La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: pronto la deuda gubernamental llegará al 60% del PIB

Un indicador esencial en la política fiscal que actualmente prosigue el gobierno es el porcentaje que, del valor de la producción final de todos los bienes y servicios producidos por los residentes del país, representa el endeudamiento del gobierno.
 

Muchos aspectos se podrían comentar acerca del endeudamiento gubernamental, pero me centraré en analizar el impacto que se tendría de llegar a un indicador clave de la política fiscal. Me refiero a que, muy pronto, el endeudamiento del gobierno con respecto al PIB llegará a un 60%.  Digo “clave,” pues, en la práctica, suele considerarse un tope a lo máximo deseable en una economía, al menos para ciertas calificaciones de riesgo del país. De hecho, a noviembre del año pasado, el porcentaje era de un 59.3% del PIB, lo que equivale a una deuda de ₡21 millones de millones y, para tener una idea de su crecimiento rápido, a noviembre de 2018, fue de un 52.9% del PIB, equivalente a ₡18 millones de millones. Esto es, en sólo un año, esa deuda gubernamental, como porcentaje del PIB, creció en un 6.4 puntos porcentuales.
 

El aumento en el cociente Gasto gubernamental/PIB viene dándose desde hace ya buen rato, pues en el 2008 fue de sólo un 24% del PIB y creció en más de un 100% (más que se duplicó) en 10 años, resultado del déficit del gobierno (que se gasta más de lo que recibe de impuestos). Es así resultado del jolgorio gubernamental de tantos años.
 

Ante esos déficits, los gobiernos -este incluido- han acudido, afortunadamente con una inflación relativamente moderada, a aumentos en los impuestos, a pedir prestado, colocando bonos en los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, no se ha visto un esfuerzo profundo y constante por reducir el factor que impulsa los déficits gubernamentales, cual es el gasto público excesivo.
 

Reproduciendo parte del Comentario sobre la Economía Nacional del Banco Central publicado el pasado 31 de diciembre, La Nación, en su artículo titulado “Deuda del Gobierno se acerca al 60% de la producción,” dice que “En el financiamiento del déficit del Gobierno Central, ha aumentado la participación del endeudamiento externo proveniente de la colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales de $1.500 millones y el crédito de apoyo presupuestario con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por $350 millones.” En dos palabras, un alto endeudamiento reciente ha aumentado la fracción que del PIB representa la deuda gubernamental, endeudamiento derivado del excesivo gasto gubernamental, más allá de recursos extraídos por impuestos a los ciudadanos.
 

Lo que debe tenerse presente es que esa deuda no es más que una obligación que gobiernos de generaciones actuales, trasladan a generaciones futuras para que la pague. La señal es clara: en su momento, o bien el gobierno seguirá endeudándonos para pagar deuda con más deuda, al vencer la primera, o creará inflación para poner un impuesto a los saldos monetarios y reducir los ingresos reales de los ciudadanos, o pondrá nuevos o mayores impuestos. Hará así una realidad de que nunca serán suficientes los impuestos, aunque nos hayan dicho ilusoriamente que, los últimos que nos impusieron, eran la solución, pues el gasto gubernamental crece aún con rapidez.
 

De cierta forma, a hoy, antes de llegar a ese 60%, y durante el 2019, el gobierno tuvo cierto margen de endeudarnos rápidamente para salir de su apuro fiscal, además de aumentar impuestos en diciembre del 2018 y otros gravámenes en el 2019. Señala el medio que “los ingresos tributarios del Gobierno crecieron, en el acumulado hasta noviembre anterior, en casi un 10% frente al mismo período del 2018. El crecimiento se explica por la mayor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta).”
 

Lo crucial es que, al acabarse ese margen, aparentemente cuando la relación deuda gubernamental/PIB llegue al 60%, la regla fiscal vigente desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, establece que, cuando ese coeficiente esté entre un 45% y un 60% -como en los últimos tiempos- el crecimiento del gasto corriente, lo que excluye a la inversión, “no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.”
 

Aquel alivio se acabaría, según la regla fiscal, al arribar el cociente deuda del gobierno/PIB al 60% -muy pronto y estimaciones del Banco Central indican que llegará a un 65% en el 2023- pues, “el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede exceder el 65% del promedio de crecimiento de la producción.” Y, dado el bajo crecimiento actual del PIB, de apenas “2.2% del PIB,” se requeriría de un fuerte ajuste en el presupuesto nacional del 2021.
 

No me imagino que ese ajuste requerido en el gasto se hará una realidad, pues me temo que el espíritu irresponsable de un gasto gubernamental rápidamente creciente, será invocado de otra forma, pasando la brasa ardiente a manos de los contribuyentes de ese momento, para que sean ellos quienes la apaguen con impuestos. Tristemente.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿quién paga?

La información es muy clara y no admite falsas interpretaciones.  La deuda pública creció un millón de millones (un billón) de colones, el primer cuatrimestre de este año.
 

¡Qué fácil gastar el dinero ajeno!  ¡Qué fácil ha resultado endeudar a los demás, echarle la carga a las futuras generaciones y ser tan irresponsable con el gasto público!

De lo que se trata, simplemente, es de una violación flagrante, descarada y directa de todo el pacto social costarricense.

El Estado se ha convertido en un instrumento de expoliación para que unos cuantos se queden con todo, despojen a los demás y, cuando no ha habido de dónde tomar, entonces hipotequen el futuro de todos.

El resultado de pensiones excesivas con cargo al presupuesto, una alta planilla llena de gollerías y privilegios, un desviado sentido del asistencialismo y el clientelismo político es un Estado lleno de gastos, inútil, que evade sus fines primarios y se dedica a ordeñar a los sectores productivos y trabajadores de la sociedad.

Las autoridades concernidas (Sala Constitucional, sector de Hacienda, Contraloría, diputados) han olvidado los controles constitucionales (límites presupuestarios, equilibrios presupuestarios) y se han dedicado irresponsable e indolentemente a inflar los gastos y promover la repartidera.

Las instituciones públicas han ido cayendo en la misma cosa:  exceso de planilla, falta de racionalidad en el gasto, privilegios y abuso de sus ingresos.  La CCSS es un caso por antonomasia, las universidades públicas ni qué decir, el ICE reúne una serie de perversiones inaceptables y el cuento sigue.

Los monopolios públicos han sido excusa para inflar gollerías y ventajas y ahora asfixian a la sociedad costarricense (ICE, RECOPE).  No abunda la energía por su modo de hacer las cosas, no es barata y más bien afecta negativamente el desempeño y economía de la sociedad costarricense.

Lo peor es que quienes están señalados para detener el abuso y el exceso más bien parecen promoverlo e incentivarlo.  La Sala Cuarta está compuesta por magistrados que disfrutan de un régimen privilegiado de pensiones y hace rato que perdió la vocación de frenar los abusos (más bien declina los controles presupuestarios y fomenta los abusos contra la CCSS).  La Asamblea Legislativa parece ignorar la esencial función de control político, presupuestarios y administrativo y más bien se solaza en aumentar el gasto público, hacer cundir la repartidera y fomentar el clientelismo.

El IMAS no tiene idea de qué pasa con el 75% de la gente que recibe ayuda social, el FONABE reparte becas entre hijos de funcionarios del MEP, el ICE bloquea cualquier intento para que haya apertura en electricidad y los sectores productivos puedan hacer su aporte, RECOPE gasta a manos llenas en un proyecto de refinería china que hasta la Contraloría ha calificado mal, el asfalto no cumple con los requerimientos mínimos (y eso que fueron dolosamente rebajados por una Administración de cuyo nombre no quiero acordarme).  

Se suponía que el Estado era para dar seguridad al Derecho y a los derechos fundamentales, no para que un grupo se montara en él y exprimiera a los demás.  Sin necesidad de sangre azul ni tradiciones similares, se ha creado una especia de pluto-aristocracia que se sirve del Estado para pasarla mejor  (privilegios, gollerías, pensiones, huelgas sin reponer el servicio, mejores horarios y paga) y, para lograrlo, no ha reparado en gastar lo  que ni siquiera existe (el futuro de nuestros hijos y nietos).

Las normas constitucionales han sido reiteradamente violadas, torcidas, malinterpretadas, ignoradas, vaciadas de contenido y puestas a un lado.  ¿No había jurado cumplirlas y defenderlas?

Federico Malavassi Calvo

Tema Polémico: Sostenibilidad de la Deuda Pública

Hace unos años el periódico inglés The Economist lanzó un sitio web donde muestra la evolución en tiempo real de deuda pública de todos los países del mundo y del mundo como un todo. Actualmente la deuda pública mundial alcanza los cincuenta billones de dólares. Lo más impresionante no es nivel de deuda actual, por mucho que lo sea, sino lo mucho que ha evolucionado la deuda en la última década. En el 2002 la deuda mundial era de dieciocho billones de dólares. Es imposible no preguntarse si este incremento en la deuda pública en el mundo es sostenible.

Claramente la respuesta es no. Algunos analistas alegan que el endeudamiento es bueno en el corto plazo pues el incremento del gasto y su impacto sobre la demanda agregada puede ser beneficioso. En ASOJOD hemos discutido este tema en muchas ocasiones y sostenemos que esta forma de pensar es sumamente cortoplacista y muy riesgosa pues tarde o temprano implica más impuestos y grandes consecuencias sobre el desarrollo sostenido de las naciones. Más aun algunos de los economistas más de izquierda coinciden que el incremento en el gasto público es beneficioso siempre y cuando el crecimiento económico resultante pueda costear el costo financiero de endeudarse. Ni tan siquiera esto se ha podido lograr en la mayoría de las economías del mundo. Mientras el PIB mundial crece a niveles del 3% al 5%, el endeudamiento mundial en niveles del 5% al 10% ¿Esto es sostenible? Tal vez algunos economistas izquierdosos como Krugman y Stiglitz seguirán defendiéndolo, sin embargo, la lógica impera y la respuesta es no. 

¿Qué tan sostenible es esto en el tiempo? Depende. Países como Japón han podido mantener niveles de endeudamiento absurdamente elevados (actualmente se ubica en el primer lugar mundial con el 226,8% del PIB) durante ya varias décadas y no parece estar en problemas económicos serios. Otros países como Grecia e Irlanda han caído relativamente rápido con niveles de deuda mucho menores ¿Qué hace la diferencia? Básicamente la cantidad de personas, instituciones o países que esté interesadas en adquirir la deuda. Países como Estados Unidos y Francia no tienen actualmente grandes problemas para financiar sus déficits pues muchas personas están dispuestas a comprar sus bonos a tasas de interés relativamente bajas. Todo radica en un tema de confianza tanto dentro como fuera del país. Ahora bien, que esto no se malinterprete, ningún país por más grande o poderoso que sea puede seguir endeudándose indefinidamente. Eventualmente la carga financiera provoca que la economía caiga. Todo es un tema de tiempo.

Hablando un poco de Costa Rica, actualmente su nivel de deuda es de aproximadamente un 50% del PIB. Este nivel tal vez no será tan elevado como el de otros países pero para nuestro país es sumamente peligroso. La deuda costarricense no es tan cotizada como la de otras naciones y nuestro país no tiene tan buenas calificaciones como otras economías por calificadoras de riesgo internacionales. Lo más preocupante es que la deuda se ha venido incrementando desde el 2008 y no parece que haya alcanzado su tope. Es importante tomemos una nueva senda de responsabilidad fiscal y disminuyamos el gasto del gobierno si queremos que el futuro de las próximas generaciones no se vea sumamente comprometido.

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la menor calificación de E.E.U.U.

No podía dejar de referirme al tema de la reducción en la calificación de los Estados Unidos que recientemente le impuso la empresa calificadora Standard & Poor’s.

Lo primero que quiero señalar es que tengo poca confianza en el trabajo que, en los últimos tiempos, han desempeñado las empresas dedicadas a calificar la bondad de distintas entidades económicas. En el caso particular de los Estados Unidos, está presente su pésimo desempeño en la valoración que, para potenciales inversionistas, realizaron a empresas financieras de Wall Street pocos días antes de que se entronizara la crisis de fines del 2008. No pudieron darse cuenta de la enorme exposición al riesgo que tenían importantísimas entidades financieras que luego quebraron, tanto de aquellas que el Gobierno Federal estadounidense no impidió que cerraran, así como otras a las que sí se les prestó cuantiosos fondos federales para evitar esa situación de bancarrota, bajo el cuento de “too big to fail”.

Al surgir la crisis, se dio como explicación de esa conducta impropia de las empresas calificadoras, el que ellas efectuaban tales calificaciones mediante el pago por las mismas firmas que iban a ser valoradas. Lo que se conoce como riesgo moral se hizo patentemente presente.

Aparte de todo esto, creo que esa reducción en la calificación de los Estados Unidos, por la cual se redujo su calificación de AAA a AA+, si bien es algo ligeramente menor, sí muy significativa por tener esa nación un récord histórico de haber mantenido por muchos años la más alta calificación. Después de todo, los Estados Unidos han tenido una moneda que básicamente ha sido universalmente aceptada y, aparejada a esta valoración, ha mantenido el mayor aprecio como nación segura en donde invertir fondos de deuda gubernamental.

Antes de observar cuál es la reacción de los principales mercados bursátiles, que no han abierto al momento de escribir este comentario, es difícil predecir qué va a suceder en cuanto a la tenencia universal de bonos estadounidenses, si bien deseo destacar que para invertir no existe una cantidad de deuda gubernamental como la de los Estados Unidos, que potencialmente pueda absorber las apetencias de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros. Por ello, me parece que difícilmente se puede considerar que habrá una huida sustancial de su deuda hacia la de otras naciones, pero posiblemente implique algún costo mayor que compense la reducción de AAA a AA+.

Para mí lo más importante de lo sucedido es que debería de interpretarse como una llamada de atención a los Estados Unidos por el manejo de sus déficit gubernamentales. Debe tenerse presenta que la deuda pública de esa nación ha aumentado sustancialmente porque los déficit del Gobierno lo han hecho igualmente. En cuanto a la deuda federal, al momento es casi un 60% de su Producto Interno Bruto y, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de esa nación, en el 2021 aumentará a un 90% de su PIB. Por su parte, los déficit, si empezamos porque en el último año de la administración de George Bush, hijo, fueron de $460 billones (es decir, según la nomenclatura costarricense, $460 miles de millones), ya con dos años de la administración de Obama aquél se elevó a $1.4 trillones en el 2009 (esto es, en la nomenclatura costarricense $1.4 millones de millones) y para el 2010 se estima en $1.29 trillones (es decir, $1.29 millones de millones aquí). Pero hay más: la administración del Presidente Obama en su presupuesto federal para el 2012 proyectó un déficit de $1.645 trillones (esto es, $1.645 millones de millones en nuestra terminología).

La solución que algunos proponen es aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero el grave problema es que, en una recesión, si me acuerdo de mi amigo Keynes, no se deben aumentar los impuestos, sino más bien reducirlos. Pero, economistas difuntos aparte, lo cierto es que la evidencia histórica ha sido muy fuerte en que, cuando se reducen los impuestos, como en los años 20 con la rebaja tributaria conocida como Mellon-Coolidge o más recientemente cuando la administración Kennedy redujo en los años 60 la tasa impositiva, dio lugar a un fuerte crecimiento de la economía y, en consecuencia, del bienestar de los ciudadanos.

En todo caso, lo que se conoce como economía del lado de la oferta enfatiza que, cuando las tasas marginales impositivas exceden a un 40%, se ejerce una influencia destructiva sobre los incentivos de la gente para trabajar, así como en el uso deficiente de los recursos escasos. Por ello, hay una argumentación legítima en contra de aumentar más los impuestos en los Estados Unidos, a riesgo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente el crecimiento de la economía, factor crucialmente importante en estos momentos en que esa nación permanece en medio de un ciclo recesivo, caracterizado por una tasa de desocupación ligeramente superior a un 9% de la fuerza de trabajo.

Esto deja como única alternativa para estabilizar los déficit, y con ello poder reducir a mediano y largo plazo el crecimiento de la deuda pública, reducir el gasto público en los diferentes renglones de gasto en ese país. Por supuesto que en esta consideración personal entra el importante gasto en defensa, pero es mi obligación profesional destacar dos factores de enorme impacto en el gasto de esa nación, como son los llamados “bailouts” o programas de salvamento empresarial que llevó a cabo el Gobierno Federal para, supuestamente, evitar la quiebra de empresas en el marco de la crisis citada, así como también el enorme crecimiento que han tenido los rubros conocidos como programas de transferencias sociales, conocidos como la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid, que juntos constituyen un 10% del PIB de ese país y que se estima que, en el año 2052, llegarán a ser el 18.2% del PIB y, si se supone que los ingresos tributarios no varían, terminarán por absorber el total de impuestos que recauda el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

Por todas estas razones, considero que la reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+ es una llamada de atención para que se ponga orden en la casa, consejo que no debe ser dejado de lado allá ni tampoco en nuestro país. Si lo sucedido se hubiera dado en alguno de nuestros países, ya el Fondo Monetario Internacional estaría metido con todas sus narices, diciéndonos cómo tenemos que lograrlo (posiblemente, como casi siempre, pidiéndonos que aumentemos los impuestos). En este caso, la empresa calificadora Standard & Poor’s pide algo similar, pero, si se le hiciera caso y se elevaran los impuestos, en vez de reducir el elevado y creciente gasto gubernamental, posiblemente resulte mejor que el mensaje no sea escuchado. Parece preferible que, casi que por primera vez, se oigan las voces de quienes piden algún grado de sanidad y disciplina fiscal, reduciendo el desbordado gasto público causante del enorme déficit y también de la enorme deuda del gobierno federal. ¡Aprenderemos algo, los costarricenses, de la lección de la importancia del orden en el gasto público que hoy nos viene desde los Estados Unidos?

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: las cuentas del Estado

Las cuentas del Estado son básicamente iguales a las de cualquier ciudadano. Por un lado están los ingresos, el dinero que el Estado quita a los ciudadanos a través de los impuestos y, por otro, los gastos. Si los ingresos son superiores a los gastos, el Estado tiene superávit; si los gastos superan a los ingresos, el Estado incurre en déficit. Hay dos formas de cubrir el déficit público:

1) aumentar los impuestos;

2) emitir deuda (esto es el equivalente a pedir un préstamo para un ciudadano).

El aumento de los impuestos es malo para la economía, ya que parte de la idea de que los ciudadanos conservan en su poder un porcentaje aún menor de sus ingresos y que su capacidad de crear riqueza disminuirá, al perder su capital, el cual ya no estaría disponible para invertir en medios de producción, circunstancia que ha de generar en el futuro mayor desempleo y pobreza.

La emisión de deuda supone captar un dinero del sector privado (ciudadanos, empresas, fondos de inversión, etc.) que podría destinarse a inversiones más productivas y llegar a crear empleo y riqueza, si el Estado no incurriera en déficit. Además la deuda (más los intereses) hay que pagarla tarde o temprano, por lo que la emisión de deuda implica un aumento de los impuestos en el futuro y una serie de anomalías en los mercados financieros, con todos los efectos negativos que esto arrastra.

Todo déficit público, y sus intereses, será pagado indefectiblemente por los ciudadanos. Pero valga la comparación: un individuo cualquiera que no controla su presupuesto deberá hacerse cargo un día de sus propios errores; en cambio, los políticos que cometen actos irresponsables saben que los ciudadanos siempre pagarán por ellos.

Conseguir superávit por la vía de aumentar los impuestos destruye la riqueza y tiene fecha de caducidad, ya que cuanta más riqueza se destruya, menos impuestos podrá recaudar el Estado en el futuro, por mucho que los suba. Llega un momento en que la recaudación disminuye aunque ascienda el tipo de gravamen de los impuestos, ya que la sociedad cada vez tiene menos capacidad de generar riqueza. La carga tributaria está directamente relacionada con la elasticidad económica del país, es decir, que el Estado no recaudará más a no ser que la productividad general aumente considerablemente.

La forma correcta de obtener superávit, y crear más riqueza para el conjunto de la economía, será reducir los gastos en mayor medida de lo que se reducen los ingresos (impuestos).

Pero no lo entiende así el Estado costarricense, ahora empeñado en la fórmula de sacar de un bolsillo para meterlo en otro, sin generar riqueza alguna. Y esta fórmula se halla en la base del paquetazo fiscal que nos receta el gobierno y que no deja de ser una pura y simple redistribución de la riqueza, que iría de los pobres a las elites estatales.

Lo que sí augura el famoso paquete, y qué duda cabe, es un cuadro de espanto: una menor producción y desempleo en el área de servicios, una mayor saturación de los servicios del Estado, de por sí pésimos, y una fatídica descapitalización global.

No se ve por dónde nos beneficiaremos los costarricenses, salvo que nos hayamos vuelto de pronto masoquistas.

El peso de los impuestos

El peso de los impuestos en un país no depende solamente del porcentaje del producto interno bruto que se cobra en impuestos, sino también de otros factores. Aquí voy a limitar mis comentarios a la relación que tiene el peso de los impuestos con el nivel de gastos del gobierno, la estructura y repercusión de los impuestos.

No es posible separar el peso de los impuestos del gasto gubernamental. La manera cómo los gobiernos gastan los impuestos recaudados hace una diferencia en el funcionamiento de la economía. Si el gasto gubernamental excede las recaudaciones de impuestos, el exceso de gastos tiene que ser financiado con deuda, si no tomamos en cuenta la emisión inflacionaria de billetes. Los intereses de una deuda gubernamental mayor tendrán que ser financiados con más impuestos en el futuro, por lo que el verdadero peso de los impuestos no se determina sólo con el monto recaudado sino con el gasto gubernamental.

El senador McCain justificó su oposición inicial a los recortes de impuestos de Bush, indicando que no se estaban combinando con recortes en los gastos del gobierno. De hecho, sucedió lo contrario: bajaron los impuestos, pero aumentaron los gastos.

El peso de los impuestos también depende del tipo de impuesto utilizado. Lo que los economistas llaman "exceso de peso", se mide por la diferencia entre el costo incurrido por quienes pagan los impuestos y el ingreso recaudado por el gobierno. Los impuestos sobre ingresos tienen "exceso de peso", porque distorsionan las decisiones del contribuyente respecto al tiempo libre. Es decir, si le van a quitar una parte de lo que va a ganar, el contribuyente puede preferir no hacer el trabajo. Mientras más altas son las tasas marginales de impuestos, mayores serán las distorsiones causadas a la oferta laboral y, por lo tanto, mayor será el "exceso de peso" del impuesto sobre la renta.

Para reducir tales distorsiones es mejor tener tasas más parejas de impuestos sobre la renta. Eso es lo que proponía Rudy Giuliani, quien recientemente se retiró de la contienda electoral. Nuestro actual sistema impositivo es excesivamente complicado. Impuestos al consumo, como el IVA, tienen menor "exceso de peso" que el impuesto sobre la renta. Pero un impuesto general al consumo también desanima a la gente a trabajar más porque los individuos pueden consumir menos y tener más tiempo libre, ya que no hay que pagar impuestos por disfrutar del tiempo libre.

El impuesto sobre la renta conlleva a otras distorsiones adicionales porque se pagan impuestos dos veces: cuando se recibe el ingreso la primera vez y cuando los ahorros producen intereses u otros ingresos adicionales. Es decir, el impuesto sobre la renta se paga dos veces: cuando se recibe el pago original y, por segunda vez, cuando se recibe el producto de los ahorros. Por el contrario, el impuesto al consumo se paga solamente una vez: al efectuar el gasto.

Existe una tendencia natural a pensar que el peso de los impuestos lo asume quien los paga a la oficina de impuestos. Cuando los inversionistas tienen que pagar más impuestos sobre el rendimiento del capital invertido, ellos tienden a invertir menos, lo cual se traduce en menos ofertas de empleo y salarios más bajos. Obviamente, hay menos empleos cuando decaen las inversiones de capital. Los inversionistas son quienes siguen enviando sus pagos al impuesto sobre la renta, pero son los trabajadores quienes en realidad están pagando, al recibir sueldos inferiores y al tener menos posibilidades de empleo. Por eso es que los economistas generalmente se oponen a los impuestos sobre el capital. Una manera de compensar el mal es permitiendo una acelerada depreciación de las maquinarias y equipos, pero es preferible avanzar hacia una tasa de impuestos de 0% sobre dividendos y demás ganancias sobre el capital invertido.

Gary Becker