La columna de Carlos Federico Smith: la ONU y el control de la internet

Costa Rica debe tener una posición clara y firme acerca de lo que está en proceso de discusión en Dubái, en torno a regulaciones que la Organización de Naciones Unidas tendría sobre la Internet. Dicha reunión se realiza, sospechosamente, en forma secreta y no está abierta al público interesado.

La pregunta que uno se formula es ¿por qué la ONU busca regular una institución como la Internet, la cual funciona eficientemente en un marco de libertad? Ya sabemos que la ONU es un cuerpo político que en muy diversas ocasiones ha tomado decisiones, que no precisamente favorecen el ejercicio de la libertad. Mi impresión es que la ONU desea posesionarse de lo que hoy funciona eficientemente en manos privadas. Posiblemente sea con el fin adicional de crear un impuesto mundial (como si no tuviéramos suficientes con los nacionales y locales), a fin de lograr recursos para sus objetivos propios.

La apertura es la base de la Internet. No se vale aducir que es para luchar en contra de los cibercrímenes, como ejemplos la pedofilia y el narcotráfico, que se hace necesario el control de la Internet por parte de la ONU. De hecho ya las naciones están organizadas al respecto. Lo que más bien va a suceder es abrir la oportunidad a naciones totalitarias o muy cerca de serlo, para que se facilite el control de sus ciudadanos “inconformes” y desafectos, quienes podrían organizarse por dicho medio, para luchar contra gobiernos que no quieren. Ejemplo han sido los recientes sucesos en Oriente Medio, en donde los pueblos han usado la Internet para comunicarse y organizarse en contra de tiranías, aunque a veces más bien haya servido para caer en otras.

En todo caso también hemos visto como en poderosas naciones como China y Rusia y en otras menos importantes, como Cuba, a los blogueros se les ha controlado, imponiendo sus gobiernos limitaciones acerca del uso de la Internet. Esta restricción a la libertad se facilitaría mediante controles generalizados impuestos a través de las Naciones Unidas. Pero también la medida promovería una desintegración de una red que, por definición, es universal. De esta forma, cada país podría instaurar sus propias reglas restrictivas, alterando el libre flujo de comercio e información que hoy se disfruta con la Internet. Esa balcanización estimularía el proteccionismo deseado por algunas naciones. El mismo impuesto pretendido por la ONU, supuestamente con el propósito de que esos recursos se destinen a naciones menos desarrolladas en el uso de la Internet, tendría un costo enorme al limitar la libertad mundial de comercio y el derecho de las personas de estar libremente informada.  

La lucha por la libertad nos exige el mantenimiento de una Internet libre y abierta, tal como lo es en la actualidad. No debemos permitir que haya una apertura a la censura, que siempre pretenden lograr los dictadores, como medio para refrenar los derechos de los ciudadanos. Los mercados libres, al igual que los sistemas democráticos y las sociedades que consideran deseable vivir en libertad, requieren la existencia de un flujo de información libre. Precisamente lo que pretende la ONU es que esa libertad quede sujeta a la voluntad de sus burócratas y de sus políticos, a quienes nunca los hemos elegido.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¡Al fin pegó una!

Como lo saben todos nuestros lectores, en ASOJOD hemos sido sumamente críticos del pésimo desempeñó de la Administración Chinchilla. Incluso, en ciertos momentos pensábamos que probablemente no habría nada que destacar durante los cuatro años de su mandato, pero afortunadamente estábamos equivocadas.

Está semana, la Presidente Chinchilla declaró de cara a las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se encuentra a favor de un internet “libre y abierto”. Como se podrán imaginar este no es un tema menor, Internet es probablemente uno de los últimos espacios que no es encuentran excesivamente regulado y al cual todavía los burócratas, tecnócratas y políticos no han logrado micro-manejar. Internet, es sin duda el espacio relativamente más libre en comparación al resto de quehaceres humanos en la actualidad, precisamente es este grado de libertad el que ha permitido el desarrollo sin límites y fronteras que hoy conocemos. De ahí la importancia de las declaraciones de la Presidente, máxime en un contexto donde muchos especulan con el deseo de regular el acceso al Internet, su contenido incluso o gravarlo con impuestos. Ahora más que nunca, el Internet necesita ser defendido de todos aquellos que pretenden regularlo y controlarlo, para así lograr seguir disfrutando de todas sus posibilidades y ventajas.

No cabe duda alguna que doña Laura se puso una flor en el ojal con esta decisión, no podemos más que desear que esta misma lógica de más participación, libertad, autonomía e independencia impere en otras políticas públicas, lo cual las volverá igual de dinámicas que el Internet mismo.

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tan caro en Costa Rica?

Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios. Pero tengo la esperanza de que encontrarán alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país. Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

Jorge Corrales Quesada