La columna de Carlos Federico Smith: el Gobierno nos endeuda para pagar pensiones cargadas al Presupuesto Nacional

Sabemos que las llamadas pensiones de lujo se encuentran en sistemas cuyos pagos se cargan a todos los contribuyentes, mediante el presupuesto del gobierno. Asimismo, nos hemos dado cuenta que esta administración acude, para llenar su hueco fiscal, no sólo a aumentar los impuestos y reducir el gasto, aunque en grado mínimo, sino también a endeudarse, tanto en el mercado nacional como internacional.

Un comentario de La Nación del 27 de mayo, titulado “País se endeuda para cubrir las pensiones cargadas al Presupuesto,” resalta que no sólo las generaciones actuales estamos siendo acogotadas con mayores impuestos, sino que igualmente lo serán las venideras. Esto último porque, aunque se dice que es aceptable que un país se endeude, si usa los recursos para invertirlos en activos que rindan más que el costo de ese financiamiento, claramente este no es el caso, a menos que algún burócrata acuñe la palabra mágica “inversión,” aplicada a gastos corrientes del gobierno, como son esas pensiones a cargo del fisco. A futuro, al tener que devolverse el dinero pedido prestado, más los intereses, se impondrán nuevos y mayores impuestos para hacerles frente.

Según el artículo citado, el 21% de los ¢1.06 miles de millones (¢225.830 millones) que se deben pagar cargados al presupuesto público en este año, tendrá que financiarse con la colocación de deuda por el gobierno. Y, por supuesto, los restantes ¢834.607 millones saldrán de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

En verdad, acudir al endeudamiento para pagar pensiones no es nuevo en el gobierno (se endeudó “en el 2002 y el 2003, pero los montos captados” equivalieron a “casi un 3% del gasto total” en esas pensiones). “En el 2009… se disparó” así como en el 2013, pero “en ambos casos, el monto captado significó menos de una cuarta parte del gasto total” en esas pensiones. La diferencia es que el monto de endeudamiento de este año es el más alto de los últimos 16 citados y que, tanto en el lapso del 2010 al 2012 como en el del 2014 al 2018, no hubo financiamiento de esas pensiones mediante la colocación de deuda. Antes esto, podemos decir que vale la pena estimar si en años próximos seguirá el gobierno endeudándose para su financiamiento.

Recordemos que las pensiones cargadas a los presupuestos públicos son las de ocho regímenes contributivos, entre los que destacan el Magisterio Nacional, Hacienda, Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes, así como las de seis no contributivos, Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra y Premios Magón.

A fines del 2018, del 100% de pensionados a cargo del presupuesto gubernamental, un 70% era del Magisterio Nacional, que absorbe, según indica el medo con base en información del ministerio de Hacienda, casi un 75% del egreso anual. En segundo lugar, casi un 10% del gasto total va a pensionados por Hacienda y exdiputados, en donde, de un total de 6.533 pensionados, “hay 200 que fueron legisladores.” 

Algo bueno que señala el medio es que, según un informe de la Contraloría General de la República, sobre el presupuesto público del 2019, “Las reformas legales de creación de una contribución especial solidara (sobre los pensionados de lujo) y la eliminación de la revalorización del 30% en el monto de la pensión de los exlegisladores, aminoró el crecimiento del gasto en el pago de beneficios,” el cual se estima se incremente este año en un 2.8% con respecto al anterior. 

Así, prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos de pensiones citados y, lo más grave, es que los recursos impositivos (incluso con los nuevos y mayores impuestos en este año), no son suficientes, sino que, una vez más, desde el año 2013, se acude al endeudamiento para sufragarlos. Lo que esto nos dice es que, mientras no se le entre en serio a que las pensiones no dependan de los presupuestos públicos, y que no se termine con las pensiones de lujo, difícilmente se alivianará la carga sobre las espaldas de los contribuyentes, tanto los actuales, como los futuros.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la lucha contra el bienestar de la ciudadanía

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.
 

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”
 

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.
 

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.
 

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.
 

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.
 

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.
 

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.
 

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al “establishment”: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.
 

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen.  ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.
 

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el desperdicio no importa

Para el que no quiere caldo, dos tazas. El dicho se aplica perfectamente a los ciudadanos consumidores de los servicios monopolizados del agua y de los combustibles. Las fuentes son La Nación, en sus artículos “Agua perdida por AyA permitiría abastecer a dos millones de personas” del día 28 de junio y “RECOPE busca que usuarios paguen robos de combustibles,” y crhoy.com del 4 de abril del 2019, con su comentario “En Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por las fugas.” 

En el caso del desperdicio de agua, según crhoy.com, “el 51.94% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores,” debido a “tomas ilegales, fugas, robos, alteración de medidores o el agua que utilizan los hidrantes” (que no se mide como “consumida,” así como la pérdida de agua por obras municipales o del MOPT en calles).

Pero, según informa el sitio elmundo.cr el 26 de marzo pasado, bajo el título, “Defensoría solicita rechazar alza del 24% en tarifas de agua,” el AyA pretende alzas de sus tarifas para los años 2019-2020, de un 7.7% a partir de enero del 2019 y un 15% en enero del 2020. Evidentemente, estos aumentos son muy superiores a la inflación estimada para ese período y, más bien, la petición parece reflejar la situación financiera del AyA y necesidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que hoy desperdicia la mitad de su producción (desperdicio como sinónimo de que no cobra por ella), simplemente hace solicitudes de aumentos de las tarifas para poder cubrir ese derroche? Es obvio que esas alzas afectarán seriamente a los presupuestos ya muy golpeados de las familias, debido al montón de nuevos y mayores impuestos, y a una economía que no crece, precisamente, entre otras razones, por los aumentos de costos impuestos por el estado. Sorprende que, con tan baja productividad empresarial (tan alto desperdicio), en lugar de cobrar debidamente los servicios y dar el mantenimiento requerido, sólo siga el camino fácil de aumentarles las tarifas de agua a los consumidores cautivos.

Ese derroche, debido a la mala gestión del productor AyA, no debe cargarse a los ciudadanos, pues, de aprobarse, no habría un incentivo para que la empresa AyA arregle la situación. ¡Qué va a importar el desperdicio, si, después de todo, se lo cobramos a los ciudadanos usuarios!
 

Algo similar sucede en RECOPE. Según la información periodística, el monopolio está buscando que la ARESEP le autorice incluir dentro de los precios de los combustibles a los consumidores, los robos sufridos de estos, que en los últimos tres años se han estimado ascienden a ¢6.000 millones. En esos años se han descubierto 356 tomas ilegales). En apariencia, esa petición de RECOPE se debe a que el INS (entidad estatal), dejó de pagarles el seguro contra robos que tenía la primera, pues no se trataba de algo accidental (¡obvio!), sino ya sistemático.
 

La pregunta que surge es similar a la previa en torno al desperdicio de agua: ¿cómo es posible que una empresa a la que le roban una cantidad tan importante de su producción, simplemente pretenda aumentar los precios a los combustibles a los consumidores, incorporando el costo de esos robos? No hay incentivos para cuidar que no se los roben, si ese desperdicio lo cubren con aumentos a los consumidores cautivos por el monopolio.
 

Si AyA fuera privada, si RECOPE fuera privada (y si hubiera competencia) hay un indicador sencillo que daría señales claras (y dolorosas) para evitar esos desperdicios y robos: si los hay, se elevan las pérdidas o se reducen las utilidades, ante lo cual el buen administrador buscará minimizarlas, usando recursos propios para frenarlos y así evitar ese daño. Pero, como los estados de pérdidas o ganancias parecen ser simplemente un adorno en los entes estatales -no una guía de eficiencia- ¿qué importan los robos y desperdicios si simplemente esos costos los trasladarán (ojalá que ARESEP no lo permita) a los consumidores? No tenemos opción de adquirir esos productos en otras empresas que sí se rigen por la eficiencia económica. Somos cautivos del monopolio: ¡a pagar la tarifa que nos impongan con la aprobación de la ARESEP! Y que siga la irresponsabilidad y la fiesta…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a dónde moran más pensionados de lujo

Es en el sistema de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial en donde se encuentra el mayor número de pensionados de lujo. Eso lo informa La Nación en su comentario del 18 de abril, “Corte y Magisterio tienen más pensionados de lujo.”

Alguien podría señalar que eso es esperable, pues el sistema de jubilaciones del Poder Judicial y el del Magisterio son los que tienen más pensionados. Lo cierto es que eso no sólo se da en números absolutos, sino también en el porcentaje de pensionados de lujo dentro del régimen correspondiente.
Veamos algunos datos
 

1. En el régimen de pensiones del Poder Judicial hay más o menos 4.000 pensionados. De ellos, 1.200 personas son de lujo (definidos por el medio como aquellos que tienen una pensión superior a los ¢1.57 millones, la pensión más alta dentro del IVM de la Caja de Seguro Social). Esto significa que un 30%, aproximadamente, son pensionados de lujo en el régimen de pensiones del Poder Judicial.
 

2. En el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) hay 48.256 ya pensionados y, de estos 6.900; o sea, el 24.3% son pensionados de lujo.
 

3. En otros regímenes de pensiones, como el de la Asamblea Legislativa y el de Hacienda, hay 1.702 pensionados de lujo, de un total de 25.844 pensionados; es decir, un 6.6%.
 

4. El régimen de Hacienda y el RTR fueron cerrados en 1992 y su financiamiento proviene del Presupuesto Nacional.
 

5. En el caso del IVM de la Caja, la pensión mayor es de ¢1.57 millones y la obtiene el 0.6% del total de pensionados.
 

6. Aquel porcentaje tan elevado de la Corte, se debe a que la pensión era del 100% de los mejores 24 sueldos recibidos, pero eso cambió en abril del 2018 a un 82% del promedio de los últimos 20 años, criterio que regirá a partir de noviembre del 2019. Sigue, sin duda, siendo muy elevada, comparada con la de la Caja.
 

7. Para los sistemas de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, como son los de Hacienda y el de RTR, la pensión se calcula con base en el promedio de los12 mejores salarios de los recibidos en los últimos 24 meses. Sigue siendo muy elevada.
 

8. En cuanto a promedios de pensiones, mientras que en la Corte fue de ¢1.6 millones (casi igual a la más alta del IVM), el del RTR del Magisterio fue de ¢1.1 millones (todos a mediados del año pasado). La pensión promedio del régimen de la Caja es de ¢386.800 (una cuarta parte comparado con lo que recibe el pensionado promedio del Poder Judicial). Obviamente, estamos hablando de promedios y no de las más altas de cada uno de los regímenes de la Corte y del Magisterio.
 

9. Para junio del 2018, en el régimen de la Corte había 6 pensionados con montos brutos superiores a ¢9 millones, pero, el año pasado se reformó para que las pensiones superiores a ¢4.2 millones mensuales, pagaran un aporte solidario. En el neto, esto es, después de ese aporte, siguen siendo muy elevadas, porque probablemente no hayan cotizado lo suficiente como para recibir tales cantidades.
 

10. También en el RTR hay pensionados con pensiones mensuales brutas “de hasta ¢12 millones.”
 

11. “El fondo de pensiones complementarias del Banco Nacional, tiene un beneficio superior al IVM” de la Caja.
 

La información que brinda el medio fue dada a conocer por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones.

No olviden, que también esas pensiones de lujo tienen la característica de que, lo aportado por el beneficiario, más los intereses generados por sus aportes al sistema, no es suficiente para cubrir tal pensión, por lo que la diferencia se carga, de una u otra forma, sobre los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada