La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo cafetero

No hay duda que el proteccionismo tiene mil caras. Al asomarse la posibilidad de competencia, el gremio afectado acude a buscar protección al gobierno de turno para que le proteja ante todos los males que le traerá dicha competencia. Por supuesto, alegará todo tipo de razones, excepto una: que esa competencia podría significar una reducción en el precio a los consumidores y así dañar su negocio. Por eso el proteccionismo es inaceptable. Inventará cualquier cosa para impedir que ese consumidor, cuya satisfacción debería ser el objetivo de toda economía, pueda tener la oportunidad de conseguir ese producto más barato o de mejor calidad, si fuera posible.

Ahora los proteccionistas pretenden introducir legislación que impida la importación de café desde otros países, para usarse como mezcla con cafés nacionales y ser vendido en el país. 

Se busca que la entidad conocida como ICAFE regule las importaciones de café del exterior hacia el país. ICAFE agrupa no sólo a productores nacionales del grano, sino también a procesadores industriales, así como a exportadores y, por supuesto, a funcionarios del gobierno de turno. Aquí, el ICAFE es el equivalente del CONARROZ o de la LAICA, entre otros, que pretenden que sus agremiados sean protegidos ante una competencia más económica. En este caso, ICAFE no sólo alberga a un gremio específico, sino a diversos subgrupos del sector cafetero, entidad que, en esta oportunidad, posiblemente se encuentre en un serio conflicto interno, pues la búsqueda de protección para uno de esos subgrupos significa un costo mayor para los otros y, por ende, para los consumidores.
 

Se ha presentado un plan que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene características claramente violatorias de la libertad de contratación y de comercio constitucionalmente garantizadas, así como a la libertad de comprar a calidades y precios que se definen en un mercado.
 

Lo que se pretende en dicho proyecto, según lo señala La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el título “Tostadores de café denuncian intento de poner barreras a importación de grano,” es, en primer lugar, que los contratos privados de importación de café en grano tengan que ser informados ante el ICAFE. Evidentemente, el interés de los proteccionistas es impedir la posibilidad de que se venda un café más barato en el país, o de una calidad diferente al nacional, lo cual es una aprobación subjetiva de los consumidores, como es lo natural. Por supuesto, la realidad es que ese café nacional es más caro aquí pues nuestra producción doméstica tiene un precio más alto en los mercados internacionales, en comparación con otros cafés del exterior.
 

Alguien diría que aquello último protege al productor nacional, pues así obtiene un buen precio por su producto colocado en el mercado interno. Ciertamente, pero lo hace a costas de los consumidores. 

Pero, hay algo más, Costa Rica exporta todo su café de alta calidad a precios comparativamente altos, de forma que, para el mercado doméstico, queda, y siempre ha sido esa la práctica, un café de menor calidad que el exportado de mayor valor. (Por eso uno ve cierta promoción para los consumidores de cafés nacionales, que anuncian ser de “calidad de exportación.”)
 

Costa Rica debería producir todo el café de alta calidad que pueda, si su demanda internacional es elevada, traduciéndose así en un precio alto, pero no debería hacerlo a costas de impedirle al consumidor tener un café para consumo doméstico que sea más barato, al impedirse la importación de un grano extranjero menos costoso que el nacional. Posiblemente sea para proteger la venta en el mercado interno de café doméstico de menor calidad, pero que, tal vez, es más caro que el importado.
El ICAFÉ se convertiría en un ente con prácticas monopolísticas que impide la libertad de comercio entre las partes y, posiblemente, para ello, introducirá mayores restricciones, disfrazadas de normas técnicas que frenan la importación del grano del exterior. (Parecido a las “normas técnicas” usadas para impedir la importación del aguacate, por las cuales todos hemos sufrido). Posiblemente dirán que lo que se pretende es la entrada de un café de menor calidad que el nacional, pero eso quien lo determina, al final de cuentas, es el consumidor. ¿Y si la gente le gusta más un café mezclado del “bueno” nacional con el “malo” importado? De ello podrá diferir un catador, pero yo soy mi propio catador, y defino qué es lo que me gusta. Y, además, ¿qué tal si ese café mezclado es más barato que un café “no mezclado” de grano nacional? Si me parecen buenos y aceptables sustitutos, es mi derecho pleno poder comprar el que me salga más barato.

Finalmente, agregarán que, ante el buen nombre del café nacional en el mercado internacional, habrá gente en el país que traerá café “malo” del exterior, lo volvería a etiquetar como “café nacional” (el “bueno”), y lo vendería engañosamente en el mercado internacional, ocasionando, de paso, un daño al prestigioso café nacional.
 

Esto último no se lo cree nadie, pues asume que, quienes compran en los mercados internacionales, son incapaces de poder distinguir entre un café nacional “bueno” y un nacional falso “malo.” ¿Cómo que si no existieran catadores internacionales capacitados? Y, aún más, como si en las relaciones comerciales internacionales no hubiera un conocimiento tradicional entre vendedores y compradores, en donde el prestigio de la calidad del producto transado se ha determinado desde hace mucho tiempo, y en que cualquier engaño significaría una pérdida muy elevada en la confianza de los negocios usuales entre esas partes. Lo dejarían de comprar de ahí en adelante.
 

Es muy claro que lo que se pretende es que los consumidores nacionales seamos cautivos en precio y calidad de productores nacionales, incluso de productores de reconocido prestigio en la calidad de su grano, que por ello posiblemente lo exportan beneficiosamente al exterior, dejando para el mercado interno aquel de menor calidad. Pero, déjennos consumir lo que nos parezca, a precios que nos pueden ser más favorables y preocúpense por seguir mejorando la calidad del café de exportación, demostrada, no desde hace “más de 30 años” como señala una declaración en el medio citado, sino durante siglos, en los que hemos demostrado ser capaces de competir eficientemente y sin proteccionismo en los mercados externos. 
 

Por favor, señores diputados, no permitan que se nos convierta en vasallos económicos, con costos indebidos a todos los consumidores, para beneficio de unos pocos. No somos tontos: déjennos elegir que es lo que podemos preferir, a un precio más bajo y con una calidad mayor, o una mezcla que uno escoja, en contraste con una imposición proteccionista más.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la "competencia desleal"

Siempre que hay algún grado de competencia, el “afectado” por ella la llama desleal. Por eso, siempre que aparece una referencia a la “deslealtad”, lo primero que hay que cuestionar es “leales con quién.” Yo me imagino que un empresario que vende un producto tiene que ser “leal” con sus clientes consumidores (leal, según la real academia de la lengua española, es ser “Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.”) O sea, si al consumidor o cliente se le miente, se le es desleal, se le engaña, se le vende cinco con hueco, pues ese empresario, tarde o temprano, verá como sus fieles y leales consumidores desparecerán y optarán algún otro proveedor que les satisfaga, además del poder optar por mejores precio y la calidad, además de un trato leal y correcto.

Creo que una de las mayores fuentes de lealtad hacia el consumidor es, todo lo demás constante, ofrecerle el producto más barato. Por ello, si alguien vende ese bien más barato al consumidor, es muy posible que arraigue más la lealtad mutua entre vendedor y consumidor.

A veces el sentido como se interpreta es cuando hay deslealtad entre competidores, al vender alguno de ellos más barato que el otro y, muy concretamente, si se trata de un acto que riña con leyes internacionalmente acordadas acerca del dumping. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”.  Pero, esa venta a un precio inferior al normal en el país de origen tiene muchos bemoles, que obviamente hacen que no haya razón para considerarles como impropios legalmente.  Por ejemplo, suponga que una empresa doméstica es muy eficiente y competitiva en producir un bien en su país, pero no lo es en, digamos, el mercado de una nación del extranjero, en donde la competencia existente en ese país le deja fuera de mercado por ser relativamente ineficiente.  Ahora bien, suponga que esa empresa descubre una nueva forma (tecnología, mejor administración, etcétera) que le permite de pronto producir ese bien más barato que anteriormente. No hay razón para reducir el precio en el país en donde lo produce, pues sigue él siendo más barato que cualquier otro competidor, pero, ahora, con la nueva forma de producir sí puede exportar competitivamente al exterior. Esto dará lugar a un “daño” a la o las empresas existentes en aquel país, pues ahora éstas son relativamente más caras y con ello pierden su mercado. 

Según aquella definición de la OMC, en el país del extranjero se alegaría que ahora se está en presencia de una “competencia desleal” y, por tanto, como es lo usual, hay un caso para que en esa nación se pida la aplicación de medidas compensatorias, por el daño que el nuevo competidor más barato les ha ocasionado a los productores ya establecidos. 

Obviamente, el problema no lo constituye el productor extranjero que ahora vende más barato.  De hecho, lo sucedido beneficia a los consumidores del país al cual se exporta el producto más barato. Lo que deben hacer los productores domésticos ante esa nueva competencia desde el exterior, es ver cómo reducen sus costos, mejoran sus tecnologías, etcétera, para tratar de restaurar su competitividad relativa.
 

Un caso reciente, divulgado por La Nación del 5 de diciembre bajo el título “Lecheros salvadoreños acusan a Dos Pinos de competencia desleal,” debe obligarnos a meditar a los costarricenses, por qué, en el mercado doméstico en donde se está vendiendo más cara la leche que al otro país al cual se exporta (que incluso debe tomar en cuenta el costo del transporte), puede ser que la empresa nacional venda más barato en el mercado extranjero, mientras que aquí lo vende más caro.
 

La importancia del libre comercio resalta en estos casos. Puede ser que en El Salvador, por ejemplo, se pagan menos impuestos por la leche que aquí (si tal fuere el caso), con lo cual, comparativamente, el precio final del mismo producto las dos naciones debe diferir o bien podría ser que los consumidores de una nación tienen mayores ingresos y, por tanto, pueden adquirir la leche a un precio más elevado, mientras que en el extranjero, al disponer de menores ingresos, sólo pueden pagar por la leche un precio menor y el exportador en el nuevo país se adapta a ello.
 

Pero hay uno muy importante que puede tener relevancia en este caso: que los aranceles en el país de origen sean mucho mayores, permitiendo así que, en dicha nación, exista una menor competencia y, así, el productor doméstico puede cargar un precio más elevado a sus consumidores. Por el contrario, por hipótesis, en el otro país los aranceles de importación son más bajos y por tal razón hay una mayor competencia en dicho mercado, la cual obliga que, para poder ingresar a ese mercado, se tenga que reducir los precios a los que vende sus productos en esa nación.
 

Este caso hipotético y muchos otros, nos indican que el llamado “dumping” debe ser algo diferente al hecho de que, mientras en el país de origen el producto que se vende es más caro, en aquel adonde se exporta es más barato. Por tanto, es difícil a priori juzgar si el caso calificaría -obviamente en detalles que no consigna debidamente la definición de la OMC antes expuesta- como para permitir que el país “perjudicado” pueda imponer restricciones a  la importación mediante medidas, como, por ejemplo, aranceles compensatorios y otras, que restrinjan la entrada a ese país del producto más barato.
 

Hay varias consideraciones adicionales que quiero hacer. Una trata de si se perjudica al país con esa competencia “desleal.” Lo crucial es que, con ella, los consumidores salvadoreños se estarían beneficiando, pues pueden adquirir un producto que les permita satisfacer sus necesidades a un precio menor. Eso no sólo les permitiría consumir más de ese mismo bien, sino que, al reducirse se precio, también queda disponible más dinero para comprar otras cosas que supuestamente son deseadas o necesitadas por los consumidores salvadoreños. Se trata, obviamente, de seres de carne y hueso, claramente identificables, no de una afectación a algo denominado “país,” que no es un ser concreto usuario final del bien. Por ello, se puede hablar de “afectación” a las industrias que ahora no pueden vender más caro, pero al mismo tiempo hay otros que son favorecidos con ella, los consumidores, que ahora disponen del producto más barato.
 

¿Y de qué nos puede servir a nosotros los costarricenses este caso en particular? Bueno, alguien podría proponer que se obligue a vender la leche aquí al precio más bajo (incluso ahorrándose, entre otros, el costo de transporte), al igual que como se vende en El Salvador. Pero en esa propuesta hay un error de fondo. El precio que se podría lograr con tal rebaja regulada no va a poder ser más barato que el que surgiría si se abriera el mercado a la competencia internacional; esto es, sin aranceles a la importación, lo que nos permitiría conseguir el bien al precio más bajo posible (quien quita que se hasta de leche proveniente de El Salvador).
 

Ante esto, alguien diría que, aún en este caso, hay muchos productores internacionales que harían dumping con su producción en nuestro país y que aquellos posiblemente son subsidiados por los gobiernos de sus naciones.  La gran pregunta es si, aún en tal caso, imaginando incluso esa leche nos la vendieran sin costo alguno, de a gratis, debería de impedirse que se nos haga tal rebaja o regalo: siento que los consumidores -la totalidad de los costarricenses somos consumidores- estaríamos cometiendo un error, al rechazar de tal forma a una donación de la riqueza de los extranjeros que ellos nos hacen, al vendernos su en tales condiciones de subsidio, si es que lo hay.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.

Jumanji empresarial: los estafadores de la industria local

Con cierto aire folklórico, una corriente emotiva se ha terminado convirtiendo en una cuasi ideología. Movimientos que se ufanan de su nacionalismo, de preservar las tradiciones y fortalecer la historia doméstica se han encargado de servir de plataforma a una de las mayores estafas de este tiempo.

Un grupo de pillos, de rufianes oportunistas, se abusan del sentido de pertenencia que cualquier territorio genera a su alrededor. Ellos han exacerbado el sentido de lo local para transformar esa visión en algo así como una escala de valores que les resulta más que funcional a sus intereses económicos.

Han logrado construir una fantasía con cierta verosimilitud que solo cabe en la mente de los incautos y desprevenidos. Es que se trata de una casta de aprovechadores profesionales que han convencido a propios y extraños de que proteger la industria local implica salvaguardar el bien común, que la política debe generar espacios para favorecer a los de adentro y evitar que los de afuera hagan de las suyas.

Se ocupan de promover normas que favorezcan el compre local, las industrias del lugar. Dicen que debemos cuidar todo lo de adentro, para despotricar contra lo foráneo, induciendo a simplificaciones que hacen que lo propio sea bueno, y lo de afuera sea malo. Solo buscan protección, privilegios, prebendas, favores públicos, que hagan que sus emprendimientos sean viables, que haga rentables segmentos que no lo son.

Han construido un razonamiento que parece sostenible. Quieren que la industria local florezca, para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica del lugar se revitalice dando oportunidades a los de adentro. Suena romántico y convocante.

Pero lo que no aclaran es quienes pagarán esa “fiesta”, quienes sostendrán su circo inmoral. Pretenden protecciones porque son ineficientes, porque quieren desarrollar actividades que no pueden sobrevivir sin subsidios, sin privilegios, sin apoyo estatal, ventajas impositivas o castigos vía barreras para los que vienen de afuera. Se trata, según ellos, de impedir que la competencia foránea ingrese al mercado local, destruyendo la industria del lugar y provocando perdidas de empleo.

Aspiran a tener protección, ganar dinero sin tomar riesgos, que el Estado les garantice rentabilidad para hacer un negocio seguro, que no dependa de los vaivenes del mercado. Lo que no quieren es competir, desean un monopolio apoyado desde el Estado y con una gran mística periférica que haga que la gente los avale, que la política los sostenga.

Tampoco hablan de las consecuencias de su pseudo ideología. Aspiran a que alguien los subsidie, que financie las ineficacias de su negocio, su aventura empresarial, socializando las perdidas y privatizando sus ganancias.

La sociedad se obliga a pagarles sus deficiencias, vía impuestos, endeudamiento o cualquier retorcido método que posibilite la transferencia desde el sector privado, de los que trabajan para ganarse su salario, de los que desempeñan su oficio, hacia los que parasitan desde las oficinas públicas imponiendo regulaciones o desde los sectores prebendarios, promoviendo ventajas que solo le resultan convenientes a ellos mismos. Saben lo que hacen, se escudarán en la sensiblería de los puestos de trabajo, de favorecer lo propio, y de ayudar al crecimiento local. Todos argumentos que apuntan al corazón, a la emotividad, pero pocas veces a la razón.

Para que sus empresas ineficientes sean viables, la sociedad toda deberá aportar la diferencia y hasta la ganancia. Esos recursos no pueden tener otro origen que cada individuo, que resignará su propio consumo, el que hubiera elegido en libertad, para destinar esos dineros al “estafador” y los supuestos ideales románticos que defiende.

Pero no se agota allí la historia, no se trata solo de las exenciones impositivas, los regímenes privilegiados, las subvenciones otorgadas, sino también del cúmulo de regulaciones que lo favorecerán para impedir que sus competidores ingresen al mercado. Todas esas reglas “hechas a la medida”, evitarán que quienes pueden ofrecer un mejor producto, más barato, en mejores condiciones, no lo consigan. Para ello, lobby mediante, el “protegido” empresario local, conseguirá que las normas castiguen económicamente a quienes insistan en ofrecer sus productos desde afuera. Le impondrá barreras arancelarias que impidan la competencia, restricciones formales que hagan que sus intentos no estén contemplados por las reglas domesticas. Todo tipo de escollo sirve al loable fin que intentarán defender con uñas y dientes.

Pero los consumidores locales tendrán que abonar un precio más alto por un servicio por el que optan acorralados por las reglas artificiales obtenidas bajo el amparo de la influencia del “afortunado”. Para abonar ese sobreprecio del proveedor local, los clientes del lugar tendrán que privarse de consumir otros bienes, reduciendo su capacidad de compra. El fin justifica los medios dirá la caterva de aduladores que rodea al privilegiado y sus “convenientes” aliados. Para ellos no tiene mucha importancia que el consumidor local pague más, después de todo se trata de ayudar a los empresarios locales, fortalecer el mercado interno y preservar el empleo de los lugareños.

Lo que nuevamente no dirán es que el dinero que el consumidor local utilizó para pagar el sobreprecio de esta prebenda, solo puede explicarse al privarse del consumo de otro bien. Es en esa otra actividad, en ese otro sector, donde el cliente local no podrá poner voluntariamente su dinero y por lo tanto habrá hecho desaparecer sin intención a otra actividad, en este caso sin protección.

Los genuinos empresarios locales, esos que no gozan del calor del poder, serán los primeros perjudicados. Ellos y sus empleados, que son los que realmente perderán puestos de trabajo pero sin tanta trascendencia, de modo progresivo, casi en silencio. Es que los “privilegiados de siempre” saben invertir su tiempo en hacer lobby, en traficar influencias, en convencer políticos y aportar argumentos al debate social, para ponerse a la gente de su lado.

Los verdaderos emprendedores, los que pelean cotidianamente en el mercado sin protección alguna, más que la de prestar el mejor servicio, ofrecer el mejor producto, al precio más bajo posible, con el menor margen que pueda darle viabilidad a su negocio y lidiando con los competidores a diario, ellos, no tendrán defensores en la lucha. Al contrario, pagarán el costo de este engendro, con menos empleos, con una inferior ganancia, en una verdadera competencia desleal, desde otros sectores de la economía.

En economía no se puede hacer magia. Las soluciones las provee un marco normativo transparente, donde los empresarios toman riesgos, se dedican a hacer lo que saben hacer, y subsisten solo si son elegidos por sus clientes todos los días, con claros incentivos perdurables en el tiempo, esos que solo provee el mercado, para ofrecer el mejor producto, al menor precio, desde la óptica de quien lo consume.

Cuando las empresas, ya no toman riesgos, e invierten tiempo en recorrer pasillos de oficinas públicas, la ciudadanía toda habrá perdido, porque pagará la nueva parodia con sus propios ingresos, abonando en el mercado local precios irreales.

Si no entendemos que detrás de cada idea retorcida de estas que pretenden cuidar lo propio, existen mas problemas que soluciones, más daños que beneficios, y sobre todo perversos intereses parciales que solo desean alimentar sus propias ineficiencias frente a la incapacidad de superar a sus competidores, estaremos transitando un camino sin retorno, ese que nos proponen los estafadores de la industria local.

Alberto Medina Méndez

¿(Neo)-liberalismo en CR?

¿Será cierto que Costa Rica se encuentra sometida a las garras del capitalismo salvaje y el ¿neo?-liberalismo? En este video se analizan las verdaderas políticas públicas que rigen a nuestro país.

Mercantilismo vrs capitalismo

En este programa el periodista John Stossel demuestra las grandes diferencias que existen entre el capitalismo y mercantilismo.

Cruda realidad

"si usted no forma parte de ese selecto grupo de empresarios que tienen acceso a ese nivel político superior, no va a poder hacer negocios importantes con el Estado”. (Walter Reiche)

En tan pocas palabras Walter Reiche ha logrado desnudar la triste y cruda realidad del Estado costarricense y que ASOJOD ha denunciado hasta el cansancio. Tenemos un Estado que declara ganadores y perdedores, que saca la competencia del mercado económico al político, mientras esto siga siendo así la tragedia será siempre la misma.

En Guardia

Don Rodrigo Bolaños afirma que inventé una patraña sobre la influencia política de los banqueros. Antes no pensaba así. Reconocía esa influencia pero se quitó. Sin duda, le jalaron el mecate los banqueros.

En un documento suyo que reseñé en mi blog había dicho textualmente: “Los banqueros son un grupo poderoso políticamente, no solo por diversificar sus riesgos políticos con nexos y financiamiento a diferentes partidos, sino que también gozan de fuertes respaldos en otros sectores importantes que son clientes de los bancos .” Sobran las palabras.

Es más, don Bernal Jiménez Ch., competente economista, directivo del Central y crítico riguroso de las políticas monetarias cuestionadas, se sorprendió de sus comentarios y escribió: “Aceptar que esas influencias impidieron controlar la actividad ilegal de las offshore es muy delicado… si él tiene alguna evidencia y acusa, como parece, a los bancos de influir en las decisiones políticas mediante nexos y financiamiento, debería hacerla pública y darla a las autoridades competentes de punir el tráfico de influencias”. Aunque ahora se quite, no hay quite. La influencia política está más que probada. Procede, entonces, analizar sus efectos.

Para don Rodrigo, fueron mínimos. Defiende lo ocurrido en los últimos 20 años y nos remite a su estudio reseñado en mi blog . Pero yo los remito a otro mejor, de don Bernal Jiménez, también ahí publicado. Demuestra con amplitud los beneficios monetarios y tributarios recibidos por la banca en detrimento del Estado, incluyendo el papel de las offshores , las altas tasas de interés que pagaba el Central (hoy reducidas gracias a su exitosa gestión), y la baja tributación que, según don Rodrigo, responde a meras distorsiones del sistema tributario. Yo, en cambio, sostengo que son obra de la poderosa influencia bancaria y hay que reformar la ley.

Su intento por vincularme al Banco Anglo es ruin y cicatero. No es la primera vez que su partido lo intenta, sin éxito. Presentó una denuncia contra la Junta Directiva del Central en esa época, pero fue rechazada ad portas (portazo en las narices) por el Ministerio Público. Luego, insatisfechos, hicieron un juicio político para privarnos de ejercer cargos públicos. Pero me los soné. Los llevé a la Sala IV. Los magistrados, por unanimidad, me dieron la razón y anularon el espurio fallo.

Yo tengo la conciencia tranquila. Pero él tendrá que explicar por qué recomendó cerrarlo. Se pudo haber salvado una institución tan necesaria. Pero prevalecieron otros intereses. La banca privada celebró el cierre con fruición (en el restaurante Zermat), salivando, pues les dejaba un campo libre… ¿Me comprenden?

Jorge Guardia

¿Empresarios? vrs libre comercio: reflexiones en torno al TLC con China

El ojo observador no puede pasar por alto que algunos actores que apoyaron y bendijeron el CAFTA, se encuentran un tanto renuentes a que el TLC con China se lleve acabo. Por supuesto esto tiene que causar una gran confusión en el público, cómo es que aquellos que alababan las bondades del libre comercio y la competencia ahora reniegan de ellas. Precisamente el día de hoy nos queremos centrar en este tema, el cuál ha provocado una distorsión conceptual tremenda la cual nos pasa una gran factura.

Lo primero que se debe decir es que en nuestro país no existe ni ha existido nada que se le parezca al libre mercado, no importa cuantos gritos pregonen ciertos “académicos” a este respecto. Precisamente aquí se encuentra la primera distinción que debemos hacer: distinguir entre lo que se denomina capitalismo democrático (libre mercado) y capitalismo antidemocrático (mercantilismo). El libre mercado se caracteriza por reglas claras y abstractas, un Estado de Derecho y una economía abierta y competitiva, donde los empresarios para triunfar deben atender de la mejor manera posible las múltiples necesidades de sus consumidores. En este sistema todos los días el consumidor sale a votar con su dinero y elige la opción que más le plazca, determinando así quienes son los grandes ganadores y perdedores del mercado. Por otra parte, el mercantilismo ocurre cuando la competencia sale del mercado económico y se traslada al mercado político. Así los “empresarios” no deben tener que prestar atención a sus consumidores, sino que dedican sus esfuerzos y recursos para ganar el favor político. Así esperan que sus amigos en el poder se dediquen a emitir normativa que los favorezca: barreras de entrada, barreras de salida, exenciones fiscales, tarifas de servicios públicos preferenciales, aranceles, subsidios, etc. Los CATS son el mejor ejemplo del drama y la tragedia mercantilista que ha secuestrado a nuestro país a lo largo de los últimos años.

Dada esta distinción podemos encontrar como bien lo mencionara el Nobel de Economía James Buchanan dos tipos de comportamiento: rent seeking behavior (búsqueda de rentas) vrs porfit seeking behavior (búsqueda de ganancias). La búsqueda de rentas se refiere al comportamiento económico que realizan ciertos individuos dentro de un marco institucional, en donde sus esfuerzos por maximizar valor generan mayores pérdidas sociales que beneficios. En cambio en la búsqueda de ganancias encontramos un mayor beneficio social, ya que la misma se produce a raíz de la creación de riqueza y no de la extracción de la misma. Esta situación se produce debido a que los grupos de interés o presión tienen mayores incentivos y reportan un mayor beneficio, que aquellos que tienen que financiar sus privilegios. Así un grupo de productores de arroz tiene mayor interés en mantener los precios altos, que el que puedan tener los consumidores en que los precios bajen, Esto porque el costo para los consumidores se difumina entre millones de personas, mientras que los beneficios para los productores se concentran en un sector que ha decidido como mencionamos con anterioridad utilizar sus recursos y esfuerzos en el mercado político.

Dada esta situación es ininteligible como ciertos progres que se autodenominan los defensores de los desprotegidos, de los pobres, del pequeño productor nacional, etc, apoyen iniciativas de corte mercantilista, estatista o dirección central de la economía. Resulta casi increíble la ingenuidad de estos grupos, ¿si el gobierno tiene la posibilidad de intervenir en la economía, y convertir en ganadores a uno y en perdedores a otros, quiénes creen que se verán beneficiados? Por supuesto, que serán los grupos económicamente más poderosos, aquellos que contribuyeron con la campaña, etc. Es precisamente este contubernio entre el poder político y económico el que se debe evitar a toda costa, si deseamos una sociedad justa y próspera.

En conclusión, lo que menos existe en nuestros país son empresarios en cambio lo que abundan son lobistas profesionales, que en todo momento buscan obtener beneficios a costa del resto.

En Guardia

Don Luis Liberman dice que lo descalifiqué por su oficio de banquero y no es así. Resulta que él tiene dos sombreros: banquero y cabildero. Sobre el primero, nada que objetar; más bien, se le reconoce su éxito personal y patrimonial. Pero en su función de cabildeo está en deuda con el país.

Representa una generación de banqueritos criollos agremiados, influyentes y bien conectados con los partidos políticos, caracterizados por cabildear a favor de los grandes intereses de su gremio. Lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes, que nadie las ha podido cuantificar. Amasaron fortunas.

Fueron tan influyentes que persuadieron a los partidos tradicionales para ubicar a miembros de su clan en puestos claves: Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Puedo mencionar nombres. Esa influencia política fue reconocida por un exempleado de don Luis en Interfin que fue, nada menos, presidente del Central y ministro de Hacienda. Lograron, por ejemplo, una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos. Afortunadamente, fue revertida por Tributación y hoy está en litigio.

Lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8%) mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%, y pueden deducir los intereses de préstamos obtenidos de bancos del exterior ( offshores ), pero sin pagar impuestos por los intereses del exterior.

Se opusieron furiosamente a la renta mundial pues no les convenía que les gravaran los ingresos de los grandes capitales ocultos en el exterior. Lograron que entes públicos tuvieran durante algún tiempo altas tasas de interés, mayores que las de los bancos, para captar barato y ganar prestándoles al Central y Gobierno. Disfrutaron de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario. Pero lo más grave es que captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta. Por eso no puedo votar por él ni por doña Laura. Me lo impide la conciencia.

Jorge Guardia

¡Que joya!

El día de hoy aparece publicado en La Machaca una verdadera oda a la insensatez, una celebración al terrible vicio humano de hablar paja o peor aún de hablar porquería. ¿Reflexiona? La Machacha de la siguiente forma:

Para variar un diputado libertaria atrasa un proyecto de ley que favorece a un grupo de agricultores.

Mario Quiros se opone al proyecto de ley, que obligará a adquirir el total de la cosecha de frijoles producidos en el país, que es como el 20% o el 25% del total de consumo.

Por supuesto que los importadores de frijoles se oponen a ese proyecto porque tendrían menos negocio y suponemos, que por eso entra el diputado.

La doctrina libertaria parece impulsar el principio de que, aunque se lleve el diablo a los agricultoes ticos, no hay que limitar el negocio de los importadores.

Pero la obligación del país es garantizarles a los frijoleros nacionales, que venderán su reducida cosecha.

¡Que maravilloso análisis! Es una pena la caricatura que hace del liberalismo este desatinado y desentendido filósofo político. Le informo al señor machaquero que el liberalismo ni favorece a los productores nacionales o extranjeros ni tampoco a los consumidores, lo que el liberalismo tutela es el libre acuerdo entre las partes, la posibilidad que tienen los individuos de comerciar e intercambiar libremente según ellos crean conveniente. El liberalismo es el imperio de la igualdad ante la ley, es la eliminación de privilegios (ley privada) a grupos especiales. Por último, sería bueno que el señor machaquero se de la vuelta por una clase de introducción de economía para que aprenda lo que es La Ley de Asociación de Ricardo, esta simple lección le evitaría hacer comentarios tan burdos como el anterior.

¡Inaceptable!

La Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el pasado miércoles un proyecto de ley que obliga a las industrias nacionales a comprar frijol nacional. En ASOJOD condenamos fuertemente este tipo de incitativas que son restricciones a la libertad de escogencia de cada consumidor y a la libertad de empresa. Cada individuo debe poder decidir libremente a quién comprar siguendo criterios propios de calidad y precio.

Los productores de frijol han venido presionando a los diputados desde hace años para que les otorguen prebendas como esta aprovechándose que los consunidores son un grupo difuso sin mucha organización, y por ende, sin mucho poder para presionar políticamente a los diputados. Esperamos que esta iniciativa no se convierta en ley ya que representaría un importante retroceso en el proceso de apertura comercial.

Viernes de recomendación

El mercantilismo sigue siendo hoy uno de los más peligrosos enemigos del liberalismo, como lo fue en el siglo XIX. Si bien este nefasto fenómeno no ha sido eliminando por completo nunca, ha tomado una especial fuerza con ocasión de la crisis económica mundial. Por esta razón, hoy hemos escogido como recomendación el ensayo deMurray Rothbard "Neo-mercantilism". En este texto, Rothbard refuta de manera clara y simple, pero contundente, los argumentos que los mercantilistas usan para justificar sus políticas.

Entrevista: Mercantilismo vrs Capitalismo

En esta entrevista el Dr. Enrique Ghersi explica dos modelos del capitalismo: mercantilismo (capitalismo anti-democrático) y el libre mercado (capitalismo democrático). Modelos bajo los cuales la obtención de ganancias se realiza de formas totalmente distintas.

La balanza comercial y el mercantilismo

Pocas cosas pueden asustar y confundir tanto como un déficit comercial. Los políticos de derecha como también los de izquierda le tienen pavor. Cada que se negocia en alguna parte del mundo un tratado de libre comercio, los ministros y negociadores enseguida recurren a explicarnos que “El TLC aumentará nuestras exportaciones y nos generará un superávit comercial”. Los que rechazan un TLC nos dirán que este “generará un déficit comercial”.

Usted, sino es experto en economía o por el simple miedo de no quedar como ignorante, asume inmediatamente que un superávit comercial es bueno mientras que el déficit, malo. Sin darse cuenta, ha sido víctima del dogma mercantilista que reza:

“Exportaciones=positivo; Importaciones=negativo”.

Uno de los grandes errores de aquellos que han defendido la apertura comercial es que muchas veces no han defendido la otra cara de la moneda: Las importaciones también son buenas. Tanto detractores, como muchos defensores del libre comercio, suelen asumir que el comercio es un juego de suma cero en el que cuando unos ganan otros seguramente pierden.

Adam Smith denominó esta manera de pensar “mercantilismo”. De acuerdo a esta manera de pensar, el dueño del supermercado de su barrio se está aprovechando de usted porque usted le compra más a él de lo que le vende y por lo tanto debería de dejar comprarle.

Un déficit en la balanza comercial, implica un superávit en la cuenta de capitales y esto suele ser algo bueno para las economías en vías de desarrollo. De acuerdo al historiador económico, Michael Bordo, los déficits comerciales acompañaron el desarrollo económico en países como Argentina, Australia, EE.UU. y Canadá a fines del siglo diecinueve y principios del siglo veinte. Esto tiene sentido ya que las economías en vías de desarrollo son países que requieren de harto capital para salir del subdesarrollo.

Los mercantilistas de hoy—ya sean estos conservadores o socialistas—creerían que si un país está creciendo a un paso acelerado probablemente debe tener un superávit comercial y viceversa. Sin embargo, en los últimos años Alemania y Estonia nos han demostrado exactamente lo contrario: En los últimos 12 años Alemania ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 1,5% mientras que Estonia creció a una tasa promedio de 7%. Durante ese mismo periodo fue Estonia—no Alemania como lo hubieran previsto los mercantilistas—la economía que experimentó un déficit comercial promedio de 7,3% del PIB (Alemania experimentó un superávit comercial promedio de 2,4% del PIB). Un déficit comercial no necesariamente es malo.

La balanza comercial que se interpreta como marcador de partido fútbol no refleja la realidad de un mundo globalizado en el que los intercambios dentro y a través de las fronteras generan beneficios mutuos—sobre todo para aquellos que anteriormente habían sido excluidos. No dejemos que los políticos y analistas nos confundan y asusten con esa lectura de la balanza comercial.

Al final del día, los defensores del libre comercio debemos de repetir lo que decía John Stuart Mill: la única ventaja directa del comercio externo son las importaciones. Exportamos para poder importar. Esto es algo de lo que parecen olvidarse aquellos políticos y analistas que constantemente le declaran la guerra a las importaciones.

Gabriela Calderón

Jorge Guardia, el arroz y el TLC

En su columna del 3 de abril ( Página Quince) , Jorge Guardia señaló que hubo errores en el TLC con EE. UU., entre ellos: “un exacerbado proteccionismo a la producción nacional. El 31,5% de las importaciones totales, incluyendo algunos productos de la canasta básica, se protegieron con altos aranceles por plazos que oscilan entre 10 y 20 años. Nunca –léase bien, nunca– debió haberse condenado a los ticos a pagar, por tanto tiempo, el arroz más caro”.

A pesar de su vehemencia, don Jorge se quedó corto, muy corto. Veamos. En dicho tratado, el Gobierno negoció el siguiente acceso de los consumidores al arroz de EE. UU.: el arancel inicial de 36% (arroz en granza) se desgrava en 20 años; durante los primeros 10 años, no hay desgravación del todo; del año 11 al 15, el arancel se desgrava en un 40%, y del año 16 en adelante, se desgrava el 60% restante. Esta estrategia extremadamente mercantilista tiene costos que van mucho más allá de “condenar a los ticos a pagar el arroz más caro”. En la actualidad, se está completando un estudio que cuantifica el costo a la sociedad de esa estrategia comparada con la liberalización inmediata. El costo social tiene dos componentes: el desperdicio de recursos y la pérdida de bienestar. El estudio estima ambos. En cada caso, obtiene el promedio de los últimos tres años y, con base en este, el valor para cada año del período de desgravación. Luego calcula el valor presente neto del flujo de costos.

Desperdicio de recursos. En el caso del arroz, hay dos tipos de desperdicio de recursos: el que ocurre en la producción agrícola y el que ocurre en el pilado del arroz. Estos desperdicios se explican así: el país (la sociedad como un todo) intercambia bananos u otros bienes exportados por arroz, y tiene dos opciones para llevar a cabo el intercambio: 1) comprar el arroz directamente; o, 2) comprar todos los insumos necesarios y producir el arroz pilado. El exceso de gastos de recursos de la opción 2 sobre la primera es el desperdicio, el cual se calcula de la siguiente manera: (costo total de producir el arroz en granza + costo total de pilar ese arroz –costo de importar el arroz pilado), en el caso de la producción nacional; y (costo total de importar el arroz en granza + costo total de pilar ese arroz importado – costo de importar el arroz pilado), en el caso del arroz en granza importado. El resultado es el siguiente: un desperdicio promedio anual (últimos tres años) de $58,2 millones; y un desperdicio total, medido a través de todo el período de desgravación de $550,6 millones. Este último es el valor presente neto del flujo de desperdicios.

Pérdida de bienestar. El segundo componente del costo social es el exceso de pérdidas de bienestar de los consumidores de arroz sobre las ganancias de los productores. Este costo se explica así: la política mercantilista obliga a los consumidores a pagar los productores a un precio más elevado que el costo de importación, y a consumir menos arroz. La consecuencia de esta violación de derechos es una enorme pérdida de bienestar, de la cual parte va a los productores en forma de renta y parte se pierde del todo. Esta última es la que mide el estudio. El resultado es el siguiente: una pérdida neta de bienestar promedio anual (últimos tres años) de $36, 3 millones; y una pérdida total, medida a través de todo el período de desgravación, de $344 millones (el valor presente neto del flujo de pérdidas). Así, el total del costo a la sociedad por año (últimos tres años) es de $94,5 millones; y el valor presente neto del flujo a través de todo el período de desgravación es la bicoca de $894,6 millones. ¿Puede una sociedad pobre darse el lujo de estos despilfarros cuya incidencia mayor es sobre los más pobres?

Recomendaciones. Con base en los resultados ya obtenidos, el estudio hace dos recomendaciones: 1. No repetir, por nada del mundo, esta monstruosidad en las negociaciones con la Unión Europea. En lugar de la estrategia mercantilista, se recomienda una más inteligente, moral y humana, la cual consiste en liberalizar inmediatamente (desgravar totalmente) los bienes de consumo básico, y compensar a las familias pobres que han sido productoras netas de los bienes afectados. 2. Una vez aprobado el TLC, corregir el error, siguiendo la recomendación anterior. Por fortuna, ese cambio puede ser aplicar unilateralmente. Según las cláusulas del TLC, no sería necesaria una renegociación.

Por Rigoberto Stewart
Tomado de la Nación

¿Libre Comercio o mercantilismo?

Costa Rica ha experimentado en los últimos años un crecimiento económico sostenido, alimentado por exportaciones y flujos de inversión extranjera en constante aumento. Sin embargo, el nivel de pobreza se mantiene incólume, y la desigualdad aumenta con los años. Muchos señalan que este es el resultado de la implementación de políticas de libre mercado por parte del Gobierno, las cuales enriquecen a unos pocos mientras grandes sectores de la población quedan rezagados. ¿Será este el caso

El diagnóstico es parcialmente acertado. Las políticas de este y otros Gobiernos son las responsables por el aumento en la desigualdad, sin embargo el libre mercado tiene poco que ver con ellas. El mercantilismo es el denominador común en la agenda económica de la administración Arias. Así lo podemos ver en varios ejemplos:

En política cambiaria, el Banco Central rehúsa permitir que el colón se aprecie, aun cuando las señales del mercado son inequívocas en cuanto a que el valor del dólar debería caer. Prueba de ello es que el tipo de cambio esté pegado a la banda inferior desde que se introdujera el sistema de bandas, y que el Central haya tenido que intervenir en repetidas ocasiones para evitar que el precio del dólar cayera por debajo de dicho límite. El Índice Big Mac de The Economist confirma que el colón está subvaluado con respecto al dólar, según la revista en un 32%.

¿Por qué entonces el BCCR no permite que nuestra moneda valga más? Evidentemente para no perjudicar a los exportadores, cuyas ventas serían menos competitivas si el colón fuera más caro. Esto, sin embargo, perjudica a cientos de miles de familias que verían aumentar el poder de compra de sus salarios y pensiones si tan solo el BCCR permitiera que sus ingresos en colones valieran más, como sucedería si el tipo de cambio flotara libremente. Así, tenemos a un Banco Central que abiertamente utiliza la política cambiaria para transferir recursos de los asalariados a los exportadores del país.

Pero no solo en política monetaria podemos encontrar este mercantilismo del siglo XXI. Recientemente estuvo en Costa Rica un equipo de investigadores del Banco Mundial para presentar el informe Haciendo Negocios . Los resultados son desalentadores: El país se sitúa en la posición 105 como una de las economías más reguladas del planeta, por detrás de países como Nepal, Etiopía y Bangladesh. Instalar una empresa en Costa Rica toma 77 días, mientras que en otros países del área se puede hacer hasta en 26 días. ¿La consecuencia? Más de un 40% de la población se encuentra en la economía informal, al no poder hacerle frente al mar de regulaciones.

Esta es un área en donde la administración Arias tiene la potestad de hacer la diferencia, dado que mediante decreto se puede desmantelar toda la telaraña de regulaciones sin necesidad de aprobación legislativa. Lamentablemente, ha pasado un año y no hemos tenido avance alguno, todo lo contrario, se han anunciado nuevas regulaciones a negocios como los gimnasios y las salas de bronceado. Y en Costa Rica solo existe una ventanilla única para agilizar los trámites para empezar una empresa, y está reservada para... sí, los exportadores. Además, el ministro de Comercio Exterior anunció hace unos meses la simplificación de trámites, pero solo para las empresas en zonas francas. ¿Por qué no al resto de los costarricenses?

Política comercial. Pero es en la política comercial en donde podemos ver al mercantilismo gubernamental en todo su esplendor. Las autoridades al hablar de libre comercio solo mencionan datos sobre exportaciones, dando la impresión de que únicamente los exportadores se benefician de la apertura comercial. Los consumidores son ignorados. Y la realidad no es muy distinta de la retórica. En el TLC los productos básicos que más benefician a los pobres fueron excluidos o enfrentan períodos de desgravación hasta de 20 años.

Según un estudio del economista Ricardo Monge, desde mediados de los noventa no se han reducido los aranceles a los productos que consumen los pobres, como la leche, el pollo, el arroz y la carne. Más bien el Gobierno ya ha anunciado que buscará la exclusión de algunos de estos bienes en el Acuerdo de Asociación que pronto se negociará con la Unión Europea. Otro estudio de Monge y Julio Rosales demostró que esta “protección” a productos “sensibles” reducía el ingreso de los que menos tienen en un 41%. ¿Alguna duda del por qué muchos pobres no se sienten beneficiados del aumento en el comercio que experimenta el país?

Como podemos ver, las políticas de la actual administración están enfocadas en dejarles la apertura y los mercados a los exportadores, mientras que a los pobres se les encarece la vida a través de aranceles, regulaciones y tipos de cambio manipulados. He aquí la diferencia entre el mercantilismo que aumenta la desigualdad en tiempos de crecimiento económico y el liberalismo que consiste en dar igual acceso a los beneficios del libre mercado a toda la población mediante políticas no discrecionales. Resulta imperativo que los que creemos en el libre mercado tomemos la bandera de la inclusión de los más pobres en la economía globalizada y denunciemos el mercantilismo del actual Gobierno. No hacerlo nos hace cómplices de la exclusión social que vivimos.

Juan Carlos Hidalgo