La columna de Carlos Federico Smith: la gloria salarial en el ICT

Dos artículos recientes de La Nación, uno del 16 de julio titulado “Antiguo incentivo del ICT impacta su presupuesto,” y otro del 30 de julio, bajo el encabezado “53 empleados del ICT ganan más que la presidenta ejecutiva,” brindan la información base para mi comentario.

En resumen, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) posee un sistema de incentivos que desborda lo imaginado. Vale la pena que destaquemos algunos detalles de, al menos, 14 incentivos, en donde hay un presupuesto total para incentivos en el 2018 de ¢5,720 millones.

1.- ANUALIDADES: Se paga un 5% sobre el salario base. En el presupuesto de este año se estima que costará ¢2.243 millones. (Dado que, según La Nación del 16 de julio en el ICT hay 298 empleados y en el reportaje del 30 de julio indica que allí 277 empleados, como no sé cuál es el real, salomónicamente escojo el promedio de 287 empleados para algunos cálculos). Eso significa que, en promedio, cada empleado recibiría ¢7.8 millones al año, sólo por anualidades (recuerden, este es sólo un promedio; algunos recibirán mucho más y, otros, mucho menos). “Un informe de remuneraciones realizado en el 2016 por el ICT señaló que sus empleados tienen, en promedio, 18 anualidades,” dice en su comentario La Nación del 16 de julio.

2.- QUINQUENIO: Se paga un 10% sobre el salario base por cada vez que el empleado cumpla 5 años de trabajar; pagadero en fracciones de 2% cada año y para cada quinquenio trabajado. Incluso si no cumple los 5 años laborando, se le reconoce anualmente el 2%; también si se retira antes de ese tiempo. En el presupuesto de este año, el ICT desembolsará ¢710 millones por este plus.
Es importante analizar un poco estos dos primeros pluses en conjunto.  Ambos, de hecho, significan un 7% del salario base. Los dos se reflejan en el presupuesto de este año en la cifra de ¢2.953 millones; o sea, un promedio de ¢10.3 millones por empleado por año. Estos dos incentivos exceden al monto presupuestado para el salario base en casi un 20% (o sea, se paga por esos dos incentivos, un 20% más de lo pagado como salarios base), que en este año es de ¢2.467 millones,
En el 2006, la Procuraduría General de la República se opuso a este adelanto del 2% anual del pago total del quinquenio, al considerar “que desnaturaliza la figura del quinquenio.” Quienes quedamos “desnaturalizados” somos los ciudadanos, al ver cómo se emplean los recursos públicos. Y todo ha seguido igual… Procuraduría o no.

3.- ASIGNACIÓN PROFESIONAL: Se reconoce hasta un 20% del salario base por estudios formales. Hace poco lo eliminó la Sala Constitucional, pero sólo para nuevos empleados. Así, para los “anteriores,” el presupuesto del 2018 destina ¢211 millones.

4.- CARRERA PROFESIONAL: Se reconoce lo mismo que el gobierno central, que antes era de un 1.55% del salario base y recientemente se fijó un monto de ¢2.273 por cada punto, siempre que no sea requisito para el puesto correspondiente. El monto presupuestado para este año por el ICT para esta partida, es de ¢280 millones.

5.-DEDICACIÓN EXCLUSIVA: Se paga a la mitad de los funcionarios del ICT y el monto presupuestado este año es de ¢800 millones. Refiriéndose a los funcionarios del ICT que actualmente ganan más que la presidenta ejecutiva de él, se indica en la información del 30 de julio que “Reciben… un 55% por dedicación exclusiva…” Tal es el caso presentado de un ejemplo de un jefe de departamento.

6.- FONDO DE JUBILACIONES: El ICT aporta un 5% de la planilla para dicho fondo de los empleados.

7.- FONDO DE GARANTÍAS: El ICT aporta un 5% de la planilla para ese fondo de los empleados.

8.- ASOCIACIÓN SOLIDARISTA: El ICT aporta un 5.33% de la planilla para tal fondo de los empleados.
Los pluses del 6 al 8 antes indicados, significan un monto en el presupuesto del 2018 de ¢917 millones.

9.- VACACIONES: 30 días hábiles al año.
 

10.- JORNADA: 8 horas diarias, que incluyen 45 minutos para almorzar.
 

11.- PERMISOS PARA ESTUDIAR: Se paga el salario para estudios en el país o en el exterior.
 

12.- MATRIMONIO: Se otorgan 8 días hábiles con pago completo del salario.
 

13.- PAGO POR INCAPACIDAD: El ICT paga el diferencial con respecto a lo que paga la Caja de Seguro Social por incapacidad, a fin de que el empleado reciba el 100% de su salario en ese lapso.
 

14.- FUNERALES: El ICT otorga “beneficios económicos para cubrir gastos funerales de los familiares de sus colaboradores.”
 

Todo esto conduce a una disparidad total entre los salarios de ciertos altos funcionarios del ICT, según lo expone el comentario de La Nación del 30 de julio. Por ejemplo, y es el punto de referencia, mientras que un ministro del gobierno de la República, incluyendo la prohibición, gana un salario base más pluses de aproximadamente ¢2.3 millones o que la presidenta ejecutiva del ICT reciba un salario total fijo de ¢2.7 millones, en el caso del auditor tiene un salario base de ¢1.3 millones más ¢4.6 millones (el medio erradamente indica una cifra que no calza de ¢3.6), para un total mensual de ¢5.9 millones. Por su parte, un jefe de departamento puede ganar un total de casi ¢4.9 millones, formado por un salario base de ¢900 miles y los pluses de casi ¢4 millones. Asimismo, un ejecutivo de turismo 2 obtiene un ingreso mensual total de ¢3.5 millones, conformado por un sueldo base de ¢700 mil colones y ¢2.8 millones en pluses. Evidentemente algo anda muy, pero muy, mal en la estructura salarial del ICT.

Pero, hay algo sorprendente que afirmó “la institución,” el ICT: “Nótese que el ICT no forma parte del Gobierno Central, ni tampoco forma parte de las instituciones cuyo presupuesto proviene de ningún tipo de transferencia.” De hecho, provienen “del impuesto de un 5% sobre los pasajes para viajes internacionales que se compran dentro y fuera del país, así como de un impuesto de ingreso de $15,” tratando con esa aseveración de presentar una justificación a su discorde política salarial.

Aparentemente lo que esas autoridades consideran es que hay un país llamado ICT dentro de Costa Rica y que, si ellos directamente esos fondos provenientes de un impuesto nacional, no se trata, en última instancia, de fondos públicos de todos los costarricenses. Lo pongo en sencillo: lo que uno paga por los impuestos de ventas o renta es equivalente a lo que uno paga en impuestos al comprar un tiquete de viaje: sale de los bolsillos de las personas, y son fondos llamados públicos, porque pertenecen, en última instancia, a un pago que la ciudadanía hace al erario del estado. No estamos en presencia de un reino independiente, que puede hacer lo que le da la gana con esos recursos; tan es así, que se requiere de una aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la República en representación ciudadana, para que el ICT pueda usar esos recursos. Si esos burócratas alegan que aquellos son impuestos que “pagan los extranjeros,” y que por tanto no es de bolsillos de nacionales, igualmente lo son los impuestos a las exportaciones o la serie de cargas sociales que se agregan en el costo del trabajo usado para producirlas.
 

Los gastos del ICT, como los de cualquier otro ente autónomo, descentralizado o sujeto público, constituyen el uso dado a dineros de personas que pasan, mediante diversos cargos e impuestos, a manos de entes del estado y no son de uso discrecional por parte de ningún burócrata jerarca de un ente público. Que quedemos bien claros en esto…

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: crónicas de Tiquicia

Como en Narnia. Así nos nos sentimos a veces con lo que pasa en nuestro país, pues pareciera más la obra de ficción, imaginada en la mente de un creativo escritor que la realidad cotidiana que enfrentamos. Quizá Gabriel García Márquez había planteado, en su Macondo, una dimensión paralela e increíble donde las cosas más sorprendentes ocurrían con toda normalidad, sin pensar que poco después, en este pequeño rincón del mundo, se iba a materializar. 

El último capítulo de esta saga llamada Costa Rica es el anuncio de huelga que hicieron los sindicatos para mañana, a fin de proteger sus privilegios y gollerías, financiadas a costa de los impuestos de miles de ciudadanos a los que dicen "defender", sobre la cual, el Presidente Solís Rivera ha asumido una posición bastante complaciente. 

No puede ser que, una vez más, un grupo de holgazanes paralice el país y perjudique a miles de personas que quieren trabajar para tener un mejor presente y futuro. Y menos puede ser que el Gobierno trate con tanta benevolencia a una banda de esbirros, por miedo a lo que sus potenciales aliados políticos puedan hacer. Su acción se limitó a llamarlos a negociar y cuando las gestiones fracasaron, simplemente Solís se lavó las manos diciendo "que cada palo aguante su vela", como si con tal frase advirtiera que tomará acciones.

En realidad, el Presidente no tiene voluntad para ejercer su mandato con seriedad y responsabilidad. Su frase de campaña "con Costa Rica no se juega" no ha sido más que una triste parodia en este año y medio de gestión, ya que a los ticos nos han bailado y vacilado una y otra vez sin que pase nada. A nadie han destituido, nadie ha mostrado vergüenza y presentado su renuncia, nadie ha asumido el costo político ni ha sido procesado.

Aunque hemos visto con beneplácito la incipiente organización ciudadana en la anterior marcha contra RECOPE, falta mucho más por hacer. Todavía hay muchos que no se dan cuenta de que tienen el poder para exigir a los políticos impulsar los cambios necesarios para frenar este abuso y, más bien, siguen legitimando en las urnas a los que mienten y llevan el país hacia el despeñadero.

 

En ASOJOD creemos que mañana debería ser un día que marque el inicio del cambio, que las personas que están cansadas de ser rehenes de unos cuantos gamberros institucionales alzen la voz y exijan cambios.Es nuestra oportunidad de devolver a esta sociedad a la senda de la decencia, de la ética y de la responsabilidad. Está en nuestras manos aprovecharla o dejarla pasar.

Desde la tribuna: al final, unos ganan más y el resto está más pobre

Es evidente que en nuestro país la lucha contra la pobreza ha fracasado. El fracaso es indiscutible y va relacionado directamente con el mismo crecimiento del Estado y de los presupuestos públicos.

Un fotografía al estilo de antes, una instantánea, revelaría el quid del tema: mayores presupuestos públicos complican el funcionamiento de la sociedad y de la economía, mayores presupuestos públicos concitan a los buscadores de rentas a vivir del Estado, mayores presupuestos públicos son un lastre para la sociedad, mayores presupuestos públicos no significan mejor desempeño social ni mejor desempeño estatal, mayores presupuestos públicos no implican menos pobreza sino más empleados públicos viviendo del tema de la pobreza. ¡Es un hecho!

Más dinero quitado a la sociedad, más impuestos, más coacción, más dinero gastado, más aparato público, más Estado no implican per se menos pobreza ni mejor desempeño. Todo lo contrario. Los números dicen que estamos peor, más mal, más pobres y más complicados. Y los números… desdichadamente no mienten, aunque las estadísticas le duelan a mucha gente.

Nos han engañado en una apuesta perdida: darle más dinero al Estado para combatir la pobreza, darle más dinero al Estado para mejorar la educación, darle más dinero al Estado… más dinero… más dinero. Al final, unos ganan más y el resto está más pobre.

Muchos servidores públicos han secuestrado al Estado y ordeñan impunemente la teta pública, para solaz personal, para lucro propio, para prosperar sin riesgo, para montarse sobre los demás. Los números no mienten: más presupuesto, más impuestos, más coacción y… más pobreza y desigualdad.
Siempre sale vacilón echarle la culpa al neoliberalismo. Hasta iglesias (con “i” minúscula) se han fundado contra el neoliberalismo: son religiones de mentiras que posiblemente compran sus ornamentos en coopeclero, pero que no aceptan tener las restricciones correspondientes. Inconsecuencia e incoherencia. Pero los números no mienten, porque toda esa pobreza está relacionada con un Estado inútil, torpe, secuestrado, abusador y abusado, gastón, angurriento y postrado que se ha arrecostado sobre la sociedad, causando más pobreza, menos avance de la educación, más desigualdad y menos prosperidad. Eso indican, indubitablemente, los números que no mienten. ¡Duélale a quien le duela!

Así que, igual que en Cuba, Venezuela, Argentina, la ex Unión Soviética y otras sociedades, los números han mostrado que a más Estado, más pobreza, desigualdad y atraso. Los números no mienten.

Federico Malavassi Calvo
Columna Perspectiva de la Prensa Libre

La columna de Carlos Federico Smith: fiat justitia ruat caelum

Esta frase del latín se puede traducir así: “Que se haga justicia, aunque caigan los cielos”; esto es, que sin importar las consecuencias, la justicia se lleve a cabo. Por eso, en un marco de pesimismo casi generalizado en torno a la corrección con que actúan los funcionarios públicos -impresión correcta o no- me sentí muy contento cuando leí el siguiente titular de La Nación del 30 de octubre: “Corte elimina privilegios en pensiones del Poder Judicial: Magistrados derogan directriz que otorgó beneficios adicionales a jubilados.”

En verdad, restaura el ánimo en mi persona de que es posible que mucho mal que hoy percibimos en la sociedad, pueda ser aliviado y hasta eliminado, cuando los jueces actúan con toda probidad e independencia para ordenar un claro hecho de injusticia; esto es, la creación de un privilegio para algunos pensionados del Poder Judicial, del cual no se podía disponer en ninguno de los otros sistemas públicos de pensiones.

Trataré de explicar qué fue la norma que la Corte Plena de Justicia derogó el pasado lunes 27 de octubre. Resulta que en el año 2000 la Corte Plena aprobó una reforma a los requisitos de jubilación que exigía la ley del Poder Judicial y la ley marco de sus pensiones. Dicha reforma permitió que un grupo de integrantes del sistema de pensiones del Poder Judicial se pudiera retirar a los 55 años de edad, recibiendo un monto promedio de los últimos doce salarios sobre los cuales se cotizó, en tanto que el resto de empleados acogidos a ese régimen se pensionarían  a los 60 años y con el promedio de sueldo de los últimos 24 salarios percibidos. Evidentemente, aquella resolución de la Corte Plena -resolución conocida como regla IV- creó una disparidad en el trato a diferentes empleados del Poder Judicial.

Se informa que, en una sesión en que participaron 15 magistrados, de los cuales 10 eran suplentes, “la votación, que quedó 13 a 2, eliminó de manera definitiva la normativa creada en el 2000 y con la que se favorecieron 403 personas.” Es importante destacar que en dicha sesión de Corte Plena no participaron jueces de la Sala Constitucional, porque ante ella se han presentado diversos recursos legales que tienen incidencia en el caso en mención y que, por tanto, se requería que esos jueces no intervinieran de forma alguna.

Pero hay algo muy interesante, cual es que el Poder Judicial parece estar dispuesto a ejercer justicia en lo que se sabía sería un tema sumamente controversial en el país: que hay sistemas de pensiones en donde existen personas –todas muy respetables- quienes reciben pensiones sumamente elevadas, si es que se toma en cuenta lo que habían cotizado para ella o lo que ahora deberán aún cotizar en ciertos casos. Los regímenes de pensiones no pueden descansar en los méritos de quienes las reciben, en particular en cuanto a que se obtienen pensiones superiores a lo que correspondería según hayan cotizado. Tal diferencial es muy distinto a la situación en que, como una política de solidaridad de pensiones mínimas en ciertos casos, su receptor tampoco haya cotizado lo suficiente como para hacerle acreedor de una pensión, aunque sea relativamente baja.

Pero aún hay más: de acuerdo con la información periodística citada, el exceso pagado de pensiones por el abuso otorgado por la llamada regla IV durante los últimos doce años en el Poder Judicial, asciende a más de ₡4.000 millones, que es de esperar sea devuelto por quienes los percibieron y que se responsabilice a quienes los entregaron con base en una norma ilegal. Este último aspecto no lo pudo resolver la Corte Plena, pues, como señaló Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, “los eventuales procesos legales para resarcir a la entidad pública por el daño generado se analizarán en la Corte Plena. Esto se hará una vez que la Sala IV resuelva otro caso relacionado con un pago de más en pensiones que se sigue contra un grupo de 16 exmagistrados.” 

En todo caso, a la luz de la resolución tomada por la Corte Plena es adecuada y a derecho, tenemos la esperanza de que se pueda, en paz y con tranquilidad, ir terminando con las pensiones abusivas que sufren diversos sistemas de pensiones, en particular aquellos que se les denomina como regímenes de pensiones a cargo del presupuesto de la República. 

Es un clamor por justicia el que hace el superintendente de Pensiones, don Edgar Robles, cuando señala que “Hay que revisar todas las pensiones mal otorgadas y ajustarlas a futuro; sabemos que hay montos pagados incorrectamente y deben ser recuperados; y debe establecerse la responsabilidad de quienes crearon la norma.” Más claro no puede formularse el llamado a ordenar abusos que hoy tienen colmados a los ciudadanos, quienes con pasmo observamos los abusos con las leyes y ahora tenemos la satisfacción de que es posible enderezar los entuertos -a pesar de los embrollos legales que se han visto y seguirán viéndose. Felicitaciones por ese primer paso -y no dudo que vendrá otros igualmente, sino que más, difíciles de tomar. Por ello, “fiat justitia ruat caelum”. Cueste lo que cueste, debe haber justicia. Incluso, aunque pueda doler en lo propio, señores beneficiarios del sistema de pensiones del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el colmo del descaro

Nuestra sociedad ha llegado a niveles de descaro tan altos que cada noticia nueva parece no sorprender y, mucho menos, provocar algún sonrojo en los involucrados.  Para ilustrar esta lamentable característica de la cultura tica, queremos presentar dos ejemplos.

El primero. Como gran gracia, el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, realiza un llamado al próximo gobierno para que no ceda ante los sindicatos que amenazan con marchas y huelgas, cuando esta Administración ha estado marcada por la cobardía, por la falta de firmeza y por la indecisión, cuando su accionar ha estado limitado por los caprichos de las hordas sindicales, cuyas gollerías han empeorado el maltrecho estado de las finanzas públicas. ¡El diablo vendiendo escapularios!

 

La Administración Chinchilla Miranda no ha sido firme frente a todos los cuestionamientos de corrupción que se le hicieron (Procesos, Refinería China, Vuelo a Perú, Trocha, Paquetazo de impuestos, Préstamo chino para Ruta 32 por mencionar, tan solo, unos pocos ejemplos) ni tampoco lo frente a los propios sindicatos, especialmente el del ICE, que lograron todo lo que quisieron durante este periodo. 

Para muestra un par de botones: la apertura del mercado energético, tan necesaria para enfrentar la pérdida de competitividad que produce tener una de las tarifas más altas de la región por causa de un monopolio ineficiente y torpe (valga la redundancia), simplemente no avanzó porque el Ejecutivo cedió ante los sindicatos del ICE y otros sectores que amenazaron con paralizar el país. Cuando, en la Asamblea Legislativa, se tuvo la oportunidad de discutir e incluso dictaminar los distintos proyectos de ley, tanto la Presidente como la fracción liberacionista recularon. Otro caso es la Ley de empleo público, necesaria para frenar la fiesta que tiene la burocracia -particularmente la del sector descentralizado- con pluses salariales exorbitantes, topes de cesantías casi infinitos, pagos de bonificaciones por llegar temprano y otros excesos, ni siquiera fue presentada como proyecto de ley ante el Congreso por el terror de Casa Presidencial a una eventual huelga. ¡Y aún, frente a esta realidad, el Ministro viene a hacer gala de una gallardía que su propio gobierno no fue capaz de exhibir!

El segundo ejemplo, también relacionado con los sindicatos, fue la denuncia que realizara la Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA) sobre los presuntos aumentos de salarios y privilegios de los altos jerarcas de la institución. Eso está muy bien, todo aumento del gasto público para el pago de indecentes prebendas en el Sector Público -financiadas con nuestros impuestos- debe ser denunciado. Pero lo que resulta vergonzoso es que, quienes tiran piedras son los que tienen techo de vidrio. ¿Cuándo han denunciado los sindicalistas de la CCSS los privilegios que tienen los trabajadores de la institución como salarios altísimos, aumentos salariales sobre el total y no sobre la base, convenciones colectivas perversas que contienen sinecuras como el pago de la totalidad del salario y aguinaldos a pesar de encontrarse incapacitados, topes de cesantía de 20 años, pluses tan diversos como disponibilidad, prohibición, riesgos, zonaje, asignaciones para vivienda y viáticos, rotaciones, guardias médicas o incentivos especiales como los que contempla la Ley de Incentivos Médicos, que dispone que, ante cada aumento general de salarios para los funcionarios del Gobierno Central, los profesionales en Ciencias Médicas tendrán un aumento igual, entre otras cosas? Es muy fácil señalar a unos pocos como los culpables de la crisis financiera de la CCSS, pero reconocer que sus excesos han desangrado las finanzas públicas es una quimera. No queremos justificar ni defender a los jerarcas de la CCSS, pero sí hacer hincapié en que no son los únicos que han hecho de las finanzas institucionales una piñata. En esto ha sido experto el sindicato y sobre esto, nadie dice nada.

Esa es nuestra realidad, ante la cual nadie se sonroja, nadie se avergüenza. Todos dicen lo que hay que hacer pero nadie quiere reconocer su falla. Es un problema muy característico de la idiosincracia tica eso de decir una cosa y hacer otra. Pero el colmo del descaro es salir a los medios de comunicación a sermonear, a dictar cátedra de transparencia y autoridad moral, cuando están desangrando con su ineficiencia o sus privilegios, al erario público, a los tax payers. Lo más triste es que la propia ciudadanía permanece indiferente ante esto y sigue legitimando todo este tipo de situaciones, sea votando por los mismos o apoyando, tácita o expresamente, a estos grupos de presión que todos los días la empobrecen. 

La columan de Carlos Federico Smith: sindicato irresponsable

Como liberal creo en el derecho de las personas a asociarse; por ejemplo, en empresas, asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, como resultado de un principio esencial de autonomía individual; de libertad.  En lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, los sindicatos prosigan políticas que esencialmente restringen la libertad de otras personas. Por ello, me opongo a la existencias de convenciones colectivas en el sector público, que han llegado ha convertirse en un lecho para el amancebamiento de los intereses de los trabajadores gubernamentales y de los políticos de turno.

Los primeros ofrecen apoyar políticamente al gobierno si éste les concede los privilegios que solicitan y los segundos están dispuestos a dárselos, pues ellos no tienen que pagarlos de su bolsillo, sino que, de alguna manera, trasladan el pago al resto de la ciudadanía. La clave política del gobierno está en que los impuestos que debe poner para financiar esas gollerías, no sean claramente asociados, en el corto plazo, con dicho pago, sino que simplemente pasan a engrosar un déficit, como parte de un indefinido mayor gasto público.  Después de todo, el efecto de satisfacer esos nuevos privilegios se sentirá tan sólo a un plazo más largo, cuando al elector le costará más asociar el mayor déficit con la prebenda otorgada al sindicato público. (Después de nosotros, que venga el diluvio). Así es factible lograr una simbiosis política que privilegia a sindicalistas y a políticos, en contra de la ciudadanía como un todo.

El gran obstáculo que hay en la actualidad para que se logre el amasiato expuesto, es que la situación fiscal es tan delicada, que la ciudadanía está más atenta que nunca de evitar que el déficit se desborde y que obligue a aumentos gravosos de impuestos que no desea. Hay una especie de voluntad ciudadana en favor de que el orden prime en la gastadera estatal.

Deseo comentar acerca de la reciente petición de un importante sindicato nacional, el de Trabajadores de la Educación Costarricense, mejor conocido como SEC, que de fructificar creo que causará un grave daño al país.

No es una broma de mal gusto el pliego de negociaciones que el SEC le ha presentado al gobierno de la República, pues en esencia pretende obtener una letanía de privilegios que muy posiblemente ni en un reino de abundancia fiscal lo lograrían.  En alguna ocasión de mi vida, un líder sindicalista me dijo que una práctica usual de esos gremios en este tipo de negociaciones, era entrar con una carretada de peticiones para ver que agarraban y así quedaban contentos y podían justificar ante sus asociados, que algo habían logrado algo. Pero a todas luces, lo que ahora nos presenta el SEC posee características tan peculiares, que vale la pena que las exponga.  Me comentaba una microbióloga que hay ciertas bacterias (“bichos” les llamo yo) que se aparecen en el momento en que el organismo del enfermo es el más débil posible. Como es ante la baja en las defensas del ser humano cuando hacen su aparición, a esos cuerpos extraños se les llama “oportunistas”.

Me da la impresión de que el SEC sale ahora con tal magnitud de peticiones, porque considera que, como hay un gobierno ciertamente débil como pocos, es ésta la mejor oportunidad para presentar sus ambiciones crematófagas (devoradoras de riqueza). Pero éstas no mueven a risa, aunque parezca ser un producto histriónico de algunos dirigentes sindicales, sino que más bien provocan la cólera de quienes tendrán que pagar la sarta de privilegios solicitados; esto es, de los ciudadanos comunes y corrientes, principalmente los de menores ingresos, quienes difícilmente pueden evitar los tributos que sobrevendrán por ese mayor gasto gubernamental.

Tengamos claro, de una vez por todas, que el interés esencial de un sindicato es el logro de mayores ingresos para sus asociados, mediante aumentos de salarios o por la obtención de privilegios laborales, objetivo que se pretende ocultar alegando que lo que interesa es la educación, la Patria, el bienestar del costarricense y otras cosas que suenan muy bien, pero que en realidad, con los actos verdaderos de los sindicatos, se están muy lejos de lograr. Los sindicatos lo único que buscan es cómo maximizar el beneficio de sus asociados y punto. Lo demás es pura sensiblería y paja politiquera.

De acuerdo con una información periodística, la siguiente es la lista de peticiones incluidas en una convención colectiva que el SEC pretende lograr. Entre paréntesis incluyo breves comentarios míos a tales peticiones:

•    Auxilio de cesantía por 20 años. (Exceptuando a otros privilegiados del sector público, el resto de trabajadores del país sólo lo tiene por 8 años. Dada la situación fiscal del país, de otorgarse, mejor será que apaguemos y nos vayamos).

•    Si un profesor de música hace talleres, recibirá un sobresueldo del 30%. (Debemos decidir si es necesario pagar talleres o si estudiantes y profesores se ponen de acuerdo para mejorar su vida, escogiendo hacerlo voluntariamente, como ha sido hasta hoy).

•    Los miembros del SEC recibirán alimentación y pago de transporte en zonas en donde no haya bus o que sean de menor desarrollo. (Probablemente en esas zonas de menor desarrollo hay cosas que son más baratas, como vivienda y comida, además de que lo de menor desarrollo requiere que haya una zonificación que no existe.  En todo caso, si es que esos trabajadores son “mal pagados”, no harían ofertas de trabajo para laborar allí).

•    Si trabaja en una zona rural o en un área turística se le deberá dar una casa con todo y computadora e Internet. (Casi que todo el país es zona rural o zona turística, además de que podría ser un área tan agradable para vivir, que más debería aceptar menor paga por ese disfrute. A mi que me manden a Punta Islita o a Puerto Viejo en Limón).

•    Si trabaja en una zona turística, tendrá un sobresueldo del 25%. (Dado lo indicado en el párrafo anterior, más bien, tras vivir pasándosela rico en un lugar turístico, ¡hay que pagarles mucho más sueldo que el actual!).

•    Los costarricenses les pagaremos taxi a los empleados y maestros que trabajen en áreas de alta peligrosidad o con problemas de alcoholismo y drogadicción (Si se estira la colcha, casi que podemos cubrir a todo el  país con esos vicios.  En tanto los del SEC andarán cuidaditos en taxi, los restantes ciudadanos, quienes quedarán más pobres después de pagar los impuestos para financiar ese privilegio, tendremos que sufrir con los alcohólicos y drogadictos que los hay por todo lado).

•    Se otorgará un sobresueldo de un 20% si alguien tiene una segunda carrera en deportes, bellas artes, idiomas y tecnología. (Siempre y cuando sea aplicable al currículo escolar, pues por allí podrían entrar cursos de trutrú, cocina de Tía Florita, juego de chapas y patineta, entre otros).

•    La jornada laboral no podrá exceder de 44, aunque se deben pagar 48 horas. (Me encanta la honestidad: menos trabajo y mayor paga. Que aprendan los alumnos cómo el esfuerzo y el trabajo les permitirá progresar en la vida ¿o es al revés?).

•    Dicha jornada incluye el tiempo para las clases, preparar, elaborar y calificar exámenes y una serie de actividades extraordinarias, como reuniones, desfiles y otras, por las cuales se pagaré el doble. (Ante esta muestra de voluntad de trabajo, para ser consistentes es mejor que los costarricenses se lo paguen de una vez, pero que los beneficiarios del privilegio mejor no hagan nada).

•    Dos meses y 22 días de vacaciones al año. (Pobrecitos, me imagino que por lo cansados que estarán ante tanto trabajar, es necesario que ellos, a diferencia de la mayoría de trabajadores del país, tengan más vacaciones. ¿Qué sentirá un trabajador que se la pasa duro breteando de sol a sol, al leer esta abusiva petición del SEC?)

•    Pero también si se casan o se juntan, tendrán dos semanas libres, así como 5 días si cambian de casa y 15 días para atender a un pariente grave. (Acaso el resto de trabajadores costarricenses disfruta de estas gollerías, pues si bien alguna parece ser deseable, simplemente se prestaría para el abuso y no hay plata de todos los costarricenses que sea capaz de cubrir tanto privilegio para un gremio).

•    6 meses antes del parto empezarán a disfrutar de dos años de incapacidad por maternidad. (Por supuesto que esos dos años serán pagados por todos los trabajadores de este país. ¿Es que el SEC no se ha dado cuenta del mundo en que vivimos, en donde la escasez y no la abundancia de recursos es lo que prima y en donde de algún lado tendrá que salir la plata para pagar ese privilegio particular?)

•    El papá maestro o empleado del SEC tendrá un mes libre por el nacimiento del bebé y si son gemelos o más, logrará 6 meses de incapacidad (O de descanso o de lo que sea: ¿Quién cree Usted que termina pagando todo esto?)

•    Si el empleado ve su capacidad disminuida por edad u otra razón, se le deberá de asignar a un trabajo adecuado sin menoscabo de su salario o profesional. (Parece razonable, pero es necesario tener claro a qué se refieren, porque es posible que el trabajo que se tenía era el adecuado y que se le está pagando lo mismo que antes de que su capacidad disminuyera).

•    Las clases no tendrán más de 20 alumnos. (Como la población costarricense ha venido creciendo menos, eso implica un descenso en la cantidad demandada de maestros, pero como al sindicato no le conviene que disminuya su membresía, la forma de asegurarse su pertenencia al sindicato, es asegurándoles trabajo, creando grupos escolares de menor tamaño. Por supuesto, que el mayor costo que todo eso tiene, lo pagamos todos los ciudadanos).

•    Si en esos grupos hay una adecuación; esto es, algún trabajo adicional con alumnos que tengan algún tipo de problema, el máximo del grupo se reduce en 6 alumnos y si la readecuación no es muy grande, tan solo en 3. (La razón de esta petición fue expuesta en el párrafo inmediato anterior),

•    Hay que dar a toda escuela diversos instrumentos musicales, para actividades escolares que incluyen desde cimarronas y marimbas hasta coros y bandas. (Por supuesto, que eso es pagado por todos los ciudadanos, quienes no sé si están dispuestos a ceder parte de sus ingresos para este tipo de cosas o, por el contrario, si tienen algunas otras necesidades más apremiantes que deben satisfacer).

•    Cada escuela y colegio tendrá servicios de atención médica, de dentistería, de oftalmología, de sicología, auditiva y farmacéutica. (Se supone que para estos asuntos de salud, existe la Caja de Seguridad Social, y a la cual se supone  que cotizan los trabajadores del SEC (así como su patrono, que es el estado, y el estado propiamente, siendo, en ambos casos –patrón y estado- pagado por todos nosotros. Ese sindicato desea que para ellos se tenga ese servicio en exclusiva, que, por supuesto, sería pagado por la ciudadanía. La pregunta lógica es ¿acaso tienen una idea del costo de una propuesta como la que hacen? Me atrevo a decir que podría ser astronómico, pero como ellos no lo van a pagar directamente, nada cuesta exigirlo mediante una convención colectiva que todos deberemos pagar).

•    En cada local escolar habrá una guardería para niños menores de 4 años. (Espero que ese privilegio, que tiene que pagarlo toda la ciudadanía por medio de un estado hoy casi en quiebra, no se otorgue bajo el prurito de que se trata una no adecuadamente financiada red de cuido).

•    Todos, por medio del Ministerio de Educación, cubriremos los gastos para defender a un maestro cuando se accidente  un alumno, al igual que los costos de traslado, alimentación y hospedaje de los testigos. Si el docente es declarado culpable, todos, por medio del Ministerio, pagarán el dinero de la condena. (Me río, por no llorar. Lo cierto es que el problema puede ser cubierto por una póliza colectiva de tipo de responsabilidad profesional que los maestros deberían de adquirir. La verdad es que todos los ciudadanos estamos expuestos a este tipo de problemas legales, entonces, ¿por qué van a estar los miembros del SEC exentos de cubrirse de este riesgo profesional propio de ellos?).

•    Después de 9 años de trabajo (no sé si es cada 9 años), el trabajador tendrá un año sabático (esto puede ser un permiso pagado de todo un año) para realizar investigaciones o estudios de maestría. (Una vez más, ¿por qué tan sólo para ese gremio y por qué debe ser cubierto su costo por todos los ciudadanos?

•    También se le dará una licencia con goce salarial (que caché: a esto no le llaman “sabático”) a quien realice estudios de mejora profesional, de especialización o posgrado en materias afines a la educación (Lo cierto es que si alguien invierte en mejorar su profesión es porque va a obtener un rendimiento que compense el costo de lo invertido -como mejores salarios. Alternativamente, sería simplemente un consumo que alguien desea llevar a cabo.  En ningún caso hay razón, ya sea inversión o consumo, para que toda la ciudadanía tenga que pagar por el costo de ese “goce salarial” de los agremiados del SEC).

•    Cuando el trabajador tenga que incorporarse a su colegio profesional, el costo de las pruebas serán pagadas por medio del MEP. (¿Por qué todos nosotros debemos de pagar, por medio del MEP, lo que es un asunto profesional y personal de los agremiados del SEC? Acaso el resto de profesionales en el país, que tenga que incorporarse en su colegio profesional, no debería ser tratado de igual forma).

•    Cuando el trabajador incurra en faltas muy graves, al mes prescriben. (Tan solo pregunto ¿por qué?)

•    Los costarricenses a través del MEP destinarán anualmente $200 por cada trabajador para prevenir el riesgo laboral. (Me llama la atención que su petición sea en dólares. ¿Será que no creen en la estabilidad del colón? ¿Será que están a favor de la dolarización? ¿O será que con este regalito, pagado por todos los ticos y extranjeros residentes en el país, lo que pretenden es gastarlo en Miami, por lo que es mejor desde ya pedirlo en dólares estadounidenses?  

•    Para terminar, los funcionarios de escuelas y colegios, activos y pensionados, sus parejas y sus hijos, tendrá matrícula gratuita en las universidades públicas. (La ignorancia económica del SEC es asombrosa. ¿Es que acaso la educación en esas universidades públicas es gratuita? La verdad es que toda la ciudadanía, por medio de impuestos, la está pagando.  En este caso lo que el SEC pretende es simplemente obtener un privilegio más, no asequible a todos los ciudadanos, pero sí es pagado por todos ellos).

Cuando lea en su hogar estas cosas, piense en lo que le ha costado a usted mantener unas rémoras en el sector público, que viven del dinero suyo, que el Estado le ha tomado por medio de impuestos, deuda o inflación, Pregúntese si desea que esos vivillos continúen logrando granjerías, aprovechándose  en esta oportunidad de que estamos en presencia de un gobierno debilucho, que no parece ser muy firme en sus decisiones y que, además, se vive un estado de precario en cuanto a las finanzas gubernamentales.  Si los ciudadanos que hoy pagamos esos abusos mostramos indiferencia ante estos sueños de opio del SEC, tendremos luego que gastar más y más en quienes sólo buscan privilegios, sin estar sujetos a algún tipo de fuerzas  competitivas, tal como sí sucede en el sector privado, en donde laboramos el resto de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: relajo sindical

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA, si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad, tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA, lo cubre el resto de los costarricenses mediante los impuestos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del Estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

Jorge Corrales Quesada