La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 

El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 

3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 

El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 

En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 

Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 

Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: aumenta el costo del proyecto de riego en Guanacaste

Es un hecho palmario, irrebatible, que las obras que realiza el estado, todas o casi todas, en donde la excepción sería la sorpresa, empiezan con un costo menor y luego terminan con uno más alto. Usualmente no es por un aumento inflacionario imprevisto -que también podría estimarse inicialmente para la duración estimada de construcción de la obra- sino porque, una vez definido su costo inicial, hay que ajustar otras cosas, además de las alegadas como imprevistos, por simple omisión en la preparación del proyecto. Fallar en las estimaciones usualmente no inquieta mucho a la burocracia, pues el costo de esas obras adicionales, al fin de cuentas, se traslada a los ciudadanos, ya sea mediante una mayor deuda, un precio más alto por el producto o servicio generado, o bien con inflación, además de los lógicos y frecuentes mayores impuestos.

No sorprende un informe de la Contraloría General de la República, base del comentario de La Nación del 1 de noviembre, titulado “Gran embalse para riego en Guanacaste costará ¢10.000 millones más,” el cual señala una serie de omisiones y defectos en el manejo de SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) de su proyecto conocido como PAACUME (que, como lo exige la moda burocrática, son las siglas para el extenso nombre de Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costera. Ya puede respirar…)

Según la Contraloría, SENARA “omitió ‘costos fundamentales’ en la construcción de una casa de máquinas para generación eléctrica,” entre otros elementos. Por eso vale la pena desmenuzarlos en algún grado:

Sólo la casa de máquinas, omitida en la estimación inicial del costo del proyecto, cuesta ¢7.618 millones. El proyecto contempla una represa para generar electricidad (que produzca 36 gigawatts), pero no contabilizaron el costo de la indispensable casa de máquinas para producir esa electricidad. Ello se agrega al costo inicial estimado en $425 millones (más o menos ¢244.400 millones).

Asimismo, no se tomó en cuenta el costo de las “indemnizaciones producto del daño remanente de terrenos en las 17 expropiaciones necesarias para la ampliación del canal oeste y las obras de conducción y distribución en la margen derecha de Río Tempisque, además de las áreas para reservorios en distintas comunidades y la indemnización para adquirir la Hacienda Ciruelas, cuyos terrenos compensarán el impacto biológico por la construcción del embalse Río Piedras.” 

No entiendo cómo se omite ese tipo de costos esenciales en la definición de un costo-beneficio básico, que indique la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. Las tierras afectadas tienen dueños y, si pasan a ser parte (propiedad) del proyecto estatal, se deberá compensar por ello a los dueños legítimos. Además, si hay propiedades afectadas negativamente por el proyecto, se deberá compensar a sus dueños por tal daño. Omitir cosas como estas en un estudio de costo-beneficio es inconcebible. Esas expropiaciones agregarán costos a la estimación inicial por ¢2.478 millones.También, la evaluación del proyecto no incluyó beneficios como “generación de empleo y costos por contaminación,” que suele incluirse en las evaluaciones de proyectos que normalmente se hacen. 

Tampoco se tomaron en cuenta las necesidades de recursos humanos durante la duración de la edificación del proyecto y se determinó que ya el proyecto tiene un retraso de 19 meses, pues su inicio se estimó para marzo del 2018. Algo parecido sucedió con la presentación del estudio de impacto ambiental a la SETENA, que, estimado para agosto del 2017, se entregó 4 meses después, a lo que habrá que agregar los 7 meses que se estima dure la aprobación de SETENA. Todo eso se refleja en atrasos, que significarán un encarecimiento del proyecto.

No se preocupen… todos esos costos serán pagados por los de siempre: los ciudadanos contribuyentes, quienes terminan asumiendo los costos de la ineficiencia estatal.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: por la boca muere el pez

Leí artículo de La Nación del 12 de noviembre, “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte,’” relacionado con el impacto que sobre el funcionamiento de la Corte tendrían dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, uno de la diputada Xiomara Rodríguez (expediente legislativo 21.035) y otro del diputado Pedro Muñoz (expediente legislativo 21.537). Estos proyectos, de diversas, pero similares formas, buscan imponer frenos a las llamadas pensiones de lujo. 

No puedo asegurar que el sentimiento que ambos expresaron lo comparten otros magistrados, pero, de 21 presentes en la sesión de Corte Plena, en relación con los expedientes arriba mencionados, 9 estimaron que afectaban la organización y funcionamiento de ese Poder, 3 votaron que no lo hacían y 9 se abstuvieron. Los magistrados Jaime Robleto y Julia Varela estuvieron entre los primeros (que sí afectaban) y lo relevante para este comentario son declaraciones que de ellos recoge ese artículo de La Nación.   

La magistrada Varela dijo, refiriéndose a esos proyectos, en particular al propuesto por el diputado Muñoz, que “Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta.” Igualmente señaló que “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio” agregando que “Están dando pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora sólo vamos por lo necesario.”

Por su parte, el magistrado Robleto expresó que “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas. La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho.”

Mi primera reacción al leerlos fue de ira, pues son expresiones groseras, que asumen una enorme ignorancia de los ciudadanos, como si no supiéramos que, para recibir las millonarias pensiones de lujo que defienden, nunca han aportado lo suficiente para ellas, sino que se cargan a los dineros públicos de los ciudadanos. Es un privilegio odioso de unos pocos, del lado de dónde se le mire.

Además, en el comentario de la magistrada Varela hay un tufo claro de arrogancia, como si todos los ciudadanos no estuviéramos amarrándonos las fajas ante los gustitos y todos ni siquiera tenemos esos ingresos de pensiones de lujo que con tanto ardor defiende. Asimismo, da a entender que lo que dejaría de gastar afectaría al comercio o la economía, como si el gasto de la magistrada fuera diferente del gasto que dejó de efectuar el contribuyente, obligado a contribuir con sus impuestos al pago de esas pensiones de lujo. “No toquen mi gasto, aunque sí toquen aquel de quienes ponen la plata para mis pensiones.”

Similarmente, la impresión del magistrado Robleto muestra una insensibilidad increíble, pues, ni más ni menos, nos dice que tratar de eliminar esa pensión privilegiada es una medida populista, pues “los problemas económicos (del país) son ajenos a esta Corte,” como si los gastos de la Corte no formaran parte del gasto gubernamental, cuyo desboque es lo que ha dado lugar a esos problemas económicos que hoy experimentamos los ciudadanos, ante las medidas tomadas por el gobierno. Esos problemas económicos no deben restringirse a cargar a la plebe eximiendo a los magistrados gobernantes.

Mi ira inicial ha pasado a un segundo lugar, tal vez porque, con esas palabras, más bien los magistrados contribuyeron a que, por una mayoría impensada (y que esos mismos magistrados decían requerían de, al menos, 38 votos y no simple mayoría), se excedió esa barrera, en primera y segunda instancia en la Asamblea Legislativa. La reforma en proceso de aprobación todavía es insuficiente, pues conserva gran parte del privilegio que los ciudadanos continuamos pagando, pero, lo sucedido sirve como ejemplo de aquello que los economistas llamamos “principio de las consecuencias no previstas.”   No tengo duda en mi interior, de que esas palabras puedan haber definido esa abrumadora votación y que el tiro ha salido por la culata. Nunca debe subestimarse a un pueblo cuando, democráticamente y respetuoso de las libertades y amante de la justicia, buscar restaurar una justicia perdida.

Termino agradeciendo a esos dos respetables magistrados, que, al ser tan francos en sus expresiones y sentimientos, contribuyeron a que el pueblo, representado en nuestra Asamblea Legislativa, esté dando este primer paso esencial para que la gente, no sólo sienta que se recupera algo de justicia, sino que, también, el propio Poder Judicial reconquista un prestigio ante los ciudadanos tan menoscabado durante los últimos tiempos.

Jorge Corrales Quesada