Mostrando las entradas con la etiqueta INS. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta INS. Mostrar todas las entradas

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: Estado perdido

El Estado costarricense está perdido.  Antes se usaba una expresión, devenida de un personaje de leyenda muy conocido antaño, esta expresión cae de perlas para la calificar la situación:  “Más perdido que el chiquito de la Llorona”.

Por un lado, pretende jugar de empresario y hacer negocios (Recope y su grotesca intención de hacer la Refinería china, el ICE y el INS jugando a los secretos comerciales, la “banca comercial” del Estado y sus sempiternos problemas e inconsistencias).

Pero, y eso es lo grave, olvidando lo grave de sus funciones propias y de la naturaleza con que debe ejercerlas.

Bien dicen los iuspublicistas que la responsabilidad del Estado no puede exonerarse salvo que se trata de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.  En cambio, el “caso fortuito” no procede.  Ello se debe a que el Estado, por su naturaleza, está obligado a ser previsor.  Ni siquiera basta que despliegue lo que en la doctrina civil se conoce como las acciones de “un buen padre de familia”, porque debe ser todavía más diligente.

Ante el desastre que se ha dado en la infraestructura pública y, sobre todo, el modo en que los funcionarios públicos han enfrentado la situación, es evidente que no se está cumpliendo o entendiendo la responsabilidad pública.

¡Claro que el Estado no tiene la culpa de que haya grandes aguaceros, temporales, sistemas de baja presión y demás hechos de la naturaleza!  Eso no se discute.

Pero el Estado tiene ingenieros, funcionarios, contratistas y servicios de mantenimiento, de limpieza, de inspección y es claro que tiene que entender los efectos de la naturaleza en la infraestructura pública.  Tiene los recursos, no solo financieros sino jurídicos, para prever, prevenir, anticipar y dar toda suerte de mantenimiento, pero no lo hace.  

Curiosamente, los estatistas insisten en que el Estado se meta a todo y en todo, pero se hacen los tontos cuando no hace lo elemental. 
 
Federico Malavassi Calvo

martes, 4 de diciembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith:redistribucionismo en los seguros de marchamo

La incertidumbre campea en cuanto al pago del marchamo de los automóviles.  No sólo existen diversos recursos en la Sala Constitucional solicitando una revisión de los montos cobrados por valuaciones inapropiadas, que de acogerse podrían dar lugar a rebajas en los montos por cobrar, sino que también el seguro obligatorio, que forma parte de ese marchamo, está igualmente cuestionado en distintos ámbitos. Todo hace que tal vez sea prudente para el consumidor no pagarlo ahora, sino hasta después. Si hubiera algún grado de certeza de que se le devolvería automáticamente lo pagado de más, en caso de que uno cancele lo que ahora se le está cobrando y posteriormente se determine una reducción del monto, pues no habría tanto problema.  Pero la verdad es que no es confiable que se le vaya a devolver ese dinero pagado de más o, si es que se lo devuelven, lo sea sufriendo miles de peripecias y papeleos.

Unido a lo anterior, está el enredo con el cobro del seguro obligatorio a los motociclistas, quienes se niegan a pagar de acuerdo con su siniestralidad. Eso no sería tan problemático a no ser porque los demagogos de siempre ya andan proponiendo que, porque los motociclistas son “pobrecitos”, se no les debe cobrar un monto tan elevado por el seguro obligatorio y que, lo que a ellos se les rebaje, sea recargado a los “no pobrecitos” dueños de automóviles. La verdad es que la forma en que se debe cobrar el seguro obligatorio no es un asunto de equidad, que simplemente se resuelve cobrándole menos a los motociclistas y más a los automovilistas.  Ese seguro debe ser cobrado de acuerdo con la siniestralidad –esto es, tomando en cuenta la frecuencia y los costos por los daños que estadísticamente sufren ambas formas de transporte- y no según presunciones de riqueza de sus respetivos dueños. Se supone que así lo está haciendo el Instituto Nacional de Seguros. Pero, ¿verdad que usted conoce motociclistas muy ricos que andan en sus BMWs u Hondas o Harley Davidsons, quienes con el arreglo propuesto pagarían poco? ¿Y, a la vez conoce usted a muchos quienes con apuros apenas poseen un carrito y que ahora terminarán pagando mucho más? El propósito de un seguro no es redistribuir riqueza, sino proteger al asegurado y a terceros ante los riegos. Esos riesgos pueden ser claramente definidos según sea el tipo de automotor. 

Una posible solución al problema es eliminar la cobertura obligatoria a los motociclistas y que en el mercado haya seguros voluntarios, en donde cada cual pueda adquirir un seguro según sus necesidades y su disposición hacia el riesgo.  De hecho, eso se hizo parcialmente el año pasado, cuando se redujo el monto obligatorio por asegurar.  Sin embargo, a final de cuentas, esa medida lo que simplemente hace es un traslado del riesgo, siendo entonces el Seguro Social (es decir, todos nosotros) el que termine asumiendo los costos debido a los daños físicos causados en los accidentes de tránsito, en vez de los propios motociclistas a través del seguro obligatorio pagado por cada uno de ellos. Eso pasa siempre que se socializan los riesgos. Se concluye estimulando a aquellos que tienen más accidentes, pues no tienen que pagar lo que verdaderamente cuestan, a la vez que se castiga a quienes tienen menos accidentes.  En este caso, la propuesta antes citada de transferir los costos de los motociclistas a los automovilistas lo que hace es premiar a los primeros y castigar a los segundos.  Por eso, ¿por qué mejor no dejar que cada cual libremente elija lo que juzga conveniente en cuanto a su aseguramiento y poder determinar si, a su debido costo relacionado, aceptan o no cubrirse de dichos riesgos?

Jorge Corrales Quesada

sábado, 5 de enero de 2008

Letras de cambio


Año nuevo, mañas viejas. Cuando empieza cada año, tendemos a hacer promesas de cómo cambiaremos algún aspecto de nuestra vida, con la esperanza de que eso la hará mejor. Sin embargo, usualmente caemos en las mismas mañas viejas y nada cambia en nuestra vida.

Mi esperanza para el 2008 es que haya un cambio en como el Estado costarricense funciona, de manera que cumpla más eficazmente las funciones que le corresponden, que deje de hacer lo que no debería hacer y que le deje al sector privado lo que este sabe hacer mejor. Pero, para eso, hay que mejorar muchas cosas todavía. El camino a recorrer es largo, y se hace aún más difícil cuando, en vez de avanzar, se dan pasos en la dirección contraria. Un ejemplo de ello es la noticia que salió en estos días en este periódico, informando que el INS planea construir un hospital para atender a las víctimas de accidentes.

Primero, hay que entender que el INS es una institución estatal dedicada a vender seguros en forma monopolística en el país. Eso significa que nadie más puede vender el servicio de cobertura de riesgos de salud o muerte, accidentes de vehículos, de trabajo o contra la propiedad. Pero hay que entender que esta es una actividad que no constituye un ser vicio público, en el sentido de que los beneficios que genera el seguro los obtiene el que paga directamente por él. En el resto del mundo, los seguros están prioritariamente en manos privadas. Incluso, en estos momentos, se discute en la Asamblea Legislativa una ley para romper este monopolio. Ese sería un paso adelante en el sentido de ir dejándole al sector privado lo que este sabe hacer mejor.

Segundo, me parece que la idea de que el INS piensa invertir 15.000 millones de colones en un hospital es un paso en la dirección contraria. Es, otra vez, el Estado involucrándose en un ámbito en que ya el sector privado participa, o que, incluso, otra institución estatal también lo hace de manera bastante buena (CCSS). Según funcionarios del INS, la justificación para hacerlo es que hoy en día los hospitales existentes le cobran muy caro al Instituto por las cirugías. En ese caso, pareciera que hay un faltante de infraestructura y equipo hospitalario para atender la demanda existente, justificándose así la construcción de un nuevo hospital. Pero eso no significa que quien tiene que hacerlo es el INS. Lo ideal aquí sería que los hospitales privados ampliaran su capacidad, y que el INS los ponga a competir entre ellos, para ver quién brinda el servicio al menor costo con la mejor calidad.

Obviamente la solución no es fácil pues se requiere un cambio de mentalidad. Espero que estas ‘letras de cambio’ ayuden a que se vaya dando esa transformación en el 2008.

Por Luis Mesalles