicho caso, pero ello no extingue el análisis que se podría hacer de los casos de restricciones similares a las importaciones arriba citadas. Todos son bichos de la misma especie, aunque varíen en detalles. Poseen la característica limitante de las importaciones, con un poco velado interés de proteger los intereses de grupos productores nacionales, en una búsqueda clara de lograr una protección que les genere rentas; esto es, ingresos que no devienen de su eficiencia productiva y en competencia, sino de la limitación a competidores más eficientes del resto del mundo para operar en el mercado nacional. 

Todos esos casos descansan en limitar la competencia, de manera que así puedan cobrar un precio mayor que el que ellos podrían lograr si tuvieran que competir con otros productores internacionales más eficientes.  Este precio más elevado es el ñangazo que nos dan a los presupuestos de los consumidores, quienes, sin poder optar por los plenos beneficios del comercio internacional, si ahora quieren esos productos deberán pagar más por ellos; esto equivale a una reducción real de los ingresos familiares del promedio de los consumidores: el poder adquisitivo de sus salarios es así disminuido.

También la política que el gobierno está poniendo en práctica constituye una amenaza para otros productores nacionales, además de aquellos que utilizan los productos cuya importación es restringida. como materia prima para su propia producción. Me refiero al marco legal en que descansa nuestro comercio internacional. Estamos, desde hace más de tres décadas regidos por acuerdos multinacionales que cubren nuestro comercio internacional, que en esencia tienen como objetivo disminuir un proteccionismo oneroso para los participantes en dichos acuerdos y, a la vez, aumentar las posibilidades de consumo de las familias. La reducción de aranceles que se busca (aún pendiente de llevarse a plenitud) no es lo único. También existían barreras no arancelarias que tenían un efecto disuasivo del libre intercambio entre las personas y las naciones y que se han venido disminuyendo y dimensionado a la realidad de los mercados.  Voy a citar unos cuantos ejemplos de tales prácticas, pero hay muchas, pero muchas, otras más: subsidios a las exportaciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias no justificadas, determinación de elegibilidad para exportar al país de plantas e incluso de naciones del exterior, características discriminatorias a productos, como por ejemplo el etiquetado y el empaque, reglas de origen del producto, cuotas aplicadas a la importación de ciertos productos, un porcentaje determinado de contenido nacional en el valor agregado del producto, etcétera y un muy largo etcétera.

Parte de los acuerdos internacionales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tratan de disuadir esas barreras no arancelarias y, uno de ellos muy importante, es que, cuando se aplica una barrera de aquéllas a la importación desde una nación la cual se le impide el acceso, ésta tiene posibilidades de aplicar medidas arancelarias compensatorias.  Esto es, ante el daño que la prohibición ocasiona al país exportador, éste puede poner aranceles a la importación de bienes del país que introdujo la restricción no arancelaria. Es una especie de forma para compensar aquel daño, pero lamentablemente lo hace restringiendo la amplitud beneficiosa del libre comercio. El hecho es que tal posibilidad existe y con alguna frecuencia es aplicada entre países. 

Casi todas aquellas limitaciones que el país ha impuesto sobre importaciones de otras naciones hacia Costa Rica, pueden perfectamente ser objeto de una represalia de ese tipo. Por ejemplo, México, si así lo quisiera, ante la prohibición injustificada por razones fitosanitarias de exportar aguacates a Costa Rica, podría prohibir la entrada a México de productos de Costa Rica. Por ejemplo, y lo tomo arbitrariamente de una lista de productos que exportamos a México, limitar nuestras importaciones de llantas o envases de vidrio o de productos agrícolas como aceite de palma o jugos y concentrados de frutas. O sea, gracias al proteccionismo gubernamental nuestro para favorecer a algunos pocos, se termina castigando, con tales represalias, a productores nacionales que exportan a México y que no han tenido nada que ver con la decisión arbitraria de nuestras gobernantes.

Si creen que esa última posibilidad no pasa de ser una eventualidad irrelevante, lean lo que informa desde México www.portalfruticola.com en su comentario del 28 de mayo del 2015 titulado “Aguacate: Médico pide reapertura del mercado costarricense”. Según el conocido medio mexicano El Financiero, el jefe de la Dirección General de Sanidad de México, Francisco Javier Trujillo, cuestiona la medida especialmente porque no hay “elementos científicos que pudieran haber justificado la decisión” del Ministerio de Agricultura, por intermedio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Además de que “muestreos que han realizado, confirman que los millones de frutos de aguacates que les hemos enviado [a Costa Rica] no representan riesgo de esta ni de ninguna otra plaga, ya que concluyeron que el viroide Sunblotch está ausente de Costa Rica.” Nuestro país tiene más de 25 años de importar aguacates dese México, si bien la prohibición también fue hecha para otros países, como Guatemala, al estado de Florida de los Estados Unidos, Israel, Australia, España, Sudáfrica, Ghana y Venezuela

El ministro de Comercio Exterior, don  Alexander Mora, según el editorial del periódico La Nación del 02 de junio, titulado “Restricciones a la importación,” “se pregunta si las autoridades fitosanitarias siguieron el debido proceso, lamenta la tardía notificación de la medida a la contraparte mexicana y echa de menos el respeto al derecho a la defensa, que le habría dado a México la oportunidad de hacer correcciones o presentar estudios técnicos.” No dudo que al ministro, buen conocedor de estos temas y que forman parte de la esencia de su ministerio, más que del MAG, le ha de haber preocupado el señalamiento correcto y debido del director general de sanidad de México, señor Trujillo, quien resalta que el freno a las impostaciones de aguacate, “violentó el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. 

Ni siquiera somos autosuficientes en la producción de los aguacates y, aunque lo fuéramos, ese argumento en favor de medidas proteccionistas es falaz, pues lo importante no es producir como tal, sino a un costo relativamente menor que competidores externos. El hecho es que, en la actualidad, importamos cerca de un 80% del consumo nacional de aguacate; el resto, es producido domésticamente.

Entendamos bien la irresponsabilidad de nuestro estado neoproteccionista (un nuevo término): tendrá serias consecuencias el aducir argumentos fitosanitarios que no están debidamente sustentados y que no están acordes con los tratados comerciales hoy firmados por nuestro país. 
Primordialmente para el consumidor, quien, cuando deba ir a comprarlos a un mercado cuya oferta se ha reducido artificialmente, deberá pagar precios mayores y posiblemente obtener una menor calidad por los mismos productos que antes. Eso significa una disminución del ingreso real de las familias de los consumidores.

Asimismo, afecta a quienes importan al aguacate como insumo para producir otros bienes (por ejemplo, dips o salsas que llevan aguacate), pero tal vez el impacto en esto es más significativo en el caso de los otros productos igualmente restringidos en su importación por el estado, como la carne de res, cerdo, pollo, papa, arroz, especias, entre otros.  

Igualmente, medidas torpes como las comentadas, podrán ser objeto de represalias por parte de los países cuyas exportaciones hacia Costa Rica se han visto restringidas de la manera expuesta.  La posibilidad de represalias, de medidas arancelarias compensatorias, es muy real y de hecho estaría lanzando al país a procesos muy onerosos que posiblemente tendrán que ser resueltos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dicho proceso jurídico no es nada barato. Tales represalias afectarán a un sector exportador que no ha tenido nada que ver con las medidas tomadas por el estado. Pero no lo serán únicamente los exportadores, sino también sus trabajadores, en un país en donde actualmente cunde el desempleo.

Más ampliamente, el inversionista nacional, ya con buen razón preocupado por un intervencionismo estatal inconveniente en rubros muy diversos, se da cuenta de que hay una nueva forma reforzada de limitar la libertad de comercio, pasándose nuestro gobierno tratados y acuerdos formales, por donde le plazca, todo con el fin de proteger indebidamente a unos pocos productores. Sin duda que políticas económicas como las expuestas minan la confianza, la seguridad jurídica, del empresariado y del inversionista nacional.

De paso, esos “pocos productores” beneficiados con el proteccionismo encontrarán en la restricción a las importaciones, tres claros incentivos. Uno de ellos, para aumentar el precio del producto que venden. El segundo, para mantener una calidad que no necesariamente es la mejor en todas las variedades que consume el mercado nacional y, en tercer lugar, ¿por qué habrán preocuparse por ser más eficientes, por elevar su productividad, si el consumidor nacional está obligado a consumir lo que ese pequeño grupo les ofrezca en un mercado con mucha menor competencia? Ni se diga del afán de innovar para superar la competencia que siempre debería estar presente en el comportamiento de un buen empresario… ¿Para qué preocuparse si no hay competidores?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más comercio, no menos comercio

En esas palabras del título se puede resumir el brillante discurso que pronunció el Presidente de México, Felipe Calderón, en defensa de la libertad de comercio, durante la reciente Cumbre Empresarial de las Américas, celebrado la semana anterior en Cartagena, Colombia. Pero fue más allá de una simple exposición de los fundamentos que han hecho que el comercio internacional sea tal vez el mayor promotor del crecimiento de las naciones, pues recalcó otra serie de elementos que constituyen parte integral del marco de libertad, necesario para lograr el progreso de las naciones. Como a veces pasa con ese tipo de reuniones, en las que lo verdaderamente importante queda relegado ante temas de menor trascendencia para el destino de los pueblos, pero que sí son de mayor interés para la política de la oportunidad, tal vez este discurso no será tan difundido como lo serán otras cosas, tales como el barco de la CNN (agradable idea) o la ampulosa cena de gala o la bien merecida exposición de la belleza física de la ciudad anfitriona.

Ojalá que el impacto de la exposición del presidente mexicano se haga sentir, en especial al observarse, con cierta desazón, como los gobiernos de otras naciones, Argentina, en particular, se empeñan en regresar, una vez más, a un pasado caracterizado precisamente por un crecimiento frustrado, del que su pueblo nunca logró despegar hacia niveles de bienestar más elevados. El gobierno de la pobre Argentina insiste en volver a prácticas proteccionistas del pasado, que hicieron que Argentina se convirtiera en un ejemplo de libro de texto, acerca de cómo hacer mal las cosas en lo que a política económica se refiere. Allá por la tercera década del siglo pasado, la discusión entre ciertos economistas era si Argentina o Australia -¿alguna de ellas?- llegaría a crecer a los niveles entonces disfrutados por las naciones industrializadas del hemisferio norte (Estados Unidos y Europa). Para algunos, Argentina, rica en tierras cultivables, inevitablemente se desarrollaría, en tanto que, para otros a quienes la historia terminó dándoles razón, Australia sí disponía de un marco institucional proclive al crecimiento de las instituciones de libertad, las cuales estimularían el aumento de su producción y del comercio internacional. Así fueron las cosas. Argentina aún hoy sigue siendo objeto del abuso de sus autoridades, quienes pretenden regresar a la malsana política fascista del proteccionismo económico. En tanto, Australia ya forma parte del elenco de naciones más desarrolladas en el mundo, desde hace buen rato.

El consejo (regañada, a mi modo de hablar) que le dio el presidente de México a su homóloga de Argentina, para que dejara de proseguir los caminos de la protección, de la involución, de un retroceso en el libre comercio, que apenas hace poco se tratado de poner en marcha, de volver a una exuberante regulación estatal, de limitar una propiedad privada, que es la única que puede asegurar el progreso económico, de frenar los estímulos positivos que tiene la competencia y de restringir la soberanía del consumidor, ojalá sea bien atendido por las autoridades argentinas. Digo ello teniendo en mente que, Dios lo quiera, si es que se le acata y pasado cierto tiempo, alguien escribirá acerca de los frutos que cosechó Argentina con su decisión de apostar por un curso de libertad económica: que la decisión libre que hipotéticamente tomó Argentina en favor de la libertad de comercio en el 2012, ya se haya traducido en un aumento en los ingresos de sus ciudadanos, al igual que como hoy lo disponen muchas naciones ricas, que en su momento escogieron ese camino

Brasil también parece estar en un proceso de elección entre el proteccionismo y su plena incorporación al comercio mundial. En ello se parece a Argentina, pero en realidad la situación es muy diferente. Creo que sólo es cuestión de tiempo para que Brasil se decante totalmente en favor del libre comercio, al darse cuenta plena de que el camino del proteccionismo es lo que precisamente le impide ser competitiva en los mercados internacionales. Brasil se ha ido beneficiando gradualmente del libre comercio internacional, de manera que conoce del enorme costo que significaría atrasar esa profundización eficiente de su integración económica y mucho más de tomar una decisión que signifique un retroceso en su política comercial aperturista. De abandonar esa ruta de progreso, que es el comercio internacional libre, sólo traería costos mayores para la ciudadanía brasileña, quien rápidamente se daría cuenta de ellos y demandaría electoralmente un cambio en una nación democráticamente madura, como Brasil.

El discurso del Presidente de México me ha puesto a pensar si en Costa Rica debemos darnos por satisfechos en cuanto al avance de nuestro proceso de apertura e integración al comercio internacional. Es cierto que, si uno lo mira retrospectivamente, lo que ha sido un planteamiento liberal claro y definido desde los años setentas en nuestro país y que empezó a llevarse a cabo en la práctica, a partir de mediados de la década de los ochenta, es mucho lo que hemos logrado. Pero no es suficiente. Falta bastante por hacer.

Se han firmado varios tratados de libre comercio, a partir de una decisión de apertura unilateral del país, al integrarse a la Organización Mundial de Comercio hace ya varias décadas. Dichos tratados ciertamente deben servir para ampliar la cobertura del libre comercio. Pero es importante que no nos llenemos de tratados de libre comercio impregnados con trabas proteccionistas. Por ello es oportuno el llamado del Presidente de México para que las naciones fortalezcan el libre intercambio mundial por medio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ello es especialmente apropiado en la actualmente difícil coyuntura que experimenta la economía mundial y cuya recuperación requiere de más comercio; no de menos comercio.

Creo que Costa Rica debe realizar una serie de ajustes a su proceso de apertura, que más que cambios radicales lo que necesita es de su refinamiento. Por ejemplo, es hora de reducir el proteccionismo vigente para ciertos sectores claves de la economía, que hoy sin duda constituyen un freno al dinamismo de las exportaciones. Así, el país ha mostrado tener éxito en los mercados internacionales en el caso específico de los productos lácteos, como para que hoy se tenga que seguir castigando a la ciudadanía nacional, la cual tiene que pagar un costo superior al 100% debido a los aranceles en las importaciones de esos productos. Es decir, pagamos más del doble del precio internacional vigente. Pero, también el proteccionismo arancelario a dicha industria hace que no se disponga del estímulo necesario, que permita que se convierta en una actividad competitiva y eficiente en los mercados internacionales. Esa eficiencia así frustrada es necesaria de lograr, si es que se quiere que esa actividad pueda competir en los mercados libres del mundo. La eliminación del proteccionismo le permitiría robustecerse competitivamente en los mercados internacionales y así dejar de jugar únicamente en mercados locales relativamente ineficientes y con muy poca competencia, para con ello poder dar el salto a niveles tal vez nunca antes soñados.
Algo similar puede estar sucediendo con el mercado doméstico de la carne de pollo, el cual no es casualidad que hoy esté casi en su totalidad en manos de transnacionales extranjeras. Éstas, acostumbradas a competir en los mercados internacionales no protegidos, podrían competir eficientemente si se les diera el acicate y, a la vez, aliciente de una apertura al libre comercio, en vez de disfrutar de un proteccionismo local, que solo les induce a vender más caro a un consumidor nacional cautivo. Con la reducción del proteccionismo, los costarricenses podríamos obtener más barato el pollo, al tiempo que los productores domésticos se verían incentivados a competir en los mercados internacionales, incluso frente a empresas de su misma propiedad, que ya están ubicadas en dichos mercados globales.

El proteccionismo es un instrumento que cultiva la ineficiencia. No sólo los consumidores, cuya satisfacción es el objetivo final de cualquier economía, debido a él se ven obligados a pagar mucho más por los productos que adquieren, sino que también se utilizan recursos escasos en una producción doméstica que podría alternativamente dedicarse a otros usos más eficientes, más rentables, en donde su competitividad no sea resultado del traspaso forzado de fondos que el estado hace de consumidores a productores por medio de la protección arancelaria. El arroz en Costa Rica es uno de los más caros en el mundo. Es tal el grado de protección y de sobreprecio interno, comparado con el internacional, que es de esperar que la Organización Mundial de Comercio obligue pronto a que el país desmantele esa infame y desmedida protección. Son ya muchas las naciones que se han quejado de ese alto costo del arroz en Costa Rica, debido al proteccionismo doméstico. Pero ante tan grave problema, las autoridades nacionales siguen como si nada estuviera pasando, a pesar de que es un producto que quienes relativamente más lo adquieren son los grupos de menores ingresos del país (hasta aquí llegó la llamada justicia social que suelen proclamar). Lo único que las autoridades internas hacen es buscar cómo, tal vez por arte de magia, se hace posible que un aumento de la competitividad interna catapulte a nuestros productores domésticos a competir cara a cara con los más eficiente productores internacionales. Eso nunca va a suceder en tanto el sistema actual continúe incentivando la producción doméstica protegida. Repito, la protección es enemiga de la eficiencia. El cambio no vendrá en tanto el proteccionismo continúe vigente. Los políticos domésticos que lo mantienen y promueven nunca lograrán que ese sector llegue a ser competitivamente eficiente. Esos políticos no pueden ir en contra de la buena economía, ni de las leyes de la física. Por eso el país no debe esperar tanto tiempo hasta que el TLC con Norteamérica o con algún otro país o bien por una definición de la Organización Mundial de Comercio, se nos obligue a rebajar el costo al consumidor, mediante una reducción del arancel proteccionista. A todas luces conviene que, de inmediato, el estado costarricense estimule una reducción gradual más intensa del arancel proteccionista vigente. No se puede ocultar el cinismo que significa cargar de costos a los más pobres, a fin de beneficiar a los que son más ricos gracias al proteccionismo.

Algo parecido sucede con el azúcar, pero, en este caso, la política actual en conjunto con las firmas de ciertos tratados de libre comercio, como el reciente con China, ponen en peligro a la producción doméstica que debe competir con la importada. Con la política comercial vigente, el productor doméstico de bienes finales que compiten con los importados, tendrá que seguir pagando más caro el insumo azúcar que incorpora en su producto final (existe una elevada protección efectiva al azúcar, es el nombre técnico de dicha política comercial). Por su parte, el exportados asiático hacia Costa Rica, al amparo del tratado de libre comercio en proceso de aprobación, está casi totalmente exento del pago de aranceles a su bien final, a la vez que no tiene que pagar un costo mayor por ese insumo azúcar, dado que puede conseguirlo a precios internacionales mucho más bajos que en Costa Rica. Tanto el consumidor costarricenses como el productor nacional que compite con el exportador extranjero, estarían mejor si pudieran adquirir más barato el azúcar doméstico, hoy más caro gracias al arancel proteccionista. Los primeros lo lograrían, como sucede siempre que es posible adquirir más y mejores cosas, de forma más barata, y los segundos, en cuanto a que podrían competir debidamente, bajo las reglas mundiales en juego, con el exportador extranjero en el mercado costarricenses; esto es, serían competitivamente más baratos, al estar en igualdad de condiciones de poder competir.

Hay otras áreas de nuestra economía, como ciertos monopolios y políticas de precios erradas, acerca de las cuales podríamos referirnos, pero será mejor hacerlo en otra oportunidad. Por el momento, es importante sacudir al país de la modorra provocada por el proteccionismo, que solo alienta la ineficiencia. Si tanto se habla en este gobierno de la necesidad de aumentar la productividad, pues que se tomen las medidas que estimulen su logro. La opción que parecen haber escogido algunas de nuestras autoridades es seguir patrocinando a los ineficientes, quienes de alguna manera viven del erario público a costa de todos nosotros. Y por supuesto que cobrándonos más caro de lo que podríamos tener que pagar.

No termino sin enfatizar la importancia que tiene la estabilidad macroeconómica, en especial en momentos en que en la economía doméstica parece que lo único que tiene importancia es ver cómo el gobierno agarra más plata, para poder gastarla, proveniente de todos los costarricenses. La verdad es que el déficit del gobierno central se debe a que éste gasta más de lo que recibe en impuestos. Por ello, ante la reacción del pueblo para que se ponga orden en ese desmadre fiscal, a los políticos de siempre y a los promotores de intereses sectoriales específicos, lo único que parece preocuparles, además de que no sean ellos a quienes se les vayan a cobrar los nuevos tributos, es ver qué gravámenes se elegirán para sustituir a los fracasados o bien cómo el gobierno se endeudará más, tanto en lo interno como en el exterior, aunque en ambos casos seremos todos los ciudadanos quienes tendremos que terminar pagando nuestra cuota de dicha deuda. En verdad no están dispuestos a entrarle a reducir el excesivo gasto público. Eso sí -ya los veremos- se nos ofrecerá un plato de babas como rebaja de un gasto público desaforado, todo con el pretexto de que es un tema propio de intocables. Eso es así, porque siguen creyendo que lo que la gente no quiere son los impuestos, cuando en realidad lo que busca es lograr un cierto grado de equilibrio entre esa gastadera gubernamental y lo que el estado toma de sus bolsillos.

Jorge Corrales Quesada

A las puertas de la gran guerra comercial

Hace ahora algo más de un año advertíamos de que la crisis financiera y económica podría acabar transformándose en una guerra comercial de imprevisibles consecuencias para la economía mundial. Desde entonces, dicho riesgo no sólo no se ha atenuado sino que está más presente que nunca. La guerra de divisas en la que están inmersas las principales potencias del planeta amenaza con levantar nuevas barreras arancelarias no vistas desde la Gran Depresión de los años 30.

En 2009, al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta pusieron en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior, según el Banco Mundial. Esta tendencia ha seguido creciendo en 2010. Así, el último informe al respecto, el denominado Global Trade Alert, pone de manifiesto que, pese a la recuperación del comercio internacional, la mayoría de los gobiernos han seguido implantando medidas proteccionistas tales como la concesión de subsidios públicos y acceso a créditos baratos. Dichas medidas, sumadas a los rescates y las multimillonarias ayudas públicas inyectadas a determinados sectores “estratégicos”, han conformado las conocidas “políticas de promoción exterior” que, en esencia, generan graves perturbaciones en el comercio internacional.

Excluyendo las rebajas y exenciones tributarias, este tipo de políticas suponen un atentado directo contra el libre mercado, pero, al menos, hasta ahora muy pocos gobiernos se habían atrevido a imponer subidas arancelarias y nuevas tarifas con el fin de frenar la llegada de importaciones a sus respectivas economías domésticas. Sin embargo, este escenario de preguerra comercial se ha visto agravado en los últimos meses mediante la intervención directa en los mercados de divisas con el fin de aplicar devaluaciones monetarias. La caída deliberada del dólar ha disparado todas las alarmas, y ahora países emergentes y grandes potencias pugnan entre sí para envilecer sus monedas o, como mínimo, frenar su apreciación respecto al dólar. Por el momento, Japón y los emergentes asiáticos y latinoamericanos están tomando ya medidas en este sentido.

De hecho, algunos gobiernos ya han decidido imponer controles a la entrada de capitales foráneos mediante subidas fiscales para debilitar sus divisas. Por desgracia, esto es tan sólo la punta del iceberg. Esta guerra de guerrillas, centrada en la adopción de un amplio abanico de medidas indirectas para impulsar las exportaciones y reducir las importaciones, está ya a las puertas de convertirse en una guerra comercial pura y dura a nivel mundial.

El arma ya está encima de la mesa y el objetivo, marcado. El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado la denominada H.R. 2378 Currency Reform for Fair Trade Act, una norma destinada a imponer altos aranceles a todas los productos provenientes de aquellos países que hayan manipulado a la baja sus divisas, en una clara e inequívoca referencia al yuan chino. Y ello, basándose ni más ni menos que en la histórica Tariff Act of 1930, más conocida como la Smoot-Hawley Tariff, surgida poco después del crack del 29.

Esta medida elevó los aranceles de Estados Unidos a los niveles más altos de la historia contemporánea con la excusa de proteger a los agricultores nacionales, uno de los grandes sectores “estratégicos” por entonces, pero que se fue extendiendo progresivamente a casi todos los sectores productivos del país. Su objetivo perseguía mejorar la producción interna a expensas de empobrecer al vecino. Y así fue. Tras Washington, todas las grandes potencias imitaron la misma estrategia.

Como resultado, esta política contribuyó a reducir drásticamente el comercio mundial: las importaciones procedentes de Europa cayeron desde los 1.344 millones de dólares en 1929 a tan sólo 390 millones en 1932; mientras que las exportaciones de EEUU a Europa pasaron de 2.341 millones a 784, respectivamente. ¿Resultado? El comercio mundial se hundió cerca de un 66% entre 1929 y 1934, provocando además graves tensiones políticas y diplomáticas.

La nueva estrategia de EEUU contra China supone un auténtico suicidio. La norma, pese a haber obtenido el visto bueno de Congreso, está a la espera de ser aprobada definitivamente. Por el momento, tan sólo ha sido expuesta a modo de amenaza directa para presionar a China a revaluar su moneda. La cuestión es... ¿y si Pekín no da su brazo a torcer? Algo similar sucedió con Japón en los años 80, tras los denominados acuerdos del Plaza. Desde entonces, el dólar se ha hundido un 70% respecto al yen y, curiosamente, el déficit comercial entre EEUU y Japón ha permanecido casi intacto. El problema es que China is different, sus relaciones diplomáticas son muy distintas a las niponas. Sin duda, de aplicarse esta norma, supondrá la mayor amenaza para el comercio mundial y la seguridad internacional desde la caída del mundo bipolar propio de la Guerra Fría.

Manuel Llamas

Viernes de recomendación

Para este día, queremos ofrecerles un interesante artículo de Gary Becker, titulado "La naturaleza de la competencia", donde el autor señala varios ejemplos históricos en que la competencia ha traido grandes beneficios, no sólo comerciales y económicos, sino también sociales y políticos.

Viernes de recomendación

Para este día, en ASOJOD queremos ofrecereles un interesante artículo de Milton Friedman titulado "La tiranía de los controles". En él, Friedman explica que la intervención estatal, especialmente en materia comercial, con sus restricciones y controles, no sólo limita la libertad individual, sino que termina por afectar más a los que menos tiene, derribando ese mito de que "la globalización hace más pobres a los pobres".

China y EEUU ¿quién trabaja para quién?

Ciudad de México (AIPE)- En realidad, millones de chinos han estado trabajando muy duro para que millones de estadounidenses vivan mejor.

Usted qué prefiere: ¿Comprar barato o vender barato?

El progreso de China consistentemente lo vemos al revés de lo que es la lógica elemental de la economía. Si el verdadero objetivo de la actividad económica es vivir mejor, no deberíamos decir que a los chinos les va muy bien porque cada día le venden más cosas a Estados Unidos, sino que les empieza a ir bien porque cada vez pueden comprarle un poco más a Estados Unidos y al mundo.

En 2003, China superó a México como proveedor de los consumidores estadounidenses y es muy probable que en breve supere también al Canadá y se convierta en el país líder en exportaciones a Estados Unidos. Un dudoso campeonato.

¿Por qué "dudoso campeonato"? Porque no compramos para vender, sino que vendemos para poder comprar, que es lo verdaderamente interesante, como suelen saber muy bien las mujeres. Lo que nos debe interesar, para evaluar el progreso real de China en términos de bienestar para los chinos, es cuánto más pueden comprar ahora respecto de lo que podían comprar hace siete años. Visto así, China no va por mal camino, pero le falta muchísimo por recorrer: En 2001, por cada dólar en mercancías que China exportó a Estados Unidos importó sólo 18 centavos de dólar de mercancías estadounidenses; en junio de 2007 la situación había mejorado un poco (para los chinos en términos de bienestar tangible: capacidad de compra y consumo) y por cada dólar que exportaron a los estadounidenses, les compraron ya 20 centavos en mercancías.

En los siete años que van de 2001 a 2007, los chinos han trabajado muy duro para que los consumidores estadounidenses y del resto del mundo –que son clientes de los chinos- puedan vivir mejor; a cambio, empiezan a mejorar su precario poder adquisitivo y ya pueden comprarle un poquito más de bienestar al mundo. Si China cada vez vendiera más pero cada vez comprara menos se estaría empobreciendo. Esto último es lo que sucede en Venezuela y le pasará en breve a la Argentina: un alto crecimiento del producto interno bruto (valor monetario de la producción total de bienes y servicio) pero que no significa un mayor poder de compra y, por lo tanto, es una mejoría ficticia.

Ricardo Medina