Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un serio problema de financiamiento de la educación pública

Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que, en el 2018, el país dedicó ¢2.6 millones de millones a financiar la educación estatal, monto que equivale al 7.7% del PIB. De esa suma, ¢700 mil millones -casi un 27%- se financió con las recaudaciones de impuestos del gobierno, mientras que, para financiar el 73% restante (¢1.9 millones de millones), se ha acudido al endeudamiento mediante bonos del estado. Esto se indica en un comentario de La Nación del 28 de diciembre (nada de analogías simbólicas con el Día de los Inocentes), bajo el encabezado “Gobierno financia con deuda 73% del gasto en educación.”

El endeudamiento es considerado por un funcionario de la Contraloría como que, en sí, no es un problema, pero, la realidad es que sí es un problema endeudarse a futuro, pues, al final de cuentas, deberá ser cubierto y con intereses, por los contribuyentes. Además, ese endeudamiento tan elevado del estado desplaza recursos que podrían dedicarse a actividades productivas privadas, las que deben generar un rendimiento superior a su costo a fin de cubrir tal endeudamiento. Está en lo correcto ese mismo funcionario en cuanto a que, desde su punto de vista, “el problema es cuando el endeudamiento está ligado a partidas que crecen inercialmente,” como es el conocido caso del financiamiento de la educación pública en un porcentaje del PIB, sin tomar en cuenta los objetivos y los resultados comparativos de los fondos que se dedican a esas actividades.

Además de que esa práctica, en criterio de la Contraloría, “nos puede poner en una situación de poca sostenibilidad financiera,” a lo cual hay que agregar que, ante la elevada demanda actual de recursos prestables que ejerce el estado, eso se refleja en tasas de interés mayores y en plazos menores, lo que impone limitaciones más duras a la consecución de recursos destinados al ministerio de Educación (MEP). Eso se ha visto recientemente con atrasos a desembolsos de Hacienda para los comedores escolares y los programas de becas.
 

En adición, atinadamente la Contraloría señala que se debe tomar en cuenta el hecho de que ha ido bajando la tasa de crecimiento de la población escolar, pues, por ejemplo, el número de niños en escuelas se redujo de 513.805 alumnos en el 2007 a 443.291 en el 2017. El reportaje no indica si es toda la población escolar o bien sólo de la pública, aunque parece ser esto último, pues podría ser que la reducción de la población total escolar no haya sido tanta, sino que aumentara la demanda de escuelas privadas. Pero, esto es muy posible que eso no sea así y que, en general, está declinando con esa fuerza el número de escolares de primaria.

Señala el medio que “en ese mismo período el presupuesto del MEP casi se cuadruplicó al pasar de ¢676.659 millones a ¢2.6 millones de millones (en el 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000” y se estima que, de seguir igual el crecimiento del financiamiento esperado “alcanzaría los ¢5 millones de millones para el 2030.” Todo esto es una clara advertencia de que es indispensable revisar el gasto y el financiamiento del sistema educativo público.

Pero hay más. A pesar de que se tiene menos estudiantes y, contrariamente, más maestros y más plata gastada o “invertida” en educación pública, el rendimiento de esa “inversión” no ha mejorado. El medio señala tres fuentes de esto. Una es el llamado Informe del Estado de la Educación que señaló, según el artículo referido, que “los escolares ticos se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en áreas como Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias.”
 

Otra fuente es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (llamadas pruebas PISA), pues, según el medio, “Costa Rica retrocedió [en el 2015] en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas del 2012.”
 

Y, en tercer término, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), indicó, según La Nación, que “el país invierte más en educación que los 35 países miembros de la organización, la cual incluye naciones como Finlandia o Alemania” y que “esa inversión no se refleja en el desempeño de los estudiantes.”
 

O sea, no es tanto un asunto de cuánta plata se dedica a la educación pública, como que existe un serio problema estructural de la calidad de los resultados de esa inversión. Por tanto, creo que está muy desorientada en su apreciación doña Ivannia García, jefa de despacho de MIDEPLAN, quien indica que, con los aumentos de impuestos y mejora en la recaudación -todo derivado del paquete tributario recién aprobado- “van a hacer que la carga tributaria aumente y con el tiempo vamos a ir teniendo ingresos sanos y vamos a ir reduciendo el porcentaje del presupuesto que se destina vía endeudamiento,” pues no se trata de echar más plata “sana,” no proveniente de “deuda,” para asegurarse que mejore nuestro sistema educativo estatal. Más plata no parece resolver la baja calidad de la educación pública: cada año se destinan más y más recursos a ella y los resultados no mejoran.
 

Es hora de cuestionar el actual sistema educativo estatal, tal vez buscando imitar a los suecos -sistema que muchos admiran- país en donde a los padres de familia se les da dinero del gobierno (el equivalente del que hoy aportamos todos nosotros y que lo gasta el MEP) para que los usen en pagar el costo de la educación en escuelas privadas o públicas, según a aquellos les parezca. La introducción de competencia que esa propuesta genera, crearía un enorme incentivo para que las escuelas reduzcan gastos y mejoren las técnicas de enseñanza, pues deben demostrar buenos resultados; de no ser así, el consumidor (los ciudadanos padres de familia y sus hijos) cambiarían de centro educativo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Política salarial y de incentivos en la Caja (Parte II)

Una impresión inicial que se puede derivar de lo expuesto en la primera parte de mi comentario es que, en cierto momento, la relación laboral en la Caja se comportó como un monopolio bilateral, en donde la Caja era el único (o casi) demandante de los servicios de profesionales de Ciencias Médicas, que a la vez que dio lugar a la existencia o al fortalecimiento de organizaciones sindicales (Colegios de Médicos y otras agrupaciones laborales) de ese grupo de profesionales. Estas asociaciones incorporan una regulación firme en cuanto a una autorización legal de precios mínimos a la prestación de sus servicios, de forma que, de hecho, se tenía el monopolio en la oferta de esos servicios profesionales. Esto hizo que, alrededor de hace 50 años, ante estos dos monopolios enfrentados entre sí, se diera un proceso de arduas negociaciones entre ambos para determinar los precios de esos servicios. Esto particularmente se reflejó en la aprobación en 1982 de la Ley de Incentivos Médicos, que luego fue la base primordial para la determinación, en los años siguientes, del “precio” definido de los servicios de profesionales de las ciencias médicas.

No obstante, aquella naturaleza monopsónica de la Caja (de un único o casi comprador exclusivo de esos servicios) ha ido disminuyendo gradualmente y, en la actualidad, existe un ambiente más competido por servicios médicos de parte de empresas privadas, también demandantes de esos servicios. Esto, sin dejar de reconocer que la Caja sigue siendo la más importante y mayor, pero ya no más el único o casi único comprador de esos servicios de épocas pasadas. Una ampliación de un mercado con un mayor número de demandantes debe verse positivamente desde muchos puntos de vista, pues ha dado lugar a una mejor asignación de los recursos, reflejado en mayores oportunidades para obtener un mejor rendimiento de la inversión en la educación de ciencias médicas.
 

Pero, este avance de un mercado más competido en la definición de los precios de los servicios médicos, todavía hoy se ve impedido por la existencia de regulaciones en cuanto a precios mínimos a los que los médicos pueden dar sus servicios, como sucede con las impuestas por el Colegio de Médicos y similares. Esto hace que el consumidor no reciba el beneficio pleno de servicios médicos en cuanto a calidad y cantidad, pues, de hecho, el Colegio y su influencia sobre el mayor centro educativo en medicina, la Universidad de Costa Rica, ha logrado que la cantidad de profesionales que llega al mercado se restrinja a lo que sería sin esa limitación de obligación de colegiarse para poder ejercer. Afortunadamente, cada vez hay más opciones para educarse en el país, pues antes solía ser en el extranjero (con mayores costos), pero siempre han existido “trabajas y regulaciones” en ese Colegio profesional, para limitar un aumento en la oferta de profesionales médicos provenientes del exterior.
 

Para beneficio de los consumidores y para permitir un aumento en la cantidad de profesionales de esa área de la economía, es necesario que la regulación de esos Colegios se restrinja a ser un ente (o varios entes que compiten entre sí: esto es, que pueda haber más de un Colegio de profesionales iguales o similares y no la exigencia de que, por Ley, sea sólo uno) que sirva de informador o referente a la ciudadanía consumidora, acerca de la calidad de los profesionales en un marco de libre asociación, pero no para fijar precio mínimo alguno por sus servicios.
 

Un segundo aspecto importante que se puede derivar de lo comentado en la primera parte, es cómo, al darse un aumento de salarios o pluses no generalizado, sino sólo para un grupo específico dentro de una institución, con el paso del tiempo se va extendiendo a grupos restantes, más o menos organizados, dentro de esa institución. En otro comentario previo expuse acerca de los pluses en el Poder Judicial, y eso allí se vio claramente: cada sector trataba y lograba no quedarse atrás del grupo que se le había adelantado en salarios o pluses.  Este parece ser también el mismo caso en la Caja, en donde, como se mencionó, en 1982 se aprobó la Ley de Incentivos Médicos por el Congreso, que otorgó una serie de pluses para ese sector profesional específico (anualidades de 5.5% anualizado, carrera profesional de un 11% sobre el salario, otro del 11% por carrera administrativa, un 3% por cada hora, después de la quinta, para los que laboran en consulta externa y de un 10 a un 14% por trabajar en áreas rurales).
 

Ante el aumento para ese sector, algunos de tales beneficios luego se extendieron a otros grupos, como la dedicación exclusiva también para empleados administrativos y profesionales de ciencias de la salud y, posteriormente, otra serie de ellos a profesionales de enfermería. Y eso es entendible, porque, una vez que se le otorga a un gremio de relevancia institucional dentro del ente, es más difícil dejar de dárselos a otros gremios de esa misma entidad. Así, uno observa muchos casos de “solidaridad” entre esos grupos para apoyar aumentos entre ellos, pues luego son base para que su propio grupo los logre, así como para que, tal vez, ante esto, los primeramente favorecidos, bajo el argumento de mantener incólumes diferencias previas, soliciten y obtengan otro aumento diferencial. Y así va el sistema…
 

Esto es interesante, pues este efecto a veces no se circunscribe a un impacto dentro de la misma institución. Por ejemplo, cuando se daban aumentos en los salarios de los contralores de la República, aumentaban las dietas que se pagaban en una serie de instituciones distintas de ese ente, pues el pago en la primera determinaba el pago en las otras. O, también, cuando un grupo profesional dentro de un ente gubernamental obtenía un aumento o nuevos pluses (todo lo que elevara el salario efectivo), eso promovía que, en otras instituciones diferentes, profesionales de ese mismo gremio insistieran en que a ellos también se les diera un trato similar (por ejemplo, para el caso, profesionales de medicina o dentistería o derecho, en entes además de la Caja).
 

Otro caso interesante de esta interdependencia fue el plus de la Caja llamado “enganche salarial,” mecanismo por el cual “se aumentan los salarios de los médicos y demás profesionales de la salud, cada vez que el Gobierno Central le otorgue un incremento o un incentivo a cualquier otro grupo de funcionarios públicos, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.” Este plus forma parte de la Ley de Incentivos Médicos de 1982, antes mencionada, beneficio que se extiende a los profesionales en salud -médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos- “de todos los entes públicos,” no sólo de la Caja.  Esto lo consigna La Nación en su artículo del 25 de agosto, titulado “Reforma fiscal anula privilegio que infla salarios de médicos,” pero esa anulación no se aceptó en la comisión que ve la reforma fiscal.
 

Un tercer elemento que surge claramente al analizar el caso de la Caja (no es privativo de ella), es la urgente necesidad de tener una política salarial que dependa definitivamente de un salario base para las diversas categorías sobre el cual no se le adicione pluses, excepto cuando es algo definido por una ley general aplicable a toda la República (por ejemplo, el treceavo mes y similares). Así, es más fácil que se pueda relacionar el desempeño del funcionario por su capacidad, desempeño, habilidad y escasez de sus virtudes profesionales, con el salario, a diferencia, por ejemplo, de cuánto ha sido el tiempo laborado en una institución, haciendo, hipotéticamente, lo mismo.
 

Cualquier política salarial deberá tomar en cuenta las capacidades financieras de la entidad para pagar los salarios, sin que sólo sea resultado de una simple comparación con aquellos de actividades privadas y pagar más porque, si no se lleva a cabo, pierde el personal. Este es un tema delicado al ampliarse la demanda de profesionales en el mercado privado, pero, en tanto que en una empresa privada los resultados son relativamente fáciles de determinar (el valor que agregan a los beneficios de la empresa) para definir el pago debido, en algunas entidades públicas no lo es tan fácil. En todo caso, no hay que incentivar con pluses la permanencia en el trabajo en el ente público, para que no se vaya a laborar al sector privado. Si hay suficiente oferta en el mercado para suplir a algún empleado crucial que busque irse a laborar adonde se le pague mejor, pues es mejor dejarlo que busque un mejor destino en esa otra entidad. La gente vota con los pies: si no le parece o se le presenta algo mejor, se va. Por supuesto, un desafío de la Caja es tener que equiparar sus salarios de personal indispensable para su desempeño, pues obviamente no es aceptable que carezca del personal requerido, si es una obligación legal prestarlo. El equilibrio en la gestión salarial de la Caja es crucial, pero debe ser claramente definido.
 

Tengo un enorme aprecio por los trabajadores de la Caja de muy distintas áreas y creo que la institución, adaptándose a técnicas modernas de desempeño, como podría ser como en Suecia hoy, llegar a acuerdos contractuales para que entes privados puedan dar el servicio a que hoy está obligada a dar la Caja, pero a un costo menor que el actual. Así, la Caja nunca deja de definir el servicio de salud que considera conveniente para los ciudadanos, pero la prestación del servicio sería más eficiente bajo los criterios de una empresa privada. El futuro financiero de la Caja no se vislumbra róseo y aumentos en las cotizaciones posiblemente serán inaceptables para los ciudadanos quienes, en muy justificados casos, sienten que lo que reciben es muy inferior a lo que cotizan.
 

Adicionalmente, como está hoy el sistema, en donde una vez pagado un monto dado por cotizaciones a la Caja de parte del trabajador y la empresa, se usen o no sus servicios, estimula la idea de que se debe demandar todo servicio médico que al usuario pueda ocurrírsele, pues ya ha “pagado” por eso.  Esa demanda “infinita” surge al saber el usuario que, una vez pagado el servicio con las cotizaciones efectuadas, para él usar el servicio médico tiene un precio de cero y eso se refleja en una demanda sobredimensionada que, dada la capacidad de la Caja, da lugar al deterioro del servicio, a filas en espera de recibirlos y otra serie de consideraciones que le molestan al ciudadano. Pensar en el llamado “copago” no es mala idea, para hacer saber que el servicio médico cuesta, y que no es gratuito, aunque ya se hayan pagado las cuotas por el servicio. De esa forma se racionalizaría el uso (demanda) de los servicios de la Caja.
 

O la situación financiera de la Caja se soluciona, empezando por terminar con abusos en pluses como los expuestos, o simplemente termina en su quiebra real: en donde no habrá servicios ni para lo esencial por parte de la Caja o serán sumamente deteriorados. Tengo la impresión de que la ciudadanía no desea eso. Si se quiere mantener la vigencia de la institución, es indispensable introducir cierto grado de racionalidad en su gasto y ámbito de servicios.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: política salarial y de incentivos en la Caja (Parte I)

La Nación publicó sendos artículos sobre este tema, uno titulado “CCSS paga medio billón de colones en incentivos: Diputados, directivos y Gobiernos crearon pluses en últimos 50 años,” en su edición del 27 de julio, y, el segundo, bajo el título “4 gobiernos inflaron pluses a médicos en asocio con gremios: Acuerdos por presiones sindicales cuestan hoy ¢200.000 millones anuales a la CCSS,” que apareció el 6 de agosto pasado. Ambos artículos sirven de base para mi comentario al respecto.
 

Para entender el problema, explicaré grosso modo un tema de economía, cual es el llamado “monopolio bilateral,” que significa que, en la relación comercial, existe tan sólo un demandante de, por ejemplo, un servicio (un monopolio del lado de la demanda) y un solo oferente de ese servicio (un monopolio del lado de la oferta). En este caso, a diferencia del usual análisis competitivo, no se llega a un acuerdo “estable” en el precio, sino que será una posición intermedia resultante de la fuerza relativa de cada uno de ellos, en donde el monopolista (único oferente) no logrará su precio óptimo, ni tampoco el monopsonista (único demandante), estará en su posición óptima. Complejidades técnicas aparte, significa que el monopolista ni el monopsonista se salen con la suya de lograr, el primero, el precio mayor por la venta del servicio, ni, el segundo, el precio menor que puedan pagar por ese servicio, sino uno que esté entre esos dos extremos.
 

Para mi análisis, se podría considerar a la Caja, en cierto momento histórico, como un único demandante de los servicios de los médicos y dada esa condición presunta de monopsonista (único comprador), su posición óptima es lograr pagar el mínimo posible a los médicos que contrata. Por otra parte, los médicos se organizan en un sindicato (monopolista) para lograr que se les pague el máximo posible por sus servicios, superior al salario del mercado competitivo.
 

Hay dos condiciones aquí que tomar en cuenta: la primera y fundamental, es que haya algún impedimento para la entrada o salida de los participantes en el mercado y eso usualmente se logra tan sólo si el gobierno, con su regulación, permite que el poder monopólico de una o de ambas partes pueda ejercerse. Bueno, la Caja en cierto momento fue el único contratista de los servicios de salud institucionales, antes que otros hospitales privados surgieran demandando servicios de médicos y así se ha ido rompiendo el poder de la Caja, de pagarles menos a los médicos que lo que sería el salario de mercado (la única “medio salida” que había era el ejercicio privado de la medicina en despachos privados, usualmente en horarios después del trabajo en la Caja, pues siempre era prominente trabajar en hospitales: esto puede haberse convertido en un aliciente para el surgimiento de los llamados “biombos”).
 

Por el lado del monopolio del servicio ejercido mediante el o los “Colegios de Médicos” y otros entes sindicales, se ha mantenido el poder para lograr que los salarios pagados sean mayores que los que podrían obtener en un mercado competitivo por sus servicios. De hecho, la regulación gubernamental no permite que alguien que sea médico pueda ejercer como tal y esa pertenencia es requisito para trabajar en los hospitales del gobierno (así como en los privados) y, ante todo, fija los costos o precios mínimos por servicios médicos.
 

Una segunda característica importante es que es posible observar, en ciertos momentos de crisis de la economía, cómo se instauran ciertas políticas -no dudo que bien intencionadas- de aumentos de salarios permanentes (y lo de permanentes es clave) en la estructura salarial, a fin de evitar un empobrecimiento del gremio médico causado por esa crisis. El problema es que, una vez pasada la crisis, se han instaurado mecanismos que, automáticamente, siguen aumentando el pago por esos salarios a médicos y otro personal, mucho más allá de, digamos, la inflación o de cambios en los mercados de esos servicios. Dos ejemplos son los grandes incrementos en ciertos pluses otorgados como compensación, uno ante la crisis de 1982, en la administración Carazo, práctica que se continuó en la administración Monge, y otro que se dio en el 2008, posiblemente como parte del llamado Plan Escudo, que se otorgó tanto a profesionales de la medicina, como a personal administrativo. El problema con estos ajustes a un grupo profesional, es que internamente fue factor de presión para que expandirlo en distintos grados hacia otros sectores laborales dentro de la Caja.
 

En el marco de esa lucha de poderes (del monopolio bilateral), ante la entrada de nuevos demandantes de servicios profesionales médicos -hospitales privados- el poder del monopolio de la Caja se ha ido erosionando y dando lugar a un mayor espacio de poder a los gremios sindicales para imponer un precio (salario) más alto en la Caja.
 

Veamos algunos detalles de los principales acuerdos en los últimos 50 años acerca del origen de la decisión, ya sea la aprobación de una ley, un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja, una decisión del Gobierno o acuerdos directos con los sindicatos, que se tradujeron en 24 incentivos o pluses. (Obviamente esto es sólo una formalidad porque, por ejemplo, no me van a decir que los gremios sindicalizados no han hecho presión ante el Poder Legislativo, para que se aprueben diversas leyes en favor de sus asociados).
 

Pero, antes de esa descripción, es necesario señalar que hoy la Caja “prevé gastar más de ¢475.000 millones en pluses” y que “hay beneficios para todo tipo de funcionarios; médicos, enfermeros, ingenieros, abogados y administrativos entre otros,” según lo señala el medio arriba citado.

APROBACIÓN DE LEYES POR LOS DIPUTADOS:
 

Se trata de 10 casos que significan “más de la mitad del costo de los beneficios, con ¢264.000 millones.” O sea, cualquier pretensión de reforma requeriría la aprobación de una reforma esencial de ley, tal que corrija las anteriores. La ley más costosa es la Ley de Incentivos Médicos, creada en 1982, “que le cuesta a la Caja unos ¢152.000 millones anuales.”
 

Entre los pluses comprendidos en esta Ley están las anualidades a profesionales de ciencias médicas (5.5% del salario por cada año laborado), carrera hospitalaria (11% del salario), administrativa (11% del salario) y dedicación exclusiva (no se informa qué porcentaje del salario), un incentivo por consulta externa (un 3% por cada hora después de la quinta) y un incentivo a quienes trabajan en áreas rurales (oscilando entre un 10% y un 14% del salario, dependiendo de la zona). En 1985, asumo que, basada en esa Ley de 1982, la Autoridad Presupuestaria creó una bonificación adicional para los profesionales en ciencias médicas, del 15% sobre el salario base.
 

En 1989 se aprobó la Ley del Estatuto de Servicios de Enfermería, que otorgó a los enfermeros una anualidad del 3.5% y un complemento salarial de un 15% sobre el salario base.
 

En 1990, aquellos porcentajes de pluses aumentaron: 16% en la carrera administrativa y la carrera hospitalaria, el de consulta externa hasta un 21% del salario base, el incentivo de zona rural ascendió a un rango entre 17 y 21%, y se elevó el llamado asignación de vivienda de un 10% a un 15%.
 

En el 2004, mediante aprobación legislativa se amplió la Ley de Incentivos Médicos a otros profesionales de las ciencias médicas, y se definió una anualidad del 3.5% para los enfermeros, así como un incentivo de un 55% por dedicación exclusiva a estos últimos.

APROBACIÓN POR ACTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA:
 

Se trata de 9 beneficios otorgados mediante decisiones de la Junta Directiva del ente.
 

En 1985 aprobó un pago a los ingenieros por disponibilidad (20% del salario).
 

En 1992 autorizó un incentivo de rotación que, supongo, es “por la adaptación biológica de laborar en los turnos de la tarde y de la noche, aún si ese salario es eventual” (no sé si es un porcentaje sobre los salarios).
 

En 1997 se dio la aprobación de la Junta Directiva de un pago por disponibilidad administrativa para 1.200 funcionarios y también aprobó un pago por zonaje a empleados administrativos.
 

En el 2002 autorizó un plus a los abogados de la Dirección Jurídica de la Caja y en el 2003, uno llamado viático fijo (que no se a qué se refiere).
 

En el 2009 la Junta adoptó una anualidad para los empleados administrativos que oscila entre un 2 y un 3% del salario por año laborado. Eso tiene un costo para la Caja de ¢78.500 millones en el presupuesto del 2018.
 

En el 2010 aprobó un plus llamado auxilio económico con un presupuesto de ¢3.8 miles de millones en el 2018 y es para trabajadores hospitalarios a los cuales la Caja no les puede dar alimentación (no hay información del costo del plus para aquellos a los que sí se les da alimentación).
 

Asimismo, el periódico señala que no dispone de la fecha de aprobación de un pago por disponibilidad médica, que en el presupuesto del 2018 significa una partida de casi ¢22 mil millones.

APROBACIÓN POR DECISIÓN DEL GOBIERNO:
 

Se refiere a 3 beneficios que fueron decididos por actos del gobierno de la República.
 

En 1989, de acuerdo con el medio, por un acto del gobierno se otorgó un plus a los informáticos (me parece que es de un 25% sobre el salario).
 

En 1994, el gobierno decidió la creación del llamado salario escolar, el cual es aplicado a todos los trabajadores del sector público, no sólo a los de la Caja.
 

Y, en el 2012, el gobierno definió un plus llamado “carrera profesional” para todos los profesionales del sector público, que, en conjunto con los dos anteriores, se traduce en un monto de ¢93.000 millones en el presupuesto de la Caja del 2018.

APROBACIÓN POR ACUERDOS ADMINISTRATIVOS CON EL SINDICATO CORRESPONDIENTE:
 

Hubo dos beneficios que derivaron de la acción directa de sindicatos con la administración. Uno de ellos fue un pago adicional al salario por riesgo en hospitales psiquiátricos (una partida que en el presupuesto de este año se eleva a ¢844 millones).
 

Y el segundo fue en el 2010 por “tecnologías médicas,” cuyo detalle no se indica, excepto que en el presupuesto del 2018 asciende a casi ¢6 mil millones.
 

En la segunda parte de este comentario, daré mis opiniones en torno al problema estructural serio que exhibe la Caja del Seguro Social en cuanto a su política salarial.
 

* La segunda parte de este comentario se publicará mañana

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el salario único. El caso de la ARESEP

En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que la solución al problema de la estructura salarial en el gobierno, así como el alto costo de la planilla, se resolverían una vez que se eliminaran los diversos pluses y se fijara un salario llamado único. Tengo la impresión que en varias instituciones gubernamentales lo han hecho así, como los casos que me llegan a la mente del Banco de Costa Rica, de la Contraloría General de la República y de la ARESEP. Destaco que una característica del sistema de salario único es la voluntad de aceptarlos para los trabajadores del momento en que se acuerdo, y su vigencia para todo nuevo trabajador que ingrese a la institución (cerca de un tercio de los empleados del BCR está todavía bajo el sistema antiguo de pluses).
 

Al momento no parece haber un estudio sistemático de si la reforma ha tenido un efecto, además de eliminar el sistema basado en pluses en el grado en que lo han aceptado los trabajadores “viejos,” de contención o reducción del peso salarial en los presupuestos de las instituciones que han puesto en marcha el sistema de salario único.
 

De aquí que considero que es sumamente interesante y útil lo que nos presenta la edición de La Nación del 30 de julio, bajo el titular “Salarios en ARESEP crecen en 34% en cinco años: De ¢7.125 a ¢9.572 millones para el 2019,” para ver los efectos del cambio en la política salarial, dado que esa institución desde el 2008 estableció el salario único.
 

El medio señala que en cinco años (del 2014 y el 2019), “el gasto en sueldos para sus 332 empleados habrá aumentado un 34%,” e indica que, entre las causas de ello, “está un aumento en la cantidad de empleados”, en “el mayor pago de remuneraciones corresponde al aumento en la cantidad de plazas, sobre todo el ocurrido en el 2015, cuando se crearon 17,” como lo reconoce la ARESEP. Los salarios, sin incluir las cargas sociales se incrementaron en un 34% en esos 5 años.
 

La comparación que a uno le gustaría tener es cuánto han aumentado los costos salariales, incluyendo pluses, para los cerca de 110 empleados que están bajo el anterior régimen salarial y cuánto para los restantes (aproximadamente 230 empleados bajo salario único), para así comparativamente valorar cuánto es el peso respectivo de cada uno de los sistemas en el total de erogaciones salariales totales de la institución.
 

Esto nos diría, en el caso hipotético de que los salarios únicos crezcan menos que los otros que comprenden pluses, que la reforma, a largo plazo, puede ser la conveniente en un marco de entrarle a los costos de cualquier institución, pero, también, se debe tomar en cuenta otro factor que surge cuando algún ente pretenda hacer la transformación de un sistema de pluses a un sistema de salario único, cual es el punto de partida.  Esto es, si, cuando se instauró el salario único, había montos muy elevados en comparación con los salarios anteriores basados en pluses y, por ello, se tiene un peso mayor de la carga salarial.
 

Claro, lo difícil de la transacción es que, dado que cambiar de un salario con pluses hacia un único de carácter voluntario, posiblemente, para que los trabajadores acepten el cambio, la entidad deba ofrecer un monto mayor al inicio bajo los salarios únicos, que el sustentado en pluses.
 

Según el reporte periodístico, las remuneraciones básicas, que comprenden servicios especiales, suplencias y sueldos para puestos fijos que incluye el salario único, han crecido en un 37% en esos cinco años, pues pasaron de ¢4.505 millones en el 2014 a ¢6.173 millones en el 2019. Por su parte, los pluses crecieron de ¢2.620 millones en el 2014 a ¢3.399 millones en el 2019; esto es, un aumento de 29.7%. Pero, lamentablemente, no nos permiten aseverar con exactitud que el sistema salarial basado en pluses ha crecido menos que el nuevo basado en un salario único, pues aquella cifra de remuneraciones incorpora la parte del salario a la que se adicionan los pluses para conformar el pago a los trabajadores “viejos.”
 

Se necesita una mejor separación de las partidas para saber si el nuevo sistema es más económico o no que el viejo basado en pluses.
 

Pero, como que por todo lado sigue vigente el serio problema de elevados salarios en el sector gubernamental, que en última instancia son sufragados por los ciudadanos. En el caso particular de la ARESEP, provienen de “los cánones que cobra a 70 entidades o empresas de servicio público por las labores de regulación, los cuales, a su vez, se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios.”  Esto es, que, si bien el gasto en el costo laboral del sistema de los salarios únicos podría crecer menos que como lo hace el sistema de salarios más pluses, el cambio puede haber significado una suma muy elevada en el costo total laboral de la entidad.
 

Sugiero al medio hacer la comparación debida, así como analizar el impacto habido en el cambio del esquema salarial de la Contraloría y del Banco de Costa Rica, para valorar adecuadamente si se ha traducido en una reducción de costos para la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los pluses en las universidades públicas

Cuando uno observa cómo un ministro de Educación es capaz de trasladar recursos de su ministerio, que parecían eran “sobrantes,” hacia las universidades estatales, le da cólera que ese mismo gobierno pretenda cargar a la ciudadanía con más impuestos, para que se pueda seguir en ese derroche de recursos de los contribuyentes.

Recuerden que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es un aporte que el gobierno hace a las universidades públicas (excepto para la Universidad Técnica Nacional, que recibe financiamiento gubernamental por aparte) con fondos de todos los ciudadanos. En el 2018, el FEES significó un gasto de ¢496.279 millones y para el 2019 el monto sería de ¢511.154 millones y, esa diferencia de alrededor de ¢15.000 millones saldrá de sobrantes en los gastos del MEP. O sea, que eran recursos que, en vez ser ahora gastados en una educación financieramente privilegiada, podía haberse usado, por ejemplo, en restaurar escuelas y colegios hoy en mal estado. Pero, con esto el gobierno nos demuestra adónde es que radican sus preferencias de gasto y, peor aún, que no parece haber una actitud de mesura en el gasto, sino, más bien, acudir a más impuestos o al endeudamiento de toda la ciudadanía para seguir en ese gasto displicente. La fuente de los datos aquí citado es el artículo, “Incentivos en universidades públicas devoran ¢1 de cada ¢3: UCR, UNA, UNED y ITCR gastan en pluses más que en salarios base,” de La Nación del 10 de julio.

Para este año se estima que el total de los presupuestos de las universidades públicas será de ¢714.000 millones, con lo cual el FEES equivaldría a poco más del 70% de ese presupuesto. Y, por otra parte, el total de remuneraciones (que incluye salarios, cargas sociales e incentivos) para este año ascendería a ¢418.020; esto es, casi el 82% del FEES. En dos palabras, una parte sustancial de los presupuestos de las universidades públicas se financia con el FEES y, en esencia, una parte significativa del FEES equivale al financiamiento de las remuneraciones del personal de esas universidades.

Además, los llamados incentivos o pluses en esas universidades públicas en el 2018 se considera que ascenderá a ¢201.393 millones, mientras que los salarios base de esos centros para este año totalizarían ¢337.016. Estos últimos, como porcentaje de los presupuestos, serían un 28.2%; es decir, de casi un tercio del presupuesto se va en el pago de salarios básicos y, por cada colón que se gasta en salarios básicos, se gasta casi ¢1.50 en pluses (en la UCR el cociente es de ¢1.73; en la UNA de ¢1.09; en la UNED de ¢1.51, en el TEC de ¢1.87 y en la Universidad Técnica Nacional de ¢0.87; por contraste, en el gobierno central el monto equivalente es de ¢1.04).

Dado que “las universidades pagan al menos 20 incentivos entre sus empleados docentes y administrativos,” haré un breve recuento de sólo algunos de los pluses pagados en cada centro mencionado, específicamente en el artículo citado:
 

UCR: Anualidad del 3.75% por cada año laborado; otro por antigüedad; 30% por dedicación exclusiva; otro 30% por mérito académico y se puede acumular otro 4% por cada paso académico que se obtenga; zonaje por hasta un 39% y, si se desplaza a otra sede de la UCR, puede obtener una bonificación de hasta un 29%. En la UCR la anualidad era antes del 5.5% sobre el salario base, pero, la nueva del 3.75%, aun siendo porcentualmente menor, se calcula sobre el salario base más otros componentes.
 

TEC: Anualidad entre 4 y 6%; 30% por dedicación exclusiva y hasta un 56% por grado académico y “otro porcentaje variable por carrera profesional.” Los rectores reciben un reconocimiento “por su cargo” de 130%, por jefatura y coordinación. La anualidad era antes de un 5.5% y ahora oscila entre un 4% y un 6%.
 

UNA: Anualidad del 4%, entre otros, como, por ejemplo, el de los informáticos de un 15% sobre su salario.
 

UNED: Adicional al salario como reconocimiento por el cargo, que en el caso del rector puede llegar a un 150%.
Universidad Técnica Nacional: Anualidad del 3%.
 

Por supuesto que estos son unos pocos pluses y hay una gran cantidad de ellos y, como dicen, para todos los gustos. Pero todos tienen algo en común: que son privilegios para unos pocos y que son pagados por toda la ciudadanía con sus impuestos.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el jolgorio de pluses en RECOPE

¿Se acuerdan cuando RECOPE redujo el costo de su convención colectiva que en su presupuesto del 2015 había llegado a un máximo de ₡25.263 millones? A pesar de la reducción estimada en un monto de ₡5.048 millones en el lapso de tres años, si bien originalmente se consideró una reducción de ₡8.320 millones, las cosas están retrocediendo. Mientras que en el presupuesto del 2016 se estimó que el costo de la convención colectiva sería de ₡23.810 millones y el correspondiente al 2017 de ₡23.625 millones, ya en el del 2018, año en que todavía se esperaría una reducción de los privilegios en los montos acordados en el 2105, más bien los privilegios aumentan a ₡24.847 millones. O sea, una reculada significativa de lo acordado.

Los datos provienen de un artículo de La Nación del 15 de enero, que lleva por título “Nuevo plus, extras y vacaciones encarecen convención de RECOPE: Costo de sobresueldos subiría ₡1.200 millones este año respecto al 2017.” 

Una pregunta obvia es ¿por qué tal aumento? Son varios los factores que están impulsado esta alza en los gastos presupuestos. Por una parte, en las negociaciones del 2016 se creó un nuevo privilegio llamado “incentivos a personal no profesional,” con un monto equivalente entre 3 y 5% de los salarios de esos trabajadores de RECOPE (además del aumento salarial del año por inflación). El impacto de este nuevo plus fue de ₡204 millones en el 2017 y de ¡₡758 millones en el 2018! Esto es, en este año el incremento de tan sólo ese rubro fue de ₡554 millones; o sea, de un 115% de aumento entre el 2017 y el 2018. Vaya usted a saber las razones de ello.

Pero, el mayor incremento en pluses de RECOPE se da en las partidas de vacaciones y horas extra, pues pasa de ₡1.276 millones en el 2017 a ₡2.293 millones en el 2018; esto es, un alza en este año de ₡1.017 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un acrecentamiento del 79% en el año. Casi nada. ...Y, de nuevo, “vaya usted a saber las razones de ello.”

Obviamente, esos gastillos los tendremos que pagar los consumidores cautivos de RECOPE con un aumento en los precios de los combustibles, del cual no nos podemos escapar pues la condición monopólica de RECOPE nos exige adquirir sus productos, sea cual sea el precio que se nos cobre. De hecho, el pasado 22 de diciembre RECOPE le pidió al órgano “regulador”, la ARESEP, que aumentara en ₡5.89 al litro de gasolina súper; de ₡5.45 al de la regular y de ₡4.80 al de diésel. Esta alza se debe al aumento de los gastos operativos de RECOPE que incluyen aquellos privilegios aumentados. 

Esta es la trágica historia usual: los privilegios de la burocracia son trasladados a los bolsillos de los consumidores, quienes nos vemos obligados por el monopolio a pagar el precio que, en contubernio con tal política, defina ARESEP. No tenemos escape: a pagar todos por los privilegios de algunos pocos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: incentivos versus salarios en el Sector Público

Un informe reciente de la Contraloría General de la República, Presupuestos Públicos 2017: Situación y Perspectivas”, contiene información muy interesante en relación con la estructura del gasto en el sector público, en lo referente a las remuneraciones básicas -salarios base más cargas sociales- y los denominados incentivos salariales, que son beneficios adicionales al salario. Estos últimos proliferaron en monto y número a partir de los años 1970 y 1980, constituyendo una larga lista de lo que podría considerarse como “pagos para motivar a los trabajadores”. Según información suplida por el ministerio de planificación, en el 2014 había 47 entidades gubernamentales, cubiertas por el sistema del Servicio Civil, que tenían más de 68 diferentes pluses, aplicados en función de la base salarial. Entre ello, se pueden citar, como ejemplos, las anualidades, pagos por dedicación exclusiva, calificaciones por desempeño, carrera profesional, igualación salarial entre diferentes instituciones, y un largo etcétera.

Resulta de dicho informe de la Contraloría que, para el 2017, por colón pagado como remuneración básica -salario y cargas sociales-, el sector gubernamental estima gastar un colón y diez centavos en incentivos salariales. Esto es, los beneficios superan lo que se podría denominar como salario base más cargas sociales.

El sector público incluye al gobierno central más las instituciones descentralizadas no empresariales -Caja, universidades públicas e IMAS- más las empresas públicas no financieras -RECOPE, ICE, Fuerza y Luz- más las instituciones públicas financieras -Banco Central, bancos comerciales estatales y Banco Popular- y órganos desconcentrados ─como FODESAF, CONAVI y otros.  Se estima que gastará en el 2017 ₡23.857.722 millones, según su presupuesto, de lo cual el 37% corresponde al gobierno central; así, el presupuesto ordinario del gobierno central aprobado que se espera ejecutar en el 2017, asciende a ₡8.939.241 millones.

Las remuneraciones estimadas de sector público aprobadas para el 2017, se elevan a ₡5.881.392 millones. A la vez, dado que el total de recursos públicos aprobados para dicho gasto ascienden a ₡23.857.722 millones, significa que de él las remuneraciones serán un 24.7%. Las remuneraciones significan un aumento de “un 1.2% más que el presupuesto inicial del 2016 y un 4.1% más que el monto aprobado al final del ejercicio”, y, “se observa un gasto que si bien ha perdido dinamismo respecto a años anteriores, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público,” a menudo citados por políticos como “gastos inflexibles”.

Asimismo, como se indicó, para el 2017 -con base en el presupuesto inicial aprobado para este año- en el sector público la proporción de los incentivos es un 10% superior a las remuneraciones básicas, esto es, 1.1 a 1. (₡2.398.4 millones de pagos por incentivos salariales versus ₡2.181.6 millones de pago de remuneraciones básicas). Esta proporción es aún mayor (de 1.37 a 1) en las instituciones descentralizadas no empresariales, comparado con sector público total, según lo menciona la Contraloría. Pero, tal informe no desglosa el dato de incentivos salariales aprobados para el 2017 para el gobierno central, por lo que no puede citarse cuál es su proporción relativa. No obstante, ese informe señala que “Por grupo institucional, se tiene que los montos más grandes [de remuneraciones como porcentaje del presupuesto inicial aprobado] se destinan en el Gobierno Central y en las IDNE [Instituciones Descentralizadas no Empresariales, como la Caja, las Universidades públicas y el IMAS]”.  

Además, cita la Contraloría, la relación entre incentivos y remuneraciones básicas en RECOPE, la Defensoría de los Habitantes, el ICT, el INS, el Consejo Técnico de Aviación Civil y en el Poder Judicial, sobrepasan a aquel promedio de 1.1 a 1. 

La Contraloría enfatiza la necesidad de evolucionar desde un sistema salarial que ha priorizado a los llamados incentivos, provocando una proliferación y una muy diversa gama de incentivos distintos entre diferentes entes estatales, hacia uno en donde se eliminen e incorporen, si fuere el caso, en un sistema de pago a los trabajadores basado en el llamado salario único.  Cito su razonamiento: “Si bien es cierto no existe un esquema remunerativo que sea aplicable de forma uniforme a todo el sector público... ciertamente la simplicidad y homogeneidad en lo que corresponde se consideran como atributos deseables para promover la transparencia y equidad, al tiempo que favorecen una administración eficiente de los recursos.

Y continúa, “Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país.” 

Ojalá que este llamado a la lógica y la racionalidad que nos hace la Contraloría tenga eco en el país, principalmente en el área política, pues es indispensable proceder a esos ajustes de políticas y así evitar un descalabro como el sucedido recientemente en Grecia.

Jorge Corrales Quesada

Incentivos y delincuencia

Hace más de treinta años, concretamente el 29 de octubre de 1975, escribí en esta sección, que entonces se llamaba (y coincidía con) la página 15, un artículo que titulé El ladrón como aventajado profesional . En él mencioné algunas circunstancias que operaban como incentivos perversos a favor de los ladrones. Inicié el artículo destacando que, sobre el fenómeno del robo creciente, “por mucho tiempo nos conformamos con explicaciones sicológicas y sociológicas: el ladrón –entre otros delincuentes-– es un inadaptado social. Hoy la realidad nos muestra que esa no es toda la explicación, ni siquiera la más importante. El ladrón de nuestros días –como quizá el de todos los tiempos– es un profesional. El robar es un oficio, por feo que pueda sonar al oído ingenuo. Para entrar en él, como en cualquier otro, el candidato evalúa todos sus pros y todos sus contras. Dependiendo del resultado neto que obtenga, decide hacer carrera en él, temporal o permanentemente”. Y, agregaría hoy, estos cálculos los hacen no solo ticos sino, crecientemente, hasta extranjeros que encuentran que en Costa Rica robar y hasta matar “es un vacilón”.

Hace 30 años… “El peso de los pros y el de los contras no solo depende de ciertas preferencias individuales en cuando al riesgo y reconocimiento social, sino que está fuertemente influido por fuerzas externas al individuo y por ello es de esperar que, cuando las cosas se mueven en un cierto sentido, haya razón para que las tasas de robo se muevan en una dirección determinada.

En una Costa Rica inflacionaria, de impuestos a la orden del día y de limitaciones y penas económicas al juego que la sociedad considera limpio, no es de extrañar que comience a tener ventaja el juego sucio (...) Es obvio que una manera de anular la ventaja relativa antes mencionada es incrementando las desventajas asociadas con la conducta antisocial. Esto se puede lograr aumentando las penas a quienes a tal cosa se dedican. También aumentando la eficacia de identificación de delincuentes.

Pero, a juzgar por las noticias últimas, en esto, en vez de progresar, empeoramos día con día. Los autores de delitos permanecen inadvertidos y –con algo que pasa de sonrisa a risa y a cólera– se nos dice desde las más altas esferas públicas que estamos en manos del hampa. Eso todos los desprotegidos consumidores lo sabemos; lo que nos duele un poco es que tan claramente lo digan, pues nos quitan la última esperanza de estar equivocados. Se nos da a renglón seguido la excusa tradicional: el órgano de protección pública necesita más recursos. Nunca parece suficientemente importante el problema de si con los mismos recursos actuales podríamos hacer mejor labor”.

“¿Se tiene idea de la eficacia de la labor , por ejemplo, del servicio de radiopatrullas? Son ellas –en lo que a disminución de robos se refiere– más eficientes que actuar sobre el mercado secundario de productos robados, que todo el mundo, incluyendo a las propias autoridades, sabe donde queda?”. ¿Cuál sería el efecto, sobre la tasa de bajonazos y robos de vehículos, de un programa de visitas intermitentes y sistemáticas a las ventas de repuestos usados de carros, y a talleres de refacción, para conocer el origen de sus inventarios? ¿Cuál sobre el roble de cable eléctrico en obras públicas si se hace lo mismo con las fundiciones?

Deterioro. El artículo termina señalando cómo el Gobierno, por decidir llevar a cabo labores irrelevantes, que los privados pueden perfectamente realizar (como es que el Ministerio de Economía, y no asociaciones de consumidores, investigue y publique listas de precios de los televisores), abandona otras que sí le son propias, como son los servicios de seguridad ciudadana y asegurarse de que las escuelas públicas cuenten con pupitres, pizarras, tiza y equipos.

Pues bien, esta materia de (in)seguridad ciudadana en nuestro país se deterioró en los últimos treinta años. Hoy el robo no es el único temor. El temor es que, por robar un celular o unos tenis viejos, los ladrones no tienen ya reparo en matar a sus legítimos dueños –es decir, a cualquiera de nosotros–. El problema es que los tribunales nunca parecen recibir suficiente evidencia como para detener y procesar a delincuentes. Hampones capturados una y otra vez (puede que hasta ocho veces en un año) son soltados para que sigan con sus fechorías en sus cotos de caza y para que, con su ejemplo, reafirmen en otros, usualmente jóvenes que dudaban, lo rentable que es una actividad que prácticamente solo obtiene ingresos fáciles, no incurre en costos y es tax free .

Como escribí hace treinta y resto de años, la ventaja del delincuente profesional se vería reducida si se aumenta la probabilidad de que se le identifique y capture. Y si, una vez condenado, la pena es alta, significativamente más alta que el daño causado a su prójimo. De estas variables, la que más contribuye a modificar su conducta es la elevación de la pena. Sigamos en esto la probada enseñanza de la industria del seguro: el móvil que llama a tomar una póliza no es la pérdida esperada, o promedio, sino la gravedad del daño si el riesgo se materializa.

Conviene, por tanto, modernizar la legislación en este sentido. Y procede hacerlo antes de que la gente de buena voluntad decida emigrar o –peor– tomar la ley en sus manos, acogiendo con alegría un sistema de linchamientos públicos, en la plaza del pueblo, dirigido contra toda persona sospechosa. ¡Pobrecitos los feos!

Thelmo Vargas