En la gran mayoría de instituciones públicas, sino en todas, existe un desface entre las demandas ciudadanas y la capacidad de aquellas para responderles. El caso más reciente es el de las pruebas de manejo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), donde miles de personas se encuentran a la espera para poder realizar dicha evaluación, con el fin de obtener su licencia de conducir. Este es un caso que no sorprende, como sí lo hace el hecho de que todavía sea el Estado el que se encargue de emitirlas. Por eso, en este Tema Polémico, queremos proponer una opción, a la luz no sólo de este problema, sino también un aporte a la discusión en el marco de la Ley de Tránsito.
En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.
Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.
Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.
Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.
Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.
Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.
Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.
Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?
En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.
Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.
Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.
Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.
Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.
Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.
Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.
Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?
