La columna de Carlos Federico Smith: otra forma de proteccionismo

El estado no sólo protege a grupos con intereses especiales mediante la imposición de aranceles, que les protege de la competencia externa. Eso lo vivimos en el país en muchos productos, pero algunos son notorios, como el arroz, la carne de cerdo, res y pollo, la leche, el azúcar, que son sumamente importantes en el gasto de los ciudadanos, en especial los de menores recursos, en donde porcentualmente su consumo pesa más en el gasto total de las familias, comparado con el de los más ricos.

También se protege a esos intereses especiales cuando, con fondos públicos, se les otorga un subsidio para que así aumenten sus ganancias privadas, pero que es pagado por todos los contribuyentes de una u otra forma. Afortunadamente en Costa Rica no parecen existir muchos subsidios en efectivo, al menos a empresas, pero la intención de ponerlos sale a la luz surge cuando, por ejemplo, nos dicen que se debe subsidiar el uso de vehículos eléctricos en contraste con los usuales a base de derivados de petróleo, o cuando se hacen manifestaciones de que es necesario subsidiar el uso de paneles solares para producir electricidad, en vez de usarse otras fuentes de energía. 

Tal vez se pueden mencionar ejemplos de subsidios cuando RECOPE le vende a algunas empresas privadas el asfalto más barato que a otros consumidores o cuando se pretende cobrar (en otro monopolio estatal) un seguro por accidentes de tránsito, incorporado al llamado marchamo, un costo menor para un sector que es claramente más proclive a sufrirlos, caso de los motociclistas, cargándose, al mismo tiempo, un costo compensatorio mayor a otros grupos de menor siniestralidad (los carros corrientes).

Ahora estamos viendo una nueva versión de proteccionismo en nuestro país, cuando se pretende -otra vez con lo mismo- obligar a los consumidores, ya totalmente en manos de un monopolio, a que adquieran un cierto producto. Ese es el caso de la gasolina súper con un 10% de alcohol que, supuestamente a partir de mayo, los consumidores de ese producto tendrán que adquirirlo en una mezcla que tal vez no desean. Pero, lo que está, bajo el manto de dudosas aseveraciones de protección ambiental para justificar la medida, a quien en realidad se ayudará es al gremio especial de productores de caña azúcar, al convertirla en ese etanol de la mezcla.

No hace mucho se supo públicamente que la actividad cañera estaba “en problemas,” debido a la caída en los mercados internacionales del precio del azúcar. Uno ya casi que imaginaba el pronto aumento al consumidor nacional del precio que paga por ese bien, en beneficio de aquel gremio de un interés especial, protegida en su monopolio por un elevado arancel a las importaciones. Puede ser que, ahora, por circunstancias, los consumidores de azúcar no tengamos que pagar más, pero el subsidio lo logrará aquel grupo cobrándoselo a los consumidores cautivos de gasolina súper.
Ante eso pondrían a funcionar otro elefante estatal, la Fábrica Nacional de Licores, que se ha visto golpeada por la competencia en los últimos tiempos, pero la materia prima provendría de ese gremio privado de referencia.

Las circunstancias de los mercados internacionales encubrirán el verdadero objetivo proteccionista: los precios internacionales de los combustibles han caído fuertemente en días recientes, lo cual hasta ha permitido absorber el aumento en el tipo de cambio, que debería haberse reflejado en los precios en colones de los derivados del petróleo. Ante esto, ahora dirán que la mezcla de etanol con gasolina súper podría reducir su precio comparado con el actual, pero posiblemente eso no se deba al etanol de la mezcla con la gasolina, sino a un descenso en el precio de la gasolina, propiamente.

Dicho lo anterior, aparte de posibles costos en la producción de alimentos al dedicarse tierras a producir caña de azúcar, hay dudas acerca de si la mezcla con alcohol afecta los motores, lo sorprendente de este caso en concreto es el uso del poder monopólico del estado vía RECOPE, para imponer sobre los ciudadanos un producto que beneficia a un poderoso gremio de intereses particulares, sin siquiera valorar si conviene al país en cuanto a los costos y beneficios que implica. 

Claro, si hubiera competencia, el estado no podría abusar de tal forma de nosotros, consumidores cautivos, ni beneficiar a gremios privilegiados. Así, que nada le importa al estado invertir ¢12.600 millones en el proyecto si el resultado político pinta grande: (1) son ambientalmente “conscientes,” (2) favorece a un gremio de interés particular y ya sabemos qué significa el apoyo a cambio de la protección, (3) ponen a andar una maquinaria casi obsoleta de la Fábrica Nacional de Licores (todo dentro del estado) y (4) salvado por el momento del bajo precio internacional del combustible, dirán -falsamente- que el cambio al gasohol se traducirá en un precio menor al consumidor cautivo de gasolina súper en manos de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Diputados impolutos

Cada vez el ciudadano se va desilusionando más y más en cuanto a la verdad que dicen proclamar casi todos los diputados, de que harán el mayor esfuerzo por reducir el gasto gubernamental. No voy a calificar, sin embargo, de acto de cinismo lo que narra el periódico La Nación del 30 de setiembre en su artículo “Asamblea paga dos veces la gasolina de diputados: Procuraduría afirma que rubro ya se incluye en gastos de congresistas.” No lo hago así, porque debe de existir otra palabra más groseramente acertada para llamarlo, pero posiblemente me dirían que esa palabra es injuriosa, para gloria de la libertad de expresión en este país. Pero transo en los siguientes sinónimos: descaro, desfachatez, desvergüenza, falsedad, hipocresía o doblez, que no son injuriosos, pero sí apropiadamente descriptivos.

Vean ustedes la movida de los pagos por combustible a los diputados. Por una parte, de acuerdo con la Ley de Remuneración de los Diputados, como parte de una “ayuda técnica” a los diputados, la Asamblea les da, como parte de aquel aporte mensual (que no conozco qué es lo que contiene en su totalidad), una suma de dinero equivalente al costo de adquirir 500 litros de combustible al mes. De acuerdo con el precio del litro de gasolina del momento de ₡635, cada diputado recibiría en promedio ₡317.500 a finales del mes, con lo que el monto anual entregado a todos los diputados por dicho rubro, tan sólo, ascendería a ₡216 millones por este rubro.

Pero, ¿qué pasa?  De acuerdo con los diputados (no sólo en esta administración) ese monto de “ayuda técnica” es parte de su salario (tras que ganan “muy poquito”) y, como lo señala el periódico, “la usa para otros fines,” para lo que quieran, tal como hacen con su salario y no en pagar la gasolina que gastan en giras oficiales. Por lo tanto, para el pago de las giras de los diputados, la Asamblea pone recursos adicionales (bueno, la Asamblea no pode nada: son nuestros recursos los que ella pone). De acuerdo con el periódico, “esa erogación hace que el Poder Legislativo, mediante el Presupuesto Nacional, aparte una cifra millonaria para costear las giras.” Se señala que en el 2015 la suma destinada para ese fin ascenderá a ₡357 millones.

Ante este desorden, un diputado consultó a la Procuraduría en torno a esta especie de doble pago, ente que ya resolvió lo que debe hacerse, cual es “que los diputados llenen el tanque de gasolina con el dinero que para este fin les otorga la ley.” Ahora “los padres de la patria” intentarán darle largas, con los más diversos pretextos, a la decisión correcta que indica la Procuraduría, a fin de conservar a cómo haya lugar el privilegio de “dos veces la plata para la gasolina.” 

Pobrecitos señores diputados.  ¿Qué irá a hacer Abelino (el diputado Esquivel, el de los cristianos. Que Dios lo oiga si lo que pretende está bien), quien ahora no podrá usar el carro oficial tal como lo hizo para para asistir a una mejenga de fútbol entre diputados, periodistas y los veteranos del Municipal Puntarenas?   Antes de seguir comentando, les digo que creo que la ciudadanía está en un serio impasse institucional, no duerme bien, pues aún no sabe cómo quedó el marcador de tan trascendental encuentro, entre grupos de tanto colmillo… deportivo.

Pero, es que ese señor Abelino, quien, siendo diputado de la oposición, tiene un hijo, creo, trabajando en la Casa Presidencial, es miembro de la comisión de la Asamblea Legislativa, que se supone propondría fuertes recortes al abotagado presupuesto de este año que el Poder Ejecutivo mandó a la aprobación legislativa y que, sin duda, habrá de contener la partida para pagar el costo total de las giras de los diputados. [Ya sabemos que ese señor diputado fue uno de los que aprobó la gastadera que para este año propone el gobierno: era esperable]

Y no dudo que a algunos de esos diputados que así se sirven con la cuchara grande, no dudarán en poner nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos, lo que sin duda proveerá de mayores recursos a esos mismos diputados para que puedan seguir en su gastadera.

No, en esta ocasión no debería de hablar de la ineficiencia del estado, sino de un estado expoliador, que sin duda toma recursos que tanto nos cuesta producir, para satisfacer hasta apetitos de giras futbolísticas, cuya gasolina será pagada por partida doble.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: privilegios odiosos

Para nadie es un secreto que la calidad de la Asamblea Legislativa ha decaído muchísimo en los últimos años con la incursión de personas sin conocimiento, preparación ni escrúpulos para desempeñar tan altos cargos. La gran mayoría pareciera que ha llegado a ese puesto para conseguir y/o consolidar negocios políticos o personales en lugar de dedicarse a representar y defender los derechos de los ciudadanos. 

Por ello, se valen de su cargo, de sus privilegios y de su poder para conseguir beneficios. Uno de los más odiosos privilegios que tienen los legisladores es el del combustible. Mensualmente, cada Diputado recibe unos 500 litros de combustible pagado por todos los costarricenses para, supuestamente, utilizarlo en el ejercicio de su cargo, es decir, asistir a reuniones y actividades, visitar comunidades, etc. No obstante, un reciente reportaje de La Nación comprobó un secreto a voces: que lo regalan a sus allegados o lo utilizan en campañas políticas, fines que evidentemente no son los que busca satisfacer la medida.

No obstante, nuestros "Padres de la Patria" en lugar de reconocer el abuso y comprometerse a tomar medidas para evitar el despilfarro de fondos públicos -cosa por la que deberían velar- han tenido el descaro de salir a defender su odioso privilegio en el Plenario Legislativo e, incluso, a través del Directorio Legislativo, ordenaron una investigación para castigar la "fuga de información", pues el Presidente Legislativo, Luis Fernando Mendoza (PLN), dijo que "nadie debería tener acceso a esa información" y su antecesor, Víctor Emilio Granados (PASE) aduce que se trata de información protegida por el secreto bancario.

Indignan, pero no sorprenden, tan burdas declaraciones de legisladores más interesados en conservar su gollería que en cumplir con el deber constitucional de la representación política. Se equivoca el Diputado Mendoza cuando afirma que nadie debe conocer esa información porque, sea o no parte del salario, los 500 litros de gasolina se pagan con fondos públicos y eso hace que los tax payers tengamos todo el derecho de exigir la información correspondiente. Queremos saber en qué se gastan, cómo se gastan y quienes lo gastan. 

Nos parece inadmisible que, además de pagar quizá el combustible más caro de todo el continente, tengamos que subsidiar el gasto de las familias de los Diputados o de sus campañas políticas -que bien nos están costando miles de millones con la "contribución estatal" a los partidos-. Mucho peor encontramos que se intente dar tratamiento secreto a esta información, ocultando este manejo irregular que termina favoreciendo a unos a costa de todos los demás ciudadanos. Nos decepciona que algunos legisladores que considerábamos honestos y decentes, ante esta situación, guarden silencio por protección de su "gremio" y su privilegio y se abstengan de presentar alguna reforma a su Ley de remuneraciones para acabar con esta vulgaridad. 

Como ciudadanos, exigimos que esta y cualquier otra información que implique fondos públicos, obtenidos a través del saqueo institucionalizado del Estado, sea revelada con total transparencia. Depende de nosotros hacer valer ese derecho, reclamando y castigando a quienes la oculten.